Volver al futuro: la Mendoza que nunca nos dejaron conocer

Hay una escena extraordinaria en Volver al futuro II, cuando Marty McFly regresa a 1985 y descubre que el mundo que conocía ya no existe. Las calles son distintas, su familia tiene otra historia y la ciudad se ha convertido en un lugar irreconocible. Todo porque alguien alteró un acontecimiento del pasado y provocó una bifurcación en la línea temporal.

Lo fascinante de esa película es que nos recuerda algo bastante inquietante: una sola decisión puede modificar el destino de miles de personas, incluso de generaciones enteras que todavía no nacieron.

Ahora imaginemos que pudiéramos hacer ese mismo viaje, pero en lugar de regresar a Hill Valley viajáramos a la Mendoza de los años setenta, justo antes de que comenzara a desarrollarse uno de los experimentos económicos más controvertidos de nuestra historia: la Promoción Industrial.

Allí encontraríamos el punto de partida de dos líneas temporales. En una, la que efectivamente vivimos, el Estado nacional decidió otorgar importantes beneficios impositivos a determinadas provincias para incentivar la instalación de industrias. En la otra, la que nunca existió, Mendoza habría competido por esas inversiones sin semejante desventaja fiscal.

El resto de la historia podría haber sido muy diferente.

Un gobierno que decide hacer mucho más conveniente instalar una fábrica de un lado del límite provincial que del otro no está simplemente otorgando una exención impositiva. Está condicionando las decisiones empresariales, la creación de puestos de trabajo, las inversiones y las oportunidades de desarrollo que pueden determinar el futuro de toda una región durante décadas.

Y eso fue precisamente lo que Mendoza cuestionó durante años.

El régimen de Promoción Industrial comenzó a desarrollarse durante los años setenta y terminó favoreciendo especialmente a San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, provincias que recibieron importantes ventajas fiscales para atraer inversiones productivas.

Mendoza quedó al margen de esos beneficios especiales, aunque compartía con algunas de esas provincias buena parte de sus dificultades geográficas y económicas.

Para comprender el problema no hace falta ser economista. Imaginemos a un empresario que debe decidir dónde instalar una fábrica y descubre que, si cruza el límite provincial, puede acceder a importantes beneficios impositivos durante años. Naturalmente, esa diferencia puede inclinar su decisión, incluso cuando Mendoza ofrezca mejores condiciones de infraestructura, trabajadores capacitados o cercanía con sus proveedores.

El resultado no se limita a las fábricas que eventualmente se trasladaron. También incluye aquellas que nunca se instalaron, las inversiones que encontraron otro destino y los empleos que jamás llegaron a existir.

Volvamos entonces a nuestra máquina del tiempo y avancemos algunos años por las dos líneas temporales imaginarias.

No sabemos exactamente cómo habría sido esa Mendoza alternativa, pero sí podemos estudiar las diferencias entre ambas trayectorias.

Entre 1989 y 2009, por ejemplo, las provincias promocionadas registraron tasas de crecimiento económico promedio superiores a las de Mendoza. Y durante buena parte del período también mostraron una evolución del empleo industrial más favorable.

Por supuesto, no toda esa diferencia puede atribuirse exclusivamente a la Promoción Industrial. Pero tampoco puede ignorarse que el Estado había alterado deliberadamente las condiciones de competencia.

Lo más llamativo es que el régimen atravesó gobiernos militares, radicales y peronistas, administraciones de diferentes orientaciones económicas y sucesivas decisiones de continuidad o modificación. Cambiaron los presidentes, los ministros y los discursos sobre el desarrollo nacional, pero Mendoza siguió cargando con una desventaja que nunca había elegido.

Una generación completa nació, estudió, trabajó y envejeció dentro de esa línea temporal y otra heredó sus consecuencias.

Después de años de reclamos, Mendoza consiguió llevar su disputa con la Nación al terreno judicial y finalmente alcanzó un acuerdo durante la gobernación de Julio Cobos.

En agosto de 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente y Cobos todavía gobernaba Mendoza, la Nación asumió el compromiso de financiar Portezuelo del Viento, una gran obra hidroeléctrica proyectada sobre el río Grande, en Malargüe.

La idea parecía razonable: si durante décadas se había perjudicado la capacidad productiva de Mendoza, al menos podía compensarse parte de aquel daño mediante una infraestructura capaz de generar energía, favorecer nuevos desarrollos y aportar beneficios económicos a largo plazo.

