OpiniónPolítica
¿Y si nos gobierna el narcotráfico?
El verdadero escándalo no sería descubrir quién financia a la política. El escándalo es que hoy resulte tan difícil averiguarlo.
Por Damián Córdoba
Publicado
Nuestra provincia podría estar gobernada, al menos en parte, por intereses vinculados al narcotráfico. Podrían financiar campañas, influir sobre dirigentes, condicionar decisiones e incluso intentar penetrar áreas sensibles del Estado.
Por supuesto, muchos se escandalizarían ante una afirmación de este tipo. Y probablemente responderían con razón: semejante acusación tiene que probarse.
Ahí empieza el problema.
Como ciudadano, hoy no tengo herramientas suficientes para averiguarlo. Tampoco para descartarlo. No puedo reconstruir de manera completa quién financió una campaña provincial, cuánto aportó cada persona o empresa, quiénes fueron sus principales proveedores ni qué relación mantuvieron después con el Estado.
La falta de información no demuestra que exista narcotráfico detrás de una campaña. Pero sí deja en evidencia algo bastante más concreto: no contamos con mecanismos públicos suficientes para saber quién puso el dinero que llevó a determinadas personas al poder.
No esperemos encontrar a un Chapo Guzmán o a un Pablo Escobar sentado en el sillón de San Martín. La influencia, si existiera, probablemente sería mucho menos espectacular. Una campaña necesita dinero. Alguien lo aporta. El candidato gana. Y quien financió puede esperar después una devolución en forma de contratos, permisos, protección, influencia o decisiones favorables.
Para ser más justos en nuestro análisis, podríamos plantear ejemplos menos extremos. Podría tratarse de una empresa vinculada al juego, de una constructora que después participa en licitaciones de obra pública, de una compañía interesada en explotar recursos naturales, de un proveedor habitual del Estado, de una agencia de publicidad o de cualquier grupo económico que necesite una habilitación, una concesión o una regulación favorable.
La pregunta, en definitiva, es mucho más sencilla: ¿quién financia a quienes después administran el Estado?
Hoy no podemos responderla con precisión.
En las últimas elecciones, el Frente Libertario Demócrata, del cual participé como candidato, recibió aproximadamente 120 millones de pesos provenientes del financiamiento electoral. Fue la fuerza que recibió el mayor aporte público, básicamente porque los partidos que integraban ese frente habían obtenido una gran cantidad de votos en Mendoza durante la elección presidencial de 2023 siendo los mismos partidos integrantes de aquel frente La Libertad Avanza, que llevó a Javier Milei a la presidencia.
Esos fueron nuestros ingresos públicos. ¿Para qué alcanzaron? Para algo de cartelería callejera, algunas apariciones en pantallas LED comerciales, cierta presencia en medios y poco más. La campaña nacional tuvo alguna visibilidad. La campaña de nuestros candidatos provinciales fue prácticamente inexistente porque no había dinero suficiente.
Ahora vayamos al caso de Cambia Mendoza–La Libertad Avanza. La provincia estuvo cubierta por cartelería con la imagen de Alfredo Cornejo, que estuvo al frente de la campaña provincial. En muchos lugares, un cartel nuestro aparecía rodeado por decenas de piezas publicitarias del oficialismo.
MDZ informó que los gastos de Cambia Mendoza–La Libertad Avanza rondaron los 256 millones de pesos. Una cifra completamente inverosímil desde mi opinión personal. Una regla de tres simple invalidaría por completo ese número. Si esa cifra fuera correcta, debería ser muy sencillo comprobar cómo se compone.
¿Cuánto se gastó en cartelería? ¿Quién la imprimió? ¿Quién contrató los espacios? ¿Cuánto se destinó a pantallas, redes sociales, producción audiovisual y medios? ¿Qué agencias participaron? ¿Qué proveedores cobraron? ¿Qué facturas respaldan cada gasto? ¿Quiénes fueron sus aportantes privados?
El problema es que esa información detallada no está disponible de una manera pública, ordenada y accesible, entonces volvemos al peor recurso posible: confiar.
Deberíamos confiar en la Justicia, en los organismos de control, en los partidos y en los medios que cobran dinero de los mismos partidos.
Particularmente me permito desconfiar de gran parte de todos ellos.
Un sistema institucional serio no debería obligarnos a confiar. Debería permitirnos comprobar por nosotros mismos.
No porque todos los políticos sean corruptos, ni porque todo empresario que financia política espere necesariamente recibir algo a cambio. Tampoco porque detrás de cada campaña haya una organización criminal. El punto es mucho más elemental: el dinero es una de las formas más directas de influencia sobre el poder, y conocer su recorrido permite controlar esa influencia.
El problema tampoco es exclusivamente mendocino. Algunas jurisdicciones, como Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires, tienen mecanismos algo más desarrollados de publicación y control, pero siguen lejos de modelos como los de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o Australia, donde buena parte de la información sobre financiamiento político puede consultarse públicamente con mucho más detalle.
Cada campaña debería informar quién aporta, cuánto aporta, cuándo lo hace, en qué se gasta ese dinero, qué proveedor cobra, cuánto cobra y qué comprobante respalda cada operación. Esa información debería quedar disponible para cualquier ciudadano, periodista, universidad u organización que quiera analizarla.
Saber si una empresa que financió una campaña terminó ganando una licitación. Si una agencia que trabajó para un candidato recibió publicidad oficial. Si un proveedor electoral después contrató con el Estado. Si quienes ayudaron a financiar el acceso al poder terminaron beneficiándose de ese mismo poder.
Nada de eso probaría automáticamente corrupción, pero permitiría detectarla.
La información pública sobre el dinero de las campañas no va a resolver por sí sola los problemas de nuestro sistema político ni de la débil democracia -en la que cada vez menos gente cree. No va a terminar con el clientelismo, la corrupción ni los favores.
Pero sería un gran paso.