A los efectos de una debida asignación de jueces proponemos una reestructuración del Consejo de la Magistratura en aras de optimizar el cumplimiento de sus cometidos constitucionales. Despolitizar la institución (en el sentido de limitar la actual preponderancia de los representantes de los órganos políticos, reduciendo su participación a solo tres miembros y que, de ninguna manera, superen las plazas de integrantes civiles), acelerar los procesos de selección y designación de magistrados, reformular el reglamento de concursos, organizar procesos de control de calidad del servicio de justicia, mejorar los procesos de reclutamiento de recursos humanos, son algunas de las materias prioritarias. Todo esto tanto a nivel Nacional, como Provincial. Es imprescindible dotar de mayor eficacia a los procesos judiciales y acortar los tiempos de resolución de pleitos, para poder proveer un servicio útil a la ciudadanía y hacer más controlable y transparente la administración de justicia. Resulta indispensable una precisa modificación de nuestras leyes procesales a los efectos de abreviar los juicios y, adicionalmente, debe propenderse a reducir la concurrencia litigiosa ante el Poder Judicial, desarrollando métodos alternativos para la solución de conflictos, como los sistemas de mediación y arbitraje privados. Un profundo esfuerzo de inversión en tecnologías informáticas es imprescindible para facilitar el logro de los objetivos anteriores, particularmente, se debe incorporar tanto la firma electrónica como los modernos sistemas de notificación electrónica. Impulsaremos al arbitraje privado en las áreas idóneas del Derecho, como el mercantil. Implementación del mandato constitucional de establecer el juicio por jurados. Eliminación de la facultad del “per saltum”. Garantizar el cumplimiento efectivo de condenas. Sin olvidar el carácter local o provincial del Derecho Procesal apoyamos la implementación de juicios orales, con la elevación considerable del número de Jueces a los efectos de que se cumpla plenamente el sabio Principio de Inmediatez del Sr. Juez con las partes y con todos los elementos probatorios de una causa (no es o mismo leer la fría letra de una declaración testimonial, que ver al testigo de carne y hueso en el momento mismo de su declaración). Bregaremos por la instauración de un sistema procesal civil absolutamente dispositivo, en el cual las partes se encuentren en pie de igualdad ante un Sr. Juez absolutamente imparcial e independiente. Como medida de política penal de prevención, sostenemos la imperiosa necesidad, entre otras estrategias, de concientizar acabadamente a toda la población sobre el costo que conlleva la comisión de delitos. Asimismo, apoyamos la implementación de un sistema penal plenamente acusatorio. Tolerancia “cero” contra la delincuencia. Propiciamos la implementación de juicios penales que, siempre respetando plenamente el derecho de defensa de raigambre constitucional, sean de rápida resolución. Entre otras medidas, proponemos: Deportación inmediata de los delincuentes extranjeros. Colaboración entre sistema judicial, educativo y ONG para atender a menores en riesgo. Aplicación muy restrictiva y expresamente contemplada normativamente de la Probation sólo a delitos menores. Sanciones efectivas a “padres responsables” de delitos cometidos por menores de edad. Reducción rango discrecional de pena librado a criterio del juez. Impulsar Ley 10, 20, Vida – Amarilla, Naranja y Roja: Nos referimos a la escala particular que se impone a quienes cometen delitos con armas de fuego: diez años por exhibirla, veinte por emplearla y prisión de por vida si mata a alguna persona. Propiciar la simplificación drástica de las leyes promulgadas y sus decretos reglamentarios. Iniciar un proceso de revisión y derogación de las Leyes, que tengan vicios de legalidad o que sean éticamente inválidas (Por ejemplo la Ley N° 10187/14 “Antimotín” de la Provincia de Córdoba), tendientes a regular compulsivamente la vida de los habitantes y a expoliar a los productores. Registros y notariado: Fin de la obligatoriedad de notarización. Libre mercado notarial. Simplificar trámites y costos burocráticos a los ciudadanos. Se solicitará imperiosamente a los Jueces que apliquen las penas de Reclusión, ya contempladas en nuestro Código Penal (con trabajos obligatorios para los reos, pero que no sean tiránicos, ni tortuosos) para los delitos graves. Se impulsará la reforma del Código Penal, con el fin de modificar la modalidad en la que se determinan las penas en los casos de reincidencias, concursos de delitos, acumulación procesal de acciones penales y unificación de las penas. Todas y cada una de las conductas delictivas serán castigadas de manera autónoma y serán severamente castigadas en casos de reincidencias y acumulación de causas. Se anulará el límite máximo temporal al que puede ser condenada una persona, por más que este supere la expectativa de vida de la misma. Teniendo en cuenta que los últimos estudios criminológicos indican que el endurecimiento de las penas no produce efectos considerablemente positivos, todo lo anteriormente expuesto tiene por finalidad, reducir drásticamente los incentivos que hoy en día tienen los delincuentes en proseguir con su estilo de vida y no buscar otras alternativas más dignas, respetuosa de los derechos del resto de los individuos que integran la sociedad.