Las universidades nacionales deberán ser centros de excelencia educativa y de investigación, en intercambio con otras universidades del mundo, receptivas de las demandas de la sociedad argentina y cuidadosa de los valores esenciales para su función: la libertad de pensamiento y expresión y la valoración de la persona humana como fin último de su misión académica. Las universidades mantendrán la autarquía en la gestión de sus recursos, pero con posibilidad de ser auditadas por un organismo estatal descentralizado o por organizaciones privadas. Su financiamiento deberá reconocer y desarrollar el acceso a fuentes complementarias de recursos distintas de las previstas por el estado nacional. El Estado preservará el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, sea de un modo directo a través de becas o, de un modo indirecto, a través de préstamos estudiantiles.