LICITACIONES

Publicación

Fecha de publicación
24 de septiembre de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.684 · páginas 2–80
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

185 @@SEC_GENERAL@@ Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial @@GRPG_2@@ DECRETOS MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL Decreto N°: 1762 MENDOZA, 26 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Nº EX-2026-05039325- -GDEMZA-GOBIERNO; y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones tramita una nota administrativa del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la cual se encuentra digitalizada en orden 02, dirigida al Sr. Asesor de Gobierno de la Provincia, a fin de tramitar una exclusión de tutela contra el agente David Oscar Murcia Moyano, D.N.I. Nº 32.901.906, foja de servicios Nº 5.808; Que junto con la nota se acompaña copia de las actuaciones administrativas Nº 3974 caratuladas “TITULAR UDAPIF DENUNCIA IRREGULARIDADES INFORME DE DOMINIO” donde el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha dispuesto: “I.- Disponer la cesantía del agente David Oscar Murcia Moyano, DNI Nº 32.901.906, foja de servicios Nº 5.808, por resultar su conducta violatoria de las prohibiciones previstas en el Artículo 14 incisos j), k), l), ll) del Decreto Nº 560/73, conforme lo establecido en el Artículo 5 inciso b) del Anexo de la Ley Nº 9.103, dejando prevista la conversión a exoneración a las resultas del juicio criminal, en caso de recaer sentencia condenatoria como autor penalmente responsable por delito contra la Administración Pública en la causa P- 104714/22, conforme lo previsto en el Artículo 6 incisos a) y/o c del Anexo Ley Nº 9.103. “Año del 90º Aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia” II.- Disponer que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 de la Ley Nº 23.551 y siendo que el agente cuenta con protección gremial, la aplicación de dicha sanción se encuentra condicionada al otorgamiento de la resolución judicial que resuelva favorablemente la exclusión de tutela. III.- Remitir copia de las presentes actuaciones a Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza para que inicie, prosiga, y ejecute las acciones judiciales en los términos de la Ley Nº 23.551 a los efectos de excluir la tutela sindical del agente David Oscar Ariel Murcia Moyano, quien reviste el cargo de categoría Personal Técnico y Administrativo - OFICIAL DE TERCERA -Clase 13 - régimen 10 - Agrupamiento 003, tramo 000, subtramo 004- carácter 01 - jurisdicción 02 - unidad organizativa 02. IV.- Notificar la presente resolución al sumariado, haciéndole saber que atento a la condicionalidad de la sanción dispuesta, el plazo para impugnarla comenzará a correr si se resuelve favorablemente la exclusión de tutela sindical, circunstancia que se le hará saber conforme lo dispone el Art 150 de la Ley Nº 9.003.”; Que de conformidad con el análisis jurídico del área competente, resulta necesaria la emisión de un decreto del Poder Ejecutivo que instruya formalmente a la Asesoría de Gobierno para iniciar dicha acción judicial, siendo el Señor Gobernador la autoridad competente para tales efectos; Que la competencia administrativa es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida por quien la tiene atribuida por el ordenamiento jurídico; y siendo que el Asesor de Gobierno tiene a su cargo la representación en juicio de la Provincia por mandato directo del Poder Ejecutivo, le compete a este último impartir las instrucciones para llevar adelante acciones judiciales; Por ello y de conformidad con dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en orden 07; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Ratifíquese lo dispuesto mediante Resolución Nº 396/26 emitida por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en las actuaciones administrativas Nº 3974 titular “UDAPIF DENUNCIA DE IRREGULARIDADES INFORMES DE DOMINIO”. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 2º - Instrúyase a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza, inicie la acción judicial de exclusión de tutela sindical conforme Artículos 47 y 52 de la Ley N° 23.551 en contra del agente: David Oscar Murcia Moyano, D.N.I. Nº 32.901.906, por los motivos expuestos en los presentes considerandos. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1773 MENDOZA, 27 DE AGOSTO DE 2026 Debiendo ausentarse de la Provincia el Señor Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Abg. NATALIO MEMA RODRIGUEZ, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Encárguese interinamente la Cartera del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a partir del día 27 de agosto de 2026, mientras dure la ausencia de su titular, Abg. NATALIO MEMA RODRIGUEZ, al señor Ministro de Hacienda y Finanzas, VICTOR FAYAD. Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y de Hacienda y Finanzas. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ LIC. VICTOR FAYAD S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1951 MENDOZA, 16 DE SETIEMBRE DE 2026 Visto el Expediente N° EX-2021-07516843GDEMZA-MGTYJ; y CONSIDERANDO: Que en las actuaciones de referencia, se tramita el reclamo administrativo formulado por agentes del Poder Judicial, mediante el cual solicitan el reconocimiento y pago de diferencias salariales derivadas de la aplicación de la denominada Cláusula "C" del Acuerdo Paritario del Sector Judicial celebrado en el año 2013; Que los reclamantes solicitan el reconocimiento de las diferencias salariales que, según sostienen, les corresponderían en virtud de la denominada Cláusula "C" incorporada al Acuerdo Paritario del Sector Judicial del año 2013; Que manifiestan que dicha cláusula tenía por finalidad evitar el incremento de la brecha salarial existente entre magistrados, funcionarios y empleados judiciales, sosteniendo que el incumplimiento de ese compromiso produjo un perjuicio económico que debe ser reparado mediante el pago de las diferencias salariales correspondientes, con más sus intereses; Que asimismo, invocan la vulneración de derechos de raigambre constitucional, tales como el derecho de propiedad, el principio de igualdad, la protección integral del salario y la progresividad de los derechos laborales, formulando reserva del caso federal; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial entiende que el reclamo no puede prosperar, por cuanto una controversia sustancialmente análoga a la aquí planteada, referida a la interpretación, alcance y efectos jurídicos de la denominada Cláusula "C" del Acuerdo Paritario del Sector Judicial, ya ha sido objeto de expreso pronunciamiento por la Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza en los autos Nº CUIJ 13-04253828-5, caratulados "ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", encontrándose dicho precedente firme tras la denegación del Recurso Extraordinario Federal interpuesto contra la sentencia recaída en la causa; Que el Máximo Tribunal Provincial analizó el contenido la cláusula invocada y concluyó que la misma no reconoce un derecho subjetivo automático al reajuste de las remuneraciones ni genera, por sí sola, una obligación exigible de equiparación salarial o de pago de diferencias retroactivas, sino que constituye un compromiso cuyo tratamiento corresponde al ámbito propio de la negociación colectiva; Que asimismo, surge de las constancias incorporadas que la decisión dictada por la Suprema Corte adquirió firmeza al haberse denegado el Recurso Extraordinario Federal interpuesto contra dicho pronunciamiento, quedando consolidado el criterio interpretativo fijado respecto del alcance jurídico de la referida cláusula; Que la pretensión deducida en las presentes actuaciones resulta sustancialmente coincidente con aquella que fuera objeto de análisis y resolución por el Máximo Tribunal Provincial; Que corresponde señalar que la actuación administrativa debe ajustarse a los principios de juridicidad, seguridad jurídica y razonabilidad, observando los criterios interpretativos establecidos por los órganos jurisdiccionales competentes cuando éstos han resuelto definitivamente cuestiones de derecho como la aquí planteada; Que no corresponde reconocer administrativamente el derecho invocado por los reclamantes ni disponer el pago de diferencias salariales fundadas en una interpretación de la Cláusula "C" que ha sido expresamente descartada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; Que el Informe Técnico-Legal Nº 43/2026 de orden 12 concluye que la acción se encuentra alcanzada por el instituto de la prescripción, en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 bis del Decreto Ley Nº 560/73 y el artículo 186 inciso a) de la Ley N.º 9003, destacando que entre el último acto procedimental útil y la nueva presentación del interesado transcurrió un lapso superior al plazo bienal previsto por la normativa, criterio que resulta concordante con el precedente "Quintanilla" de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; Que corresponde rechazar el reclamo administrativo interpuesto por el Dr. Alejandro F. Jofré, tanto por encontrarse la acción prescripta conforme al régimen legal aplicable, como por carecer los presentantes de legitimación activa para reclamar la aplicación de los efectos de la sentencia dictada en la causa “Asociación de Funcionarios Judiciales c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción Procesal Administrativa”, en los términos y con los alcances expuestos en el Informe Técnico-Legal Nº 43/2026; Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en orden 14, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Declárese prescripto el reclamo administrativo interpuesto por Alejandro Felipe Jofré, en nombre y representación de los trabajadores judiciales reclamantes nucleados en la “ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES” en el Expediente EX-2021-07516843--GDEMZA-MGTYJ y dispóngase su archivo, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente norma. Artículo 2º - Rechácese el reclamo efectuado por los trabajadores judiciales reclamantes nucleados en la “ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES” que se detallan a continuación: CARLOS FABIAN PERLA, D.N.I. Nº 17.513.858; FABIAN OSVALDO CANO, D.N.I. Nº 18.514.260; BRUNO ESTEBAN ESCUDERO MARTIN, D.N.I. Nº 37.520.612; CARINA ANDREA MARTIN, D.N.I Nº 22.189.564; CLAUDIA BEATRIZ SANCHEZ, D.N.I. Nº 18.391.343; ADRIAN EDGARDO HAIST, D.N.I. Nº 21.378.903; RUBEN FRANCISCO SANCHEZ, D.N.I. Nº 13.716.718; ROXANA ELIZABETH ORDOVINI, D.N.I. Nº 24.207.817; RUBEN RODRIGO CALATAYUD FENOGLIO, D.N.I. Nº 26.545.633; GABRIELA MARIA ROMERO, D.N.I. Nº Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 13.806.712; RODRIGO SEBASTIAN PREROVSKI, D.N.I. Nº 32.019.647; PABLO ENRIQUE GARCIA, D.N.I. Nº 26.936.554; ALBERTO DANIEL POVES, D.N.I. Nº 23.840.162; ALEJANDRA BEATRIZ HERRERA, D.N.I. Nº 23.180.681; HECTOR BERCICH, D.N.I. Nº 11.694.229; CARLOS ALBERTO OJEDA MARTIN, D.N.I. Nº 17.126.355; AMALIA FRANCISCA LILIANA MOYANO, D.N.I. Nº 23.849.604; LILIANA MONICA ALTAMIRA, D.N.I. Nº 12.481.438; MARIA LAURA ARROYO, D.N.I. Nº 29.787.891; ROMINA MARIANA ASTUDILLO QUEZADA, D.N.I. Nº 30.988.315; MARIA LUCIA BARRERA, D.N.I. Nº 12.852.235; NORA FABIANA CALDERON, D.N.I. Nº 18.452.350; LAURA ELIZABETH DIACONDO, D.N.I. Nº 30.054.912; BEATRIZ ELIZABETH FUNES SANCHEZ, D.N.I. Nº 17.640.024; MARIA GABRIELA FUNES, D.N.I. Nº 22.237.707; MARIA CECILIA GODOY, D.N.I. Nº 24.996.425; LICIA PAOLA GUERRERO, D.N.I. Nº 23.949.378; DANIEL HUMBERTO PAEZ, D.N.I. Nº 22.154.366; DIEGO GERMAN PEREA, D.N.I. Nº 29.327.173; CLARA SUSANA PUEBLA, D.N.I. Nº 22.958.034; CESAR MIGUEL QUINTANA, D.N.I. Nº 14.065.251; ALDO GASTON RIVIELLO SEGGIARO, D.N.I. Nº 31.028.929, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1952 MENDOZA, 16 DE SETIEMBRE 2026 Visto el Expediente Nº EX-2026-06998420- -GDEMZA-HCD; y CONSIDERANDO: Que en las actuaciones de referencia se tramitan diversas notas presentadas por el Sr. Sebastián Amate, a cargo de la Coordinación de Servicios Generales, Mantenimiento y Maestranza de la Honorable Cámara de Diputados, en relación a las inasistencias del agente José Matías Úbeda Trípoli; Que mediante Resolución Nro. 188-P.S.H.-2026 de la Honorable Cámara de Diputados de fecha 18 de agosto de 2026, el Presidente resolvió instruir a Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza, a fin de que se inicie el procedimiento de “Exclusión de la Tutela Gremial” del agente José Matías Úbeda Trípoli, D.N.I. N° 28.341.318; Que de conformidad con el análisis jurídico del área competente, resulta necesaria la emisión de un decreto del Poder Ejecutivo que instruya formalmente a la Asesoría de Gobierno para iniciar dicha acción judicial, siendo el Señor Gobernador la autoridad competente para tales efectos; Que la competencia administrativa es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida por quien la tiene atribuida por el ordenamiento jurídico; y siendo que el Asesor de Gobierno tiene a su cargo la representación en juicio de la Provincia por mandato directo del Poder Ejecutivo, le compete a este último impartir las instrucciones para llevar adelante acciones judiciales; Que la medida solicitada encuentra su fundamento legal en los Artículos 47 y 52 de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales; Por ello y de conformidad con dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en orden 08; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Instrúyase a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza, inicie la acción judicial de exclusión de tutela sindical conforme Artículos 47 y 52 de la Ley N° 23.551 en contra del agente a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente JOSE MATIAS UBEDA TRIPOLI, D.N.I. N° 28.341.318. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Decreto N°: 1258 MENDOZA, 29 DE JUNIO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-03289412- -GDEMZA-DGSERP#MSEG, y su tramitación conjunta N° EX-2025-02294994- -GDEMZA-DGSERP#MSEG; y CONSIDERANDO: Que las citadas actuaciones se inician con escrito del ex agente penitenciario Luís Mauricio Pelegrina Martínez, quien solicita al Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza, se de curso al expediente administrativo N° 1282-D-2015-00020; Que en orden 10 obra copia digitalizada del expediente 1282-D-2015-00020 y sus actuaciones acumuladas, de las cuales surge el iter procedimental iniciado por el entonces Oficial Adjutor S.C.S. Luís Mauricio Pelegrina Martínez: En el marco del expediente N° 773-P-2013-00213 (Fs. 01, Pág. 48/49), el administrado interpuso Recurso de Aclaratoria contra su calificación anual de fecha 06 de marzo de 2013, la cual fue ratificada por unanimidad por la Comisión de Revisión de Calificaciones Anuales según Acta de fs. 22 (Pág. 84); posteriormente, el recurrente dedujo Recurso de Revocatoria contra la Revisión Anual de Calificación de Conducta, el cual fue rechazado en lo sustancial por la Dirección General del Servicio Penitenciario mediante Resolución N° 897/2013 (fs. 13, Pág. 120/121); ante dicha negativa, el Sr. Pelegrina Martínez interpuso Recurso Jerárquico (Expte. N° 1854-P-2013-00108), el cual fue formalmente admitido y sustancialmente rechazado por el entonces Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno a través de la Resolución N° 627-T de fecha 30 de diciembre de 2014; bajo el expediente Nº 1282-D-2015-00020, el ex agente interpuso un nuevo Recurso Jerárquico, esta vez en contra de la citada Resolución N° 627-T; no obstante lo expuesto, a fs. 23 (Pág. 33) informa la Subdirección de Liquidaciones del Servicio Penitenciario que el administrado fue cesanteado en el mes de marzo del año 2014 mediante Resolución N° 091-T/2014; Que en virtud de la situación de revista del administrado, Asesoría de Gobierno dictaminó a fs. 25 (Pág. 37) del expediente digitalizado obrante en orden 10, que el recurso deducido ha devenido en abstracto, resultando innecesario un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión; Que habiendo tomado vista el administrado de las presentes actuaciones (fs. 29 -Pág. 45 expediente digitalizado orden 10), se procedió al archivo de las actuaciones administrativas; Que en orden 18, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia realiza un análisis jurídico y dictamina: “…según constancias del expediente principal 1282-D-2015, ámbito 00020, más allá de que cualquier presentación y/o reclamo referidos al objeto del expediente principal 1282/D/25, ámbito 00020, se encontrarían prescriptas en razón del tiempo transcurrido entre la presentación realizada por el recurrente en fecha 28/06/2018 y su presentación de fecha 07/05/2024, la resolución del Recurso Jerárquico impetrado ha devenido en abstracto, atento a lo informado a orden 23 del expediente principal. CONCLUSION: Atento constancias del expediente, se sugiere se declare en abstracto la resolución del Recurso Jerárquico impetrado, y prescriptas cualquier acción y/o solicitud referidas al objeto del expediente principal 1282/D/25, ámbito 00020, en razón del tiempo transcurrido.”; Que en orden 32, obra dictamen de Asesoría de Gobierno: “(…) En orden 10, obra digitalizado el expediente N° 1282-D/2015-00020, en el cual a fs. 25, Asesoría de Gobierno emitió dictamen respecto del Recurso Jerárquico interpuesto en esas actuaciones, expresando que el planteo formulado ha devenido en abstracto, por lo que no corresponde expedirse nuevamente sobre el particular.”; Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia en orden 18, y por Asesoría de Gobierno en orden 32, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial DECRETA: Artículo 1º - Declárese devenido en abstracto el Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Oficial Adjutor S.C.S. Pelegrina Martínez, Luis Mauricio, D.N.I. Nº29.100.695, en el marco del expediente administrativo N° 1282-D-2015-00020 y en contra de la Resolución N° 627-T/14; por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º - El acto administrativo que resuelve el presente Recurso Jerárquico, deberá ser notificado al recurrente conforme a los recaudos previstos por el Art. 150 de la Ley N° 9003, y particularmente en relación a las vías de impugnación del mismo, deberá informarse que resulta pertinente la Acción Procesal Administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley N° 3918). Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1348 MENDOZA, 08 DE JULIO DE  2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-09164867-GDEMZA-DGSERP#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones el Ministerio de Seguridad y Justicia tramita la no confirmación en el cargo de diverso Personal Penitenciario, que fueron designados mediante Decreto N° 560 de fecha 21 de marzo de 2024, Acompañado en orden 06; Que el artículo 32º de la Ley N° 7493 y modificatoria, dispone que “Toda designación o incorporación a cualquiera de los escalafones de la presente ley, se efectuará interinamente por el término de doce (12) meses, al cabo del cual deberá confirmarse o no expresamente en el cargo. Esta confirmación se realizará sobre la base del desempeño del personal, en las funciones asignadas por la superioridad y que hayan sido cumplidas dentro del marco reglamentario; habiendo demostrado idoneidad adaptación, subordinación y aptitud, la que será evaluada por un equipo técnico del Servicio Penitenciario. Si en el transcurso de los doce (12) meses, mediara alguna circunstancia grave, se procederá a la desafectación en el cargo, sin esperar el cumplimiento del período mencionado, mediante expresa norma emanada del Ministro a cargo y/o Poder Ejecutivo, la que deberá ser notificada.”; Que el Decreto Nº 2102/08, establece en su Art. 3º: “Transcurrido ocho (8) meses desde su designación la Dirección General del Servicio Penitenciario a través de Departamento de Recursos Humanos dará inicio de oficio a la pieza administrativa correspondiente para la confirmación o no del personal. En esa pieza se deberá aportar el detalle de inasistencias, sanciones y felicitaciones del efectivo a confirmar, como toda otra documentación de interés que sirva objetivamente al calificador. Con esta documentación la jefatura donde revista el agente emitirá un concepto funcional fundado, el que será refrendado o complementado por el Director del Complejo o Unidad del que dependa. En caso que los informes fueran positivos, se elevará inmediatamente al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para su confirmación.”;     Que, asimismo, la Dirección General del Servicio Penitenciario dispuso aprobar a través de la Resolución Nº 253 de fecha 25 de marzo de 2009, Instructivo de Confirmación de toda designación o incorporación al Servicio Penitenciario Provincial; Que en orden 04 se acompaña grilla de calificaciones del Agente S.C.S CARMONA VALENCIA, DIEGO BENJAMIN FRANCISCO, que en conceptos funcionales obtuvo una calificación de 3 (bueno) el primer concepto y el segundo concepto con 5 (malo) motivo por el cual se realiza la Junta de Confirmación, para el día 15 de enero del año 2026, sugiriendo por unanimidad la NO CONFIRMACIÓN; Que en orden 05 se acompaña grilla de calificaciones del Agente S.C.S RIERA MORALES, IGNACIO NICOLÁS, en los conceptos funcionales, obtuvo una calificación de 3 (bueno) el primer concepto y el Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial segundo concepto con 6 (muy malo) motivo por el cual se realiza la Junta de Confirmación, para el día 15 de enero del año 2026, sugiriendo por unanimidad la NO CONFIRMACIÓN; Que, asimismo, en órdenes 04 y 05 se acompañaron las respectivas Actas de la Junta de Confirmación de Personal Subalterno 2026 de fecha 15/01/2026; Que en orden 19 obra dictamen de la Dirección Legal y Técnica de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia en cual se concluye: “…esta Dirección Legal y Técnica entiende que en estas actuaciones se han dado todos los supuestos establecidos en el Art. 32 in fine Ley N° 7493, el Decreto Nº 2102/08 y la Resolución Nº 253/09 por lo que se sugiere NO CONFIRMAR a los Agentes S.C.S. Carmona Valencia, Diego Benjamín y Riera Morales, Ignacio Nicolás...”; Que en órdenes 24 y 25 obra intervención de la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia la cual expresa: “…Compartiendo criterio esgrimido por Dirección Legal y Técnica del servicio penitenciario de orden 19, sin objeciones legales, en caso de compartir criterio, se sugiere pase para la emisión de decreto del Poder Ejecutivo que ordene la NO confirmación de los Agente S.C.S. Agentes S.C.S. Carmona Valencia, Diego Benjamín y Riera Morales, Ignacio Nicolás…”; Por ello, atento a lo dictaminado por el Departamento Legal y Técnico de la Dirección General del Servicio Penitenciario en orden 19, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia en en órdenes 24 y 25, lo dispuesto por el Art. 32 de la Ley N° 7493, el Decreto Nº 2102/08 y la Resolución D.G.S.P Nº 253/09; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Dispóngase la no confirmación en el cargo: Clase 001 - Régimen Salarial 07 – Agrupamiento 1 – Tramo 01 – Subtramo 01 – U.G.C J99014 – U.G.G J91217 – del personal designado mediante Decreto N° 560 de fecha 21 de marzo de 2024, que se detalla a continuación: Agente Servicio Cuerpo de Seguridad del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, CARMONA VALENCIA, DIEGO BENJAMIN FRANCISCO, D.N.I. N° 44.746.163. Agente Servicio Cuerpo de Seguridad del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, RIERA MORALES, IGNACIO NICOLAS, D.N.I. N° 39.767.479. Artículo 2° - Notifíquese el presente decreto a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a fin de que proceda a tomar conocimiento y realizar la correspondiente actualización de sus registros. Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1351 MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-01250658- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, la Auxiliar –Personal Policial- NIEVAS HERRERA, FRANCA ELIZABETH, interpone Recurso de Aclaratoria y Nulidad Administrativa en contra del Decreto N° 73/26, de fecha 19 de enero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo EX-2024-07407052--GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG (orden 46), se emitió el Decreto N° 73/26, mediante el cual se admitió desde el aspecto formal y se rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por NIEVAS HERRERA contra la Resolución Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial N° 3274-SyJ/24, de fecha 16 de septiembre de 2024, y por la cual, el Ministerio de Seguridad y Justicia rechazó sustancialmente el Recurso Jerárquico incoado por la administrada contra la Resolución de la Junta de Disciplina N° P.M. 247/23, que a su vez confirmó la sanción de treinta y seis (36) días de suspensión laboral a la Auxiliar P.P. NIEVAS HERRERA, por infracción al Régimen Disciplinario Policial; Que en su escrito recursivo, la recurrente sostiene que el Decreto N° 73/26, debe cumplir estrictamente con los requisitos estructurales previstos por el artículo 29 de la Ley N° 9003, que establece que el acto administrativo debe satisfacer los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma, y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento. Considera que el Decreto impugnado rechaza en lo sustancial el recurso jerárquico, pero no desarrolla con claridad cuáles son los hechos concretos que se tienen por acreditados, ni cuál es el razonamiento que conduce a mantener la sanción, y que no individualiza con precisión qué pruebas resultan determinantes ni cómo se arriba a la conclusión de responsabilidad. Agrega que el Decreto N° 73/26 no desarrolla un análisis sustancial de los agravios, no explica por qué se descartan, ni ofrece un razonamiento propio que permita advertir que se ha producido una verdadera revisión del acto sancionatorio, que no se desarrolla un análisis detallado de la prueba de cargo ni se expone de qué manera esa prueba conduce razonablemente a la conclusión adoptada, y que tampoco se realiza un tratamiento específico del sobreseimiento penal ni se explica por qué, pese a ello, se mantiene la responsabilidad disciplinaria. Por último solicita se aclare cuáles son los hechos que se tienen por acreditados, cuáles son las pruebas concretas valoradas, cuál es el razonamiento jurídico aplicado y por qué se desestiman los agravios centrales formulados en el Recurso Jerárquico; Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “… siguiendo lo dispuesto por el Art. 176 de la Ley N° 9003, es factible solicitar aclaratoria de los actos impugnables, a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial. Por lo tanto, si el objeto del recurso consiste en obtener una modificación esencial del acto, deberá calificarse y resolverse como Revocatoria. De la simple lectura de la presentación efectuada, se observa que la pretensión expuesta no responde a los requisitos dispuestos por la norma legal de aclarar algún error material, omisión o concepto oscuro, sino por el contrario ataca el acto administrativo. El recurso no evidencia ningún error material, contradicción u omisión en el Decreto N° 73/2026, el cual es claro y preciso en sus términos, no existiendo ambigüedades. En consecuencia, por imperio de la ley, se debería reencauzar el Recurso de Aclaratoria como de Revocatoria (último párrafo Art. 176). Examinado el recurso reconducido en Revocatoria, surge que el mismo ha sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 177 de la Ley N° 9003, por lo que corresponde su admisión formal….”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del Recurso en trato, dictamina y concluye: “…la recurrente se agravia de los mismos argumentos vertidos en instancias anteriores, y de la compulsa de las actuaciones traídas a revisión, surge que las resoluciones precedentemente dictadas no resultan arbitrarias, ni viciadas, y se ajustan perfectamente a las previsiones legales del ordenamiento jurídico que rige al personal policial; en especial el Art. 141 de la Ley 6722, que dispone que la substanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho. Así, la substanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, son independientes de la causa criminal. No se advierte en el dictado del Decreto 73/26 cuestionado por esta vía, vicios o irregularidades que hagan procedente el remedio deducido, por lo que corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del Recurso de Revocatoria en trato….”; Por ello, y conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de Aclaratoria, reconducido en Revocatoria, interpuesto por la Auxiliar –Personal Policial- NIEVAS HERRERA, Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial FRANCA ELIZABETH, D.N.I. N° 28.733.919, en contra del Decreto N° 73/26, de fecha 19 de enero de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º - Notifíquese a la recurrente, a fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley 9.003, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley Nº 3918, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado (Art. 20 de la Ley N° 3918). Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1431 MENDOZA, 22 DE JULIO DE  2026 Visto el Expediente Electrónico  N° EX-2026-00695724- -GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas Nros. EX-2025-08822636- -GDEMZA-CCC y EX-2025-05554975- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el Auxiliar 2° -Personal Policial- RODRIGUEZ GONZALEZ, LEANDRO JAVIER, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 221-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 21 de enero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-08822636- -GDEMZA-CCC (orden 16), tramitado en forma conjunta con las presentes actuaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 221-SyJ/26, mediante la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el efectivo policial Leandro Javier RODRIGUEZ GONZALEZ contra la Resolución N° P.M. 915/25, de fecha 29 de septiembre de 2025; Que en el expediente vinculado EX-2025-05554975- -GDEMZA-CCC, obra (orden 14) Resolución N° P.M. 915/25, por la cual la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia rechazó sustancialmente el Recurso de Apelación incoado por RODRIGUEZ GONZALEZ contra la Resolución N° 07/25, confirmando la sanción de cinco (05) días de suspensión laboral por infracción al Art. 102 Incs. 1) y 6), concordante con el Art. 43 Incs. 3) y 7), con los agravantes del Art. 88 Incs. 11) y 12), todos de la Ley 6722 y modificatorias; Que en orden 19, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N° 9003….”; Que se agravia el recurrente al considerar que el acto administrativo que impugna adolece de vicios de falta de motivación, arbitrariedad y violación al derecho de defensa, insiste en los argumentos esgrimidos con anterioridad, que ya han sido analizados y valorados oportunamente por las instancias administrativas anteriores; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Con respecto al agravio de falta de motivación, cabe recordar que conceptualmente la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. Y en consecuencia, no es sostenible el planteo del recurrente al respecto, ya que definitivamente la simple lectura de la Resolución N° 221-SyJ/26 y las anteriores resoluciones dictadas por la autoridad administrativa, dan cuenta de que se encuentran suficientemente motivadas, fáctica y jurídicamente. En virtud de lo expuesto, corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial, el recurso intentado….”. Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 19, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Auxiliar 2° -Personal Policial- RODRIGUEZ GONZALEZ, LEANDRO JAVIER, D.N.I. N° 26.239.258, en contra de la Resolución N° 221-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 21 de enero de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° -  Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de la Ley      N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1473 MENDOZA, 24 DE JULIO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02174702- -GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta N° EX- 2026-03137310- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, se tramita Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Agente S.C.S. SILVESTRE DANIEL DAVILA GUZMÁN, en contra de la Resolución     N° 979-SyJ/26, de fecha 09 de marzo de 2026; Que bajo el expediente N° EX-2026-03137310- -GDEMZA-CCC, tramitado en forma conjunta, el administrado solicitó PRONTO DESPACHO de las presentes actuaciones, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 160 y 162 de la Ley N° 9003 de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2023-09347807- -GDEMZA-IGS#MSEG, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° 979-SyJ/26, mediante la cual aplicó al Agente S.C.S. Silvestre Daniel Dávila Guzmán, la sanción expulsiva de cesantía prevista en el Art. 35 de la Ley N° 7493, por la comisión de la falta contemplada en el Art. 8 Incs. a) y l), Art. 24 Inc. 4) y Art. 24 bis, todos de la Ley N° 7493, en función con los Arts. 1 (I) y 4 de la Resolución N° 143-T/15 (Reglamento Disciplinario para el personal penitenciario), al no acreditar título de estudios secundarios finalizados o equivalente; Que en su escrito recursivo, Dávila Guzmán plantea la nulidad de las actuaciones por supuesta violación al debido proceso y al derecho de defensa, considerando que la imputación fue formulada de manera genérica Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y estandarizada y que la Resolución impugnada (Resolución N° 797-SyJ/26) carece de motivación suficiente; sostiene que la acción disciplinaria se encuentra prescripta; expone violaciones a diversos principios, por último considera que se violaron garantías específicas de la Ley N° 7493 (Estatuto del Personal del Servicio Penitenciario) y de la Ley N° 8467; que se afectaron derechos esenciales y que se causó un daño grave e irreparable;       Que en orden 20, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…la resolución impugnada fue notificada en fecha 12/03/2026 (v. orden 86 EX-2023-09347807), y el recurso presentado el día 20/03/2026 (según la fecha de creación del ticket de orden 03 EX-2026-02174702), por lo que a criterio de esta Asesoría de Gobierno, se impone admitirlo formalmente, por haberse interpuesto dentro del término previsto por el Art. 179 de la Ley 9003.”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…postula Dávila Guzmán, que la imputación fue formulada de manera genérica y estandarizada, ya que la Resolución N° 922/23 de la IGS tuvo por objeto a un conjunto masivo de agentes que "adeudan título de estudios secundarios", sin que en ningún momento se le informara con precisión el comportamiento concreto atribuido, la fecha de su comisión, las pruebas existentes ni el encuadramiento normativo específico. Por nuestra parte, no advertimos cuál es el vicio o gravamen seguido del hecho de que hayan sido varios los agentes penitenciarios sumariados por la misma causa. En tal sentido, resulta oportuno transcribir lo ya expresado al respecto por el dictamen jurídico precedente (orden 15 EX-2026-02174702):  “Que, la circunstancia de que la Administración aborde situaciones análogas mediante criterios homogéneos o decisiones de estructura similar, no configura, por sí misma, un vicio de ilegitimidad. Muy por el contrario, la actuación administrativa frente a supuestos que presentan identidad sustancial en sus presupuestos fácticos y jurídicos impone —en términos de igualdad, coherencia y racionalidad— la adopción de soluciones también homogéneas, sin que ello implique desconocer la individualidad de cada caso Que, por lo demás, sostener que la Administración no puede adoptar decisiones homogéneas frente a situaciones equivalentes, implicaría desconocer los principios de igualdad ante la ley y de coherencia administrativa, generando soluciones dispares frente a supuestos idénticos, lo cual sí podría configurar un vicio por arbitrariedad”. Por otra parte, basta para refutar la queja de que no se le informó las circunstancias precisas del comportamiento atribuido ni las pruebas existentes ni el encuadre legal, con observar que en el Acta de Indagatoria (v. orden 12 EX-2023-09347807) el sumariado fue puesto en cabal conocimiento de los hechos imputados, de su calificación legal y de las pruebas existentes en su contra. Afirma Dávila en otro orden de ideas, que la resolución impugnada carece de motivación suficiente en los términos del Art. 45 de la Ley N° 9003. Tampoco resulta sostenible este agravio. Conceptualmente, la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a  la  emanación  del  acto  y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina -los considerandos-.” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, Pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que: “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. Definitivamente, la simple lectura de la Resolución N° 979-SyJ/26, da cuenta que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y jurídicamente. Invoca también el recurrente que la acción disciplinaria está prescripta. Al respecto comenzaremos recordando que el Art. 81 de la Ley N° 7493 establece: “Todo sumario administrativo prescribirá en el término de dos (2) años de iniciado el mismo. El personal no podrá ser sumariado después de haber transcurrido dos (2) años de cometida la falta que se le imputa…”. Señala Dávila que la Administración conocía o debía conocer su situación educativa desde su ingreso al Servicio Penitenciario, y pese a ello el acto de apertura del sumario administrativo fue dictado Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial recién en el año 2023, encontrándose a esa altura ya prescripta la acción para iniciar válidamente el procedimiento. Pero tal razonamiento no repara en que la conducta reprochada no es un hecho aislado e instantáneo que se consumó al vencimiento del plazo conferido para terminar el secundario, sino una infracción continuada que se prolongó en el tiempo, hasta que en fecha 2023-08-03 (v. orden 5 EX-2023- 07429248- -GDEMZA-IGS#MSEG) se cursó el emplazamiento para acreditar la obtención del título secundario. Y a continuación de ello, mediante la Res. N° 922/23 de fecha 28/11/2023, se dispuso la instrucción de formal sumario administrativo, sin que en ningún momento transcurriera el plazo de 2 años desde que se cometió la falta, previsto en el segundo supuesto del Art. 81 de la Ley 7493. Y tampoco puede prosperar el agravio de que el sumario se encontraba prescripto al momento de dictarse el acto impugnado, por haber superado su instrucción los dos (2) años de duración. Si bien el Régimen Penitenciario, Ley 7493, no cuenta con una norma similar a la prevista por el Régimen Policial en el Art. 108 de la Ley 6722 que dispone: "los actos del procedimiento disciplinario interrumpirán la prescripción de la acción. A tal efecto se considerará acto del procedimiento disciplinario, a todo trámite encaminado a comprobar la existencia de una falta y sancionar a su autor", no menos cierto es que siendo el fundamento de la institución, la prescripción de toda acción sancionatoria, la inacción de Estado en su ejercicio -que trasuntaría la falta de interés al respecto-, el término previsto en el primer párrafo del Art. 81 de la Ley 7493 no puede interpretarse en términos que prescindan considerar la efectiva y continua tramitación impresa al procedimiento por parte de la IGS. Las actuaciones disciplinarias EX-2023-09347807- -GDEMZA-IGS#MSEG se iniciaron con la Res. 922/23 de la IGS de fecha 28/11/2023 (orden 2). En fecha 14/3/2024 tuvo lugar la Indagatoria (orden 12). El día 5/2/2025 se emitió la Conclusión del Sumario (orden 41), y finalmente en fecha 9/3/2026 se dictó la resolución sancionatoria 979-SyJ (orden 82). Tomando como referencia los hitos procesales que interrumpen la prescripción en nuestro Código Penal, su Art. 67 consagra como tales: “b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme”, es dable considerar que en el presente procedimiento sumarial tanto la Indagatoria como la conclusión del Sumario resultan interruptivas del curso de prescripción de la acción disciplinaria. Y por ende, teniendo en cuenta la sinopsis cronológica efectuada en el párrafo anterior, se advierte que nunca transcurrió en la tramitación del sumario, el plazo previsto en el primer enunciado del Art. 81 de la Ley 7493. Aduce también el recurrente, que se ha violado el principio del non bis in ídem, consagrado por el Art. 14 PIDCP, Art. 8.4 CADH, Art. 75 Inc. 22) CN y por el Art. 81 in fine de la Ley 7493. En tal sentido, afirma que la inhibición para el ascenso del personal que no haya finalizado sus estudios secundarios, introducida al Régimen Penitenciario por el Art. 2 de la Ley 8255 y luego reemplazada por una similar en la Ley 8467, constituye en sí misma una sanción de naturaleza punitiva por el mismo hecho que ahora se le aplica la sanción de cesantía. Tal razonamiento es insostenible. El non bis in ídem prohíbe que una persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho, bajo idéntico fundamento y con la misma naturaleza punitiva. Claramente, la inhibición para ascender sin contar con el título requerido es un requisito dentro del régimen de carrera, que no guarda naturaleza sancionatoria. Resulta muy acertado al respecto el dictamen legal precedente en cuanto señala: "La tesis del recurrente lleva, además, a una consecuencia inadmisible: convertir una restricción parcial de carrera en un blindaje absoluto contra cualquier ulterior decisión estatal vinculada con la idoneidad o permanencia, lo que desnaturalizaría por completo el régimen de empleo público". El recurrente asimismo plantea una violación al principio de legalidad disciplinaria, ya que la Ley 7493 y sus modificatorias no tipifican expresamente la conducta atribuida al agente –no haber finalizado los estudios secundarios- como una falta disciplinaria, ni establecen que la sanción aplicable para dicha situación sea la cesantía. Y también invoca una violación al principio de la ley más benigna, por la falta de aplicación de la Ley N° 8467 del año 2012. Daremos tratamiento conjunto a estos dos agravios, por la íntima relación entre ellos. Dice Dávila que tanto el Art. 24 bis de la Ley N° 7493 en su versión original e incluso en la redacción incorporada por la Ley N° 8255, regulaba la excepción al requisito de título secundario como condición administrativa de ingreso y permanencia, no como una infracción disciplinaria autónoma. Que la norma no establecía, ni establece, que el incumplimiento de dicho requisito habilite la instrucción de un sumario disciplinario, ni la aplicación de la cesantía como consecuencia. Y agrega el recurrente que la Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Ley 8467 únicamente establece una inhibición para el ascenso. Ahora bien, la sanción se aplicó con fundamento en el incumplimiento del Art. 8 de la Ley N° 7493: “son deberes de los agentes penitenciarios, sin perjuicio de los que impongan las leyes y reglamentos particulares de las distintas unidades y servicios: a) cumplir fielmente la Constitución Nacional, Provincial y demás leyes y reglamentos, las disposiciones y órdenes de sus superiores jerárquicos, dados por estos conforme a sus atribuciones y competencia…, l) conocer debidamente las leyes, reglamentos y disposiciones permanentes del servicio en general y en particular las relacionadas con la función que desempeña”. Y concretamente, la normativa incumplida por el administrado es el Art. 24 de la Ley N° 7493: “Son requisitos de ingreso: …4) Tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente…”). Siendo un requisito indispensable para el ejercicio del cargo, su incumplimiento lógicamente no puede acarrear otra consecuencia que no sea la cesantía. Inequívocamente, la última parte del artículo 09 de la Ley 7878 establece: “Vencido dicho plazo sin que se hubiera cumplimentado la acreditación del título del ciclo polimodal, secundario o equivalente, el agente penitenciario cesará en sus funciones”. (…) Por otra parte, en materia penal -y por extensión en el ámbito disciplinario- la regla es que la ley aplicable es la vigente al tiempo del hecho. Este principio, basado en que la conducta sólo puede motivarse por una norma existente al momento de su realización/omisión, determina la irretroactividad de la ley punitiva. Pero reconoce como excepción, la aplicación retroactiva de la ley que resulte más benigna para el imputado. Lo cierto, es que esto no guarda vinculación alguna con el caso que nos ocupa. Los Arts. 8, 9 y 24 de la Ley N° 7493, han permanecido inalterados. La norma invocada como más benigna (Ley N° 8467, B.O. 31/10/2012) no suprimió el plexo de obligaciones que surgen de dicho articulado, sino que otorgó por única vez, una prórroga para finalizar los estudios requeridos, modificando la ampliación de plazos previamente dispuesta a tal efecto por la Ley 8255 (B.O. 14/02/2011). Todas las referidas ampliaciones y prórrogas se encontraban vencidas al tiempo de ordenarse el sumario, pero aún ello resulta irrelevante: Dávila no plantea que la razón por la cual no completó el secundario se vincule con los plazos dispuestos a tal efecto. Por ello, es dable tener por verificada la infracción reprochada. Y lo dicho se vincula con el agravio relativo a la supuesta violación al principio de igualdad y no discriminación. Advertimos que del relevamiento efectuado en el marco del expediente EX-2023-07429248, surgió que entre los agentes penitenciarios que no habían completado sus estudios secundarios, hay un grupo que se encuentra cursándolos de forma regular y efectiva. Y en atención a ello, se dispuso a su respecto la suspensión del sumario por el lapso de dos años, para posibilitarles regularizar su situación conforme las exigencias de la Ley 7493. Y ello no implica de ningún modo una violación al principio de igualdad. La garantía consagrada por el Art. 16 de la Constitución Nacional y el Art. 7 de la Constitución de Mendoza, no implica tratar a todos por igual en todas las situaciones; por el contrario, justifica un trato diferente cuando las circunstancias son distintas, siempre que sea razonable la distinción, como sucede en este caso. Con respecto al exceso de punición alegado como agravio, en primer lugar tenemos por correcto el encuadre legal dado a la infracción consumada por la conducta reprochada, esto es, un incumplimiento a la Ley 7493, Art. 8…. Ahora bien, siendo que la normativa incumplida (Art. 24 de la Ley 7493…) se refiere a una condición indispensable para el ejercicio del cargo, la sanción lógicamente no puede ser otra que la cesantía. Reiteramos que la última parte del artículo 9 de la Ley 7878 es clara: “Vencido dicho plazo sin que se hubiera cumplimentado la acreditación del título del ciclo polimodal, secundario o equivalente, el agente penitenciario cesará en sus funciones”. También postula el recurrente que se ha violado el principio de confianza legítima y la doctrina de los actos propios, ya que fue confirmado en el cargo a pesar de no haber presentado certificado de estudios secundarios. Aduce que la Administración habilitó, convalidó y se benefició del servicio prestado, por lo que no puede traicionar la confianza generada por sus propios actos. Tampoco puede prosperar este agravio. Tal como da cuenta el legajo laboral de Dávila (obrante en orden 06 del EX-2023-09347807), su ingreso al Servicio Penitenciario se produjo el 01/03/2011, ya durante la vigencia de la Ley 8255 (BO 14/2/2011) cuyo Art. 1 dispuso: “Incorpórese como artículo 24 bis de la Ley 7.493: ‘A los efectos de lo dispuesto en el Inc. 4) del artículo 24 de la presente ley, los aspirantes podrán ingresar sin tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente. Los aspirantes que hubieren ingresado sin tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente, deberán realizar el cursado obligatorio de dichos estudios Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en el término de treinta y seis (36) meses desde el inicio del ciclo lectivo inmediato posterior al nombramiento. Vencido el plazo anterior sin que el agente acredite la obtención del título, será dado de baja definitivamente sin posibilidad de prórroga’.Dicho plazo fue prorrogado luego por imperio de la Ley 8467 (B.O. 31/10/2012). La tolerancia que permitió a quienes no obtuvieron el título continuar ejerciendo su cargo luego del vencimiento de todos dichos términos, no genera ningún derecho ni deroga la obligación de acreditar la obtención del título ni las consecuencias de su incumplimiento, previstas en la última parte del artículo 9 de la Ley 7878…. Por último, entendemos que no corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada por el recurrente, ya que no se configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley 9003: “La interposición de recursos o denuncias  de ilegitimidad, no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública. b) Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. c) Cuando la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños a terceros o al interés público…”. Conforme a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, los vicios que acusa el recurrente no resultan verosímiles como lo requiere el dispositivo legal precitado. Y asimismo, cabe tener presente el régimen legal de las impugnaciones de actos administrativos en sede judicial, que en el caso de cesantías o exoneraciones de agentes estatales deniega expresamente la suspensión de su ejecución (Art. 24 Inc. b de la Ley 3918). En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 20, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase en el aspecto formal y rechácese en el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Agente S.C.S. DAVILA GUZMÁN, SILVESTRE DANIEL, D.N.I. N° 30.057.188, en contra de la Resolución N° 979-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 09 de marzo de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de la Ley      Nº 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del decreto que resuelva el planteo formulado. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARIA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1481 MENDOZA, 28 DE JULIO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-00409589-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el ex Suboficial Subayudante S.C.S. AHUMADA NIEVAS, HÉCTOR EDUARDO, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 6706-SyJ/25, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 19 de diciembre de 2025; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-05501156- -GDEMZA-CCC (orden 13), el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 6706-SyJ/25, mediante la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por AHUMADA NIEVAS contra la Resolución N° 2447-SyJ/25 de fecha 13 de junio de 2025; Que en el expediente N° EX-2024-08306253- -GDEMZA-CCC, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° 2447-SyJ/25, por la cual rechazó sustancialmente la acción de nulidad incoada por el ex agente penitenciario AHUMADA NIEVAS contra el procedimiento sumarial instruido en la pieza administrativa N° 197-I-2006-00106, y que culminó con una sanción expulsiva de cesantía por infracción al Régimen Disciplinario Penitenciario; Que el recurrente se agravia postulando que en el sumario disciplinario se produjo prueba testimonial sin que los testigos fueran previamente instruidos acerca de las consecuencias legales del falso testimonio (Art. 275 del Código Penal). Argumenta al respecto que: "la acción para impugnarlo es imprescriptible". Manifiesta que la Resolución N° 6706-SyJ/25 incurre en un error sustancial, al fundar el rechazo del recurso en la extemporaneidad del planteo, omitiendo analizar la naturaleza del vicio denunciado y su incidencia directa sobre garantías constitucionales esenciales; Que en orden 18, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…la resolución impugnada fue notificada en fecha 09/01/2026 (v. orden 18 EX-2025-05501156), y el recurso presentado el día 15/01/2026 (según la fecha de creación del ticket de orden 03), por lo que a criterio de esta Asesoría de Gobierno se impone admitirlo formalmente, por haberse interpuesto dentro del término previsto por el Art. 179 de la Ley N° 9003….”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el reclamo es ostensiblemente improcedente. En primer lugar, la lectura del expediente sumarial 197-I-2006-00106 (digitalizado en los órdenes 25/29 del EX- 2024-08306253) da cuenta que en las actas de las audiencias testimoniales de Mariana Garzón (fs. 190/191), Héctor Ernesto Zucheti (fs. 292 y vta.) y Armando Federico Silva (193 y vta.), consta que la persona declarante "es juramentada a tenor del Art. 275 del C.P., jurando decir la verdad". De igual modo sucede en los testimonios de Lucas Cortez (fs. 451/452), Gabriel Casimiro González (fs. 453), Andrés Omar Moreno (fs. 454 y vta.), José Germán Roca (fs. 455) y Ricardo  David Aciar (fs. 456). Asimismo, en estas últimas declaraciones estuvo presente el abogado defensor Dr. Tapia. En razón de lo cual, desde ya es dable concluir que el vicio invocado es inexistente. Pero además de ello, la notificación de la sanción a Ahumada se efectuó en el año 2006, y la nulidad es planteada en fecha 05/11/2024 (ticket orden 03 EX- 2024-08306253), desconociéndose así los más elementales principios preclusivos y la estabilidad de los actos administrativos. La sanción se encuentra indiscutiblemente firme, erigiendo un límite temporal y formal que cierra indefectiblemente el procedimiento disciplinario, e impide el análisis de supuestos vicios que lo habrían afectado. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 18, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Suboficial Subayudante S.C.S. AHUMADA NIEVAS, HÉCTOR EDUARDO, D.N.I. N° 21.687.145, en contra de la Resolución N° 6706-SyJ/25, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 19 de diciembre de 2025, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° -  Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1521 MENDOZA, 30 DE JULIO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-00921968- -GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas Nros. EX-2025-05188570- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG y EX-2026-01300404- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, Liliana Mariel FERREYRA SANCHEZ interpone Recurso de Revocatoria en contra del Decreto Nº 87/26 de fecha 22 de enero de 2026; Que en el expediente administrativo N° EX-2025-05188570- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG (orden 30), tramitado en forma conjunta con las presentes actuaciones, obra Decreto N° 87/26, mediante el cual se dispuso la no confirmación y desafectación en el cargo, de la Auxiliar –Personal Policial- Liliana Mariel FERREYRA SANCHEZ, de acuerdo con lo previsto por el Art. 47 de la Ley N° 6722 y sus modificatorias; Que en orden 29, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previstas en el Art. 177 de la Ley 9.003….”; Que en su escrito recursivo, FERREYRA SANCHEZ considera que el hecho que motivó la desafectación en el cargo, fue su falta de experiencia. Manifiesta que del informe de División Sanidad Policial surge que no posee ningún indicador psicopatológico que impida su confirmación; que sus antecedentes demuestran idoneidad necesaria para ser confirmada en la Policía de Mendoza; que posee calificaciones y conceptos funcionales positivos; que carece de sanciones disciplinarias, sumarios administrativos o antecedentes penales; y que la Dirección General de Policía hace una descripción en abstracto de lo que esperan de un policía en su función con la comunidad; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato y dictamina: “… Adelantando la opinión de Asesoría de Gobierno, entiendo no asiste razón a la administrada, atento al texto expreso del Art. 47 de la Ley 6722, que establece la designación en forma interina por el término de doce meses, y lo previsto en el Art. 3 última parte del Decreto Reglamentario N° 955/16. En ese sentido es de destacar que la norma requiere de un acto expreso de confirmación o de no confirmación, y habilita inclusive, en caso de mediar circunstancias graves, a disponer la no confirmación y la desafectación antes del plazo estipulado en la misma, por lo que el sólo transcurso del tiempo no modifica el carácter interino de ésta, ni importa la confirmación tácita del cargo. En el caso traído a revisión, se configura el supuesto previsto en el ordenamiento jurídico, que ha sido debidamente analizado y merituado por el equipo técnico, según consta en el número de orden 20 del expediente EX-2025-05188570- -GDEMZA MESAENTGENERAL#MSEG, donde el mismo ha determinado que no existe adaptación al régimen de la funcionaria policial, por lo que el Decreto cuestionado, se ajusta perfectamente a las previsiones legales. En el acta del equipo técnico, se ha valorado que el accionar de la funcionaria fue equívoco y erróneo, violando ética y moralmente el estado policial, considerando así la falta de adaptación de la efectivo al régimen policial. Finalmente es de destacar, que no se acredita en el caso traído a dictamen, la violación a los derechos constitucionales que alega la recurrente, toda vez que la decisión cuestionada aparece ajustada a derecho y ha sido dictada dentro del ordenamiento jurídico aplicable. El acto administrativo cuestionado por esta vía aparece debidamente fundado y motivado, tanto en los hechos como en el derecho, careciendo de vicios o defectos que hagan admisible el remedio intentado. Por las razones expuestas, corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial, del recurso de reconsideración intentado….