La seguridad de las personas y de la propiedad será establecida como alta prioridad del accionar Estatal. En tal sentido, se mejorará el equipamiento y la formación de los responsables de la prevención y represión del delito. Se realizarán inversiones en tecnología para todas las fuerzas de seguridad y policiales; policía científica; e Información criminológica. Se propondrá la modificación de leyes y procedimientos que dificultan el accionar policial y que otorgan excesivas concesiones a los delincuentes, particularmente, cuando se trata de individuos peligrosos y reincidente. Al mismo tiempo, defendemos el derecho que posee todo ser humano a defender su vida, propiedad y libertad frente a una amenaza ilegítima. Creemos conveniente desregular el mercado legal de armas de fuego y proteger su uso legítimo y responsable por parte de los ciudadanos. Una mayor accesibilidad legal a medios defensivos y a una capacitación de calidad es de una inmensa importancia para defender no solo los derechos previamente citados, sino también para lograr la reducción del mercado negro de armas de fuego, del crimen y una mejor defensa de nuestra soberanía en el territorio de la República Argentina. En este sentido se formarán previamente profesionales especializados que serán capaces de determinar el perfil necesario y se generarán registros y reglamentos pertinentes. Estimamos sumamente imprescindible que se generen nexos que permitan establecer criterios de acción en común entre las Fuerzas de Seguridad y la Justicia, de la cual actualmente es un mero auxiliar. A través de un Sistema Integrador, se aplicarán políticas de redireccionamiento de planificación, para una prevención más eficiente del delito. Se producirán acciones tendientes a acercar las diferencias entre la Policía y la Justicia, a través de un código de procedimientos policiales, avalado y aprobado por el Poder Judicial, haciendo que ?ambas partes colaboren y sean responsables del resultado del accionar de la policía en defensa y protección de los ciudadanos, de sus derechos y garantías. Unificar la información que surja de los recursos de inteligencia existentes en el país y su puesta a disposición de los Estados Nacional y Provinciales. Se propulsará un programa de Despolitización y Profesionalización de las fuerzas policiales, produciendo cambios significativos en los sistemas de adscripción, estudios, jerarquización, competencia y reglamentos de todo el Sistema Policial, con el fin de obtener una policía más preparada, más incentivada y con mayor integración social. Se propulsarán políticas de autofinanciamiento y se prohibirán determinantemente las sucesiones de altos puestos jerárquicos policiales a otros estamentos del Gobierno o Entidades Públicas. Procederemos a la eliminación absoluta del Ministerio de Seguridad, las Secretarías de Seguridad y todas sus Dependencias. Estas, serán reemplazadas por un Consejo de Alcaldes, integrado por un miembro de la Fuerza de Seguridad, uno del Poder Judicial y por un civil cualificado, los que serán elegidos de forma abierta y voluntaria. No se permitirá la postulación, colaboración, promoción o apoyo de los partidos políticos. Este organismo tendrá facultades y funciones similares al Consejo de la Magistratura en el ámbito Judicial, pero no podrá ser integrado por actores políticos. Una de sus metas principales es la eliminación de la corrupción dentro de las Fuerzas de Seguridad y el correcto uso del presupuesto Estatal destinado a Seguridad.