OpiniónPolítica

El chiquero de la política

A menos de un año de las elecciones de 2027, la política mendocina se convierte en un mercado de candidaturas, alianzas de conveniencia y sellos partidarios en alquiler, donde las ambiciones personales desplazan a las ideas y el reparto del poder importa bastante más que los intereses de los ciudadanos.

Por Damián Córdoba

Publicado

chanchos
Hemos naturalizado una degradación de la política que debería resultar alarmante para cualquier democracia: los partidos han dejado de ser organizaciones que reúnen a ciudadanos alrededor de ideas y proyectos comunes para convertirse en estructuras que reúnen a políticos alrededor de sus propias conveniencias, un fenómeno que atraviesa a la Argentina y que, en Mendoza, adquiere características particularmente grotescas. Los partidos políticos han ido perdiendo su identidad hasta quedar reducidos a una marca comercial, una etiqueta que se ofrece en el mercado electoral y que buena parte de la sociedad compra sin detenerse demasiado a examinar los ingredientes, la procedencia o, mucho menos, las contradicciones de quienes la comercializan.
A menos de un año de las elecciones de 2027, el panorama electoral mendocino se presenta como un territorio de fronteras difusas, donde resulta cada vez más difícil establecer qué representa cada espacio y qué alternativas reales encontrará el ciudadano cuando llegue el momento de votar. Los dirigentes de las distintas fuerzas políticas parecen haber abandonado cualquier pretensión de construir una propuesta reconocible y se dedican, con una ansiedad apenas disimulada, a perseguir encuestas en busca de algún caballo ganador sobre el cual apostar sus fichas, como si la política no fuera otra cosa que una carrera de oportunistas detrás del próximo favorito.
No hay programas de gobierno, no hay rumbo ni tampoco demasiado interés en disimular esa ausencia de ideas, porque lo que alguna vez fue una competencia entre proyectos de sociedad se ha transformado en un patético concurso de popularidad, un penoso reality show en el que los dirigentes pagan entrevistas, contratan publicidad en redes sociales y multiplican sus apariciones públicas con el único propósito de recordarle al electorado que todavía existen. Lo que no consiguen demostrar, ni parecen especialmente preocupados por hacerlo, es que detrás de semejante despliegue de vanidad haya algún programa de gobierno destinado a beneficiar a alguien que no pertenezca al círculo de amigos de los propios políticos.

 «Cornejo es un dictador»

Con esas palabras, Javier Milei describía a Alfredo Cornejo durante la campaña de 2023, en un contexto en el que sus declaraciones podían interpretarse como un apoyo indirecto a Omar De Marchi y a aquella Unión Mendocina que hoy parece haber desaparecido del mapa político con la misma velocidad con la que había irrumpido. Tres años después, las necesidades electorales han conseguido lo que ninguna reconciliación ideológica hubiera podido justificar: Milei coquetea con Cornejo porque necesita de su capacidad política en el congreso para apuntalar su proyecto de reelección, mientras que el gobernador mendocino descubre en el presidente a un aliado tan conveniente como incómodo.
Pero Cornejo, que conoce como pocos el arte de administrar las alianzas sin perder el control de los resortes del poder, ya habría establecido una condición que revela hasta qué punto la disputa se encuentra atravesada por intereses personales antes que por diferencias doctrinarias: Luis Petri no debe participar de ese armado.
Conviene recordar, para algún desprevenido, que Petri no es precisamente un recién llegado a la política ni un liberal que haya descubierto tardíamente su vocación por la vida pública, sino un dirigente que lleva más de veinte años ocupando cargos electivos bajo el paraguas de la Unión Cívica Radical. Hay que reconocerle, sin embargo, una habilidad extraordinaria para adaptarse a las circunstancias: el mismo dirigente que alguna vez impulsó la Revisión Técnica Obligatoria y que podía desarrollar con notable solvencia un discurso en defensa de la Ley de Alquileres terminó, por una de esas piruetas que solamente la política argentina permite ejecutar sin pedir explicaciones, convertido en un liberal más fervoroso que Milton Friedman y en compañero entrañable del presidente de la Nación.
Esa cercanía con Milei, que para Petri representa probablemente su principal capital político, constituye al mismo tiempo un problema para Cornejo, porque introduce en la negociación un actor que pretende jugar con cartas propias y que amenaza con alterar los términos de una alianza diseñada, en principio, para que el gobernador conserve el control territorial mientras el presidente aporta la marca electoral.
El inconveniente adicional de Cornejo es que ninguno de sus posibles sucesores parece terminar de consolidarse como una figura capaz de garantizar la continuidad del proyecto, mientras otro radical, Ulpiano Suárez, intendente de la capital mendocina y representante de un sector que mantiene sus diferencias con el cornejismo, comienza a insinuar que también pretende participar de la disputa por la gobernación.

cabaret
El cabarulo radical

El radicalismo mendocino atraviesa una etapa de promiscuidad política difícil de disimular, en la que las lealtades parecen durar exactamente lo mismo que la conveniencia de sostenerlas y donde cada dirigente intenta negociar su futuro antes de que el mercado electoral termine de definir cuánto vale realmente su apellido.

Por ahora, solamente los candidatos que cuentan con el respaldo de Cornejo pueden presumir de tener asegurado un espacio desde el cual competir, mientras Petri y Suárez se dedican a incrementar su cotización política con la esperanza de conseguir, llegado el momento, alguna estructura partidaria que puedan comprar, alquilar o incorporar a sus respectivos proyectos sin tener que pagar un precio demasiado elevado.

