El caballo de Troya de las reformas políticas

El problema aparece cuando se pasa del eslogan al funcionamiento real de la política.

La legislación vigente impone a los partidos una estructura administrativa, electoral y logística que necesariamente requiere dinero. La pregunta entonces es inevitable: ¿de dónde sale?

La respuesta habitual de la política argentina es bastante menos romántica que el relato del “autofinanciamiento”. LLA, como cualquier otra fuerza que alcanza una cuota significativa de poder, dispone directa o indirectamente de una estructura sostenida alrededor del Estado. Es una constante del sistema político: asesores, secretarios, directores, subdirectores, contratados y, en no pocos casos, empleados cuya función pública resulta difícil de identificar terminan conformando parte de la estructura económica y militante de los partidos.

Una parte de esas personas aporta dinero de sus salarios para sostener la organización política.

El problema no es solamente contable. Este mecanismo altera los incentivos del sistema: ocupar espacios de poder deja de ser únicamente una herramienta para ejecutar políticas públicas y pasa también a convertirse en un mecanismo para financiar la propia supervivencia partidaria.

Así, la conquista del Estado financia la estructura necesaria para conservar el Estado.

Todos los gobiernos, tarde o temprano, hablan de avanzar sobre reformas políticas o electorales. Y generalmente lo hacen acompañados de argumentos suficientemente razonables como para convencer a una población cansada de disputas partidarias que parecen tener poca relación con sus problemas cotidianos.

Las reformas suelen incluir modificaciones al sistema de votación, cambios en los calendarios electorales, nuevas condiciones para constituir partidos o mayores exigencias para competir.

Hoy existen dos argumentos especialmente difíciles de discutir: el costo de las elecciones y el hartazgo social expresado, entre otras cosas, en la caída de la participación electoral.

El costo, sin embargo, no debería transformarse automáticamente en un problema si todavía consideramos que la democracia tiene un valor que justifica su funcionamiento.

En Mendoza, durante 2025, las elecciones concurrentes provinciales y nacionales representaron un costo inferior a los $4.000 por cada ciudadano empadronado. Una porción muy importante de ese gasto estuvo vinculada con la contratación de la logística electoral prestada por el Correo Argentino.

Si verdaderamente preocupa el costo del sistema electoral, probablemente el primer interrogante debería dirigirse hacia esos contratos, su estructura de costos y las alternativas disponibles para organizar la logística electoral, antes que hacia la eliminación de instancias de participación.

Respecto del cansancio ciudadano, el diagnóstico tiene parte de razón.

Sí: para muchas personas resulta agotador votar repetidamente. Pero mucho más agotadoras son las campañas interminables, las promesas, las discusiones permanentes, la saturación publicitaria, las entrevistas pagas, los carpetazos, las operaciones mediáticas, los trolls, los bots y las fake news.

Es un bombardeo difícil de tolerar que pocas veces aporta información útil al votante. Produce ruido, polarización y una creciente animosidad hacia quien piensa distinto, sea etiquetado como “gorila”, “kuka” o “libervirgo”.

Termina sacando lo peor de la discusión pública.

Pero hay una contradicción que pocas veces se señala: ese ecosistema no fue creado por los votantes. Es alimentado, financiado y utilizado por buena parte de los mismos dirigentes que después invocan el “cansancio de la sociedad” como argumento para modificar las reglas electorales.

La cuestión de fondo es otra.

La política, como cualquier estructura de poder, desarrolla mecanismos de supervivencia y perpetuación. Por eso las reformas institucionales nunca deberían analizarse únicamente por los argumentos públicos que las acompañan, sino también por los incentivos que generan y por quiénes resultan beneficiados con las nuevas reglas.

La unificación o el desdoblamiento de elecciones nacionales, provinciales y municipales es un buen ejemplo.

En la práctica, esas decisiones suelen depender mucho más de la conveniencia electoral de los oficialismos que de la comodidad del ciudadano.

