Un Estado donde los cargos no sean para familiares

El Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y el acceso al empleo público debe responder a la idoneidad, la capacidad y reglas iguales para todos, no al parentesco con quienes circunstancialmente ocupan posiciones de poder. El nepotismo aparece cuando un funcionario utiliza su posición, directa o indirectamente, para facilitar el ingreso de familiares al Estado. El problema no se limita a determinar si la persona contratada está capacitada: aun cuando lo estuviera, existe un conflicto entre el interés público y el interés familiar de quien participa o influye en la decisión. La propuesta plantea establecer en Mendoza un régimen amplio que impida utilizar cargos políticos o jerárquicos para beneficiar laboralmente a familiares, alcanzando no solamente las designaciones evidentes sino también mecanismos indirectos, como contrataciones temporarias, asesorías o intercambios de favores entre funcionarios. El principio es sencillo: tener un familiar en el poder no debe otorgar ninguna ventaja para ingresar al Estado.

Una prohibición para todo el Estado provincial

La regla propuesta no se limitaría al Poder Ejecutivo. Alcanzaría a los tres Poderes del Estado provincial —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales y los 18 municipios de Mendoza. El objetivo es evitar que la prohibición tenga zonas grises que permitan simplemente trasladar una contratación hacia otro organismo. Una política contra el nepotismo pierde eficacia si un funcionario tiene prohibido contratar a un familiar dentro de su ministerio pero puede conseguirle un puesto en una empresa estatal, en la Legislatura, en otro organismo público o en un municipio. Por esa razón, el enfoque propuesto comprende al sector público provincial de manera amplia.

La prohibición alcanza a quienes tienen capacidad real de influir

La restricción estaría dirigida principalmente hacia quienes, por la posición que ocupan, poseen capacidad para intervenir o influir en nombramientos y contrataciones. Comprendería al gobernador y vicegobernador; ministros, secretarios, subsecretarios y directores del Poder Ejecutivo; legisladores y autoridades de ambas Cámaras; jueces, fiscales, defensores y ministros de la Suprema Corte; intendentes, concejales y secretarios municipales; y autoridades de organismos de control como el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Oficina de Ética Pública. La prohibición no se limitaría al acto formal de firmar una designación. También alcanzaría la influencia ejercida para conseguirla, porque de lo contrario bastaría con delegar la firma en otro funcionario para eludir la norma.

Una definición amplia del vínculo familiar

La propuesta establece una cobertura extensa para evitar interpretaciones excesivamente restrictivas del concepto de nepotismo. La prohibición alcanzaría el parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, comprendiendo padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos y primos hermanos. También comprendería el parentesco por afinidad hasta el segundo grado, incluyendo los vínculos familiares contemplados en el régimen propuesto, como cónyuges o convivientes y determinados familiares políticos. La amplitud responde a un problema concreto: una prohibición limitada exclusivamente a hijos o cónyuges puede impedir las formas más evidentes de nepotismo, pero deja abiertas numerosas alternativas para favorecer al entorno familiar utilizando los mismos mecanismos.

No importa cómo se denomine la contratación

Otra característica importante es que la prohibición no dependería de la modalidad jurídica utilizada para incorporar a una persona. Comprendería designaciones en planta permanente, planta transitoria, contratos de locación de servicios, personal fuera de nivel, asesores y otras formas equivalentes de incorporación a la función pública comprendidas por el régimen. Esto busca impedir una práctica sencilla para eludir restricciones: evitar un nombramiento formal y contratar a la misma persona mediante una modalidad temporal, una asesoría o una prestación de servicios. El principio debe seguir a la realidad de la relación y no solamente al nombre administrativo utilizado para instrumentarla.

También se prohíbe el nepotismo cruzado

Una prohibición limitada a contratar familiares dentro de la propia repartición puede ser fácilmente sorteada mediante acuerdos entre funcionarios. Por ejemplo, un funcionario podría conseguir que otro organismo contrate a su familiar y, como contrapartida, facilitar posteriormente la contratación de un familiar del segundo funcionario. La propuesta denomina esta conducta “nepotismo cruzado” y la prohíbe expresamente. No estaría permitido realizar intercambios recíprocos de favores para incorporar familiares entre diferentes reparticiones, poderes del Estado o municipios. De esta manera, la regla deja de ser simplemente: “No podés contratar a tu familiar”. Y pasa a ser: “No podés utilizar tu influencia dentro del Estado para conseguirle un cargo a tu familiar”. La diferencia es sustancial porque aborda el mecanismo real mediante el cual pueden construirse redes de favores.