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 29; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Sra. FERREYRA SANCHEZ, LILIANA MARIEL, D.N.I. N° 40.822.994, en contra del Decreto Nº 87/26, de fecha 22 de enero de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Hágase saber a la recurrente, que cuenta para la impugnación del Decreto que resuelve el presente Recurso de Revocatoria, con la Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, la que puede ser deducida dentro de los treinta (30) días corridos desde la notificación del mismo. Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1543 MENDOZA, 31 DE JULIO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-04315055-GDEMZA-IGS#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones se instruye Sumario Administrativo iniciado por la Inspección General de Seguridad al Comisario -Personal Policial de Apoyo- OCHOA MARTINEZ, MARCOS ESTEBAN; Que en orden 21, obra Resolución N° 703/25, de fecha 05 de junio de 2025, mediante la cual, el Directorio de la Inspección General de Seguridad resolvió: “Artículo 1º: ORDÉNESE INSTRUIR FORMAL SUMARIO ADMINISTRATIVO en sede de esta Inspección, al efectivo policial identificado como COMISARIO P.A. OCHOA MARTINEZ, MARCOS ESTEBAN, D.N.I. N° 26.185.583, por infringir “prima facie”, lo establecido en el Art 100 Inc. 1), en función del Art. 8 primera parte; Art. 43 Incs. 1) y 3); sujeto a las previsiones del Art. 99 para el caso en el que recayera sentencia condenatoria firme por delito doloso en los Autos P-5066/25, todos ellos de la Ley N° 6722/99 y su modificatoria; y Arts. 4 y 6 de la Ley N° 26.485….”; Que en orden 41 obra escrito presentado por los abogados defensores del funcionario policial sumariado, quienes solicitan la suspensión de plazos y procedimientos que estuvieran corriendo, hasta tanto se resuelvan las actuaciones penales N° P-5066/25 y P-5934/25; niegan todos y cada uno de los hechos y pruebas que obran en el Sumario Administrativo, y ofrecen prueba testimonial e informativa; Que en orden 42, la Instrucción Sumaria de la Inspección General de Seguridad decreta:    “ARTÍCULO 1: Téngase por presentada la defensa del COMISARIO P.A. OCHOA MARTINEZ, MARCOS ESTEBAN, D.N.I 26.185.583. ARTÍCULO 2: Constitúyase como domicilio electrónico, a los fines de toda notificación que surja de los presentes obrados, en marcoscarrizo515@gmail.com. ARTÍCULO 3: Incorpórese la presente defensa en los presentes obrados. ARTÍCULO 4: Continúese la presente causa administrativa. ARTÍCULO 5: Téngase por aceptada la prueba testimonial a cargo del peticionante. ARTÍCULO 6: Procédase a la notificación formal del administrado.”; Que en orden 48, la defensa administrativa del COMISARIO P.A. OCHOA MARTINEZ, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de la Instrucción Sumaria de orden 42, alegando interpretación errónea del Art. 141 de la Ley N° 6722 (independencia entre Sumario Administrativo y proceso penal); omisión del Art. 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación, y riesgo de sentencias contradictorias y afectación del principio de cosa juzgada;   Que en orden 55, obra Resolución N° 1294/25, de fecha 20 de noviembre de 2025, mediante la cual, el Directorio de la Inspección General de Seguridad resolvió admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial, el planteo recursivo articulado por el administrado contra la Resolución de la Instrucción Sumaria, debiendo una vez transcurridos los plazos de ley, continuar la causa según su estado; Que en orden 61, obra Recurso de Alzada interpuesto por el COMISARIO P.A. OCHOA MARTINEZ contra la Resolución N° 1294/25, del Directorio de la Inspección General de Seguridad; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en orden 75, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…habiendo sido notificado el acto el 03/12/2025 (v. órdenes 57 y 58), y presentado el recurso en fecha 23/12/2025, según la fecha de creación del ticket de orden 62, esta Asesoría entiende que debe admitírselo formalmente, por haberse dado cumplimiento al término previsto por el Art. 184 de la Ley N° 9003.”; Que el recurrente se agravia señalando que por prudencia, cautela y economía procesal, se deben suspender las actuaciones administrativas. Postula que la prosecución del sumario antes de que se aclare penalmente la existencia misma del hecho, implica un riesgo serio de contradicción con lo que resuelva el juez penal, afectación al derecho de defensa y al principio de inocencia; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “(…) En orden 21 obra Res. N° 703/25, del Directorio de la IGS, por la cual se ordenó instruir formal sumario administrativo al Comisario OCHOA MARTINEZ, por infringir “prima facie”, lo establecido en los Arts. 100 Incs. 1), 8 primera parte, 43 Incs. 1) y 3) de la Ley N° 6722, sujeto a las previsiones del Art. 99 de la misma ley, en caso de que recayera sentencia condenatoria firme por delito doloso. Ello en razón de la denuncia efectuada en sede de la Oficina Fiscal Guaymallén N° 2…, dando cuenta de reiterados hechos de violencia ejercidos por Marcos Ochoa…. Por estos hechos, se originó el expediente penal P-5066/25, donde es señalado como autor el Comisario OCHOA MARTINEZ, quien también es denunciado como autor de hechos donde la víctima sería una menor de edad, y por los cuales se instruyen las actuaciones penales P- 5934/25, tramitados ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Fiscalía de Instrucción N° 42. Ahora bien, resulta oportuno recordar que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 6722). Y el procedimiento predispuesto a tal efecto, es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de Ochoa constituye asimismo los ilícitos investigados en los autos P-5066/25 y P-5934/25. En tal sentido, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza, es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM en reiterados fallos, de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas, y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público, y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen policial, consagración legislativa expresa en el Art. 141 de la Ley N° 6722. Puntualmente, respecto a la improcedencia de la prejudicialidad penal por sobre los procesos seguidos por responsabilidad administrativa, sostiene nuestro Superior Tribunal: “Tal y como lo reconoce la accionante, cabe recordar que resulta un criterio sostenido por este Tribunal en la materia, el del deslinde de las diferentes órbitas de responsabilidad. Esto es, ‘la responsabilidad del funcionario público por su gestión, reconoce varias áreas o facetas que no se superponen. Existe la responsabilidad política o institucional, una responsabilidad administrativa o disciplinaria, una responsabilidad contable por el buen manejo de fondos y, eventualmente, una responsabilidad penal…’. La responsabilidad administrativa o disciplinaria que emerge del poder de investigación y aplicación de sanciones a los funcionarios o empleados públicos sometidos a un procedimiento administrativo especial, es el sumario administrativo…. Exigir la culminación de todos los procesos, podría generar un círculo vicioso de interdependencia del proceso disciplinario con el penal y con el contable, y no terminaría ninguno en tiempo y forma consagrando un marco de impunidad….” (L.S. 299- 279)…En función de lo expuesto, es posible concluir que en la especie, en razón de lo supra argumentado, no se da el presupuesto necesario para la suspensión del presente proceso sobre la base de considerar como una cuestión de carácter previo, la resolución de la causa penal, ni entender que existe un necesario condicionamiento entre lo que se decida en ambos procesos.” (SCJM, autos CUIJ: 13-04268232-7 caratulados “Bacciedoni Viviana Patricia c/ Gob. de la Pcia. de Mza. p/ APA, 19/2/20). Ello se vincula con lo dicho en el presente caso por la Res. N° 1294/25: no resulta posible predecir el tiempo que insumirán los procesos penales tramitados en las referidas causas P-5066/25 y P-5934/25 hasta su resolución. Por lo cual, de hacerse lugar a la pretendida prejudicialidad y suspensión del procedimiento disciplinario, y teniendo en cuenta la fecha de los hechos que lo motivan, se abre la muy posible eventualidad de que en esta sede administrativa no se dé respuesta oportuna y eficaz a la investigación en curso. Por todo lo cual, no habiendo ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el presente recurso debe ser rechazado sustancialmente….”; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 75, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de Alzada interpuesto por el Comisario -Personal Policial de Apoyo- OCHOA MARTINEZ, MARCOS ESTEBAN, D.N.I. N° 26.185.583, en contra de la Resolución  N° 1294/25, de fecha 20 de noviembre de 2025, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° -  A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 150 de la Ley N° 9003, y particularmente en relación a las vías de impugnación del presente Decreto, deberá informarse al administrado que resulta pertinente la Acción Procesal Administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la presente decisión administrativa (Art. 20 de la Ley N° 3918). Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1544 MENDOZA, 31 DE JULIO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-09049900- -GDEMZA-IGS#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones se instruye Sumario Administrativo iniciado por la Inspección General de Seguridad al Auxiliar 2° –Personal Policial- Eduardo Gaspar SÁNCHEZ MARTÍNEZ, por infracción al Régimen Disciplinario Policial; Que en orden 32 obra Resolución N° 935/25, de fecha 07 de agosto de 2025, mediante la cual el Directorio de la Inspección General de Seguridad dispuso instruir Sumario Administrativo al Auxiliar 2° P.P. Eduardo Gaspar SÁNCHEZ MARTÍNEZ, por infracción “prima facie”, de lo dispuesto por el Art. 100 Inc. 1), en concordancia con el Art. 8 primera parte, en función con el Art. 43 Incs. 2) y 3), sujeto al Art. 99, todos de la Ley N° 6722/99 y sus modificatorias; Que en orden 48, el abogado defensor del funcionario policial sumariado, interpone Nulidad Administrativa contra la Resolución N° 935/25, alegando: “…de la simple lectura de sus considerandos, se advierte que el órgano resolutor se limita a transcribir textualmente el informe elaborado por el instructor sumariante en la información sumaria, sin incorporar un análisis ni valoración propios. Tal proceder importa una delegación impropia de competencia, prohibida por los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley 9003 de Procedimientos Administrativos, toda vez que el Directorio abdica de su función decisoria y se limita a reproducir la opinión del instructor, privando al acto de motivación y de juicio técnico-jurídico propio….”; Que en orden 57 obra Resolución N° 1271/25, de fecha 11 de noviembre de 2025, por la cual el Directorio de la Inspección General de Seguridad resolvió rechazar la incidencia de nulidad planteada por la defensa del Auxiliar 2° P.P. Eduardo Gaspar SÁNCHEZ MARTÍNEZ; Que en orden 60 obra Recurso de Revocatoria interpuesto por el abogado defensor del efectivo policial SÁNCHEZ MARTÍNEZ contra la Resolución N° 1271/25. En orden 70 obra Resolución N° 25/26, fechada 13 de enero de 2026, mediante la cual el Directorio de la Inspección General de Seguridad rechazó sustancialmente el Recurso de Revocatoria articulado; Que en orden 73, el Auxiliar 2° P.P. SANCHEZ MARTINEZ, EDUARDO GASPAR, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 25/26, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en su escrito recursivo, el  administrado sostiene que la resolución recurrida adolece de vicios graves en su motivación, al considerar que el órgano colegiado no ha efectuado una valoración autónoma e independiente de los hechos ni del descargo presentado oportunamente, limitándose a reproducir los argumentos del instructor sumariante, vulnerando el Art. 45 de la Ley 9003. Agrega que la ausencia de un análisis propio por parte del Directorio, desnaturaliza la función del órgano colegiado, y afecta la validez del acto administrativo dictado. Manifiesta que la instancia de información sumaria no puede transformarse en una mera formalidad vacía de contenido jurídico, y que la apertura de un sumario administrativo requiere la existencia de elementos mínimos que justifiquen razonablemente la imputación. Por último sostiene que la Resolución impugnada prescinde del análisis del descargo presentado, omite ponderar el contexto fáctico completo, reproduce sin crítica el informe instructor, y no acredita la necesidad ni proporcionalidad de la apertura del sumario; Que en orden 87, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previstos en los Arts. 183 y 184 de la Ley N° 9003….”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…el recurrente da por reproducidos los argumentos vertidos al momento de la interposición del recurso de revocatoria, aduciendo que la resolución recurrida adolece de vicios graves, y sostiene además la necesidad de investigación preliminar al sumario. Adelantamos que el recurso no puede prosperar, toda vez que el recurrente no logra acreditar la existencia de vicios o arbitrariedad que permitan a esta altura del procedimiento, adoptar una decisión distinta a la tomada por la autoridad en el ejercicio propio de sus competencias. Además por naturaleza, la información sumaria es una instancia eventual o contingente destinada a verificar o descartar la existencia de mérito suficiente para iniciar un sumario disciplinario. Es una etapa previa, en la cual se evalúa si los hechos en análisis justifican la apertura del sumario para el deslinde de responsabilidades derivadas de la presunta comisión de una falta administrativa. Esta etapa no es una instancia indispensable, sino meramente eventual del procedimiento disciplinario. Resulta perfectamente válido prescindir de ella y disponer directamente la realización del sumario, sin que ello afecte el derecho de defensa. En tal orden de ideas, es ilustrativo citar el régimen disciplinario general del empleado público, Ley 9103 (BO 16/10/18), que en su Art. 13 dispone que “los jefes de departamento o jerarquía similar o superior, podrán ordenar la instrucción de información sumaria, cuando sea necesaria una investigación para determinar la existencia de motivo bastante de sospecha de la comisión de hechos que pudieran constituir falta administrativa que requiera la posterior instrucción de sumario para su comprobación fehaciente, y cuando se recibiera denuncia sobre este tipo de hechos”. Concretamente en el régimen policial, la Ley N° 6722 en el capítulo respectivo a la Información Sumaria establece para la Administración, la obligación de “oír al interesado, quien tendrá derecho a presentar descargo” (Art. 147), más no la de producir prueba defensiva en esta etapa preliminar y contingente. Lo cual además no guardaría lógica procedimental, siendo que la oportunidad para proponer prueba de descargo, aún una vez ya iniciado el sumario propiamente dicho, es recién luego de los quince primeros días destinados a la acumulación de la prueba de cargo y de la indagatoria (Arts. 118 y 120 Ley N° 6722). Es precisamente en el marco del sumario y con las garantías que le son inherentes, donde corresponde desplegar la actividad probatoria en la cual se fundamente la argumentación fáctica y jurídica tendiente a refutar la imputación formulada. En virtud de todo lo expuesto, no asiste razón al recurrente, siendo ajustada a derecho las resoluciones cuestionadas por esta vía, resultando inadmisible el remedio en trato. Los actos administrativos precedentes han sido debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido por el Art. 45 de la Ley 9.003, careciendo de vicios o errores que hagan procedente el recurso en estudio a esta altura de los procedimientos. Por las razones expuestas, corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso de alzada….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 87, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de Alzada interpuesto por el Auxiliar 2° P.P. SANCHEZ MARTINEZ, EDUARDO GASPAR, D.N.I. N° 30.203.033, Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en contra de la Resolución N° 25/26, de fecha 13 de enero de 2026, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° -  Notifíquese al recurrente, que conforme a los recaudos previstos por el Art. 150 de la Ley 9003, y particularmente en relación a las vías de impugnación del acto administrativo que resuelve el Recurso, resulta pertinente la Acción Procesal Administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley 3918). Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1545 MENDOZA, 31 DE JULIO DE  2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-06163901- -GDEMZA-IGS#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, se instruye Sumario Administrativo iniciado por la Inspección General de Seguridad a la Auxiliar –Personal Policial- Adriana Lorena ADARO CARABAJAL, por presunta infracción al Régimen Disciplinario Policial; Que en orden 02 obra Resolución N° 951/25, de fecha 12 de agosto de 2025, mediante la cual el Directorio de la Inspección General de Seguridad dispuso el inicio de Sumario Administrativo a la Auxiliar P.P. Adriana Lorena ADARO CARABAJAL, por haber trasgredido “prima facie”, lo dispuesto por el Art. 100 Inc. 01), en función con el Art. 08 primera parte, en concordancia con el Art. 43 Inc. 03), y la aplicación de las circunstancias agravantes del Art. 88 Incs. 1) y 11), todos de la Ley N° 6722 y sus modificatorias; Que en orden 25 obra escrito del abogado defensor de la funcionaria policial ADARO CARABAJAL, solicitando la suspensión del sumario a prueba, de acuerdo a las previsiones del artículo 119 apartado - Solución de conflicto- inciso b) de la Ley N° 6722, en acuerdo con lo que prevé el artículo 30 del Código Procesal Penal de la Provincia, considerando estar dadas las condiciones para dicho beneficio Que en orden 35 obra Resolución N° 1250/25, de fecha 04 de noviembre de 2025, por la cual el Directorio de la Inspección General de Seguridad rechazó la suspensión del sumario a prueba solicitada por la defensa de la administrada; Que en orden 38 obra Recurso de Aclaratoria interpuesto por el abogado defensor de la Auxiliar P.P. Adriana Lorena ADARO CARABAJAL, contra la Resolución N° 1250/25, que rechazó la solicitud de suspensión del sumario a prueba. En orden 47 obra Resolución N° 57/26, fechada 27 de enero de 2026, mediante la cual el Directorio de la Inspección General de Seguridad resolvió admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial, el Recurso de Aclaratoria, recalificado como Recurso de Reconsideración, presentado oportunamente por ADARO CARABAJAL; Que en orden 50 obra Recurso de Alzada interpuesto por la defensa de la Auxiliar P.P. ADARO CARABAJAL, ADRIANA LORENA, en contra de la Resolución N° 57/26, del Directorio de la Inspección General de Seguridad; Que en su escrito recursivo, la recurrente solicita la aplicación de la “Reparación Integral”, prevista por el artículo 59 inciso 6) del Código Penal, y que una vez efectuada la reparación integral, se disponga el sobreseimiento, al ser una de las formas de extinción de la acción penal; Que en orden 63, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previstos en los Arts. 183 y 184 de la Ley N° 9003….”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…De la compulsa de las actuaciones traídas a revisión, se desprende que no asiste razón a la recurrente, toda vez que la Ley N° 6722/99 dispone en el artículo 119 apartado b), que si se dispusiera la Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Suspensión del Sumario a Prueba, se seguirán en lo pertinente las disposiciones referidas del C.P.P. y dispone además que las normas contenidas en los incisos a), b), c) y e), no serán de aplicación en aquellos casos en los que “prima facie” requieran la instrucción de sumario administrativo por corresponder las sanciones de cesantía y/o exoneración. A mayor abundamiento, el Código Procesal Penal de Mendoza recepta el instituto en el Art. 30, estableciendo que: “No procederá la suspensión a prueba, cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese sido el autor o partícipe en cualquier grado, respecto al delito investigado…”. De las resoluciones atacadas por la recurrente en las diferentes instancias, se desprende que la conducta reprochada fue cometida por la Auxiliar ADARO CARABAJAL revistiendo a priori el carácter de dolosa (utilización de certificado adulterado o falso) y en principio como autora o partícipe de la comisión del hecho endilgado. Por lo que la suspensión del sumario a prueba no procede, al tratarse de un hecho doloso y de aplicación de sanción expulsiva de cesantía o exoneración. Para el otorgamiento de este beneficio, debe tratarse de una causa en la que corresponda y/o sea procedente una pena en suspenso; trasladado al régimen disciplinario implica un hecho por el cual resulte de aplicación una sanción de suspensión y no expulsiva, como en el caso de marras. Por otro lado, las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente fundadas y motivadas, lo que hace inadmisible el recurso en trato. Por las razones expuestas corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso de alzada….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 63, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de Alzada interpuesto por la Auxiliar -Personal Policial- ADARO CARABAJAL, ADRIANA LORENA, D.N.I. N° 30.848.059, en contra de la Resolución N° 57/26 del Directorio de la Inspección General de Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° -   A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 150 de la Ley N° 9003, se deja constancia que el Decreto que resuelve el presente, agota la vía administrativa, pero no causa estado a los términos del Art. 5 de la Ley N° 3918, por lo que no resuelta cuestionable mediante la Acción Procesal Administrativa prevista en dicho ordenamiento jurídico. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1680 MENDOZA, 18 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02254022-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones administrativas el Ministerio de Seguridad y Justicia tramita la exclusión de la tutela sindical del Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, personal civil, clase 08, con el fin intimar al mismo a iniciar el procedimiento tendiente a acogerse al beneficio previsional, contemplado en los Arts. 17 f) y 34 bis de la Ley N° 24.241; Que en orden 02 obra certificado N° 19/2026, de fecha 25 de marzo de 2026, mediante el cual la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad y Justicia certifica: “…el Señor GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 10.901.604, C.U.I.L. N° 20-10901604-8, fecha nacimiento 01/04/1954, fue nombrado en este Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante Decreto N° 1299 de fecha 17-06-2011 - Clase 008 con 80% mayor dedicación. Luego designado en planta permanente por RES. N° 3121 S de fecha 30-12-2014, destino Mesa General de Entradas y Notificaciones, conforme datos obtenidos de los Registros obrantes en esta Dirección, al día de la fecha…”; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en orden 03 obra nota mediante la cual la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad y Justicia le solicitó al Sr. Gómez Diaz Roberto Horacio que gestionara ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) la emisión de su historia laboral actualizada (sábana de aportes), a fin de presentarla ante la Oficina de Administración de Personal Civil; Que en orden 05 obra nota de descargo, de fecha 17 de marzo de 2026, mediante la cual la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Mendoza, informa: “…el Sr. GOMEZ, ROBERTO HORACIO, D.N.I. N° 10.901.604,  se encuentra actualmente desempeñando funciones como secretario adjunto de esta organización gremial. Asimismo, se hace constar que el mencionado agente se halla en pleno uso de su licencia gremial, oportunamente otorgada y vigente a la fecha…”; Que en orden 25 la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia expresa: “…Cabe señalar que la tutela gremial no releva al Sr. Gómez Diaz, Roberto Horacio, del cumplimiento de sus deberes como Agente Público, por lo que la Administración puede requerirle la documentación necesaria para la gestión de su situación laboral o previsional. En consecuencia, deberá intimarse al Agente GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, D.N.I. N° 10.901.604, a presentar ante División de Administración de Personal Civil de la Dirección de Capital Humano de este Ministerio de Seguridad y Justicia, dentro del plazo de diez días hábiles de notificada la presente, la historia laboral emitida por ANSES, debiendo gestionar su obtención en forma personal. Hágase saber que el incumplimiento injustificado de la presente intimación, podrá dar lugar a la promoción de las actuaciones administrativas correspondientes y a la eventual aplicación de las medidas disciplinarias previstas en la normativa vigente…”; Que en orden 28 obra notificación de emplazamiento, de fecha 08 de junio de 2026, al Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, personal civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, clase 08 y en orden 29 se acompaña la correspondiente respuesta de la notificación; Que en orden 32 la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia luego del análisis jurídico, dictamina: “…El artículo 34 bis de la Ley N° 24241 expresa: 1. Institúyese la prestación por edad avanzada para trabajadores que presten servicios en relación de dependencia y para trabajadores autónomos. 2. Tendrán derecho a esta prestación los afiliados que: a) Hubieran cumplido setenta (70) años, cualquiera fuera su sexo; b) Acrediten diez (10) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, con una prestación de servicios de por lo menos cinco (5) años durante el período de ocho (8) inmediatamente anteriores al cese en la actividad; c) Los trabajadores autónomos deberán acreditar, además, una antigüedad en la afiliación no inferior a cinco (5) años, en las condiciones que establezcan las normas reglamentarias. 3. El haber mensual de la prestación por edad avanzada será equivalente al setenta por ciento (70 %) de la prestación establecida en el inciso a) del artículo 17 de la presente ley, más la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia o jubilación ordinaria en su caso. El haber de la pensión por fallecimiento del beneficiario se determinará según las pautas que establecen los artículos 28 y 98 de esta ley y su reglamentación. 4. El goce de la prestación por edad avanzada es incompatible con la percepción de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho del beneficiario a optar por percibir únicamente la prestación mencionada en primer término. Percepción unificada Artículo 35.