DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Somos un partido político cuyo principal objetivo es la defensa de la libertad integral de las personas. Ofrecemos una alternativa a las políticas colectivistas, orientada a promover y maximizar los derechos individuales a la vida, la propiedad privada y la libertad. Creemos que las personas tienen el derecho y la responsabilidad de decidir sobre las cuestiones que involucran a sus propias vidas sin violar los mismos derechos de otros. Sostenemos el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Afirmamos que la libertad de la persona es un valor supremo y pensamos que el orden espontáneo que surge de la libre interacción de los individuos es superior a cualquier forma de organización y planificación estatal. Creemos en una sociedad de personas soberanas y conscientes de sus derechos, de sus responsabilidades y de la importancia de su propia libertad.

A la fecha, dentro del escenario político argentino no existe ningún partido político que defienda la libertad integral del ser humano. De allí la importancia de la inserción del Partido Libertario en el espectro político de Argentina como la única alternativa viable en defensa de las libertades y los derechos individuales. Nos comprometemos al pleno respeto de las libertades individuales y a ser un partido que no ceda sus principios para contentar a posibles aliados. Nuestros dirigentes tomarán medidas que tiendan a la protección de los derechos mencionados, a la disminución de la injerencia del Estado en la vida privada y a mantener un gasto público mínimo que permita reducir drásticamente los impuestos creados para sostener las políticas estatales.

Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada son inalterables e inherentes a la naturaleza humana. Estos derechos no constituyen dádivas de los gobiernos, no deben cederse a ellos ni están sujetos a votación. Cada individuo es dueño de sí mismo y tiene el derecho de mantenerse, desarrollarse, perfeccionarse y administrar sus facultades, tanto físicas como intelectuales. Todo lo que produce o adquiere el individuo en este proceso debe ser de su exclusiva propiedad, para poseerlo o intercambiarlo de forma libre y voluntaria. Repudiamos la amenaza o el uso de todo medio de coacción que implique la violación del derecho a la propiedad privada.

El gobierno como conjunto de órganos que ejercen el poder del Estado tiene por fin primordial el de velar por el pleno respeto de las libertades y de los derechos de los individuos. La única función del gobierno debe ser la protección de los derechos fundamentales de cada persona (derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada) y de la libertad de realizar toda interacción voluntaria y pacífica. Proponemos que el gobierno esté limitado en su alcance, su estructura debe ser la mínima indispensable para poder cumplir sus importantes cometidos en defensa de los derechos individuales y de la seguridad jurídica. Los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos deben siempre ejercer el poder conferido dentro de los límites constitucionales con parámetros de legalidad, razonabilidad y sumo respeto de las libertades individuales. En el respeto de ellas es donde el ejercicio del poder encuentra límites insoslayables. Sostenemos que el Estado no puede darle un trato diferencial a un grupo de individuos en detrimento de otros. Por ende, promovemos la separación total entre el Estado y cualquier confesión religiosa. Así como creemos en la libertad de cultos, también creemos en la igualdad de cultos ante la ley. Es necesaria una reforma del Artículo 2 de nuestra Constitución Nacional, ya que el Estado debe ser laico y no debe sostener a ningún culto mediante fondos públicos. Por otra parte, dado que los fondos públicos siempre se constituyen mediante extracción coactiva de los fondos privados sostenemos que todo ciudadano de la Argentina tiene derecho a acceder plenamente a la información respecto de la conformación y el manejo de los fondos públicos.

Las leyes formales constituyen normas jurídicas de carácter general y obligatorias emanadas del Poder Legislativo. Según la Constitución Nacional, nuestra nación adopta para su gobierno la forma representativa; es decir, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Pero que el pueblo delegue en sus representantes el ejercicio del poder no significa que les confiera un poder omnímodo y absoluto. El ejercicio del poder dado por el pueblo a los legisladores tiene límites basados en el pleno respeto de las libertades y de todos los derechos individuales. Nosotros concebimos el derecho como el resultado de un proceso espontáneo que surge de la interacción libre de los individuos, regido por el principio de la ley natural. Concebir el derecho como emanación voluntaria del poder político es una actitud nociva para la libertad. El Estado debe tener la función de asegurar la certeza del derecho y no ser instrumento para la satisfacción de los intereses particulares de los gobernantes de turno ni para imponer su propia moral al resto de los ciudadanos.