El presupuesto inicial rondaba los 1.005 millones de pesos, equivalentes a unos 330 millones de dólares de aquella época, aunque el acuerdo permitía actualizar los costos de construcción.

Sin embargo, como tantas veces sucede con las grandes promesas de la política argentina, el compromiso avanzó mucho más lentamente que los discursos.

Recién durante la presidencia de Mauricio Macri, y bajo la gobernación de Alfredo Cornejo, terminó de consolidarse el mecanismo para transferir a Mendoza los fondos destinados a la obra. El convenio definitivo de 2019 estableció pagos por aproximadamente 1.023 millones de dólares, que fueron completados en 2024.

Habían pasado trece años desde el acuerdo original y varias décadas desde el comienzo del problema. Mendoza había conseguido una compensación, pero seguía pendiente una pregunta mucho más importante: ¿cuánto valían realmente todas las oportunidades que se habían perdido?

La historia todavía tenía reservado otro giro.

Portezuelo del Viento nunca comenzó a construirse. Las controversias entre provincias por el aprovechamiento del río Colorado, las dificultades técnicas y políticas y las dudas sobre la viabilidad del proyecto terminaron dejando en suspenso la obra que había justificado originalmente aquella compensación.

En 2024, Nación y Mendoza acordaron modificar el destino de los fondos para permitir su utilización en otras obras de infraestructura provincial.

Así, lo que había nacido como una reparación por décadas de perjuicio económico terminó transformándose en una fuente extraordinaria de financiamiento para obras públicas.

Caminos, tendidos eléctricos, redes de agua, cloacas y otras inversiones comenzaron a ocupar el lugar de aquella gran represa que nunca se construyó.

Estas obras pueden ser necesarias y beneficiosas, naturalmente, pero eso no debería impedirnos formular una pregunta incómoda: ¿estamos utilizando un resarcimiento histórico para transformar estructuralmente la economía provincial o simplemente para financiar infraestructura que, en otras circunstancias, debería sostenerse con los presupuestos ordinarios del Estado?

La diferencia es fundamental.

Una obra pública puede inaugurarla un gobernador y aprovecharla la siguiente administración. En cambio, una política capaz de transformar las condiciones de inversión, reducir impuestos y aumentar la productividad puede modificar la trayectoria económica de varias generaciones.

Y si hablamos de reparar una injusticia que alteró durante décadas las oportunidades de Mendoza, tal vez deberíamos evaluar el resultado con una perspectiva igualmente larga.

En 2013, Johanna Pamela Bomprezzi y Emilse Alejandra Salguero presentaron una investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo sobre los efectos de la Promoción Industrial en Mendoza.

El trabajo recuperó estudios del Consejo Empresario Mendocino que estimaban las consecuencias económicas acumuladas del régimen hasta 2010.

Los números resultan difíciles de ignorar. Según aquella estimación, el perjuicio acumulado ascendía a aproximadamente 72.512 millones de pesos de 2010, considerando tanto el costo fiscal como la actividad económica potencial que Mendoza habría dejado de desarrollar.

La mayor parte no correspondía a impuestos perdidos, sino a riqueza que potencialmente nunca llegó a generarse: fábricas, producción, inversiones y encadenamientos económicos.

Si llevamos esa estimación a una equivalencia ilustrativa en dólares y actualizamos su poder adquisitivo, obtenemos una cifra del orden de los 26.000 millones de dólares actuales.

Conviene aclarar algo importante: ese número no constituye una indemnización judicialmente determinada ni una deuda reconocida por la Nación. Es una aproximación económica construida a partir de estudios históricos, cuya magnitud depende de los métodos de conversión y actualización utilizados, pero sirve para plantear una comparación extraordinaria.

Mientras Mendoza recibió aproximadamente 1.023 millones de dólares para financiar infraestructura, una estimación mucho más amplia del daño económico potencial nos invita a pensar en una pérdida que podría contarse en decenas de miles de millones.

La distancia entre ambas cifras no demuestra automáticamente cuánto debió haberse indemnizado a la provincia, pero sí muestra por qué el costo de la Promoción Industrial merece una discusión bastante más profunda que la simple enumeración de las obras financiadas con el resarcimiento.

