LICITACIONES
Publicación
- Fecha de publicación
- 29 de octubre de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.708 · páginas 2–99
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
185
FE DE ERRATAS (edicto)
187
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Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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DECRETOS
MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Decreto N°: 2045
MENDOZA, 22 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Nº EX-2024-08271211--GDEMZA-GOBIERNO, mediante el cual se tramita la sanción
de cesantía al agente GASTON MANUEL LASK; y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se inician con motivo de la solicitud del Sr. Subdirector de Servicios
Generales del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, quien mediante nota de fecha
30 de octubre de 2024, solicita la baja automática del agente Gastón Manuel Lask, D.N.I. Nº 24.486.075,
por haber vencido su licencia sin goce de haberes el día 15 de octubre de 2024 y quien hasta la fecha no
se ha presentado en su lugar de trabajo;
Que en orden 03 se encuentra agregada la Resolución Nº 331/2024, mediante la cual se le otorgó licencia
sin goce de haberes al Sr. Gastón Manuel Lask, por el término de tres (3) meses a partir del día 15 de julio
de 2024 debiendo reincorporarse el día 15 de octubre de 2024;
Que, habiéndose vencido la licencia sin goce de haberes de la cual gozaba, el agente Lask habría incurrido
en inasistencias injustificadas los días 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 de octubre de 2024;
Que en orden 04 se adjunta constancia de la suspensión de haberes en el Sistema de Sueldo Signos a
partir del día 15 de julio de 2024;
Que mediante Resolución N° 42/2026 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de
fecha 21 de enero de 2026, se dispuso la instrucción de sumario administrativo al agente Gastón Manuel
Lask, D.N.I. Nº 24.486.075, porque prima facie habría incurrido en inasistencias injustificadas, quedando
incursa en las faltas previstas en el Artículo 5 inciso a) de la Ley N° 9103;
Que la conducta desplegada encuadraría prima facie en las previsiones del Artículo 5 incs. a) y c) del
Anexo I, Título I, Parte General, Capítulo I del Régimen Disciplinario de la Ley Nº 9103, referidas a
inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días y abandono de servicio;
Que de los hechos descriptos precedentemente se presume que el agente LASK GASTON MANUEL, D.N.I
Nº 24.486.075 habría incurrido en conductas que vulnerarían lo establecido en el Artículo 13 inc. a) del
Decreto N° 560/73, el cual dispone: “Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes,
decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a: a) La prestación personal del servicio, con
eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determinen las
disposiciones reglamentarias correspondientes.”;
Que en orden 19 el Jefe de la Oficina General de Sumarios designa Instructora Sumariante a la Dra.
Marianela Bustos Noguerol y Secretario de Actuaciones al Sr. Luciano Sconfienza, quien, en orden 26
acepta el cargo con su primera intervención, ordenando además comunicar la resolución de inicio de
sumario a la Dirección Provincial de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública;
Que en orden 34 la Subdirección de Personal del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo
Territorial informa el último domicilio declarado por el Sr. Gastón Manuel Lask, dando cumplimiento a lo
solicitado en orden 33 por la Instructora Sumariante designada;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 35 obra la Resolución de Avoque e Indagatoria, por la cual se citó al agente GASTON
MANUEL LASK, D.N.I. Nº 24.486.075, a prestar declaración indagatoria en el marco de las presentes
actuaciones, fijándose audiencia para el día 20 de marzo de 2026 a las 11:30 horas en la Sala de
Audiencias de la Oficina General de Sumarios del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo
Territorial. Debido a que no se logró notificar al Sr. Lask en el domicilio declarado, en orden 41 se fija nueva
fecha para la mencionada audiencia para el día 09 de abril de 2026 a las 11:30 horas;
Que durante la tramitación del sumario se intentó citar al agente en reiteradas oportunidades, a fin de que
comparezca a prestar declaración indagatoria, tanto en los domicilios denunciados en su legajo como
mediante correos electrónicos, sin obtener respuesta. Ante la imposibilidad de notificarlo personalmente,
corresponde continuar el trámite mediante notificación por edictos, conforme lo previsto en el Artículo 152
de la Ley Nº 9003;
Que, a fin de garantizar el derecho de defensa del agente, en orden 47 se fija una nueva fecha para que
pueda ejercerlo, informándole claramente sus derechos y plazos;
Que del análisis cronológico y documental del expediente se verifica que el agente solicitó 3 (tres) meses
de licencia sin goce de haberes a partir del día 15 de julio de 2024 debiendo reincorporarse el día 15 de
octubre de 2024, extremo que no ocurrió, sin que existan presentaciones, comunicaciones, certificados
médicos o justificaciones de ningún tipo que expliquen su ausencia. Que a los fines del debido proceso y
garantizar el derecho de defensa, se le otorgó plazo para efectuar descargo, no realizando presentación
alguna;
Que esta conducta omisiva impide considerar circunstancias atenuantes o elementos que pudieran
desvirtuar los hechos imputados, quedando la Administración limitada a ponderar la prueba documental que
acredita la falta de reintegro a las funciones;
Que la doctrina administrativa y jurisprudencia consolidada del Honorable Tribunal de Cuentas y de la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza han señalado de manera uniforme que la ausencia injustificada,
especialmente cuando se prolonga en el tiempo, constituye una de las faltas más graves dentro del ámbito
de la función pública, por cuanto implica abandono de las obligaciones esenciales del cargo y afecta de
manera directa la prestación del servicio público;
Que la falta de presentación de descargo refuerza la presunción de veracidad de los hechos imputados y
deja sin elementos que permitan valorar una eventual justificación, por lo que el plexo probatorio resulta
suficiente y concluyente;
Que se sugiere la sanción de cesantía al Sr. Gastón Manuel Lask de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo
5 inc. a) del Anexo de la Ley N° 9103, que expresamente dice “Son causas para la cesantía: a)
Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término de seis (6)
meses…”;
Por ello conforme lo establece el Artículo 13 inc. a) y b) del Decreto Acuerdo Nº 560/73 y el Artículo 5 inc. a)
de la Ley Nº 9103 y lo dictaminado en orden 58 por la Honorable Junta de Disciplina del Ministerio de
Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1°- Aplíquese la sanción de cesantía al agente GASTON MANUEL LASK, C.U.I.L. Nº 20-24486075-
4, Clase 003- Peón, Régimen Salarial 05-4-02-01, Unidad Organizativa 01-, Jurisdicción 05-, de
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos del presente decreto, por encuadrarse su
conducta dentro de las causales establecidas en el Artículo 5º inc. a) del Anexo I Parte General, Capítulo I,
Régimen Disciplinario Ley Nº 9103 en concordancia con el Artículo 13 inc. a) del Decreto Ley Nº 560/73.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Decreto N°: 1432
MENDOZA, 23 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-02633087- -GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta Nro. EX-
2026-01900811- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex Auxiliar –Personal Policial- CRISTIAN EMMANUEL LOBOS VERA,
interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 1076-SyJ/25, emitida por el Ministerio de
Seguridad y Justicia el día 14 de marzo de 2025;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-00496199- -GDEMZA-CCC (orden 17), el
Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 1076-SyJ/25, mediante la cual aceptó desde el
aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por el ex
Auxiliar P.P. LOBOS VERA contra la Resolución N° 4998-SyJ/24, emitida por el Ministerio de Seguridad y
Justicia para fecha 26 de diciembre de 2024, y que a su vez rechazó sustancialmente, el planteo de nulidad
articulado por el administrado contra la Resolución N° 1775-S/22, dictada por el entonces Ministerio de
Seguridad el día 03 de junio de 2022 bajo el expediente N° EX-2021-06298854- -GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG, y que dispuso la baja obligatoria de LOBOS VERA de conformidad al Art. 58
Inc. 6) de la Ley N° 6722 y modificatorias, al registrar en el período comprendido entre el 19/10/2017 al
19/10/2020 (tres años consecutivos), la cantidad de ciento siete (107) puntos por sanciones disciplinaras;
Que en orden 49, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso incoado, y dictamina que
resulta procedente al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N°
9.003;
Que se agravia el recurrente al considerar que la resolución cuestionada vulnera el derecho de defensa y
las reglas del debido proceso. Sostiene que la resolución se encuentra viciada en los términos del Art. 52,
Incs. A) y B) y Art. 60 Inc. A), siendo su consecuencia la nulidad, de conformidad con lo establecido por el
Art. 72, todos de la Ley 9003;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) De la compulsa de las actuaciones venidas a revisión, surge en definitiva, que el recurrente
sólo se limita a disentir del criterio adoptado por la autoridad administrativa en el ejercicio propio de sus
competencias, pero no demuestra la existencia de vicios o arbitrariedades que permitan a esta altura de los
procedimientos, tomar una decisión distinta a la ya adoptada. Las resoluciones dictadas con anterioridad,
se encuentran debidamente fundadas y motivadas, ajustándose a las previsiones del orden normativo. Se
ha otorgado derecho al administrado a ofrecer descargo, a ser oído de acuerdo con el Art. 147 de la Ley N°
6722,
según
constancias
de
orden
07
del
expediente
EX-2021-06298854-
-GDEMZA-
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
MESAENTGENERAL#MSEG. Por ello, no se advierte en el dictado de los actos administrativos
cuestionados por esta vía, vicios o irregularidades que hagan procedente el remedio deducido, por lo que
corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del Recurso Jerárquico impetrado….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 49,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el ex Auxiliar –Personal Policial- CRISTIAN EMMANUEL LOBOS VERA, D.N.I.
N° 33.464.051, en contra de la Resolución N° 1076-SyJ/25 emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia
para fecha 14 de marzo de 2025.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1746
MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-03960985-GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta N° EX-
2026-04324331- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el Sr. Elías Marcos Gabriel CUENCA MATIAS, interpone Recurso de
Revocatoria en contra del Decreto N° 781/26, de fecha 23 de abril de 2026;
Que
en
el
marco
del
expediente
administrativo
N°
EX-2025-08751151-
-GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG (orden 26), se dictó el Decreto N° 781/26, mediante el cual se dispuso la no
confirmación en el cargo del Oficial Subayudante –Personal Policial- Elías Marcos Gabriel CUENCA
MATIAS, quien había sido designado en las Policías de Mendoza por Decreto N° 1142/25 de fecha 28 de
mayo de 2025;
Que en orden 22, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso incoado: “…el decreto
cuestionado fue notificado en fecha 29 de abril de 2026, y el recurso fue presentado en fecha 21 de mayo
de 2026, de acuerdo con las constancias de orden 03, por lo que ha sido presentado en el plazo y
condiciones previstas en el Art. 177 de la Ley 9.003.”;
Que en su escrito recursivo CUENCA MATIAS manifiesta que el Decreto de no confirmación ha sido
dispuesto antes del término de los doce (12) meses de designación. Considera que no ha mediado
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
circunstancia grave; y que la suspensión voluntaria del servicio puede ser revocada mientras que la
renuncia no haya sido aceptada;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) Adelantando la opinión de Asesoría de Gobierno, entiendo no asiste razón al administrado,
atento al texto expreso del Art. 47 de la Ley N° 6722, que establece la designación en forma interina por el
término de doce meses, y lo previsto en el Art. 3 última parte del Decreto Reglamentario N° 955/16. En el
caso traído a revisión, se configura el supuesto previsto en el ordenamiento jurídico, que ha sido
debidamente analizado y merituado tanto por el Jefe de Policías en orden 07 y por el Equipo Técnico,
según consta en el número de orden 11, ambos del expediente EX-2025-08751151--GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG, donde el mismo ha determinado que no existe adaptación al régimen del
funcionario policial, por lo que el Decreto cuestionado se ajusta perfectamente a las previsiones legales. El
hecho que dio origen al Decreto cuestionado aconteció a menos de cinco (5) meses de la designación
efectuada por Decreto N° 1142/25, de fecha 28 de mayo de 2025, y si constituye un hecho grave que afecta
la prestación de servicio.
Finalmente, es de destacar, que no se acredita en el caso traído a dictamen, la violación a los derechos
constitucionales, y la decisión cuestionada aparece ajustada a derecho y ha sido dictada dentro del
ordenamiento jurídico aplicable. El acto administrativo cuestionado por esta vía aparece debidamente
fundado y motivado, tanto en los hechos como en el derecho, careciendo de vicios o defectos que hagan
admisible el remedio intentado. Por las razones expuestas, corresponde la admisión formal y el rechazo
sustancial del Recurso de Reconsideración intentado….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 22,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Revocatoria interpuesto por el Sr. ELIAS MARCOS GABRIEL CUENCA MATIAS, D.N.I. N° 46.399.318, en
contra del Decreto N° 781/26, de fecha 23 de abril de 2026, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2° - A fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley N° 9003, se hace constar al interesado, que
cuenta para la impugnación del Decreto que resuelve el presente Recurso de Revocatoria, con la Acción
Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, la que puede ser deducida dentro de los treinta (30)
días corridos a contar desde la notificación del presente Decreto.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1765
MENDOZA, 27 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-03248238- -GDEMZA-CCC; y
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. AGUILERA CORTES, MONICA
GABRIELA, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° S.P. 0263/26, emitida por la Junta
de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia el día 23 de marzo de 2026; y contra la Resolución
D.G.S.P. N° 0407/26, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza, fechada 23 de abril de
2026;
Que en el marco del expediente administrativo EX-2024-03380053- -GDEMZA-IGS#MSEG, caratulado:
"SUMARIO", la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° S.P.
0263/26 (orden 52), mediante la cual aplicó a la Suboficial Subayudante S.C.S. AGUILERA CORTES, la
sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al determinarse que con su
accionar infringió el Régimen Disciplinario Penitenciario, Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493, en
concordancia con los Arts. 10 y 88, y su agravante, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15;
Que en orden 61 del Sumario Administrativo N° EX-2024-03380053- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra
Resolución D.G.S.P. N° 0407/26, por la cual el Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza
dispuso el pase a "Revista Pasiva" y por el término de cincuenta (50) días, de la Suboficial Subayudante
S.C.S. AGUILERA CORTES, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493;
Que en orden 17, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: "...la sanción de
suspensión cuestionada, fue notificada a la administrada en fecha 24 de abril de 2026, según constancias
de orden 64 del sumario administrativo, y el recurso presentado en fecha 28 de abril de 2026, por lo que
corresponde su admisión al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la
Ley N° 9.003.";
Que se agravia la recurrente al considerar que se ha visto vulnerado el derecho de defensa y el principio de
legalidad, como así también principios consagrados en la Ley N° 9003. Sostiene que la sanción aparece
como excesiva, de acuerdo con la graduación de la falta imputada, y que no ha habido obrar doloso de su
parte. Argumenta que la resolución carece de motivación suficiente y que viola el principio de congruencia.
Peticiona también la nulidad de la Resolución D.G.S.P. N° 0407/26, emitida por el Director del Servicio
Penitenciario y que dispuso su pase a Revista Pasiva;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: "(…) Conforme surge de las constancias acompañadas, la administrada ha tenido oportunidad de
ejercer su derecho de defensa, se han respetado las normas del debido proceso legal (orden 21, 39, 44 del
sumario administrativo). La falta administrativa cuestionada, ha sido debidamente individualizada, tanto en
los hechos como fundada la sanción aplicada en las normas que rigen al personal penitenciario, careciendo
de sustento los agravios invocados. Asimismo, la sanción impuesta aparece como justa y proporcionada,
por lo que no se advierte irrazonabilidad ni arbitrariedad que hagan revisable a esta altura de los
procedimientos la decisión adoptada por la autoridad en ejercicio de su competencia. A fin de valorar el
quantum de la sanción aplicada por la autoridad administrativa en el ejercicio propio de sus competencias,
se valoraron las circunstancias agravantes previstas en el ordenamiento que rige al personal penitenciario,
por lo que aparece como justa y proporcionada. Sostiene la recurrente que los Arts. 204 y 207 de la
Resolución 143-T/15 establecen una correspondencia entre categoría de falta y sanción, de modo que la
suspensión sólo sería posible para faltas gravísimas. El agravio no puede prosperar, toda vez que la Ley N°
7493 regula todo el régimen disciplinario, estableciendo en su Art. 35 las sanciones aplicables:
apercibimiento, arresto, suspensión, cesantía y exoneración. El régimen establecido en la Ley especial
prevalece sobre la Resolución 143-T/15. Por otro lado, esta normativa reglamentaria no puede de modo
alguno, restringir una facultad disciplinaria reconocida por aquella. Interpretar los Arts. 204 y 207 como una
prohibición absoluta de aplicar suspensión fuera de los supuestos gravísimos, implicaría alterar la escala
legal prevista por la Ley N° 7493. Las normas citadas no fijan parámetros inamovibles ni resulta de
interpretación restrictiva y taxativa. En efecto, de la lectura de los artículos citados surge que los mismos
establecen que: “podrá aplicarse…”, siendo por ende una potestad de la autoridad administrativa y no un
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
deber ya impuesto, estableciendo en definitiva la facultad de la Administración en la aplicación de las
sanciones previstas en el ordenamiento jurídico. Por ello, y a fin de determinar la potestad disciplinaria de la
autoridad competente, debe realizarse una interpretación armónica de los Arts. 35 y 42 de la Ley N° 7493 y
de los Arts. 198, 204 y 207 de la Resolución N° 143-T/15. Como otro elemento más de convicción de la
razonabilidad de la sanción aplicada, es la modificación introducida a la Ley N° 9103 (Régimen disciplinario
del empleado Público previsto en el Decreto 560/73) por la Ley N° 9550, que establece como causal de
cesantía, la presentación con cualquier finalidad de un certificado médico falso, ya sea que la falsedad,
debidamente constatada, sea material o ideológica. En ese orden de ideas, cabe recordar que el régimen
del empleado público resulta de aplicación supletoria al personal penitenciario, conforme el Art. 232 de la
Ley N° 7493. Por ello, y teniendo en consideración la sanción de 50 días de suspensión aplicada, no
resulta excesiva ni irrazonable, es más resulta menos gravosa que la establecida por el legislador para
otros regímenes jurídicos. Finalmente analizado el pedido de suspensión de la ejecución del acto, surge
que no se configura el supuesto previsto en el Art. 83 de la Ley N° 9003, por lo que la pretensión resulta
inadmisible. En definitiva, no se advierte en el dictado de los actos administrativos cuestionados por esta
vía, vicios o irregularidades que hagan procedente el remedio deducido, por lo que corresponde la admisión
formal y el rechazo sustancial del recurso jerárquico impetrado...";
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 17,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. AGUILERA CORTES, MONICA GABRIELA,
D.N.I. N° 34.068.027, en contra de la Resolución N° S.P. 0263/26, emitida por la Junta de Disciplina del
Ministerio de Seguridad y Justicia el día 23 de marzo de 2026; y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0407/26,
de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza, con fecha 23 de abril de 2026.
Artículo 2° - Desestímese el pedido de nulidad realizado por la Suboficial Subayudante S.C.S. AGUILERA
CORTES, MONICA GABRIELA, D.N.I. N° 34.068.027, respecto de la sanción de cincuenta (50) días de
suspensión laboral impuesta mediante Resolución N° S.P. 0263/26, emitida por la Junta de Disciplina del
Ministerio de Seguridad y Justicia el día 23 de marzo de 2026.
Artículo 3° - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por la Suboficial
Subayudante S.C.S. AGUILERA CORTES, MONICA GABRIELA, D.N.I. N° 34.068.027, al no configurarse
ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 4° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 5° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1775
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
MENDOZA, 27 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-01446359-GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas Nros.
EX-2025-08785183-GDEMZA-CCC,
EX-2023-04544521-GDEMZA-IGS#MSEG
y
EX-2025-03669195-
GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Auxiliar –Personal Policial- Claudia Fabiana OROZCO GIL, interpone
Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 349-SyJ/26, dictada por el Ministerio de Seguridad y
Justicia el día 29 de enero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-08785183- -GDEMZA-CCC (orden 20),
tramitado en forma conjunta con las presentes actuaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la
Resolución N° 349-SyJ/26, mediante la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto
sustancial, el Recurso Jerárquico articulado por OROZCO GIL contra la Resolución N° P.M. 953/25, emitida
por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 07 de octubre del 2025;
Que en orden 73 del expediente vinculado EX-2023-04544521- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución N°
P.M. 953/25, por la cual la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia admitió desde el
aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Reconsideración formulado por la
administrada contra la Resolución N° P.M 250/25, fechada 14 de marzo del 2025 y por la cual se le aplicó a
la funcionaria policial OROZCO GIL, una sanción de diez (10) días de suspensión, al determinarse que con
su accionar, infringió el Régimen Disciplinario Policial, en su Art. 101 Inc. 02), en función con el Art. 43 Incs.
3) y 4), todos de la Ley N° 6722/99;
Que en orden 17, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N°
9.003….”;
Que en su escrito recursivo, OROZCO GIL cuestiona el rechazo de la suspensión del sumario a prueba, y
aduce que la sanción aplicada es desproporcionada y violatoria de principios administrativos consagrados
en la Ley N° 9003;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el planteo resulta improcedente. La Ley N° 6722
dispone en el Art. 119 que si se dispusiera la Suspensión del Sumario a Prueba, se seguirán en lo
pertinente, las disposiciones referidas del C.P.P., y en el caso de marras, se debe rechazar el pedido de
suspensión de sumario a prueba, en razón de la extemporaneidad del pedido y lo establecido en el artículo
30 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, en cual en su 6to párrafo establece: “No
procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones,
hubiese sido el autor o participe en cualquier grado, respecto al delito investigado”. Tampoco se verifica en
el caso, la desproporcionalidad de la sanción o exceso de punición. La sanción aplicada resulta ser
ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la
conducta comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. La perturbación del servicio –que en el caso
indudablemente se verifica- es una pauta de proporcionalidad convalidada por la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia en Autos 86.641, caratulados "Bilbao, Franklin Rubén Eduardo C/ Provincia De Mendoza
S/APA"…. Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es
congruente, no contradictoria, e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan
razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los
elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material
de los hechos investigados y la autoría de la agente sancionada. El acto administrativo en cuestión, cumple
acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente
legítimo. En base a lo expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose
en consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 17,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la Auxiliar –Personal Policial- Claudia Fabiana OROZCO GIL, D.N.I. N°
23.173.736, en contra de la Resolución N° 349-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia
para fecha 29 de enero de 2026, por las razones de hecho y de derecho expuestas en los considerandos
precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1843
MENDOZA, 01 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-04124070- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Sra. Joana Gabriela BAZÁN MORENO interpone Recurso Jerárquico en
contra de la Resolución N° 1887-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia el día 05 de mayo
de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2026-02946561- -GDEMZA-CCC (orden 12), el
Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 1887-SyJ/26, mediante la cual admitió desde el
aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria articulado por la
administrada en contra de la Resolución N° 1333-SyJ/26, de fecha 01 de abril de 2026, que a su vez
rechazó el reclamo efectuado por BAZÁN MORENO relacionado con su nombramiento como Auxiliar de la
Policía de Mendoza;
Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “Analizado el
aspecto formal del remedio en trato, el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y
condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N° 9003.”;
Que BAZÁN MORENO se agravia reiterando argumentos esgrimidos en instancias anteriores,
considerando que la decisión impugnada resulta arbitraria y desatiende principios constitucionales básicos,
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como el principio de inocencia y de igualdad, como también el derecho al trabajo. Alega asimismo, haber
cumplido la totalidad de los requisitos de formación dispuestos para su nombramiento, y que al día de la
fecha no registra antecedentes penales;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) En el aspecto sustancial, entiendo no asiste razón a la administrada, por cuanto la
Resolución se ajusta a las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley N° 6722 y Decreto
reglamentario, que exige que el aspirante justifique antecedentes personales de buena conducta e
idoneidad moral. El Art. 49 inc. 6) de la Ley 6722 y su decreto reglamentario, exige acreditar antecedentes
de buena conducta y condiciones morales. De las constancias del expediente de nombramiento, surge la
existencia del Expediente Penal N° P-16156/15, en el cual la recurrente fue declarada penalmente
responsable como coautora del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, aun cuando se
dispusiera su absolución por innecesaridad de pena por ser menor de edad. Así la idoneidad exigida para la
función policial no se limita a la inexistencia de condenas, sino que comprende una valoración integral de la
conducta. En ese orden de ideas, esta Asesoría en dictámenes anteriores, se ha expedido respecto a la
inaplicabilidad del Decreto 955/16, de acuerdo con numerosos antecedentes jurisprudenciales, relacionado
con la declaración de inconstitucionalidad de la norma aplicada. En el caso de marras, y sin contradecir el
criterio anterior, el acto administrativo atacado que rechaza el nombramiento de la aspirante, no tiene
fundamento únicamente en un antecedente penal de absolución de condena por delito doloso, también
expresa fundamentos de moralidad e idoneidad que debe reunir todo aspirante a la función policial para ser
nombrado en el cargo de Auxiliar de la Policía de la Provincia de Mendoza. En virtud de lo expuesto,
corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial, el recurso intentado….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la Sra. JOANA GABRIELA BAZÁN MORENO, D.N.I. N° 40.218.537, en contra de
la Resolución N° 1887-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 05 de mayo de
2026.
Artículo 2° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1844
MENDOZA, 01 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-01566344- -GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas
Nros.
EX-2023-09344617-
-GDEMZA-IGS#MSEG,
EX-2026-00981460-
-GDEMZA-CCC,
EX-2026-
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
02076627- -GDEMZA-CCC, EX-2026-02177167- -GDEMZA-CCC y EX-2026-03143821- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la ex Agente S.C.S. ROXANA ALEJANDRA JOFRE GONZALEZ, interpone
Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 187-SyJ/26, de fecha 20 de enero de 2026, y contra la
Resolución N° 772-SyJ/26, de fecha 23 de febrero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2023-09344617- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 54),
caratulado: “SUMARIO”, el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 187-SyJ/26, mediante
la cual aplicó a la recurrente, la sanción expulsiva de cesantía prevista en el Art. 35 de la Ley N° 7493, por
la comisión de la falta prevista en el artículo 8 Incs. a) y l), artículo 24 Inc. 4) y artículo 24 bis, todos de la
Ley N° 7493, en función con los artículos 1 (I) y 4 de la Resolución N° 143-T/15 (Reglamento Disciplinario
para el Personal Penitenciario), por no haber acreditado tener título de ciclo polimodal, secundario o
equivalente;
Que bajo el expediente N° EX-2026-00981460- -GDEMZA-CCC (orden 17), el Ministerio de Seguridad y
Justicia dictó la Resolución N° 772-SyJ/26, por la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el
aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria presentado por la administrada contra la Resolución N° 187-
SyJ/26;
Que a través de los expedientes EX-2026-02076627- -GDEMZA-CCC y EX-2026-02177167- -GDEMZA-
CCC, la ex Agente S.C.S. ROXANA ALEJANDRA JOFRE GONZALEZ, presentó ampliaciones al Recurso
Jerárquico incoado. En expediente EX-2026-03143821- -GDEMZA-CCC (orden 02), solicitó “Pronto
Despacho” de las actuaciones administrativas;
Que en orden 14, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…La resolución
impugnada fue notificada en fecha 27/2/2026 (v. acta orden 22 EX-2026-00981460) y el recurso presentado
el día 2/3/2026 (según la fecha de creación del ticket de orden 3), por lo que a criterio de esta Asesoría de
Gobierno, se impone admitirlo formalmente, por haberse interpuesto dentro del término previsto por el Art.
179 de la Ley N° 9003….”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso presentado y dictamina: “…
las actuaciones disciplinarias EX-2023-09344617- -GDEMZA-IGS#MSEG, se iniciaron con la Res. 922/23
de fecha 28/11/2023, emitida por el Directorio de la IGS (orden 2), en función del presunto incumplimiento
de los deberes impuestos por el estado penitenciario por parte de varios agentes, entre ellos la agente
Roxana Alejandra Jofré González, que adeudaban el título de estudios secundarios o equivalente. En el
orden 12 de las referidas actuaciones disciplinarias, obra el acta de Declaración Indagatoria de la
sumariada, y en el orden 16, la notificación de la clausura del sumario conforme Art. 75 de la Ley N° 7493.
En el orden 17 glosan las conclusiones del Instructor, quien sugiere se disponga la cesantía de Jofré. En el
orden 25, el Directorio de la IGS comparte el informe del sumariante y pone los autos para alegar,
efectuándose la respectiva notificación a la agente en el orden 27. La Junta de Disciplina del Ministerio de
Seguridad y Justicia en el orden 35, emitió el Dictamen N° 1040/25, en el cual coincidió con las
conclusiones del Instructor y con la sanción sugerida. Finalmente, mediante Res. 187-SyJ/25 (orden 54) se
le aplicó a la recurrente la sanción de cesantía prevista por el Art. 35 de la Ley N° 7493. Ingresamos a
continuación al tratamiento de los agravios: - En primer lugar, postula la recurrente que la notificación
obrante en el orden 93 del expediente EX-2023-07429248, no puede ser considerada una intimación válida
a los efectos de habilitar consecuencias expulsivas, ya que se limitó a requerir la presentación de
documentación. Por nuestra parte, advertimos que en el orden 5 del expediente EX-2023-07429248- -
GDEMZA-IGS#MSEG, obran los emplazamientos cursados en fecha 2023-08-03 a diversos funcionarios
penitenciarios, entre ellos Jofré, cuyo texto se transcribe a continuación: “VISTO: El estado procesal del
expediente EX-2023-03554183--GDEMZA-IGS#MSEG, caratulado: ‘SOLICITUD DE INFORME SOBRE
PERSONAL NOMBRADO A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 7493 QUE NO HA FINALIZADO LOS
ESTUDIOS SECUNDARIOS’.CONSIDERANDO: Que, atento al estado actual del presente expediente
administrativo, consta precisamente a orden N° 06 nómina del personal penitenciario que adeuda Título de
Estudios secundarios. Es por ello que esta instrucción; RESUELVE: 1. Emplazar al encartado Agente S.C.S
JOFRE GONZALEZ, ROXANA ALEJANDRA, D.N.I. N° 22.979.958, a que por intermedio del presente
correo oficial, mlopardo@mendoza.gov.ar, adjunte toda la documentación que estime pertinente, a los
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efectos de acreditar la obtención de “Título de ciclo polimodal, secundario o equivalente”, conforme lo exige
el Art. 24 Inc. 4) de la Ley N° 7493. 2. Fijar al efectivo penitenciario, un plazo de 10 días hábiles
administrativos a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente, conforme lo establece el Art.
160 de la Ley N° 9003. Ello bajo apercibimiento de iniciar Información Sumaria administrativa”. Así pues, la
simple lectura del emplazamiento, permite descartar el cuestionamiento de Jofré: la conminación a
acreditar documentadamente la obtención del título secundario fue efectuada bajo apercibimiento de iniciar
un procedimiento disciplinario, el cual por definición es eventualmente sancionatorio y expulsivo. - Por otra
parte, aduce la recurrente que la sanción es inválida por cuanto durante más de una década la
Administración omitió ejercer de manera diligente sus funciones de control respecto del cumplimiento del
requisito educativo. Tampoco puede lógicamente prosperar este agravio. Tal como da cuenta el legajo
laboral de Jofré (obrante en el orden 06 del expediente EX-2023-09344617), su ingreso al Servicio
Penitenciario se produjo el 02/11/2009, ya durante la vigencia del término de dos años previsto por el Art. 9
de la Ley N° 7878 para el ingreso excepcional sin título polimodal, secundario o equivalente, pero bajo la
condición obligatoria de obtenerlo en el plazo de veinticuatro (24) meses (plazo posteriormente ampliado y
prorrogado por imperio de las Leyes Nros. 8255 y 8467). La tolerancia que permitió a quienes no obtuvieron
el título, continuar ejerciendo su cargo luego del vencimiento de dichos términos, no genera ningún derecho
ni deroga la obligación de acreditar la obtención del título ni las consecuencias de su incumplimiento,
previstas en la última parte del artículo 9 de la Ley N° 7878: “Vencido dicho plazo sin que se hubiera
cumplimentado la acreditación del título del ciclo polimodal, secundario o equivalente, el agente
penitenciario cesará en sus funciones”. Como se ha dicho en los dictámenes legales precedentes, aún si
existieron falencias de control en etapas anteriores, ello no convierte en legítimo lo que resulta contrario a
un requisito esencial. No hay derechos adquiridos a la permanencia en el cargo en condiciones
normativamente inválidas. La estabilidad del empleo público, sólo protege situaciones jurídicas regulares, y
en el caso el título secundario, es requisito de aptitud e idoneidad para el desempeño de funciones como
personal penitenciario. - Se agravia asimismo Jofré, invocando que la sanción aplicada es
desproporcionada, y que no fue valorada por la Instrucción una situación médica relevante. Con respecto al
alegado exceso de punición, en primer lugar tenemos por correcto el encuadre legal dado a la infracción
consumada por la conducta reprochada, esto es, un incumplimiento a la Ley N° 7493, Art. 8: “son deberes
de los agentes penitenciarios, sin perjuicio de los que impongan las leyes y reglamentos particulares de las
distintas unidades y servicios: a) cumplir fielmente la Constitución Nacional, Provincial y demás leyes y
reglamentos, las disposiciones y órdenes de sus superiores jerárquicos, dados por estos conforme a sus
atribuciones y competencia…, l) conocer debidamente las leyes, reglamentos y disposiciones permanentes
del servicio en general y en particular las relacionadas con la función que desempeña”. Ahora bien, siendo
que la normativa incumplida (Art. 24 de la Ley N° 7493: Son requisitos de ingreso: … 4) Tener título de ciclo
polimodal, secundario o equivalente…”.) se refiere a una condición indispensable para el ejercicio del
cargo, la sanción lógicamente no puede ser otra que la cesantía. (…) En el orden 12 del EX-2023-
0934461717, obra el Acta de la Declaración Indagatoria Administrativa de la sumariada (de fecha
11/01/2024), en la cual afirmó no haber continuado sus estudios secundarios debido a que le
diagnosticaron diabetes emocional. Y en el orden 13 de dichas actuaciones, glosa el certificado médico
aportado por la recurrente, donde consta como diagnóstico "diabetes emocional". Asimismo, en el orden 93
del EX-2023-07429248, Roxana Alejandra Jofré respondió a la intimación en los siguientes términos:
“Conforme a lo solicitado ut supra, adjunto mediante la presente certificado rubricado por el Instituto de
Formación Superior EDUCAR, dónde consta el listado de las materias aprobadas hasta el día de la fecha.
Cómo así también le hao saber que debido a mi enfermedad crónica (diabetes) no pude finalizar con los
estudios, por lo que adjunto certificado médico extendido por el Doctor Omar Hugo Call, matrícula 4705. Es
cuánto informo a Usted a los fines administrativos que estime corresponder”. Por nuestra parte, coincidimos
con el Instructor, en tanto al clausurar el sumario, consideró que la diabetes emocional no es un motivo
suficiente que obste a la posibilidad para terminar los estudios secundarios. Y de hecho, no resulta
lógicamente razonable el argumento de Jofré: no se explica cómo una afección que no le impide cumplir
sus funciones laborales, sí le imposibilite terminar sus estudios secundarios. - Tampoco resulta sostenible la
falta de fundamentación invocada por la impugnante. Conceptualmente, la motivación es “una declaración
de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está
contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´” (PETRA RECABARREN y
SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, pág. 66). El Art. 45 de
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
la Ley N° 9003 dispone que: “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente
protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c)
Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban
serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de
transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho
que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la
finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su
caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su
publicación…”. Definitivamente, la simple lectura de las Resoluciones 722-SyJ/25 y 187-SyJ/25, da cuenta
de que se encuentran suficientemente motivadas, fáctica y jurídicamente. - El agravio de que no se efectuó
una valoración integral y razonada de la prueba aportada, no pasa de ser un enunciado vago e impreciso.
No especifica la recurrente cual es el déficit en la merituación probatoria, cual es la falencia del acto en
orden a la derivación lógica de las conclusiones a las que arriba partiendo de los elementos de convicción
incorporados. Entendemos, por el contrario, que la resolución sancionatoria resulta coherente, en tanto es
congruente, no contradictoria e inequívoca. Sus deducciones y conclusiones se derivan de las pruebas
incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos
para producir razonablemente un convencimiento cierto acerca de la responsabilidad de la agente
sancionada.
- Con respecto a la alegada prescripción del procedimiento disciplinario, comenzaremos recordando que el
Art. 81 de la Ley N° 7493 establece: “Todo sumario administrativo prescribirá en el término de dos (2) años
de iniciado el mismo. El personal no podrá ser sumariado después de haber transcurrido dos (2) años de
cometida la falta que se le imputa …”. Señala Jofré González que la Administración conocía o debía
conocer su situación educativa desde su ingreso al Servicio Penitenciario en el año 2009, y pese a ello el
acto de apertura del sumario administrativo fue dictado recién en el año 2023, encontrándose a esa altura
ya prescripta la acción para iniciar válidamente el procedimiento. Pero tal razonamiento no repara en que la
conducta reprochada no es un hecho aislado e instantáneo que se consumó al vencimiento del plazo
conferido para terminar el secundario, sino una infracción continuada que se prolongó en el tiempo, hasta
que en fecha 2023-08-03 (v. orden 5 EX 2023-07429248- -GDEMZA-IGS#MSEG) se cursó el
emplazamiento para acreditar la obtención del título secundario. Y a continuación de ello, mediante la Res.