Las recomendaciones y gestiones también importan

El régimen considera falta grave realizar recomendaciones, sugerencias o gestiones destinadas a favorecer el nombramiento de un familiar dentro del Estado. Esto pretende alcanzar aquellas situaciones donde el funcionario formalmente no interviene en el procedimiento, pero utiliza su posición política, jerárquica o institucional para influir sobre quien sí tiene capacidad de decidir. La prohibición, por lo tanto, se concentra no solamente en quién firma el nombramiento sino también en quién utilizó su poder para producirlo. Es un enfoque importante porque el conflicto de interés puede existir aunque el funcionario nunca aparezca formalmente en el expediente de contratación.

El problema no es solamente si el familiar está capacitado

Uno de los argumentos habituales frente a una prohibición de nepotismo es que una persona no debería perder oportunidades laborales simplemente por ser familiar de un funcionario. La propuesta reconoce implícitamente esa cuestión mediante una excepción fundamental: el concurso público e independiente. La diferencia está en cómo se obtiene el puesto. Si un funcionario selecciona discrecionalmente a su familiar, existe un conflicto evidente entre su deber de procurar el interés público y su interés personal o familiar. Pero si esa persona participa de un procedimiento competitivo establecido previamente, junto con otros ciudadanos y bajo reglas que el funcionario no controla, el vínculo familiar deja de constituir por sí mismo una ventaja determinante. Por eso, el régimen no plantea una prohibición absoluta para que familiares de funcionarios puedan trabajar alguna vez en el Estado. Plantea algo diferente: no pueden obtener el cargo gracias al poder del familiar.

El concurso público como garantía de igualdad

La excepción prevista alcanza a quienes ingresen a cargos de planta permanente mediante concursos públicos e independientes de oposición y antecedentes, legalmente constituidos de manera previa. Esta condición es central. No alcanzaría con organizar posteriormente un procedimiento para legitimar una designación previamente decidida. El concurso debe existir con anterioridad y funcionar como un verdadero mecanismo competitivo de selección. La oposición permite evaluar conocimientos y capacidades; los antecedentes permiten considerar formación y experiencia; y el carácter público e independiente busca impedir que el resultado quede sometido a la voluntad del funcionario involucrado. De esta forma se intenta compatibilizar dos principios: nadie debería obtener privilegios por ser familiar de un funcionario, pero tampoco debería quedar automáticamente incapacitado para acceder por mérito a un empleo público durante toda la carrera política de ese familiar.

Idoneidad antes que relaciones personales

La finalidad última de la excepción por concurso también ayuda a comprender el objetivo general del régimen. No se trata simplemente de reducir la cantidad de familiares de políticos trabajando en el Estado. El objetivo es modificar el mecanismo mediante el cual las personas acceden a esos puestos. Cuando existe una función que requiere personal, la administración debería poder seleccionar a la persona más adecuada mediante criterios objetivos y previamente conocidos. Esto amplía las oportunidades para ciudadanos que, aun teniendo formación, experiencia y capacidad, no cuentan con relaciones políticas o familiares que faciliten su ingreso. La lucha contra el nepotismo es así también una política de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

Una designación prohibida no puede consolidarse

Para que la prohibición tenga efectos reales, el texto propone que las designaciones realizadas en violación del régimen sean nulas de pleno derecho. La consecuencia es importante porque evita que el paso del tiempo transforme una contratación irregular en una situación consolidada simplemente porque nadie actuó inmediatamente. La norma pretende que el beneficio obtenido mediante una designación prohibida no pueda generar un derecho permanente basado precisamente en el incumplimiento de la prohibición.

Responsabilidad personal del funcionario

La propuesta incorpora además una concepción particularmente estricta de responsabilidad. El funcionario que haya autorizado o promovido una designación ilegal podría enfrentar remoción, inhabilitación temporal o permanente para ejercer funciones públicas y responsabilidad patrimonial personal. El texto original agrega una consecuencia especialmente severa: el funcionario responsable debería restituir al Fisco Provincial la totalidad de las sumas cobradas por el familiar contratado. La lógica que sostiene esta disposición es trasladar las consecuencias económicas hacia quien utilizó indebidamente su poder, evitando que el costo de una contratación prohibida termine siendo absorbido exclusivamente por los contribuyentes. Esta es una de las disposiciones más intensas de la propuesta y, si posteriormente se transforma en un proyecto legislativo definitivo, requeriría una regulación jurídica particularmente cuidadosa sobre responsabilidad, debido proceso, proporcionalidad y determinación del daño patrimonial.

