Inspecciones claras, trámites previsibles y menos oportunidades para la extorsión

Las inspecciones, habilitaciones y controles del Estado cumplen una función necesaria. Permiten verificar condiciones de seguridad, higiene, construcción, transporte y otras normas destinadas a proteger a trabajadores, consumidores y a la comunidad. El problema aparece cuando el sistema otorga al funcionario un margen excesivo para decidir a quién inspeccionar, qué exigir, cómo documentar lo ocurrido o qué consecuencias aplicar, mientras que el ciudadano o comerciante tiene pocas herramientas para verificar si esa actuación es correcta. Esa combinación de discrecionalidad, procedimientos poco transparentes y trámites que pueden demorarse indefinidamente crea un terreno favorable para arbitrariedades y, en los casos más graves, para pedidos de dinero o favores a cambio de evitar una sanción, acelerar una habilitación o simplemente permitir que una actividad continúe funcionando. La propuesta busca modificar ese sistema mediante una idea central: reemplazar decisiones discrecionales por procedimientos objetivos, digitales, verificables y trazables. No se propone eliminar las inspecciones ni impedir que el Estado sancione incumplimientos. Por el contrario, se busca que las reglas sean claras tanto para quien controla como para quien es controlado. El inspector debe poder actuar con firmeza cuando exista una infracción real, pero el ciudadano también debe poder saber por qué fue inspeccionado, quién lo inspeccionó, qué requisitos debía cumplir, qué incumplimiento fue detectado y qué posibilidades tiene para solucionarlo.

Una inspección que deje registro desde el primer momento

La propuesta plantea abandonar las actas, planillas y talonarios en papel para que las inspecciones comerciales, de obras, transporte, higiene y otras fiscalizaciones comprendidas por el sistema sean documentadas mediante una Acta Digital Única. El inspector utilizaría una aplicación o dispositivo oficial para registrar la actuación en el momento y lugar en que se realiza. El sistema incorporaría georreferenciación, permitiendo registrar dónde se efectuó la inspección, y generaría inmediatamente un acta electrónica. Una copia digital con firma electrónica sería entregada al inspeccionado en ese mismo momento. Esto busca reducir la posibilidad de que exista una versión de los hechos para el comerciante y posteriormente otra diferente dentro de la administración. La digitalización no se propone simplemente para eliminar papel. Su verdadera finalidad es crear trazabilidad. Debe quedar registrado qué inspector intervino, cuándo lo hizo, dónde se encontraba, qué verificó y qué resultado tuvo la inspección.

El inspector no elige a quién inspeccionar

Uno de los cambios más importantes consiste en separar al inspector de la decisión sobre qué establecimiento debe controlar. Las inspecciones serían asignadas mediante un sistema automatizado y aleatorio, evitando que cada inspector pueda seleccionar discrecionalmente los comercios o establecimientos sobre los cuales actuar. Esto apunta directamente a reducir una de las condiciones que pueden facilitar persecuciones, favoritismos o extorsiones: la posibilidad de que una misma persona decida reiteradamente fiscalizar determinado comercio. El sistema también incorporaría rotación obligatoria de inspectores. Un inspector no podría controlar el mismo establecimiento, comercio o zona geográfica más de dos veces consecutivas durante un mismo año. La finalidad es que la relación entre inspector e inspeccionado no se transforme en una relación personal permanente. El comerciante no debería necesitar mantener una “buena relación” con un inspector determinado para poder trabajar, y el inspector tampoco debería disponer de un conjunto estable de establecimientos sobre los cuales ejercer reiteradamente su autoridad.

Las reglas deben conocerse antes de la inspección

La propuesta establece otro principio fundamental: el Estado no puede exigir durante una inspección aquello que previamente no estableció de manera clara y pública. Cada procedimiento de inspección o habilitación tendría una lista de verificación —un checklist oficial— con los requisitos que deben ser controlados. Estas listas serían públicas, taxativas y estarían disponibles en los sitios institucionales correspondientes. Antes de abrir un comercio, realizar una obra o desarrollar una actividad sometida a fiscalización, cualquier persona debería poder consultar exactamente qué condiciones deberá verificar posteriormente el inspector. Esto cambia significativamente la relación entre administración y administrado. El ciudadano deja de enfrentarse a una inspección sin saber qué interpretación hará el funcionario y puede prepararse previamente para cumplir las reglas. Al mismo tiempo, el inspector obtiene una herramienta objetiva para desarrollar su trabajo: controla los puntos establecidos y registra su cumplimiento o incumplimiento.