922/23 de fecha 28/11/2023, se dispuso la instrucción de formal sumario administrativo, sin que en ningún
momento transcurriera el plazo de 2 años desde que se cometió la falta previsto en el segundo supuesto
del Art. 81 de la Ley N° 7493. Y tampoco puede prosperar el agravio de que el sumario se encontraba
prescripto al momento de dictarse el acto impugnado, por haber superado su instrucción los dos (2) años
de duración. Si bien el Régimen Penitenciario, Ley N° 7493, no cuenta con una norma similar a la prevista
por el Régimen Policial en el Art. 108 de la Ley N° 6722 que dispone que "los actos del procedimiento
disciplinario interrumpirán la prescripción de la acción. A tal efecto se considerará acto del procedimiento
disciplinario a todo trámite encaminado a comprobar la existencia de una falta y sancionar a su autor", no
menos cierto es que siendo el fundamento de la institución, la prescripción de toda acción sancionatoria, la
inacción del Estado en su ejercicio -que trasuntaría la falta de interés al respecto-, el término previsto en el
primer párrafo del Art. 81 de la Ley N° 7493, no puede interpretarse en términos que prescindan considerar
la efectiva y continua tramitación impresa al procedimiento por parte de la IGS. Las actuaciones
disciplinarias EX-2023-09344617 se iniciaron con la Res. 922/23 de la IGS de fecha 28/11/2023 (orden 2).
En fecha 11/01/2024 tuvo lugar la Indagatoria (orden 12). El día 26/03/2025 se emitió la conclusión del
Sumario (orden 17), y finalmente en fecha 20/01/2026 se dictó la Resolución Sancionatoria 187-SyJ (orden
54). Tomando como referencia los hitos procesales que interrumpen la prescripción en nuestro Código
Penal, su Art. 67 consagra como tales: “b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un
proceso judicial, con el objeto de recibirle Declaración Indagatoria por el delito investigado; c) El
requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la
legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El
dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme”, es dable considerar que en el
presente procedimiento sumarial, tanto la Indagatoria como la conclusión del Sumario resultan interruptivas
del curso de prescripción de la acción disciplinaria. Y por ende, teniendo en cuenta la sinopsis cronológica
efectuada en el párrafo anterior, se advierte que nunca transcurrió en la tramitación del sumario, el plazo
previsto en el primer enunciado del Art. 81 de la Ley N° 7493.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
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- Por otra parte, postula Jofré, que en el sumario disciplinario nunca se le informó con precisión y claridad la
falta disciplinaria que se le atribuía, ni la norma disciplinaria que supuestamente habría infringido. Basta
para refutar esta queja, observar que en el acta de Declaración Indagatoria Administrativa (v. orden 12 EX-
2023-09344617) la sumariada fue puesta en cabal conocimiento de los hechos imputados, su calificación
legal, y de las pruebas en su contra. - La recurrente plantea una violación al principio de legalidad
disciplinaria, ya que la Ley N° 7493 y sus modificatorias, no tipifican expresamente la conducta atribuida a
la agente -no haber finalizado los estudios secundarios- como una falta disciplinaria, ni establecen que la
sanción aplicable para dicha situación sea la cesantía. Y también pregona Jofré una violación al principio
de la ley más benigna, por la falta de aplicación de la Ley N° 8467 del año 2012. Daremos tratamiento
conjunto a estos dos agravios, por la íntima relación entre ellos. Dice la recurrente que tanto el Art. 24 bis
de la Ley N° 7493 en su versión original e incluso en la redacción incorporada por la Ley N° 8255, regulaba
la excepción al requisito de título secundario como condición administrativa de ingreso y permanencia, no
como una infracción disciplinaria autónoma. Que la norma no establecía, ni establece, que el
incumplimiento de dicho requisito habilite la instrucción de un sumario disciplinario, ni la aplicación de la
cesantía como consecuencia. Y agrega Jofré que la Ley N° 8467 únicamente establece una inhibición para
el ascenso. Ahora bien, la sanción se aplicó con fundamento en el incumplimiento del Art. 8 de la Ley N°
7493: “son deberes de los agentes penitenciarios, sin perjuicio de los que impongan las leyes y
reglamentos particulares de las distintas unidades y servicios: a) cumplir fielmente la Constitución Nacional,
Provincial y demás leyes y reglamentos, las disposiciones y órdenes de sus superiores jerárquicos, dados
por estos conforme a sus atribuciones y competencia…, l) conocer debidamente las leyes, reglamentos y
disposiciones permanentes del servicio en general y en particular las relacionadas con la función que
desempeña”. Y concretamente, la normativa incumplida por Jofré es el Art. 24 de la Ley N° 7493: “Son
requisitos de ingreso: … 4) Tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente…”.) Siendo un requisito
indispensable para el ejercicio del cargo, la sanción lógicamente no puede ser otra que la cesantía. (…)
Resulta oportuno recordar que en materia disciplinaria administrativa existen deberes que surgen de la
naturaleza misma del cargo desempeñado. En tal orden, rige el principio de tipicidad abierta al que se
refiere elocuentemente la SCJM en diversos precedentes; a modo de ejemplo, autos 96715 “OSM c/ EPAS
s/ APA” (30/9/2015), CUIJ 13-02845009-9, Sala II: “Si bien algunos principios del derecho penal son
rectores en materia administrativa, es cierto también que tienen un contenido menos restrictivo. Por ello se
aplican contenidos de responsabilidad objetiva y pueden sancionarse comportamientos aunque no se haya
acreditado un daño actual a un bien jurídico sino potencial (así lo entiende la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en autos 65812/98, V.796. XLII. “Volcoff, Miguel Jorge y otros c/ BCRA”. Resol 14/04). En ese
sentido, el principio de tipicidad es menos riguroso en materia administrativa. Los comportamientos
pasibles de ser sancionados en sede administrativa, son descriptos genéricamente y contienen una
profusión de conductas a mero título enunciativo, cuyo encuadre fáctico queda en manos del agente de
control”. En similares términos se expidió la Corte local en el fallo recaído en autos 13-04060449-3
“SAVARD DANIEL HORACIO C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA S/ A.P.A.”, Sala I,
27/11/2018: “Tal como destacara este Tribunal en el precedente “Pastrana” (Cuij N° 13-03618579-6, Sent.
02-03-16), nos ilustra Fiorini diciendo que puede considerarse “la existencia de una deontología del agente
estatal y su cumplimiento será más exigente cuando mayor responsabilidad funcional éste tenga”; y agrega
que “no se trata de una deontología para un grupo técnico o un sector de profesionales, sino para todos los
agentes en razón de formar parte de la Administración, agentes comunes, jerarquizados, técnicos, etc….”
(Bartolomé A. Fiorini, “Derecho Administrativo”, tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 826,). Esa
deontología, o lógica del deber del agente estatal, permite exigirle el cumplimiento de determinadas
conductas aunque no estén expresamente detalladas en los estatutos específicos. Este Tribunal ya ha
receptado esta premisa al calificar como cláusulas abiertas a aquellas disposiciones genéricas referidas a
las obligaciones del agente público, las que si bien expresan conceptos jurídicos indeterminados,
responden al contenido que tienen las actividades administrativas y al comportamiento exigible al agente en
función de esa actividad (LS 296-162; 304-66), lo que permite sostener que el hecho de que no se
establezca la tipificación de una conducta en forma detallada, no interesa, pues están implícitas en la
conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre otras). Asimismo, ha propiciado una
interpretación armónica y lógica de las conductas que es dable exigir de los funcionarios, resaltándose, con
remisión al Estatuto del Empleado Público, la existencia de deberes que surgen de la naturaleza misma del
cargo que se desempeña, y la viabilidad aún en inexistencia de una norma que determinara un específico
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
deber (L.S. 398-219), destacándose también que tanto la Administración como el empleado o funcionario
público, más aun los que se desempeñan en cargos jerárquicos, están obligados activa y pasivamente, a
cumplir con comportamientos que sean consecuencia de la índole de la vinculación, de los acuerdos que se
celebren colectivamente y de los deberes públicos, apreciados con criterio de colaboración, solidaridad
social y mejoramiento del servicio a la comunidad (L.S. 296-162; 304-66) … Además de lo expuesto sobre
los deberes que están implícitos en la conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre
otras), tiene dicho la doctrina que en “el derecho disciplinario no es factible postular una tipicidad absoluta.
Por el contrario en el derecho disciplinario existe una mayor flexibilidad de este principio que se ve reflejada
en la razonable discrecionalidad que la Administración ejerce al aplicar una sanción, atento el carácter
abierto de los tipos legales que describen las conductas ilícitas (Miriam M. Ivanega “Cuestiones de potestad
disciplinaria y derecho de defensa” Segunda Edición Actualizada y ampliada. La Ley, Buenos Aires 2015,
pág. 151/152)”. Por otra parte, en materia penal -y por extensión en el ámbito disciplinario- la regla es que
la ley aplicable es la vigente al tiempo del hecho. Este principio, basado en que la conducta sólo puede
motivarse por una norma existente al momento de su realización/omisión, determina la irretroactividad de la
ley punitiva. Pero reconoce como excepción la aplicación retroactiva de la ley que resulte más benigna para
el imputado. Lo cierto, es que ello no guarda vinculación alguna con el caso que nos ocupa. Los Arts. 8, 9 y
24 de la Ley N° 7493, han permanecido inalterados. La norma invocada como más benigna (Ley 8467, BO
31/10/2012) no suprimió el plexo de obligaciones que surgen de dicho articulado, sino que otorgó por única
vez una prórroga para finalizar los estudios requeridos, modificando la ampliación de plazos previamente
dispuesta a tal efecto por la Ley N° 8255 (BO 14/2/2011). Todas las referidas ampliaciones y prórrogas se
encontraban vencidas al tiempo de ordenarse el sumario, pero aún ello resulta irrelevante: Jofré no plantea
algún inconveniente en relación a los plazos que le obstaculice completar el secundario, sino que lisa y
llanamente ha manifestado que no continuó con sus estudios. Por ello es dable tener por verificada la
infracción reprochada. Y lo dicho guarda estrecha vinculación con el último agravio de la quejosa.
Advertimos que del relevamiento efectuado en el marco del expediente EX-2023-07429248, surgió que
entre los agentes penitenciarios que no habían completado sus estudios secundarios, hay un grupo que se
encuentra cursándolos de forma regular y efectiva. Y en atención a ello, se dispuso a su respecto la
suspensión del Sumario por el lapso de dos años para posibilitarles regularizar su situación conforme las
exigencias de la Ley N° 7493. Y ello no implica de ningún modo una violación al Principio de Igualdad, tal
como lo considera Jofré. La garantía consagrada por el Art. 16 de la Constitución Nacional y el Art. 7 de la
Constitución de Mendoza, no implica tratar a todos por igual en todas las situaciones; por el contrario,
justifica un trato diferente cuando las circunstancias son distintas, siempre que sea razonable la distinción,
como sucede en este caso. Por último, entendemos que no corresponde hacer lugar a la suspensión de la
ejecución del acto solicitada por la recurrente, ya que no se configura ninguna de las causales previstas por
el Art. 83 de la Ley N° 9003: “La interposición de recursos o denuncias de ilegitimidad no suspende la
ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación, podrá
disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de
la ejecución del acto, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando la ejecución cause un daño de difícil
o imposible reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la
suspensión acarrearía a la entidad pública. b) Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero
en el acto impugnado. c) Cuando la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos,
sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños a terceros o al interés público…”. Conforme a lo
desarrollado en los párrafos que anteceden, los vicios que acusa la recurrente no resultan verosímiles
como lo requiere el dispositivo legal precitado. Y asimismo cabe tener presente el régimen legal de las
impugnaciones de actos administrativos en sede judicial, que en el caso de cesantías o exoneraciones de
agentes estatales deniega expresamente la suspensión de su ejecución (Art. 24 Inc. b de la Ley N° 3918).
En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado
sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 14,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la ex Agente S.C.S. JOFRE GONZALEZ, ROXANA ALEJANDRA, D.N.I. N°
22.979.958, en contra de la Resolución N° 772-SyJ/26, dictada por el Ministerio de Seguridad y Justicia
para fecha 23 de febrero de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Rechácese la suspensión de la ejecución del acto solicitada por el recurrente, al no
configurarse ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 3° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve el presente Recurso
Jerárquico, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa
prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día
siguiente al de la notificación de la decisión administrativa.
Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1845
MENDOZA, 01 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-09930630- -GDEMZ CCC, y su tramitación conjunta N° EX-
2025-07869836- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el Oficial Inspector -Personal Policial- DIAZ ALBARRACIN, FLAVIO
EMMANUEL, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 5938-SYJ /25, emitida por el
Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 10 de noviembre de 2025;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-07869836- -GDEMZA-CCC (orden 10),
tramitado en forma conjunta con las presentes actuaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la
Resolución N° 5938-SyJ/25, mediante la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto
sustancial, el Recurso de Reconsideración incoado por el funcionario policial Flavio Emmanuel DIAZ
ALBARRACIN en contra de la Resolución N° 4517-SyJ/25, de fecha 15 de septiembre de 2025 y por la
cual, el Ministerio de Seguridad y Justicia convocó al personal policial que se encuentre comprendido
dentro de los requisitos de los Arts. 181 bis, 181 ter, 183 y 185 de la Ley N° 6722 y modificatorias, a
presentar auto-propuesta de promoción;
Que en orden 30, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N°
9003….”;
Que Diaz Albarracín impugna la Resolución N° 5938-SyJ/25, por la cual se rechazó el Recurso de
Reconsideración interpuesto contra el acto administrativo que dispuso no habilitar su ascenso por no
acreditar el cumplimiento del Plan de Acondicionamiento Físico correspondiente al año 2024. Que el
recurrente reitera y amplía los argumentos ya esgrimidos en la instancia recursiva anterior, manifestando
disconformidad con el rechazo de la reconsideración, y sosteniendo que dicho decisorio incurre en vicios de
ilegitimidad. Que, en particular, expone los siguientes agravios: Que la Resolución N° 5938-SyJ/25 se limita
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
a confirmar el acto originario sin efectuar un análisis adecuado de los argumentos y pruebas ofrecidas en la
reconsideración, configurando, a su entender, un rechazo meramente formal. Esgrime que tanto el acto
originario como la resolución que rechaza la reconsideración, le atribuyen indebidamente el incumplimiento
del PAF 2024, cuando afirma haber solicitado en tiempo y forma su inscripción, sin que la falta de
realización le resulte imputable. Reitera que durante el período correspondiente al PAF 2024 no existían
cursos disponibles ni un procedimiento administrativo claro para la inscripción, lo que habría tornado
imposible el cumplimientodel requisito, circunstancia que sostiene, no fue debidamente considerada al
rechazar la reconsideración. Afirma que la inscripción al PAF dependía exclusivamente de operadores de la
dependencia, de la cadena de mando y de las áreas administrativas competentes, por lo que no podía ser
exigida directamente al agente. Señala que la Resolución N° 5938-SyJ/25 vulnera el principio de verdad
material (Art. 3 de la Ley 9003), al confirmar un decisorio que se apoya en una situación meramente formal,
sin ponderar las circunstancias reales que habrían impedido el cumplimiento del requisito. Aduce que la
resolución impugnada carece de motivación suficiente, por no analizar de manera expresa la prueba
acompañada, no valorar la imposibilidad material alegada ni considerar la aprobación posterior del PAF
2025. Denuncia la violación de los principios de razonabilidad, legalidad, imparcialidad y buena fe,
sosteniendo que el rechazo de la reconsideración convalida un perjuicio derivado de deficiencias propias de
la Administración. Manifiesta que la confirmación del acto originario mediante el rechazo de la
reconsideración vulnera su derecho estatutario a la carrera policial previsto en la Ley N° 6722, configurando
a su criterio, una sanción encubierta y un retroceso funcional ilegítimo. Por último reitera que la aprobación
del PAF 2025, acredita su aptitud física y su voluntad de cumplimiento, reprochando que dicho extremo no
haya sido considerado al resolver la reconsideración;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…De la compulsa de las actuaciones venidas a revisión, surge en definitiva, que el recurrente
sólo se limita a disentir del criterio adoptado por la autoridad administrativa en el ejercicio propio de sus
competencias, pero no demuestra la existencia de vicios o arbitrariedades que permitan a esta altura de los
procedimientos, tomar una decisión distinta a la ya adoptada. En el caso en estudio, los planes de
acondicionamiento físico fueron reglamentados mediante Resolución Nº 441/24, dictada en la actuaciones
EX-2024-01020804- -GDEMZA-MESAENTGENERAL, en las que se dispuso el inicio de los planes de
acondicionamiento físico desde el mes de abril. Por ello, contaba el interesado con disponibilidad de días y
horarios ya fijados por la autoridad para cumplimentar los requisitos establecidos a tal fin, por lo que no se
encuentra acreditado de modo alguno que el interesado se haya visto imposibilitado por cuestiones
imputables a la administración de poder realizar el curso exigido. Por otro lado, las resoluciones dictadas
con anterioridad se encuentran debidamente fundadas y motivadas, ajustándose a las previsiones del
orden normativo. Por ello, no se advierte en el dictado de los actos administrativos cuestionados por esta
vía, vicios o irregularidades que hagan procedente el remedio deducido, por lo que corresponde la admisión
formal y el rechazo sustancial del recurso jerárquico impetrado….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 30,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el Oficial Inspector -Personal Policial- DIAZ ALBARRACIN, FLAVIO
EMMANUEL, D.N.I. N° 33.008.505, en contra de la Resolución N° 5938-SyJ/25, emitida por el Ministerio de
Seguridad y Justicia para fecha 10 de noviembre de 2025, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1846
MENDOZA, 01 SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02822112- -GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta N° EX-
2023-09351268- -GDEMZA-IGS#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la ex Agente S.C.S. PAULA JANET ORTUBIA CONTRERAS, interpone
Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 1209-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y
Justicia el día 27 de marzo de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2023-09351268--GDEMZA-IGS#MSEG, tramitado en
forma conjunta con las presentes actuaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N°
1209/26 (orden 72), mediante la cual aplicó a la recurrente, la sanción expulsiva de Cesantía prevista en el
artículo 35 de la Ley N° 7493, por infracción al Art. 8 Incs. a) y l), Art. 24 Inc. 4) y Art. 24 bis, todos de la Ley
N° 7493, en función de los Arts. 1 (I) y 4 de la Resolución N° 143-T/15 (Reglamento Disciplinario para el
Personal Penitenciario), al no haber acreditado tener título de estudios secundarios finalizados o
equivalentes;
Que en orden 20, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…la resolución
impugnada fue notificada en fecha 01/04/2026 (v. acta de orden 76 expediente EX-2023-09351268- -
GDEMZA-IGS#MSEG), y el recurso presentado el día 14/04/2026 (según la fecha de creación del ticket de
orden 03), por lo que, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, se impone admitirlo formalmente por haberse
interpuesto dentro del término previsto por el Art. 179 de la Ley N° 9003.”;
Que en su escrito recursivo, ORTUBIA CONTRERAS sostiene que se vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa; que la imputación fue formulada de manera genérica y estandarizada y que la acción
disciplinaria se encuentra prescripta. Considera que se violaron principios consagrados en la legislación
vigente, como el principio non bis in ídem, el principio de la ley más benigna, el principio de razonabilidad y
proporcionalidad, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de confianza legítima y el principio
de legalidad disciplinaria. Agrega también que se vulneraron garantías específicas de la Ley N° 7493
(Estatuto del Personal del Servicio Penitenciario) y que se violó la Ley N° 8467. Por último alega
incumplimiento de la obligación de motivación suficiente, afectación de derechos esenciales y violación al
interés superior del niño y a los derechos de la persona con discapacidad;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) Comenzando con el tratamiento de los agravios, postula la recurrente que la resolución que
impugna atenta contra el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto la imputación fue formulada
de manera genérica y estandarizada: ‘la Res. 922/23 de la IGS tuvo por objeto a un conjunto masivo de
agentes que "adeudan título de estudios secundarios", sin que en ningún momento se le informara con
precisión el comportamiento concreto atribuido, la fecha de comisión de la supuesta falta, las pruebas
existentes ni el encuadramiento normativo específico.’ Por nuestra parte, en primer lugar no advertimos
cuál es el vicio o gravamen seguido del hecho de que hayan sido varios los agentes penitenciarios
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
sumariados por la misma causa. Resulta oportuno transcribir lo ya expresado al respecto por el dictamen
jurídico precedente (orden 12): “Quela circunstancia de que la Administración aborde situaciones análogas
mediante criterios homogéneos o decisiones de estructura similar, no configura, por sí misma, un vicio de
ilegitimidad. Muy por el contrario, la actuación administrativa frente a supuestos que presentan identidad
sustancial en sus presupuestos fácticos y jurídicos impone —en términos de igualdad, coherencia y
racionalidad— la adopción de soluciones también homogéneas, sin que ello implique desconocer la
individualidad de cada caso…. Que, por lo demás, sostener que la Administración no puede adoptar
decisiones homogéneas frente a situaciones equivalentes, implicaría desconocer los principios de igualdad
ante la ley y de coherencia administrativa, generando soluciones dispares frente a supuestos idénticos, lo
cual sí podría configurar un vicio por arbitrariedad”. Por otro lado, basta para refutar la queja relativa a que
no se le informó las circunstancias precisas del comportamiento atribuido ni las pruebas existentes ni el
encuadre legal, observar que en el Acta de Indagatoria (v. orden 15 expediente EX-2023--09351268) la
sumariada fue puesta en cabal conocimiento de los hechos imputados, su calificación legal, y de las
pruebas existentes en su contra. En segundo lugar, plantea Ortubia que la resolución impugnada carece de
motivación suficiente en los términos del Art. 45 de la Ley N° 9003. Al respecto, cabe recordar que
conceptualmente, la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de
derecho que han llevado a la emanación del acto y está contenida dentro de lo que usualmente se
denomina´los considerandos.´” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento
Administrativo de Mendoza N° 3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que “Deberán motivarse
los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en
general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales,
reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación
contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto
resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la
norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o
deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. Definitivamente, la simple
lectura de la Resolución 1209-SyJ/26, da cuenta de que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y
jurídicamente. Invoca también la recurrente que la acción disciplinaria está prescripta. Al respecto
comenzaremos recordando que el Art. 81 de la Ley N° 7493 establece: “Todo sumario administrativo
prescribirá en el término de dos (2) años de iniciado el mismo. El personal no podrá ser sumariado después
de haber transcurrido dos (2) años de cometida la falta que se le imputa…”. Señala Ortubia que la
Administración conocía su situación educativa desde su ingreso al Servicio Penitenciario, y pese a ello el
acto de apertura del sumario administrativo fue dictado recién en noviembre del año 2023. Pero tal
razonamiento no repara en que la conducta reprochada no es un hecho aislado e instantáneo que se
consumó al vencimiento del plazo conferido para terminar el secundario, sino una infracción continuada que
se prolongó en el tiempo, hasta que en fecha 2023-08-03 (v. orden 05 expediente EX-2023-07429248- -
GDEMZA-IGS#MSEG) se cursó el emplazamiento para acreditar la obtención del título secundario. A
continuación de ello, mediante la Res. 922/23 de fecha 28/11/2023, se dispuso la instrucción de formal
sumario administrativo, sin que en ningún momento transcurriera el plazo de 2 años desde que se cometió
la falta, previsto en el segundo supuesto del Art. 81 de la Ley N° 7493. Tampoco puede prosperar el agravio
de que el sumario se encontraba prescripto al momento de dictarse el acto impugnado por haber superado
su instrucción los dos (2) años de duración. Si bien el régimen penitenciario, Ley 7493, no cuenta con una
norma similar a la prevista por el régimen policial en el Art. 108 de la Ley N° 6722 que dispone que "los
actos del procedimiento disciplinario interrumpirán la prescripción de la acción. A tal efecto se considerará
acto del procedimiento disciplinario a todo trámite encaminado a comprobar la existencia de una falta y
sancionar a su autor", no menos cierto es que siendo el fundamento de la institución, la prescripción de
toda acción sancionatoria, la inacción del Estado en su ejercicio - que trasuntaría la falta de interés al
respecto- el término previsto en el primer párrafo del Art. 81 de la Ley N° 7493 no puede interpretarse en
términos que prescindan considerar la efectiva y continua tramitación impresa al procedimiento por parte de
la IGS. Las actuaciones disciplinarias EX-2023-09351268- -GDEMZA-IGS#MSEG se iniciaron con la Res.
922/23 de fecha 28/11/2023 (orden 2). En fecha 12/07/2024 tuvo lugar la Indagatoria (orden 15). El día
24/01/2025 se emitió la conclusión del Sumario (orden 25), y finalmente en fecha 27/03/2026 se dictó la
resolución sancionatoria 1209-SyJ/26 (orden 72). Tomando como referencia los hitos procesales que
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interrumpen la prescripción en nuestro Código Penal, su Art. 67 consagra como tales: “b) El primer llamado
efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración
indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio,
efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a
juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se
encuentre firme”. Es dable considerar que en el presente procedimiento sumarial tanto la Indagatoria como
la conclusión del sumario resultan interruptivas del curso de prescripción de la acción disciplinaria. Y por
ende, teniendo en cuenta la sinopsis cronológica efectuada en el párrafo anterior, se advierte que nunca
transcurrió en la tramitación del sumario, el plazo previsto en el primer enunciado del Art. 81 de la Ley N°
7493. Aduce también la recurrente que se ha violado el principio del non bis in idem consagrado por el Art.
14 PIDCP, Art. 8.4 CADH, Art. 75 Inc. 22 CN y por el Art. 81 in fine de la Ley N° 7493. En tal sentido, afirma
que la inhibición para el ascenso para el personal que no haya finalizado sus estudios secundarios
introducida al régimen penitenciario por el Art. 2 de la Ley N° 8255 y luego reemplazada por una similar en
la Ley N° 8467, constituye en sí misma una sanción de naturaleza punitiva por el mismo hecho que ahora
se le aplica la sanción de Cesantía. Tal razonamiento es insostenible. El non bis in idem prohíbe que una
persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho, bajo idéntico fundamento y con la misma
naturaleza punitiva. Claramente, la inhibición para ascender sin contar con el título requerido es un requisito
dentro del régimen de carrera, que no guarda naturaleza sancionatoria. Resulta muy acertado al respecto el
dictamen legal precedente en cuanto señala: "La tesis del recurrente lleva, además, a una consecuencia
inadmisible: convertir una restricción parcial de carrera en un blindaje absoluto contra cualquier ulterior
decisión estatal vinculada con la idoneidad o permanencia, lo que desnaturalizaría por completo el régimen
de empleo público". Asimismo, plantea Ortubia una violación al principio de legalidad disciplinaria, ya que la
Ley N° 7493 y sus modificatorias no tipifican expresamente la conducta imputada -no haber finalizado los
estudios secundarios- como una falta disciplinaria, ni establecen que la sanción aplicable para dicha
situación sea la Cesantía. Y también invoca una violación al principio de la ley más benigna, por la falta de
aplicación de la Ley N° 8467 del año 2012. Daremos tratamiento conjunto a estos dos agravios por la
íntima relación entre ellos. Dice la recurrente que tanto el Art. 24 bis de la Ley N° 7493 en su versión
original e incluso en la redacción incorporada por la Ley N° 8255, regulaba la excepción al requisito de
título secundario como condición administrativa de ingreso y permanencia, no como una infracción
disciplinaria autónoma. Que la norma no establecía, ni establece, que el incumplimiento de dicho requisito
habilite la instrucción de un sumario disciplinario ni la aplicación de la Cesantía como consecuencia. Agrega
Ortubia que la Ley N° 8467 únicamente establece una inhibición para el ascenso. Ahora bien, la sanción se
aplicó con fundamento en el incumplimiento del Art. 8 de la Ley N° 7493: “son deberes de los agentes
penitenciarios, sin perjuicio de los que impongan las leyes y reglamentos particulares de las distintas
unidades y servicios: a) cumplir fielmente la Constitución Nacional, Provincial y demás leyes y reglamentos,
las disposiciones y órdenes de sus superiores jerárquicos, dados por estos conforme a sus atribuciones y
competencia…. l) conocer debidamente las leyes, reglamentos y disposiciones permanentes del servicio en
general y en particular las relacionadas con la función que desempeña”. Concretamente, la normativa
incumplida por Ortubia es el Art. 24 de la Ley N° 7493: “Son requisitos de ingreso: (…) 4) Tener título de
ciclo polimodal, secundario o equivalente…”.). Siendo un requisito indispensable para el ejercicio del cargo,
su incumplimiento lógicamente no puede acarrear otra consecuencia que no sea la Cesantía.
Inequívocamente, la última parte del artículo 9 de la Ley 7878 establece: “Vencido dicho plazo sin que se
hubiera cumplimentado la acreditación del título del ciclo polimodal, secundario o equivalente, el agente
penitenciario cesará en sus funciones”. Resulta oportuno recordar que en materia disciplinaria
administrativa existen deberes que surgen de la naturaleza misma del cargo desempeñado. En tal orden,
rige el principio de tipicidad abierta al que se refiere elocuentemente la SCJM en diversos precedentes; a
modo de ejemplo, Autos 96715 “OSM c/ EPAS s/ APA” (30/9/2015), CUIJ 13-02845009-9, Sala II: “Si bien
algunos principios del derecho penal son rectores en materia administrativa, es cierto también que tienen
un contenido menos restrictivo. Por ello se aplican contenidos de responsabilidad objetiva y pueden
sancionarse comportamientos aunque no se haya acreditado un daño actual a un bien jurídico sino
potencial (así lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Autos 65812/98, V.796. XLII.
“Volcoff, Miguel Jorge y otros c/ BCRA”. Resol 14/04). En ese sentido, el principio de tipicidad es menos
riguroso en materia administrativa. Los comportamientos pasibles de ser sancionados en sede
administrativa, son descriptos genéricamente y contienen una profusión de conductas a mero título
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enunciativo, cuyo encuadre fáctico queda en manos del agente de control”. En similares términos se
expidió la Corte local en el fallo recaído en autos 13-04060449-3 “SAVARD DANIEL HORACIO
C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA S/ A.P.A.”, Sala I, 27/11/2018: “Tal como destacara este
Tribunal en el precedente “Pastrana” (Cuij N° 13-03618579-6, sent. 02-03-16), nos ilustra Fiorini diciendo
que puede considerarse “la existencia de una deontología del agente estatal, y su cumplimiento será más
exigente cuando mayor responsabilidad funcional éste tenga”; y agrega que “no se trata de una deontología
para un grupo técnico o un sector de profesionales, sino para todos los agentes en razón de formar parte
de la Administración, agentes comunes, jerarquizados, técnicos, etc…” (Bartolomé A. Fiorini, “Derecho
Administrativo”, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 826,). Esa deontología, o lógica del deber
del agente estatal, permite exigirle el cumplimiento de determinadas conductas aunque no estén
expresamente detalladas en los estatutos específicos.
Este Tribunal ya ha receptado esta premisa al calificar como cláusulas abiertas a aquellas disposiciones
genéricas referidas a las obligaciones del agente público, las que si bien expresan conceptos jurídicos
indeterminados, responden al contenido que tienen las actividades administrativas y al comportamiento
exigible al agente en función de esa actividad (LS 296-162; 304-66), lo que permite sostener que el hecho
de que no se establezca la tipificación de una conducta en forma detallada no interesa, pues están
implícitas en la conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre otras). Asimismo, ha
propiciado una interpretación armónica y lógica de las conductas que es dable exigir de los funcionarios,
resaltándose, con remisión al Estatuto del Empleado Público, la existencia de deberes que surgen de la
naturaleza misma del cargo que se desempeña, y la viabilidad aún en inexistencia de una norma que
determinara un específico deber (L.S. 398-219), destacándose también que tanto la administración como el
empleado o funcionario público, más aun los que se desempeñan en cargos jerárquicos, están obligados
activa y pasivamente a cumplir con comportamientos que sean consecuencia de la índole de la vinculación
de los acuerdos que se celebren colectivamente y de los deberes públicos, apreciados con criterio de
colaboración, solidaridad social y mejoramiento del servicio a la comunidad (L.S. 296-162; 304-66) …
Además, de lo expuesto sobre los deberes que están implícitos en la conducta de todo y cualquier agente
público (L.S. 394-049, entre otras), tiene dicho la doctrina que en “el derecho disciplinario no es factible
postular una tipicidad absoluta. Por el contrario, en el derecho disciplinario existe una mayor flexibilidad de
este principio que se ve reflejada en la razonable discrecionalidad que la Administración ejerce al aplicar
una sanción, atento el carácter abierto de los tipos legales que describen las conductas ilícitas (Miriam M.
Ivanega “Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa” Segunda Edición Actualizada y
ampliada. La Ley, Buenos Aires 2015, pág. 151/152)”. En otro orden de ideas, en materia penal –y por
extensión en el ámbito disciplinario- la regla es que la ley aplicable es la vigente al tiempo del hecho. Este
principio, basado en que la conducta sólo puede motivarse por una norma existente al momento de su
realización/omisión, determina la irretroactividad de la ley punitiva, pero reconoce como excepción la
aplicación retroactiva de la ley que resulte más benigna para el imputado. Lo cierto es que esto no guarda
vinculación alguna con el caso que nos ocupa. Los Arts. 8, 9 y 24 de la Ley N° 7493 han permanecido
inalterados. La norma invocada como más benigna (Ley 8467, BO 31/10/2012) no suprimió el plexo de
obligaciones que surgen de dicho articulado, sino que otorgó por única vez una prórroga para finalizar los
estudios requeridos, modificando la ampliación de plazos previamente dispuesta a tal efecto por la Ley
8255 (BO 14/2/2011). Todas las referidas ampliaciones y prórrogas se encontraban vencidas al tiempo de
ordenarse el sumario, pero aún ello resulta irrelevante: Ortubia no plantea que la razón por la cual no
completó el secundario se vincule con los plazos dispuestos a tal efecto. Por ello es dable tener por
verificada la infracción reprochada. Con respecto al exceso de punición alegado como agravio, en primer
lugar tenemos por correcto el encuadre legal dado a la infracción consumada por la conducta reprochada,
esto es, un incumplimiento a la Ley N° 7493, Art. 8: “son deberes de los agentes penitenciarios, sin
perjuicio de los que impongan las leyes y reglamentos particulares de las distintas unidades y servicios: a)
cumplir fielmente la Constitución Nacional, Provincial y demás leyes y reglamentos, las disposiciones y
órdenes de sus superiores jerárquicos, dados por estos conforme a sus atribuciones y competencia…. l)
conocer debidamente las leyes, reglamentos y disposiciones permanentes del servicio en general y en
particular las relacionadas con la función que desempeña”. Ahora bien, siendo que la normativa incumplida
(Art. 24 de la Ley 7493: Son requisitos de ingreso: (…) 4) Tener título de ciclo polimodal, secundario o
equivalente…”.) se refiere a una condición indispensable para el ejercicio del cargo, la sanción lógicamente
no puede ser otra que la Cesantía. Reiteramos, la última parte del artículo 9 de la Ley N° 7878 es clara:
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“Vencido dicho plazo sin que se hubiera cumplimentado la acreditación del título del ciclo polimodal,
secundario o equivalente, el agente penitenciario cesará en sus funciones”. Por otra parte, se agravia la
recurrente señalando que la Administración suspendió el sumario a los agentes de planta permanente que
acreditaron la condición de alumnos regulares durante el curso del procedimiento, mientras que ella
presentó su certificado de alumno regular en diciembre de 2025, pero por tratarse de una agente no
efectiva se le negó el beneficio de la suspensión del sumario, lo cual a su criterio configura una
discriminación que vulnera el Art. 16 de la Constitución Nacional y el Art. 7 de la Constitución de Mendoza.
Pero tal razonamiento no repara en que la garantía de Igualdad consagrada en tal normativa constitucional,
no implica tratar a todos por igual en todas las situaciones; por el contrario, justifica un trato diferente
cuando las circunstancias son distintas, siempre que no sea arbitraria la distinción. También postula la
recurrente que se ha violado el principio de confianza legítima y la doctrina de los actos propios. Aduce que
la Administración habilitó, convalidó y se benefició del servicio prestado, por lo que no puede traicionar la
confianza generada por sus propios actos. Tampoco puede prosperar esta queja. Tal como da cuenta el
legajo laboral de Ortubia (obrante en el orden 6 del expediente EX-2023-09351268- -GDEMZA-IGS#MSEG)
su ingreso al Servicio Penitenciario se produjo el 07/07/2011, ya durante la vigencia de la Ley 8255 (BO
14/2/2011) cuyo Art. 1° dispuso: “Incorpórese como artículo 24 bis de la Ley N° 7.493 el que sigue: "Art. 24
bis: A los efectos de lo dispuesto en el Inc. 4) del artículo 24 de la presente ley, los aspirantes podrán
ingresar sin tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente. Los aspirantes que hubieren
ingresado sin tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente, deberán realizar el cursado
obligatorio de dichos estudios en el término de treinta y seis (36) meses desde el inicio del ciclo lectivo
inmediato posterior al nombramiento. Vencido el plazo anterior sin que el agente acredite la obtención del
título, será dado de baja definitivamente sin posibilidad de prórroga". Dicho plazo fue prorrogado luego por
imperio de la Ley N° 8467 (BO 31/10/2012). La tolerancia que permitió a quienes no obtuvieron el título
continuar ejerciendo su cargo luego del vencimiento de todos dichos términos, no genera ningún derecho ni
deroga la obligación de acreditar la obtención del título ni las consecuencias de su incumplimiento previstas
en la última parte del artículo 9 de la Ley N° 7878: “Vencido dicho plazo sin que se hubiera cumplimentado
la acreditación del título del ciclo polimodal, secundario o equivalente, el agente penitenciario cesará en sus
funciones”. Como se ha dicho en dictámenes legales precedentes, aún si existieron falencias de control en
etapas anteriores, ello no convierte en legítimo lo que resulta contrario a un requisito esencial. No hay
derechos adquiridos a la permanencia en el cargo en condiciones normativamente inválidas. La estabilidad
del empleo público sólo protege situaciones jurídicas regulares, y, en el caso, el título secundario es
requisito de aptitud e idoneidad para el desempeño de funciones como personal penitenciario.