El razonamiento del dirigente que controla un Ejecutivo provincial o municipal es bastante sencillo: si necesita la tracción electoral de quien está arriba, intentará coincidir con su elección; si considera que esa asociación lo perjudica, buscará desdoblarla.

No se trata necesariamente de mejorar el sistema. Se trata de maximizar las posibilidades de conservar el poder.

A nivel nacional, la denominada “reforma política” promovida desde sectores centrales de La Libertad Avanza —con los Menem ocupando posiciones determinantes dentro de su estructura— merece ser observada desde esa perspectiva.

El argumento público parece impecable: aumentar las exigencias para constituir y mantener partidos políticos permitiría eliminar los denominados “sellos de goma”, reducir estructuras sin representatividad y ahorrar recursos destinados al financiamiento de la política.

Pero existe otra consecuencia mucho menos mencionada: cada requisito adicional para competir eleva las barreras de entrada al sistema político.

Y cuanto más altas son esas barreras, menor es la cantidad de actores capaces de ingresar.

El resultado potencial no es necesariamente una política mejor. Puede ser simplemente una política concentrada en menos manos.

Si un ciudadano común decide involucrarse en política, básicamente tiene dos posibilidades: crear o integrar un espacio nuevo, o incorporarse a un partido existente y competir dentro de él.

Cuando existen numerosos espacios competitivos, aumentan las posibilidades de encontrar representación, construir alternativas o desplazar dirigentes mediante competencia interna.

Cuando esos espacios disminuyen, ingresar a la política depende cada vez más de quienes ya controlan las estructuras existentes.

Entonces aparece otro mecanismo conocido: tener dinero para “bancar la campaña”, capacidad para negociar con quienes confeccionan las listas o compartir intereses con los propietarios circunstanciales de la lapicera.

Las barreras económicas que supuestamente buscan ordenar el sistema pueden terminar protegiendo a quienes ya están dentro.

El argumento merece ser discutido porque detrás de una aparente simplificación electoral existe una modificación institucional de enorme importancia.

Las elecciones legislativas de medio término no constituyen solamente otra fecha en el calendario. Funcionan como una instancia de evaluación del gobierno y como un mecanismo de corrección del equilibrio de poder durante un mandato.

También permiten que el ciudadano vote fuera de la lógica presidencial o gubernativa del “todo o nada”.

En una elección intermedia no está en juego directamente quién ocupará el Poder Ejecutivo. Eso reduce parcialmente la polarización alrededor de dos grandes candidatos y puede facilitar el ingreso de fuerzas minoritarias y nuevas voces a los cuerpos legislativos.

Eliminar esa instancia significa que gobernador y legisladores serían elegidos bajo una misma ola electoral cada cuatro años.

Y allí aparece un riesgo institucional considerable.

El candidato que obtiene el Ejecutivo tiene grandes posibilidades de arrastrar detrás suyo una representación legislativa considerable. Si toda la composición política relevante se define en una única elección, el efecto mayoritario puede trasladarse simultáneamente al Ejecutivo y al Legislativo.

Las cámaras corren entonces el riesgo de convertirse en una prolongación de la mayoría circunstancial que gobierna, debilitando una de sus funciones fundamentales: controlar, limitar y equilibrar al Poder Ejecutivo.

Una república necesita gobiernos capaces de gobernar. Pero también necesita instituciones capaces de controlarlos.

El problema de muchas reformas políticas es que se presentan como simples mecanismos para ahorrar dinero, reducir elecciones o eliminar partidos irrelevantes. Analizadas aisladamente, esas propuestas pueden resultar razonables.

Analizadas en conjunto, pueden producir algo muy distinto: menos elecciones, menos partidos, mayores requisitos para competir y una creciente dependencia de las estructuras políticas existentes.

Cada medida tiene una explicación defendible. El resultado acumulado puede ser la concentración del sistema.

Ese es el verdadero caballo de Troya que debería preocuparnos.