La Justicia consiste en que un tercero, imparcial e independiente pueda solucionar un conflicto intersubjetivo de intereses aplicando el Derecho. A la fecha esta tarea se encuentra en manos del Poder Judicial previsto en la propia Constitución Nacional que consagra un sistema judicialista. Sostenemos la imperiosa necesidad de asegurar que los jueces sean realmente independientes mediante mecanismos de selección absolutamente transparentes y de carácter técnico. Tales jueces deben mantener una plena neutralidad política e ideológica. Consideramos que nada impide que la tarea de resolver conflictos intersubjetivos de intereses, salvo en materia penal, pueda ser llevada a cabo por particulares, asegurando siempre un mecanismo absolutamente transparente en el que se respete la plena igualdad de trato entre los litigantes. Por eso creemos necesaria una reforma que permita que el Poder Judicial conozca y decida únicamente sobre materia penal. Toda la administración de justicia referida al derecho común debería ser llevada a cabo por tribunales judiciales o arbitrales privados.

Conforme surge de nuestra Constitución Nacional, el Estado no puede tener ninguna injerencia en las acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros. Cada individuo es libre para actuar de acuerdo con su voluntad dentro de los parámetros de la no agresión. El Estado no puede violar los derechos inalienables de cada individuo prohibiendo el uso y comercio de sustancias de consumo ni constituirse en tutor por la fuerza de nadie. Por lo tanto, nuestra posición es que debe despenalizarse el consumo y la producción de las sustancias destinadas al consumo y uso recreacional. La prohibición y la guerra contra las drogas solo han generado mafias, corrupción y el cercenamiento de las libertades individuales.

La cultura resulta de las actividades y la acumulación histórica de éstas, que emprenden distintos individuos a lo largo del tiempo y que resultan en el disfrute estético de otros. Cada uno de los productos u obras que los artistas ofrecen es un bien económico; es decir, un medio escaso que tiene valor para otra persona y puede ser objeto de intercambio. Son los individuos quienes de forma libre y voluntaria se encargan de producir, fomentar y hacer perdurar en el tiempo todo tipo de actividad cultural. Consideramos que el gobierno, al intervenir en la cultura, procede coercitivamente y termina politizando las expresiones artísticas de los individuos. También los medios de información y comunicación deben ser objeto de interacciones libres y voluntarias de quienes los utilizan. Como lo sostiene nuestra Constitución, cualquier ciudadano puede publicar sus ideas sin censura. Creemos en la libertad de expresión y en la libertad de prensa, derechos que no pueden ser atentados por ningún gobierno. El Estado debe velar por el pleno respeto del ejercicio de estos derechos, pero de allí no se deriva que el gobierno deba ser titular de medio de comunicación alguno, lo cual solo genera un gasto indebido, ni tener poder de decisión en el uso de los espacios de comunicación para permitir, prohibir o dar licencias según su voluntad.

La educación es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y valores propio de todos los seres humanos. Como tal, no debe ser limitada únicamente al ámbito de la enseñanza formal o institucionalizada. La educación institucionalizada es incapaz de satisfacer a todos ya que cada individuo es único y posee habilidades, intereses y aptitudes propias. El Estado no debe monopolizar los contenidos dictados por las instituciones educativas, lo cual suele derivar en adoctrinamiento ideológico. Además, tampoco debe intervenir en la educación institucional a cargo de establecimientos privados. Sostenemos que, dado que la educación como proceso humano no puede estar monopolizada ni relegada sólo a ámbitos institucionales, es derecho de cada individuo educarse en el ámbito que desee, sea institucional o no, y es derecho de los progenitores y tutores elegir el proceso y ámbito educativo que consideren más adecuado para los menores de edad a su cargo.

El Estado no puede ni debe ser el único encargado de la salud de las personas. Cada individuo debe ser libre de elegir el servicio de salud que prefiera. El mercado y la creatividad empresarial ofrecerán toda clase de prestaciones para que cada individuo cubra la prevención y las contingencias de salud que pueda tener a lo largo de su vida.