Por último, entendemos que no corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada
por la recurrente, ya que no se configura ninguna
de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003: “La interposición de recursos o denuncias de
ilegitimidad no suspende la ejecución del acto
impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o
a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto
en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible
reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión
acarrearía a la entidad pública. b) Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto
impugnado. c) Cuando la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que
ello pueda acarrear iguales o mayores daños a terceros o al interés público…”.
Conforme a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, los vicios que acusa la recurrente no resultan
verosímiles como lo requiere el dispositivo legal precipitado.
Y asimismo, cabe tener presente el régimen legal de las impugnaciones de actos administrativos en sede
judicial, que en el caso de Cesantías o Exoneraciones de agentes estatales deniega expresamente la
suspensión de su ejecución (Art. 24 Inc. b de la Ley N° 3918). En síntesis, a criterio de esta Asesoría de
Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el
acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 20,
EL
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la ex Agente S.C.S. PAULA JANET ORTUBIA CONTRERAS, D.N.I. N°
33.972.180, en contra de la Resolución N° 1209-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia
para fecha 27 de marzo de 2026, en virtud de lo expuesto precedentemente.
Artículo 2° -Rechácese la suspensión de la ejecución del acto solicitada por el recurrente, al no
configurarse ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 3° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 4° -Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1850
MENDOZA, 01 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-07707658-GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas Nros.
EX-2025-00230238- -GDEMZA-CCC y EX-2025-03738754- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el Oficial Principal –Personal Policial- LOGUERCIO AGUIRRE,
FRANCISCO MATIAS, interpone Denuncia de Ilegitimidad por Prescripción Liberatoria, en contra del
emplazamiento de pago emitido por la Dirección de Administración del Ministerio de Seguridad y Justicia en
el expediente administrativo N° EX-2020-02089042--GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG;
Que
en
el
marco
del
expediente
administrativo
EX-2020-02089042--GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG, caratulado: “Actuaciones Administrativas N° 05/20 de Comisaría 52°, daño
en equipo biométrico dactilar nro. 186V2”, la Jefatura de Policía Distrital de Seguridad I, dictó la Resolución
N° 33-1/21, de fecha 25 de enero del año 2021, mediante la cual sancionó al entonces Oficial Inspector P.P.
Francisco Matías Loguercio Aguirre, con tres (3) días de suspensión laboral, por infringir con su accionar,
los preceptos del Art. 102 inc. 1) y Art. 43 incs. 3) y 21) de la Ley N° 6722/99 y sus modificatorias;
Que en orden 96 del expediente N° EX-2020-02089042- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, obra
emplazamiento emitido el día 23 de julio del 2024, por la Dirección General de Administración del Ministerio
de Seguridad y Justicia, por el cual se emplaza al Oficial Principal –Personal Policial- LOGUERCIO
AGUIRRE, FRANCISCO MATIAS, a que en el término de 10 (diez) días hábiles, plazo previsto en el Art.
160 de la Ley N° 9003, se presente en la División Siniestros y Recupero de Bienes de la Dirección de
Administración, y abone la suma de dólares estadounidenses un mil ochocientos con 00/100 (U$D
1.800,00), en virtud del resarcimiento económico del perjuicio patrimonial que ha sufrido el Estado
Provincial, al dañar el equipo biométrico dactilar CID N° 186V2;
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Que en expediente N° EX-2025-03738754- -GDEMZA-CCC, tramitado en forma conjunta con las presentes
actuaciones, el funcionario policial Loguercio Aguirre, interpone Pronto Despacho, solicitando se emita
Resolución correspondiente y se declare prescripto el emplazamiento y acción de cobro;
Que en orden 28, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, efectúa un
análisis formal del escrito presentado y dictamina: “…el Oficial Principal P.P. Francisco Matías Loguercio
Aguirre, fue notificado del emplazamiento emitido por el Director General de Administración, en fecha
19/08/24, e interpone el escrito de Denuncia de Ilegitimidad en fecha 16 de octubre de 2024. Que en el
marco de ello, el quejoso aduce que: interpone DENUNCIA DE ILEGITIMIDAD en virtud de que, en fecha
26/08/24, interpuso Recurso de Revocatoria ante Mesa de Entradas de Dirección Administración, para ser
incorporado y resuelto en el expediente EX-2020-02089042-GDEMZA-MESAENTGENERALMSEG…. En la
documentación que fue acompañada, NO CONSTA EL ESCRITO DE RECURSO DE REVOCATORIA QUE
ADUCE FUE PRESENTADO. Atento a lo expresado en los antecedentes, esta Asesoría advierte que el
administrado, pretende la recepción de un Recurso de Revocatoria extemporáneo, haciendo alusión a que
procede su interposición como Denuncia de Ilegitimidad, en virtud de todo lo relatado como antecedente.
Teniendo en cuenta esto, conforme lo dispuesto por el Art. 177 de la Ley N° 9003, ha sido presentado fuera
del plazo establecido para interponer este recurso, por lo que no correspondería su admisión formal como
Recurso de Revocatoria. La Ley N° 9003, ha previsto en el Art. 173 Ap. II, el instituto de la Denuncia de
ilegitimidad, como un modo de saneamiento jurídico, cuando el restablecimiento de la legalidad no es
posible por el vencimiento de los plazos recursivos. (…) Art. 173 Ap. II) de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003: Denuncia de ilegitimidad: Vencidos los plazos establecidos para interponer
recursos
administrativos,
los
interpuestos
extemporáneamente
serán
declarados
formalmente
inadmisibles. Ello no obstará a que el órgano competente para su resolución, deba calificar al recurso tardío
como Denuncia de Ilegitimidad, siendo su deber tramitarla y resolverla, a menos que la denuncia sea
improcedente en los términos del párrafo siguiente: Son impedimentos al progreso de la Denuncia de
Ilegitimidad: a) Motivos de seguridad jurídica en el mantenimiento de la situación o relación jurídica
devenidas firmes, cuando su revisión pueda perjudicar la confianza legítima de terceros o los intereses
públicos gestionados por la Administración; b) Encontrarse excedidas razonables pautas temporales, que
permitan presumir el abandono voluntario del derecho invocado por el denunciante. La desestimación de la
denuncia, tanto formal como sustancial, deberá fundarse circunstanciadamente. En tal caso, la declaración
en cuanto al fondo de la Denuncia de Ilegitimidad, no es impugnable mediante los recursos que se regulan
en esta Ley. Que a criterio de esta Asesoría Letrada, la denuncia de ilegitimidad es improcedente y debería
ser desestimada, por encuadrarse dentro del impedimento para su procedencia del inciso b, esto es
“encontrarse excedidas razonables pautas temporales, que permitirían presumir el abandono voluntario del
derecho invocado por el denunciante”. Denotándose lo expuesto, en la confrontación de las fechas
enunciadas por el mismo administrado: fecha de notificación de emplazamiento 19/08/24, fecha de
supuesta interposición de Recurso de Revocatoria 26/08/24, fecha de interposición de Denuncia de
Ilegitimidad 16/10/24; siendo menester hacer mención acerca de que el administrado fue informado por
parte del personal de Dirección de Administración (conforme consta en la documentación por él aportada)
acerca del procedimiento correspondiente para la interposición de Recursos, y EN CONSECUENCIA EL
EJERCICIO DE SU DERECHO DE DEFENSA, ENCONTRÁNDOSE AÚN VIGENTES LOS PLAZOS
RECURSIVOS; motivo por el cual se considera que el transcurso del tiempo entre las fechas señaladas y la
presentación del escrito de Denuncia de ilegitimidad, ponen de manifiesto la desidia en el fenecimiento de
los plazos. Así mismo, el lapso temporal transcurrido entre este fenecimiento y la interposición del escrito
como Denuncia de Ilegitimidad, denota la falta de interés en el ejercicio de ese derecho. (…) Así mismo, no
corresponde a esta instancia, calificarlo como denuncia de ilegitimidad, por ser improcedente en los
términos del Art. 173 ap. II) inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo 9003…”;
Que, sin perjuicio de todo lo expuesto, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y
Justicia también dictamina en orden 28: “…debe dejarse claro que el acto atacado, es un Acto Legítimo, por
lo que despliega todos los efectos inherentes al mismo. No obstante, atendiendo al hecho de que en
materia administrativa rige la prescripción bienal regulada por el Art. 38 bis del Decreto Ley N° 560/73, esta
Asesoría considera que, en el caso de que el administrado interpusiera con éxito una excepción de
prescripción en instancia judicial, esta contaría con alta probabilidad de ser admitida sustancialmente; por lo
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que para evitar mayores costos al Estado Provincial, se aconseja el ARCHIVO de los presentes, previa
vista a Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno….”;
Que en orden 85, obra dictamen de Fiscalía de Estado: “…la multa que se pretende declarar incobrable, se
encuentra alcanzada por la prescripción de la acción tendiente a perseguir su cobro judicial, resultando de
aplicación directa lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley N° 8.706…. Se concluye que resultaría
inconveniente, promover acciones judiciales tendientes al recupero del crédito en análisis, toda vez que el
mismo reviste carácter de incobrable, en tanto se encuentra vencido el plazo de prescripción previsto en el
Art. 38 bis del Decreto Ley N°560/73. (…) Con relación a la competencia para ordenar la incobrabilidad por
prescripción de la acción, entiendo que resulta competente para emitir dicha norma, el Señor Gobernador
de la Provincia de Mendoza….”;
Que en orden 92, obra dictamen de Asesoría de Gobierno: “…Asesoría de Gobierno comparte en su
totalidad, el dictamen de Fiscalía de Estado, que luce agregado en número de orden 85, en cuanto
acertadamente concluye que la deuda que se pretende cobrar, se encuentra alcanzada por la prescripción
de la acción tendiente a perseguir su cobro judicial. (…) Por tanto, en base al estudio de las presentes
actuaciones, resulta inviable el inicio de las acciones pertinentes de cobro, ya que a la fecha del presente
dictamen, la acción se encuentra prescripta de acuerdo con el plazo referenciado (Art. 38 bis Decreto Ley
Nº560/73). Por ello, esta Asesoría de Gobierno desaconseja el inicio de acciones judiciales, para evitar el
rechazo de la misma y una eventual condena en costas, con el consiguiente perjuicio patrimonial en tal
caso. (…) Por último, y con el objeto de deslindar responsabilidades, se sugiere el inicio de investigaciones
sumarias pertinentes en caso de corresponder.”;
Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y
Justicia en orden 28, por Fiscalía de Estado en orden 85 y por Asesoría de Gobierno en orden 92,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Rechácese en lo formal la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por el Oficial Principal
–Personal Policial- LOGUERCIO AGUIRRE, FRANCISCO MATIAS D.N.I. N° 25.782.696, por ser
improcedente en los términos del Art. 173 ap. II) inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003.
Artículo 2° - Declárese incobrable por prescripción, la acción de recupero tramitada en expediente N° EX-
2020-02089042- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, por cumplimiento del plazo bienal del Art. 38 bis
del Decreto Ley N° 560/73, y procédase al Archivo de las presentes actuaciones.
Artículo 3° - Remítanse las presentes actuaciones, a la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de
Seguridad y Justicia, a fin de dar cumplimiento a las instrucciones de Fiscalía de Estado y Asesoría de
Gobierno.
Artículo 4° - A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley N° 9003, se hace saber al
administrado que la norma que eventualmente se dicte en los presentes, agota la instancia administrativa,
el recurrente tiene un plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de la notificación de dicha
norma, para interponer Acción Procesal Administrativa (Art. 20 de Ley N° 3918). Téngase presente también
que en caso de errores materiales, omisiones o conceptos oscuros, podrá interponer en el plazo de 15 días
hábiles a partir de la fecha de notificación, Recurso de Aclaratoria (Art. 176 de Ley N° 9003).
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
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MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1851
MENDOZA, 01 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-01742627- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, se tramita Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Claudia Graciela
González, personal civil –planta permanente- del Ministerio de Seguridad y Justicia, en contra de la
Resolución N° 6149-SyJ/25, de fecha 14 de noviembre de 2025;
Que
en
el
marco
del
expediente
administrativo
N°
EX-2024-00614235-
-GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG (orden 25), el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución n° 6149-
SyJ/25, mediante la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso
de Revocatoria incoado por Claudia Graciela González contra la Resolución N° 4094-S/23, de fecha 05 de
diciembre del año 2023;
Que en el expediente administrativo N° EX-2023-05443716- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG
(orden 47), el entonces Ministerio de Seguridad emitió la Resolución N° 4094-S/23, que rectificó el Art. 1°
de la Resolución N° 3482-S/23, el que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 1 – Corresponde
el descuento de haberes a la Señora GONZÁLEZ, Claudia Graciela, D.N.I. N° 18.035.727, por la
presentación tardía de certificados médicos”;
Que en su escrito recursivo, González solicita la nulidad del acto administrativo, considerando que se
encuentra afectado por graves vicios procedimentales que lesionan derechos fundamentales y vulneran los
principios que rigen el procedimiento administrativo. Expone que los certificados médicos fueron
presentados ante la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de
Mendoza; que la Administración no valoró la documentación médica presentada, ni verificó adecuadamente
su ingreso dentro del propio organismo administrativo, y que no se le permitió ejercer plenamente su
derecho de defensa ni formular un descargo previo antes de adoptarse la decisión de descontar sus
haberes. Agrega que la Administración no produjo ni analizó las pruebas ofrecidas, omitiendo verificar la
documentación médica presentada; que no se trató el escrito de “anulación” articulado oportunamente; que
se violaron principios del procedimiento administrativo, como el principio de juridicidad, debido proceso
adjetivo y buena administración; que se vulneraron tratados internacionales de derechos humanos; y que
no se tuvo en cuenta que es el principal sustento económico de su grupo familiar;
Que en orden 08, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia realiza un análisis
jurídico del recurso incoado y dictamina: “…el acto administrativo impugnado, se encuentra debidamente
fundado en las constancias del expediente administrativo, habiéndose verificado que los certificados
médicos invocados por la administrada, no fueron presentados dentro de los plazos y formas exigidos por
la normativa vigente, motivo por el cual la autoridad administrativa dispuso el descuento de haberes
correspondiente. En tal sentido, debe recordarse que la Administración posee la potestad de controlar el
cumplimiento de las obligaciones formales vinculadas a la justificación de inasistencias, pudiendo adoptar
las medidas administrativas pertinentes cuando dichas exigencias no resultan cumplidas. (…) En cuanto a
la alegada falta de valoración de prueba, no surge de las actuaciones, que la Administración haya incurrido
en una prescindencia arbitraria de elementos probatorios decisivos, sino que la decisión adoptada se fundó
en la verificación del incumplimiento de los requisitos formales exigidos para la presentación oportuna de
certificados médicos, circunstancia que justificó la medida administrativa adoptada. Respecto de los
argumentos vinculados a la invocación de perspectiva de género y violencia institucional, corresponde
señalar que si bien el Estado se encuentra obligado a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
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mujeres conforme lo establecen la Ley N° 26.485 y los tratados internacionales de derechos humanos,
tales consideraciones no resultan suficientes para desvirtuar la legalidad de una decisión administrativa
adoptada en ejercicio de las facultades propias de control, cuando se verifica el incumplimiento de
obligaciones formales por parte del agente. En consecuencia, no se advierte en el caso, la existencia de
vicios graves del procedimiento administrativo ni irregularidades que afecten la validez del acto impugnado,
habiendo actuado la Administración dentro del marco de sus competencias y con fundamento en las
constancias obrantes en el expediente. CONCLUSIÓN: Por lo expuesto, esta Asesoría Letrada entiende
que corresponde admitir formalmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Claudia Graciela
González, y RECHAZARLO en lo sustancial….”;
Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en los Arts. 179 y 180 de la
Ley 9.003….”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…insiste la recurrente en los argumentos esgrimidos con anterioridad, que ya han sido
analizados y valorados oportunamente por las instancias administrativas anteriores, lo que hace inadmisible
el remedio intentado. Las normas y argumentos invocados por la autoridad en el ejercicio propio de sus
competencias, resultan suficientes a fin de desestimar la procedencia del reclamo formulado.
Además, y como otro elemento de convicción de la improcedencia del planteo formulado, surge que la
presentación de certificados médicos por la administrada no se encuentra ajustada a las previsiones
legales establecidas por el ordenamiento jurídico. La recurrente insiste en los mismos argumentos
expresados al momento de deducir el reclamo y los sucesivos recursos administrativos. En definitiva, no
acredita la existencia de vicios, errores o arbitrariedades en los actos administrativos dictados por la
autoridad en el ejercicio propio de sus competencias que permitan su revisión, conforme el Art. 179 de la
Ley 9.003. Las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente fundadas y motivadas, además ha
sido debidamente valorado el régimen jurídico aplicable. En definitiva, la resolución cuestionada por esta
vía se ajusta a derecho y la administrada no acredita vicios o irregularidades en los actos administrativos
impugnados, que hagan procedente el remedio intentado. El acto administrativo aparece debidamente
fundado y motivado, tanto en los hechos como en el derecho, careciendo de vicios o defectos que hagan
admisible el remedio intentado, conforme lo normado por la Ley 9003. Por las razones expuestas,
corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso jerárquico….”.
Por ello, y conforme lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y
Justicia en orden 08, y por Asesoría de Gobierno en orden 13;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Sra. Claudia Graciela González, D.N.I. N° 18.035.727, en contra de la Resolución Nº 6149-SyJ/25, emitida
por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 14 de noviembre de 2025, por los motivos expuestos en
los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Desestímese el pedido de nulidad realizado por la Sra. Claudia Graciela González, D.N.I. N°
18.035.727, respecto de la Resolución N° 6149-SyJ/25.
Artículo 3° - Rechácese la solicitud de suspensión de plazos realizada por la Sra. Claudia Graciela
González, D.N.I. N° 18.035.727, al no configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley
N° 9003.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 4° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1852
MENDOZA, 01 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-00837266- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex Auxiliar –Personal Policial- Emilio Germán DIAZ RODRIGUEZ,
interpone Recurso de Revocatoria en contra del Decreto N° 88/26, de fecha 22 de enero de 2026;
Que en el expediente administrativo N° EX-2025-01418604--GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG (orden
43), caratulado: “CONFIRMACION PERSONAL POLICIAL -AUXILIAR P.P. DIAZ RODRIGUEZ, EMILIO
GERMAN-, D.N.I. 39.677.969”, obra Decreto N° 88/26, mediante el cual se dispuso la no confirmación y
desafectación del cargo del administrado;
Que se agravia el recurrente al considerar que el acto administrativo cuestionado resulta arbitrario y nulo.
Sostiene que no ha sido sometido a sumario administrativo, que no ha existido falta administrativa ni
contravención, y que vulnera el principio pro homine;
Que en orden 21, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso en trato: “…el mismo ha sido
presentado en el plazo y condiciones exigido por los Arts. 177 y 178 de la Ley 9.003, por lo que resulta
procedente….”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso presentado, dictamina y
concluye: “…no asiste razón al administrado, atento al texto expreso del Art. 47 de la Ley N° 6722, que
establece la designación en forma interina por el término de doce meses, y lo previsto en el Art. 3 última
parte del Decreto Reglamentario 955/16. En ese sentido, es de destacar que la norma requiere de un acto
expreso de confirmación o de no confirmación, y habilita inclusive, en caso de mediar circunstancias
graves, a disponer la desafectación del cargo antes del plazo estipulado en la misma, por lo que el sólo
transcurso del tiempo no modifica el carácter interino de ésta, ni importa la confirmación tácita del cargo.
Esta Asesoría de Gobierno ya ha tenido oportunidad de expedirse en reiteradas oportunidades respecto de
la improcedencia del planteo formulado (V. dictamen Nº 843/08, Nº 132/16, N° 223/18, etc.). En el caso
traído a revisión, se configura el supuesto previsto en el ordenamiento jurídico, que ha sido debidamente
analizado y merituado por el equipo Técnico, según consta en el número de orden 32 del expediente EX-
2025-01418604- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, donde el mismo ha determinado que no existe
adaptación al régimen del funcionario policial, por lo que el Decreto cuestionado, se ajusta perfectamente a
las previsiones legales. La gravedad de los hechos que dieron origen a las actuaciones administrativas y al
preventivo de orden 2, determinaron la no confirmación en el cargo, considerando así la falta de adaptación
del mismo al régimen policial. Finalmente es de destacar, que no se acredita en el caso traído a dictamen,
la violación a los derechos constitucionales que alega el recurrente, toda vez que la decisión cuestionada
aparece ajustada a derecho y ha sido dictada dentro del ordenamiento jurídico aplicable. El acto
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
administrativo aparece debidamente fundado y motivado, tanto en los hechos como en el derecho,
careciendo de vicios o defectos que hagan admisible el remedio intentado. Por las razones expuestas,
corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso de reconsideración intentado….”;
Por ello, y conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 21;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Revocatoria interpuesto por el ex Auxiliar –Personal Policial- DIAZ RODRIGUEZ, EMILIO GERMAN, D.N.I.
N° 39.677.969, en contra del Decreto N° 88/26, de fecha 22 de enero de 2026, por los motivos expuestos
en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1854
MENDOZA, 01 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-03188830-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex Oficial Ayudante –Personal Policial- LUIS MARTIN GALLARDO
CAVIUDO, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 342-SyJ/26, emitida por el
Ministerio de Seguridad y Justicia el día 29 de enero de 2026;
Que
en
el
marco
del
expediente
administrativo
N°
EX-2024-07033072-
-GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG (orden 107), el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 342-
SyJ/26, mediante la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso
de Reconsideración articulado por GALLARDO CAVIUDO contra la Resolución N° 4620-SyJ/25, fechada 16
de septiembre de 2025, que a su vez dispuso la baja obligatoria del administrado de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 58 Inc. 06) de la Ley N° 6722 (más de doscientos puntos por sanciones disciplinarias
durante diez años consecutivos, o más de setenta y cinco puntos por igual concepto en un lapso de tres
años consecutivos);
Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…compulsadas
las actuaciones EX-2025-08048713--GDEMZA-CCC, surge en orden 17, que la resolución cuestionada fue
notificada al administrado en fecha 30 de enero de 2026, en el domicilio electrónico constituido en el
Recurso de Revocatoria presentado en orden 02. El Recurso Jerárquico fue presentado en el expediente
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
EX-2026-03188830- -GDEMZA-CCC, el día 27 de abril de 2026, según constancias de orden 03. En virtud
de ello, el mismo ha sido deducido cuando los plazos establecidos en el Art. 179 de la Ley 9.003 se
encontraban ampliamente vencidos, por lo que el Recurso Jerárquico resulta formalmente improcedente.
Ahora bien, el recurso tampoco puede ser analizado como denuncia de ilegitimidad de acuerdo con lo
establecido por el Art. 173 ap. II de la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que de acuerdo con el
criterio ya sentado en precedentes anteriores, se han excedido límites temporales razonables que impiden
la revisión de los actos dictados por la autoridad administrativa en el ejercicio propio de sus competencias,
por lo que el mismo se encuentra firme. En ese sentido nuestro Máximo Tribunal ha establecido: “La
denuncia por ilegitimidad debe ser planteada dentro de plazos razonables, que no permitan destruir los
mecanismos de impugnación contenidos en la ley específica. El planteo de una impugnación cincuenta días
después no constituye un plazo razonable para su cuestionamiento posterior. En consecuencia, el acto
administrativo de remoción de la actora ha quedado firme, por no haber sido cuestionado debidamente”.
Expte.: 59091 - LO CASTRO, ROMANO GIOCONDA VICENTA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA - Fecha: 04/08/2000 – SENTENCIA Tribunal:
SUPREMA CORTE - SALA N° 2 Magistrado/s: NANCLARES-BÖHM-SALVINI Ubicación: LS296-270
Fuente.: Tribunal de Origen). Así también, “La denuncia por ilegitimidad es un modo de saneamiento
jurídico que puede permitir salvar los recursos presentados fuera de término, reconociendo como límites a
su tramitación: a) motivos de seguridad jurídica; b) estar excedidas razonables pautas temporales que
hagan presumir un abandono voluntario del derecho”. Expte.: 46509 - PETRA ALBERTO LUIS GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA Fecha: 28/10/1991 –
SENTENCIA- Tribunal: SUPREMA CORTE - SALA N° 2 Magistrado/s: NANCLARES-PORRAS Ubicación:
LS224-174). Por las razones expuestas corresponde desestimar formalmente el Recurso Jerárquico
interpuesto….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Rechácese desde el aspecto formal, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Oficial
Ayudante –Personal Policial- LUIS MARTIN GALLARDO CAVIUDO, D.N.I. N° 33.570.748, en contra de la
Resolución N° 342-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 29 de enero de
2026, por las razones de hecho y de derecho expuestas en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - A fin de dar cumplimiento con el artículo 150 de la Ley N° 9003, se hace constar que habiendo
sido desestimado formalmente el Recurso Jerárquico, el acto por esta vía cuestionado, se encuentra firme,
y no se acreditan los requisitos del Art. 5 de la Ley N° 3918, habiendo quedado cerrada la vía
administrativa, la Acción Procesal Administrativa resulta improcedente. Así también, siendo formalmente
inadmisible el tratamiento del recurso extemporáneo como denuncia de ilegitimidad, el acto que resuelve la
presente no resulta impugnable ni cuestionable por el procedimiento establecido por la Ley N° 3918.
Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1855
MENDOZA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-03792317-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex Oficial Ayudante –Personal Policial- Jorge Jesús Basualdo López
interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 1673-SyJ/26, emitida por el Ministerio de
Seguridad y Justicia el día 22 de abril de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-08291280- -GDEMZA-CCC (orden 35), el
Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 1673-SyJ/26, mediante la cual admitió desde el
aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria articulado por el
administrado en contra de la Resolución N° 4785-SyJ/25, de fecha 19 de septiembre de 2025, que a su vez
rechazó desde el aspecto sustancial, la Acción de Nulidad presentada por el Sr. Basualdo López contra la
Resolución N° 0858-S/20;
Que bajo el Sumario Administrativo N° EX-2018-03115018- -GDEMZA-IGS#MSEG (Resolución N° 309/19
de la Inspección General de Seguridad) el entonces Ministerio de Seguridad emitió la Resolución N° 0858-
S/20, fechada 29 de abril de 2.020, que aplicó al Sr. Basualdo López la sanción expulsiva de Cesantía
sujeta a Exoneración por la comisión de la falta prevista en el Art. 100 inc. 1), en función con el Art. 9 incs.
1) y 2) y Art. 43 incs. 1) y 3) de la Ley N° 6722;
Que en orden 14, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina que
resulta procedente al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en los Arts. 179 y 180 de la
Ley N° 9003;
Que, en su escrito recursivo, Basualdo Lopez sostiene que la resolución recurrida y las que la preceden,
incurren en graves vicios de fundamentación, y omiten dar adecuada respuesta a los agravios planteados.
Cuestiona que el Directorio de la Inspección General de Seguridad se haya apartado de la conclusión del
Instructor Sumariante basándose en antecedentes disciplinarios desfavorables que no fueron incorporados
formalmente a la imputación efectuada en el sumario administrativo. Manifiesta que la Administración omitió
responder el planteo de nulidad vinculado a la notificación de la Resolución N° 3791-S/20, que rechazó
sustancialmente el Recurso de Revocatoria articulado contra la sanción de cesantía sujeta a exoneración.
Por último, sostiene que la Administración prescinde arbitrariamente de los efectos derivados del
sobreseimiento penal dictado a su favor en los Autos P-74387/18, mediante sentencia penal firme del
Primer Juzgado Colegiado de San Rafael;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) Que lucen agregados en órdenes 26 y 31 del expediente N° EX-2020-02186803- -
GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, intentos infructuosos de la Jefatura Distrital II de notificar al
domicilio legal denunciado en el escrito recursivo del Sr. Basualdo (siendo este domicilio denunciado en
calle Barcala N° 11 de San Rafael). Asimismo, en orden 30 de esos autos, obra informe emitido por
Comisaria 8ª, indicando que: “se mantuvo comunicación telefónica en fecha 22/01/2020 al teléfono celular
del Sr. Basualdo, a fin de notificar la Resolución N° 3791-S/20. En fecha 26/01/2021 éste manifiesta que se
constituiría en la Comisaría a fin de notificarse -lo que no ocurrió- para luego comunicarse telefónicamente
indicando que no reside en calle Alemania sino en calle Salta 102 de la ciudad de San Rafael”. Luego, en
orden 31 obra notificación al Sr. Basualdo recibida en forma personal en el domicilio real denunciado
telefónicamente. Por lo que de las constancias indicadas surge que no le asiste razón al recurrente.
Sostener como pretende, que la notificación no es válida, carece de sustento fáctico y jurídico, toda vez que
tomó conocimiento de la resolución, permitiéndole continuar con la vía recursiva. Por otro lado, tampoco
expone el recurrente cuáles son las defensas que no pudo oponer. En relación al agravio del
sobreseimiento del Sr. Basualdo en sede penal, entendemos oportuno tener presente que el sumario
administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al
régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 6722), y el procedimiento predispuesto a
tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar del ex
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
funcionario policial constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la
responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la
SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y
judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las
finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la
continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio
de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este
principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes
asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene consagración legislativa expresa en el Art. 141 de la
Ley N° 6722, que establece: "La substanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las
sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el
mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial, no impedirá la aplicación de la sanción que
correspondiere mediante procedimiento sumarial." Conforme surge de las constancias acompañadas, el
administrado ha tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa, y se han respetado las normas del
debido proceso legal. La falta administrativa cuestionada ha sido debidamente individualizada, tanto en los
hechos como fundada la sanción aplicada en las normas que rigen al personal policial, careciendo de
sustento los agravios invocados. Asimismo, la sanción impuesta aparece como justa y proporcionada, por
lo que no se advierte irracionabilidad ni arbitrariedad que hagan revisable a esta altura de los
procedimientos, la decisión adoptada por la autoridad en ejercicio de su competencia. A fin de valorar el
quantum de la sanción aplicada por la autoridad administrativa en el ejercicio propio de sus competencias,
se desprende que se valoraron las circunstancias agravantes previstas en el ordenamiento que rige al
personal policial, por lo que aparece como justa y proporcionada. En definitiva, no se advierte en el dictado
de los actos administrativos cuestionados por esta vía, vicios o irregularidades que hagan procedente el
remedio deducido, por lo que corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso jerárquico
impetrado….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 14,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el ex Oficial Ayudante –Personal Policial- JORGE JESÚS BASUALDO LÓPEZ,
D.N.I. N° 24.543.000, en contra de la Resolución N° 1673-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y
Justicia para fecha 22 de abril de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1976
MENDOZA, 21 DE SETIEMBRE DE 2026
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Visto el Expediente Electrónico N° 2026-00387821--GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas Nros.
EX-2025-08077621- -GDEMZA-CCC, EX-2025-08484229- -GDEMZA-CCC y EX-2026-02260152- -
GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex Suboficial Ayudante S.C.S. RODRIGUEZ TELLO, FERNANDO
GABRIEL, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 6830-SYJ/25, emitida por el
Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 29 de diciembre de 2025;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-08077621- -GDEMZA-CCC (orden 19) y su
vinculado EX-2025-08484229- -GDEMZA-CCC, tramitados en forma conjunta con las presentes
actuaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 6830-SyJ/25, mediante la cual
admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria
articulado por el administrado contra la Resolución N° 3709-SyJ/25, de fecha 18 de agosto de 2025;
Que en el expediente administrativo EX-2023-04058167- -GDEMZA-DGSERP#MSEG, caratulado:
“ABANDONO DE SERVICIO -EFECTIVO RODRIGUEZ FERNANDO- DNI: 32.018.804.”, obra Resolución
N° 3709-SyJ/25, por la cual, el Ministerio de Seguridad y Justicia aplicó al recurrente la sanción expulsiva
de cesantía por abandono de servicio;
Que de orden 85 del Expte. Nro. EX-2023-04058167- -GDEMZA-DGSERP#MSEG surge el pase a Revista
Pasiva (Art. 46 Inc. 6 - ABANDONO DE SERVICIO) desde fecha 20/05/2023. Asimismo, surge del sistema
de Liquidación de Sueldos Signos, la baja definitiva el día 18 de agosto de 2025;
Que en orden 18, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…la resolución
impugnada fue notificada en fecha 13/01/2026 (v. orden 22 EX-2025-08484229), y el recurso presentado el
día 14/01/2026 (según la fecha de creación del ticket de orden 03), por lo que a criterio de esta Asesoría de
Gobierno, se impone admitirlo formalmente, por haberse interpuesto dentro del término previsto por el Art.
179 de la Ley N° 9003….”;
Que en su escrito recursivo, Rodríguez Tello sostiene que la Resolución N° 6830-SyJ/25 omite analizar
integralmente el contexto fáctico del caso, el daño sufrido a lo largo de su carrera administrativa, las
irregularidades previas imputables a la propia Administración y la proporcionalidad de la sanción aplicada.
Alega ausencia de notificaciones fehacientes y oportunas durante el procedimiento, y la supuesta violación
del principio de plazo razonable;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…Desde ya adelantamos que a criterio de esta Asesoría de Gobierno el reclamo es, además de
impreciso y difuso, ostensiblemente improcedente. Las actuaciones disciplinarias EX-2023-04058167--
GDEMZA-DGSERP#MSEG, se inician (orden 2) con un informe de la Coordinación General de Recursos
Humanos del Servicio Penitenciario Provincial, dando cuenta que el agente Rodríguez faltaba al servicio
desde el día 19/05/2023, sin ningún tipo de justificación, siendo notificado a su correo oficial de
conformidad a las previsiones del artículo 48 de la Ley N° 7493. Mediante Resolución N° 623/23 del
Directorio de la Inspección General de Seguridad (orden 16), se ordenó la apertura de formal sumario
administrativo, por presunto abandono de servicio. En el orden 20 obra constancia de notificación de dicha
resolución al correo oficial del Suboficial Ayudante S.C.S. RODRIGUEZ TELLO, y en el orden 21 obra
informe de la Inspección General de Seguridad en el cual consta que personal de la repartición se
apersonó en el domicilio del sumariado a fin de notificar la audiencia de indagatoria, no encontrándose a
ningún morador, por lo que se dejó copia de la cédula de notificación bajo la puerta. En el orden 35 obran
las conclusiones del Instructor: “…Que la no justificación de las inasistencias en tiempo y forma, habiendo
sido debidamente notificado, configura a criterio de esta Instrucción, falta a lo dispuesto en el artículo 8
incisos a), b), c), k) y 1) de la Ley N° 7493, en función de los artículos 106 y 126 de la Resolución N° 143-
T/2015 del entonces Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia (Régimen Disciplinario del Personal
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Penitenciario). Es decir, un incumplimiento de lo dispuesto por la ley que reglamenta la prestación de
funciones, falta de diligencia en la prestación del servicio, al tiempo que configura un claro abandono de
servicio, sin dar razón de su ausencia y sin justificar sus inasistencias…. Por ello, resulta proporcional
aplicar la sanción de cesantía al Suboficial Ayudante S.C.S. RODRÍGUEZ TELLO, FERNANDO GABRIEL,
D.N.I. N° 32.018.804, prevista por el Art. 35 de la Ley N° 7493 y Art. 208 de la Resolución N° 143-
T/2015…". La Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia en el orden 67 emitió el Dictamen
N° 674/24, en el cual coincidió con las conclusiones del instructor, como también con la sanción sugerida.