— Las prestaciones previstas en el artículo 17 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias serán abonadas en forma coordinada con el haber de la jubilación ordinaria o con alguna de las prestaciones del artículo 27 otorgadas a través del Régimen de Capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos a fin de procurar la inmediatez y simultaneidad de los pagos respectivos. (Artículo sustituido por Art. 11 de la Ley N° 26417 B.O. 16/10/2008. Vigencia: la reglamentación establecerá las fechas a partir de las cuales comenzarán a regir las distintas normas incluidas en la presente ley). El Art. 32 de la Ley N° 6921 expresa: De la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador - Intimación - Plazo de mantenimiento de la relación. Todo agente de la Administración Pública Provincial, centralizada, descentralizada y autárquica, que reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones del sistema previsional en vigencia, deberá obligatoriamente iniciar los trámites pertinentes y la administración lo intimará a su cumplimiento, extendiéndole a tal efecto los certificados de servicios y de remuneraciones y demás documentación necesaria a esos fines, manteniéndose la vigencia de la relación de empleo público hasta que el agente obtenga el beneficio previsional, por un plazo que no deberá exceder de seis (6) meses, contados a partir de que se obtenga el turno por parte del Ente Previsional, el que deberá gestionarse en un plazo no mayor de quince (15) días de notificado el agente. El agente deberá acreditar haber iniciado el Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial trámite mediante presentación escrita al área de recursos humanos donde preste servicios. El plazo de seis (6) meses comenzará a correr vencidos los quince (15) días citados, en caso de que el agente no hubiere gestionado el turno…”. CONCLUSION: En virtud de normativa citada precedentemente esta Asesoría Letrada considera que el Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio previsional en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 f) y 34 bis de la Ley N° 24241. Que a los efectos de que la Administración lo intime a cumplir con los trámites administrativos pertinentes al efecto indicado, deberá previamente iniciarse y obtenerse por vía jurisdiccional, resolución judicial que lo excluya de la tutela sindical que detenta, a los términos de los Arts. 40, 48, 50 y 52 de la Ley N° 23551. De compartirse el criterio vertido, deberá dictarse norma legal, Decreto del Poder Ejecutivo, que instruya al Sr. Asesor de Gobierno de la Provincia a iniciar el procedimiento de exclusión de tutela gremial que goza el Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, a los efectos de que se lo intime a iniciar el procedimiento tendiente a acogerse al beneficio previsional contemplado en el Art. 17 f) y 34 bis de la Ley N° 24241…”. Por ello y atento a lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia en orden 32, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1° - Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa repartición, para que inicien, prosigan y ejecuten las acciones judiciales de los artículos 48 y 50 de la Ley N° 23.551 a los efectos de excluir de la tutela gremial al Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, D.N.I. N° 10.901.604, personal civil, clase 08, del Ministerio de Seguridad y Justicia, a fin de intimarlo a iniciar el procedimiento tendiente a acogerse al beneficio previsional contemplado en los Art. 17 f) y 34 bis de la Ley N° 24.241, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1737 MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico  N° EX-2026-02222775-GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta N° EX- 2022-01514578-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y CONSIDERANDO: Que las citadas actuaciones se inician con escrito del Señor Diego Raúl Salgado, quien solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia, Pronto Despacho del expediente N° EX-2022-01514578- -GDEMZA MESAENTGENERAL#MSEG, se tenga por desistido el pedido de producción de prueba realizado oportunamente por haber perdido actualidad, y se dicte el acto administrativo correspondiente; Que en orden 02 del expediente vinculado EX-2022-01514578- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, obra digitalización de la pieza administrativa 999-S-14-00107, caratulada: “I.G.S. INVESTIGA SITUACION EN COLONIA PENAL GUSTAVO ANDRE S/ SALIDA TRANSITORIA DE VILLALBA QUIROGA CARLOS”, en el marco de la cual se instruyó Sumario Administrativo (Resolución N° 169/14 de fecha 19 de junio del año 2014) al entonces efectivo penitenciario Subadjutor S.C.S. Diego Raúl Salgado Zapata, imputándole “prima facie”, la transgresión del Art. 8 Incs. a), b), d) y e), en función del Art. 2, todos de la Ley N° 7493; Que en la conclusión del Sumario Administrativo (páginas 180/186 del expediente digitalizado), el Instructor Sumariante solicitó al Directorio de la Inspección General de Seguridad, la sanción expulsiva de Cesantía del Oficial Subadjutor S.C.S. Diego Raúl Salgado Zapata; Que la Junta de Disciplina del entonces Ministerio de Seguridad emitió para fecha 16/12/2016, dictamen N° S.P. 422/16 (páginas 251/255 del expediente digitalizado), aconsejando aplicar al administrado, la sanción Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial expulsiva de Cesantía, correctivo previsto en el Art. 35 de la Ley N° 7493; Que bajo el expediente administrativo 166-D-2017-00106, Diego Raúl Salgado planteó la prescripción del Sumario Administrativo, conforme al Art. 81 de la Ley N° 7493. Que el entonces Ministerio de Seguridad dictó la Resolución N° 760-S/17, de fecha 27 de marzo del año 2017 (páginas 278/280 del expediente digitalizado), mediante la cual rechazó la prescripción planteada y aplicó al administrado, la sanción expulsiva de Cesantía, por haber violado lo dispuesto por el Art. 8 Incs. a), b) y e) de la Ley N° 7493; Que a través del expediente administrativo 3472-D-2017-20108, Salgado dedujo Recurso de Revocatoria en contra de la Resolución N° 760-S/17. Que en páginas 315/319 del expediente digitalizado, obra Resolución N° 2662-S/17, fechada 22 de agosto del año 2017, por la cual el entonces Ministerio de Seguridad admitió en lo formal y rechazó en lo sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por Salgado contra la Resolución N° 760-S/17; Que en el expediente administrativo 8913-D-2018-20108 (páginas 368/375 del expediente digitalizado), el administrado interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 2662-S/17; y en páginas 386/391, planteó Denuncia de Ilegitimidad; Que en orden 16, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “Analizado el aspecto formal del remedio en trato, presentado en fecha 26/12/18, y nuevamente en fecha 26/08/2019, según constancias del expediente EX-2019-04504381--GDEMZA-DGSERP#MSEG, y no existiendo constancia de notificación de la Resolución cuestionada, a fin de garantizar el derecho de defensa del administrado, el recurso presentado deberá ser admitido en lo formal.”; Que en sus agravios, el recurrente niega los hechos imputados a su persona. Plantea la prescripción del Sumario Administrativo, de acuerdo con el Art. 81 de la Ley N° 7493. Considera que la Resolución es arbitraria, padece vicios en el objeto, ha lesionado garantías constitucionales y resulta nula; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “(…) Compulsadas las actuaciones administrativas, en particular el sumario oportunamente instruido y que luce digitalizado en orden 02, de las actuaciones en tramitación conjunta EX-2022-01514578- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, surge que el hecho acaeció en fecha 19/04/2014. Por Resolución Nº 169/14, la Inspección General de Seguridad ordenó la instrucción de sumario administrativo. El sumariado fue citado a prestar declaración indagatoria en fecha 23/11/14, se rindieron pruebas testimoniales y finalmente en fecha 28/03/16, se dispuso la clausura del sumario, presentando el administrado nulidad que fue resulta por Resolución Nº 304/16. Interpuso contra aquella resolución, Recurso de Revocatoria, que fue admitido parcialmente mediante Resolución N° 412/16, de fecha 07 de junio de 2016. Finalmente, en fecha 17/10/16, presentó escrito de alegatos y se emitió dictamen de la Junta de Disciplina en fecha 16/12/16, solicitando ese organismo, la aplicación de la sanción de cesantía. En fecha 27/03/17, se dictó la Resolución N° 760-S/17 por parte del Sr. Ministro de Seguridad, y que impusiera finalmente la sanción expulsiva cuestionada. En virtud de ello, entiendo que no ha acaecido el plazo de prescripción del sumario administrativo, ya que se han realizado los actos impulsorios necesarios a fin de investigar la conducta del administrado, y la autoridad administrativa competente, se ha expedido dentro de un plazo razonable, por lo que no puede alegarse violación alguna a los derechos constitucionales. Por otro lado, la falta administrativa cuestionada ha sido debidamente individualizada, tanto en los hechos como fundada la sanción aplicada en las normas que rigen al personal penitenciario, careciendo de sustento los agravios invocados. Asimismo, la sanción impuesta aparece como justa y proporcionada, por lo que no se advierte irracionabilidad ni arbitrariedad que hagan revisable a esta altura de los procedimientos, la decisión adoptada por la autoridad en ejercicio de su competencia. En definitiva, no se advierte en el dictado de los actos administrativos cuestionados por esta vía, vicios o irregularidades que hagan procedente el remedio deducido, por lo que corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso jerárquico impetrado….”; Por ello y compartiendo lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 16, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. DIEGO RAÚL SALGADO, D.N.I. N° 24.033.055, en contra de la Resolución N° 2622-S/17, emitida por el entonces Ministerio de Seguridad para fecha 22 de agosto de 2017, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro  Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1738 MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02234092-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el Sr. DAVID VIDELA GUAJARDO interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 1043-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia el día 11 de marzo de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2026-00327945- -GDEMZA-CCC (orden 25), el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 1043-SyJ/26, mediante la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria articulado por VIDELA GUAJARDO contra la Resolución N° 6288-SyJ/25, fechada 01 de diciembre de 2025, que a su vez rechazó la Acción de Nulidad presentada por el administrado contra la Resolución N° 3603-S/23, emitida por el entonces Ministerio de Seguridad para fecha 01 de noviembre del año 2013, y por la cual se aplicó al recurrente, la sanción expulsiva de cesantía sujeta a exoneración por la comisión de la falta prevista en el Art. 8 Incs. a), b), d), e), j) y l) de la Ley N° 7493; y Arts. 5, 62, 173, 183 y 184 de la Resolución N° 143-T/15 (Régimen Disciplinario Penitenciario), y sus agravantes Arts. 198 Incs. 3) y 8) de la referida Resolución; Que la Resolución N° 3603-S/23 fue recurrida por VIDELA GUAJARDO mediante Recurso de Revocatoria de fecha 09/11/2023, bajo el expediente EX-2023-08616217- -GDEMZA-CCC, y rechazado en su aspecto sustancial por Resolución N° 3288-SyJ/24 de fecha 17/09/2024, siendo notificada el día 22 de mayo del 2025; Que en su escrito recursivo, VIDELA GUAJARDO se agravia postulando que la resolución recurrida es arbitraria e ilegítima, por cuanto sostiene que los vicios denunciados habrían quedado “saneados” con la notificación de la Resolución N° 3603-S/23, y la interposición de un recurso posterior sobre el fondo. Afirma que los vicios denunciados -omisión de una etapa esencial (alegatos) y restricción al control de la prueba- configuran un supuesto de nulidad absoluta no susceptible de saneamiento; Que en orden 08, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, realiza un análisis jurídico del recurso incoado y dictamina: “…el recurrente no ha aportado nuevos elementos que puedan hacer variar y/o desvirtuar la resolución que ataca, simplemente ha reproducido, en cuanto a sus fundamentos, lo expresado en etapa recursiva anterior. El administrado, como ya expresó esta Asesoría Letrada al momento de resolver el planteo de nulidad oportunamente incoado, fue notificado de la Resolución 3603-S en fecha 02/11/2023, que ordenaba su cesantía sujeta a exoneración; y es ahí, que el mismo, tomó conocimiento inequívoco e irrestricto de todas las actuaciones en forma completa. Que en esa oportunidad y en fecha 09/11/2023, el Sr. David Videla Guajardo planteó Recurso de Revocatoria, realizando un planteo sobre el fondo del asunto, más nada planteó respecto de la supuesta nulidad y sobre el perjuicio concreto que la misma le generara, y/o de qué forma esta afectara su derecho de defensa y que luego invocara, en forma posterior, mediante presentación de fecha 24/11/2023.  Que al momento de recurrir la Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Resolución N° 3603-S pudo y debió plantear las nulidades del acto que consideró viciado, sin embargo nada planteó respecto de ellas dentro del Recurso de Revocatoria que presentó en fecha 09/11/2023, donde el Sr. Videla tomó conocimiento inequívoco e irrestricto de todas las actuaciones, siendo en definitiva, rechazado el mismo en su aspecto sustancial por Resolución N° 3288-SyJ de fecha 17/09/2024. Por lo expuesto es que, con la notificación de la Resolución N° 3603-S, el 02/11/2023, el administrado tomó conocimiento de las actuaciones, y con la presentación del Recurso de Revocatoria donde sólo se refiere al fondo del asunto en cuestión, sin expresar ningún planteo de nulidad y sobre el perjuicio que esta le provocara, ha saneado la supuesta nulidad aludida y/o consentido todas las actuaciones anteriores. (…) Por todo lo expresado, el administrado, al momento de ser notificado de la Resolución que declaró su cesantía, tuvo conocimiento pleno y tomó vista irrestricta de las actuaciones, por lo que de ninguna manera se ha visto afectado su derecho de defensa, pudiendo, en esa oportunidad, ejercer efectiva y eficazmente su defensa material, de conformidad con la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso. Por lo cual, la supuesta falta de notificación de alegatos durante el trámite del sumario administrativo, ha sido saneada cuando el administrado tomó conocimiento de las actuaciones mediante notificación de fecha 02/11/2023 de la Resolución 3603-S, y ejerció su derecho de defensa presentando Recurso contra la misma, saneando de esta manera la supuesta nulidad, sobre la que nada expresó en ese preciso momento, y consintiendo todas las actuaciones anteriores. Por todo lo expuesto, es que esta instancia entiende que el Recurso Jerárquico incoado debe ser aceptado en su aspecto formal y RECHAZADO en su aspecto sustancial….”; Que en orden 13, Asesoría de Gobierno  realiza un análisis formal del recurso presentado: “El recurso fue presentado el día 20/03/2026 (según la fecha de creación del ticket de orden 03), y no constando en el expediente Nro. EX-2026-00327945- -GDEMZA-CCC la fecha de notificación de la Resolución 1043-SyJ/26, a criterio de esta Asesoría se impone admitir formalmente la impugnación como presentada dentro del término previsto por el Art. 179 de la Ley N° 9003.”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el reclamo es improcedente. Luego de ser notificado de la Resolución sancionatoria 3603-S/2023 (orden 81 EX-2022-05957215- -GDEMZA-IGS#MSEG), Videla interpuso Recurso de Reconsideración que obra en orden 02 del expediente EX-2023-08616217--GDEMZA- CCC. En dicha impugnación, el recurrente se agravió invocando el principio "pro homine", argumentando que las actuaciones disciplinarias no pudieron establecer participación, roles ni acciones, y postulando cuestionamientos respecto al mérito probatorio del sumario, que a su criterio implicaban que no se había probado su responsabilidad administrativa. También proclamó en dicha oportunidad, que no existía sentencia judicial firme determinando su responsabilidad penal sobre idénticos hechos a los investigados en sede administrativa. Así las cosas, no podemos más que coincidir con el dictamen del servicio jurídico del Ministerio de Seguridad y Justicia (orden 8)…. Y es que procedimentalmente, no cabe ahora el análisis de planteos que no fueron interpuestos oportunamente contra la Resolución sancionatoria 3603-S/2023. Todo lo que no fue cuestionado mediante la Revocatoria contra dicho acto, ha quedado firme, y por ende, es irrevisable ahora. La instancia recursiva iniciada mediante la Revocatoria contra la Res. 3603-S/2023 quedó definitivamente delimitada en su objeto a los cuestionamientos y agravios que en aquella oportunidad se expresaron. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”; Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia en orden 08, y por Asesoría de Gobierno en orden 13, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. DAVID VIDELA GUAJARDO, D.N.I. N° 31.184.683, en contra de la Resolución N° 1043-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 11 de marzo de 2026, por las razones de hecho y de derecho expuestas en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la Ley N° 3918,  la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1739 MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-03146212-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, la Oficial Subayudante –Personal Policial- NINFA YAMILA MURATI GONZÁLEZ, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución N° 188/26, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad el día 26 de marzo de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2026-00775860-GDEMZA-CCC (orden 13), el Directorio de la Inspección General de Seguridad emitió la Resolución N° 188/26, mediante la cual admitió en lo formal y rechazó en lo sustancial, el Recurso de Apelación articulado por MURATI GONZÁLEZ contra la calificación anual correspondiente al período comprendido entre el 01/01/2025 al 29/12/2025 (formulario N° 264794); Que en orden 16, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…la Resolución cuestionada, fue notificada en fecha 07 de abril de 2026, -orden 20 del expediente EX-2026-00775860- - GDEMZA-CCC-, y el recurso presentado en fecha 24 de abril de 2026, según constancias de orden 03 del expediente EX-2026-03146212- -GDEMZA-CCC, por lo que ha sido presentado en el plazo y condiciones previsto por los Arts. 183 y 184 de la Ley N° 9.003, y conforme lo normado por la Ley N° 7813.”; Que en su escrito recursivo, MURATI GONZÁLEZ considera que la calificación impugnada es arbitraria, manifestando que el calificador utilizó antecedentes correspondientes a períodos anteriores para evaluar el año 2025, lo cual se encuentra prohibido por la Ley N° 6722. Sostiene que existe un error manifiesto en la interpretación de los formularios de calificación por parte de la Administración, y que se ha vulnerado el principio de inocencia, en tanto se utilizó un antecedente disciplinario no firme al momento de la calificación;  Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “(…) En el aspecto sustancial, el recurso no puede prosperar, toda vez que el mismo sólo se limita a disentir de la calificación individual otorgada por la DELEGACIÓN POLICIA CIENTIFICA GUAYMALLEN- LAS HERAS-LAVALLE, pero de ninguna manera logra acreditar la existencia de vicios o arbitrariedades que permitan a esta altura de los procedimientos, adoptar una decisión distinta a la tomada por la autoridad en el ejercicio propio de sus competencias. Los actos administrativos precedentes, han sido debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido por el Art. 45 de la Ley 9.003, careciendo de vicios o errores que haga procedente el recurso en estudio. La Ley N° 6722 ha otorgado al Poder Ejecutivo, la atribución de producir las promociones necesarias para satisfacer las necesidades orgánicas de las instituciones policiales de Mendoza, y para ello, ha establecido una serie de pautas, procedimientos y órganos determinados que actúan imponiendo límites al ejercicio de dicha atribución. El otorgamiento de una promoción por parte de la Administración, implica el ejercicio de una función que le es propia, y que se encuentra parcialmente reglada, y reconoce a la vez, algún margen de discrecionalidad. Resulta estrictamente reglado el procedimiento a seguir (convocatoria a realizar la autoproposición, Art. 182; revisión de los requisitos previos para el tratamiento promocional, Art. 185; calificación de las Juntas, Arts. 191 a 194; elaboración del orden de mérito, Art. 195; y finalmente el acto administrativo de promoción). También se encuentra estrictamente reglado, la composición del puntaje que determine el orden de mérito, ya que se establece el valor de cada uno de los ítems a considerar. En el caso que nos ocupa, la Administración ha respetado plenamente lo reglado respecto a procedimientos, órganos y pautas para la calificación, ejerciendo a la vez, su margen de discrecionalidad al evaluar los antecedentes y aptitud para el grado superior en la forma y por los órganos a los que la ley otorga esta función. En virtud de ello, no se ha Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial demostrado la existencia de arbitrariedad alguna, ausencia de competencia o vicio en el procedimiento. En definitiva, lo que la recurrente plantea, es su desacuerdo con la evaluación de mérito realizada, pero no logra acreditar la existencia de vicios o irregularidades en los actos precedentes dispuestos por la autoridad en el ejercicio propio de sus competencias, que permita a esta instancia, realizar una evaluación distinta a la ya adoptada, y dentro del acotado margen de revisión a esta altura de los procedimientos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 183 de la Ley 9.003. Por las razones expuestas, corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del Recurso de Alzada….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 16, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de Alzada interpuesto por la Oficial Subayudante –Personal Policial- NINFA YAMILA MURATI GONZÁLEZ, D.N.I. N° 37.138.235, en contra de la Resolución N° 188/26, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad para fecha 26 de marzo de 2026. Artículo 2° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1740 MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02261640-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° S.P. 0082/26, de fecha 05 de febrero de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, fechada 13 de febrero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03390065- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 52), la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° S.P. 0082/26, mediante la cual aplicó a la agente penitenciaria Gisela Tania Janet FERIS FUENTES, la sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al determinarse que con su accionar, infringió el Régimen Disciplinario Penitenciario, Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88 y sus agravantes Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15; Que en orden 60 del expediente EX-2024-03390065- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, por la cual el Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a “Revista Pasiva” por el término de cincuenta (50) días de la administrada, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493. En orden 77 obra Resolución N° 1725-SyJ/26, de fecha 23 de abril de 2026, por la cual la Ministra de Seguridad y Justicia ratificó la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26; Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…en virtud del informalismo a favor del administrado, asiste razón a lo expresado por la defensa técnica en el escrito de recurso, en cuanto debería haberse notificado la resolución impugnada a la casilla de correo basessolucioneslegales@gmail.com, constituido expresamente como domicilio electrónico desde la primera presentación en el sumario, y utilizado como canal oficial de notificaciones durante toda la instrucción, por lo Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que a criterio de esta Asesoría de Gobierno se impone admitirlo formalmente en los términos del Art. 179 de la Ley N° 9003.”; Que se agravia el recurrente sintéticamente, al considerar que el acto administrativo que impugna, viola derechos y garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio, como así también principios consagrados en la Ley N° 9003. Además, alega vicios de procedimiento, errónea valoración de la prueba y falta de motivación del acto, peticiona también la nulidad de la Resolución N° 0166/2026 del Director del Servicio Penitenciario, que dispuso su pase a Revista Pasiva; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina -los considerandos-” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, Pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que: “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo de la recurrente, ya que de la simple lectura de la Resolución N° 0082/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de adecuación de la sanción impuesta en cuanto provee la sujeción a la exoneración dependiendo de las resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de la Suboficial Feris constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza, es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM en reiterados fallos, de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial, no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura del sumario administrativo para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la Dra. Andrea Díaz- Mat. 8180- guardia- Hospital Descentralizado, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el Art. 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88 de la Resolución N° 143-T, y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T. Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 0166/2026 del Director del Servicio Penitenciario que dispuso el pase a Revista Pasiva de la Suboficial Ayudante Gisela Tania Janet Feris, siendo esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Conforme a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, los vicios que acusa la recurrente no resultan verosímiles como lo requiere el dispositivo legal precitado. Y asimismo cabe tener presente el régimen legal de las impugnaciones de actos administrativos en sede judicial, que en el caso de cesantías o exoneraciones de agentes estatales deniega expresamente la suspensión de su ejecución (Art. 24 Inc. b) de la Ley N° 3918). En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, en contra de la Resolución N° S.P. 0082/26, de la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, del Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el el Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el el Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, al no configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003. Artículo 4° -  Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa, prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1743 MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02219847-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. SILVIA PATRICIA DIAZ, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 0045/2026-SP emitida por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 28 de enero de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, dictada por la Dirección General del Servicio Penitenciario el día 18 de febrero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03391626- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 49), caratulado: “IGS C/ DIAZ, SILVIA PATRICIA – SUMARIO-”, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 0045/2026-SP, mediante la cual aplicó a la agente penitenciaria Silvia Patricia DIAZ, una sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial determinarse que con su accionar infringió el Régimen Disciplinario Penitenciario -Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493, Arts. 10, 88, y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1), de la Resolución N° 143-T/15-; Que en orden 57 del expediente EX-2024-03391626- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, por la cual el Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a Revista Pasiva por el término de cincuenta (50) días, de la Suboficial Subayudante S.C.S. Silvia Patricia DIAZ, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493; Que la recurrente se agravia alegando la omisión de notificación a la defensa técnica. Sostiene la vulneración del principio de legalidad, bajo el argumento de que la sanción de exoneración no se encuentra prevista en el Art. 35 de la Ley N° 7493, sumado a la falta de correspondencia entre la sanción y las faltas imputadas. Asimismo, manifiesta la violación de los principios de verdad material, pro homine e in dubio pro administrado, destacando la inexistencia de dolo. Refiere, además, la transgresión a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, congruencia, defensa en juicio e igualdad. Finalmente, expone la configuración de un grave defecto de motivación, desviación de poder y exceso en la discrecionalidad sancionatoria, peticionando la nulidad de la Resolución N° 0171/2026 que dispuso su pase a Revista Pasiva; Que en orden 09, la Asesoría Legal de la Dirección General del Servicio Penitenciario realiza un análisis jurídico del recurso incoado y dictamina: “(…) 1. Supuestos vicios del procedimiento – nulidad- El planteo carece de sustento. La doctrina administrativa es uniforme, no existe nulidad sin perjuicio concreto, actual y acreditado. En autos el procedimiento fue regularmente instruido, intervino autoridad competente, se garantizó el derecho de defensa, se produjo prueba suficiente. No se verifica vicio esencial alguno. El agravio se limita a una mera discrepancia con el resultado del procedimiento. 