El mecanismo es conocido y tiene poco de novedoso: los partidos se alquilan a cambio de lugares en las listas, cargos futuros o promesas de participación en un eventual gobierno, aunque esa generosidad negociadora tropieza siempre con un inconveniente bastante menos ideológico que aritmético, porque cada espacio cedido a un nuevo socio representa un lugar menos para los amigos del campeón, esos dirigentes que llevan años acompañando al poder y que difícilmente aceptarán quedarse sin su correspondiente tajada.

El problema, en definitiva, no es la ausencia de apetito sino la desproporción entre la cantidad de comensales y el tamaño de una torta que, por más que se la reparta con habilidad, nunca alcanza para satisfacer a todos.

Petri, mientras tanto, coquetea con la posibilidad de construir su propio partido, una aventura que pondría a prueba cuánto de su capital electoral le pertenece verdaderamente y cuánto depende de su proximidad con Milei, mientras Suárez se ha puesto los cortos y ha salido a recorrer el territorio provincial para exhibir una capacidad de convocatoria que pretende proyectar más allá de los límites de la capital mendocina, aunque esas incursiones también dejan al descubierto que su estructura territorial sigue siendo casi tan limitada como la de su competidor.

Lo más curioso es que, en medio de esta disputa entre radicales que se presentan bajo distintas identidades, buena parte de los partidos no peronistas y ajenos a la izquierda parecen resignados a participar de una gigantesca interna radical, en la que sus respectivas tradiciones políticas importan bastante menos que la posibilidad de conseguir un lugar dentro del próximo reparto.

El PRO todavía no termina de resolver si será petrista, cornejista o allasinista, una indefinición que encuentra su mejor expresión en Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, nave insignia del partido y rey de las rotondas, quien parece haber aprendido de los grandes maestros de la promiscuidad política una lección elemental: no casarse con nadie mientras resulte más rentable repartir flores y bombones entre todos los que aparezcan con alguna posibilidad en las encuestas.

Desde el petrismo afirman, sin demasiados rodeos, que el Partido Demócrata les ha jurado amor incondicional, aunque por ahora no aparecen señales de que ese sentimiento sea correspondido con el mismo entusiasmo. El exministro tiene a su alrededor demasiados caciques esperando una oportunidad como para comprometer anticipadamente lugares con el partido conservador que, por el momento, se encuentra en la incómoda posición de ofrecer una fidelidad que sus potenciales socios no parecen demasiado dispuestos a recompensar.

Los sellos de goma

En este escenario, la familia Menem parece decidida a avanzar con una estrategia orientada a eliminar del mapa electoral a los denominados sellos de goma, esas organizaciones cuya principal actividad política consiste en poner su personería jurídica a disposición del mejor postor, generalmente algún dirigente sin estructura propia que necesita resolver con una alianza electoral lo que no ha sido capaz de construir mediante la militancia, la organización territorial o la representación de una idea.

La paradoja es que ese mecanismo fue precisamente uno de los instrumentos que permitieron presencia electoral de Javier Milei en numerosas provincias, donde La Libertad Avanza necesitó parasitar estructuras ajenas para presentarse electoralmente, aunque ahora, una vez conquistado el poder, sus operadores parecen haber descubierto que aquello que fue útil para llegar puede resultar peligroso para conservarlo.

Quizás detrás de esa ofensiva se esconda una intención mucho más ambiciosa que la simple depuración del sistema partidario: impedir aventuras autónomas como la que podría intentar Petri y concentrar la competencia electoral en una polarización cada vez más rígida entre kirchnerismo y antikirchnerismo, un esquema que reduce las alternativas disponibles para el ciudadano, pero que facilita enormemente la administración del poder a quienes consiguen apropiarse de alguno de esos dos grandes espacios.

La contradicción más grotesca de esta cruzada es que La Libertad Avanza se ha convertido, probablemente, en el mayor sello de goma de la política argentina, una organización que presume de representar una revolución de las ideas mientras carece de mecanismos efectivos de democracia interna, de una vida partidaria reconocible y de una conducción política que responda a sus afiliados antes que a los intereses de quienes administran la franquicia.

Lejos de constituirse en una herramienta de participación y desarrollo político, LLA funciona cada vez más como una moneda de cambio, un instrumento de presión y negociación que permite disciplinar dirigentes, condicionar alianzas y distribuir candidaturas según las conveniencias de una conducción nacional que parece considerar a los partidos políticos no como instituciones de la democracia, sino como bienes registrables cuya titularidad otorga el derecho exclusivo de decidir quién puede competir y quién debe quedarse afuera.

El resultado es una situación particularmente incómoda para los propios mileístas mendocinos, que podrían encontrarse ante la obligación de votar con el corazón partido, eligiendo entre la "La Libertad Avanza" oficial de la familia Menem, que hoy administra la franquicia "libertaria", y el proyecto político del hombre que presume de ser amigo personal del presidente.

Una situación que refleja con bastante claridad la degradación de nuestra política, donde los dirigentes cambian de partido para conservar sus oportunidades de poder, los partidos abandonan sus principios para negociar candidaturas y los ciudadanos terminan eligiendo entre opciones que poco tienen que ver con las ideas que dicen representar, porque lo que determina las alianzas ya no son las convicciones ni los proyectos de gobierno, sino las conveniencias personales de quienes aspiran a ocupar un cargo.

Al final, en este chiquero nadie parece discutir seriamente qué provincia quiere construir, qué problemas pretende resolver o qué intereses de la sociedad aspira a representar; la única discusión verdaderamente importante consiste en determinar quién se queda con el sello, quién encabeza la lista y cuántos lugares habrá que repartir para que todos los participantes del negocio puedan seguir viviendo de él.

Y mientras los políticos negocian el precio de sus lealtades, la sociedad vuelve a quedar reducida al papel de espectadora de una elección en la que se le permite votar, pero cada vez menos elegir.