Finalmente, mediante Res. N° 3709-SyJ/25 (orden 96 EX-2023-04058167- -GDEMZA-DGSERP#MSEG) se
le aplicó a Rodríguez la Cesantía. El recurrente aduce que la sanción es arbitraria o irrazonable, pero no
puntualiza su reclamo ni mucho menos lo apuntala con prueba. Discrepa Rodríguez con la sanción y su
fundamento, pero esta mera discrepancia no implica que la resolución recurrida se encuentre viciada por
falencias o carencias en orden a la derivación lógica de las conclusiones a las que arriba partiendo de los
elementos de convicción incorporados. La resolución sancionatoria resulta coherente y razonable, y
asimismo, es proporcional a la falta comprobada (abandono de servicio). Por otra parte, la Instrucción
notificó al agente, tanto a su correo oficial como a su domicilio, la citación para comparecer a indagatoria,
con lo cual no resulta sostenible la pretendida afectación a su derecho de defensa. Y por último, el
procedimiento disciplinario en cuestión fue instruido en un plazo razonable, y muy lejos de aquellos
términos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado, por el contrario, irrazonables, en
los fallos "Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA” -26/7/12- (15 años), y “Bonder Aaron” (10 años). En
síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado
sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 18,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el ex Suboficial Ayudante S.C.S. RODRIGUEZ TELLO, FERNANDO GABRIEL,
D.N.I. N° 32.018.804, en contra de la Resolución N° 6830-SyJ/25, emitida por el Ministerio de Seguridad y
Justicia para fecha 29 de diciembre de 2025, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2004
MENDOZA, 22 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02715789- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en las citadas actuaciones, el ex subcomisario –Personal Policial- SALINAS ORTIZ, MIGUEL
ANDRÉS, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 1281-SyJ/26, emitida por el
Ministerio de Seguridad y Justicia el día 31 de marzo de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-08962335- -GDEMZA-CCC (orden 34), el
Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 1281-SyJ/26, mediante la cual admitió desde el
aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria articulado por el ex
funcionario policial SALINAS ORTIZ contra la Resolución N° 5151-SyJ/25, de fecha 03 de octubre de 2025,
que a su vez aplicó al recurrente, la sanción expulsiva de exoneración, conforme lo estipulado por el Art. 99
Inc. 1) de la Ley N° 6722/99 y sus modificatorias, al haber sido condenado a la pena de tres (3) años de
prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua, en los Autos P-31.653/20, caratulados: “F. C/
SALINAS ORTIZ, MIGUEL ANDRÉS P/ CONCUSIÓN Y ALLANAMIENTO ILEGAL EN CONCURSO REAL”;
Que en orden 14, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previstos en los Arts. 179 y 180 de
la Ley N° 9003.”;
Que en su escrito recursivo, SALINAS ORTIZ se agravia postulando que la resolución impugnada aplica de
manera mecánica el Art. 99 Inc. 1) de la Ley N° 6722, sin realizar una valoración integral de las
circunstancias del caso, conforme exige el Art. 103 de dicha norma. También se agravia al considerar que
la Administración omitió ponderar su legajo profesional, antecedentes, ascensos y reconocimientos dentro
de la fuerza, así como también la prueba instrumental acompañada, omitiendo asimismo considerar su
situación familiar y económica. Alega también que la falta de análisis vulnera los principios de
razonabilidad, proporcionalidad y adecuada graduación de la sanción, configurando un vicio que afecta la
validez de la resolución recurrida;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…la sanción de exoneración aplicada, es la expresamente prevista por el régimen disciplinario
aplicable ante la configuración de la hipótesis verificada en el caso. El Art. 99 de la Ley N° 6722 dispone:
“Será causa de exoneración: 1- Condena judicial por comisión de delitos dolosos”. SALINAS ORTIZ fue
condenado por sentencia firme como autor de un delito doloso.
Ahora bien, el recurrente peticiona se aplique al caso, la previsión del Art. 103 de la referida norma legal,
que dispone que: “el órgano competente podrá apartarse fundadamente de las sanciones establecidas en
los artículos precedentes, aplicando otra menor, cuando su aplicación resultare irrazonable y
desproporcionada, de acuerdo con las circunstancias del caso y conforme con el principio de equidad”. Por
otra parte, la sanción aplicada responde a una previsión expresa del régimen disciplinario policial, el cual
establece de manera clara la consecuencia jurídica derivada de la condena penal por delito doloso. En tal
sentido, el hecho de que la pena impuesta en sede penal haya sido de ejecución condicional, no altera la
naturaleza dolosa del delito, ni neutraliza los efectos disciplinarios que el ordenamiento administrativo prevé
para tales supuestos. Por otra parte, las circunstancias personales invocadas por el recurrente, tales como
su antigüedad en la fuerza, su concepto funcional o su situación familiar, no resultan suficientes para
desplazar la aplicación de la causal legal de exoneración, en tanto el legislador ha considerado que la
condena por delito doloso constituye una infracción de gravedad tal que resulta incompatible con la
permanencia en la función policial, atendiendo a la naturaleza de las responsabilidades inherentes al
servicio de seguridad pública, más aun teniendo en cuenta la naturaleza del delito. En consecuencia, no se
advierte en el caso, que la aplicación de la sanción prevista en el Art. 99 Inc. 1) de la Ley Nº 6722, resulte
irrazonable o desproporcionada en los términos que habilitarían la aplicación excepcional del Art. 103 del
mismo cuerpo normativo. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe
ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 14,
EL
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el ex subcomisario –Personal Policial- SALINAS ORTIZ, MIGUEL ANDRES,
D.N.I. N° 25.123.247, en contra de la Resolución N° 1281-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y
Justicia para fecha 31 de marzo de 2026, por las razones de hecho y de derecho expuestas en los
considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2056
MENDOZA, 25 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-05427254- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el Señor Víctor Ezequiel LLALEN interpone Recurso de Revocatoria en
contra del Decreto N° 1008/26, de fecha 22 de mayo de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2026-00789964- -GDEMZA-DGSERP#MSEG (orden
32), se emitió el Decreto N° 1008/26, mediante el cual se dispuso la no confirmación y desafectación del
cargo de Agente - Cuerpo de Seguridad - del Servicio Penitenciario Provincial, de Víctor Ezequiel LLALEN,
quien había sido designado mediante Decreto N° 2917/24, fechado 30 de diciembre del año 2024;
Que en orden 17, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso incoado y dictamina que ha
sido presentado en el plazo y condiciones exigidas por los Arts. 177 y 178 de la Ley N° 9003, motivo por el
cual resulta procedente desde su aspecto formal;
Que en su escrito recursivo, LLALEN sostiene que el procedimiento que culminó con su no confirmación en
el cargo de Agente del Servicio Penitenciario Provincial, se encontraría viciado de nulidad, por cuanto las
calificaciones funcionales confeccionadas durante el período de evaluación no le habrían sido notificadas
previamente, circunstancia que, a su entender, habría vulnerado el derecho de defensa, el debido proceso
administrativo y el principio de juridicidad, solicitando la nulidad de todo lo actuado y la retroacción del
procedimiento administrativo. Asimismo invoca el precedente "Choque Herrera" de la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza y solicita la incorporación de la Resolución N° 253/09 y demás normativa
reglamentaria;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del Recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) Adelantando la opinión de Asesoría de Gobierno, entiendo no asiste razón al administrado,
atento al texto expreso del Art. 32 de la Ley N° 7493, que establece la designación en forma interina por el
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
término de doce meses, y lo previsto en el Art. 3 del Decreto Reglamentario N° 2102/08. En ese sentido, es
de destacar que la norma requiere de un acto expreso de confirmación o de no confirmación, y habilita
inclusive, en caso de mediar circunstancias graves, a disponer la desafectación del cargo antes del plazo
estipulado en la misma, por lo que el sólo transcurso del tiempo no modifica el carácter interino de ésta, ni
importa la confirmación tácita del cargo. Esta Asesoría de Gobierno ya ha tenido oportunidad de expedirse
en reiteradas oportunidades respecto de la improcedencia del planteo formulado (Vg. dictamen N° 843/08,
N° 132/16, N° 223/18, etc.). En el caso traído a revisión, se configura el supuesto previsto en el
ordenamiento jurídico, que ha sido debidamente analizado y merituado por la Junta de Confirmación, según
consta en el número de orden 02, 04 y 06 del expediente EX-2026-00789964- -GDEMZA-DGSERP#MSEG,
donde se ha determinado por unanimidad la no confirmación del agente, por lo que el Decreto cuestionado
se ajusta perfectamente a las previsiones legales. De las constancias del citado expediente, surge que el
procedimiento previsto por la normativa vigente fue íntegramente cumplido. Finalmente es de destacar, que
no se acredita en el caso traído a dictamen, la violación a los derechos constitucionales que alega el
recurrente, toda vez que la decisión cuestionada aparece ajustada a derecho y ha sido dictada dentro del
ordenamiento jurídico aplicable. El acto administrativo aparece debidamente fundado y motivado, tanto en
los hechos como en el derecho, careciendo de vicios o defectos que hagan admisible el remedio intentado.
Por las razones expuestas, corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso de
reconsideración intentado….”.
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 17,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Revocatoria interpuesto por el Señor Víctor Ezequiel LLALEN, D.N.I. N° 42.469.053, en contra del Decreto
N° 1008/26, de fecha 22 de mayo de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el Señor Víctor Ezequiel LLALEN, D.N.I. N°
42.469.053, respecto del procedimiento administrativo que culminó con el dictado del Decreto N°
1008/2026.
Artículo 3° - Ratifíquese en todos sus términos el Decreto N° 1008/2026, de fecha 22 de mayo de 2026,
que dispuso la no confirmación y desafectación del cargo como Agente - Cuerpo de Seguridad - del
Servicio Penitenciario Provincial del Señor Víctor Ezequiel LLALEN, D.N.I. N° 42.469.053.
Artículo 4° - Notifíquese al recurrente, a fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley 9.003, que el acto
administrativo que resuelve este recurso agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la
Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, a interponerse en el plazo de treinta (30) días
corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado (Art. 20 de la Ley N°
3918).
Artículo 5° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2108
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
MENDOZA, 30 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-03172818- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO
Que en las citadas actuaciones, el ex Agente S.C.S. LUIS GASTON GOMEZ DELLAUNIVERSIDAD,
interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 1539-SyJ/26, emitida por el Ministerio de
Seguridad y Justicia el día 16 de abril de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo EX-2023-09349274- -GDEMZA-IGS#MSEG, el Ministerio de
Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 1539-SyJ/26 (orden 69), mediante la cual se aplicó al
recurrente, la sanción expulsiva de cesantía prevista en el Art. 35 de la Ley N° 7493, por infringir el Art. 8
Incs. a) y l), Art. 24 Inc. 4) y Art. 24 bis, todos de la Ley N° 7493, en función de los Arts. 1 (I) y 4 de la
Resolución N° 143-T/15 (Régimen Disciplinario para el Personal Penitenciario), al no haber acreditado
tener título de estudios secundario finalizados o equivalentes;
Que en orden 17, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…la resolución
impugnada fue notificada en fecha 20 de abril de 2026 (orden 74 del expediente Nro. EX-2023-09349274- -
GDEMZA-IGS#MSEG), y el recurso presentado el día 24 de abril de 2026, según constancias de orden 03
del expediente principal, por lo que ha sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de
la Ley 9003.”;
Que se agravia el recurrente al considerar que la resolución cuestionada ha sido dictada en violación al
debido proceso legal y derecho de defensa, y que el acto no se encuentra debidamente motivado. Sostiene
que se ha operado la prescripción del sumario administrativo, y la resolución cuestionada ha sido dictada
en violación al principio de la ley más benigna y aplicación de la Ley N° 8467. Considera también que se ha
vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…De la compulsa de las actuaciones EX-2023-09349274--GDEMZA-IGS#MSEG, surge que
mediante Resolución N° 922/23 dictada por la Inspección General de Seguridad, obrante en orden 02, se
instruyó sumario administrativo en contra del administrado, en función del presunto incumplimiento de los
deberes impuestos por el estado penitenciario por parte de varios agentes, entre ellos el Agente Gómez,
que adeudaban el título de estudios secundarios o equivalente. En el orden 09, obra el acta de declaración
indagatoria del sumariado, rendida en fecha 10 de marzo de 2023, donde manifiesta que se encuentra
cursando el último año del nivel secundario en el C.E.N.S. Nro. 34/05 y fue notificado del plazo para
formular descargo. Vencido el plazo sin que hubiera hecho uso del mismo ni que acreditara las
circunstancias invocadas, el instructor sumariante emitió las conclusiones y se corrió plazo para alegar.
Finalmente, la Junta de Disciplina emite Dictamen Nº 857, en el cual coincidió con las conclusiones del
Instructor y con la sanción sugerida. Mediante Resolución Nº 1539-SyJ/26 (orden 74) se le aplicó al
recurrente la sanción de Cesantía ahora cuestionada. Sostiene el ex Agente Gómez, que la imputación fue
formulada de manera genérica y estandarizada, ya que la Resolución N° 922/23 de la IGS tuvo por objeto a
un conjunto masivo de agentes que "adeudan título de estudios secundarios", sin que en ningún momento
se le informara con precisión el comportamiento concreto atribuido, la fecha de su comisión, las pruebas
existentes ni el encuadramiento normativo específico. La queja no puede prosperar, a poco que se advierta
que en orden 09 del sumario administrativo, luce acta de indagatoria prestada por el administrado, donde
fue puesto en cabal conocimiento de los hechos imputados, su calificación legal y las pruebas existentes en
su contra. Tampoco resulta sostenible el agravio relacionado con la falta de motivación del acto, ya que la
resolución se encuentra fundada tanto en los hechos como en el derecho aplicable, y satisface los
requisitos del Art. 45 de la Ley N° 9003. Respecto del planteo de prescripción de la acción disciplinaria, el
mismo también resulta improcedente. El Art. 81 de la Ley N° 7493 establece: “Todo sumario administrativo
prescribirá en el término de dos (2) años de iniciado el mismo. El personal no podrá ser sumariado después
de haber transcurrido dos (2) años de cometida la falta que se le imputa…”. Señala el recurrente que la
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Administración conocía o debía conocer su situación educativa desde su ingreso al Servicio Penitenciario y
pese a ello, el acto de apertura del sumario administrativo fue dictado recién en el año 2023, encontrándose
a esa altura ya prescripta la acción para iniciar válidamente el procedimiento. Tal razonamiento no repara
en que la conducta reprochada no es un hecho aislado e instantáneo que se consumó al vencimiento del
plazo conferido para terminar el secundario, sino una infracción continuada que se prolongó en el tiempo,
hasta que en fecha 07/08/2023, en respuesta a emplazamiento cursado en las actuaciones EX-2023-
07429248- -GDEMZA-IGS#MSEG, en orden 33 informó que sus estudios secundarios estaban
incompletos. Y a continuación de ello, mediante la Res. 922/23 de fecha 28/11/2023, se dispuso la
instrucción de formal sumario administrativo, sin que en ningún momento transcurriera el plazo de 2 años
desde que se cometió la falta, previsto en el segundo supuesto del Art. 81 de la Ley N° 7493. Tampoco
puede prosperar el agravio de que el sumario se encontraba prescripto al momento de dictarse el acto
impugnado, por haber superado su instrucción los dos (2) años de duración, toda vez que el día
16/04/2026, se dictó la Resolución N° 1539-SyJ/16 por parte del Ministerio de Seguridad, que impuso la
sanción expulsiva ahora cuestionada. Las actuaciones disciplinarias EX-2023-09349274- -GDEMZA-
IGS#MSEG se iniciaron con la Res. 922/23 de la IGS de fecha 28/11/2023 (orden 02). En fecha 10/03/2024
tuvo lugar la Indagatoria (orden 09). El día 24/01/2025 se emitió la Conclusión del Sumario (orden 23), se
acordó plazo para alegar (orden 35 y 37). En virtud de ello, entiendo que no ha acaecido el plazo de
prescripción del sumario administrativo, ya que se han realizado los actos impulsorios necesarios a fin de
investigar la conducta del administrado, y la autoridad administrativa competente se ha expedido dentro de
un plazo razonable, por lo que no puede alegarse violación alguna a los derechos constitucionales. Siendo
el fundamento de la institución, la prescripción de toda acción sancionatoria, la inacción del Estado en su
ejercicio -que trasuntaría la falta de interés al respecto-, el término previsto en el primer párrafo del Art. 81
de la Ley 7493 no puede interpretarse en términos que prescindan considerar la efectiva y continua
tramitación impresa al procedimiento por parte de la Inspección General de Seguridad. Aduce también el
recurrente que se ha violado el principio del non bis in ídem consagrado por el Art. 14 PIDCP, Art. 8.4
CADH, Art. 75 Inc. 22) CN y por el Art. 81 in fine de la Ley N° 7493. En tal sentido, afirma que la inhibición
para el ascenso para el personal que no haya finalizado sus estudios secundarios introducida al régimen
penitenciario por el Art. 2 de la Ley N° 8255 y luego reemplazada por una similar en la Ley 8467, constituye
en sí misma una sanción de naturaleza punitiva por el mismo hecho que ahora se le aplica la sanción de
Cesantía. El non bis in ídem prohíbe que una persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho, bajo
idéntico fundamento y con la misma naturaleza punitiva. Claramente, la inhibición para ascender sin contar
con el título requerido es un requisito dentro del régimen de carrera, que no guarda naturaleza
sancionatoria, por lo que el agravio también resulta inadmisible. El recurrente asimismo plantea una
violación al principio de legalidad disciplinaria, sosteniendo que la Ley N° 7493 y sus modificatorias no
tipifican expresamente la conducta atribuida al agente -no haber finalizado los estudios secundarios- como
una falta disciplinaria, ni establecen que la sanción aplicable para dicha situación sea la Cesantía. Y
también invoca una violación al principio de la ley más benigna, por la falta de aplicación de la Ley N° 8467
del año 2012. Daremos tratamiento conjunto a estos dos agravios por la íntima relación entre ellos.
Sostiene el administrado que tanto el Art. 24 bis de la Ley N° 7493 en su versión original e incluso en la
redacción incorporada por la Ley N° 8255, regulaba la excepción al requisito de título secundario como
condición de ingreso y permanencia, no como una infracción disciplinaria autónoma. Que la norma no
establecía, ni establece, que el incumplimiento de dicho requisito habilite la instrucción de un sumario
disciplinario, ni la aplicación de la Cesantía como consecuencia. Y agrega el recurrente que la Ley N° 8467
únicamente establece una inhibición para el ascenso. Ahora bien, la sanción se aplicó con fundamento en
el incumplimiento de los Arts. 8 y 24 de la Ley N° 7493: Siendo un requisito indispensable para el ejercicio
del cargo, la obtención del título secundario, su incumplimiento lógicamente no puede acarrear otra
consecuencia que no sea la Cesantía. Inequívocamente, la última parte del artículo 9 de la Ley N° 7878
establece: “Vencido dicho plazo sin que se hubiera cumplimentado la acreditación del título del ciclo
polimodal, secundario o equivalente, el agente penitenciario cesará en sus funciones”. Por otra parte, en
materia penal -y por extensión en el ámbito disciplinario- la regla es que la ley aplicable es la vigente al
tiempo del hecho. Este principio, basado en que la conducta sólo puede motivarse por una norma existente
al momento de su realización/omisión, determina la irretroactividad de la ley punitiva. Pero reconoce como
excepción la aplicación retroactiva de la ley que resulte más benigna para el imputado. Lo cierto, es que
esto no guarda vinculación alguna con el caso que nos ocupa. Los Arts. 8, 9 y 24 de la Ley N° 7493 han
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
permanecido inalterados. La norma invocada como más benigna (Ley 8467, B.O. 31/10/2012) no suprimió
el plexo de obligaciones que surgen de dicho articulado, sino que otorgó por única vez una prórroga para
finalizar los estudios requeridos, modificando la ampliación de plazos previamente dispuesta a tal efecto por
la Ley N° 8255 (B.O. 14/2/2011). Todas las referidas ampliaciones y prórrogas se encontraban vencidas al
tiempo de ordenarse el sumario, pero aún ello resulta irrelevante: El administrado no plantea que la razón
por la cual no completó el secundario se vincule con los plazos dispuestos a tal efecto. Por ello es dable
tener por verificada la infracción reprochada. No modifica tal temperamento que el administrado haya
informado en el año 2026 que se encuentra cursando el último año del secundario, toda vez que a la fecha,
todos los plazos legales se encuentran vencidos. Asimismo la sanción impuesta aparece como justa y
proporcionada, por lo que no se advierte irrazonabilidad ni arbitrariedad que hagan revisable a esta altura
de los procedimientos, la decisión adoptada por la autoridad en ejercicio de su competencia. En definitiva,
no se advierte en el dictado de los actos administrativos cuestionados por esta vía, vicios o irregularidades
que hagan procedente el remedio deducido, por lo que corresponde la admisión formal y el rechazo
sustancial del recurso impetrado. Postula el recurrente que se ha violado el principio de confianza legítima y
la doctrina de los actos propios, ya que fue confirmado en el cargo a pesar de no haber presentado
certificado de estudios secundarios. Aduce que la Administración habilitó, convalidó y se benefició del
servicio prestado, por lo que no puede traicionar la confianza generada por sus propios actos. Tampoco
puede prosperar este agravio. En orden 53 del expediente EX-2023-09349274, consta que su ingreso al
Servicio Penitenciario se produjo el 01/03/2011, ya durante la vigencia de la Ley N° 8255 (B.O. 14/2/2011)
cuyo Art. 1 dispuso: “Incorpórese como artículo 24 bis de la Ley 7.493, el que sigue: "Art. 24 bis: A los
efectos de lo dispuesto en el Inc. 4) del artículo 24 de la presente Ley, los aspirantes podrán ingresar sin
tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente. Los aspirantes que hubieren ingresado sin tener
título de ciclo polimodal, secundario o equivalente, deberán realizar el cursado obligatorio de dichos
estudios en el término de treinta y seis (36) meses desde el inicio del ciclo lectivo inmediato posterior al
nombramiento. Vencido el plazo anterior sin que el agente acredite la obtención del título, será dado de
baja definitivamente sin posibilidad de prórroga". Dicho plazo fue prorrogado luego por imperio de la Ley N°
8467 (B.O. 31/10/2012). La tolerancia que permitió a quienes no obtuvieron el título, continuar ejerciendo su
cargo luego del vencimiento de dichos términos, no genera ningún derecho ni deroga la obligación de
acreditar la obtención del título ni las consecuencias de su incumplimiento, previstas en la última parte del
artículo 9 de la Ley N° 7878: “Vencido dicho plazo sin que se hubiera cumplimentado la acreditación del
título del ciclo polimodal, secundario o equivalente, el agente penitenciario cesará en sus funciones”. Como
se ha dicho en dictámenes legales precedentes, aún si existieron falencias de control en etapas anteriores,
ello no convierte en legítimo lo que resulta contrario a un requisito esencial. No hay derechos adquiridos a
la permanencia en el cargo en condiciones normativamente inválidas. La estabilidad del empleo público
sólo protege situaciones jurídicas regulares, y, en el caso, el título secundario es requisito de aptitud e
idoneidad para el desempeño de funciones como personal penitenciario. Por último, entendemos que no
corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada por el recurrente, ya que no se
configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003. Y asimismo, cabe tener
presente el régimen legal de las impugnaciones de actos administrativos en sede judicial, que en el caso de
Cesantías o Exoneraciones de agentes estatales deniega expresamente la suspensión de su ejecución
(Art. 24 Inc. b de la Ley N° 3918). En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso
interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 17,
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el ex Agente S.C.S. LUIS GASTON GOMEZ DELLAUNIVERSIDAD, D.N.I. N°
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
27.362.477, en contra de la Resolución N° 1539-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia
para fecha 16 de abril de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Rechácese la suspensión de la ejecución del acto solicitada por la recurrente, al no
configurarse ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 3° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 4° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DRA. HEBE CASADO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2134
MENDOZA, 06 DE OCTUBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-06576615-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Ministerio de Seguridad y Justicia tramita la desafectación del cargo de la
Auxiliar –Personal Policial- QUIROGA MONTAÑA, CLARISA MAGALÍ, designada mediante Decreto Nº
1070/26, adjunto en orden 03;
Que de la documentación obrante en orden 02 surge que, en sede de la Comisaría 26° -Villa Atuel-, se
instruye sumario N° 483/26 correspondiente al Expte. N° 85470/26, caratulado en “Av. Estafa”, con
intervención de la Fiscalía de Instrucción de General Alvear, en virtud de la denuncia donde resulta
involucrada como persona sospechada la Auxiliar P.P. QUIROGA MONTAÑA, CLARISA MAGALÍ;
Que en orden 05 obra Planilla Nominativa de Antecedentes Judiciales de QUIROGA MONTAÑA, CLARISA
MAGALÍ;
Que en orden 07 la Dirección General de Policial expresa: “Atento a lo informado a orden seis en relación a
la no confirmación de la Auxiliar P.P. Quiroga Montaña, Clarisa Magali, esta instancia estima que no es
conveniente que continué su tratamiento, considerando que un efectivo policial debe tener ciertas
características y habilidades profesionales para desempeñar su trabajo de manera efectiva, respetuosa,
profesionalmente, es decir un conjunto de principios y reglas éticas y morales que regulan y guían una
actividad como es ser Policía. Toda actividad profesional tiene sus consecuencias ante el obrar, en este
punto el Policía no puede, ni debe alegar desconocimiento de aquellas normas escritas. Debe también
tener conocimiento de las conductas que son perjudiciales para el buen nombre de la Policía de Mendoza.
La moral, la ética y la buena conducta en los efectivos policiales debe darse no sólo durante la prestación
del servicio sino, en todo momento ya que el estado policial de un policía es inherente durante las 24 horas,
motivo por el cual los integrantes que forman parte de la Policía de Mendoza, deben ser idóneos, nutridos
de buenas conductas, buen obrar ante la mirada de la sociedad, tal como lo rezan nuestras normas legales
Ley N° 6721/99, N° 6722/99 y sus modificatorias. Es decir, las inconductas del Personal Policial, son
totalmente inaceptables. Un Efectivo (cualquiera sea su jerarquía o escalafón) de la Policías de Mendoza
debe ser; Integro, Respetuoso, Empático, Tolerante, Disciplinado, Adaptable, Responsable, Honorable, un
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Profesional con conocimiento para cumplir con la función pública de servicio policial para actuar en
beneficio de la comunidad.”;
Que en orden 13 el Director Presidente de la Inspección General de Seguridad, expresa: “…atento a la
solicitud de informe respecto a la efectivo policial Auxiliar P.P QUIROGA MONTAÑA, CLARISA MAGALI
D.N.I. Nº 42.863.542, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que en este Organismo se
instruyen los siguientes expedientes administrativos en etapa de Información Sumaria: EX-2026-06379363-
-GDEMZA-IGS#MSEG y EX 2026-06378690- -GDEMZA-IGS#MSEG, así mismo se informa que mediante
Resolución N° 594/2026, se dispuso la acumulación de ambas piezas administrativas.”;
Que el artículo 47 de la Ley N° 6722 dispone: “Se adquirirá el Estado Policial por la designación, por parte
del Poder Ejecutivo, como miembro del Personal Policial de las Policías de la Provincia de Mendoza, desde
los grados de Oficial Subayudante o Auxiliar, y previo cumplimiento de los requisitos de ingreso. Toda
designación o incorporación a cualquiera de los escalafones de la presente ley, se efectuará interinamente
por el término de doce (12) meses, al cabo del cual deberá confirmarse o no expresamente en el cargo, por
decreto del Poder Ejecutivo. Esta confirmación se realizará sobre la base del desempeño del personal, en
las funciones asignadas por la superioridad y que hayan sido cumplidas dentro del marco reglamentario,
siempre que haya demostrado idoneidad, adaptación, subordinación y aptitud, la que será evaluada por un
equipo técnico conforme a lo que se establezca en la reglamentación. Si en el transcurso de los doce (12)
meses, mediara alguna circunstancia grave, se procederá a la desafectación en el cargo, sin esperar el
cumplimiento del período mencionado, mediante norma expresa emanada del Poder Ejecutivo, la que
deberá ser notificada.”;
Que por su parte el artículo 3º del Decreto N° 955/16 reglamentario de la Ley Nº 6722 dice: “(Artículo 47 de
la Ley Nº 6722 y modificatorias) El personal policial designado en los términos del artículo 47 de la Ley Nº
6722 y modificatorias, iniciará su carrera cumpliendo funciones en dependencias de la Comisaría a la que
sea asignado. Transcurridos cinco (5) meses desde su designación, el Jefe de la dependencia policial
completará el formulario de calificación para confirmación, debiendo elevarlo a la Dirección de Capital
Humano y Capacitación. Si la calificación fuera positiva el efectivo continuará prestando funciones en la
misma dependencia, en cambio si la calificación fuera negativa Dirección de Capital Humano y Dirección
General de Policía le asignarán un nuevo destino. Cumplidos los diez meses desde la Designación el Jefe
de la Dependencia Policial deberá completar el segundo formulario de calificación para confirmación, que
será de igual tenor al primero y lo elevará a Dirección de Capital Humano y Capacitación que dará inicio de
oficio a la pieza administrativa correspondiente para la confirmación o no del personal. En esa pieza se
deberá aportar el detalle de inasistencias, sanciones y felicitaciones del efectivo a confirmar, consulta del
Registro de Deudores Alimentarios, del Registro Nacional de Antecedentes Penales, informe de la
Inspección General de Seguridad sobre la posible imputación administrativa, como toda otra
documentación de interés que sirva objetivamente al calificador. Con esta documentación y los formularios
de calificación para confirmación el Equipo Técnico compuesto por Dirección de Capital Humano, el
Director de Asesoría Letrada y el Director General de Policías, emitirá un concepto funcional fundado: a) En
caso que las calificaciones y el concepto funcional fueran positivos se confirmará mediante norma expresa
emanada del Poder Ejecutivo. b) En caso que las calificaciones y el concepto funcional fueran negativos, se
remitirán al Sr. Ministro de Seguridad para su NO confirmación a través de la respectiva Norma Legal. c) Si
las calificaciones fueran disímiles en sus resultados (una negativa y otra positiva) el Equipo Técnico deberá
emitir la correspondiente Conclusión a fin de definir la Confirmación o No en el cargo. A los efectos del
procedimiento administrativo, el plazo de 12 meses contenido en el artículo 47 de la Ley Nº 6722 y
modificatorias debe interpretarse como de carácter ordenatorio y no perentorio, cuyo incumplimiento no
genera consecuencias jurídicas respecto de la conclusión del trámite, sin perjuicio de la responsabilidad
que pueda caber a los funcionarios intervinientes que ocasionaran la demora administrativa. Desafectación:
En el caso que el efectivo en la etapa de interinidad de su designación, cometiera una falta al Régimen
Disciplinario ordenado por la legislación vigente, que diera lugar a Sumario Administrativo, deberá
interpretarse que media una circunstancia grave y se procederá a la desafectación en el cargo, sin esperar
el cumplimiento del período de 12 meses, mediante norma expresa emanada del Poder Ejecutivo, la que
deberá ser notificada.”;
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 15 la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia efectúa el análisis
jurídico y concluye: “…de lo expresado en los antecedentes se desprende que la funcionaria fue nombrada
conforme surge de orden 03, el 01/06/26. Conforme surge de orden N° 11, del certificado de servicios hace
solo dos meses y veintiocho días que presta funciones en la Policía de la Provincia. Es decir que no solo no
ha trabajado, y en consecuencia no ha podido ser evaluado por sus superiores, sino que posee causas
administrativas seguidas en su contra ante la I.G.S. por averiguación faltas al régimen disciplinario,
entendiendo que media una circunstancia grave que daría lugar a la desafectación en el cargo, sin esperar
el cumplimiento del período de 12 meses, mediante norma expresa emanada del Poder Ejecutivo… Por
todo lo reseñado y las constancias de autos esta Asesoría Letrada entiende que corresponde la
DESAFECTACION del personal policial Auxiliar P.P. QUIROGA MONTAÑA, CLARISA MAGALI, D.N.I. N°
42.863.542 y atento a lo dispuesto por las normas referenciadas, corresponde al Sr. Gobernador de la
Provincia emitir la Norma Legal de DESAFECTACION en el cargo. En consecuencia, se remiten las
presentes a fin de que continúe con el tramite pertinente. Cumplido, díctese la norma legal por parte del Sr.
Gobernador de la Provincia…”.
Por ello y atento a lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y
Justicia en orden 15,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Dispóngase la desafectación del cargo: Carácter 1 – Jurisdicción 16 – Unidad Organizativa 06
- Clase 01 – Régimen Salarial 12 – Agrupamiento 1 – Tramo 01 – Subtramo 01 – U.G.G. J00098 de la
Auxiliar –Personal Policial- QUIROGA MONTAÑA, CLARISA MAGALÍ, D.N.I. N° 42.863.542, designada
mediante Decreto N° 1070, de fecha 01 de junio de 2026, en el marco de lo dispuesto por el Art. 47 de la
Ley N° 6722 y Art. 3º del Decreto reglamentario N° 955/16.
Artículo 2°- Notifíquese a la Dirección de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, a fin que proceda a tomar conocimiento y realizar la correspondiente actualización de sus
registros.
Artículo 3° - A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Nº 9003, hágase saber
a la administrado que posee un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de la notificación, para
interponer RECURSO DE REVOCATORIA (Arts. 177 y 178 de la Ley Nº 9003). Asimismo, en el caso de
errores materiales, omisiones o conceptos oscuros, podrá interponer en el plazo de quince (15) días hábiles
a partir de la fecha de la notificación un RECURSO DE ACLARATORIA (Art. 176 de la Ley Nº 9003).
Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2135
MENDOZA, 06 DE OCTUBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-06802687- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y
CONSIDERANDO:
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en las citadas actuaciones el Ministerio de Seguridad y Justicia tramita la desafectación del cargo del
Auxiliar –Personal Policial- ALVARADO OLIVA, KEVIN NICOLÁS, designado mediante Decreto Nº 1069/26,
adjunto en orden 07;
Que en orden 02 obra preventivo de fecha 13 de julio de 2026, del cual se desprende que en Sede de
Comisaría N° 41, La Consulta, se reúne sumario N° 663/2026 bajo número de expediente N° P-73735/26
en Averiguación “AMENAZAS AGRAVADAS”, con intervención de la Oficina Fiscal San Carlos Tunuyán,
conforme denuncia en contra del efectivo policial ALVARADO OLIVA Kevin Nicolás, habiéndose activado el
protocolo correspondiente;
Que en orden 03 se adjunta preventivo de fecha 18 de julio de 2026, del cual se desprende que en Sede de
Comisaría N° 41, la Consulta se reúne sumario N° 679/2026 bajo número de expediente N° P-75662/26 en
Averiguación “DESOBEDIENCIA”;
Que en orden 04 se adjunta preventivo de fecha 18 de julio de 2026, del cual se desprende que en Sede de
Comisaría N° 41 La Consulta, se reúne sumario N° 682/2026 en Averiguación “DESOBEDIENCIA”, en
Expte. P-75791/26, con intervención de la Oficina Fiscal virtual;
Que en orden 05 obra preventivo de fecha 15 de agosto de 2026, con intervención de la UFI de Violencia
de Género del Valle de Uco, mediante expediente N° P-73735/26, en Averiguación “AMENAZAS
COACTIVAS AGRAVADAS”, donde surge detenido el efectivo policial ALVARADO OLIVA, Kevin Nicolás;
Que en orden 06 obra preventivo de fecha 25 de agosto de 2026, con intervención del Juzgado Penal
Colegiado N° 01 de la Cuarta Circunscripción Judicial mediante expediente N° 73735/26 “F. C/ALVARADO
OLIVA, KEVIN NICOLAS P/ AMENAZAS COACTIVAS AGRAVADAS”, donde el juez Marco Martinelli
ordenó la prisión preventiva del efectivo policial por el termino de cinco (05) meses;
Que en orden 10 obra Planilla Nominativa de Antecedentes Judiciales de ALVARADO OLIVA, KEVIN
NICOLÁS;
Que en orden 12 la Dirección General de Policía expresa: “Atento al contenido del presente expediente, en
relación al Auxiliar P.P. Alvarado Oliva, Kevin, D.N.I. Nº 40.919.092 quien se encuentra sujeto al artículo 47°
de Ley N° 6722, y teniendo en cuenta los informes incorporados, esta instancia no otorga el visto bueno a
la continuación del trámite administrativo de Confirmación de Personal Policial.”;
Que en orden 19 el Director Presidente de la Inspección General de Seguridad, expresa: “…el efectivo
policial Auxiliar P.P. ALVARADO OLIVA, KEVIN NICOLAS D.N.I.
Nº 40.919.092… se instruyen los siguientes tres expedientes administrativos en etapa de Sumario
Administrativo: EX-2026-05421426- -GDEMZA-IGS#MSEG, iniciado mediante Resolución N° 585/2026;
EX-2026-05550363- -GDEMZA-IGS#MSEG, iniciado mediante Resolución N° 586/2026 y EX-2026-
05551621- -GDEMZA-IGS#MSEG, iniciado mediante Resolución N° 587/2026, encontrándose actualmente
todos ellos, pendiente de Resolución por acumulación.”;
Que el artículo 47 de la Ley N° 6722 dispone: “Se adquirirá el Estado Policial por la designación, por parte
del Poder Ejecutivo, como miembro del Personal Policial de las Policías de la Provincia de Mendoza, desde
los grados de Oficial Subayudante o Auxiliar, y previo cumplimiento de los requisitos de ingreso. Toda
designación o incorporación a cualquiera de los escalafones de la presente ley, se efectuará interinamente
por el término de doce (12) meses, al cabo del cual deberá confirmarse o no expresamente en el cargo, por
decreto del Poder Ejecutivo. Esta confirmación se realizará sobre la base del desempeño del personal, en
las funciones asignadas por la superioridad y que hayan sido cumplidas dentro del marco reglamentario,
siempre que haya demostrado idoneidad, adaptación, subordinación y aptitud, la que será evaluada por un
equipo técnico conforme a lo que se establezca en la reglamentación. Si en el transcurso de los doce (12)
meses, mediara alguna circunstancia grave, se procederá a la desafectación en el cargo, sin esperar el
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
cumplimiento del período mencionado, mediante norma expresa emanada del Poder Ejecutivo, la que
deberá ser notificada.”;
Que por su parte el artículo 3º del Decreto N° 955/16 reglamentario de la Ley Nº 6722 dice: “(Artículo 47 de
la Ley Nº 6722 y modificatorias) El personal policial designado en los términos del artículo 47 de la Ley Nº
6722 y modificatorias, iniciará su carrera cumpliendo funciones en dependencias de la Comisaría a la que
sea asignado. Transcurridos cinco (5) meses desde su designación, el jefe de la dependencia policial
completará el formulario de calificación para confirmación, debiendo elevarlo a la Dirección de Capital
Humano y Capacitación. Si la calificación fuera positiva el efectivo continuará prestando funciones en la
misma dependencia, en cambio si la calificación fuera negativa Dirección de Capital Humano y Dirección
General de Policía le asignarán un nuevo destino.