2. Errónea valoración de la prueba. Se intenta cuestionar la apreciación administrativa. Sin embargo la valoración de la prueba goza de presunción de legitimidad y razonabilidad, y sólo cede ante error manifiesto o arbitrariedad. (Mairal: control limitado a supuestos de irracionalidad evidente). En el caso: la inconsistencia del certificado médico, el desconocimiento de su autoría, y la concordancia de informes administrativos, configuran un plexo probatorio sólido. El recurso no aporta prueba nueva ni logra desvirtuar las conclusiones alcanzadas. 3. Inexistencia de responsabilidad – invocación de buena fe. La alegación de buena fe resulta insuficiente. La doctrina sostiene que la responsabilidad administrativa no se excluye por la sola invocación subjetiva de buena fe, cuando existe infracción objetiva al deber funcional. Debe recordarse que el personal penitenciario se encuentra sometido a un estándar de conducta reforzado. La irregularidad verificada es objetiva, fue acreditada, y no ha sido eficazmente controvertida. 4. Desproporción de la sanción. El agravio no prospera. La sanción se encuentra prevista normativamente, guarda relación con la gravedad del hecho y responde al impacto institucional de la conducta. Gordillo señala que el control de proporcionalidad no habilita a sustituir el criterio administrativo salvo manifiesta irracionabilidad. En el caso, la medida es adecuada, necesaria y razonable. 5. Violación de garantías constitucionales. El planteo es meramente declarativo. No se verifica indefensión material, ausencia de prueba, ni arbitrariedad. Por el contrario el procedimiento respetó el debido proceso, la decisión se encuentra fundada y la prueba es consistente. No existe vulneración de garantías. 6. Cuestionamiento del pase a revista pasiva. La medida constituye consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Su existencia fue corroborada mediante Sistema ABM, módulos institucionales, notificación electrónica oficial. No presenta vicio alguno. IV. MOTIVACIÓN SUFICIENTE DEL ACTO. Los actos impugnados cumplen plenamente con el estándar de motivación suficiente. Esto implica exposición clara de los hechos, valoración razonada de la prueba, encuadre normativo adecuado, decisión fundada. La motivación permite comprender el razonamiento administrativo y excluye toda tacha de arbitrariedad. V. AUTOTUTELA Y PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD. La Administración ha actuado dentro de su competencia, en ejercicio de potestades propias, con presunción de legitimidad. (Mairal: el acto administrativo se presume válido hasta prueba en contrario). La recurrente no logra desvirtuar dicha presunción. VI. LÍMITES DEL CONTROL Y PRECLUSIÓN. Ni el recurso jerárquico ni un eventual control ulterior habilitan la revisión integral del mérito, sustitución del criterio administrativo, ni reapertura irrestricta de la prueba. Asimismo, la carga de demostrar la invalidez del acto recae en quien lo impugna. En el caso, dicha carga no ha sido cumplida. VII. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA EJECUTORIEDAD DEL ACTO. Debe dejarse expresamente establecido que el acto administrativo impugnado goza de ejecutoriedad propia, responde a un interés público específico vinculado al orden y disciplina del servicio y se encuentra sustentado en un procedimiento regular y en prueba suficiente. En este marco no se advierte la configuración de circunstancias excepcionales que justifiquen Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial alterar su ejecución. No se verifica perjuicio irreparable, ilegitimidad manifiesta ni verosimilitud suficiente en el derecho invocado. La pretensión recursiva no supera el estándar mínimo requerido para enervar los efectos del acto. VIII. CONCLUSIÓN. El recurso no introduce elementos nuevos relevantes, no desvirtúa la prueba, no acredita vicio alguno y no demuestra ilegitimidad. Se trata de una mera disconformidad subjetiva con el resultado del procedimiento. DICTAMEN Por todo lo expuesto, esta Dirección Legal y Técnica: I. Tiene por formalmente admisible el recurso jerárquico interpuesto. II. Aconseja su RECHAZO TOTAL desde la faz sustancial en todos sus términos. III. Propicia la confirmación íntegra de la Resolución N° 0045/2026-SP y la Resolución D.G.S.P. N° 0171/2026.- IV. Deja expresa constancia de la suficiencia de motivación del acto, la regularidad del procedimiento, la razonabilidad de la sanción, la validez de las notificaciones (incluida la electrónica institucional) y la inexistencia de vicios invalidantes, todo ello a los fines de su eventual revisión en sede judicial…”; Que en orden 20, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N° 9003…”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003, dispone “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo de la recurrente, ya que de la simple lectura de la Resolución  N° 0045/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de adecuación de la sanción impuesta, en cuanto provee la sujeción a la exoneración dependiendo de las resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de la suboficial Díaz constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura de sumario administrativo para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la “Dra. Andrea Díaz -Mat. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 8180- guardia- Hospital Descentralizado”, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el Art. 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10) y 88) de la Resolución N° 143-T y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T. Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta  coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión, cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 171/2026 del Director del Servicio Penitenciario, que dispuso el pase a Revista Pasiva de la Suboficial Ayudante Díaz Silvia Patricia. Siendo esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Por último, tampoco corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada, ya que no se configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003. En base a lo expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido…”; Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección Legal y Técnica del Servicio Penitenciario de Mendoza en orden 09, y por Asesoría de Gobierno en orden 20, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, en contra de la Resolución N° 0045/2026-SP emitida por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, dictada por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por los motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, al no configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003. Artículo 4° -  Notifíquese a la recurrente, a fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley N° 9003, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la instancia administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, a interponer en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el presente recurso. Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1744 MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02268232-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. JORGE HÉCTOR RODRÍGUEZ MARAVILLA, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución S.P. Nº 0051/26 de fecha 30 de enero Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0153/26 de fecha 06 de febrero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03381064- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 54), caratulado: “SUMARIO”, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución S.P. N° 0051/26, mediante la cual aplicó al recurrente, la sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al determinarse que con su accionar infringió el Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493, y los Arts. 10 y 88, y su agravante Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15; Que en orden 61 del expediente EX-2024-03381064- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N° 0153/26, por la cual el Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a Revista Pasiva por el término de cincuenta (50) días del SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. JORGE HÉCTOR RODRÍGUEZ MARAVILLA, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493. En orden 84 obra Resolución N° 1457-SyJ/26, de fecha 09 de abril de 2026, por la cual el Ministerio de Seguridad y Justicia ratificó el pase a Revista Pasiva del administrado; Que se agravia el recurrente, sintéticamente, al considerar que el acto administrativo que impugna, viola derechos y garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio, como así también principios consagrados en la Ley N° 9003. Además alega vicios de procedimiento, errónea valoración de la prueba y falta de motivación del acto, peticiona también la nulidad de la Resolución N° 153/2026 del Director del Servicio Penitenciario, que dispuso su pase a Revista Pasiva; Que en orden 17, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley 9.003.”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´”. (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley 9003 dispone que “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo del recurrente, ya que de la simple lectura de la Resolución N° 0051/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de adecuación de la sanción impuesta, en cuanto prevé la sujeción a la exoneración dependiendo de las resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar del agente penitenciario constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312- Fs.219). Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley 7493: "La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura del sumario administrativo para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la “Dra. Andrea Díaz- Mat. 8180- guardia- Hospital Descentralizado”, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el artículo 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley 7493; Art. 10) y 88) de la Resolución 143-T y sus agravantes, articulo 198, Inc. 1) de la Resolución 143- T. Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión, cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 153/2026 del Director del Servicio Penitenciario, que dispuso el pase a Revista Pasiva del Suboficial Rodríguez Maravilla, siendo esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Por último, tampoco corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada por el recurrente, ya que no se configuran ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley 9003. En base a lo expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 17, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, en contra de la Resolución Nº 0051/2026-SP de la Honorable Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0153/2026 de la Dirección General del Servicio Penitenciario, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0153/2026, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, al no configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003. Artículo 4° -   Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve el presente Recurso Jerárquico, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa. Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Decreto N°: 1745 MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-01257890-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el ex Auxiliar -Personal Policial- GABRIEL FRANCO SEGUEL AGUILERA, interpone nulidad administrativa contra el Decreto N° 138/26, de fecha 29 de enero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo EX-2021-07275263- -GDEMZA-IGS#MSEG, caratulado: “SUMARIO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° 839/2021”, el entonces Ministerio de Seguridad emitió la Resolución N° 2614-S/22, de fecha 17 de agosto del año 2022, mediante la cual aplicó al ex funcionario policial SEGUEL AGUILERA, la sanción expulsiva de cesantía sujeta a exoneración, por la comisión de la falta prevista en el Art. 100 Inc. 1), en función con los Arts. 8 primera parte y 43 Inc. 3), agravado por el Art. 88 Incs. 3), 8), 11) y 12) de la Ley N° 6722 y sus modificatorias;  Que el administrado presentó Recurso de Revocatoria en contra de la Resolución N° 2614-S/22, el cual fue rechazado sustancialmente mediante Resolución N° 2061-SyJ/24 del Ministerio de Seguridad y Justicia, dictada el día 02 de julio del año 2024;  Que bajo el expediente N° EX-2025-02879755- -GDEMZA-CCC, el administrado dedujo Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 2061-SyJ/24. Que en orden 32 de las referidas actuaciones, obra Decreto N° 138/26, por el cual se admitió desde el aspecto formal y se rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por SEGUEL AGUILERA contra la Resolución N° 2061-SyJ/24; Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis jurídico del escrito presentado y dictamina: “…De la compulsa de las actuaciones administrativas EX-2021-07275263- -GDEMZA-IGS#MSEG, EX-2022- 06364451- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG y EX-2025-02879755- -GDEMZA-CCC, surge que el Decreto cuestionado, fue notificado en fecha 04/02/2026, informando al recurrente, que el Decreto N° 138/26 cierra la etapa administrativa, pudiendo ser impugnado mediante la Acción Procesal Administrativa (Art. 20 de la Ley N° 3918). Por lo que la vía administrativa se encuentra agotada, y los actos administrativos precedentes han quedado firmes. Pretender la revisión de actos administrativos firmes, resulta inadmisible. Por las razones expuestas, corresponde desestimar formalmente el planteo de nulidad….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Desestímese formalmente, el planteo de nulidad interpuesto por el ex Auxiliar -Personal Policial- SEGUEL AGUILERA, GABRIEL FRANCO, D.N.I. N° 35.513.656, en contra del Decreto N° 138/26, de fecha 29 de enero de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - A fin de dar cumplimiento con el artículo 150 de la Ley N° 9003, se hace constar que habiendo sido desestimados los recursos precedentes y la nulidad en trato, el acto por esta vía cuestionado, se encuentra firme, por lo que el acto que resuelve la presente, no resulta impugnable ni cuestionable por el procedimiento establecido en la Ley N° 3918. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES Decreto N°: 1362 MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2026 Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Visto el expediente EX-2026-01591494--GDEMZA-SEGE#MSDSYD, en el cual se solicita la exclusión de la tutela sindical del agente MARIO ALDO CORTEZ; y CONSIDERANDO: Que atento a las constancias de la presente pieza administrativa, se observa que el agente Cortez cumple con los requisitos legales para acceder a la jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24.241 y Art. 32 de la Ley Nº 6921 y su modificatoria Ley Nº 8880; Que conforme surge de la certificación de servicios obrante en orden 6, el agente Cortez registra fecha de ingreso desde el día 10/05/1988, continuando en funciones hasta la actualidad, contando al 31/12/2025 con una antigüedad total en el Ministerio de Salud y Deportes de 37 años, 7 meses y 21 días. Asimismo, de la referida certificación surge la fecha de nacimiento del agente 21/02/1961, por lo que reúne los requisitos legales de edad y años de servicios exigidos para acceder al beneficio jubilatorio. Por otra parte, se informa que no registra antecedentes disciplinarios ni  instrucción sumarial pendiente. Sin perjuicio de ello, se advierte que el agente ostenta representación gremial, revistiendo el carácter de: Congresal Titular FATSA y Delegado Regional La Paz ATSA – período 2015/2019. • Delegado Regional ATSA – período 2023/2027; Que la calidad de representante gremial, no  obsta a que el agente se encuentre comprendido en la obligación establecida en el Art. 32 de la Ley Nº 6921, pues se trata de una disposición de carácter general que de ninguna manera obstaculiza el libre ejercicio de la función sindical;  Que de la misma manera lo ha entendido la jurisprudencia, al expedirse sobre la operatividad del Art. 252 de la  Ley de Contrato de Trabajo, que resulta ser completamente análoga a la  previamente reseñada: “…la existencia de representación sindical no implica la derogatoria del Artículo 252 de la L.C.T. Ello es así, porque aunque el trabajador goce de tutela sindical, no implica que le confiera al contrato de trabajo ultractividad, fundamentalmente porque  el modo normal de culminación de la relación es el ingreso a la pasividad, como lo especifica el Art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo”; Que la jurisprudencia ha establecido que es necesario, previo a realizar la intimación prevista en la norma citada, obtener sentencia judicial que disponga la exclusión de la tutela sindical en los términos de la Ley Nº 23.551, Art. 52. Así se ha dicho que: “…en razón de lo expuesto, previo al envío de la intimación efectuada, debió deducirse la acción de exclusión de tutela sindical, con anterioridad a su incorporación en el Anexo II de la Disposición Nº 700/05 GRH, notificada por telegrama Nº 36.808, el 23 de setiembre de 2005. Si bien la empleadora puede peticionar la exclusión de tutela sindical para promover el acceso a la pasividad de un trabajador con tutela sindical, debe obtener la autorización judicial para implementar todo el sistema desde la intimación misma”; Por ello, en razón de lo solicitado y lo  dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 14 del expediente de referencia, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº 23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se consigna: Dn. MARIO ALDO CORTEZ, DNI Nº 14.395.953, CUIL Nº 20-14395953-9, Clase 013 – Cód. Esc. 15-1-03-06 - Carácter 1 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 18 – Hospital Arturo Illia. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Decreto N°: 1455 MENDOZA, 24 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-08903595- -GDEMZA-CCC en tramitación conjunta con expediente EX-2025- 02451986—GDEMZA-HELSAUCE#MSDSYD en el cual la Lic. ANDREA CELESTE IVANI, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 244/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Lic. Ivani en contra de la Resolución N° 210/25, del mismo ente emisor, mediante la cual se aplicó a la mencionada profesional la sanción de suspensión por reiterados incumplimientos en sus deberes y obligaciones; Que de las actuaciones obrantes en el EX-2025-02451986—GDEMZA-HELSAUCE#MSDSYD surge que en orden 16 rola Disposición Interna N° 1/25 mediante el cual el Comité de Docencia e Investigación dispuso aplicar a la Lic. Ivani 30 días de suspensión por incumplimientos de horario y ausencia sin justificación a una guardia programada. Dicho acto fue recurrido por la profesional y resuelto  según  la  Resolución  N° 196/25 del Director Ejecutivo del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, estableciendo 07 días de suspensión y descuento de haberes. En orden 44 se sugiere subsanación de la Resolución N° 196/25 por adolecer de errores materiales. Obra en orden 47 la Resolución N° 210/25 que dispone dejar sin efecto la Resolución N° 196/25 y rechazar el recurso interpuesto por la profesional. En orden 51 la recurrente interpone recurso de revocatoria en contra de la Resolución N° 196/25 argumentando que posee vicio grosero y no establece de forma clara a partir de cuándo se aplica la suspensión y en orden 52 presenta recurso en contra de la Resolución N° 210/25 exponiendo que la misma se basa en una serie de presupuestos que carecen de validez. El  recurso es rechazado   mediante   Resolución  N° 244/25, dando origen al recurso de alzada en tratamiento;  Que si bien la Ley de Residencias N° 7857 establece que la Dirección del Hospital es la última instancia administrativa, el acto impugnado mencionó erróneamente el Recurso de Alzada como vía disponible. Por lo tanto, en virtud del principio de informalismo y para no perjudicar a la administrada por un error de la Administración, el recurso de referencia debe ser admitido formalmente; Que según el Artículo 185 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003 el recurso de alzada sólo procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro objeto que el control de la legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, pero no modificarla, reformarla o sustituirla; Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de acuerdo a al Artículo 29 de la Ley Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para determinar si tales críticas son suficientes para enervar la Resolución recurrida; Que la recurrente manifiesta la existencia de vicios de nulidad en la notificación de la sanción aplicada, violación al principio de legalidad y al derecho de defensa, además plantea la falta de motivación suficiente; Que con relación al objeto, los requisitos de la Ley Nº 9003 son: que no esté prohibido por el orden normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso u oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser considerado viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda; Que en igual calificación cae el objeto que presenta discordancia entre la situación de hecho reglada por la norma y la solución legal aplicable. Es decir, debe haber concordancia de modo que, dándose tal hecho, debe aplicarse la consecuencia prevista en la norma y no otra. Por otra parte, el objeto no puede ser impreciso u oscuro; sino que debe ser cierto, determinado o determinable y claro. Debe expresar de qué especie de acto se trata, a qué personas afecta y en qué tiempo y lugar habrán de producirse sus efectos jurídicos. Por ende, el objeto no puede ser absurdo o imposible fácticamente; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en  el  dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente”; Que en este contexto, los Arts. 38 y 39 de la Ley Nº 9003, con fundamento en el Art. 28 de la Constitución Nacional, refieren al vicio de arbitrariedad administrativa, recordando que “la arbitrariedad tiene su antítesis en la razonabilidad, que tiene su base en el Art. 28 de la Constitución Nacional. Toda la actividad del Estado, también la administrativa, debe ser razonable y lo no razonable excede lo justo. Toda la actividad de la Administración debe ser razonable y sólo así producirá efectos jurídicos válidos” y que “La arbitrariedad en el acto administrativo se presenta cuando el decisorio se halla desprovisto de todo apoyo legal y fundado tan sólo en la voluntad de los que resuelven, o cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso y cuando se prescinde de prueba fehaciente regularmente traída al juicio se hace remisión a las que no constan en él”; Que  se  advierte  que  la Resolución    N° 244/25 fue emitida por el Director del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce” en ejercicio de la competencia que por Ley N° 7857 le corresponde, por lo tanto no se controvierte en el caso la competencia del órgano para resolver el reclamo, de manera que el acto administrativo es válido y legítimo; Que en cuanto al planteo de nulidad de la notificación que rola en órdenes 17 y 22 del expediente asociado se observa que se dio a conocer a la Lic. Ivani lo resuelto por el Comité, en reunión que fue documentada mediante Acta del 3/04/25, en la cual se manifiesta expresamente que se notifica a la residente y se le otorga el plazo para ejercer su defensa; Que aún cuando la notificación no cumpla estrictamente con los recaudos del Artículo 150 de la Ley N° 9003, la consecuencia no es su nulidad, ya que cualquier defecto formal quedó saneado al efectuar el descargo que obra en orden 10 de fecha 9/04/25. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 153 de la misma normativa en caso de notificación irregular, si del expediente resultare que la parte interesada ha tenido conocimiento del acto que la motivó, la notificación surtirá efectos desde entonces. En el caso al momento de presentar el descargo y deducir recurso la Licenciada tomó conocimiento del contenido del acto impugnado; Que por lo tanto se observa que no se ha configurado vulneración del derecho de defensa, toda vez que en cada instancia se le concedió vista y plazos para la presentación de descargos y recursos, los cuales fueron oportunamente ejercidos y suscriptos por la profesional interviniente; Que en cuanto a la motivación que sustenta el rechazo de la pretensión, la misma se encuentra debidamente fundada en las circunstancias de hecho y la legislación que determina la aplicación de sanciones ante las inconductas de los residentes (Art. 48 y cc Ley N° 7857), habiendo consignado adecuadamente, dentro de los considerandos, todos los antecedentes en los que se funda la sanción; Que en consecuencia, al no verificarse vicios en el objeto, la causa o la motivación, y habiéndose respetado el régimen disciplinario de la Ley N° 7857, tanto el acto administrativo que dispuso la aplicación de la sanción de suspensión, como la resolución que rechazó el recurso de revocatoria, resultan legítimos; Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 11 y por Asesoría de Gobierno en orden 16 del expediente EX-2025-08903595- - GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial DECRETA: Artículo 1º- Aceptar formalmente y rechazar sustancialmente el Recurso  de  Alzada  interpuesto  por  la  Lic.  ANDREA CELESTE IVANI,  DNI Nº 31.734.362, CUIL Nº 27-31734362-6, en  contra de  la  Resolución  Nº 244/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, conforme lo expuesto en los considerandos del presente decreto.  Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1463 MENDOZA,24 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-07694630--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2025-04869999-GDEMZA-CCC en el cual el    Lic. CRISTIAN JAIME ARROYO QUIROGA interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 2739/25 del Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el Lic. Arroyo Quiroga en contra del dictamen de la Instrucción Sumarial (orden 51 del expediente EX-2023-06752804- GDEMZASEGE#MSDSYD) que consideró improcedente el planteo de caducidad de las actuaciones disciplinarias interpuesto por el agente en el orden 49 del mencionado expediente; Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que la Resolución Nº 2739/25 del Ministerio de Salud y Deportes que rechazó la Revocatoria en contra del dictamen de la Instrucción por tratarse éste de un acto de carácter preparatorio, lo cual se ajusta a la expresa previsión del Art. 95 del Convenio Colectivo de Trabajo de los Profesionales de la Salud homologado por Ley Nº 7759, que restringe la procedencia del recurso de Revocatoria sólo al objeto de impugnar el acto administrativo sancionatorio. Es decir, no resulta viable tal vía recursiva contra las consideraciones efectuadas por el Instructor en el marco del sumario, en forma previa al acto administrativo sancionatorio dictado por la autoridad competente a tal fin. En tal sentido, la impugnación contra lo actuado por el Instructor resulta improcedente en sí misma, desde que sus conclusiones y dictámenes no son actos administrativos y su naturaleza jurídica es netamente consultiva, es decir actividad administrativa dirigida a ilustrar con sus pareceres, opiniones e interpretaciones a los órganos activos sobre actos que deben dictar en ejercicio de sus funciones; Que al respecto se sostiene: “En rigor, los dictámenes jurídicos no son actos administrativos, sino actos internos de la Administración, en la medida que no producen efectos jurídicos directos a los particulares, siendo opiniones no vinculantes que colaboran para que el funcionario pertinente decida conforme a derecho. Tal actividad consultiva, que se materializa por medio de la producción de dictámenes, importa una actividad preparatoria interna de la Administración, en cuya labor no entra en relación con terceros… Por tal motivo, los dictámenes no son objeto de impugnación, ni aún aquéllos que fueren notificados al particular, salvo en el caso de que conformen el acto decisorio y a tal fin sean adjuntados. Pero en definitiva, allí se estaría impugnando el acto administrativo que hace suyo al dictamen, y decide la cuestión remitiéndose a sus fundamentos”; Que más allá de ello, resulta dirimente advertir que el planteo de caducidad incoado resulta ostensiblemente improcedente por cuanto no convergen los presupuestos de tal instituto; Que el Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud (homologado por Decreto N° 1630/07 y ratificado por Ley Nº 7759) establece en su Art. 94: “Los sumarios administrativos previstos en el presente convenio caducarán cuando transcurran seis meses sin que se produzca acto útil, conforme lo establece el Art. 25 del Decreto Nº 821/85”. Por su parte, el Art. 25 Decreto Nº 821/85 dispone: “Los sumarios Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial administrativos previstos en el Artículo 34° de la Ley N° 4872, caducarán cuando transcurran seis (6) meses sin que se produzca acto útil”; Que el procedimiento disciplinario que nos ocupa no ha sufrido ningún período de inactividad útil que se prolongue a seis meses. A los fines de fundamentar tal conclusión, es necesario efectuar una síntesis cronológica de las actuaciones sumariales EX-2023-06752804-GDEMZASEGE#MSDSYD: En el orden 40 glosa la Resolución    Nº 1191 de fecha 17/7/2024, por la cual se ordenó la instrucción de sumario disciplinario a fin de determinar la posible responsabilidad del Lic. Arroyo Quiroga, quien presentó en fecha 4 de Septiembre de 2023 un certificado médico con membrete del Hospital “Alfredo Metraux” indicando reposo por 24 hs. por lumbociatalgía, firmado y sellado por el Dr. Armando Bermejo, Mat. Prof. N° 3748, Médico Endocrinólogo – Diabetes. Que dicho profesional falleció en Febrero de 2019 y nunca cumplió funciones en el citado hospital, y que en consecuencia el Lic. Arroyo Quiroga habría incurrido prima facie en una conducta reprochable según las previsiones de los Arts. 69 y 70 de la Ley Nº 7759. En fecha 10/10/2024 se notificó la iniciación del sumario a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) (orden 43), que en fecha 14/10/2024 designó veedor (orden 44). El día 27/3/2025 se citó al sumariado para indagatoria (orden 46), audiencia que se llevó a cabo el 10/4/2025 (orden 48) y en la cual se le notificó en forma precisa, detallada y circunstanciada la plataforma fáctica endilgada como así también su subsunción jurídica (orden 47). En el orden 49 el sumariado plantea la caducidad del sumario y en subsidio presenta descargo. En el orden 51 y con fecha 13/6/2025 la Instructora considera “que dicho planteo debe ser rechazado desde que, en primer lugar debe hacerse la aclaración de que el plazo de caducidad al que hace referencia el Art. 94 de la Ley Nº 7759, es dentro de la instrucción del sumario administrativo, es decir desde la Resolución por medio de la cual se instruye sumario administrativo, en este caso desde la Resolución N° 1191/24 del Ministerio de Salud y Deportes; luego de dicha Resolución se efectúan actos útiles tendientes a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del sumariado, entre ellas avoque de la instrucción, notificaciones pertinentes, imputación e indagatoria, no habiéndose excedido entre dichos actos de aquel plazo procesal”; Que efectuada la precedente síntesis, en cuanto a la caducidad de instancia, Asesoría de Gobierno coincide plenamente con lo expresado por la Instructora en el orden 51. Dicha forma de terminación anormal y excepcional del sumario prevista por el Art. 94 de la Ley Nº 7759 se verifica ante la inactividad procedimental por un término de seis (6) meses, situación que no aconteció en el proceso disciplinario en análisis, conforme se constata con la simple observación de la sintética cronología efectuada ut supra;  Que se advierte que el Lic. Arroyo Quiroga argumenta que el sumario se ordenó el 17/7/2024 por un supuesto hecho ocurrido el 4/9/2023, habiendo transcurrido más de 10 meses desde el supuesto hecho. Pero claramente y tal como lo señaló la Instructora, el plazo de caducidad al que hace referencia el Art. 94 de la Ley Nº 7759 sólo puede comenzar a computarse desde el acto administrativo, en el caso, la Resolución Nº 1191/24 del Ministerio de Salud y Deportes que dispuso la instrucción del sumario administrativo; Que conceptualmente, la finalización anómala del procedimiento disciplinario por caducidad sólo puede acaecer desde el inicio del sumario mediante la resolución que ordena su instrucción, hasta su culminación natural por acto administrativo que disponga una sanción o el sobreseimiento. La pretensión del Lic.  Arroyo Quiroga de computar el tiempo transcurrido entre el hecho investigado y la resolución que dispuso la instrucción de sumario es inadmisible, en tanto confunde el concepto de caducidad del sumario con el de prescripción de la acción disciplinaria; Por ello, en razón de lo solicitado y lo  dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 9 y por Asesoría de Gobierno en orden 14 del expediente EX-2025- 07694630--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por el Lic. CRISTIAN JAIME ARROYO QUIROGA, DNI Nº 33.972.931, CUIL Nº 20-33972931-0, en contra de la Resolución Nº 2739/25 del Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al  Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1464 MENDOZA, 24 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2023-01546246--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2022-05639073—GDEMZA-CCC en el cual el Dr. JOSE ALEJANDRO LAROCCA interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 70/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el Dr. Larocca en contra de la Resolución Nº 1347/22, del mismo ente emisor, por la cual se lo suspendió en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses; Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que se agravia el recurrente postulando que tanto el acto administrativo originario mediante el cual se aplicó la sanción (Resolución Nº 1347/22 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes), como el acto que rechazó la Revocatoria (Resolución Nº 70/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes) se encuentran viciados. En tal sentido, postula esencialmente la arbitrariedad (Art. 39 Ley Nº 9003) de lo resuelto, por falta de acreditación de su responsabilidad en el hecho. Por último, invoca que hay en la sanción impuesta un exceso de punición, puntualmente por falta de valoración la inexistencia de antecedentes disciplinarios en su legajo. Asimismo, solicita la suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido, de conformidad con lo previsto en los Arts. 83 y 186 inc. b) de la Ley Nº 9003; Que los primeros agravios evidentemente implican una discrepancia con la valoración probatoria efectuada y los hechos tenidos por ciertos como fundamento de la sanción. Pero esta mera discrepancia no determina que la resolución recurrida se encuentre viciada por falencias o carencias en orden a la derivación jurídica lógica de las conclusiones a las que arriba partiendo de las pruebas colectadas; Que A fs. 7/8 del expediente 6016-D-2017-77770 digitalizado en orden 12 del expediente asociado la Instructora Sumariante, tuvo presente los antecedentes constantes en el expediente 5879-D-2016-77770 caratulado "Sobre Investigación Clínica Santa Clara" en los cuales la Dirección de Maternidad e Infancia de la Provincia de Mendoza denunció irregularidades en dicha clínica, por el incumplimiento de la Resolución Nº 1843/04 cuyo Art. 8 determina que deberá informarse a la Dirección Provincial Materno Infantil de todo caso de muerte materna o caso grave producido en el ámbito de su dependencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Analizando las actuaciones se concluyó que ha quedado acreditado que el profesional médico Alejandro Larocca transgredió lo normado por la Ley Nº 2636. Sugiriendo la sanción de Suspensión por dos años en el ejercicio profesional; Que en consecuencia la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que se derivan de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto de la responsabilidad profesional que le cabe al Dr. Larocca; Que en cuanto a la desproporcionalidad de la sanción o exceso de punición invocado por el recurrente, corresponde tener presente que la sanción se enmarca en la escala prevista por la normativa regulatoria aplicable (Ley Nº 2636, Art. 35) y que una vez acreditada la falta es potestad de la autoridad competente valorar su gravedad a fin de graduar la sanción, dentro de la escala punitiva legal; Que en el presente caso, la determinación de la sanción se efectuó en consideración de la gravedad de la falta, consecuente de la reprochabilidad derivada de la importancia del deber cuyo cumplimiento omitió el Dr. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Larocca. Cabe agregar que la Instructora sumarial sugirió la sanción de dos (2) años de Suspensión, y la autoridad administrativa finalmente resolvió reducirla a seis (6) meses de Suspensión; Que el recurrente solicita suspensión del acto administrativo que impugna, al respecto la Ley Nº 9003 en su Artículo 83 reza: “La interposición de recursos o denuncias de ilegitimidad no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública. b) Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. c) Cuando la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños a terceros o al interés público. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida a los sesenta (60) días corridos de presentada la solicitud de suspensión, si la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma no hubiere notificado resolución expresa al respecto. Si, excepcionalmente fuere necesario producir prueba o recabar informes para resolver, la suspensión tácita operará una vez diligenciados y desde el vencimiento del plazo previsto en el Artículo 160 para el dictado de resoluciones incidentales; Que en función de lo expuesto, el planteo de suspensión de la ejecución del acto administrativo ha devenido en abstracto, más allá de que en el presente caso no se configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo para proceder a dicha suspensión; Que la sanción impuesta, al Dr. Larocca, por Resolución Nº 1347/22 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes ya se hizo efectiva. En tal orden de ideas, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Matriculaciones y Certificación de Firmas en orden 15: "Se registra comunicación de SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL por 6 (seis) meses DESDE 05/08/2022 HASTA 05/02/2023. La notificación de la mencionada Resolución se materializa en fecha 05/08/2022 mediante E-6016-D-17-77770"; Por ello, en razón de lo solicitado y lo  dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 21 y por Asesoría de Gobierno en orden 28 del expediente EX- 2023-01546246--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por el Dr. JOSE ALEJANDRO LAROCCA, DNI Nº 22.688.689, CUIL Nº 20-22688689-4, en contra de la Resolución Nº 70/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.    Articulo 2º- Rechácese el pedido de suspensión de la ejecución del acto, por haber devenido en abstracto, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 3º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al  Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1533 MENDOZA, 31 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-07155921--GDEMZA-GOBIERNO y su asociados EX-2025-06422563- GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD en el cual la agente STELLA MARIS SOTO interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 813/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis. C. Lagomaggiore”; y Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial CONSIDERANDO: Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 184 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que de las actuaciones surge que, con fecha 18/7/2024 la recurrente fue notificada de la baja de su Contrato de Locación de Servicios, en razón del informe de desempeño efectuado por la Jefa de Sección de Clínica Médica del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, señalando en el acto su disconformidad; Que en su libelo recursivo la recurrente señala que fue contratada el 15 de abril de 2020 como enfermera en el Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, desempeñándose en distintos servicios por un lapso de más de cuatro años, sin queja alguna ni sanción. Sostiene que repentinamente, sin oportunidad de defensa alguna se presenta un informe de fecha 4/7/2024, lapidario y falso, que le atribuye falta de destreza, dispersión, falta de concentración y predisposición; Que la Resolución impugnada consideró que la Jefa de Sección de Clínica Médica del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, haciendo una valoración de desempeño de distintos ítems, concluyó que la recurrente no cumple con las normativas del servicio a pesar de su larga estadía en Clínica Médica y que no da el perfil para lo requerido, entorpeciendo el trabajo del equipo de salud. Estimó que si bien la notificación del 18/7/2024 se trató de un acto de mero trámite, resulta susceptible del recurso de revocatoria. Sostiene que, ante el incumplimiento en la correcta prestación de servicios, por aplicación de las Resoluciones de Directorio Nros. 27/05 y 533/11 del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, éste se encuentra facultado para no renovar la contratación. Expresa además que la indemnización solicitada en base a la Ley Nº 25.164 no resulta aplicable, no existiendo analogía en el ámbito provincial; Que “El recurso de alzada, sólo procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro objeto que el control de la legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, pero no modificarla, reformarla o sustituirla.”, tal como lo indica el Art. 185 de la Ley Nº 9003; Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de acuerdo al Artículo 29 de la Ley  Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.”;  Que la recurrente acusa vicio de la voluntad previa en la emisión del acto según Art. 60 inc. a) y b) y Art. 61 de la Ley Nº 9003, vicio en la forma por errónea valoración de las pruebas y falta de motivación y arbitrariedad; Que la situación planteada no se origina en un procedimiento sancionatorio sino en un informe de evaluación de desempeño y capacitación, realizado por la Jefatura de Sección donde prestaba servicios la recurrente; Que en la evaluación se tuvieron en cuenta distintos aspectos, recibiendo valoraciones positivas en algunos de ellos y negativas en otros. Con base a tales valoraciones la Jefatura concluyó en que la prestadora no cumplía con las normativas del servicio “a pesar de su larga estadía en Clínica Médica, no da el perfil para lo requerido en el servicio, entorpeciendo el trabajo del equipo de salud, poniéndola a disposición para salvaguardar la salud e integridad de los pacientes”, sugiriendo el cambio de servicio a uno de menor complejidad; Que sin perjuicio de que la evaluación de desempeño no se encuentra regulada para los prestadores de servicio bajo la modalidad de locación o PPMI, su práctica corresponde al lógico ejercicio de la facultad de dirección y organización de los servicios destinado a alinear el trabajo individual con las metas de la organización. De tal forma que, no se inscribe en el marco de un procedimiento disciplinario, sino en la valoración del rendimiento, a diferencia de éste último que se encamina a investigar una falta disciplinaria. Es en definitiva una herramienta de gestión. En tal contexto, el informe desfavorable no implica la imputación de una falta susceptible de sanción; Que aclarado ello, es menester recordar que a diferencia de la relación de empleo público sujeta al régimen de la Ley Nº 7897, que comprende al personal de planta, la contratación mediante locación de servicios, incluidas las denominadas Prestaciones Indispensables, no otorga derecho a la estabilidad al prestador, pudiendo extinguirse la contratación por rescisión contractual o por vencimiento del término del contrato. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Tales condiciones son puestas en conocimiento del contratante y aceptadas por éste en su oportunidad, junto a las cláusulas que componen las reglas aplicables a la relación; Que es decir que, si en ejercicio de la facultad de dirección y organización, el efector realizó una evaluación de desempeño que arrojó resultados desfavorables para la contratada, efectuados los análisis pertinentes pudo resolver rescindir la contratación. Dicho proceso no es análogo al disciplinario como pretende la interesada, por lo que no requiere la presentación de defensa y alegatos, sin perjuicio de su derecho a reclamar como lo ha hecho mediante el recurso de revocatoria por no consentir la causa invocada para la baja dispuesta; Que asimismo, debe considerarse que, en ocasión de tramitarse el mentado recurso, la recurrente tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa y aportar pruebas, las cuales se sustanciaron conforme a la diligencia que la misma desplegó para su producción. Así, se advierte que propuso dos testigos, habiéndose reprogramado una de las audiencias a solicitud del letrado de la recurrente y fracasando la segunda de ellas ante la incomparencia de la testigo y de la interesada, sin que se hubiera solicitado nueva fecha ni invocado causa alguna de la circunstancia; Que se hace notar que el recurso de revocatoria fue presentado un año después de producida la extinción de la relación contractual, sin perjuicio de lo cual el efector le dio trámite y con ello oportunidad a la recurrente de esgrimir sus argumentos; Que en definitiva, no se advierte que exista en la Resolución impugnada vicio en la voluntad al momento de emitir el acto ni en forma previa a ello; Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente.”; Que el agravio de la recurrente respecto al error en la valoración de la prueba y la falta de motivación, en definitiva, se traduce en una discrepancia con la valoración efectuada que no invalida la decisión adoptada. El acto recurrido ha efectuado la merituación de los extremos sujetos a su consideración y valorándolos se ha pronunciado, dando fundamento a la decisión como se desprende de los argumentos vertidos en su motivación. En virtud de ello, no se evidencia falta de motivación o motivación insuficiente como pretende la recurrente; Que finalmente, respecto del rechazo de la indemnización peticionada en subsidio con sustento en el Art. 11 de la Ley Nacional Nº 25.164, acertadamente la Resolución impugnada expresa que ésta sólo es aplicable en el ámbito de la Administración Pública Nacional, no existiendo norma análoga en el ámbito Provincial; Que en el fallo “Ramos”, se recordó que en el precedente "Gil", la CSJN sostuvo que el voluntario sometimiento a un régimen, sin reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior y se dijo que la procedencia de la demanda no se fundaba primordialmente “en el cuestionamiento del régimen aprobado por el Decreto Nº 4381/73, sino en el incumplimiento de los límites temporales en él establecidos y la consiguiente obligación de responder que cabe al trasgresor, en el caso, el Estado Nacional.” Debe recordarse que en “Ramos”, el actor llevaba 21 años bajo la modalidad de locación de servicios y que el decreto mencionado establecía un máximo de cinco años para tal tipo de contrataciones; Que es oportuno decir que la locación de servicios no otorga un derecho a la incorporación a la planta de personal, puesto que el principio general en materia de empleo público es que el ingreso a la planta del Estado requiere la realización de un concurso de selección, a fin de cumplir con la manda constitucional que requiere la idoneidad como requisito para tal desempeño. Dicho recaudo, se encuentra previsto tanto en el Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial escalafón general como en los particulares y ha sido también reconocido en los distintos Convenios Colectivos celebrados desde la vigencia del Decreto N° 955/04. La Ley N° 5465, no es la excepción y así al dar tratamiento a cada Agrupamiento determina tal condición de ingreso; Que idéntico criterio mantiene el CCT del sector ratificado por Ley N° 7897; Que a su vez, no existe norma vigente que reconozca indemnización por extinción del contrato de locación o Prestación Indispensable, encontrándose la Administración constreñida a resolver conforme a las leyes aplicables, con lo cual, el acto administrativo cuestionado resulta ajustado a derecho respecto de la pretendida indemnización; Que habida cuenta de lo analizado, la Resolución impugnada ha sido dictada por la autoridad legalmente designada en ejercicio y de acuerdo con las constancias de las actuaciones, la interesada ha tenido oportunidad de presentar su pretensión. Con relación a la prueba, se han incorporado aquellas pertinentes y conducentes a la resolución del caso; ha ponderado todos los extremos dirigidos a la decisión con sustento en los hechos presentados, los informes incorporados, la normativa aplicable y los antecedentes legales que resultan pertinentes, con lo cual no se advierte irrazonabilidad, ni desviación de poder que permita calificarla de arbitraria, ni viciada; Por ello, en razón de lo solicitado y lo  dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 20 y por Asesoría de Gobierno en orden 24 del expediente EX- 2025-07155921--GDEMZA-GOBIERNO, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la agente STELLA MARIS SOTO, DNI Nº 16.389.521, CUIL Nº 27-16389521-3, en contra de la Resolución Nº 813/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis. C. Lagomaggiore”, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Decreto N°: 1768 MENDOZA, 27 DE AGOSTO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-01389344-GDEMZA-ASCAPITAL#MSDSYD y sus asociados EX-2025- 05212913—GDEMZA-SEGE#MSDSYD y EX-2025-08675489—GDEMZA-SEGE#MSDSYD en el cual se tramitó sumario administrativo a la Dra. LORENA SILVANA GONZALEZ, por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones; y CONSIDERANDO: Que en orden 28 obra Resolución N° 1176/25 del Ministerio de Salud y Deportes mediante la cual se instruyó sumario administrativo a la Dra. González por encontrarse prima facie en trasgresión a lo establecido por loa Arts. 69 y 70 de la Ley Nº 7759; Que en orden 33 rola notificación a A.M.Pro.S.; Que en orden 35 obra cédula de notificación de Audiencia Indagatoria diligenciada y en orden 37 rola Acta de Indagatoria, conforme a la cual la sumariada se abstiene de declarar, constituye domicilio legal electrónico y solicita copia del expediente; Que en orden 44 obra dictamen de cierre del Instructor Sumariante sugiriendo aplicar a la Dra. González la sanción de CESANTÍA de acuerdo a lo normado por Artículo 85 inc. 2) de la Ley Nº 7759 por transgredir lo establecido en el Artículo 69 inc. a) del Convenio Colectivo de Trabajo ratificado por Ley Nº 7759; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en orden 46 consta notificación para presentación de Alegatos. En Orden 55 la sumariada presenta alegatos. En orden 62 se agrega opinión del Consejo Deontológico Médico que sugiere idéntica sanción y en orden 64 se expide la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina de los Profesionales de la Salud, que por unanimidad sugiere la sanción de SUSPENSIÓN por TREINTA (30) DÍAS. Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Artículo 94 del Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud ratificado por Ley Nº 7759 y se han respetado las garantías previstas en el Artículo 76 de la misma norma considerando que la profesional contó con defensor letrado; Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo sancionador radica en el interés de índole pública, cuya  gestión, se encomienda a la organización administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, oportunidad y con sujeción al orden jurídico; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “La responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública. Se hace efectiva a través de la potestad sancionatoria de la Administración Pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos”; Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable de autoridad jerárquica autónoma; Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad pública; Que de tal forma que, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados; Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de la sanción aplicada; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “…en lo atinente a aquellos actos mediante los cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que, en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores en juego.”; Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante y la Junta de Disciplina interviniente según el régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el procedimiento administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la exención de responsabilidad; como la actividad instructoria no es de esencia jurisdiccional, no puede afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor.” Y Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial “Los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en definitiva, aún cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”; Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra SCJM: “La naturaleza de la actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de Disciplina es la de dictaminar, aconsejando a la autoridad municipal que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan calificarse como actos administrativos productores de efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de los empleados.”; Que asimismo, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia sancionatoria; Que el sumario tramitado se origina en razón de la solicitud de la Jefa de Sección de Recursos Humanos del Aérea Sanitaria de Capital, respecto a controlar la veracidad en la confección y el estado de habilitación del profesional firmante respecto de dos (02) certificados presentados por la Dra. Lorena González los que constan en órdenes 3 y 4. En orden 06 obra informe del Departamento de Matriculaciones y Certificación de Firmas, dando cuenta de la inexistencia de similitud de las firmas insertas en los certificados de órdenes 3 y 4 y la obrante en registros. En orden 18 obra declaración testimonial de la profesional firmante, quien reconoce contenido y firma del certificado de fecha 13/1/2025 que obra en IF-2025-01393010-GDEMZA- ASCAPITAL#MSDSYD y no reconoce contenido ni firma del certificado del 3/2/2025; Que tanto la defensa como los alegatos fueron presentados mediante representante legal que no acreditó en debida forma la representación invocada a tenor del Artículo 120 de la Ley Nº 9003, sin perjuicio de haber sido emplazado al efecto, al igual que la sumariada; Que efectivamente se encuentra acreditado que la sumariada presentó un certificado médico apócrifo a fin de justificar su ausencia del 3/2/2025. Abreva tal afirmación la declaración de la médica firmante, la inexistencia de pruebas que sustenten lo alegado por la defensa de la sumariada y la circunstancia de que en ningún momento niega la encartada haber presentado tal certificado, sólo indica que no tuvo intención de falsificar o adulterar instrumento alguno; Que en el caso se endilga a la sumariada la presentación de certificado médico apócrifo, no su adulteración o falsificación. En tal sentido, el quebrantamiento del deber básico de obrar honestamente, en el que radica la confianza de la Administración respecto de su empleada, producido mediante la utilización de un certificado médico apócrifo supone una falta grave susceptible de sanción. En consecuencia, si la agente se encontraba en un estado que le impedía discernir, o carecía del libre ejercicio de su voluntad, no se advierte cómo pudo tener la conciencia de que el certificado adulterado debía utilizarlo para el 3/2/2025 en que se ausentó de su trabajo y no otro día; Por ello, en razón de lo expuesto precedentemente, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Aplíquese la sanción de Cesantía a la Dra. LORENA SILVANA GONZALEZ, DNI Nº 23.432.752, CUIL Nº 27-23432752-1, de acuerdo a lo establecido por el Art. 85 de la Ley Nº 7759, por haber transgredido con su conducta lo previsto en el Art. 69 inc. 1 de la Ley mencionada, de conformidad con lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) @@GRPG_4@@ RESOLUCIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS Resolución N°: 645 MENDOZA, 05 DE MARZO DE 2026 VISTO el EX-2024-07927945-GDEMZA-MESA#DGE, en el que se tramita la Situación Laboral del señor Fabricio Javier Adarme; y CONSIDERANDO: Que en orden 2 rola detalle de novedades del agente Fabricio Javier Adarme, DNI N° 33464120, del que surgen las inasistencias advertidas como así también las tardanzas, en el periodo desde 01 de enero de 2019 hasta el 23 de octubre de 2024; Que en orden 4 se incorpora situación de revista del agente Fabricio Javier Adarme; Que en orden 8 se adjunta detalle de novedades actualizado del agente del que surgen nuevas inasistencias; Que en orden 9 rola dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas de fecha 24 de diciembre de 2024; Que en orden 14 se inserta RESOL-2024-6718-E-GDEMZA-DGE de fecha 30 de diciembre de 2024, en cuyo Artículo 1ro, expresa: “Instrúyase Sumario Administrativo en la persona del Señor ADARME, FABRICIO JAVIER, DNI 33464120, celador titular de la Escuela Nº 1-536 "Fuerte San Carlos" del Departamento de San Carlos, dependiente de la Dirección de Educación Primaria, de conformidad a lo expresado en los considerandos de la presente norma legal”; Que en orden 37 se acompaña acta de indagatoria del agente Adarme; Que en orden 41 obra Dictamen de Clausura Nª 506 de la Oficina General de Sumarios de fecha 16 de diciembre de 2025, mediante el cual se sugiere la clausura el sumario del agente Adarme y la aplicación de la sanción de Cesantía del señor Adarme, conforme presupuesto legal del el art 5 inc. a) del anexo I de la Ley N° 9103; Que en orden 45 se agrega Dictamen de Clausura Nº80/2026 de la Junta de Disciplina NO docente de fecha 09 de febrero de 2026; Que en orden 51 rola renuncia definitiva del señor Adarme en fecha 28 de julio de 2025; Que en orden 54 se adjunta Dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de fecha 19 de febrero de 2026, que coincide con la conclusión de la Oficina General de Sumarios y Junta de Disciplina no docente, sugiriendo la emisión de la norma legal de clausura de sumario y la aplicación de la sanción de cesantía e inhabilitación especial por el término del cinco (5) años del señor Fabricio Javier Adarme DNI N° 33464120; Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS RESUELVE: Artículo 1ro.