El efecto cobra: el partido que promete achicar el Estado necesita que el Estado lo financie

Cuenta una conocida anécdota, ambientada en la India colonial, que las autoridades británicas ofrecieron una recompensa por cada cobra muerta que entregaran los habitantes, con la intención de reducir la población de serpientes venenosas. El incentivo parecía razonable, hasta que algunos descubrieron que criar cobras para luego cobrar la recompensa era mucho más rentable que cazarlas. Cuando las autoridades advirtieron el engaño y suspendieron el programa, los criadores liberaron las serpientes y el problema terminó siendo todavía mayor.

El fenómeno económico que ilustra la anécdota es que un incentivo mal diseñado puede terminar premiando exactamente aquello que se pretendía combatir.

En Mendoza, La Libertad Avanza presenta una contradicción que parece salida de ese mismo relato. El partido que hizo de la reducción del Estado, la eliminación de los privilegios políticos, la defensa del mérito individual y la lucha contra la denominada casta sus principales banderas encuentra en los salarios de funcionarios y empleados públicos una fuente de financiamiento para sostener su propia estructura partidaria.

El resultado es un incentivo perverso: cuantos más cargos públicos ocupen personas que aportan al partido, mayor puede ser su recaudación.  De esta manera, reducir el tamaño del Estado deja de ser solamente una decisión política o ideológica y pasa a representar también un perjuicio económico para la organización que prometió hacerlo.

La contradicción resulta todavía más profunda cuando se la confronta con los propios principios que La Libertad Avanza dice representar. La defensa de la libertad individual, la reducción de la intervención estatal, la igualdad ante la ley, la austeridad en el gasto público y la valoración del mérito como criterio de progreso personal difícilmente puedan convivir sin tensiones con una estructura partidaria cuya recaudación se encuentra vinculada a la distribución y conservación de cargos financiados por los contribuyentes.

Pero el problema no termina ahí. Cuando los aportes provenientes de cargos públicos se convierten en una fuente fundamental de financiamiento, aparece una distorsión todavía más preocupante: el criterio para seleccionar a quienes ocuparán esos cargos puede desplazarse de la capacidad profesional hacia la disposición a financiar al partido.

En ese esquema, un funcionario competente que no esté dispuesto a aportar parte de su salario puede resultar menos atractivo para la estructura partidaria que otro, menos preparado, pero dispuesto a entregar regularmente un porcentaje de sus ingresos. La idoneidad, el conocimiento técnico y la experiencia comienzan a competir con una cualidad que nada tiene que ver con la función pública: la rentabilidad partidaria del nombramiento.

Es difícil imaginar una contradicción más evidente con el discurso meritocrático. El partido que sostiene que cada individuo debe progresar por sus capacidades corre el riesgo de terminar premiando a quienes resultan económicamente convenientes para su propia organización. Y el Estado, que debería incorporar a los mejores profesionales disponibles, puede terminar convertido en una herramienta de sostenimiento de estructuras partidarias.

El ciudadano paga las consecuencias por partida doble: primero, porque sus impuestos financian los salarios de los funcionarios; y segundo, porque la administración pública corre el riesgo de quedar subordinada a las necesidades económicas de una organización política, en lugar de seleccionar a las personas más capacitadas para gestionar los recursos de todos.

No se trata de cuestionar el derecho de cualquier afiliado o funcionario a realizar aportes partidarios voluntarios. El problema comienza cuando el financiamiento de un partido depende estructuralmente de la permanencia de sus integrantes en puestos remunerados por el Estado. Y se agrava cuando la expectativa de esos aportes puede condicionar los nombramientos.

La cuestión de fondo no es solamente económica, sino institucional. Un partido político debería sostenerse fundamentalmente por el compromiso de sus afiliados y simpatizantes con sus ideas, no por su capacidad para conseguir y distribuir empleos públicos. De lo contrario, la competencia política deja de girar alrededor de las propuestas para gobernar y comienza a depender de la posibilidad de acceder a cargos que permitan financiar la maquinaria partidaria.

La paradoja resulta difícil de ignorar: quienes llegaron prometiendo terminar con los privilegios de la política pueden terminar construyendo una organización cuya supervivencia económica depende de conservar esos mismos privilegios. La austeridad queda reservada para el discurso, mientras que la necesidad de recaudar introduce un incentivo permanente para preservar aquello que se prometió reducir.

Una de las principales banderas de la reforma política que impulsa el Gobierno nacional es terminar con el financiamiento de las estructuras partidarias a costa de los contribuyentes. Sin embargo, cuando se observa de dónde provienen los recursos que sostienen a La Libertad Avanza en Mendoza, aparece una contradicción difícil de justificar.

Los registros públicos de la Cámara Nacional Electoral, disponibles en el portal oficial de aportantes, permiten identificar más de 60 millones de pesos en contribuciones declaradas. Lo verdaderamente preocupante no es solamente el monto, sino el vínculo de los aportantes con el Estado: funcionarios, empleados de organismos públicos y empresarios relacionados con contrataciones estatales.

El partido que promete liberar a los ciudadanos del peso del Estado parece haber encontrado en ese mismo Estado una fuente privilegiada de financiamiento político.

Entre los nombres aparece Sebastián Braun, primo segundo de Marcos Peña, exjefe de Gabinete de Mauricio Macri. Braun fue uno de los primeros financistas del proyecto político de Javier Milei y también integró su Consejo de Asesores Económicos. Su participación en el financiamiento de LLA Mendoza vuelve a poner de manifiesto la distancia entre el discurso contra la vieja política y los vínculos que efectivamente sostienen al oficialismo.

Pero el caso más controvertido es el de Inversora Medrano S.A., cuyos aportes plantean interrogantes que merecen una explicación pública. Según los datos examinados, las contribuciones atribuidas a esta sociedad habrían superado el límite permitido para un aportante en el período correspondiente. A esto se suma su vinculación societaria con Triunfo Seguros, empresa contratista del Estado.

La cuestión es especialmente delicada: si una empresa impedida de realizar determinadas contribuciones por su condición de contratista estatal utiliza otra sociedad vinculada para canalizar esos fondos, el problema no sería solamente ético. Estaríamos ante una posible maniobra para eludir las restricciones que establece la legislación electoral.

Cambiar el nombre de la sociedad que realiza el aporte no debería servir para eludir una prohibición legal. Y utilizar una empresa vinculada como intermediaria, si se demostrara esa finalidad, constituiría una burla al espíritu de las normas que regulan el financiamiento político.

La trama incorpora además un dato que vuelve todavía más cuestionable la situación: Luis Pierrini, vinculado a la conducción de Triunfo Seguros, fue designado secretario de Transporte de la Nación. La relación entre las sociedades, los aportes realizados y su posterior incorporación al Gobierno merece explicaciones claras, especialmente por parte de quienes hicieron de la lucha contra los privilegios políticos uno de sus principales compromisos electorales.

Entre los restantes aportantes figura Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza Mendoza y diputado nacional. También aparecen personas vinculadas a cargos y funciones en organismos nacionales como ANSES y PAMI, cuyas designaciones pueden contrastarse con los registros y boletines oficiales correspondientes.

Aportantes LLA 2025