Cumplidos los diez meses desde la Designación el jefe de la Dependencia Policial deberá completar el
segundo formulario de calificación para confirmación, que será de igual tenor al primero y lo elevará a
Dirección de Capital Humano y Capacitación que dará inicio de oficio a la pieza administrativa
correspondiente para la confirmación o no del personal. En esa pieza se deberá aportar el detalle de
inasistencias, sanciones y felicitaciones del efectivo a confirmar, consulta del Registro de Deudores
Alimentarios, del Registro Nacional de Antecedentes Penales, informe de la Inspección General de
Seguridad sobre la posible imputación administrativa, como toda otra documentación de interés que sirva
objetivamente al calificador. Con esta documentación y los formularios de calificación para confirmación el
Equipo Técnico compuesto por Dirección de Capital Humano, el Director de Asesoría Letrada y el Director
General de Policías, emitirá un concepto funcional fundado: a) En caso que las calificaciones y el concepto
funcional fueran positivos se confirmará mediante norma expresa emanada del Poder Ejecutivo. b) En caso
que las calificaciones y el concepto funcional fueran negativos, se remitirán al Sr. Ministro de Seguridad
para su NO confirmación a través de la respectiva Norma Legal. c) Si las calificaciones fueran disímiles en
sus resultados (una negativa y otra positiva) el Equipo Técnico deberá emitir la correspondiente Conclusión
a fin de definir la Confirmación o No en el cargo. A los efectos del procedimiento administrativo, el plazo de
12 meses contenido en el artículo 47 de la Ley Nº 6722 y modificatorias debe interpretarse como de
carácter ordenatorio y no perentorio, cuyo incumplimiento no genera consecuencias jurídicas respecto de la
conclusión del trámite, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios intervinientes
que ocasionaran la demora administrativa. Desafectación: En el caso que el efectivo en la etapa de
interinidad de su designación, cometiera una falta al Régimen Disciplinario ordenado por la legislación
vigente, que diera lugar a Sumario Administrativo, deberá interpretarse que media una circunstancia grave
y se procederá a la desafectación en el cargo, sin esperar el cumplimiento del período de 12 meses,
mediante norma expresa emanada del Poder Ejecutivo, la que deberá ser notificada.”;
Que en orden 21 la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia efectúa el análisis
jurídico y concluye: “…de lo expresado en los antecedentes se desprende que el funcionario fue nombrado
conforme surge de orden N° 07, el 01/06/26. Conforme surge de orden N° 17, certificado de servicios hace
solo tres meses cinco días, que presta funciones en la Policía de la Provincia. Es decir que no solo no ha
trabajado, y en consecuencia no ha podido ser evaluado por sus superiores, sino que posee varias causas
administrativas seguidas en su contra, encontrándose actualmente privado de su libertad.
Asimismo, la Inspección General de Seguridad, informa sobre el inicio de tres expedientes administrativos
en etapa de sumario administrativo: EX-2026-05421426- -GDEMZA-IGS#MSEG, iniciado mediante
Resolución N° 585/2026; EX-2026-05550363- -GDEMZA-IGS#MSEG, iniciado mediante Resolución N°
586/2026 y EX-2026- 05551621- -GDEMZA-IGS#MSEG, iniciado mediante Resolución N° 587/2026,
entendiendo que media una circunstancia grave que daría lugar a la desafectación en el cargo, sin esperar
el cumplimiento del período de 12 meses, mediante norma expresa emanada del Poder Ejecutivo… Por
todo lo reseñado y las constancias de autos esta Asesoría Letrada entiende que corresponde la
DESAFECTACION del personal policial Auxiliar PP ALVARADO OLIVA, KEVIN NICOLAS, D.N.I. N°
40.919.092 y atento a lo dispuesto por las normas referenciadas, corresponde al Sr. Gobernador de la
Provincia emitir la Norma Legal de DESAFECTACION en el cargo. En consecuencia, se remiten las
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
presentes a fin de que continúe con el tramite pertinente. Cumplido, díctese la norma legal por parte del Sr.
Gobernador de la Provincia…”.
Por ello y atento a lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y
Justicia en orden 21,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Dispóngase la desafectación del cargo: Carácter 1 – Jurisdicción 16 – Unidad Organizativa 06 -
Clase 01 – Régimen Salarial 12 – Agrupamiento 1 – Tramo 01 – Subtramo 01 – U.G.G. J00098 del Auxiliar
–Personal Policial- ALVARADO OLIVA, KEVIN NICOLÁS, D.N.I. N° 40.919.092, designado mediante
Decreto N° 1069, de fecha 01 de junio de 2026, en el marco de lo dispuesto por el Art. 47 de la Ley N° 6722
y Art. 3º del Decreto reglamentario N° 955/16.
Artículo 2°- Notifíquese a la Dirección de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, a fin que proceda a tomar conocimiento y realizar la correspondiente actualización de sus
registros.
Artículo 3° - A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Nº 9003, hágase saber
al administrado que posee un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de la notificación, para
interponer RECURSO DE REVOCATORIA (Arts. 177 y 178 de la Ley Nº 9003). Asimismo, en el caso de
errores materiales, omisiones o conceptos oscuros, podrá interponer en el plazo de quince (15) días hábiles
a partir de la fecha de la notificación un RECURSO DE ACLARATORIA (Art. 176 de la Ley Nº 9003).
Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2136
MENDOZA, 06 DE OCTUBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico Nº EX-2025-09496493- -GDEMZA-DGSERP#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones se tramita la no confirmación en el cargo del Oficial Subadjutor S.C.S.
SIERRA, LEANDRO JAVIER, designado mediante Decreto N° 2800 de fecha 26 de diciembre de 2024,
adjunto en orden 02;
Que el artículo 32 de la Ley N° 7493 y modificatoria, dispone que: “Toda designación o incorporación a
cualquiera de los escalafones de la presente ley, se efectuará interinamente por el término de doce (12)
meses al cabo del cual deberá confirmarse o no expresamente en el cargo. Esta confirmación se realizará
sobre la base del desempeño del personal, en las funciones asignadas por la superioridad y que hayan sido
cumplidas dentro del marco reglamentario, habiendo demostrado idoneidad, adaptación y aptitud, la que
será evaluada por un equipo técnico del Servicio Penitenciario…”
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 02 la Coordinación de Recursos Humanos, perteneciente a la Dirección del Servicio
Penitenciario informa: “…En virtud de haber llevado a cabo el Proceso de Confirmación (Resolución Nº
253/2009) para todos los Oficiales S.C.S. que ingresaron para fecha 26/12/2024 bajo Decreto Nº 2800/24.
Se informa que en relación a dicho personal en los conceptos funcionales, obtuvo una calificación de 6
(muy malo) el primer concepto y el segundo concepto con 4 (regular) motivo por el cual procede a tramitar
la no confirmación estipulada. Se incorporan legajo personal extraído del Sistema ABM – Recursos
Humanos: Ficha personal, antecedentes médicos, A.R.T., ascensos, ausencias, felicitaciones, sanciones,
cambios de destino y trámites administrativos. También los conceptos funcionales mencionados e informe
pertinente sobre Juicios a A.R.T.…”;
Que, asimismo, en orden 02 se acompaña ficha personal y concepto funcional del Oficial Subadjutor S.C.S.
SIERRA, LEANDRO JAVIER;
Que a orden 10 obra Acta de la Junta de Confirmación de fecha 08/04/2026 mediante la cual se sugiere por
unanimidad la NO CONFIRMACIÓN del Oficial S.C.S. SIERRA LEANDRO JAVIER D.N.I. Nº 37.514.197,
Que en orden 14 obra dictamen del Departamento Legal y Técnico de la Dirección General del Servicio
Penitenciario en el cual se concluye: “…esta Dirección Legal y Técnica entiende que en estas actuaciones
se han dado todos los supuestos establecidos en el art. 32 in fine ley 7493, el Decreto Nº 2102/08 y la
Resolución Nº 253/09 por lo que se sugiere NO CONFIRMAR del Oficial Subadjutor S.C.S. SIERRA,
LEANDRO JAVIER…”;
Que en órdenes 19 y 20 obra intervención de la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad
y Justicia la cual expresa: “…Compartiendo criterio esgrimido por Dirección Legal y Técnica del servicio
penitenciario de orden 14, en caso de compartir criterio, se sugiere pase las presentes para la emisión de
decreto del poder ejecutivo que ordene la NO confirmación del personal penitenciario Oficial Subadjutor
S.C.S. Sierra, Leandro Javier…“;
Por ello, atento a lo dictaminado por el Departamento Legal y Técnico de la Dirección General del Servicio
Penitenciario en orden 14 y la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia en
órdenes 19 y 20 y lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N° 7493 y su modificatoria;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Dispóngase la no confirmación y desafectación del cargo Clase 008 – Jurisdicción 16 - Unidad
Organizativa 13 - Régimen Salarial 07 – Agrupamiento 1 – Tramo 04 – Subtramo 01 - U.G.C J91217 –
U.G.E J99014, del Oficial Subadjutor S.C.S Penitenciario de la Provincia de Mendoza, SIERRA, LEANDRO
JAVIER, D.N.I. N° 37.514.197, designado mediante Decreto N° 2800 de fecha 26 de diciembre de 2024, en
razón de los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2255
MENDOZA, 20 DE OCTUBRE DE 2026
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-04043206-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones se instruye Sumario Administrativo al Sr. FIGUEROA FRUGONI, ROGELIO
EDUARDO JAVIER, DNI N°: 18.081.762, personal civil -planta permanente- del Ministerio de Seguridad y
Justicia, por inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo;
Que en orden 05 obra certificado de servicios N° 66/2025 emitido por la Dirección de Capital Humano del
Ministerio de Seguridad y Justicia, certificando que el Sr. Figueroa Frugoni fue reincorporado a ese
Ministerio en clase 012, según surge de la resolución acompañada en orden 02 y del detalle de su situación
de revista y de cargo, órdenes 04 y 05;
Que en orden 08 obra Resolución N° 542/25, de fecha 29 de mayo de 2025, mediante la cual la Dirección
de Capital Humano del Ministerio de Seguridad y Justicia resolvió: “…Realizar el corte preventivo de
haberes del Sr., FIGUEROA FRUGONI, ROGELIO EDUARDO JAVIER, DNI N°: 18.081.762 Personal Civil,
Clase 12, Planta Permanente, a partir del día 29 de mayo de 2025.”;
Que en orden 10 la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad y Justicia solicita dictamen
legal, informando: “…Que el personal mencionado se encuentra según legajo digital afectado a cumplir
funciones en esta Dirección de Capital Humano, sin embargo, el mismo no cumple efectivamente las tareas
en esta dirección y se desconoce si las cumple en otra dependencia, ya que de su legajo personal como
del marcado de biométrico no existen registros de ello. Que asimismo se ha consultado y hasta la fecha ha
percibido normalmente sus haberes. Por lo expuesto y hasta tanto se regularice su situación administrativa,
se ha procedido a efectuar el correspondiente corte de haberes...”;
Que en orden 16 la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia requiere a la
Dirección de Capital Humano, informe detallado respecto a los destinos, datos personales, licencias de
cualquier tipo del agente Figueroa Frugoni Rogelio Eduardo Javier, desde el año 2022, asimismo detalle de
marcación del reloj biométrico a los efectos de verificar su asistencia y comunicaciones de enfermedades
efectuadas por el agente. Los informes quedan debidamente contestados y agregados en órdenes 18, 20 y
22;
Que en orden 24, obra dictamen de la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia
concluyendo que: “(…) En consecuencia, esta Asesoría entiende, atento a las consideraciones y
antecedentes antes expuestas, que corresponde iniciar sumario administrativo al Agente Rogelio Eduardo
Javier FIGUEROA FRUGONI, planta permanente de este Ministerio de Seguridad, conforme lo establecido
en la Ley N° 9103, su Decreto Reglamentario N° 218/19 y el Estatuto del Empleado Público Decreto Ley N°
560/73; por lo que deberá dictarse la correspondiente norma legal (Resolución Ministerial) que inicie el
Sumario Administrativo al agente de mención y remita los presentes a la Oficina General de Sumarios de
conformidad con el Art. 10 y sgtes. de la Ley Nº 9103 y Art. 1° del Decreto Reglamentario N° 218/19.”;
Que en orden 30 obra Resolución N°4230 SyJ/25, de fecha 03 de setiembre de 2025, mediante la cual, la
Ministra de Seguridad y Justicia resolvió: “…Dispóngase la apertura de Sumario Administrativo al Sr.
FIGUEROA FRUGONI, ROGELIO EDUARDO JAVIER, DNI N°: 18.081.762 Personal Civil - Planta
Permanente - de este Ministerio conforme lo establecido en la Ley N° 9103, su Decreto Reglamentario N°
218/2019 y el Estatuto del Empelado Público Decreto Ley N° 560/73, por lo expuesto en los considerandos
precedente…”;
Que en orden 35 obra Avoque al Sumario Administrativo de la Oficina General de Sumarios del Ministerio
de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, considerando:” …Que por lo expuesto corresponde el
avoque a la presente investigación. INDAGATORIA: Entiende esta instrucción que la prueba documental
aportada en el presente sumario, resulta prueba de cargo suficientes, por lo cual corresponde dar por
concluida esta etapa de instrucción. Por ello correspondería citar a indagatoria al Agente ROGELIO
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
EDUARDO JAVIER FIGUEROA FRUGONI, D.N.I N° 18.081.762, atento que se ha valorado
razonablemente la documentación y prueba acompañada al presente y es prueba de cargo suficiente, para
entender que prima facie, el agente habría incurrido en el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 del
Dec.-Ley 560/73, en sus inc. a) que establece: “La prestación personal del servicio, con eficiencia,
capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones
reglamentarias correspondientes”. Lo que podría aparejar la aplicación de la sanción de cesantía
establecida en el art. 5 inc. a) del Anexo de la Ley Nº 9.103, (…. CALIFICACIÓN LEGAL: Que de los
hechos descriptos párrafos arriba se presume que el agente estaría incurso en conductas que violarían lo
establecido en el art. 13 inc. a) del Decreto Nº 560/73. Que conforme disponen los Arts. 5° inc a) del Anexo
de la Ley N° 9.103, son causales para imponer la sanción de cesantía, el incumplimiento de las
obligaciones determinadas en el art. 13 del Decreto-Ley N° 560/73, graduado conforme a la naturaleza y
gravedad de la falta…”;
Que en orden 59 se fija fecha de audiencia para declaración indagatoria y en orden 62 obra notificación
fehaciente de la citación a audiencia, cumpliendo con lo previsto en los artículos 24 y 25 del Anexo de la
Ley N° 9.103, garantizando de ese modo el ejercicio pleno del derecho de defensa y del debido proceso;
Que en orden 63 obra acta de audiencia declaración indagatoria de la cual surge que el Sr. Figueroa
Frugoni se abstiene de declarar y se le notifica del plazo para presentar su defensa;
Que en orden 66 obra dictamen de clausura de la Oficina General de Sumarios del Ministerio de Gobierno,
Infraestructura y Desarrollo Territorial: “(…)CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, esta Instrucción entiende
que, luego de producida y valorada integralmente la prueba reunida en las presentes actuaciones, se
encuentra suficientemente acreditada la conducta atribuida al agente ROGELIO EDUARDO JAVIER
FIGUEROA FRUGONI, consistente en la falta de prestación efectiva de servicios en la Dirección de Capital
Humano durante un período prolongado, pese a encontrarse formalmente asignado a dicha dependencia y
obligado a cumplir una jornada de cinco (5) horas diarias de lunes a viernes. Que dicha conducta se
encuentra corroborada por la Resolución N.º 407, de fecha 31 de enero de 2023, mediante la cual se le
asignaron funciones en la Dirección de Capital Humano y de la cual fue debidamente notificado; por los
informes de la División de Personal Civil, que acreditan su destino, jornada y ausencia de licencias; por los
registros del sistema de control biométrico, que no consignan marcaciones de ingreso y egreso; por el
informe de la propia Dirección de Capital Humano, que constató que el agente no prestaba efectivamente
funciones en esa dependencia; y por la inexistencia de constancias que acrediten que hubiera sido
trasladado o autorizado a prestar servicios en otra repartición. Que, en consecuencia, las ausencias
verificadas revisten carácter injustificado, toda vez que durante el período analizado no existe constancia
de licencia por enfermedad, licencia ordinaria, razones particulares, autorización especial o cualquier otra
circunstancia administrativa que hubiera habilitado al agente a no concurrir a prestar servicios. Que,
asimismo, la conducta acreditada supera ampliamente el mínimo previsto por el artículo 5, inciso a), del
Anexo de la Ley N.º 9103, que establece como causa de cesantía las inasistencias injustificadas superiores
a seis días, continuas o discontinuas, en el término de seis meses. Que la prolongación de la conducta, la
ausencia absoluta de registros de prestación efectiva de servicios, la inexistencia de licencias y la falta de
acreditación de una causa que justificara el incumplimiento permiten concluir que no se trató de un
incumplimiento meramente ocasional, sino de una conducta sostenida incompatible con las obligaciones
esenciales inherentes al vínculo de empleo público. Que, en tales condiciones, corresponde tener por
configurada la responsabilidad administrativa del agente Figueroa Frugoni por la conducta investigada y
propiciar la aplicación de la sanción de CESANTÍA, conforme lo establecido por el artículo 5, inciso a), del
Anexo de la Ley N.º 9103. Por ello, esta Instrucción DICTAMINA que corresponde disponer la CESANTÍA
del agente ROGELIO EDUARDO JAVIER FIGUEROA FRUGONI, D.N.I. N.º 18.081.762, por encontrarse
acreditada la comisión de la falta prevista en el artículo 5, inciso a), del Anexo de la Ley N.º 9103, sin
perjuicio de las demás consecuencias administrativas, patrimoniales o de otra naturaleza que pudieran
corresponder y que resulten ajenas al objeto específico del presente procedimiento disciplinario. Por todo lo
expuesto -salvo ulterior criterio- la Instrucción Sumaria Administrativa que suscribe, sugiere a la Sra.
Ministra del Ministerio de Seguridad y Justicia, Mgter. Mercedes Rus; se aplique al Agente ROGELIO
EDUARDO JAVIER FIGUEROA FRUGONI, D.N.I. N.º 18.081.762, la SANCIÓN DE CESANTÍA conforme lo
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dispuesto por el art. 05 inc. a) del Anexo de la Ley N° 9.103, que expresamente dice “Son causas para la
cesantía: a) Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término
de seis (6) meses…”.Del presente el dictamen de clausura vertido por esta Instrucción Sumaria,
correspondería DAR VISTA al Agente ROGELIO EDUARDO JAVIER FIGUEROA FRUGONI, D.N.I. N.º
18.081.762, para alegar por el plazo de diez (10) días de conformidad con los términos del art.31 de la Ley
Nº 9103, lo que debe ser notificado por Secretaría de Actuaciones.”;
Que en orden 67 obra constancia de notificación al sumariado de la clausura del Sumario Administrativo, y
que posee un plazo de diez (10) días para ejercer su derecho a alegar, de conformidad con lo establecido
en el Art. 31 de la Ley Nº 9103;
Que en orden 72, obra dictamen de la Junta de Disciplina del Personal Civil del Ministerio de Seguridad y
Justicia:” …Que, tal como surge de los antecedentes incorporados en las actuaciones, como así también
de la narrativa y evaluación efectuada por la Oficina General de Sumarios en el dictamen de Clausura N°
137/2026 agregado en orden 66, se encuentra debidamente acreditado que el agente Figueroa Frugoni fue
reincorporado a la planta permanente del Ministerio de Seguridad y Justicia mediante Resolución N.º 3399-
S, de fecha 12 de octubre e 2022, en un cargo Clase 012, Código Escalafonario 05-1-04-02, Carácter 1,
Jurisdicción 16, Unidad Organizativa 01, sin mayor dedicación; y que mediante Resolución N.º 407, de
fecha 31 de enero de 2023, se le asignaron funciones en la Dirección de Capital Humano, resolución que
fue debidamente notificada. Sin embargo, y según los informes producidos e incorporados al expediente, el
agente no cumplía efectivamente con las tareas asignadas, desconociéndose que las desarrollara en otra
repartición, y que tampoco surgían registros de ello en su legajo personal ni en el sistema de marcación
biométrica. Que, tal como lo ha advertido el instructor sumariante, no es un dato menor que la información
sobre la conducta y falta de cumplimiento laboral del agente, ha sido informada por la misma Dirección de
Capital Humano, lugar donde el Sr. Figueroa Frugoni debía cumplir funciones; y que toda la información
suministrada se encuentra debidamente respaldada por documentación administrativa incorporada a las
actuaciones. Que, esta Junta abocada al estudio de las actuaciones, ha verificado los informes sobre la
falta de registro (marcaciones en biométrico) de asistencia al lugar de trabajo. Asimismo, la falta de
documentación que acredite el pedido y/o usufructo de licencias por parte del agente, de cualquier tipo.
(…) Que, la clausura del sumario administrativo ha concluido en tener por acreditado que el agente
Figueroa Frugoni, encontrándose obligado a prestar servicios en la Dirección de Capital Humano, no
concurrió a cumplir las funciones que le habían sido asignadas durante un período ampliamente superior al
mínimo previsto por la normativa disciplinaria, sin que durante dicho período exista constancia de una
licencia, autorización o causa formalmente admitida por la Administración que justificara sus ausencias;
conforme causal contemplada en el artículo 5, inciso a), de la Ley N.º 9103; y que continúo percibiendo sus
haberes regularmente.
Que, surge del expediente en análisis que se han cumplido los pasos procesales correspondientes:
Designación de Instructor Sumariante, Avoque respectivo, notificación al agente, Citación Indagatoria, Auto
de Clausura y vista de las actuaciones. Que surge de orden 67 que el agente fue debidamente citado y
notificado para Alegatos y ejercer derecho de Defensa. Que, encontrándose debidamente notificado a la
audiencia indagatoria a fin de ejercer sus derechos, si bien concurrió (orden 63), su defensa no fue
presentada, en ningún momento de la tramitación del sumario. (…)
Que, avocados los miembros de la Junta, coincidimos en que las faltas atribuidas al Sr. FIGUEROA
FRUGONI ROGELIO EDUARDO han quedado acreditadas y sin justificar, y que su conducta resulta
particularmente grave por su extensión temporal, por cuanto no setrata de un número reducido de
ausencias injustificadas sino de una ausencia prolongada respecto de la cual no se ha acreditado causa
administrativa que la justifique. Luego de un detallado análisis de los presentes obrados, en especial del
sumario instruido, valoración de la prueba que ha efectuada el instructor sumariante se comparte el criterio
vertido en la conclusión del sumario y en la sanción sugerida de CESANTIA según lo establecido en el art 5
inc. a) del anexo de la Ley N° 9103.-CONCLUSIÓN En función de las razones de hecho y derecho
apuntadas en el presente y conforme a los hechos acreditados en las actuaciones administrativas
tramitadas, esta Junta de Disciplina de Personal Civil abocada al estudio del presente y compartiendo el
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análisis fáctico y legal, normativa aplicable al caso: RESUELVE: aconsejar que se aplique al agente
FIGUEROA FRUGONI, ROGELIO EDUARDO JAVIER, DNI N°: 18.081.762 la sanción de CESANTIA
conforme art. 5 inc. a) del Anexo de la Ley N° 9103.”;
Que en orden 73, los miembros de la Junta de Disciplina del Personal Civil del Ministerio de Seguridad y
Justicia resuelven:” …1° -Solicitar se disponga la sanción de CESANTIA al sumariado FIGUEROA
FRUGONI, ROGELIO EDUARDO JAVIER, DNI N°: 18.081.762.”;
Que en orden 81, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, realiza un análisis
jurídico y dictamina: “…Que las presentes actuaciones se originan con motivo de las irregularidades
advertidas respecto de la situación laboral del administrado FIGUEROA FRUGONI, quien se encontraba
formalmente incorporado a la planta permanente del Ministerio de Seguridad y Justicia sin registrarse
prestación efectiva de servicios ni constancias suficientes que justificaran sus inasistencias. Que mediante
Resolución N.º 3399-S, de fecha 12 de octubre de 2022, se dispuso la reincorporación del administrado a la
planta permanente del Ministerio de Seguridad y Justicia, en un cargo Clase 012, Código Escalafonario 05-
1-04-02, Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad Organizativa 01. Que posteriormente, mediante Resolución N.º
407, de fecha 31 de enero de 2023, se le asignaron funciones en la Dirección de Capital Humano, siendo
debidamente notificado de dicho acto y correspondiéndole cumplir una jornada laboral de cinco (5) horas
diarias, de lunes a viernes. Que de los informes incorporados a las actuaciones surge que, pese a
encontrarse formalmente asignado a dicha dependencia, el administrado no prestaba efectivamente
servicios en la misma, no existiendo tampoco constancias de que hubiera sido destinado o autorizado a
desempeñar funciones en otra repartición. Que asimismo se informó que el administrado no registra
marcaciones de ingreso ni egreso en el sistema de control de asistencia y que no registra licencias desde el
día 2 de diciembre de 2022, no surgiendo del legajo administrativo licencia por enfermedad, licencia
ordinaria, razones particulares ni otra autorización que justificara la falta de prestación efectiva de servicios.
Que durante la tramitación el administrado acompañó documentación médica relacionada con su estado de
salud, entre ella certificado de fecha 8 de julio de 2025 por el cual se indicó reposo relativo por treinta días.
Sin embargo, dicha documentación resulta posterior al período durante el cual se verificaron las
inasistencias y no acredita que las mismas hubieran sido oportunamente comunicadas y justificadas ante la
Administración mediante los procedimientos correspondientes. Que mediante Resolución N.º 4230-SyJ, de
fecha 3 de septiembre de 2025, se dispuso instruir formal Sumario Administrativo al administrado ROGELIO
EDUARDO JAVIER FIGUEROA FRUGONI, por encontrarse prima facie comprendido en la causal prevista
por el artículo 5 inciso a) del Anexo de la Ley N.º 9103. Que sustanciado el procedimiento y producida la
prueba pertinente, la Oficina General de Sumarios, mediante Clausura N.º 137/2026, concluyó que se
encontraba suficientemente acreditada la falta de prestación efectiva de servicios durante un período
prolongado, sin licencia, autorización o causa administrativa que justificara las ausencias.
En consecuencia, consideró configurada la causal prevista en el artículo 5 inciso a) del Anexo de la Ley N.º
9103 y propició la aplicación de la sanción de CESANTÍA al administrado FIGUEROA FRUGONI. Que del
referido dictamen de clausura se dio debida vista al administrado por el plazo previsto en el artículo 31 del
Anexo de la Ley N.º 9103, garantizándose así el conocimiento de la imputación y la posibilidad de efectuar
alegaciones y ejercer plenamente su derecho de defensa. Que posteriormente las actuaciones fueron
remitidas a la Junta de Disciplina del Personal Civil, la cual, con fecha 24 de septiembre de 2026, compartió
por unanimidad la sanción sugerida por la instrucción, aconsejando aplicar al administrado ROGELIO
EDUARDO JAVIER FIGUEROA FRUGONI la sanción de CESANTÍA. Asimismo, obra intervención de esta
Dirección de Asesoría Letrada respecto de la competencia de los órganos intervinientes, sin formularse
observaciones respecto de la actuación de la Oficina General de Sumarios ni de la Junta de Disciplina del
Personal Civil. NORMATIVA La Ley N.º 9103, modificatoria del régimen disciplinario aplicable al personal
civil de la Administración Pública Provincial, establece en el artículo 5 inciso a) de su Anexo: “Son causas
para la cesantía: a) Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el
término de seis (6) meses...” Asimismo, conforme al régimen establecido por la citada normativa, las
sanciones expulsivas requieren la previa instrucción del correspondiente sumario administrativo, debiendo
garantizarse al administrado el conocimiento de la imputación, la posibilidad de efectuar su descargo,
ofrecer prueba y alegar previo al dictado de la decisión definitiva. En igual sentido, los principios generales
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establecidos por la Ley N.º 9003 de Procedimiento Administrativo imponen el respeto irrestricto del debido
proceso adjetivo, comprensivo del derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión
fundada. CONCLUSIÓN Una vez analizadas las presentes actuaciones, y en ejercicio del control de
legalidad que corresponde efectuar a esta Dirección de Asesoría Letrada, se advierte que durante la
sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario se han observado los recaudos esenciales
exigidos por el ordenamiento jurídico, garantizándose al administrado el efectivo ejercicio de su derecho de
defensa, sin advertirse vicios de nulidad que afecten la validez del procedimiento. Asimismo, de la
valoración integral de las constancias obrantes surge acreditado que el administrado ROGELIO EDUARDO
JAVIER FIGUEROA FRUGONI, D.N.I. N.º 18.081.762, encontrándose formalmente obligado a prestar
servicios en la Dirección de Capital Humano, incurrió en inasistencias injustificadas durante un período
ampliamente superior al establecido legalmente, sin que exista constancia administrativa de licencias,
autorizaciones o circunstancias oportunamente acreditadas que permitan justificar dichas ausencias. La
documentación médica incorporada con posterioridad no resulta suficiente para justificar retroactivamente
las inasistencias verificadas durante el período investigado, máxime cuando no consta la tramitación
oportuna de licencia alguna ante la Administración. En consecuencia, esta Dirección de Asesoría Letrada
coincide con la valoración efectuada por la Oficina General de Sumarios y con lo dictaminado por la Junta
de Disciplina del Personal Civil, considerando configurada la causal prevista por el artículo 5 inciso a) del
Anexo de la Ley N.º 9103. Por ello, se estima jurídicamente procedente la aplicación de la sanción de
CESANTÍA al administrado ROGELIO EDUARDO JAVIER FIGUEROA FRUGONI, D.N.I. N.º 18.081.762,
sin perjuicio de las demás consecuencias administrativas, patrimoniales o de otra naturaleza que pudieran
corresponder y que resulten ajenas al objeto específico del presente procedimiento disciplinario… Téngase
presente que, al momento de notificarse el acto administrativo definitivo, deberá darse cumplimiento a lo
establecido por el artículo 150 de la Ley N.º 9003, debiendo la notificación contener copia o transcripción
íntegra del acto, identificación de las actuaciones y la indicación de los recursos procedentes y de los
plazos para su interposición. Asimismo, deberá darse cumplimiento a las comunicaciones previstas por el
régimen aplicable respecto de la Oficina de Ética Pública, de la autoridad competente en materia de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Sumarios.”;
Por ello, teniendo por acreditada la falta imputada al Sr. FIGUEROA FRUGONI, ROGELIO EDUARDO
JAVIER, tanto por la Oficina General de Sumarios del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo
Territorial y por la Junta de Disciplina del Personal Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia y,
compartiéndose el criterio en cuanto a la sanción a aplicar, y lo dictaminado por la Dirección de Asesoría
Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia en orden 81,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Aplíquese la sanción expulsiva de Cesantía al Sr. FIGUEROA FRUGONI, ROGELIO
EDUARDO JAVIER, DNI N°: 18.081.762, personal civil -planta permanente- del Ministerio de Seguridad y
Justicia, Clase 1966, C.U.I.L. N° 20-18081762-0, Clase 12 – Régimen Salarial 05 – Unidad Organizativa 01
- Agrupamiento 01 – Tramo 04 – Subtramo 02 – U.G.G.: J00018 – U.G.C.: J99011, conforme la causal
contemplada en el Art. 5° inc. a) del Anexo de la Ley N° 9.103, que establece como causal de cesantía
inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término de seis (6)
meses; y por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - Notifíquese a través de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Artículo 3º - Remítanse las actuaciones a la Dirección de Administración del Ministerio de Seguridad y
Justicia, a fin de determinar la posible percepción irregular de haberes del Sr. FIGUEROA FRUGONI,
ROGELIO EDUARDO JAVIER, DNI N°: 18.081.762, y en su caso, iniciar el trámite pertinente para la
restitución de los mismos.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 4º - Notifíquese el presente decreto a la Dirección Provincial de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a fin de que proceda a tomar conocimiento y realizar la
correspondiente actualización de sus registros.
Artículo 5° - Hágase saber al administrado, que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 150, 176,
177 y 178 de la Ley N° 9003 de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza, contra el
presente acto administrativo proceden los siguientes recursos: a)Recurso de Revocatoria: podrá
interponerse dentro del plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de su notificación fehaciente
(Arts. 177 y 178 de la Ley N° 9003; b) Recurso de Aclaratoria: podrá interponerse en caso de existencia de
errores materiales, omisiones o conceptos oscuros dentro del plazo de cinco(5) días hábiles a partir de la
fecha de su notificación fehaciente (Art. 176 de la Ley N° 9003).
Artículo 6° - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones
Administrativas y Ética Pública de Mendoza.
Artículo 7°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
Decreto N°: 1696
MENDOZA, 19 DE AGOSTO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-08043214--GDEMZA-HLENCINAS#MSDSYD, en el cual se solicita la
exclusión de la tutela sindical del agente CLAUDIO PEDRO BREITMAN; y
CONSIDERANDO:
Que atento a las constancias de la presente pieza administrativa, se observa que el agente Breitman
cumple con los requisitos legales para acceder a la jubilación de conformidad con lo establecido en el Art.
34 bis. de la Ley Nº 24.241 y Art. 32 de la Ley Nº 6921 y su modificatoria Ley Nº 8880;
Que en orden 14 obra Situación de Revista del agente Breitman, de la cual surge, que se desempeña como
Delegado por el Establecimiento del Hospital “José N. Lencinas” con mandato desde el 02-02-2023 al 02-
02-2027 - ATSA Filial Mendoza
Que la calidad de representante gremial, no obsta a que el agente se encuentre comprendido en la
obligación establecida en el Art. 32 de la Ley Nº 6921, pues se trata de una disposición de carácter general
que de ninguna manera obstaculiza el libre ejercicio de la función sindical;
Que de la misma manera lo ha entendido la jurisprudencia, al expedirse sobre la operatividad del Art. 252
de la Ley de Contrato de Trabajo, que resulta ser completamente análoga a la previamente reseñada: “…la
existencia de representación sindical no implica la derogatoria del Artículo 252 de la L.C.T. Ello es así,
porque aunque el trabajador goce de tutela sindical, no implica que le confiera al contrato de trabajo
ultractividad, fundamentalmente porque el modo normal de culminación de la relación es el ingreso a la
pasividad, como lo especifica el Art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo”;
Que la jurisprudencia ha establecido que es necesario, previo a realizar la intimación prevista en la norma
citada, obtener sentencia judicial que disponga la exclusión de la tutela sindical en los términos de la Ley Nº
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
23.551, Art. 52. Así se ha dicho que: “…en razón de lo expuesto, previo al envío de la intimación efectuada,
debió deducirse la acción de exclusión de tutela sindical, con anterioridad a su incorporación en el Anexo II
de la Disposición Nº 700/05 GRH, notificada por telegrama Nº 36.808, el 23 de setiembre de 2005. Si bien
la empleadora puede peticionar la exclusión de tutela sindical para promover el acceso a la pasividad de un
trabajador con tutela sindical, debe obtener la autorización judicial para implementar todo el sistema desde
la intimación misma”;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 22 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa
repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº
23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista
en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se
consigna:
Dn. CLAUDIO PEDRO BREITMAN, DNI Nº 13.806.972, CUIL Nº 23-13806972-9, Clase 014 – Cód. Esc.