- Clausúrese el sumario administrativo ordenado contra el agente FABRICIO JAVIER ADARME, CUIL N° 20-33464120-2, dispuesto por RESOL-2024-6718-E-GDEMZA-DGE en fecha 30 de diciembre del 2024. Artículo 2do.- Aplíquese la sanción de CESANTÍA E INAHABILITACION POR EL TERMINO DE 5 AÑOS PARA OCUPAR CARGOS PUBLICOS, de acuerdo a la Ley N° 9103 artículo 5 inciso A), al señor FABRICIO Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial JAVIER ADARME CUIL N° 20-33464120-2, Ordenanza Celador titular de la Escuela Nº 1-536 "Fuerte San Carlos" del Departamento de San Carlos, por resultar responsable de más de SEIS (6) faltas injustificadas durante los periodos de 02 de julio de 2024 y el 26 de diciembre de 2024 precisamente 26, infringiendo los deberes impuestos por el Art. 5 inc. a) del Decreto Nº 3.843 y el Art. 13 inc. a) del Decreto Nº 560/73, que establecen que el agente debe “desempeñar digna y eficazmente las funciones inherentes a su cargo” “con eficiencia, capacidad y diligencia, y en el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias”. Artículo 3ro.- Notifíquese la presente resolución en el domicilio electrónico en la dirección de correo fabricioadarme@gmail.com, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 150 de la Ley N° 9003 de Procedimiento Administrativo, y haciendo referencia al artículo 179 de la misma ley. Artículo 4to.- Remítase la presente Resolución a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, en los términos de lo dispuesto por el Art. 27 inc. 7 de la Ley N° 8.993 y Art. 17 del anexo de la Ley N° 9.103. Artículo 5to.- Dispóngase la presente Resolución a la Dirección de Capital Humano de la Dirección General de Escuelas a los efectos de tomar la debida intervención ante la Subdirección de Liquidaciones y Subdirección de Personal. Artículo 6to.- Ordénese la presente Resolución a la Junta De Disciplina No Docente; a la Dirección de Educación Inicial y Primaria; y Escuela N° 1-536 "Fuerte San Carlos" del departamento San Carlos, dependiente de la Dirección de Educación Primaria. Artículo 7mo.- Comuníquese a quienes corresponda. LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Resolución N°: 6479 MENDOZA, 22 DE SETIEMBRE DE 2026 VISTO el EX-2026-07306896- -GDEMZA-MESA#DGE, caratulado Pos título en Enfermería Clínico- Quirúrgica del Instituto de Educación Superior PT N°172 Instituto de Docencia Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad IDICSA; CONSIDERANDO: Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, define a la Formación Profesional como ámbito específico de la Modalidad de Educación Técnico Profesional. Incluye dentro del ámbito de la Formación Profesional (FP) a las ofertas formativas de Acreditación de competencias, Actualización y pos titulaciones técnicas, en su variante de Especialización, profundizando las capacidades que sostiene la Educación Técnica (ET) Secundaria y la Educación Técnica (ET) Superior. Por otra parte, faculta a las instituciones de Educación Técnico-Profesional (ETP) Superior a implementar programas de Formación Profesional Continua (FPC) en su campo de actualización y especialización; Que el ámbito de la Formación Profesional se organiza en su interior según, el tipo de propósito formativo y la forma de acceso, en: Capacitación laboral; Formación profesional inicial organizada a su vez en tres niveles de certificación; y en la Formación Profesional Continua. Entendiendo a la Formación Profesional como el conjunto de acciones que tienen como propósito la formación socio-laboral para y en el trabajo, orientada tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, permitiendo compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía nacional, regional y local y contemplando la especialización y la actualización de conocimientos y capacidades, tanto de las distintas trayectorias de la ETP como de los niveles superiores de la educación formal; Que la Resolución N° 13-CFE-07, sostiene que los Certificados de Formación Continua en el ámbito de la Educación Técnica, incluye a las certificaciones que avalan la culminación de cursos de actualización, especialización o perfeccionamiento de técnicos, graduados tanto en el nivel de educación superior no universitaria y universitaria. Estos cursos se relacionan con un perfil profesional y su trayectoria formativa, Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial para la cual se ha emitido un título de Educación Técnica y se desarrollan en términos de complementación, por lo que el nivel de certificación se corresponde con su mismo título; Que según la Resolución 288-CFE-16 la Formación Profesional Continua puede orientarse y clasificarse en dos variantes posibles: Actualización y Especialización; Que la Resolución N° 287-CFE-16 sostiene que la Formación Profesional, procura dar respuesta a una serie de necesidades, entre ellas mejorar los procesos de acreditación y reconocimiento de los aprendizajes de los estudiantes, así como también las certificaciones profesionales de los egresados de la formación profesional entre las distintas jurisdicciones. Se propone, además que, por fuera de estas acciones del nivel nacional, es necesario incorporar iniciativas provinciales de propuestas curriculares de formación profesional que estén en conexión con las necesidades socioproductivas locales o regionales, reconocidas por los actores del sector socioproductivo y del mundo del trabajo, y que requieren una respuesta formativa sistemática en los términos que la LNETP define para la formación profesional; Que desde la Jurisdicción se impulsa un proceso de planificación, diseño y desarrollo de propuestas curriculares e institucionales de Formación Profesional Continua, desarrollando nuevas ofertas en los establecimientos educativos de Educación Superior, que dinamicen su vínculo con las competencias que ponen en juego un conjunto integrado de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes y necesidades del sector socio productivo para mejorar la dinámica de la ETP como modalidad que atiende la formación continua y permanente de los sujetos en relación a su inserción y permanencia en el mundo del trabajo; Que es voluntad de la Dirección de Educación Superior dinamizar la diversificación y complejización de las trayectorias de Formación Profesional Continua en su articulación con los ámbitos de la modalidad de ETP inicial y con el resto de las modalidades y niveles del sistema educativo; Que la RIT- 2634-DGE-19 aprueba y establece los criterios para la implementación de cursos y trayectos de Formación Profesional Continua en el ámbito de los Institutos de Educación Superior; Que la RESOL-2024-4516-GDEMZA-DGE establece que para la Jurisdicción las especializaciones revisten la categoría de Postítulos; Que el Instituto de Educación Superior PT N°172 Instituto de Docencia Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad IDICSA se encuentra acreditado como Instituto de Educación Técnica y registrado e inscripto en el registro federal de INET, posee experiencia en el diseño e implementación de este tipo de formación respondiendo de modo pertinente a las demandas del medio socioproductivo y del contexto en el que se inserta; Que la presente oferta de Postítulo en Enfermería Clínico-Quirúrgica, evidencia correspondencia entre la propuesta de formación y los recursos institucionales disponibles; Que el proyecto posee sustentabilidad epistemológica, coherencia interna y pertinencia pedagógico- didáctica; prevé adecuada transferencia al ejercicio profesional, y cumple con los objetivos específicos de la formación profesional continua, constituyendo una propuesta académica de calidad; Que la propuesta ofrece una formación posterior al título que promueve Postítulo en Enfermería Clínico- Quirúrgica; Que el proceso de evaluación de la propuesta ha concluido y garantiza la calidad del proyecto; Que en orden 4 la Subsecretaria de Educación da el visto bueno para la continuidad del trámite; Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS RESUELVE: Artículo 1ro.- Apruébese el Diseño Curricular de la Formación Profesional Continua: Postítulo en Enfermería Clínico-Quirúrgica que obra en el Anexo de la presente  resolución (archivo embebido). Artículo 2do.- Aplíquese en lo concerniente al “Régimen de Cursado y/o Académico” del postítulo de referencia, lo especificado en la Res. 1286-DGE-2024 en cuanto al tiempo previsto para la culminación del mismo (parte IV Conclusión de Estudios) Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 3ro.- Autorícese al Instituto de Educación Superior PT N°172 Instituto de Docencia Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad IDICSA a implementar la presente Formación Profesional Continua, a término por dos cohortes, a partir del ciclo lectivo 2026 y sujeto a su viabilidad presupuestaria y financiera o con acciones de autogestión institucional. Artículo 4to.- Comuníquese a quienes corresponda. LIC. TADEO GARCIA ZALAZAR NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza www.boletinoficial.mendoza.gov.ar S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) DIRECCION GENERAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Resolución N°: 631 MENDOZA, 23 DE JUNIO DE 2026 VISTO: El Expediente EX-2025-06530830-GDEMZA-DGP#MSDSYD caratulado: “SELTZER, FEDERICO ARIEL.- SITUACION LABORAL” y; CONSIDERANDO: Que a Orden N° 14 rola Resolución DNFRE-2025-1097-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD de fecha 14 de Octubre de 2025, la que en su art. 1° expresa: “Elevar a SUMARIO ADMINISTRATIVO al agente SELTZER, FEDERICO ARIEL, CUIL N° 20-30536155-1, por haber incurrido en las inasistencias injustificadas constatadas, desde el día 09/06/2025 haciendo un total de 22 días del mes de junio del 2025, 31 días del mes de julio del 2025 y 22 días del mes de agosto del 2025, en virtud de que habría incumplido con los deberes establecidos en el Decreto N° 560/73 articulo 13 inc. A y N, y conforme lo dispuesto en la Ley 9.103 Art. 5° inc. a) y 4° inc. b), teniendo en cuenta lo informado por la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, de acuerdo a lo dictaminado por el Departamento de Asesoría Letrada cuyos fundamentos integran la presente y demás actuado en autos.”; Que el Departamento de Personal pone en conocimiento la tramitación de autos a la Oficina de Ética Pública y por su intermedio a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, todo ello en virtud de lo dispuesto en los art 17 de la Ley 9103 y el art 10 del Decreto N° 218/19; Que la Oficina General de Sumarios designa como Instructora Sumariante a la Dra. Marianela Bustos Nogerol y como Secretario de Actuaciones al Dr. Luciano Sconfienza; Que la Instructora Sumariante adjunta avoque, resuelve encauzar provisoriamente la conducta atribuida al agente Seltzer, en lo dispuesto por el artículo 13 incisos a) y n) del Decreto N° 560/73, resultando pasible, en su caso, de la sanción de Cesantía, conforme lo prescripto por el artículo 5° inciso a) del Anexo I de la Ley N°9.103, ordena citar a audiencia de declaración indagatoria al agente y correrle vista de todo lo actuado por el término de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la audiencia indagatoria, para la presentación de descargo y pruebas en su defensa y notificar a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública la apertura del sumario administrativo; Que la Secretaría de Actuaciones remite al Departamento de Personal a efectos de cumplimentar la citación a la audiencia de declaración indagatoria; Que el Departamento de Personal adjunta copia de la recepción de la cédula de notificación; Que a Orden N°35 se obra el Acta de fracaso de audiencia indagatoria por incomparecencia del agente; Que la Instructora Sumariante resuelve: “ Tener por acreditada la responsabilidad administrativa del agente SELTZER, FEDERICO ARIEL, CUIL N° 20-30536155-1, por haber incurrido en inasistencias injustificadas en número superior al previsto en el art. 5 inc. a) de la Ley N° 9.103. 2°) Considerar configurada la causal de cesantía prevista en el art. 5 inc. a) de la Ley N° 9.103, en concordancia con el art. 13 inc. a) del Decreto Ley N° 560/73 y normativa reglamentaria aplicable. 3°) Recomendar a la autoridad competente la aplicación de Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la sanción de CESANTÍA al agente mencionado, conforme lo dispuesto por el régimen estatutario vigente. 4°) Elevar las presentes actuaciones a la superioridad para su consideración y resolución definitiva”; Que a Orden N° 43 se adjunta constancia de notificación en el domicilio real del agente; Que habiendo vencido el plazo de 10 días previsto por el art. 31º del anexo de la Ley 9103, sin que el sumariado haya presentado alegatos, la Oficina General de Sumarios remite a la Honorable Junta de Disciplina de la Dirección General de Protección de Derechos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se pronuncie dentro del plazo de 10 días, computados desde su recepción; Que la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 en forma unánime expresa que comparte los argumentos vertidos y la sanción de Cesantía sugerida por la Instructora Sumariante; Que Dirección General remite a Secretaría Legal y Técnica a su conocimiento y emisión de Resolución de Cesantía del agente Seltzer, Federico Ariel, CUIL N° 20-30536155-1, conforme los Dictámenes coincidentes de la Oficina General de Sumarios y la Honorable Junta de Disciplina; POR ELLO: LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. RESUELVE: Art.1°) Aplicar la sanción de CESANTÍA al Sr. SELTZER, FEDERICO ARIEL, CUIL N° 20-30536155-1 y realizar la Baja Administrativa correspondiente a la modalidad de Planta Permanente por considerar acreditadas las inasistencias injustificadas registradas desde el 09 al 30/06/2025; del 01 al 31/07/2025 y del 01 al /29/08/2025 , de acuerdo a lo dispuesto por el inc. a) del art. 5 del Anexo I de la Ley N°9.103 en concordancia con el art. 13 inc. a) del Decreto Ley N° 560/73 y normativa reglamentaria aplicable, conforme a lo expresado por la Oficina General de Sumarios y la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 y demás actuado en autos. Art 2°) Hágase saber al agente Seltzer que podrá interponer los recursos administrativos que estime corresponder dentro del plazo de quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido por la Ley N.º 9003, art 177 y concordantes. Vencido dicho plazo sin que se hubieren deducido recursos, procédase al archivo de las presentes actuaciones Art.3°) Déjese copia de la presente Resolución en el Legajo personal del Sr. Seltzer. Art.4°) Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Ética Pública de conformidad con lo establecido en el art. 33 del Anexo de la Ley 9.103 y el inc. 6) del artículo 27 de la Ley 8.993 Art.5°) Comuníquese la presente Resolución a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme a la Ley Nº 9501 Decreto 777/25, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 218/19, reglamentario de la Ley 9.103. Art.6 °) Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Sumarios. Art.7°) Notifíquese, Comuníquese y Regístrese en el Libro de Resoluciones. MARIA BELEN GARCIA LUCERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Resolución N°: 650 MENDOZA, 23 DE JUNIO DE 2026 VISTO: El Expediente EX-2024-09639924- -GDEMZA-DGP#MSDSYD caratulado “AGUILAR, JOSÉ LEANDRO - SITUACION LABORAL” y; CONSIDERANDO: Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que a Orden N°18 obra Resolución DNFRE-2025-546-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 18 de Junio de 2025, la cual en su Art. 1° ordena: “Elevar a SUMARIO ADMINISTRATIVO al agente Sr. AGUILAR JOSÉ LEANDRO, DNI N° 35.616.305, en virtud de las inasistencias injustificadas incurridas los días 25 y 26 de Febrero de 2025, 05, 06 y 07 de Marzo de 2025, y del 10 de Marzo de 2025 al 11 de Abril de 2025, ya que prima facie habría incumplido con lo establecido en los incs. a) y n) del art. 13 del Decreto Nº 560/1973 e inc. b) del art. 4° y a) del art. 5 de la Ley N° 9.103, según los reportes de asistencia, conforme lo informado por el Departamento de Personal, de acuerdo a lo dictaminado por el Departamento de Asesoría Letrada cuyos fundamentos integran la presente y demás actuado en autos.”; Que el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios a su conocimiento y efectos que estime corresponder; Que la Oficina General de Sumarios remite nuevamente las actuaciones a fin de dar cumplimiento con lo previsto por Ley 9103 art. 17 y en el art 10 del Decreto 218/19, y se proceda a comunicar la Resolución DNFRE-2025-546-GDEMZA- DGP#MSDSYD a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública; Que, habiéndose cumplido las comunicaciones solicitadas, el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios a su conocimiento y continuidad del trámite; Que la Oficina General de Sumarios designa como Instructora Sumariante a la Dra. Jésica Caylá y como secretario de  Actuaciones al Dr. Luciano Sconfienza quienes deberán aceptar el cargo en su primera intervención; Que la Instructora Sumariante adjunta Avoque, resuelve encuadrar provisoriamente la conducta del agente en las prescripciones del Decreto-Ley Nº 560/73 en sus Artículo 13 incisos a) pudiendo ser pasible de las sanciones impuestas por la Ley 9103, Artículo 5 inciso a); ordena citar a audiencia de declaración indagatoria administrativa al agente Aguilar y correrle vista de todo lo actuado por el término de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la  audiencia indagatoria para la presentación de descargo y pruebas en su defensa; Que la Secretaría de Actuaciones comunica a la Dirección Provincial de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la apertura del sumario administrativo; asimismo se adjunta como anexo a Orden N ° 38 toda la documentación relevante al caso. Que la Secretaría de Actuaciones remite al Departamento de Personal a efectos de citar a audiencia de declaración indagatoria administrativa al agente Aguilar; Que el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios la cédula de notificación al agente Aguilar; Que se adjunta constancia de incomparecencia del Sr. Aguilar a la audiencia de declaración indagatoria administrativa; Que el Instructor Sumariante concluye su labor expresando: “… Por ello, en virtud de lo expuesto y de las consideraciones formuladas, podemos afirmar objetivamente que, la grave sanción de CESANTIA se corresponde con la falta cometida por el agente AGUILAR quien se ausento sin justificar: los días - 25 y 26 de Febrero de 2025; - 05, 06 y 07 de Marzo de 2025, y del 10 de Marzo de 2025 al 11 de Abril de 2025. Que al momento de colegir e individualizar la sanción a sugerir, se tiene en cuenta la gravedad de las infracciones, los antecedentes del agente y el perjuicio que se puede haber ocasionado a la Administración, entendiendo esta Instrucción que es viable la aplicación al agente Sr. AGUILAR JOSÉ LEANDRO, DNI N° 35.616.305 la sanción de CESANTIA, encuadrando su conducta como violatoria de lo prescripto por el Decreto Ley 560/73: “…Art. 13. - Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a) La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes …”. Habiendo valorado razonablemente la premisa fáctica en la que se sustenta una sanción extrema como lo es la cesantía, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Ley 9103, “…art. 5 que reza: “…Son Causas para la Cesantía: … a) Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término de seis (6) meses…”; y su Decreto Reglamentario Nº218/19 …”; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que el sumariado es notificado debidamente del auto en cuestión conforme constancias de Orden N° 47; Que no habiendo el sumariado presentados alegatos, la Oficina General de Sumarios remite a la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 de la Dirección General de Protección de Derechos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se pronuncie dentro del plazo de 10 días, computados desde su recepción; Que la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15, en decisión unánime, acompañan el dictamen de la Instrucción, por considerar que están acreditadas las inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, por lo se sugiere la aplicación de la sanción de CESANTIA; Que Dirección General toma conocimiento y remite las presentes actuaciones al Departamento de Asesoría Letrada; Que el Departamento de Asesoría Letrada remite a Dirección General expresando: “Que por el presente viene a poner en su conocimiento que atento a lo dictaminado por esta Asesoría en orden N° 06, dictamen de clausura de la Oficina General de Sumarios de orden N° 42, y opinión legal vertida por la Junta de Disciplina obrante en orden N° 50, es que comparte la sanción de cesantía sugerida, debiendo dictar norma legal en tal sentido, de compartir criterio.”; Que Dirección General toma conocimiento y remite a Secretaría Legal y Técnica para la confección de Resolución de CESANTIA; POR ELLO: LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. RESUELVE: Art.1°) Aplicar la sanción de CESANTÍA al agente Sr. AGUILAR JOSÉ LEANDRO, DNI N° 35.616.305 y realizar la Baja Administrativa correspondiente a la modalidad de Planta Permanente, por considerar que se encuentran comprobadas inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas y discontinuas, en el término de seis (6) meses, en los días - 25 y 26 de Febrero de 2025; - 05, 06 y 07 de Marzo de 2025, y del 10 de Marzo de 2025 al 11 de Abril de 2025, encuadrándose dicha conducta en el Art. 5° Inc. a) del Decreto N° 560/1973, según documentación obrante, conforme a lo expresado por la Oficina General de Sumarios , la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 y demás actuados en autos.- Art.2°) Déjese copia de la presente Resolución en el Legajo personal del Sr. Aguilar.- Art.3°) Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Ética Pública de conformidad con lo establecido en el art. 33 del Anexo de la Ley 9.103 y el inc. 6) del artículo 27 de la Ley 8.993.- Art.4°) Comuníquese la presente Resolución a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 218/19, reglamentario de la Ley 9.103.