Y aquí es donde nuestra historia de viajes en el tiempo vuelve a ponerse interesante.

Supongamos por un momento que Mendoza hubiera recibido no los 1.023 millones acordados, sino un resarcimiento hipotético de 26.000 millones de dólares.

¿Qué podría hacerse con semejante cantidad de dinero? Una posibilidad sería construir más rutas, más hospitales, más edificios públicos y más infraestructura. Seguramente existirían proyectos suficientes para consumir buena parte de esos recursos.

Pero hay otra alternativa mucho más provocadora: utilizar ese dinero para reemplazar la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Según una estimación basada en la recaudación del primer semestre de 2026, Mendoza obtiene por ese impuesto el equivalente aproximado a 840 millones de dólares anuales, considerando un tipo de cambio de 1.600 pesos por dólar.

La cuenta es sencilla: 26.000 millones divididos por 840 millones anuales equivalen a aproximadamente 31 años de recaudación.

Es un ejercicio hipotético que supone ingresos fiscales constantes en dólares, sin crecimiento real de la recaudación, sin rentabilidad del fondo y sin cambios económicos. No significa que exista actualmente esa cantidad de dinero disponible ni que pueda eliminarse el impuesto mañana sin resolver otras obligaciones fiscales.

Pero permite dimensionar algo que normalmente queda oculto detrás de cifras millonarias difíciles de imaginar.

Durante tres décadas, los comerciantes, industriales, productores y prestadores de servicios mendocinos podrían dejar de soportar uno de los impuestos provinciales más cuestionados por sus efectos acumulativos sobre los costos de producción y comercialización, mientras el Estado utilizaría ese fondo para reemplazar temporalmente los recursos perdidos.

Y todavía hay una segunda posibilidad: si un fondo de 26.000 millones de dólares pudiera obtener una rentabilidad real neta cercana al 3,23% anual, generaría aproximadamente 840 millones por año sin necesidad de consumir inicialmente el capital. Desde luego, garantizar ese rendimiento a perpetuidad no sería sencillo y existirían riesgos financieros importantes, pero el ejercicio permite comprender la magnitud de la cifra.

Ahora regresemos por última vez a nuestra máquina del tiempo.

Imaginemos una Mendoza donde abrir un comercio sea menos costoso, donde producir resulte más competitivo y donde las empresas encuentren condiciones tributarias capaces de atraer inversiones que hoy podrían elegir otros destinos.

¿Crecería más rápidamente la economía? ¿Aparecerían nuevos empleos? ¿Se ampliarían las bases tributarias de otros impuestos? No podemos responder con certeza sin un estudio específico, pero es razonable analizar esos posibles efectos antes de asumir que la única forma de aprovechar un resarcimiento consiste en gastarlo directamente desde el Estado.

Porque, después de todo, el origen de esta historia fue precisamente una política impositiva que modificó las decisiones de inversión durante décadas.

En Volver al futuro II, Marty McFly descubre que para comprender el presente debe identificar qué decisión del pasado alteró la historia. Solo entonces puede intentar corregir aquella bifurcación y recuperar el futuro que conocía.

Mendoza no tiene un DeLorean, no puede regresar a los años setenta ni recuperar las fábricas que nunca llegaron a instalarse, ni reconstruir las vidas de quienes debieron buscar oportunidades en otros lugares.

Pero sí puede estudiar lo que ocurrió, cuantificar con mayor precisión sus consecuencias y preguntarse qué decisiones actuales podrían evitar que se repita una historia semejante.

Durante décadas, la Promoción Industrial intentó desarrollar determinadas regiones mediante beneficios fiscales diferenciados, mientras otras provincias cuestionaban los costos de esa decisión. Sus efectos económicos, sus logros y sus perjuicios merecen ser examinados sin confundir los objetivos declarados con los resultados obtenidos.

En el caso mendocino, el debate no debería terminar con la llegada del último dólar del resarcimiento, ni con la inauguración de las obras que se financien con esos recursos. Una indemnización puede ayudar a cerrar un expediente, pero no necesariamente repara el futuro que se perdió.

La pregunta que nos queda no es solamente cuánto dinero perdió Mendoza en el pasado, es cuánto futuro estamos dispuestos a seguir comprometiendo con las decisiones del presente.

Fuente: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5797/tesis-cs-ec-bomprezzi-salguero.pdf