15-1-03-07- Carácter 2 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 01 – Hospital “José N. Lencinas”.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1697
MENDOZA, 19 DE AGOSTO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-07418024-GDEMZA-DRRHH#MSDSYD, en el cual se solicita la exclusión de
la tutela sindical del agente CARLOS VICENTE ARIJA; y
CONSIDERANDO:
Que atento a las constancias de la presente pieza administrativa, se observa que el agente Arija cumple
con los requisitos legales para acceder a la jubilación de conformidad con lo establecido en el Art. 34 bis.
de la Ley Nº 24.241 y Art. 32 de la Ley Nº 6921 y su modificatoria Ley Nº 8880;
Que en orden 2 la Subdirección de Personal del Ministerio de Salud y Deportes informa que el agente
Carlos Vicente Arija cuenta con antecedentes gremiales: Electo Congresal Suplente en representación de
FATSA por el Área Sanitaria de San Rafael periodo 2019 - 2023. Electo Delegado por Establecimiento en
representación de ATSA - Periodo 2019 – 2023. Electo Delegado por Establecimiento en representación de
ATSA - Periodo 2023 – 2027;
Que la calidad de representante gremial, no obsta a que el agente se encuentre comprendido en la
obligación establecida en el Art. 32 de la Ley Nº 6921, pues se trata de una disposición de carácter general
que de ninguna manera obstaculiza el libre ejercicio de la función sindical;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que de la misma manera lo ha entendido la jurisprudencia, al expedirse sobre la operatividad del Art. 252
de la Ley de Contrato de Trabajo, que resulta ser completamente análoga a la previamente reseñada: “…la
existencia de representación sindical no implica la derogatoria del Artículo 252 de la L.C.T. Ello es así,
porque aunque el trabajador goce de tutela sindical, no implica que le confiera al contrato de trabajo
ultractividad, fundamentalmente porque el modo normal de culminación de la relación es el ingreso a la
pasividad, como lo especifica el Art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo”;
Que la jurisprudencia ha establecido que es necesario, previo a realizar la intimación prevista en la norma
citada, obtener sentencia judicial que disponga la exclusión de la tutela sindical en los términos de la Ley Nº
23.551, Art. 52. Así se ha dicho que: “…en razón de lo expuesto, previo al envío de la intimación efectuada,
debió deducirse la acción de exclusión de tutela sindical, con anterioridad a su incorporación en el Anexo II
de la Disposición Nº 700/05 GRH, notificada por telegrama Nº 36.808, el 23 de setiembre de 2005. Si bien
la empleadora puede peticionar la exclusión de tutela sindical para promover el acceso a la pasividad de un
trabajador con tutela sindical, debe obtener la autorización judicial para implementar todo el sistema desde
la intimación misma”;
Que el caso de marras se rige por lo establecido en el Artículo 32 de la Ley Nº 6921 (modificado por Ley Nº
8880) y el Artículo 34 bis de la Ley Nacional Nº 24.241, en virtud de reunir el agente Arija los requisitos de
edad (71 años) y servicios (más de 10 años) para la Prestación por Edad Avanzada;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 6 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa
repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº
23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista
en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se
consigna:
Dn. CARLOS VICENTE ARIJA, DNI Nº 11.243.807, CUIL Nº 20-11243807-7, Clase 009 – Cód. Esc. 15-5-
01-03 - Carácter 1 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 55 – Área Sanitaria San Rafael.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1700
MENDOZA, 19 DE AGOSTO DE 2026
Visto el expediente EX-2026-01622803--GDEMZA-SEGE#MSDSYD, en el cual se solicita la exclusión de la
tutela sindical de la agente ALBA SILVIA CRUZ; y
CONSIDERANDO:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que atento a las constancias de la presente pieza administrativa, se observa que la agente Cruz cumple
con los requisitos legales para acceder a la jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley Nº
24.241 y Art. 32 de la Ley Nº 6921 y su modificatoria Ley Nº 8880;
Que según surge de la certificación de servicios que obra en orden 6, la agente Cruz cumple con los
requisitos legales para acceder a los beneficios jubilatorios, aunque se observa que la misma posee
funciones gremiales Congresal Provincial AMPROS – Período 2021/2025;
Que la calidad de representante gremial, no obsta a que el agente se encuentre comprendido en la
obligación establecida en el Art. 32 de la Ley Nº 6921, pues se trata de una disposición de carácter general
que de ninguna manera obstaculiza el libre ejercicio de la función sindical;
Que de la misma manera lo ha entendido la jurisprudencia, al expedirse sobre la operatividad del Art. 252
de la Ley de Contrato de Trabajo, que resulta ser completamente análoga a la previamente reseñada: “…la
existencia de representación sindical no implica la derogatoria del Artículo 252 de la L.C.T. Ello es así,
porque aunque el trabajador goce de tutela sindical, no implica que le confiera al contrato de trabajo
ultractividad, fundamentalmente porque el modo normal de culminación de la relación es el ingreso a la
pasividad, como lo especifica el Art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo”;
Que la jurisprudencia ha establecido que es necesario, previo a realizar la intimación prevista en la norma
citada, obtener sentencia judicial que disponga la exclusión de la tutela sindical en los términos de la Ley Nº
23.551, Art. 52. Así se ha dicho que: “…en razón de lo expuesto, previo al envío de la intimación efectuada,
debió deducirse la acción de exclusión de tutela sindical, con anterioridad a su incorporación en el Anexo II
de la Disposición Nº 700/05 GRH, notificada por telegrama Nº 36.808, el 23 de setiembre de 2005. Si bien
la empleadora puede peticionar la exclusión de tutela sindical para promover el acceso a la pasividad de un
trabajador con tutela sindical, debe obtener la autorización judicial para implementar todo el sistema desde
la intimación misma”;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 22 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa
repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº
23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista
en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se
consigna:
Lic. ALBA SILVIA CRUZ, DNI Nº 13.716.482, CUIL Nº 27-13716482-0, Clase 008 – Licenciada en
Enfermería - Cód. Esc. 27-3-04-04 - Carácter 1 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 49 – Área Sanitaria
Lujan de Cuyo.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1816
MENDOZA, 01 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el expediente EX-2025-04085448--GDEMZA-SEGE#MSDSYD, en el cual se solicita la exclusión de la
tutela sindical del agente MARIO ROBERTO BARROSO; y
CONSIDERANDO:
Que atento a las constancias de la presente pieza administrativa, se observa que el agente Barroso cumple
con los requisitos legales para acceder a la jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley Nº
24.241 y Art. 32 de la Ley Nº 6921 y su modificatoria Ley Nº 8880;
Que en orden 85 la Asociación Trabajadores del Estado informa que el agente Barroso ha sido electo en el
cargo de Congresal Gremial – Período 2026/2027;
Que la calidad de representante gremial, no obsta a que el agente se encuentre comprendido en la
obligación establecida en el Art. 32 de la Ley Nº 6921, pues se trata de una disposición de carácter general
que de ninguna manera obstaculiza el libre ejercicio de la función sindical;
Que de la misma manera lo ha entendido la jurisprudencia, al expedirse sobre la operatividad del Art. 252
de la Ley de Contrato de Trabajo, que resulta ser completamente análoga a la previamente reseñada: “…la
existencia de representación sindical no implica la derogatoria del Artículo 252 de la L.C.T. Ello es así,
porque aunque el trabajador goce de tutela sindical, no implica que le confiera al contrato de trabajo
ultractividad, fundamentalmente porque el modo normal de culminación de la relación es el ingreso a la
pasividad, como lo especifica el Art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo”;
Que la jurisprudencia ha establecido que es necesario, previo a realizar la intimación prevista en la norma
citada, obtener sentencia judicial que disponga la exclusión de la tutela sindical en los términos de la Ley Nº
23.551, Art. 52. Así se ha dicho que: “…en razón de lo expuesto, previo al envío de la intimación efectuada,
debió deducirse la acción de exclusión de tutela sindical, con anterioridad a su incorporación en el Anexo II
de la Disposición Nº 700/05 GRH, notificada por telegrama Nº 36.808, el 23 de setiembre de 2005. Si bien
la empleadora puede peticionar la exclusión de tutela sindical para promover el acceso a la pasividad de un
trabajador con tutela sindical, debe obtener la autorización judicial para implementar todo el sistema desde
la intimación misma”;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 94 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa
repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº
23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista
en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se
consigna:
Lic. MARIO ROBERTO BARROSO, DNI Nº 13.747.523, CUIL Nº 20-13747523-6, Clase 017 – Licenciado
en Enfermería - Cód. Esc. 27-3-03-21 - Carácter 1 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 58 – Área
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Sanitaria Tupungato.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1866
MENDOZA, 02 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el expediente EX-2025-08430452- -GDEMZA-HPAROISSIEN#MSDSYD en el cual se solicita ratificar
la Resolución Nº 163/26 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital “Diego Paroissien”; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 8 del expediente de referencia rola la Resolución N° 762/25 de la Dirección Ejecutiva del
Hospital “Diego Paroissien” que ordena la instrucción del sumario a la agente LAURA LOURDES
FERNANDEZ por haber incurrido prima facie en trasgresión a lo establecido por el Art. 13 inciso m) del
Decreto Ley N° 560/73 - Estatuto del Empleado Público y por el Artículo 5 inc. a) de la Ley N° 9103,
designando instructor sumariante;
Que en orden 11 consta aceptación de cargo y avoque del Instructor Sumariante, en orden 13 cédula de
notificación al domicilio declarado en el legajo, para que la agente Fernández preste declaración
indagatoria, en orden 14 Acta de Audiencia de Indagatoria conforme a la cual, en conocimiento del
contenido de la imputación, la sumariada, se abstiene de declarar, se le otorga plazo para defensa y se
entrega copia de las actuaciones y en orden 15 la sumariada efectúa presentación;
Que en orden 16 obra el dictamen de cierre del Instructor Sumariante sugiriendo la sanción de CESANTÍA
de la sumariada, atento lo dispuesto por el Art. 5 inc. a) de la Ley N° 9103;
Que en orden 17 consta notificación personal a la sumariada para alegar, quien vencido el plazo no
presenta alegatos;
Que en orden 20 la Junta de Disciplina en forma unánime se expide sugiriendo la sanción de CESANTÍA en
concordancia con la Instrucción;
Que en consecuencia, en orden 26 la Dirección Ejecutiva del Hospital emite la Resolución N° 163/26
imponiendo la sanción de Cesantía a la agente por haber incurrido en la causal prevista en el Artículo 5,
inciso a) de la Ley Nº 9103, notificada según consta en orden 27;
Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Art. 9 del Anexo de la Ley
Nº 9103 y se han respetado las garantías previstas en el Art. 2 de la misma norma;
Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de
gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante
la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo
sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización
administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia
organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
oportunidad y con sujeción al orden jurídico;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “la responsabilidad administrativa, que
se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio,
transgrediendo reglas propias de la función pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los
servicios administrativos. La potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un
mínimo indispensable de autoridad jerárquica autónoma”;
Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena
marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus
deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen
de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el
momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad;
Que de tal forma, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de
tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las
normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la
sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso
debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene: “…en lo atinente a aquellos actos mediante los
cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que,
en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus
superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida
aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de
esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de
criterio en la apreciación de los distintos factores en juego”;
Que en el caso, las actuaciones se iniciaron a partir de constatarse irregularidades en la marcación horaria
de la sumariada, los días 01, 03, 16 y 28 de abril de 2025; 02 de junio de 2025; 02 de julio de 2025; 07 y 12
de agosto de 2025; 03 de octubre de 2025; así como inasistencias injustificadas los días 09 de abril de
2025; 05 y 15 de mayo de 2025; 06, 18, 25, 26, 27 y 29 de agosto de 2025; 09, 10 y 12 septiembre de
2025; 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27 y 28 de octubre de 2025;
Que en su defensa la encartada no presenta prueba alguna que desvirtúe el incumplimiento, limitándose a
expresar que no dispone de certificados médicos que le permitieran justificar sus ausencias. De tal forma
que, tal como sostuvo la Instrucción, la conducta de la sumariada encuadra en el incumplimiento de los
deberes previstos en el Art l3 inc. a) del Decreto Ley N° 560/73, que establece la obligación de prestar el
servicio con eficiencia, capacidad y diligencia que determinan las disposiciones legales vigentes e inc. m)
según el cual, el agente debe cumplir íntegramente y en forma regular el horario de labor establecido, todo
ello en concordancia con lo establecido por el Artículo 5º inc. a) de la Ley Nº 9103 que establecen como
causal de cesantía: “a) Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en
el término de seis (6) meses.”
Que en torno a la sanción, resulta orientadora la opinión de nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho:
“La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que
interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende
(en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al
alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene
establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder
Administrador en materia sancionatoria;
Que efectuadas las consideraciones precedentes es menester referir que según el Artículo 7 del Anexo de
la Ley Nº 9103, la autoridad superior en caso de entes descentralizados será quien aplique todas las
sanciones contempladas en la norma, de manera que la medida dispuesta por la Resolución N° 163/26
resulta legítima
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que sin perjuicio de ello, a tenor del Art. 128 inc. 10 de la Constitución de la Provincia, el Sr. Gobernador
“Remueve los funcionarios y empleados de la administración cuyo nombramiento o remoción no están
acordados a otro poder con arreglo a esta Constitución y a la ley.” De la interpretación armónica de las
normas citadas surge que la potestad disciplinaria del ente descentralizado no es una facultad final y
autónoma, sino una competencia que encuentra su límite y control último en el Poder Ejecutivo. Por lo
tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del Poder Ejecutivo debe ser convalidada por el
titular de Poder Ejecutivo;
Que en tal sentido, a diferencia de los Poderes Legislativo y Judicial, que tienen su propio régimen de
remoción y a los que se refiere la cláusula de excepción del inc. 10 transcripto, los entes descentralizados
forman parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del
Poder Ejecutivo debe, en última instancia, ser convalidada por el titular de ese poder;
Que sin perjuicio de la facultad de instrucción y aplicación de la sanción del ente descentralizado, el control
de legalidad sigue residiendo en la órbita del Gobernador como Jefe de la Administración, puesto que la
potestad disciplinaria es una atribución inherente a la función de administrar, cuya titularidad última recae
en el Poder Ejecutivo (Art. 128 inc. 1 Const. Mendoza);
Que en consecuencia, si bien la cesantía dispuesta por el efector es legítima, el Poder Ejecutivo Provincial
es el titular último de la potestad de remoción de los empleados públicos de la Administración Provincial,
conforme al Artículo 128 inciso 10, de la Constitución de Mendoza, resultando pertinente y procedente la
ratificación de la Resolución N° 163/26 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Diego Paroissien;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Ratifíquese la Resolución Nº 163/26 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital “Diego
Paroissien”, por la se aplicó la sanción de Cesantía a la agente LAURA LOURDES FERNANDEZ, DNI Nº
21.372.531, CUIL Nº 27-21372531-4, quien se encuentra con suspensión de haberes desde el 10/04/26,
por violación a lo establecido en el Art. 13 incs. a) y m) del Decreto Ley Nº 560/73, en concordancia con lo
establecido por el Art. 5 inc. a) de la Ley Nº 9103, que como Anexo forma parte integrante del presente
decreto.
Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones
Administrativas y Ética Pública de Mendoza
Artículo 3º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.mendoza.gob.ar/boletinoficial
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Decreto N°: 1867
MENDOZA, 02 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el expediente EX-2025-08586321- -GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD en el cual se solicita ratificar la
Resolución Nº 345/26 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital Central; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 16 rola la Resolución N° 979/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Central que ordena la
instrucción del sumario al agente FANCHIN, ALESIO GERMAN por haber incurrido prima facie en
trasgresión a lo establecido por el Art. 13 incs. a) y m) del Decreto Ley N° 560/73 - Estatuto del Empleado
Público y por la Ley N° 9103 designando instructor sumariante;
Que en Orden 19 consta aceptación de cargo y avoque del Instructor Sumariante, imputando prima facie la
transgresión de lo dispuesto en el Artículo 13 incs. a) y m) del Decreto Ley 560/73 y en orden 20 cédula de
notificación de indagatoria, cursada al domicilio declarado en el legajo del agente Alesio Germán Franchín;
Que en orden 21 rola Acta de Audiencia de Indagatoria conforme a la cual, impuesto del contenido de la
imputación, el sumariado, se abstiene de declarar y se le otorga plazo para defensa;
Que vencido el plazo, sin presentación de defensa, en orden 25 se agrega dictamen de cierre del Instructor
Sumariante sugiriendo la sanción de CESANTÍA del sumariado atento lo dispuesto por el Art. 5 incs. a) y c)
de la Ley N° 9103;
Que en orden 26 consta notificación al sumariado para alegar practicada el 6/3/2026, tal como se certifica
en informes de órdenes 39/40, quien vencido el plazo no presenta alegatos;
Que en orden 30 la Junta de Disciplina, en forma unánime se expide sugiriendo la sanción de CESANTÍA
en concordancia con la Instrucción;
Que en consecuencia en orden 34 rola la Resolución N° 345/26 de la Dirección Ejecutiva del Hospital
Central imponiendo la sanción de Cesantía al agente por haber incurrido en la causal prevista en el Artículo
5, inciso a) de la Ley Nº 9103, en concordancia con los incisos a) y m) del Artículo 13 del Decreto Ley N°
560/73;
Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Art. 9 del Anexo de la Ley Nº
9103 y se han respetado las garantías previstas en el Art. 2 de la misma norma;
Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de
gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante
la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo
sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización
administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia
organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
oportunidad y con sujeción al orden jurídico;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “la responsabilidad administrativa, que
se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio,
transgrediendo reglas propias de la función pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los
servicios administrativos. La potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un
mínimo indispensable de autoridad jerárquica autónoma”;
Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena
marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen
de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el
momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad;
Que de tal forma, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de
tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las
normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la
sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso
debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene: “…en lo atinente a aquellos actos mediante los
cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que,
en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus
superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida
aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de
esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de
criterio en la apreciación de los distintos factores en juego”;
Que en el caso, las actuaciones se iniciaron a partir de constatarse el día 27/10/2025 que el sumariado
presentaba ausencias los días 30 de junio; 18 de julio, 19 de setiembre y 3, 4, 11, 20, 24 y 25 de octubre,
todos del año 2025, incorporando constancias de marcación horaria al efecto (orden 3). El área de
Medicina Laboral informa en orden 4 que el sumariado no presenta partes médicos en las fechas indicadas,
acota que en el sistema OSEP/SISAO se evidencia que reportó ausentismo por enfermedad el 24/10/2025
por 2 días, el cual fue rechazado por el auditor de OSEP por no tener certificado en físico y menciona que
en SGA el último parte médico es del año 2024 por accidente laboral. En consecuencia, se le imputaron al
agente un total de (9) nueve ausencias a su lugar de trabajo, sin causa justificada conforme a la legislación
vigente;
Que citado para defensa, e impuesto de la falta atribuida, el encartado no presentó defensa, ni tampoco
con posterioridad efectuó alegato alguno;
Que de tal forma que, tal como sostuvo la Instrucción, la conducta del sumariado encuadra en el
incumplimiento de los deberes previstos en el Art l3 inc. a) del Decreto Ley N° 560/73, que establece la
obligación de prestar el servicio con eficiencia, capacidad y diligencia que determinan las disposiciones
legales vigentes e inc. m) según el cual, el agente debe cumplir íntegramente y en forma regular el horario
de labor establecido, todo ello en concordancia con lo establecido por el Artículo 5 inc. a) de la Ley Nº
9103 que establecen como causal de cesantía: “a) Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días,
continuas o discontinuas, en el término de seis (6) meses.”
Que en torno a la sanción, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha
dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que
interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende
(en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al
alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene
establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder
Administrador en materia sancionatoria;
Que efectuadas las consideraciones precedentes es menester referir que según el Artículo 7 del Anexo de
la Ley Nº 9103, la autoridad superior en caso de entes descentralizados será quien aplique todas las
sanciones contempladas en la norma, de manera que la medida dispuesta por la Resolución N° 345/26
resulta legítima;
Que sin perjuicio de ello, a tenor del Art. 128 inc. 10 de la Constitución de la Provincia, el Sr. Gobernador
“Remueve los funcionarios y empleados de la administración cuyo nombramiento o remoción no están
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
acordados a otro poder con arreglo a esta Constitución y a la ley.” De la interpretación armónica de las
normas citadas surge que la potestad disciplinaria del ente descentralizado no es una facultad final y
autónoma, sino una competencia que encuentra su límite y control último en el Poder Ejecutivo. Por lo
tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del Poder Ejecutivo debe ser convalidada por el
titular del Poder Ejecutivo;
Que en tal sentido, a diferencia de los Poderes Legislativo y Judicial, que tienen su propio régimen de
remoción y a los que se refiere la cláusula de excepción del inc. 10 transcripto, los entes descentralizados
forman parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del
Poder Ejecutivo debe, en última instancia, ser convalidada por el titular de ese poder;
Que sin perjuicio de la facultad de instrucción y aplicación de la sanción del ente descentralizado, el control
de legalidad sigue residiendo en la órbita del Sr. Gobernador como Jefe de la Administración, puesto que la
potestad disciplinaria es una atribución inherente a la función de administrar, cuya titularidad última recae
en el Poder Ejecutivo (Art. 128 inc. 1 Const. Mendoza)
Que en consecuencia, si bien la cesantía dispuesta por el efector es legítima, el Poder Ejecutivo Provincial
es el titular último de la potestad de remoción de los empleados públicos de la Administración Provincial,
conforme al Artículo 128 inciso 10, de la Constitución de Mendoza, resultando pertinente y procedente la
ratificación de la Resolución N° 345/26 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Central;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Ratifíquese la Resolución Nº 345/26 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital Central, por
la cual se aplicó la sanción de Cesantía al agente ALESIO GERMAN FRANCHIN, DNI Nº 32.880.533,
CUIL Nº 20-32880533-3, por violación a lo establecido en el Art. 13 incs. a) y m) del Decreto Ley Nº 560/73,
en concordancia con lo establecido por el Art. 5 inc. a) de la Ley Nº 9103, que como Anexo forma parte
integrante del presente decreto.
Artículo 2º- Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones
Administrativas y Ética Pública de Mendoza.
Artículo 3º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.mendoza.gob.ar/boletinoficial
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2239
MENDOZA, 16 DE OCTUBRE DE 2026
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Visto el expediente EX-2025-01603308-GDEMZA-ASGODOYCRUZ#MSDSYD, en el cual se tramita
sumario administrativo al agente DANIEL FERNANDO LAZO, ordenado por Resolución N° 1529/25; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 27 rola la Resolución N° 1529/25 del Sr. Ministro de Salud y Deportes que ordena la
instrucción del sumario al agente Lazo por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus
funciones imputando “prima facie” la comisión de las faltas contempladas en el Art 4 inc. b) de la Ley N°
9103, en concordancia con el Art. 13 inc. a), del Decreto – Ley N° 560/73;
Que en orden 34 se designa instructor sumariante que se avoca en orden 36 y encuadra la conducta
provisoriamente en las prescripciones del Art. 4 inc. b) de la Ley N° 9103, en concordancia con el Art. 13
inc. a), del Decreto-Ley N° 560/73;
Que en orden 40 consta notificación para audiencia indagatoria y en orden 41 Acta de Audiencia de
Indagatoria en la que consta que el sumariado fija domicilio electrónico y presta declaración, otorgándose el
plazo de diez días hábiles para que ejerza su defensa;
Que en orden 42 se incorpora instrumental acompañada por el sumariado. En orden 46, el agente presenta
escrito, indicando errores en el Acta de Indagatoria y agrega links de información que se refieren a
cuestiones diferentes a la dilucidación de los hechos que se le imputan;
Que en orden 48 la Instrucción cierra la etapa probatoria y en orden 49 el encartado presenta recurso de
revocatoria. En orden 50 la Instrucción ordena medidas probatorias, que se incorporan en orden 54;
Que en orden 62 la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Desarrollo Territorial e
Infraestructura califica el recurso como ofrecimiento de prueba, considerando que la Instrucción ha dado
por admitido las que fueran ofrecidas por el sumariado adecuadamente;
Que en orden 64 obra dictamen de cierre del Instructor sumariante sugiriendo la sanción de SUSPENSIÓN
POR 30 DÍAS, encuadrando su conducta en los términos del Artículo 4 inc. b) del Anexo de la Ley N° 9103,
supeditando la aplicación de la sanción al levantamiento de la tutela sindical (Electo Delegado en
representación de ATE periodo 2024 – 2026 orden 15) o a ser aplicada a la finalización de la misma; todo
ello conforme al Art. 52 de la Ley N° 23.551 y sugiriendo el traslado del agente a un destino ajeno al Área
de Salud;
Que en orden 66 consta notificación para alegar y en orden 67 el sumariado presenta recurso jerárquico.
En orden 77 la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Desarrollo Territorial e
Infraestructura a fin de reconducir el procedimiento recalifica el recurso considerándolo en calidad de
alegatos del sumariado;
Que en orden 85 se expide la Junta de Disciplina en opinión dividida, aconsejando la mayoría la sanción de
SUSPENSIÓN POR TREINTA DÍAS en concordancia con la Instrucción y con una disidencia que aconseja
la CESANTÍA del sumariado; asimismo por unanimidad la Junta aconseja la inhabilitación de la matrícula
del encartado;
Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Artículo 9° del Anexo de la
Ley Nº 9103 y que se han respetado las garantías previstas en el Artículo 2 de la misma norma
considerando que la agente contó con defensor letrado;
Que el sumariado fue debidamente notificado de la imputación formulada, compareció a audiencia
indagatoria, fijó domicilio electrónico, efectuó descargo, ofreció prueba, interpuso planteos que fueron
adecuadamente reconducidos por la instrucción conforme a su verdadera naturaleza jurídica y formuló
alegatos finales, habiéndose garantizado plenamente su derecho de defensa. Asimismo, intervino Instructor
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Sumariante, se produjo la prueba ofrecida, se emitió dictamen de cierre, se corrió vista para alegar y se
recabó la opinión de la Junta de Disciplina;
Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de
gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante
la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo
sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización
administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia
organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
oportunidad y con sujeción al orden jurídico;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “La responsabilidad administrativa, que
se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio,
transgrediendo reglas propias de la función pública. Se hace efectiva a través de la potestad sancionatoria
de la Administración Pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos”;
Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable
de autoridad jerárquica autónoma;
Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena
marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus
deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen
de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el
momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad pública;
Que de tal forma que, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de
tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las
normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la
sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso
debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados;
Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática
de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica
prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas
quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos
sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de
la sanción aplicada;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “…en lo atinente a aquellos actos mediante los
cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que,
en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus
superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida
aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de
esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de
criterio en la apreciación de los distintos factores en juego.”;
Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a
la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante y la Junta de Disciplina interviniente según el
régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el
procedimiento administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus
funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los
resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la
exención de responsabilidad; como la actividad instructoria no es de esencia jurisdiccional, no puede
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afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor.” Y
“Los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en
definitiva, aún cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede
apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”;
Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra SCJM: “La naturaleza de la
actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de Disciplina es la de
dictaminar, aconsejando a la autoridad que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no
se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan
calificarse como actos administrativos productores de efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de
los empleados.”;
Que asimismo, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La
magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene
en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio)
el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control
jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga
data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia
sancionatoria”;
Que en el caso, las actuaciones se iniciaron con informe de fecha 13 de febrero de 2025 dando cuenta que
para fecha 03-02-25, una paciente embarazada concurrió al Servicio de Farmacia del Centro de Salud Nº
30 Dr. Aldo Dapás, con una receta de Ácido Fólico de 1mg, recetado ese mismo día, siendo atendida por el
Técnico Fernando Lazo, quien le otorgó Gliclazida 60mg, en lugar del medicamento prescripto. Evento que
implica un riesgo para la paciente y su bebé, ya que la Gliclazida está clasificada como de Categoría C
según la FDA, se trata de un medicamento contraindicado o desaconsejado durante el embarazo, cuya
administración exige especial precaución por los riesgos potenciales para la salud materno-fetal;
Que la materialidad del hecho investigado se encuentra acreditada mediante un conjunto probatorio
concordante y mutuamente corroborante constituido por el informe de la farmacéutica interviniente, la nota
manuscrita de la paciente, las constancias médicas posteriores, la fotografía del blíster entregado y el
control de stock de farmacia;
Que tales elementos presentan coherencia objetiva suficiente para reconstruir la secuencia de los hechos y
permiten tener por acreditado que el día 03 de febrero de 2025 se produjo la entrega errónea de Gliclazida
60 mg a una paciente embarazada que contaba con prescripción de Ácido Fólico.
Que la verificación posterior reveló faltante de Gliclazida y sobrante de Ácido Fólico, circunstancia que
corrobora objetivamente el error ocurrido;
Que planteada la imputación en la Audiencia Indagatoria, la defensa del sumariado se basó en cuestiones
ajenas al hecho imputado, aludiendo a "errores humanos normales", presunta persecución laboral y sindical
y la falta de queja registrada en el libro del Centro de Salud. No negó expresamente haber efectuado la
entrega del medicamento;
Que en cuanto al fondo de la defensa se advierte que respecto de la alegada falta de determinación del
sujeto que expendió erróneamente el medicamento, el informe del Área Sanitaria de Godoy Cruz de orden
54 acredita que, el día 03 de febrero de 2025, únicamente el agente Lazo y otra agente se encontraban en
el servicio de farmacia. Asimismo, la nota de puño y letra de la paciente Jara —incorporada en orden 03—
indica que fue atendida por un hombre al retirar la medicación. Siendo la agente de género femenino, la
descripción de la paciente individualiza de modo inequívoco al agente Lazo como el dispensador del
medicamento. En consecuencia, el planteo de falta de determinación del sujeto activo no puede prosperar;
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Que el agente sostiene que no se configuró negligencia en tanto la paciente no sufrió daño efectivo en su
salud ni en la del bebé. Sin embargo, la ausencia de daño comprobado no excluye la responsabilidad
disciplinaria cuando la conducta del agente creó un riesgo concreto y grave para la salud de terceros;
Que a su vez, si bien se constató que no existe queja de la paciente en el libro del Centro de Salud
correspondiente a los días del hecho, ello no desvirtúa el cúmulo probatorio obrante en autos. La ausencia
de queja en el registro interno del Centro de Salud no equivale a inexistencia del hecho ni opera como
eximente de responsabilidad. Pues la paciente concurrió con posterioridad al advertir el error;
Que el sumariado manifestó en su defensa tener más de 25 años de servicio, lo que lejos de operar como
atenuante refuerza la exigencia de un estándar de diligencia profesional mayor y la inexcusabilidad del
error reiterado;
Que en oportunidad de alegar, mediante presentación inicialmente articulada como recurso jerárquico y
posteriormente reconducida a su verdadera naturaleza procesal, el agente introdujo diversos planteos
defensivos que no logran desvirtuar la responsabilidad del agente sino que, por el contrario, la confirma,
pues la firma de la paciente acredita la entrega del medicamento por parte del servicio de farmacia, sin que
ello implique conformidad con la correcta de la dispensación. Una persona que concurre a retirar
medicación prescripta no está en condiciones técnicas de verificar si el fármaco entregado coincide con el
ordenado, máxime cuando —como surge del expediente— se trata de una paciente embarazada de 7
semanas que confió en la idoneidad profesional del técnico dispensador. La firma de recepción no suple ni
exime el deber de diligencia del dispensador y trasladar al paciente la responsabilidad de controlar la
correcta dispensación invierte de modo inaceptable los roles profesionales en un servicio de salud pública;
Que asimismo, cuestionó la claridad y autenticidad de la nota incorporada por la paciente. Sin embargo,
aun prescindiendo de dicho instrumento, el hecho investigado continúa plenamente acreditado mediante el
resto del plexo probatorio: informe profesional, constancias médicas posteriores, verificación de stock,
blíster acompañado y demás elementos incorporados. Consecuentemente, la nota cuestionada no
constituye prueba única ni determinante;
Que en relación al error material detectado en un informe administrativo respecto del último número del DNI
del agente, corresponde señalar que se trata de un mero error subsanable que no produjo afectación
concreta al derecho de defensa ni incertidumbre acerca de la identidad del sumariado, ni es comparable
con el error en la dispensa de una medicación;
Que el agente aduce que tiene 9 años de contratos anteriores a su nombramiento que elevarían su
antigüedad real a 31 años, y que ello debería ser valorado en su favor. Al margen de la acreditación de tal
extremo —que no surge de las constancias del expediente—, la mayor antigüedad en el servicio no opera
como atenuante sino que, en el contexto del presente caso, refuerza la exigencia de un estándar de
diligencia profesional más elevado y torna más inexcusable la reiteración del error;
Que respecto de las afirmaciones vinculadas a persecución laboral, hostigamiento o actividad sindical, las
mismas aparecen formuladas en términos genéricos y sin respaldo probatorio específico que permita
vincularlas causalmente con el presente procedimiento;
Que tampoco puede prosperar el argumento según el cual la ausencia de daño efectivo excluiría
responsabilidad. La falta administrativa no exige la producción de un resultado dañoso consumado,
bastando la infracción grave a los deberes funcionales y la generación de un riesgo cierto para bienes
jurídicos cuya protección se encuentra especialmente comprometida en el servicio público de salud;
Que en el mismo sentido, no resulta atendible la defensa fundada en el carácter supuestamente inevitable
del error humano derivado del volumen de atención del servicio. El propio reconocimiento de que el error
ocurrió, aun cuando se invoque exceso de tareas o dinámica asistencial intensa, no constituye causal
eximente sino precisamente reconocimiento de una deficiencia en el deber de cuidado exigible. La
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invocación de la alta demanda asistencial no exonera de responsabilidad, sino que, eventualmente, debería
haber motivado al agente a extremar los recaudos de verificación. La naturaleza del servicio farmacéutico
impone la adopción de controles mínimos cuya omisión adquiere especial gravedad cuando involucra
población especialmente vulnerable;
Que finalmente, las referencias efectuadas por el presentante respecto de categorías ajenas al
ordenamiento jurídico aplicable ("hombre vivo territorial", "UCC-1", "ERGA OMNES") resultan
manifiestamente inconducentes para la resolución de la cuestión debatida y carecen de aptitud para incidir
sobre el análisis disciplinario efectuado. De manera que, ninguno de los alegatos analizados introduce
elementos fácticos o jurídicos nuevos que modifiquen la valoración de la conducta efectuada en el dictamen
de clausura N° 491/2025, ni desvirtúan la acreditación del hecho imputado ni la responsabilidad del agente;
Que la naturaleza del incumplimiento es inequívoca, el agente actuó con manifiesta negligencia al
dispensar un medicamento diametralmente distinto al prescripto, sin adoptar los controles mínimos de
seguridad exigibles a un profesional técnico en farmacia. La gravedad de la falta debe calificarse como de
máxima entidad;
Que en mérito a todo lo analizado, encontrándose debidamente acreditado el hecho imputado y la
responsabilidad del agente Lazo como autor de la infracción, habiéndose ponderado sus antecedentes
disciplinarios, la naturaleza y gravedad extrema de la falta, la reiteración específica de la misma conducta y
el riesgo concreto generado para la salud, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte
Provincial que ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad
administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio…”;
Que de los antecedentes gremiales del agente surge que fue electo Delegado en representación de ATE
para el período 2024-2026, encontrándose amparado por la tutela sindical que establece el Art. 52 de la
Ley N° 23.551 que establece: “Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los Artículos 40,
48 y 50 de la presente ley, no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán
modificarse las condiciones de trabajo, en los términos y con los alcances que definen las citadas normas,
si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento
establecido en el Artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido el empleador, dentro del plazo de
cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar,
cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o en mantenimiento de las condiciones de trabajo
pudiere ocasionar peligro potencial para la seguridad de las personas o bienes de la empresa o el
funcionamiento normal de ésta”;
Que en consecuencia, la aplicación de la sanción deberá supeditarse al levantamiento de dicha tutela
mediante el procedimiento de exclusión gremial correspondiente;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y
Deportes en orden 88 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Dispóngase la sanción de SUSPENSIÓN POR 30 DÍAS al agente DANIEL FERNANDO LAZO,
DNI Nº 22.536.301, CUIL Nº 20-22536301-4, de conformidad con lo expuesto en el Art. 4 inc. b) del Anexo
de la Ley N° 9103 y demás normativa complementaria, por haber transgredido con su conducta lo
dispuesto en el Art. 13 inc. a) del Decreto-Ley N° 560/73.
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Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 52 de la Ley Nº 23.551 y siendo que el agente cuenta con
protección gremial, la aplicación de dicha sanción se encuentra condicionada al otorgamiento de la
resolución judicial que resuelva favorablemente la exclusión de tutela y/o se concluya este juicio.
Artículo 2º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa
repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº
23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista
en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se
consigna, en virtud de aplicar lo establecido en el Art. 5 inc. c) del Decreto-Ley N° 560/73 (Estatuto del
Empleado Público):
Dn. DANIEL FERNANDO LAZO, DNI Nº 22.536.301, CUIL Nº 20-22536301-4, Clase 012 – Técnico en
Farmacia - Cód. 15-2-01-06 - Carácter 1 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 44 – Área Sanitaria
Guaymallén, con funciones en el Área Sanitaria Godoy Cruz.
Artículo 3º- Notifíquese el presente decreto al sumariado, haciéndole saber que atento a la condicionalidad
de la sanción dispuesta, el plazo para impugnarla comenzará a correr una vez que se resuelva
favorablemente la exclusión de tutela y/o se concluya este juicio, circunstancia esta que se le hará conocer
conforme lo dispone el Artículo 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003.