La economía es el resultado de la acción humana en la adquisición, transformación e intercambio de bienes y servicios. Los bienes y servicios se valúan porque son escasos y el valor es subjetivo. Al ser subjetivo, el valor de los bienes y servicios no está determinado por los costos ni por el trabajo realizado. El mercado es el intercambio de bienes y servicios que se realiza entre individuos. Su componente fundamental es el carácter libre y voluntario de esa acción humana, ajena a la planificación o al dictado de terceros. Por consiguiente, el gobierno no debe atribuirse ninguna función en este proceso ni debe tener la potestad de crear regulaciones que dificulten o impidan dicho intercambio. Los aranceles, las tarifas, los impuestos y las regulaciones dificultan o impiden que las personas se beneficien plenamente de la división del trabajo y de las ventajas comparativas, resultando en una disminución generalizada del nivel de vida de todos. El único sistema económico existente que respeta las libertades de los individuos que comercian entre sí es la economía de libre mercado, también conocido como capitalismo. Esto es debido a que promueve la creatividad empresarial de los seres humanos que viven en sociedad. Por eso, el Estado deberá garantizar que los resultados de esa creatividad no serán expropiados ni saqueados, principalmente por el Estado mismo. Toda agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana que no perjudique los derechos de los demás debe ser repudiado. La moneda es un medio de intercambio diseñado por los seres humanos para facilitar el comercio. Como partido, sostenemos que un sistema monetario verdadero debe cumplir tres requisitos fundamentales: unidad de cuenta (que todos los bienes y servicios se puedan expresar en una tasa de cambio de ella), medio de intercambio y reserva de valor. Alejándose de estas características, los gobiernos han creado Bancos Centrales y monopolizado la emisión de papel moneda, el cual no tiene ningún tipo de respaldo real y por ende les permite a los gobiernos usarlo de forma irresponsable sin ninguna consecuencia para quienes toman esas decisiones. La existencia de un Banco Central que financie al Estado con la emisión de papel moneda resulta en un impuesto a los ciudadanos a través de la inflación. Dadas estas circunstancias creemos que la mejor solución es tener una banca comercial libre y que cada uno de los habitantes puede elegir con cual divisa manejarse para sus intercambios. Abogamos por la libre competencia de monedas. De esta manera, el Estado no podrá hacer uso del impuesto inflacionario como herramienta de expropiación encubierta. Consideramos que es ilegítimo imponer una carga pecuniaria sobre los productores de riqueza. El Estado sólo debe recaudar lo equivalente a los servicios prestados. Por estas razones, los denominados impuestos directos (impuestos sobre el patrimonio, sobre activos, sobre la renta de personas y empresas, sobre sucesiones, entre otros,) no deben existir. Éstos constituyen una expropiación de bienes ya que no están fundados en los servicios que presta el gobierno, sino en la redistribución forzosa de la riqueza ajena. Además, creemos que no debe existir la deuda pública, que no es otra cosa que impuestos diferidos cobrados a futuras generaciones. El gobierno con sus limitadas funciones debe financiarse con sus ingresos corrientes.

Como los derechos del individuo son anteriores a la formación de un gobierno y, aunque como ciudadanos deleguemos el uso de la fuerza defensiva al gobierno para que los derechos puedan ser garantizados, jamás debemos perder el derecho a nuestra propia defensa. Por esa razón procuraremos que esté estrictamente limitado y ceñido a esta tarea, sin excederse usando la fuerza monopólica como arma ofensiva. En este contexto, los individuos tienen el derecho a su propia defensa, ya sea ante la agresión de otros individuos o del gobierno de turno. Creemos en el derecho de los individuos a portar armas. En lugar de perseguir a gente inocente que posea esos elementos para su defensa, el gobierno debe ocuparse de combatir y detener a los verdaderos criminales.

Como cada persona tiene derecho a la vida, también tiene la responsabilidad de prepararse financieramente para los últimos años de su vida. Le corresponde al individuo el derecho de elegir cualquier método que estime conveniente para este fin, ya sean seguros de retiro, fondos de inversión, inmuebles para alquilar o cualquier otro. Sin perjuicio de la eventual necesidad de una reforma constitucional sobre este tópico sostenemos que el Estado no puede ejercer su poder para detraer coactivamente parte de la riqueza que produce un individuo bajo el pretexto de mantener un sistema jubilatorio.

La caridad por parte del Estado es un saqueo a los ciudadanos. La beneficencia, para ser tal, debe ser de carácter privado y voluntaria. Cuando el Estado se adjudica la tarea de ayudar a algunos con el dinero de todos solo genera clientelismo y corrupción. Nada hay más peligroso para las libertades de los individuos que la expansión de las funciones del gobierno en nombre del humanitarismo, la bondad y el bien común. Históricamente han sido emprendimientos y asociaciones voluntarias las que han aportado ayuda humanitaria y social a personas con necesidades de forma mucho más eficiente que cualquier Estado.

Afirmamos que el cuidado del medio ambiente es intrínseco a la defensa del derecho a la propiedad privada. Darle el monopolio de su cuidado a los gobiernos la mayoría de las veces resulta en su deterioro. Cualquier abuso o hecho relacionado con recursos naturales y medio ambiente que afecte el derecho de terceros, deben ser planteados por quienes se sienten perjudicados ante jueces y árbitros, quitando el monopolio de la regulación del uso del medio ambiente al Estado. Estos principios del Partido Libertario guían nuestro accionar a favor de la reivindicación y pleno respeto de las libertades individuales de los ciudadanos como único camino para el progreso de Argentina. Si coincidís con ellos, no lo dudes, se parte de este grupo que quiere cambiar la Argentina.