No se pueden inventar requisitos durante una inspección

La existencia de listas públicas tendría una consecuencia concreta: no podrían labrarse infracciones ni paralizarse actividades por exigencias que no estén contempladas expresamente en el checklist oficial aplicable. Este principio pretende reducir la discrecionalidad interpretativa y evitar que aparezcan requisitos desconocidos recién cuando el inspector llega al establecimiento. Si determinada condición es realmente necesaria para garantizar seguridad, higiene o cualquier otro interés público, corresponde que el Estado la incorpore previamente a la normativa y al procedimiento de fiscalización. Una administración previsible debe poder decirle al ciudadano: “Estas son las reglas que tenés que cumplir y estas son exactamente las reglas que vamos a controlar”. La previsibilidad beneficia también a quienes cumplen. Un comerciante que invirtió tiempo y recursos para adecuarse a todas las exigencias oficiales debería tener una razonable certeza de que posteriormente no aparecerán nuevas condiciones discrecionales.

Corregir antes de castigar las faltas menores

La propuesta también diferencia las irregularidades menores de aquellas situaciones que representan un peligro real. Ante la primera detección de una falta menor, el principio general sería otorgar al responsable la oportunidad de corregirla antes de aplicar inmediatamente una multa o clausura. Se establecería un plazo de subsanación, originalmente previsto entre cinco y quince días hábiles, durante el cual el comerciante podría regularizar la situación sin sufrir una sanción económica inmediata. El objetivo es cambiar parcialmente la lógica de la inspección: primero lograr el cumplimiento; sancionar cuando corresponda, no convertir la sanción en el objetivo de la fiscalización. Si un comercio presenta una irregularidad menor y puede solucionarla rápidamente, el interés público puede estar mejor satisfecho logrando que efectivamente la corrija que clausurándolo inmediatamente.

La seguridad no queda sometida al período de subsanación

Este mecanismo no significa tolerar cualquier incumplimiento. El propio régimen establece excepciones cuando exista peligro inminente para la vida, la salud pública o la seguridad ambiental. En esas situaciones, la autoridad mantiene la capacidad de actuar inmediatamente. La distinción es fundamental: no es equivalente encontrar una irregularidad administrativa menor que detectar una instalación que representa un riesgo inmediato para trabajadores, clientes o vecinos. La propuesta busca introducir proporcionalidad en la fiscalización, no debilitar los controles necesarios.

Verificar inmediatamente quién está inspeccionando

Toda acta o notificación incorporaría un código QR de verificación. Mediante ese código, el ciudadano podría ingresar a un portal oficial y comprobar en el momento la identidad del inspector, su fotografía y la existencia de una orden de servicio válida para realizar esa inspección. De esta manera, la autoridad deja de depender exclusivamente de que una persona exhiba una credencial. El inspeccionado puede verificar mediante un sistema independiente que esa persona efectivamente pertenece al organismo correspondiente y que está autorizada para realizar el procedimiento. Esta herramienta también dificulta la actuación de falsos inspectores o de funcionarios que intenten realizar controles por fuera de las órdenes asignadas por el sistema.

Una herramienta inmediata frente a pedidos de coimas o abusos

El mismo sistema permitiría calificar la actuación del inspector o denunciar inmediatamente irregularidades, maltrato o pedidos de dádivas, con mecanismos destinados a preservar la identidad del denunciante. La inmediatez es especialmente importante. Cuando una persona considera que está siendo víctima de una extorsión burocrática, no debería depender exclusivamente de recordar posteriormente el nombre del funcionario, encontrar qué oficina recibe denuncias, iniciar un expediente y esperar que el mismo organismo investigue lo ocurrido. El canal de denuncia estaría incorporado al propio procedimiento de inspección. El ciudadano podría verificar al inspector y disponer, desde ese mismo punto de acceso, de una vía para informar una conducta irregular.