No castigar el parentesco, sino el privilegio

Existe una distinción conceptual importante detrás de toda la propuesta. Ser familiar de un funcionario no constituye una conducta reprochable. Lo que se pretende impedir es que ese vínculo se transforme en una ventaja frente al resto de los ciudadanos. Por eso, una política de nepotismo correctamente diseñada no debería convertirse en una prohibición indiscriminada basada únicamente en apellidos o relaciones familiares. Debe concentrarse en impedir la designación discrecional, la influencia, el intercambio de favores y el conflicto de interés. La excepción mediante concursos independientes refuerza precisamente este principio. Un familiar puede poseer excelentes antecedentes profesionales. Si demuestra su capacidad en igualdad de condiciones frente a los demás aspirantes y el funcionario relacionado no puede controlar el proceso, la selección responde a mérito y no a parentesco.

Una barrera contra las redes de favores

El nepotismo no necesariamente se manifiesta como una única contratación aislada. Puede formar parte de redes más amplias donde diferentes funcionarios intercambian oportunidades, cargos y beneficios. Por eso resulta especialmente relevante la prohibición del nepotismo cruzado y de la abogacía de influencias incluida en la propuesta. Un régimen eficaz debe observar la red de decisiones, no solamente cada expediente individual. Dos nombramientos podrían parecer perfectamente legales si se analizan aisladamente y, sin embargo, formar parte de un intercambio de favores cuando se observa la relación existente entre quienes los promovieron. La finalidad es dificultar que el sistema público se transforme en un mecanismo de reciprocidades personales entre quienes circunstancialmente controlan diferentes áreas del Estado.

Recuperar el sentido del empleo público

El principio que atraviesa la propuesta es que los puestos del Estado no pertenecen a quienes gobiernan. Un funcionario recibe temporalmente determinadas facultades para administrar recursos y ejercer competencias públicas. Esa posición no debería otorgarle derechos especiales para distribuir empleos entre familiares, allegados o integrantes de su círculo personal. Cada cargo financiado con recursos públicos existe, en última instancia, porque debe cumplir una función para la sociedad. Por eso, la pregunta relevante frente a una incorporación debería ser: ¿Quién es la persona más idónea para realizar esta tarea? y no: ¿Quién tiene relación con la persona que puede decidir la contratación?

Más oportunidades para quienes están afuera del poder

El nepotismo tiene además una consecuencia que muchas veces queda fuera de la discusión: cada puesto asignado por relaciones personales es una oportunidad que deja de estar genuinamente disponible para los demás ciudadanos. Una persona puede estudiar, capacitarse y acumular experiencia durante años y aun así encontrarse en desventaja frente a alguien cuya principal ventaja es conocer o ser familiar de quien decide. Por eso, reducir el nepotismo no beneficia solamente a las cuentas públicas. Beneficia especialmente a quienes no tienen contactos políticos. La combinación de prohibiciones de conflicto familiar con concursos abiertos e independientes busca que el mérito tenga mayor peso que las relaciones personales.

El mismo estándar para todos los poderes y municipios

Finalmente, la amplitud institucional del régimen busca evitar una contradicción frecuente: exigir determinados estándares éticos a una parte del Estado mientras otras quedan exceptuadas. Si el fundamento es que un funcionario no debe utilizar poder público para beneficiar a su familia, el principio resulta aplicable independientemente de que ese funcionario pertenezca al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, un organismo descentralizado, una empresa estatal o un gobierno municipal. La propuesta pretende establecer así una regla general de conducta para quienes ejercen poder público en Mendoza.

El objetivo final

La propuesta puede resumirse en una idea sencilla: En el Estado, un apellido no debe valer más que la capacidad. Quienes gobiernan no deberían poder utilizar cargos, contratos o recursos públicos para beneficiar a sus familiares, directamente ni mediante favores cruzados con otros funcionarios. Al mismo tiempo, el parentesco tampoco debería convertirse automáticamente en una condena: quien realmente posee las condiciones necesarias debe poder demostrarlo mediante concursos públicos, previos, competitivos e independientes, en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano. El objetivo no es perseguir familias. Es eliminar privilegios familiares en el ejercicio del poder público. De esta manera, la prohibición del nepotismo se convierte en algo más amplio que una regla ética: es una herramienta para promover idoneidad, igualdad de oportunidades, responsabilidad personal de los funcionarios y un Estado donde los cargos públicos sean puestos de trabajo al servicio de la sociedad y no recursos disponibles para quienes circunstancialmente ejercen el poder.