Artículo 4º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2240
MENDOZA, 16 DE OCTUBRE DE 2026
Visto el expediente EX-2025-03780227--GDEMZA-ASGODOYCRUZ#MSDSYD, en el cual se tramita
sumario administrativo al agente DANIEL FERNANDO LAZO, ordenado por Resolución N° 4752/25; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 32 rola la Resolución N° 4752/25 del Sr. Ministro de Salud y Deportes que ordena la
instrucción del sumario al agente Lazo por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus
funciones imputando “prima facie” la comisión de las faltas contempladas en el Art 4 inc. b) de la Ley N°
9103, en concordancia con el Art. 13 incs. a), b) y d) del Decreto – Ley N° 560/73;
Que en orden 34 se designa instructor sumariante que se avoca en orden 37 y encuadra la conducta
provisoriamente en las prescripciones de los Art. 4 inc. b) y 5 inc. a) de la Ley N° 9103, en concordancia
con el Art. 13 incs. a), b) y d) del Decreto-Ley N° 560/73;
Que en orden 45 consta Acta de Audiencia de Indagatoria en la que consta que el sumariado se abstiene a
declarar, otorgándose el plazo de diez días hábiles para que ejerza su defensa;
Que dentro del plazo conferido, el agente, con patrocinio letrado, presentó descargo, negó genéricamente
los hechos atribuidos, planteó la nulidad de las actuaciones por presunta inexistencia de una imputación
precisa y afectación del derecho de defensa y ofreció como prueba instrumental un acta de constatación
notarial, como consta en orden 49. La Instrucción Sumariante en orden 50 rechazó motivadamente los
planteos de nulidad e inexistencia de imputación precisa, tuvo por presentado en tiempo y forma el
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descargo y rechazó por impertinente e inconducente la prueba documental ofrecida, agregándola a las
actuaciones para su constancia;
Que en orden 52 obra dictamen de cierre del Instructor sumariante sugiriendo la sanción de SUSPENSIÓN
POR 5 DÍAS, encuadrando su conducta en los términos del Artículo 4 inc. b) del Anexo de la Ley N° 9103,
supeditando la aplicación de la sanción al levantamiento de la tutela sindical (Electo Delegado en
representación de ATE periodo 2024 – 2026) o a ser aplicada a la finalización de la misma; todo ello
conforme al Art. 52 de la Ley N° 23.551 y sugiriendo el traslado del agente a un destino ajeno al Área de
Salud;
Que notificado el agente, efectúa presentación de alegatos en orden 54; las actuaciones fueron remitidas a
la Junta de Disciplina del Ministerio de Salud y Deportes, la cual, por unanimidad, acompañó la sanción
sugerida por la Instrucción, dejando expresa constancia de que la misma no podrá notificarse sin antes
tramitar la exclusión de tutela sindical del agente en sede judicial, como consta en orden 60;
Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Artículo 9 del Anexo de la Ley
Nº 9103 y se han respetado las garantías previstas en el Artículo 2 de la misma norma, considerando que
el agente contó con defensor letrado;
Que el sumariado fue debidamente notificado de la imputación formulada, compareció a audiencia
indagatoria, fijó domicilio electrónico, efectuó descargo, ofreció prueba, interpuso planteos que fueron
adecuadamente reconducidos por la instrucción conforme a su verdadera naturaleza jurídica y formuló
alegatos finales, habiéndose garantizado plenamente su derecho de defensa. Asimismo, intervino Instructor
Sumariante, se produjo la prueba ofrecida, se emitió dictamen de cierre, se corrió vista para alegar y se
recabó la opinión de la Junta de Disciplina;
Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de
gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante
la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo
sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización
administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia
organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
oportunidad y con sujeción al orden jurídico;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “La responsabilidad administrativa, que
se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio,
transgrediendo reglas propias de la función pública. Se hace efectiva a través de la potestad sancionatoria
de la Administración Pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos”;
Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable
de autoridad jerárquica autónoma;
Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena
marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus
deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen
de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el
momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad pública;
Que de tal forma que, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de
tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las
normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la
sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso
debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados;
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Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática
de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica
prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas
quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos
sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de
la sanción aplicada;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “…en lo atinente a aquellos actos mediante los
cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que,
en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus
superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida
aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de
esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de
criterio en la apreciación de los distintos factores en juego.”;
Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a
la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante y la Junta de Disciplina interviniente según el
régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el
procedimiento administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus
funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los
resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la
exención de responsabilidad; como la actividad instructoria no es de esencia jurisdiccional, no puede
afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor.” Y
“Los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en
definitiva, aún cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede
apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”;
Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra SCJM: “La naturaleza de la
actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de Disciplina es la de
dictaminar, aconsejando a la autoridad que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no
se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan
calificarse como actos administrativos productores de efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de
los empleados.”;
Que asimismo, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La
magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene
en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio)
el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control
jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga
data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia
sancionatoria”;
Que las presentes se inician ante el informe del Área Sanitaria Godoy Cruz del cual surge que en
oportunidad de efectuarse el control de presentismo correspondiente al mes de abril de 2025 a través del
sistema SGA, se detectó que el agente Daniel Fernando Lazo, quien presta servicios en el Centro de Salud
N° 30, turno tarde, área de Farmacia, no registraba su ingreso ni egreso mediante el sistema de marcación
biométrica;
Que de las constancias reseñadas surge acreditado, sin controversia, que el agente Lazo no efectuó la
marcación biométrica de su ingreso y egreso durante el período verificado, y que, pese a haber sido
expresamente notificado e intimado a regularizar dicha situación (orden 04), persistió deliberadamente en
su incumplimiento. Dicha conducta, consciente, voluntaria y mantenida en el tiempo aun frente a la
intimación formal, configura la infracción a los deberes de prestar el servicio con diligencia, obedecer las
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órdenes legítimamente impartidas por el superior jerárquico y observar una conducta compatible con la
disciplina administrativa, previstos en el Art. 13 incs. a), b) y d) del Decreto-Ley N° 560/73, resultando de
aplicación el régimen disciplinario del Art. 4 inc. b) del Anexo de la Ley N° 9103,
Que la Resolución N° 144/16 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de
Salud y Deportes estableció, con carácter obligatorio para todo el personal comprendido en su ámbito, la
registración horaria mediante sistemas biométricos, constituyendo dicho mecanismo una herramienta de
control de asistencia y permanencia laboral dictada en ejercicio de las potestades de organización y
dirección propias de la Administración empleadora. Dicho acto goza de presunción de legitimidad y
ejecutoriedad mientras no sea dejado sin efecto por la autoridad competente o declarado inválido por
autoridad judicial (Art. 8 Ley N° 9003);
Que en su descargo el sumariado sostuvo no haber faltado a sus labores ni a sus asistencias, afirmando
llevar su propio registro en un "libro de actas", planteó la nulidad de las actuaciones por presunta
inexistencia de una imputación precisa y afectación del derecho de defensa y ofreció como prueba
instrumental un acta de constatación notarial, tendiente a acreditar su planilla de asistencia;
Que al respecto, el rechazo dispuesto por la Instrucción sumarial a tales planteos resulta ajustado a
derecho, pues el objeto de la investigación quedó circunscripto, desde el propio acto de apertura, al
incumplimiento de la obligación de registrar asistencia mediante el sistema biométrico dispuesto por la
Resolución N° 144/16, extremo que el agente pudo conocer y controvertir cabalmente, como lo demuestra
el desarrollo argumental de su propio descargo. Las nulidades constituyen remedios excepcionales de
interpretación restrictiva que exigen la demostración de un perjuicio concreto al derecho de defensa,
extremo no acreditado en autos;
Que en cuanto a la prueba instrumental ofrecida, es decir, el acta de constatación notarial, su rechazo por
impertinente e inconducente también resulta correcto, en tanto la efectiva concurrencia del agente a su
lugar de trabajo no constituyó el objeto del sumario, circunscripto a la falta de registración por el mecanismo
de control establecido;
Que por su parte, el escrito de alegatos se encuentra construido, en su mayor parte, sobre invocaciones
ajenas al ordenamiento jurídico argentino distinto de la persona jurídica del agente, las cuales carecen de
todo sustento normativo en el derecho positivo aplicable y no constituyen defensas idóneas que ameriten
tratamiento sustancial;
Que en cuanto al planteo fundado en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y en el Artículo
43 de la Constitución Nacional (hábeas data), es preciso recordar que el Art. 5 inc. 2 de la norma exceptúa
la exigencia de consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales "cuando se recaben para
el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal". La
registración biométrica de asistencia dispuesta por la Resolución N° 144/16 se inscribe precisamente en
ese supuesto de excepción, en tanto constituye un mecanismo de control dictado con carácter general por
la Administración empleadora en ejercicio de sus potestades de organización dentro de la relación de
empleo público y no un tratamiento de datos con fines ajenos a dicha relación. En consecuencia, la
oposición del agente con fundamento en la Ley N° 25.326 no resulta idónea para enervar la validez ni la
exigibilidad de la Resolución N° 144/16;
Que aun cuando el agente hubiera sostenido objeciones legítimas respecto del sistema biométrico, tales
objeciones debieron canalizarse por las vías de impugnación administrativa o judicial previstas en el
ordenamiento, sin que la sola discrepancia habilite a sustraerse unilateralmente del cumplimiento de una
disposición obligatoria vigente, que conserva su presunción de legitimidad mientras no sea invalidada por la
autoridad competente. La circunstancia invocada de haber comunicado informalmente su negativa en
diciembre de 2024, no purga en modo alguno el incumplimiento persistente verificado con posterioridad a la
intimación expresa y formal cursada en el marco de las presentes actuaciones (orden 04), único hecho que
constituye el objeto de este sumario;
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Que finalmente, la pretensión de indemnización por daños morales y psicológicos formulada en el alegato
excede manifiestamente el objeto y la competencia de un sumario disciplinario, cuyo único fin es determinar
la eventual responsabilidad del agente frente a la falta funcional imputada. De pretender el agente el
reconocimiento de tales daños corresponderá su planteo por la vía del reclamo administrativo autónomo
pertinente, sin que pueda ser resuelto en el marco de las presentes actuaciones;
Que de lo analizado surge en consecuencia, que la conducta atribuida al sumariado se encuentra
suficientemente acreditada;
Que conforme el propio texto del Art. 13 inc. a) del Decreto-Ley N° 560/73, la conducta exigida no se agota
en la mera prestación efectiva del servicio, sino que comprende la sujeción del agente a la “forma” que las
disposiciones reglamentarias establezcan para su cumplimiento. La Resolución N° 144/16 del ex Ministerio
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes constituye, precisamente, esa
forma reglamentaria en materia de control horario, de modo que la obligación de marcación biométrica no
es un recaudo accesorio o sustituible por el agente según su propio criterio, sino un componente integrante
del deber funcional mismo;
Que a ello se suma el deber de obediencia previsto en el inciso d) del mismo Artículo, en tanto la intimación
cursada al agente (orden 04) constituyó una orden emanada de superior jerárquico competente, referida a
un acto de servicio compatible con sus funciones. Por tal razón, la circunstancia de que el agente hubiera
prestado servicio de manera efectiva —extremo no controvertido en autos— resulta inconducente para
excluir la infracción, ya que el objeto de reproche no es la ausencia al trabajo, sino la sustracción unilateral
al mecanismo de control legítimamente dispuesto por la Administración para verificarlo;
Que por lo expuesto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos comparte el criterio sostenido en el
Dictamen de Clausura y en el dictamen de la Junta de Disciplina, en cuanto a la procedencia de aplicar al
agente DANIEL FERNANDO LAZO, DNI N° 22.536.301, la sanción de SUSPENSIÓN POR 5 días en los
términos del Art. 4 inc. b) de la Ley N° 9103, por haber incurrido en una conducta incompatible con el
correcto desempeño de la función pública;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y
Deportes en orden 63 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Dispóngase la sanción de SUSPENSIÓN POR 5 DÍAS al agente DANIEL FERNANDO LAZO,
DNI Nº 22.536.301, CUIL Nº 20-22536301-4, de conformidad con lo expuesto en el Art. 4 inc. b) del Anexo
de la Ley N° 9103 y demás normativa complementaria, por haber transgredido con su conducta lo
dispuesto en el Art. 13 incs. a), b) y d) del Decreto-Ley N° 560/73.
Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 52 de la Ley Nº 23.551 y siendo que el agente cuenta con
protección gremial, la aplicación de dicha sanción se encuentra condicionada al otorgamiento de la
resolución judicial que resuelva favorablemente la exclusión de tutela y/o se concluya este juicio.
Artículo 2º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa
repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº
23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista
en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se
consigna, en virtud de aplicar lo establecido en el Art. 5 inc. c) del Decreto-Ley N° 560/73 (Estatuto del
Empleado Público):
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Dn. DANIEL FERNANDO LAZO, DNI Nº 22.536.301, CUIL Nº 20-22536301-4, Clase 012 – Técnico en
Farmacia - Cód. 15-2-01-06 - Carácter 1 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 44 – Área Sanitaria
Guaymallén, con funciones en el Área Sanitaria Godoy Cruz.
Artículo 3º- Notifíquese el presente decreto al sumariado, haciéndole saber que atento a la condicionalidad
de la sanción dispuesta, el plazo para impugnarla comenzará a correr una vez que se resuelva
favorablemente la exclusión de tutela y/o se concluya este juicio, circunstancia esta que se le hará conocer
conforme lo dispone el Artículo 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003.
Artículo 4º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 2241
MENDOZA, 16 DE OCTUBRE DE 2026
Visto el expediente EX-2026-01378731-GDEMZA-ASGODOYCRUZ#MSDSYD, en el cual se tramita
sumario administrativo al agente DANIEL FERNANDO LAZO, ordenado por Resolución N° 715/26; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 37 rola la Resolución N° 715/26 del Ministerio de Salud y Deportes mediante la cual se
instruyó sumario administrativo al agente Lazo por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño
de sus funciones imputando “prima facie” la comisión de las faltas contempladas en los Arts. 4 inc. b) y 5
inc. b) de la Ley N° 9103, en concordancia con los Arts. 13 inc. b) y 14 inc. f) del Decreto – Ley N° 560/73;
Que en orden 42 se designa instructor sumariante que se avoca en orden 44;
Que en orden 56 consta Acta de Audiencia de Indagatoria en la que consta que el sumariado se abstiene a
declarar, otorgándose el plazo de diez días hábiles para que ejerza su defensa;
Que dentro del plazo conferido, el agente presento descargo no efectuando una refutación concreta de los
hechos ni de la prueba incorporada, limitándose a solicitar la suspensión del procedimiento disciplinario
hasta tanto recayera resolución en sede penal, petición que la Instrucción rechazó por resultar la
responsabilidad administrativa autónoma e independiente de la penal;
Que en orden 61 obra dictamen de cierre de la Instrucción Sumarial, mediante el cual tuvo por acreditada la
conducta reiterada de hostigamiento, intimidación y destrato del agente Lazo hacia la denunciante y hacia
otras agentes del establecimiento, encuadrándola en los Arts. 13 inc. b) y 14 inc. f) del Decreto-Ley N°
560/73 y en la falta grave del Art. 5 inc. b) del Anexo de la Ley N° 9103, sugiriendo aplicar al agente Lazo
la sanción de CESANTÍA y disponiendo dar vista al sumariado para alegar en los términos del Art. 31 de la
Ley N° 9103;
Que notificado el agente, efectúa presentación de alegatos en orden 63; las actuaciones fueron remitidas a
la Junta de Disciplina del Ministerio de Salud y Deportes, la cual, por unanimidad, acompañó la sanción
sugerida por la Instrucción, dejando expresa constancia de que la misma no podrá notificarse sin antes
tramitar la exclusión de tutela sindical del agente en sede judicial, como consta en orden 68;
Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Artículo 9° del Anexo de la
Ley Nº 9103 y que se han respetado las garantías previstas en el Artículo 2 de la misma norma;
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Que el sumariado fue debidamente notificado de la imputación formulada, compareció ejerció su derecho a
abstenerse de declarar en la instancia indagatoria y posteriormente presentó descargo, habiéndose
garantizado plenamente su derecho de defensa. Intervino Instructor Sumariante, se sustanció la prueba
documental y testimonial, se emitió dictamen de clausura, se corrió vista para alegar y se recabó la opinión
de la Junta de Disciplina;
Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de
gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante
la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo
sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización
administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia
organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
oportunidad y con sujeción al orden jurídico;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “La responsabilidad administrativa, que
se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio,
transgrediendo reglas propias de la función pública. Se hace efectiva a través de la potestad sancionatoria
de la Administración Pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos”;
Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable
de autoridad jerárquica autónoma;
Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena
marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus
deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen
de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el
momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad pública;
Que de tal forma que, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de
tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las
normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la
sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso
debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados;
Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática
de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica
prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas
quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos
sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de
la sanción aplicada;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “…en lo atinente a aquellos actos mediante los
cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que,
en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus
superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida
aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de
esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de
criterio en la apreciación de los distintos factores en juego.”;
Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a
la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante y la Junta de Disciplina interviniente según el
régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el
procedimiento administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus
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funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los
resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la
exención de responsabilidad; como la actividad instructoria no es de esencia jurisdiccional, no puede
afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor.” Y
“Los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en
definitiva, aún cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede
apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”;
Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra SCJM: “La naturaleza de la
actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de Disciplina es la de
dictaminar, aconsejando a la autoridad que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no
se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan
calificarse como actos administrativos productores de efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de
los empleados.”;
Que asimismo, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La
magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene
en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio)
el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control
jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga
data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia
sancionatoria”;
Que se inician las presentes ante la denuncia que rola en orden 2 formulada por la Directora Técnica del
Servicio de Farmacia del Centro de Salud N° 30 “Dr. Aldo Moisés Dapas”, Área Sanitaria Godoy Cruz, quien
pone en conocimiento de la Coordinación la negativa del agente Daniel Fernando Lazo a suscribir el
acuerdo de confidencialidad del sistema SIDICO y las posteriores amenazas y tratos violentos del agente
para con su persona;
Que la prueba documental y testimonial directa relativa a los hechos denunciados resulta, por sí sola,
suficiente para tener por acreditada la falta imputada al agente Daniel Fernando Lazo en los términos del
Art. 13 inc. b) y Art. 14 inc. f) del Decreto-Ley N° 560/73, configurativa de la falta grave prevista en el Art. 5
inc. b) del Anexo de la Ley N° 9103. La prueba de contexto refuerza la valoración de gravedad efectuada
por la Instrucción a los fines de graduar la sanción, extremo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
comparte por los fundamentos ya expuestos;
Que con tales premisas es menester precisar que el Art. 13 inc. b) del Decreto-Ley N° 560/73 protege la
confianza y consideración que la sociedad deposita en el agente estatal como tal, exigiendo una conducta
decorosa dentro y fuera del servicio; el Art. 14 inc. f) protege, más específicamente, la convivencia y el trato
debido entre quienes integran la Administración y con el público, vedando actos incompatibles con la moral,
la urbanidad y las buenas costumbres;
Que ambos deberes convergen en un mismo bien jurídico: la preservación de un ámbito de trabajo seguro
y respetuoso, condición necesaria para el correcto y regular funcionamiento del servicio público;
Que a ese marco general se suma, en el ámbito provincial, la Ley N° 9263 de Protección a las Personas
Trabajadoras Víctimas de Violencia Laboral, aplicable a toda la administración pública provincial, que define
como violencia laboral toda conducta que atente contra la dignidad, la libertad, la seguridad personal o la
integridad moral y psicológica de la persona trabajadora (Art. 4°), calificando expresamente entre sus
formas — Art. 5° inc. a)— el hostigamiento psicológico, la intimidación, las amenazas y "cualquier trato
descalificador, deshonroso, injurioso, cruel, humillante o amenazante que le resulte un menoscabo de su
bienestar físico, psíquico y/o moral", así como el acoso psicológico o mobbing ejercido en forma sistemática
y recurrente (Art. 5° inc. b);
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Que las conductas acreditadas en autos —las anotaciones intimidatorias reiteradas en el Libro de
Novedades y el consiguiente hostigamiento — encuadran nítidamente en esos supuestos;
Que la propia Ley N° 9263 remite, en cuanto a las sanciones aplicables, a “los regímenes administrativos
y/o disciplinarios” vigentes en el ámbito respectivo (Art. 8°), lo que confirma que el Decreto-Ley N° 560/73 y
el Anexo de la Ley N° 9103 constituyen el cauce normativo correcto para encauzar la respuesta
disciplinaria frente a una conducta que, además, resulta subsumible en el marco de la Ley N° 9263, sin
perjuicio de la aplicación concurrente de la Ley N° 26.485 en cuanto a la modalidad de violencia laboral
contra las mujeres (Art. 6° inc. c), conforme lo prevé el propio Art. 12 de la Ley N° 9263, que declara la
aplicación de ambos regímenes sin desplazamiento recíproco;
Que en el caso, ese interés adquiere una dimensión particular en razón del establecimiento en el que los
hechos tuvieron lugar. No se trata de una dependencia administrativa cualquiera, sino de un centro de
salud, cuyo funcionamiento regular —y en especial el de su servicio de farmacia, encargado de la provisión
y control de medicamentos— depende de manera directa del ejercicio sin interferencias de la autoridad
funcional de quien lo dirige técnicamente;
Que conforme lo señalado por la propia Instrucción, la sanción propiciada no encuentra sustento en la
condición de delegado gremial del agente ni en el ejercicio de derechos sindicales, circunstancias que
resultan ajenas al objeto del procedimiento, sino exclusivamente en hechos funcionales acreditados
mediante prueba objetiva, con pleno respeto de las garantías del debido proceso;
Que de los antecedentes gremiales del agente surge que fue electo Delegado en representación de ATE
para el período 2024-2026, encontrándose amparado por la tutela sindical del Art. 52 de la Ley N° 23.551
que establece: “Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los Artículos 40, 48 y 50 de la
presente ley, no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las
condiciones de trabajo, en los términos y con los alcances que definen las citadas normas, si no mediare
resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el
Artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido el empleador, dentro del plazo de cinco (5) días podrá
disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia
del cuestionado en su puesto o en mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro
potencial para la seguridad de las personas o bienes de la empresa o el funcionamiento normal de ésta”;
Que en consecuencia, la aplicación de la sanción deberá supeditarse al levantamiento de dicha tutela
mediante el procedimiento de exclusión gremial correspondiente;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y
Deportes en orden 71 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Dispóngase la sanción de CESANTÍA al agente DANIEL FERNANDO LAZO, DNI Nº
22.536.301, CUIL Nº 20-22536301-4, de conformidad con lo expuesto en el Art. 5 inc. b) del Anexo de la
Ley N° 9103 y demás normativa complementaria, por haber transgredido con su conducta lo dispuesto en
el Art. 13 inc. b) y Art. 14 inc. f) del Decreto-Ley N° 560/73.
Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 52 de la Ley Nº 23.551 y siendo que el agente cuenta con
protección gremial, la aplicación de dicha sanción se encuentra condicionada al otorgamiento de la
resolución judicial que resuelva favorablemente la exclusión de tutela y/o se concluya este juicio.
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Artículo 2º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa
repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº
23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista
en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se
consigna, en virtud de aplicar lo establecido en el Art. 5 inc. c) del Decreto-Ley N° 560/73 (Estatuto del
Empleado Público):
Dn. DANIEL FERNANDO LAZO, DNI Nº 22.536.301, CUIL Nº 20-22536301-4, Clase 012 – Técnico en
Farmacia - Cód. 15-2-01-06 - Carácter 1 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 44 – Área Sanitaria
Guaymallén, con funciones en el Área Sanitaria Godoy Cruz.
Artículo 3º- Notifíquese el presente decreto al sumariado, haciéndole saber que atento a la condicionalidad
de la sanción dispuesta, el plazo para impugnarla comenzará a correr una vez que se resuelva
favorablemente la exclusión de tutela y/o se concluya este juicio, circunstancia esta que se le hará conocer
conforme lo dispone el Artículo 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003.
Artículo 4º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
(D.G.E.)
Decreto N°: 1764
MENDOZA, 26 DE AGOSTO DE 2026
VISTO el EX-2026-02960697- -GDEMZA-CCC, en el que se tramita el Recurso de Alzada interpuesto por el
agente Pablo David Páez; y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de referencia se tramita el Recurso de Alzada interpuesto por el señor Pablo David
Páez, DNI Nº 27.785.593 en contra de la Resolución Nº RESFC-2026-58-E-GDEMZA-PENALJUVENIL,
emitida por la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, respecto a la aplicación de la sanción
disciplinaria de Cesantía recaída sobre el agente.
Que desde el análisis formal la queja ha sido interpuesta dentro de los plazos legales, por lo tanto, de
acuerdo a lo expuesto, se sugiere su admisión en lo formal.
Que desde el análisis sustancial del recurso, el recurrente exhorta la invalidez de la Resolución Nº RESFC-
2026-58-E-GDEMZA-PENALJUVENIL, en tanto ha sido dictada con prescindencia de una adecuada
motivación, en violación de las garantías del debido proceso y del principio de razonabilidad que deben
regir el ejercicio del ius puniendi estatal.
Que el reclamante expresa que el sumario administrativo que concluyó con el acto sancionatorio se
encuentra viciado a causa del trámite, vulnerando el derecho de defensa (Art. 60 inc. a) de la Ley N°9003.
Que dentro de las violaciones a dicho derecho, manifiesta que la imputación efectuada carece de precisión
respecto con los hechos sujetos a investigación, lo que obstaculizó el ejercicio cabal de la defensa. Y
agrega que el encuadre legal efectuado en el acto administrativo que ordena el sumario administrativo,
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difiere del encuadre legal realizado por el instructor sumariante, tornando mucho más imprecisa la
acusación.
Que respecto a las diferencias entre el encuadre legal efectuado en el acto administrativo que ordena el
sumario administrativo y el realizado por el instructor sumariante, que resulta posible, puesto que en la
investigación inicial se realiza un encuadre y se emite el acto administrativo que ordena a la Oficina
General de Sumarios su intervención, pero el instructor designado, luego de la lectura de la pieza puede
ampliar o variar la calificación de acuerdo a su criterio y en nada atenta contra el derecho de defensa del
sumariado, en tanto que el sumariado ejercerá su derecho en base a la imputación (con la calificación
legal) que la instrucción efectúe, la que se comunica en la audiencia indagatoria.
Que el señor Páez expone que en el escrito de defensa se colocaron nulidades que no fueron tratadas en
el auto de admisión de pruebas ni en la clausura del sumario, lo que vulnera su derecho defensa.
Que debe aclararse que en el auto de admisión de pruebas, no se resolvió sobre la admisión o no de las
nulidades planteadas, se dieron las explicaciones correspondientes que merecieron ser revisadas por el
recurrente al momento de efectuar el agravio en cuestión.
Que el agente expresa que el acto también adolece de falta de motivación, dándose el supuesto previsto en
el art. 68 inc. b) de la Ley N°9003, en concordancia con el artículo 45 inc. a) y c), es decir que para la
validez de la resolución se debe tener una motivación suficiente, concreta y circunstanciada.
Que respecto de la falta de motivación del acto al que hace referencia el recurrente, se puede advertir que
el argumento resulta improcedente, se debe analizar el acto administrativo en un todo y en el que se puede
observar con claridad que la resolución impugnada no adolece de tal vicio, puesto que se observa que
cumple con los requisitos exigidos por el Art. 45 de Ley N°9003, con antecedentes, razones de hecho y
derecho y motivo del apartamiento.
Que el acto administrativo atacado se encuentra debidamente motivado, y refleja un procedimiento en el
que se ha garantizado el debido proceso, siguiendo la normativa vigente.
Que por lo expuesto, corresponde admitir el planteo recursivo en su aspecto formal y rechazar el mismo en
su aspecto sustancial.
Por ello y en virtud del Dictamen Legal emitido por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la
Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes (orden 8) y de Asesoría de Gobierno (orden 13),
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º.- Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por el
señor PABLO DAVID PÁEZ, DNI N° 27.785.593; en contra de la Resolución Nº RESFC-2026-58-E-
GDEMZA-PENAL JUVENIL, emitida por la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil respecto a la
aplicación de la sanción disciplinaria de Cesantía recaída sobre el agente, de conformidad con los
argumentos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente el presente decreto, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
150 de la Ley Nº 9.003, se encuentra agotada la instancia administrativa, por tanto, queda facultada para
interponer Acción Procesal Administrativa en el plazo de treinta (30) días corridos, el que comenzará a regir
desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (art. 20 Ley Nº 3.918) por ante la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza (art. 1 Ley Nº 3.918).
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
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RESOLUCIONES
MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS
Resolución N°: 236
MENDOZA, 22 DE OCTUBRE DE 2026.-
Visto el EX-2026-07909485- -GDEMZA-DGPRES#MHYF, donde se tramita la distribución a favor de las
Municipalidades de la Provincia, de los fondos correspondientes al Canon Extraordinario de Producción y al
Canon por Renta Extraordinaria establecidos en los incisos 2º y 12º del artículo 13º Anexo I del Decreto Nº
1547/10 y en los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 3089/10, respectivamente; y
CONSIDERANDO:
Que la citada normativa dispone que dichos conceptos serán distribuidos entre las Municipalidades de la
Provincia en un doce por ciento (12%) de lo efectivamente percibido, aplicando el índice dispuesto en el
artículo 2º de la Ley Nº 6396 y sus modificatorias;
Que el artículo 1º del Decreto Nº 2054/11, ratificado por la Ley Nº 8393, establece que dicha distribución se
realice en carácter de aporte no reintegrable mediante decreto del Poder Ejecutivo;
Que el Decreto Nº 2973/25, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 32517, con fecha 16 de enero
de 2026, delega en el Ministerio de Hacienda y Finanzas la facultad de disponer la distribución y
transferencia del Canon Extraordinario de Producción, el Canon por Renta Extraordinaria y el Fondo de
Inversión en Infraestructura Social, en los términos y con los alcances previstos en el Decreto N° 2054/11,
ratificado por Ley N° 8393 y asimismo, dispone que los actos administrativos que se dicten en el marco de
esta delegación de facultades deberán consignar expresamente la norma habilitante y su fecha de
publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 9003 de Procedimiento
Administrativo;
Que la recaudación del Canon Extraordinario de Producción y del Canon por Renta Extraordinaria, del mes
de setiembre de 2026, correspondiente al porcentaje destinado a los municipios, ha sido certificada por
Contaduría General de la Provincia y asciende a la suma de $100.386.568,27 y de $55.123.828,77,
respectivamente; asimismo informa que no presenta recaudación en el mes aludido el Fondo de Inversión
en Infraestructura Social;
Que el índice aplicado a los efectos de la distribución del Canon Extraordinario de Producción y del Canon
por Renta Extraordinaria, es el correspondiente al ejercicio 2026, fijado mediante la Resolución Nº 161-
HyF-26;
Que la recaudación de Canon por Renta Extraordinaria, certificada por la Contaduría General de la
Provincia, ha superado a la prevista en el Presupuesto 2026 en $55.123.828,77, por lo que resulta
necesario incrementar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Erogaciones vigente, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 11, inciso d) de la Ley Nº 9681 y artículos 5, 24 y 26 del Decreto Acuerdo Nº
369/26.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Por ello,
EL
MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE :
Artículo 1º - Modifíquese el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial del ejercicio
vigente, incrementándose en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($55.123.828,77.-), tanto en el
Cálculo de Recursos como en el Presupuesto de Erogaciones, del modo que se indica en la Planilla Anexa
I que forma parte integrante de esta resolución, correspondiente al carácter 1.
Artículo 2º - Autorícese a Contaduría General de la Provincia a liquidar a favor de las Municipalidades que
se detallan y por los montos que se indican en la Planilla Anexa II, que forma parte de la presente
resolución, en concepto de aporte no reintegrable correspondiente al mes de setiembre de 2026, del 12%
Canon Extraordinario de Producción, previsto en el inciso 2º del artículo 13º Anexo I del Decreto Nº
1547/10, en el artículo 3º del Decreto Nº 3089/10 y en el artículo 1º del Decreto Nº 2054/11, ratificado por
Ley Nº 8393, por la suma total de PESOS CIEN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($100.386.568,27.-).
Artículo 3º - El importe previsto en el artículo anterior se liquidará con cargo a la partida: H-20010-431-17-
000 “Otros Aportes a Municipios” y unidades de gestión de gasto respectivas del Presupuesto de
Erogaciones vigente, detalladas en la Planilla Anexa II, que forma parte de la presente resolución.
Artículo 4º - Autorícese a Contaduría General de la Provincia a liquidar a favor de las Municipalidades que
se detallan y por los montos que se indican en la Planilla Anexa III, que forma parte de la presente
resolución, en concepto de aporte no reintegrable correspondiente al mes de setiembre de 2026, del 12%
Canon por Renta Extraordinaria, previsto en el inciso 12º del artículo 13º Anexo I del Decreto Nº 1547/10,
en el artículo 4º del Decreto Nº 3089/10 y en el artículo 1º del Decreto Nº 2054/11, ratificado por Ley Nº
8393, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($55.123.828,77.-)
Artículo 5º - El importe previsto en el artículo anterior se liquidará con cargo a la partida: H-20011-431-17-
000 “Otros Aportes a Municipios” y unidades de gestión de gasto respectivas del Presupuesto de
Erogaciones vigente, detalladas en la Planilla Anexa III, que forma parte de la presente resolución.
Artículo 6º - Las Municipalidades indicadas en las Planillas Anexas II y III de la presente resolución deberán
efectuar la rendición de los fondos recibidos ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, de
acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 7º - Comuníquese la presente resolución a la Contaduría General de la Provincia para su
registración.
Artículo 8º - Comuníquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.
LIC. VICTOR FAYAD
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.mendoza.gob.ar/boletinoficial
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
Resolución N°: 2203
MENDOZA, 23 DE OCTUBRE DE 2026
Visto el expediente EX-2026-1730826- -GDEMZA-SDGRH#MSDSYD, en el cual se tramita el Concurso de
Ingreso al Sistema Provincial de Residencias, y encontrándonos en instancia de segunda readjudicación
octubre 2026; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 521/26 se aprobó la convocatoria general y bases del Concurso de Ingreso
al Sistema de Residencias 2026;
Que la Resolución Nº 692/2026 modificó el Anexo I del cronograma y plazas a concursar, declarando en su
Art. 3 como Especialidades Promovidas y Estratégicas a: Anatomía Patológica, Clínica Médica,
Emergentología, Farmacia Hospitalaria, Geriatría, Gerontología, Medicina de Familia, Pediatría, Psiquiatría,
Terapia Intensiva y Tocoginecología, dada la urgente necesidad de cubrir vacantes asistenciales en la red
de salud pública;
Que por Resolución Nº 1655/2026 se aprobó el re-ofrecimiento de vacantes y la ampliación de plazas para
la adjudicación realizada en la semana del 24 al 28 de agosto de 2026;
Que finalizada dicha instancia, la Subdirección de Gestión de Recursos Humanos y el Departamento de
Residencias procedieron al relevamiento de los cargos adjudicados, detectando un remanente de plazas
que resultaron no cubiertas por falta de elección o por renuncias expresas informadas por los postulantes;
Que, a fin de aprovechar la capacidad formadora de las sedes y dar respuesta a las necesidades
asistenciales de la red pública de salud, resulta necesario ofrecer dichas plazas en una segunda instancia
de readjudicación;
Que la oferta asciende a un total de setenta y nueve (79) plazas, de las cuales sesenta y dos (62)
corresponden a sedes provinciales y diecisiete (17) a sedes privadas, y que cincuenta (50) de ellas
pertenecen a especialidades declaradas Promovidas y Estratégicas (Clínica Médica, Emergentología,
Geriatría y Gerontología, Medicina de Familia, Pediatría, Terapia Intensiva y Tocoginecología);
Que las plazas ofrecidas corresponden a especialidades y sedes ya habilitadas en el marco del presente
Concurso, con capacidad formadora acreditada;
Que conforme al cronograma de la segunda readjudicación, el 23 de octubre de 2026 se publican las
plazas disponibles, el 26 de octubre de 2026 se publica el orden de mérito y el 28 de octubre de 2026 se
lleva a cabo el acto de segunda readjudicación;
Por ello, en razón de lo solicitado por la Subdirección de Gestión de Recursos Humanos,
EL
MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES
RESUELVE:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 1º- Aprobar la segunda readjudicación de las plazas vacantes del Concurso de Ingreso al Sistema
Provincial de Residencias 2026, conforme al Anexo que integra la presente resolución, a realizarse el 28 de
octubre de 2026.
Artículo 2º- Establecer el Cronograma operativo de la segunda readjudicación, que queda establecido como
se indica a continuación:
FECHA/PLAZO
HITO OPERATIVO
23 de octubre de 2026
Publicación de las plazas disponibles.
26 de octubre de 2026
Publicación del orden de mérito de especialidades médicas y no médicas
de primer y segundo nivel.
28 de octubre de 2026 –
8:30 h
Readjudicación Primer Nivel – Medicina.
28 de octubre de 2026 –
11:00 h
Readjudicación Primer Nivel – Trabajo Social.
28 de octubre de 2026 –
12:00 h
Readjudicación Segundo Nivel – Medicina.
28 de octubre de 2026 –
13:00 h
Readjudicación Segundo Nivel – Psicología.
02 de noviembre de 2026
Toma de posesión de las plazas.
Artículo 3º- Instruir la publicación de la presente resolución en el Portal Info-Salud para asegurar la máxima
transparencia e igualdad de oportunidades.
