El gasto en salud de la sociedad argentina, que es alto en comparación con el resto del mundo, también se destaca por su enorme ineficiencia y elevado costo social. Lejos de contribuir al bienestar de las personas, ha significado una amenaza para la salud de muchos conciudadanos. Nuestro interés en relación a este aspecto es que el Estado impulse un verdadero desarrollo, en cuanto al acceso federal al sistema de salud, para que las disparidades regionales sean reducidas a la mínima expresión. Existe por tanto un margen importante de mejora en la extensión social, la cobertura y la calidad de la atención médica de la población, particularmente aquella que depende del hospital público, las obras sociales o el PAMI. Será responsabilidad del Estado Nacional atender únicamente aquellas circunstancias de salud pública estrictamente relacionadas con endemias, epidemias o pandemias (ocupa un lugar privilegiado aquí la vacunación); será responsabilidad del Estado Provincial (y municipios autónomos) bregar por la evaluación de las necesidades médicas locales, la fijación de objetivos sanitarios, la selección de alternativas eficientes de asistencia, la provisión de recursos para financiarlas y evaluación continua de resultados; será responsabilidad del Estado Municipal (no autónomo) la colaboración con el Estado Provincial en la implementación de los programas de salud. Con el fin de respetar la autonomía individual en la gestión de los recursos para la propia salud, se promoverá un libre mercado de seguros de salud y prestaciones médicas donde el Estado tendrá el rol de supervisor y regulador del sistema, así como la responsabilidad primaria de garantizar cobertura mínima a los sectores con menos recursos. Se permitirá la libre y rápida derivación de aportes a la obra social o prepaga que desee y prefiera el trabajador, incluidos los trabajadores del sector público.