La tecnología como límite al poder discrecional

El sentido de la digitalización propuesta no es simplemente modernizar la administración. Una inspección digital permite introducir controles que son mucho más difíciles de implementar mediante formularios en papel. La asignación automatizada puede determinar quién debe inspeccionar. La georreferenciación puede registrar dónde ocurrió la actuación. El sistema puede identificar al funcionario. El checklist puede determinar qué debe verificarse. El acta electrónica puede conservar lo registrado y la entrega inmediata de una copia permite que ambas partes conozcan el contenido de la actuación. Cada uno de esos elementos reduce un pequeño espacio de discrecionalidad. Combinados, buscan construir un procedimiento donde la actuación del inspector pueda ser reconstruida y posteriormente auditada.

Menos contacto discrecional, menos oportunidades para la corrupción

Muchas situaciones de corrupción administrativa no requieren grandes organizaciones criminales. Pueden surgir simplemente porque una persona tiene capacidad para conceder o negar algo que otro necesita y existen pocos controles sobre esa decisión. Un inspector puede tener capacidad para clausurar. Un funcionario puede intervenir en una habilitación. Un expediente puede quedar detenido indefinidamente. Cuando esas decisiones dependen excesivamente de personas concretas y existen pocos registros verificables, aparece una relación desigual de poder. La propuesta busca disminuir ese problema mediante automatización, reglas previas, rotación, registros digitales y plazos definidos. No supone que todos los inspectores sean corruptos. Por el contrario, un sistema objetivo también protege al funcionario honesto, porque sus actuaciones quedan respaldadas por reglas previamente establecidas y registros verificables.

El Estado tampoco puede demorar indefinidamente

La discrecionalidad no aparece solamente durante las inspecciones. También puede surgir mediante la demora administrativa. Un ciudadano puede presentar correctamente toda la documentación requerida para obtener una habilitación y, sin embargo, quedar durante meses esperando una respuesta. Esa demora puede producir costos económicos importantes. Un comercio que no puede abrir pierde alquileres, salarios, inversiones y oportunidades mientras espera que la administración resuelva su expediente. Además, cuando una decisión administrativa indispensable depende de una demora sin plazo efectivo, aparece nuevamente una relación de poder susceptible de abuso. Por eso la propuesta incorpora el principio de silencio positivo.

Si cumpliste y el Estado no responde, la demora no debe perjudicarte

Cuando una persona haya cumplido todos los requisitos exigidos para una habilitación o permiso y la administración no se pronuncie dentro del plazo máximo establecido —en la propuesta original, treinta días hábiles—, se otorgaría una habilitación provisoria automática hasta que el organismo competente emita su decisión. El principio invierte el costo de la demora. Actualmente, en muchos procedimientos, quien sufre las consecuencias de que el Estado no responda es el ciudadano. La propuesta plantea que, cumplidas determinadas condiciones, la inacción administrativa no pueda transformarse indefinidamente en una prohibición de hecho para trabajar. Esto tampoco significa eliminar los requisitos ni otorgar automáticamente cualquier autorización solicitada. El silencio positivo previsto presupone que el trámite haya cumplido con las exigencias correspondientes.

Los plazos dejan de ser solamente para el ciudadano

Existe además una cuestión de reciprocidad institucional. El Estado habitualmente establece plazos para que ciudadanos y empresas presenten documentación, contesten requerimientos, paguen obligaciones o corrijan irregularidades. La propuesta busca que la administración también tenga plazos efectivos para cumplir sus obligaciones. Si el ciudadano debe respetar fechas y procedimientos, resulta razonable que el organismo público también deba hacerlo. El silencio positivo convierte el plazo administrativo en una obligación con consecuencias concretas y no simplemente en una referencia que puede incumplirse sin efectos.

Proteger especialmente a pequeños comercios y emprendimientos

Las grandes empresas suelen disponer de departamentos legales, gestores y especialistas capaces de interpretar regulaciones complejas y seguir expedientes administrativos. Un pequeño comerciante o emprendedor se encuentra en una situación diferente. Para él, una clausura, una multa inesperada o varios meses esperando una habilitación pueden representar una parte significativa de sus ingresos e incluso determinar la continuidad del negocio. Por eso, reglas públicas, checklists claros, posibilidad de subsanar faltas menores y plazos administrativos previsibles tienen un impacto particularmente importante sobre quienes cuentan con menos recursos para desenvolverse frente a la burocracia. La simplificación y previsibilidad no eliminan obligaciones. Hacen posible conocerlas y cumplirlas sin necesitar relaciones personales o intermediarios para comprender qué exige el Estado.