Artículo 4º- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
LIC. RODOLFO MONTERO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.mendoza.gob.ar/boletinoficial
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Resolución N°: 4619
MENDOZA, 05 DE AGOSTO DE 2026
VISTO el EX-2023-01049506- -GDEMZA-MESA#DGE, en el que se tramita la situación laboral del señor
Marchan, Daniel” y;
CONSIDERNADO:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 2 en virtud de la nota remitida a la Coordinación de Capacitación para el Trabajo CCT y la
Dirección de Capital Humano de la Dirección General de Escuelas, por la Supervisora de la Sección N° 3
CCT-FP, en relación con los hechos acaecidos en el Centro de Capacitación para el Trabajo N° 6-203 del
Departamento de Godoy Cruz, que involucran al celador sereno señor Daniel Esteban Marchan, DNI N°
24.381.661. En archivo embebido se adjuntan: memorándum de fecha 11/02/2022 en el cual se le asigna
como nuevo lugar de trabajo del mencionado celador, el Centro de Educación para el Trabajo N° 6-203;
Actas N° 31 y 32 del año 2022, celebradas para dejar constancia de la presencia policial en el citado
establecimiento, solicitando información sobre el celador Marchan; Acta N° 35/2022 de fecha 2/11/2022, en
la cual se deja asentado que en dicha fecha se constituye en la escuela personal policial para coordinar el
procedimiento a realizarse el día 3/11/2022; continuando la mencionada acta a la 1:00 del día 3/11/2022,
personal policial se constituye nuevamente en la institución escolar y procede al arresto del Señor Marchan
Daniel Esteban;
Que obra en archivo de trabajo en orden 9, la sentencia judicial dictada en los autos N° 112417/22
caratulado: Fiscal c/ MARCHAN HERRERA DANIEL ESTEBAN P/ Robo agravado por el uso de arma de
fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada con concurso real con
desobediencia a una orden judicial, todo ello cometido en un contexto de violencia de género, de fecha 13
de diciembre del 2022, dictada por el Juzgado Penal Colegiado Segundo de la Primer Circunscripción
Judicial de Mendoza;
Que en el orden 18 obra RESOL-2023-7323-E-GDEMZA-DGE de fecha 26 de octubre de 2023, donde el
Director General de Escuelas dispone: “Artículo 1ro.- Instrúyase Sumario Administrativo al señor DANIEL
ESTEBAN MARCHAN, DNI N°24.381.661, dependiente de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, a
los fines de deslindar responsabilidades, en virtud de haber sido condenado por delito doloso (robo
agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por
acreditada con concurso real con desobediencia a una orden judicial, todo ello cometido en un contexto de
violencia de genero); lo que constituye una violación a los incisos a) del artículo 5° del Estatuto del Celador,
inciso b) del artículo 12° del estatuto del empleado público, y en la tipificación del inciso f) del artículo 5° de
la ley 9103; ya que por la gravedad de sus circunstancias afectan al decoro de la función y al prestigio de la
Administración.”.
Que en orden 27 obra resolución de la Oficina General de Sumarios en fecha 29 de marzo de 2025 designa
instructora sumariante y secretario de actuaciones;
Que en orden 29 la instructora sumariante se avoque hace la imputación formal, la calificación legal y
ordena la citación a indagatoria;
Que en orden 34 obra cedula de notificación de la audiencia a prestar declaración indagatoria, mediante
carta documento de fecha 3 de junio del 2025;
Que en orden 36 obra acta de la audiencia para prestar declaración indagatoria de fecha 03 de junio del
2.025 a las 09:00 horas donde se deja constancia que el imputado estando debidamente notificado no se
presenta;
Que en orden 38 obra dictamen de clausura N° 380/2025 del instructor sumariante donde aconseja:
CLAUSURAR el presente sumario aconsejando se aplique la sanción de CESANTIA según el art. 5 inc. f)
del anexo I de la Ley N° 9.103; y poner los autos para que el imputado alegue en los términos del art. 31 de
la Ley N° 9.103;
Que en orden 43 obra constancia de notificación mediante correo electrónico del dictamen de clausura N°
380/2025 del instructor sumariante, mediante carta documento, en el orden 47 la notificación se hace por
edictos, y en el orden 53 obra notificación por cedula papel;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 55 las actuaciones son remitidas por la Oficina General de Sumarios a la Junta Disciplinaria
no Docente de la Dirección General de Escuelas, a fin de que se pronuncie dentro del plazo de diez días
(10) posteriores computados desde su recepción;
Que en orden 57 obra dictamen final N° 56/2025 de la Junta de Disciplina para Personal No Docente, de
fecha 4 de noviembre del 2025. En dicho dictamen la Junta aconseja la CLAUSURA DEL SUMARIO de
conformidad a lo dispuesto por el art. 28 y ss del Anexo Ley 9103, con lo aconsejado por esta Instrucción,
al Agente sobre situación laboral, celador titular Sr. MARCHAN HERRERA CLAUDIO ESTEBAN, DNI N°
24.381.661; quedó acreditado que el hecho o conducta del agente se encuadrar provisoriamente en las
prescripciones del art. 5° incisos a) del Estatuto del Celador (Ley N° 8.112) y art. 13 inc. b), del Capítulo III
Deberes y Prohibiciones del Decreto-Ley 560/73, transcripto ut supra, siendo pasible de la sanción de
CESANTÍA, como lo prescribe el Anexo de Ley N° 9.103 en su art. 5 inc. f);
Que en orden 64 obra Dictamen Legal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien en su opinión
jurídica entiende que corresponde aceptar el consejo de la Junta de Disciplina;
Que conforme los antecedentes ante descriptos y habiéndose acreditado en debida forma las conductas
imputadas – sentencia condenatoria por delito doloso que no se refiera a la Administración Pública y que
por sus circunstancias afecte al decoro de la función o al prestigio de la Administración - como así también
no hay prueba de descargo que desvirtúenlos hechos atribuidos; por lo que resulta ajustado a derecho y
procedente conforme lo aconsejado en el dictamen final de la Junta de Disciplina y jurídico obrante en
autos, correspondiendo la aplicación de la sanción de CESANTÍA al agente Daniel Esteban Marchan, DNI
N° 24.381.661, conforme el marco legal vigente;
Por ello;
El
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE
Artículo 1ro.- Aplíquese la sanción de Cesantía al señor DANIEL ESTEBAN MARCHAN, CUIL N° 20-
24381661-1, Ordenanza celador titular en el Centro de Capacitación para el Trabajo N° 6-203 del
Departamento de Godoy Cruz, dependiente de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo; en virtud de
que se encuentran debidamente acreditado el haber recibido una sentencia condenatoria por el delito robo
agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por
acreditada con el concurso real con desobediencia a una orden judicial, todo ello cometido en un contexto
de violencia de género (art. 166 inc. 2 tercer párrafo, 55 y 239 del Código Penal. Art. 4 de la Ley N°26.485),
hecho ocurrido el 25 de octubre del 2022 en el domicilio de Barrio Parque Sur manzana 7 casa 5, del
departamento de Godoy Cruz, Mendoza; y que por sus circunstancias afecte al decoro de la función o al
prestigio de la Administración; constituyendo las mismas un hecho tipificado en el inciso f) del Artículo 5° del
Anexo de la ley N° 9103; en concordancia con lo que prescribe el artículo 13 inc. a) y b) del Decreto – Ley
N° 560/73 y artículo 5 inc. a) del Decreto N° 3843/08, Ley N°8112 “Estatuto del Celador”.
Artículo 2do.- Remítase la presente Resolución al señor DANIEL ESTEBAN MARCHAN, DNI N°
24.381.661, en el domicilio denunciado en autos Barrio Parque Sur manzana 7 casa 5, del departamento
de Godoy Cruz, Mendoza. A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley N° 9.003 de
procedimiento administrativo, se hace saber que a partir de la notificación posee un plazo de 30 días
corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, para interponer la Acción Procesal Administrativa
por ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (art. 1 y 20 de la Ley N° 3918).
Artículo 3ro.- Notifíquese la presente Resolución a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética
Pública, en los términos de lo dispuesto por el Art. 27 inc. 7 de la Ley N° 8.993 y Art. 17 del anexo de la Ley
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
N° 9.103 y a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas y a la Oficina General
de Sumarios.
Artículo 4to.- Remítase a la Dirección de Capital Humano Recursos Humanos de la Dirección General de
Escuelas a los efectos de tomar la debida intervención ante la Subdirección de Liquidaciones de sueldo y
Subdirección de Personal.
Artículo 5to.- Comuníquese a la Junta de Disciplina para Personal NO Docente y a la Dirección de
Educación Técnica y Trabajo y al CCT N° 6-203 del Departamento de Godoy Cruz.
Artículo 6to.- Comuniquese a quienes corresponda.
LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Resolución N°: 6437
MENDOZA, 16 DE SETIEMBRE DE 2026
VISTO el EX-2021-03195485-GDEMZA-MESA#DGE, en el que se tramita la situación laboral del señor
Mariano Quiroga; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 2 del expediente de referencia, mediante pedido de baja o sanción de las autoridades del
Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 3-409 “Chiara Lubich” del Departamento Capital, se incorpora
informe por Subdirección de Personal de la Dirección General de Escuelas, detalle de novedades indicando
las inasistencias que deben considerarse como injustificadas, en forma expresa, en las que incurrió el
agente Mariano Quiroga, CUIL Nº 20-33631936-7, desde el mes de enero de 2016 hasta junio de 2021;
Que en orden 5 se agrega informe de la Subdirección de Personal donde consta que el señor Quiroga,
registra desde el 11/03/2019 hasta el 30/04/2021, contabilizando un total de 59 días laborables con
inasistencias injustificadas, conforme el siguiente detalle: 1.- Período de tiempo entre el 11/03/2019 y
4/09/2019 alcanzan un total de Nueve (9); 2.- Periodo comprendido entre el 20/09/2019 y el 14/02/2020 las
inasistencias injustificadas alcanzan un total de Once (11); 3.- Mes de febrero 2021: a.-Del 1 al 5 (cinco
días de inasistencia); b.- Del 8 al 12 (cinco días de inasistencia); c.- Del 17 al 19 (tres días de inasistencia);
d.-Del 22 al 26 (cinco días de inasistencia); 4.- Mes de abril 2021: a. - Del 1 al 1 (un día de inasistencia); b.-
Del 5 al 9 (cinco días de inasistencia); c.- Del 12 al 16 (cinco días de inasistencia); d.- Del 19 al 23 (cinco
días de inasistencia); e.- Del 26 al 30 (cinco días de inasistencia);
Que en orden 9 obra dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos incorpora Dictamen,
sugiriendo el dictado de norma legal de inicio de sumario en los términos del Régimen Disciplinario
establecido por Ley Nº 9.103, encuadrando la conducta del agente en el ART. 5 inc. a) del anexo de la ley
citada;
Que en el orden 21 desde la Oficina General de Sumarios se sugiere MODIFICAR la RESOL-2021-2377-
GDEMZA-DGE, ampliando sus considerandos;
Que en orden 27 obra dictamen jurídico hace el detalle de las inasistencias injustificadas de los días
laborables aconsejando su inclusión en los considerados;
Que en orden 39 obra RESOL-2023-7297-E-GDEMZA-DGE, de fecha 26 de octubre de 2023, donde el
Director General de Escuelas dispone la modificación de la RESOL-2021-2377-E-GDEMZA-DGE,
ampliando y aclarando en los considerandos los hechos que se le imputan al agente;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 50 la instructora sumariante se avoca y dispone, aceptar las pruebas instrumentales
acompañada y la citación a prestar declaración indagatoria al imputado. En el orden 54 obra constancia de
la notificación a la audiencia de declaración indagatoria al imputado.
Que en orden 55 obra acta de la audiencia para prestar declaración indagatoria de fecha 28 de mayo del
2024 donde se deja constancia que el imputado estando debidamente notificado no ha comparecido;
Que en orden 61 obra dictamen de clausura de la instructora sumariante donde aconseja: 1.- Clausurar el
presente sumario, conforme lo determina el articulo conforme lo prescribe el art. 28 y ss de la Ley Nº 9103.
2.- Se tenga presente el dictamen producido, por el cual se da por demostrado el hecho o conducta del
agente Mariano Quiroga responsable de las faltas consistentes de 41 días de inasistencias discontinuas
injustificadas en periodo de seis meses en violación a las obligaciones consignadas en el art. 13 inc. a) y b)
del decreto 560/73l y Aconsejando se aplique la sanción de Cesantía según el art. 5 inc. a) y d) de la Ley
9103 - son causas para la cesantía: a) inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o
discontinuas, en el término de seis (6) meses;
Que en orden 67 obra constancia de notificación mediante publicación en el boletín oficial del dictamen de
clausura del instructor sumariante, realizada en fecha 19/23/24 de junio del 2025;
Que en orden 69 las actuaciones son remitidas por la Oficina General de Sumarios a la Junta Disciplinaria
no Docente de la Dirección General de Escuelas, a fin de que se pronuncie dentro del plazo de diez días
(10) posteriores computados desde su recepción;
Que en orden 71 obra dictamen final N° 33/2025 de la Junta de Disciplina para Personal No Docente, de
fecha 18 de agosto del 2025. En dicho dictamen la Junta aconseja: “Art. 1°: Dispóngase la Clausura del
Sumario de conformidad a lo dispuesto por el art. 28 y ss del Anexo Ley N° 9103, con lo aconsejado por
esta Instrucción, al Agente sobre situación laboral, titular señor Mariano Quiroga, …” “Art. 2°: Se tenga
presente el dictamen producido, por el cual se da por demostrado el hecho o conducta del agente Mariano
Quiroga, responsable de las faltas consistentes de 41 días de inasistencia discontinuas injustificadas en
periodo de seis meses en violación a las obligaciones consignadas en el art. 13 inc. a) y b) del decreto
560/73 y aconsejando se aplique la sanción Cesantía, según el art. 5 inc. a) y d) de la Ley N° 9.103 – son
causas para la cesantía: a) inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas
en el término de seis (6) meses”;
Que en orden 75 obra Dictamen Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE quien en su opinión
jurídica entiende corresponde aceptar el consejo de la Junta de Disciplina;
En Conclusión, conforme los antecedentes ante descriptos y habiéndose acreditado en debida forma las
conductas imputadas – inasistencias injustificadas por un total de cuarenta y una en un lapso de seis
meses – como así también no hay prueba de descargo que desvirtúenlos hechos atribuidos; por lo que
resulta ajustado a derecho y procedente conforme lo aconsejado en el dictamen final de la Junta de
Disciplina y jurídico obrante en autos, correspondiendo la aplicación de la sanción de Cesantía al agente
Mariano Quiroga, CUIL N° 20-33631936-7, conforme el marco legal vigente;
Por ello,
El
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE
Artículo 1ro.- Aplíquese la sanción de CESANTÍA al celador titular MARIANO QUIROGA, 20-33631936-7,
con prestación de servicios en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 3-409 “Chiara Lubich” del
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Departamento Capital, dependiente de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos; en
virtud de que se encuentran debidamente acreditadas el haber incurrido en más de seis (6) inasistencias
injustificadas, en un lapso de seis (6) meses, a saber; mes de febrero 2021: a.- Del 1 al 5 (cinco días de
inasistencia); b.- Del 8 al 12 (cinco días de inasistencia); c.- Del 17 al 19 (tres días de inasistencia); d.- Del
22 al 26 (cinco días de inasistencia); mes de abril 2021: a- Del 1 al 1 (un día de inasistencia); b.- Del 5 al 9
(cinco días de inasistencia); c.- Del 12 al 16(cinco días de inasistencia); d.- Del19 al 23 (cinco días de
inasistencia); e.- Del 26 al 30 (cinco días de inasistencia), con grave afectación del servicio de acuerdo con
el informe en archivo embebido del orden 5; constituyendo las mismas un hecho tipificado en el inciso a)
del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 9.103; en concordancia con lo que prescribe el artículo 13 inc. a) y b)
del Decreto – Ley N° 560/73 y artículo 5 inc. a) del Decreto N° 3843/08, Ley N° 8112 “Estatuto del Celador”.
Artículo 2do.- Notifíquese la presente Resolución al agente MARIANO QUIROGA, 20-33631936-7, en el
domicilio Barrio Nueva Esperanza Manzana L casa 6 La Favorita. A fin de dar cumplimiento con lo
dispuesto por el Art. 150 de la Ley N° 9.003 de procedimiento administrativo, se hace saber que a partir de
la notificación posee un plazo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, para
interponer la Acción Procesal Administrativa por ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (art. 1 y 20
de la Ley N° 3918).
Artículo 3ro.- Remítase la presente Resolución a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética
Pública, en los términos de lo dispuesto por el Art. 27 inc. 7 de la Ley N° 8.993 y Art. 17 del anexo de la Ley
N° 9.103 y a la Dirección de Capital Humano de la Dirección General de Escuelas a los efectos de tomar la
debida intervención ante la Subdirección de Liquidaciones de sueldo y Subdirección de Personal, a la
Oficina General de Sumarios, a la Junta de Disciplina para Personal No Docente, a la Dirección de
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y al Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 3-444, “Juana
Pabla Robledo”, del Departamento de San Rafael, dependiente de la Dirección de Educación Permanente
de Jóvenes y Adultos.
Artículo 4to.- Comuníquese a quienes corresponda.
LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Resolución N°: 6704
MENDOZA, 02 DE OCTUBRE DE 2026
VISTO el EX-2024-00278645- -GDEMZA-MESA#DGE en el que se tramita la situación laboral del señor
Arias José Luis, y;
CONSIDERANDO:
Que en el orden 17 de las presentes obra Dictamen Legal, por el que se sugiere que el Director General de
Escuelas dicte Resolución ordenando la Instrucción de Sumario al agente ARIAS, JOSE LUIS, CUIL 20-
16970804-6, personal de ejecución, situación de revista titular, por haber incurrido a prima facie en
ochocientas ochenta y cuatro (884) inasistencias injustificadas durante el período comprendido entre el 01
de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2023;
Que en orden 23 se incorpora RESOL- 2024-2452-E-GDEMZA-DGE, por la que se ordena instruir sumario
al agente señor Arias, José Luis, CUIL 20-16970804-6, en virtud de lo expuesto en los considerandos de la
presente norma legal, disponiendo en su artículo 4to, la remisión de las actuaciones a la Oficina General de
Sumarios a fin de continuar con la investigación de conformidad con el ART. 19 del Anexo de la Ley Nº
9.103;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 29 se designa Instructora Sumariante y Secretario de Actuaciones, incorporándose a orden
31 el avoque;
Que en el Orden 48 obra notificación al agente de citación a audiencia indagatoria con fecha de notificación
12/12/2025;
Que en orden 49 se incorpora Declaración Acta de audiencia indagatoria, donde consta que se abstiene de
declarar;
Que en el orden 50 obra constancia de remisión de copia de las actuaciones administrativas al agente Arias
Que en el orden 53 el sumariado se hace parte designa abogado, constituye domicilio legal y electrónico y
a orden 54 formula descargo;
Que en los órdenes 64 al 70 obran informes;
Que en los órdenes N° 77 y 78 obra acta de declaración testimonial;
Que en el orden 84, obra dictamen de la instructora sumariante por el cual se dispone CLAUSURAR la
instrucción sumarial seguida contra el agente JOSÉ LUIS ARIAS, DNI N° 16.970.804, CUIL N° 20-
16970804-6, por encontrarse producida la totalidad de la prueba pertinente y conducente para el
esclarecimiento de los hechos investigados, entendiendo ha quedado plenamente acreditado el
incumplimiento del deber esencial de prestación personal del servicio previsto en el artículo 13 inciso a) del
Decreto-Ley N° 560/73, verificándose además el supuesto objetivo contemplado por el artículo 5 inciso a)
del Anexo de la Ley N° 9.103, al registrar el agente un número de inasistencias injustificadas ampliamente
superior al mínimo legal de seis (6) inasistencias continuas o discontinuas dentro del término de seis (6)
meses;
Que en el orden 86, obra constancia de notificación al agente del plazo para alegatos;
Que en orden 90 obra Dictamen de Clausura N° 121/2026, de la Junta de Disciplina para personal no
Docente, emitido en fecha 29/07/2026 por el cual se considera acreditada la responsabilidad administrativa
del agente Arias, sugiriendo aplicar la sanción de cesantía prevista por el art. 5 inc. a Anexo Ley 9103, en
concordancia con lo dispuesto por el art. 13 inc. a Decreto Ley 560/73, entendiendo que ha quedado
plenamente acreditado el incumplimiento de prestación personal del servicio;
Que a orden 94 se incorpora Dictamen de Dirección General de Asuntos Jurídicos, sugiriendo la clausura
del procedimiento sumario y la aplicación de la sanción de CESANTÍA, de acuerdo a lo dispuesto por el
Artículo 5 inciso a) del Anexo de la Ley N° 9.103, en concordancia con lo dispuesto por el articulo 13 inc. a)
del Decreto Ley 560/73, por haber incurrido en ochocientas ochenta y cuatro (884) inasistencias
injustificadas durante el período comprendido entre el 01 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2023;
Por ello,
EL
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Artículo 1ro.- Clausúrese el sumario administrativo ordenado contra el contra el señor ARIAS, JOSE LUIS,
CUIL 20-16970804-6, personal de ejecución, situación de revista titular, dispuesto por RESOL- 2024-2452-
E-GDEMZA-DGE.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 2do.- Aplíquese la sanción de CESANTIA a partir de la fecha de notificación al señor ARIAS, JOSE
LUIS, CUIL 20-16970804-6, personal de ejecución, situación de revista titular, de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 5 inciso a) del Anexo de la Ley N° 9.103, en concordancia con lo dispuesto por el articulo 13
inc. a) del Decreto Ley 560/73, por haber incurrido en ochocientas ochenta y cuatro (884) inasistencias
injustificadas durante el período comprendido entre el 01 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 3ro.- Notifíquese la presente Resolución al agente ARIAS, JOSE LUIS, al domicilio procesal
electrónico estudiojuridicoerl@gmail.com, y al correo electrónico jose-arias@mendoza.gov.ar, a fin de dar
cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley N° 9.003 de procedimiento administrativo, se hace
saber que a partir de la notificación posee un plazo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha de la
notificación, para interponer la Acción Procesal Administrativa por ante la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza (art. 1 y 20 de la Ley No 3918).
Artículo 4to.- Remítase la presente Resolución a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética
Pública, en los términos de lo dispuesto por el Art. 27 inc. 7 de la Ley N° 8.993 y Art. 17 del anexo de la Ley
N° 9.103, la Dirección de Capital Humano de la Dirección General de Escuelas y a la Oficina General de
Sumarios.
Artículo 5to.- Comuníquese a la Junta De Disciplina No docente.
LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Resolución N°: 706
MENDOZA, 30 DE JUNIO DE 2026
VISTO:
El Expediente EX-2024-00081345- -GDEMZA-DGP#MSDSYD caratulado: “LUCERO PABLO ESTEBAN -
SITUACIÓN LABORAL”
y;
CONSIDERANDO:
Que a Orden N° 23 rola Resolución DNFRE-2025-162-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD de fecha 10 de Febrero
de 2025, la que en su art. 1° ordena: “Elevar a SUMARIO ADMINISTRATIVO al agente LUCERO PABLO
ESTEBAN, DNI N° 30.276.848, en virtud de las inasistencias injustificadas desde el 12 de Diciembre de
2023 hasta la actualidad, conforme lo informado por el Departamento de Personal, ya que prima facie
habría incurrido en lo establecido por el art. 5° incs. a) y n) del Decreto Ley 560/73 y art. 5 inc. a) de la Ley
N° 9.103, según lo dictaminado por Asesoría Letrada cuyos fundamentos integran la presente y demás
actuado en autos. ”;
Que el Departamento de Personal eleva las presentes actuaciones a la Oficina General de Sumarios a su
conocimiento y efectos que estime corresponder;
Que la Oficina General de Sumarios designa como Instructora Sumariante a la Dra. Marianella Bustos
Nogerol y como Secretario de Actuaciones al Dr. Luciano Sconfienza. Asimismo, comunica la Resolución de
Orden N°23 a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno,
Infraestructura y Desarrollo Territorial;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la Instructora Sumariante adjunta Avoque, resuelve encauzar provisoriamente la conducta atribuida al
agente Lucero, en lo dispuesto por el artículo 13 incisos a) y n) del Decreto N° 560/73, resultando pasible,
en su caso, de la sanción de Cesantía, conforme lo prescripto por el artículo 5° inciso a) del Anexo I de la
Ley N°9.103. Ordena citar a audiencia de declaración indagatoria al agente y correrle vista de todo lo
actuado por el término de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la audiencia
indagatoria, para la presentación de descargo y pruebas en su defensa;
Que la Secretaría de Actuaciones remite al Departamento de Personal a efectos de cumplimentar la
citación a la audiencia de declaración indagatoria;
Que el Departamento de Personal adjunta copia de la recepción de la cédula de notificación;
Que a Orden N°52 obra el Acta de fracaso de audiencia indagatoria por incomparecencia del agente;
Que la Instructora Sumariante resuelve: “Declarar clausurado el presente Sumario Administrativo. 2.
Aconsejar la aplicación de la sanción de CESANTÍA al agente LUCERO PABLO ESTEBAN, DNI Nº
30.276.848, en virtud de las inasistencias injustificadas acreditadas desde el 12/12/2023 hasta 1/05/2025
en los términos del art. 7º inc. e) del Decreto Ley 560/73 y art. 5º inc. a) de la Ley 9103…”;
Que en archivo embebido de Orden N° 57 se adjunta constancia de notificación de la clausura del sumario
en el domicilio real del agente;
Que habiendo vencido el plazo de 10 días previsto por el art. 31º del anexo de la Ley 9103, sin que el
sumariado haya presentado alegatos, se remite a la Honorable Junta de Disciplinas Régimen 15;
Que la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 en forma unánime expresa que comparte los argumentos
vertidos y la sanción de Cesantía sugerida por la Instructora Sumariante;
Que Dirección General remite a Secretaría Legal y Técnica a su conocimiento y emisión de Resolución de
Cesantía del Sr. Lucero Pablo Esteban, DNI N° 30.276.848, conforme los Dictámenes coincidentes de la
Oficina General de Sumarios y la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15;
POR ELLO:
LA DIRECTORA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
RESUELVE:
Art.1°) Aplicar la sanción de CESANTÍA al Sr. LUCERO PABLO ESTEBAN, DNI N° 30.276.848 , y realizar
la Baja Administrativa correspondiente a la modalidad de Planta Permanente, por considerar acreditadas
las inasistencias injustificadas entre el 12 de Diciembre de 2023 y el 10 de febrero de 2025 , de acuerdo a
lo dispuesto por el inc. a) del art. 5 del Anexo I de la Ley N°9.103 en concordancia con el art. 13 inc. a) del
Decreto Ley N° 560/73 y normativa reglamentaria aplicable, conforme a lo expresado por la Oficina General
de Sumarios y la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 y demás actuado en autos.
Art 2°) Hágase saber al Sr. Lucero que podrá interponer los recursos administrativos que estime
corresponder dentro del plazo de quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir de la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido por la Ley N.º 9003, artículo 174 y
concordantes. Vencido dicho plazo sin que se hubieren deducido recursos, procédase al archivo de las
presentes actuaciones.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Art.3°) Déjese copia de la presente Resolución en el Legajo personal del Sr. Lucero.
Art.4°) Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Ética Pública de conformidad con
lo establecido en el art. 33 del Anexo de la Ley 9.103 y el inc. 6) del artículo 27 de la Ley 8.993.
Art.5°) Comuníquese la presente Resolución a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial conforme a la Ley Nº 9501 Decreto
777/25, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 218/19, reglamentario de la Ley
9.103.-
Art.6 °) Notifíquese, Comuníquese y Regístrese en el Libro de Resoluciones.-
MARÍA BELÉN GARCÍA LUCERO
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
Resolución N°: 817
MENDOZA, 06 DE AGOSTO DE 2026
VISTO:
El Expediente EX-2025-06259270- -GDEMZA-DGP#MSDSYD caratulado: “SOL./ LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES AGENTE RUSSO FRANCO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE
DERECHOS” y;
CONSIDERANDO:
Que a Orden 26 obra la Resolución DNFRE-2025-1288-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 19 de
Noviembre de 2025, la cual en su art. 1 dispone la elevación a sumario del agente Russo Franco Matías,
CUIL N° 20-34627833-2, ya que habría incurrido en inasistencias injustificadas, desde el 04 de Agosto de
2025 y sin retorno a la actividad, lo que violaría los incs. a) y n) del art. 13 del Decreto 560/73;
Que a Orden 30 y 35 la Dirección Provincial de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y
la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública toman conocimiento de la apertura del
presente sumario, respectivamente;
Que a Orden 38 el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios a su conocimiento y
efectos que estime corresponder;
Que a Orden 40 la Oficina General de Sumarios designa como Instructor Sumariante al Dr. Martín Farjo y
como Secretario de Actuaciones al Sr. Ariel Varga;
Que a Orden 42 el Instructor Sumariante adjunta Avoque, resuelve encuadrar provisoriamente la conducta
del agente en lo dispuesto por el inc. a) del art. 13 del Decreto 560/73, siendo pasible de la sanción
dispuesta en el inc. c) del art. 5 de la Ley 9.103 y ordena citar a audiencia de declaración indagatoria
administrativa al Sr. Russo Franco Matías, CUIL N° 20- 34627833-2, para el día 31 de Marzo de 2026;
Que a Orden 46 el Instructor Sumariante, atento a que no se notificó al agente Russo, dispone como nueva
fecha de declaración indagatoria administrativa el día 29 de Abril de 2026;
Que a Orden 51 el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios la cédula de
notificación al agente Russo;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que a Orden 52 se adjunta el Acta de Incomparecencia a la Audiencia Indagatoria Administrativa del Sr.
Russo Franco Matías, CUIL N° 20-34627833-2;
Que a Orden 54 obra el dictamen de clausura del Instructor Sumariante que expresa: “… De todas las
constancias de autos surge el Detalle de Novedades que da cuenta de la totalidad de inasistencias
injustificada del Agente, adjuntando copia de inasistencias injustificadas, desde el 04/08/2025 sin retorno a
la actividad, en base a ello es que las presentes actuaciones se inician ante la elevación efectuada, el 19
de noviembre de 2025 que el agente RUSSO FRANCO MATÍAS, CUIL N° 20-34627833-2, ya que habría
incurrido en inasistencias injustificadas, desde el 04/08/2025 sin retorno a la actividad, lo que violaría los
incs. a) y n) del art. 13 del Decreto 560, conforme lo informado por el Departamento de Personal, pruebas
incorporadas, lo dictaminado por el Departamento de Asesoría Letrada cuyos fundamentos integran la
presente y demás actuado en autos. –, incumpliendo el deber de cumplir con la prestación personal del
servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen
las disposiciones reglamentarias correspondientes como también cumplir íntegramente y en forma regular
el horario de labor establecido. Del estudio de las actuaciones procedimentales, como así también de las
pruebas producidas en la causa y los hechos afirmados y no discutidos por las partes, se desprende la
siguiente plataforma fáctica: 1) Justificación de las inasistencias: A la fecha de la pronunciación del
presente dictamen, el Agente no ha mostrado una conducta que haga presumir compromiso ni convicción
de defensa de sus derechos, no se ha presentado a la audiencia fijada, no ha incorporado descargo ni
prueba que haga a su derecho ni revierta la investigación en curso, por tanto y no surgiendo justificación
idónea, pertinente y concreta respecto de las inasistencias que se le endilgan al agente cuestionado, de
conformidad a lo establecido en el Estatuto del Empleado Público.2) Consideraciones Jurídicas: Ha
sostenido la SCJ de la Provincia de Mendoza que la cesantía del agente público en cuanto implica la
pérdida de estabilidad, no constituye una facultad discrecional de la Administración sino reglada, ello así
porque la cesantía, en cuanto pone fin a la relación con la Administración es una de las más graves
sanciones que pueden ser aplicadas a un agente estatal (sentencia del 15-4-2009 in re N° 89.173,
“Visciglia, Armando Jesús Gregorio c/ Provincia de Mendoza s/ A.P.A.”, registrada en L.S.: 400-024, con cita
de GARCÍA PULLÉS, Fernando: “Régimen del Empleo Público en la Administración Pública Nacional”,
Lexis Nexis, Bs.As., 2005, p. 340 y de la Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 242:626; criterio
reiterado en "Asatt, Elina Elizabeth”, LS: 406-204 y en “Méndez, Claudia A.”, LS: 409-186, entre otros).
Recordemos que, al inicio del sumario disciplinario, Resolución de LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES R E S U E L V E:
Art. 1°) Elevar a SUMARIO ADMINISTRATIVO al agente RUSSO FRANCO MATÍAS, CUIL N° 20-
34627833-2, ya que habría incurrido en inasistencias injustificadas, desde el 04/08/2025 sin retorno a la
actividad, lo que violaría los incs. a) y n) del art. 13 del Decreto 560, conforme lo informado por el
Departamento de Personal, pruebas incorporadas, lo dictaminado por el Departamento de Asesoría Letrada
cuyos fundamentos integran la presente y demás actuado en autos. En consecuencia, las consideraciones
formuladas en el punto anterior me permiten afirmar que la grave sanción impuesta se condice con las
faltas cometidas; por lo que entiendo se ha valorado razonablemente la premisa fáctica en la que se
sustenta una sanción extrema como lo es la cesantía. Por ello, en virtud de lo expuesto, podemos afirmar
objetivamente que el agente Russo cometió las siguientes faltas: inasistencias injustificadas infringiendo
con su conducta el Régimen Disciplinario contemplado en el art. 5 inc. c) del Anexo de la Ley 9.103, toda
vez que, desde el 04/08/2025 ha mantenido inasistencia injustificadas y a la fecha no ha retornado a la
actividad habría incurrido en más de 6 inasistencias injustificadas, incumpliendo el deber de cumplir con la
prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y
forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes como también cumplir
íntegramente y en forma regular el horario de labor establecido. Son causas para la cesantía: Abandono del
servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrara más de cinco (5) inasistencias
continuas sin causa que justifique y no retornare sus tareas en el término de dos (2) días computados a
partir de la intimación fehaciente a tal efecto. Por lo expuesto esta Instrucción RESUELVE: 1.- Clausurar el
presente sumario conforme lo prescribe el art. 28 y ss del anexo I de la ley 9103. 2.- Se tenga presente el
dictamen producido, por el cual se da por demostrado el hecho o conducta del agente RUSSO FRANCO
MATÍAS, CUIL N° 20-34627833-2 responsable de más de CINCO (5) faltas injustificadas desde el día
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 29 de Octubre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
04/08/2025 y sin retorno a la actividad, excediendo el presupuesto legal del el art 5 inc. c) del anexo I de la
ley 9103 aconsejando se aplique la sanción de CESANTÍA, según lo establecido en.- …”;
Que a Orden 57 obra Cédula de notificación del dictamen de clausura en el domicilio real del agente Russo
Franco Matías, CUIL N° 20-34627833-2;
Que a Orden 60 la Dirección de Cuidados Alternativos remite los presentes obrados a la Honorable Junta
de Disciplina ;
Que a Orden 62 la Honorable Junta de Disciplina del Régimen 15, en decisión unánime, resuelve: “…
Coincidir con los argumentos y la conclusión arribada por la instrucción sumariante, en virtud de considerar
que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del agente en los hechos que dieron origen
al presente sumario, por lo que se aconseja la aplicación de la sanción de CESANTÍA al sumariado (Art. 5
inc. a Ley 9103)…”;
Que a Orden 65 Dirección General remite a Secretaría Legal y Técnica a su conocimiento y emisión de
Resolución de Cesantía del agente Russo Franco Matías, CUIL N° 20-34627833-2, conforme a lo
expresado por la Oficina General de Sumarios y la Honorable Junta de Disciplina;
POR ELLO:
LA DIRECTORA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
RESUELVE:
Art. 1°) Aplicar la sanción de CESANTÍA al agente RUSSO FRANCO MATÍAS, CUIL N° 20-34627833-2 y
realizar la Baja Administrativa correspondiente a la modalidad de Planta Permanente, su actual situación de
revista Clase 010, Oficial especializado, Código Escalafonario 15-6-01-03, por haber incumplido con lo
dispuesto en el inc. a) del art. 13 del Decreto 560/73 y en el inc. a) del art. 5 de la Ley 9.103, conforme
surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones y de los dictámenes e informes
incorporados a las mismas.-
Art. 2°) Déjese copia de la presente Resolución en el Legajo personal del Sr. Russo.-
Art. 3°) Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Ética Pública de conformidad con
lo establecido en el art. 33 del Anexo de la Ley 9103 y el inc. 6) del artículo 27 de la Ley 8.993.-
Art. 4°) Comuníquese la presente Resolución a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 218/19, reglamentario de la Ley 9.103.-
Art. 5 °) Una vez agotada la vía administrativa o vencidos los plazos -15 días hábiles- para interponer
recursos por parte del Sr. Russo conforme la normativa legal vigente –Ley N° 9003 art 177 y sgtes-,
procédase al archivo de las presentes actuaciones.-
Art. 6°) Notifíquese, Comuníquese y Regístrese en el Libro de Resoluciones.-
MARÍA BELÉN GARCÍA LUCERO
S/Cargo
29/10/2026 (1 Pub.)
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