La transparencia según Griselda Petri: más indicadores, pocas obligaciones nuevas

Petri, Griselda, La  Diputada Provincial por el radicalismo, y hermana del Diputado Nacional Luis Petri, presentó un proyecto para crear un Índice Provincial de Transparencia Pública. La iniciativa intenta instalarse en la agenda de la calidad institucional, pero evita discutir el problema de fondo: la Ley 9070 permite que buena parte del Estado mendocino cumpla formalmente con sus obligaciones de transparencia aun cuando la información publicada sea difícil de encontrar, comparar, procesar o verificar.

El proyecto agrega poco sobre ese problema. Propone medir el cumplimiento de las obligaciones existentes, elaborar indicadores y comparar organismos. Incluso aclara expresamente que no crea nuevas obligaciones. Es decir, construye un sistema más sofisticado para medir una vara que continúa siendo demasiado baja.

La discusión actual sobre información pública ya no puede limitarse a determinar si un organismo publicó o no determinado documento en una página web. Publicar un PDF, una planilla aislada o un listado sin criterios uniformes puede satisfacer formalmente una obligación, pero eso no significa que exista información pública de calidad.

Los datos públicos deberían estar disponibles en formatos abiertos y estructurados, ser procesables automáticamente y utilizar criterios comunes entre organismos. Deberían contar con identificadores únicos, fecha de generación y actualización, metadatos, historial de modificaciones y mecanismos que permitan conocer su origen y seguir su evolución en el tiempo y, sobre todo, deberían poder relacionarse entre sí.

Cuando se analiza el gasto público, por ejemplo, un ciudadano debería poder recorrer sin obstáculos el camino que va desde una partida presupuestaria hasta un expediente, una contratación, la adjudicación, el proveedor, las facturas y finalmente los pagos realizados. Hoy esa reconstrucción suele exigir búsquedas en distintos sistemas, documentos inconexos y formatos incompatibles.

Eso es trazabilidad. Y eso es lo que permite que periodistas, universidades, organizaciones civiles o cualquier ciudadano puedan controlar realmente cómo funciona el Estado.

El proyecto de Griselda Petri utiliza conceptos como calidad, accesibilidad, actualización y reutilización, pero los coloca principalmente dentro de una metodología de evaluación. No transforma esos conceptos en un nuevo estándar general y exigible para toda la administración pública.

Un índice de medición no aporta absolutamente nada al fondo del problema. El problema real es que todavía se carece de reglas suficientemente precisas sobre la calidad de los datos que el Estado debe entregar.

Crear un ranking puede generar titulares y posiciones en una tabla. Mejorar la Ley 9070 permitiría algo bastante más importante: que la información pública deje de ser simplemente información publicada y se convierta en información realmente utilizable para controlar al poder.

La calidad institucional no mejora porque el Estado se otorgue una calificación. Mejora cuando cualquier ciudadano puede verificar por sí mismo qué hizo el Estado, con qué recursos, mediante qué procedimiento y quién recibió cada peso público.

Ese es el debate que sigue pendiente.