Un sistema que también protege al buen inspector

El régimen no debe interpretarse como una política construida contra los inspectores. Un funcionario que realiza correctamente su trabajo también puede verse perjudicado por un sistema basado en criterios ambiguos. Las reglas claras permiten que pueda demostrar por qué realizó una observación o aplicó determinada medida. La asignación automatizada demuestra que no eligió personalmente al establecimiento. El acta digital registra su actuación y el checklist respalda objetivamente qué debía controlar. Esto reduce también las posibilidades de acusaciones arbitrarias contra empleados públicos honestos. La trazabilidad protege a ambas partes: al ciudadano frente al abuso y al inspector frente a acusaciones que puedan verificarse mediante los registros del sistema.

Separar fiscalización de recaudación

Aunque el texto original no establece formalmente una separación orgánica entre ambas funciones, la lógica de la propuesta apunta a que el éxito de una inspección se mida por el cumplimiento de las normas y no por la cantidad de multas aplicadas. El período de subsanación para faltas menores resulta particularmente importante en este sentido. Si una irregularidad puede corregirse sin generar riesgos relevantes, el resultado deseable es que sea corregida. Una política de fiscalización orientada al cumplimiento genera incentivos diferentes de una administración que mide su actividad únicamente por cantidad de actas, clausuras o dinero recaudado mediante sanciones.

Información para detectar patrones de abuso

La digitalización de todo el procedimiento produciría además información que permitiría analizar el propio funcionamiento del sistema de inspecciones. Sin agregar requisitos que no están contemplados expresamente en el texto original, existe una consecuencia directa de disponer de actas digitales, inspectores identificados, georreferenciación, asignaciones automatizadas y resultados registrados: las actuaciones pueden ser posteriormente auditadas de manera sistemática. Sería posible determinar, por ejemplo, qué inspecciones fueron realizadas, dónde ocurrieron y qué funcionarios intervinieron, siempre dentro de las reglas de acceso y protección de información correspondientes. Esto permite que el control deje de concentrarse solamente en el comercio inspeccionado y alcance también al funcionamiento de la propia administración.

De la confianza personal a la confianza en el procedimiento

El cambio más profundo que propone el régimen puede resumirse como una sustitución de confianza. Un ciudadano no debería necesitar conocer personalmente al inspector, tener un contacto dentro del municipio o contratar a alguien que “sepa cómo se manejan las cosas” para obtener previsibilidad. Debe poder confiar en el procedimiento. Saber previamente qué requisitos existen. Poder comprobar que el inspector está autorizado. Recibir inmediatamente una copia de lo actuado. Tener oportunidad de corregir una falta menor. Disponer de un canal para denunciar irregularidades. Y saber que, si cumplió todos los requisitos, el Estado tampoco puede mantener indefinidamente detenido su trámite.

El objetivo final

La propuesta no busca un Estado que deje de controlar. Busca exactamente lo contrario: un Estado capaz de controlar mejor porque controla con reglas claras, procedimientos verificables y menos discrecionalidad individual. Las inspecciones deben existir cuando sean necesarias para proteger la seguridad, la salud, el ambiente y el cumplimiento de las normas. Las infracciones graves deben poder generar consecuencias. Y quienes deliberadamente incumplen obligaciones no deben utilizar la simplificación administrativa como protección. Pero el ejercicio de esas facultades tampoco debe transformar al ciudadano, comerciante o emprendedor en rehén de decisiones imprevisibles. El modelo propuesto combina actas digitales, georreferenciación, asignación aleatoria y rotación de inspectores, requisitos públicos mediante checklists, subsanación de faltas menores, verificación inmediata de identidad y órdenes de servicio, canales de denuncia y silencio administrativo positivo. Todos estos mecanismos persiguen una misma finalidad: que cumplir las reglas sea más fácil que buscar contactos y que abusar del poder sea más difícil que hacer correctamente el trabajo. En definitiva, se propone pasar de una burocracia basada en la discrecionalidad a una administración basada en reglas conocidas, evidencia digital y responsabilidades verificables: un Estado que fiscalice cuando corresponde, pero que también respete el tiempo, el trabajo y los derechos de quienes cumplen.