- Art.5°) Notifíquese, Comuníquese y Regístrese en el Libro de Resoluciones. MARÍA BELÉN GARCIA LUCERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Resolución N°: 652 MENDOZA, 23 DE JUNIO DE 2026 VISTO: El Expediente EX-2024-03571681- -GDEMZA-DGP#MSDSYD caratulado “ROCHA, DORA BEATRIZ - SITUACION LABORAL” y; CONSIDERANDO: Que a Orden N°20 rola Resolución DNFRE-2025-362-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 15 de Abril de 2025, la cual en su Art. 1° ordena: “Elevar a sumario administrativo a la agente Sra. ROCHA DORA BEATRIZ, CUIL N° 23-22755945-4, con motivo de las inasistencias desde el día 17 de Marzo de 2023 y Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial hasta el 30 de Noviembre de 2023, por lo que habría incumplido con lo establecido en art. 67 inc. c) del Decreto N° 560/73 modificado por el art. 5 de la Ley 9103, conforme documentación agregada, lo informado por el Departamento de Personal, según lo dictaminado por el Departamento de Asesoría Letrada cuyos fundamentos integran la presente y demás actuado en autos.”; Que el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios a su conocimiento y efectos que estime corresponder; Que la Oficina General de Sumarios remite nuevamente las actuaciones a fin de dar cumplimiento con lo previsto por Ley 9103 art. 17 y en el art 10 del Decreto 218/19, y se proceda a comunicar la Resolución DNFRE-2025-546-GDEMZA DGP#MSDSYD a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública; Que, habiéndose cumplido las comunicaciones solicitadas, el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios a su conocimiento y continuidad del trámite; Que la Oficina General de Sumarios designa como Instructora Sumariante a la Dra. Jésica Caylá y como secretario de Actuaciones al Dr. Luciano Sconfienza quienes deberán aceptar el cargo en su primera intervención; Que la Instructora Sumariante adjunta Avoque, resuelve encuadrar provisoriamente la conducta de la agente Rocha en las prescripciones del Decreto-Ley Nº 560/73 en sus Artículo 13 inciso a), pudiendo ser pasible de las sanciones impuestas por la Ley 9103, Artículo 5 inciso a); ordena citar a audiencia de declaración indagatoria administrativa a la agente Rocha y correrle vista de todo lo actuado por el término de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la audiencia indagatoria para la presentación de descargo y pruebas en su defensa; Que la Secretaría de Actuaciones comunica a la Dirección Provincial de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la apertura del sumario administrativo; Que la Secretaría de Actuaciones remite al Departamento de Personal a efectos de citar a audiencia de declaración indagatoria administrativa a la agente Rocha; Que el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios la cédula de notificación a la agente Rocha; Que se adjunta constancia de incomparecencia de la agente Rocha a la audiencia de declaración indagatoria administrativa; Que la Instructora Sumariante concluye su labor expresando: “… Por ello, en virtud de lo expuesto y de las consideraciones formuladas, podemos afirmar objetivamente que, la grave sanción de CESANTIA se corresponde con la falta cometida por la agente ROCHA quien se ausentó sin justificar de su lugar de trabajo a partir de que terminara su licencia anual ordinaria (16/03/2023): desde el 17 de marzo de 2023 al 30 de noviembre de 2023. Que al momento de colegir e individualizar la sanción a sugerir, teniendo en cuenta la gravedad de las infracciones, los antecedentes del agente y el perjuicio que le ha ocasionado a la Administración, entiende esta Instrucción que es viable la aplicación a al agente Sra. ROCHA DORA BEATRIZ, CUIL N° 23-22755945-4, la sanción de CESANTIA, encuadrando su conducta como violatoria de lo prescripto por el Decreto Ley 560/73: “…Art. 13. - Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a) La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes …”. Habiendo valorado razonablemente la premisa fáctica en la que se sustenta una sanción extrema como lo es la cesantía, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Ley 9103, “…art. 5 que reza: “…Son Causas para la Cesantía:… a) Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término de seis (6) meses…”; y su Decreto Reglamentario Nº218/19 Del presente el dictamen de clausura vertido por esta Instrucción Sumaria, correspondería DAR VISTA de la Clausura del Sumario a la agente ROCHA DORA BEATRIZ, CUIL N° 23- 22755945-4, para alegar por el plazo de diez (10) días de conformidad con los términos del art.31 de la Ley Nª 9103, lo que debe ser notificado por Secretaría de Actuaciones “ Que la sumariada es notificada debidamente del auto en cuestión conforme constancias de Orden N° 54; Que no habiendo la sumariada presentado alegatos, la Oficina General de Sumarios remite a la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 de la Dirección General de Protección de Derechos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se pronuncie dentro del plazo de 10 días, computados desde su recepción; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15, en decisión unánime, acompañan el dictamen de la Instrucción, por considerar que están acreditadas las inasistencias injustificadas, por lo se sugiere la aplicación de la sanción de CESANTIA; Que Dirección General toma conocimiento y remite las presentes actuaciones al Departamento de Asesoría Letrada; Que el Departamento de Asesoría Letrada remite a Dirección General expresando: “Que por el presente viene a poner en su conocimiento que atento a lo dictaminado por esta Asesoría en orden N° 06, dictamen de clausura de la Oficina General de Sumarios de orden N° 49, y opinión legal vertida por la Junta de Disciplina obrante en orden N° 61, es que comparte la sanción de cesantía sugerida, debiendo dictar norma legal en tal sentido, de compartir criterio..”; Que Dirección General toma conocimiento y remite a Secretaría Legal y Técnica para la confección de Resolución de CESANTIA; POR ELLO: LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. RESUELVE: Art. 1°) Aplicar la sanción de CESANTÍA a la agente ROCHA DORA BEATRIZ, CUIL N° 23-22755945-4, y realizar la Baja Administrativa correspondiente a la modalidad de Planta Permanente, por considerar que se encuentran comprobadas inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas y discontinuas, en el término de seis (6) meses, desde el 17 de marzo de 2023 al 30 de noviembre de 2023, encuadrándose dicha conducta en el Art. 5° Inc. a) del Decreto N° 560/1973, según documentación obrante, conforme a lo expresado por la Oficina General de Sumarios , la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 y demás actuado en autos. Art. 2°) Déjese copia de la presente Resolución en el Legajo personal de la Sra. Rocha. Art. 3°) Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Ética Pública de conformidad con lo establecido en el art. 33 del Anexo de la Ley 9.103 y el inc. 6) del artículo 27 de la Ley 8.993. Art. 4°) Comuníquese la presente Resolución a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 218/19, reglamentario de la Ley 9.103. Art. 5°) Notifíquese, Comuníquese y Regístrese en el Libro de Resoluciones. MARIA BELEN GARCIA LUCERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN Resolución N°: 1586 MENDOZA, 23 DE SETIEMBRE DE 2026 VISTO el EX-2026-07388438- -GDEMZA-MESA#DGE en el que se tramita la convocatoria al Concurso de Traslado y Ascenso a la Jerarquía Directiva de Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos-CEBJA; y CONSIDERANDO: Que es prioridad del Gobierno Escolar garantizar la cobertura de los cargos jerárquicos titulares en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial; Que resulta necesario instrumentar los procedimientos de traslado, ascenso e ingreso a la jerarquía directiva conforme a lo establecido en el Estatuto del Docente, Ley Nº 4934/84, su Decreto Reglamentario Nº 313/85 y normativa concordante; Que por RESOL-2026-6430-E-GDEMZA-DGE el DGE convoca a Concurso de Traslado, Ascenso e Ingreso a la Jerarquía Directiva para Nivel Inicial, Nivel Primario, Modalidad de Educación Especial y Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos CEBJA; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que conforme a lo dispuesto por el Art. 36 del Estatuto del Docente y su concordante Art. 83 del Decreto Reglamentario Nº 313/85, previo al Concurso para Ingreso a la Jerarquía Directiva en las vacantes existentes debe convocarse a Concurso de Traslado y Ascenso a la Jerarquía Directiva a Directores y Vicedirectores titulares; Que el Art. 27 de la Ley Nº 4934 y sus concordantes del Decreto Reglamentario Nº 313/85 establece que "Los Ascensos serán por grados dentro de una sola jerarquía, en cada nivel y modalidad de la enseñanza"; Que la titularización de los cargos directivos favorece la consolidación de los proyectos institucionales, la continuidad de las políticas educativas públicas y el ejercicio pleno de la conducción escolar en condiciones de estabilidad; Que, excepcionalmente y con el objeto de facilitar la cobertura de cargos vacantes, se dispone la suspensión excepcional del requisito de dos (2) años de antigüedad en el cargo de origen para acceder al traslado, durante el presente concurso, en concordancia con lo acordado en el Acta Técnica del 01 de julio de 2026; Que los postulantes deberán encontrarse encuadrados en lo establecido por el Art. 3° inc. A) del Estatuto del Docente; Que los procesos de modernización del Estado y de digitalización creciente permiten la realización de concursos con modalidad virtual sincrónica; Que rola dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; Por ello, LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN RESUELVE: Artículo 1°: Convóquese en el marco de la RESOL-2026-6430-E-GDEMZA-DGE al Concurso de Traslado y Ascenso a la Jerarquía Directiva de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 2027 en los cargos de Director y Vicedirector de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA). Artículo 2°: Dispóngase que en el presente concurso se ofrecerán los cargos vacantes de Director y Vicedirector de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos de gestión estatal, dependientes de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, dependientes de la Dirección General de Escuelas. Artículo 3°: Dispóngase la realización de los concursos en forma virtual sincrónica, en línea con los procedimientos que se vienen realizando en concursos anteriores. Artículo 4°: Dispóngase que los Directores y Vicedirectores titulares que deseen participar del concurso deben realizar su inscripción a partir del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2026, por GEI-PAD en el Evento 2027-CEBJA-MTAJD- Movimiento de Traslado y Ascenso a la Jerarquía Directiva, donde se cargará la documentación para su tabulación según lo dispuesto en el ANEXO I, que forma parte de la presente norma legal. Artículo 5°: Determínese que la Junta Calificadora de Méritos de Jóvenes y Adultos deberá recepcionar la documentación pertinente de los aspirantes dentro de los plazos establecidos en el cronograma que se determine a tal fin. Artículo 6°: Dispóngase que las vacantes ofrecidas serán aquellas producidas hasta el 31 de agosto de 2026, las cuales serán relevadas por la Secretaría Técnica de la Junta Calificadora de Méritos. Las vacantes podrán ser actualizadas hasta el inicio del concurso, siendo válido el último listado de vacantes publicado. Artículo 7°: Establézcase que, excepcionalmente y por única vez para el presente concurso, de acuerdo a lo establecido en el Acta Técnica Paritaria del 01 de julio de 2026, no se requerirá el requisito de dos (2) años de antigüedad en el cargo de origen para inscribirse al concurso de traslado o ascenso. El orden de méritos diferenciará a directores y vicedirectores titulares con 2 (dos) años de antigüedad en el cargo jerárquico de origen de directores y vicedirectores sin el requisito de dos (2) años de antigüedad en el cargo jerárquico de origen. Artículo 8°: Dispóngase que los postulantes al concurso deberán: 1.- Encontrarse en situación activa. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 2- Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado. Los extranjeros que acrediten fehacientemente haber iniciado, al momento de la inscripción, los trámites de nacionalización, dispondrán del plazo de un año para presentar la finalización del trámite. Superado ese plazo, si el agente no presenta la documentación que acredite su nacionalización, se dará de baja al movimiento. La DGE podrá determinar la prórroga del plazo de un año para la presentación de la documentación de finalización del trámite, mediante resolución del Director General de Escuelas. 3- Presentar al momento de ejercer su opción la siguiente documentación: a) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. b) Certificado Psicofísico Apto en vigencia que acredite Aptitud para el cargo al que el aspirante optare (No se aceptan hojas de ruta, efector público, provisorios, en proceso, turnos ni Certificados vencidos) RESOL- 2024-6641-E-GDEMZA-DGE emitido y validado por la unidad de Control y Gestión de Salud Laboral, siendo su decisión vinculante (Certificado Complementario de Contexto de Encierro en el caso de optar por Centros Educativos de Privación de Libertad). c) Declaración Jurada de cargos, RIT-2019-1107-GDEMZA-DGE, según lo dispuesto en los artículos 9º y 12º de la Ley Nº 6929, su Decreto Reglamentario Nº 285/2002, Ley Nº 9598 y su Decreto Reglamentario Nº 328/2025. d) Constancia de emisión de voto en las distintas elecciones realizadas en nuestro país desde el año 2021 a la fecha. Además, debe enviarse como mínimo un troquel comprobante de la votación, NO ser Infractor a la Ley Electoral; e) Certificado de antecedentes penales vigente (en caso del que el certificado posea antecedentes, la confirmación de lo optado quedará suspendida por 48 hs, hasta tanto se constate si el agente tiene antecedentes contra la integridad sexual, de ser así se dará de baja al movimiento). Artículo 9°: Apruébense las disposiciones específicas para llevar a cabo el concurso convocado por el Artículo 1°, las cuales se encuentran contenidas en los ANEXOS que obran como archivos embebidos y son parte integrante de la presente resolución: ANEXO I “DISPOSICIONES GENERALES PARA TABULACIÓN CONCURSO DE TRASLADO Y ASCENSO DE JERARQUÍA DIRECTIVA CEBJA 2027” ANEXO II “DECLARACIÓN JURADA Y GRILLA DE TABULACIÓN CONCURSO JERARQUÍA DIRECTIVA CEBJA 2027” ANEXO III “AUTORIZACIÓN A TERCERO INTERVINIENTE CONCURSO DE JERARQUÍA DIRECTIVA CEBJA 2027” Artículo 10°: Establézcase que la toma de posesión efectiva del Cargo Jerárquico optado será el 01 de febrero de 2027. Artículo 11°: Facúltese a la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y/o Secretaría Técnica de la Junta Calificadora de Méritos a dictar las disposiciones complementarias necesarias para la implementación de la presente resolución: cronograma específico, publicación de orden de méritos, publicación de vacantes y aclaraciones que resulten necesarias para la realización del concurso. Artículo 12°: Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a quienes corresponda. CLAUDIA BEATRIZ FERRARI NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza www.boletinoficial.mendoza.gov.ar S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) A.T.M. - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA Resolución N°: 143 Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial MENDOZA, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 VISTO: El Expte. N° EX-2024-01163995-GDEMZA-ATM y las Resoluciones Internas A.T.M. N° 187/2024 y 102/2025, y CONSIDERANDO: Que en las actuaciones de referencia, conforme la auditoría llevada a cabo en la Delegación Zona Sur de la Dirección General de Rentas, se solicita al Departamento de Matriculaciones y Certificación de Firmas del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, la verificación de las firmas insertas en los Certificados Médicos presentados por los agentes Gisela Evelyn Lucero, D.N.I. N° 35.622.705; Fernando Gabriel Savarino, D.N.I. N° 35.664.181, y Ana Virginia Vermes, D.N.I. N° 37.296.605, correspondientes al día 09/02/2024. Que en NO-2024-02312779-GDEMZA-DMYCF#MSDSYD e IF-2024-06404900-GDEMZA-ATM, se agregan los informes emitidos por el Departamento antes mencionado, en el cual se indica la inexistencia de similitud entre las firmas insertas en los certificados de fecha 09/02/2024, y la registrada en el legajo obrante en esa dependencia. Que en virtud de ello, mediante la Resolución Interna A.T.M. N° 187/2024, de fecha 22/11/2024, se ordena la instrucción de información sumaria, de conformidad con lo previsto por el Artículo 13 y concordantes del Anexo de la Ley N° 9103, a fin de determinar la existencia de la comisión de hechos, denunciados por el Director General de Rentas. Que se ordenó girarse en el mismo acto, las actuaciones a la oficina de Sumarios e Investigaciones dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, en razón del convenio ratificado por el Decreto N° 1660/2020. Que en IF-2025-04792239-GDEMZA-SUMARIOS, mediante resolución del Jefe de la Oficina General de Sumarios de fecha 06/06/2025, se designó como instructor sumariante al Dr. Juan Manuel Rodríguez Guilino, y como Secretaria de Actuaciones a la Dra. Marianela Bustos Noguerol, quienes aceptan el cargo. Que a través de IF-2025-05292561-GDEMZA-SUMARIOS y IF-2025-05404367-GDEMZA-SUMARIOS, el Instructor incorpora en la investigación, las pruebas reunidas que estimó necesario, y procede a emitir su dictamen final. Que a través de IF-2025-05548593-GDEMZA-SUMARIOS, el Instructor Sumariante emite su dictamen final y expresa que, producida toda la prueba, practicadas todas las averiguaciones y tramitaciones conducentes al esclarecimiento del hecho investigado, incorporados en estos obrados, considera encuadrar la conducta como violatoria al Artículo 13, incisos a) y b), y al Artículo 14, inciso f) del Decreto-Ley N° 560/73. Que del cotejo de los informes y de las declaraciones testimoniales, surge responsabilidad de los agentes Lucero, Savarino y Vermes de los hechos venidos a investigación por lo que ha quedado acreditado y determinada la existencia de motivo suficiente de sospecha de la comisión de los hechos que pudieran constituir falta administrativa, precisamente la de presentar un certificado médico aparentemente falso. Que en consecuencia, mediante la Resolución Interna A.T.M. N° 102/2025, se tuvo por finalizada la investigación administrativa ordenada a través de la Resolución Interna A.T.M. N° 187/2024, y se instruyó un sumario administrativo a los agentes Gisela Evelyn Lucero, D.N.I. N° 35.622.705; Fernando Gabriel Savarino, D.N.I. N° 35.664.181, y Ana Virginia Vermes, D.N.I. N° 37.296.605, de conformidad con lo previsto por la Ley N° 9103. Que en virtud del acto que ordena la instrucción del sumario administrativo, y en los términos del Decreto N° 1660/2020, toma intervención la Oficina General de Sumarios en IF-2025-08328497-GDEMZA-SUMARIOS, designando al Dr. Juan Manuel Rodriguez Gulino como Instructor Sumariante, y como Secretario de Actuaciones, a la Sra. Romina Sosa. Que mediante IF-2025-09645939-GDEMZA-SUMARIOS, el Instructor sumariante se da expresamente por notificado de su designación y dispone su avoque, para esclarecer y clarificar los hechos denunciados. Que en IF-2025-09818090-GDEMZA-SUMARIOS e IF-2026-00982981- GDEMZA-SUMARIOS, el Instructor procede a encuadrar provisoriamente la conducta de los agentes en las prescripciones de los Artículo 13, Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial inciso a) y b), y Artículo 14, inciso f) del Decreto-Ley N° 560/73, siendo pasibles de la sanción prevista en el Artículo 5°, inc. b) de la Ley N° 9103, citando en consecuencia a los agentes imputados a fin de que presten declaración indagatoria, haciéndoles saber que para el caso de no concurrir, el trámite administrativo continuará sin sus participaciones. Que asimismo, le corre vista a los sumariados de todo lo actuado, por el término de diez (10) días hábiles, los que serán computados desde el día hábil siguiente a la fecha de la audiencia indagatoria; en dicho plazo podrá efectuar su descargo y proponer las medidas de prueba que hagan a su defensa. Que mediante NO-2026-01267161-GDEMZA-ATM, NO-2026-01266878- GDEMZA-ATM y NO-2026- 01266514-GDEMZA-ATM se acompañan las cédulas de notificación citando a los agente Lucero, Savarino y Vermes, a la audiencia indagatoria, el día 23/02/2026. Que en IF-2026-01437174-GDEMZA-SUMARIOS, IF-2026-01437463- GDEMZA-SUMARIOS e IF-2026- 01438236-GDEMZA-SUMARIOS, se visualizan las Actas de Audiencia de Indagatoria, en las cuales los agentes Vermes, Savarino y Lucero comparecieron en forma virtual y ejercieron su derecho de abstenerse a declarar. Que a través de IF-2026-01764787-GDEMZA-SUMARIOS se agrega el descargo presentado por la agente Gisela Evelyn Lucero, con patrocinio letrado, mediante el cual ejerce su derecho de defensa respecto de la imputación formulada. Que se incorpora en IF-2026-01764948-GDEMZA-SUMARIOS el descargo presentado por el agente Fernando Gabriel Savarino, con patrocinio letrado, mediante el cual contesta la imputación formulada y expone los argumentos defensivos que estima pertinentes. Que en IF-2026-01765149-GDEMZA-SUMARIOS obra el descargo presentado por la agente Ana Virginia Vermes, con patrocinio letrado, mediante el cual ejerce su derecho de defensa, controvierte la imputación efectuada y solicita se valoren los argumentos allí expuestos. Que el Instructor Sumariante emite su dictamen de clausura en IF-2026-03363919-GDEMZA-SUMARIOS donde expresa que, de la lectura de los descargos presentados por los agentes sumariados, surge que los mismos son sustancialmente coincidentes en su estructura y contenido argumental. Que asimismo, los sumariados no ofrecieron ni acompañaron prueba de descargo alguna tendiente a acreditar la autenticidad de los certificados médicos cuestionados, la efectiva atención por parte de los profesionales invocados, la existencia de historia clínica, constancia de turno, receta, comprobante médico, comunicación, testigo u otro elemento objetivo que permita sostener una plataforma fáctica alternativa a la que surge de la prueba de cargo incorporada en autos. Que los sumariados plantean la nulidad de la prueba testimonial y pedido de exclusión probatoria; la insuficiencia probatoria y ausencia de pericia caligráfica; la autoría material de los certificados; la defensa meramente técnica y ausencia de plataforma fáctica alternativa; la presunción de inocencia, dolo y culpabilidad; que en los autos no se presume la responsabilidad de los agentes por su sola condición de empleados públicos, sino a partir de elementos objetivos; la tipicidad y calificación legal provisoria; la proporcionalidad y ausencia de antecedentes disciplinarios, y el tratamiento individual de la responsabilidad disciplinaria. Que el instructor sumariante expresa que, ninguno de los planteos defensivos articulados logra desvirtuar la prueba de cargo reunida en autos, por lo que no corresponde declarar la nulidad ni la exclusión de las testimoniales médicas; la ausencia de pericia caligráfica no invalida el cuadro probatorio; la falta de acreditación de autoría material de la falsificación no neutraliza el reproche administrativo por la presentación de los certificados; los descargos no aportan versión fáctica alternativa ni prueba de autenticidad; y la calificación legal provisoria ha respetado los principios de legalidad, tipicidad, debido proceso e irretroactividad de la ley sancionatoria más gravosa. Que en el dictamen emitido por el Instructor Sumariante, el mismo concluye que, ponderadas las pautas de graduación señaladas, la gravedad institucional de la conducta, la afectación de la confianza funcional, la regularidad del régimen de licencias, la inexistencia de prueba de descargo idónea y la ausencia de circunstancias diferenciales relevantes entre los agentes, procede a clausurar el sumario conforme lo prescribe el Artículo 28 y siguientes, del Anexo I de la Ley N° 9103; y da por demostrada la conducta de los Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial agentes, consistente en haber presentado ante la Administración Tributaria Mendoza certificados médicos de fecha 09/02/2024, tenidos por falsos o apócrifos conforme la prueba técnica y testimonial obrante en autos, con la finalidad de justificar inasistencias al servicio; por lo que aconseja se aplique a los mencionados agentes la sanción de CESANTÍA, conforme lo establecido por el Artículo 5, inc. b) del Anexo I de la Ley 9103, en concordancia con el Artículo 13, incisos a) y b), y el Artículo 14, inciso f) del Decreto-Ley N° 560/73. Que asimismo, le corre vista a los agentes sumariados, por el término de diez (10) días a los efectos de la presentación de su alegato conforme Artículo 31 del Anexo I de la Ley N° 9103. Que se incorporan en IF-2026-03921358-GDEMZA-SUMARIOS, IF-2026- 03921267-GDEMZA-SUMARIOS e IF-2026-03921154-GDEMZA-SUMARIOS los alegatos presentados por los agentes Vermes, Savarino y Lucero, respectivamente. Que en dichos alegatos, todos análogos en cuanto a su contenido y argumentos, los sumariados mediante su representante legal solicitan que se rechacen íntegramente las conclusiones arribadas por la instrucción sumariante y se disponga el cierre del presente sumario, dictándose resolución absolutoria en razón de la manifiesta insuficiencia probatoria, la defectuosa valoración de la prueba incorporada y la ausencia absoluta de acreditación concreta de responsabilidad disciplinaria. Que solicitan en subsidio que, para el hipotético e improbable supuesto de considerarse configurada alguna irregularidad administrativa, se descarte cualquier sanción expulsiva por resultar manifiestamente desproporcionada, arbitraria y contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el derecho administrativo sancionador. Que la Junta de Disciplina de esta Administración Tributaria Mendoza en IF-2026-05454304-GDEMZA-ATM dictamina que, se estima necesario analizar cada uno de los alegatos y expresa que, respecto a la necesaria certeza en materia sancionatoria, en el expediente ha quedo debidamente acreditada la autoría de los hechos endilgados a los agentes, que es la presentación de certificados médicos apócrifos para justificar una inasistencia, y evitar de esa manera descuento alguno por la falta de prestación del servicio, y que dichos certificados médicos no fueron escritos ni firmados por los profesionales médicos que supuestamente los emitieron. Que no obstante a no haber demostrado esta Administración la autoría material de los certificados por parte de los agentes, estos en ningún momento han intentado siquiera demostrar que concurrieron a un profesional médico y que el mismo les indicó reposo, ni situación alguna que desvirtúe la imputación realizada. No aportaron ni pidieron producir ninguna prueba que acredite que la condición de enfermedad y reposo fuese real. Que lo que se imputa no es la autoría material de la falsificación de los certificados sino el hecho de que dichos certificados se utilizaron para justificar una inasistencia, todo lo cual queda acabada e indudablemente probado con el legajo de los agentes obrante en el Departamento de Gestión Administrativa, cuya compulsa dio inicio a la investigación sumarial y posterior inicio de sumario que aquí se resuelve. Que en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba testimonial, cabe destacar que lo importante no es si el médico recuerda o no haber atendido al agente en tal fecha, sino que lo conducente es el desconocimiento de contenido, letra y firma de los certificados médicos exhibidos a los profesionales. El eventual error material en la mención de la fecha no afecta la sustancia probatoria del acto, desde que el testigo declaró sobre el documento que le fue exhibido y no sobre una hipótesis abstracta o ajena al expediente. Que respecto a la inexistencia de prueba técnica concluyente, la citada Junta entiende que la falta de coincidencias entre las firmas plasmadas en los certificados y las registradas en la oficina de matriculaciones, sumado al desconocimiento expreso realizado por ambos profesionales de los certificados médicos exhibidos, hace innecesaria la producción de prueba técnica, bastando estos extremos para acreditar la falsedad de los certificados. Que en cuanto a la ausencia absoluta de acreditación de dolo o culpa, ha quedado demostrado que los agentes utilizaron los certificados para justificar la inasistencia y evitar descuento de haberes. Que ante el planteo de improcedente asimilación de los agentes con funcionarios públicos y por ende en la imposibilidad de afectación institucional grave capaz de destruir definitivamente el vínculo de empleo público, la Junta de Disciplina entiende que a pesar de no revestir la calidad de funcionarios públicos, los agentes han defraudado la confianza depositada en ellos por esta Administración, afectando la prestación Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial del servicio, el registro de asistencias, la liquidación de haberes y por consiguiente la liquidación del adicional por Fondo Estimulo que se distribuye entre todos los empleados de la Administración Tributaria Mendoza, los que se vieron perjudicados por la maniobra. Que en consecuencia, la Junta de Disciplina sugiere que se aplique la sanción de cesantía, conforme lo establecido en el inciso b) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 9103, toda vez que los agentes Gisela Evelyn Lucero, D.N.I. N° 35.622.705; Fernando Gabriel Savarino, D.N.I. N° 35.664.181, y Ana Virginia Vermes, D.N.I. N° 37.296.605, han quebrantado con su conducta la prohibición dispuesta en el inciso f) del Artículo 14 del Decreto-Ley N° 560/73. Por ello, de acuerdo con la Resolución emitida por el Instructor Sumariante en IF-2026-03363919-GDEMZA- SUMARIOS, lo dictaminado por la Junta de Disciplina de esta Administración en IF-2026-05454304- GDEMZA-ATM, y las facultades atribuidas por la Ley N° 8521, EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA RESUELVE: Artículo 1° - Aplíquese a los agentes: Lucero, Gisela Evelyn, C.U.I.L. N° 27-35622705-6, Cargo Clase 03, Administrativo Técnico Personal de Ejecución, Código Escalafonario 05-1-02-00; Savarino, Fernando Gabriel, C.U.I.L. N° 20-35664181-8, Clase 03, Administrativo Técnico Personal de Ejecución, Código Escalafonario 05-1-02-00, y Vermes, Ana Virginia, C.U.I.L. N° 27-37296605-5, Clase 03, Administrativo Técnico Personal de Ejecución, Código Escalafonario 05-1-02-00, de la planta de personal de esta Administración Tributaria Mendoza, la sanción de CESANTÍA de conformidad con lo establecido por el Artículo 5°, inciso b) del Anexo de la Ley N° 9103, por quebrantar la prohibición dispuesta en el Artículo 14, inciso f) del Decreto-Ley N° 560/73. Artículo 2° - Hágase saber a los agente Lucero, Savarino y Vermes que tienen derecho a impugnar el presente acto administrativo interponiendo Recurso de Alzada ante el Poder Ejecutivo, conforme a las disposiciones del Artículo 183 de la Ley N° 9003, dentro de los quince (15) días de su notificación. Artículo 3º - Notifíquese a los agentes mediante la plataforma Mendoza X Mi (MxM); a la agente Lucero, en el domicilio de calle Butini N° 167, San Rafael, Mendoza; y a los agentes Savarino y Vermes, en el domicilio de calle Las Heras N° 543, San Rafael, Mendoza. Comuníquese a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dependiente de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, a la Oficina General de Sumarios y a la Dirección General de Recursos Humanos, dependientes del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Tómese conocimiento por la Dirección General de Rentas, la Dirección de Administración, el Departamento de Seguridad Informática y el Departamento de Gestión Administrativa. Cumplido, con constancias, archívese. CONT. ALEJANDRO LUIS DONATI S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES Y COOPERATIVAS Resolución N°: 125 MENDOZA, 15 DE SETIEMBRE DE 2026 VISTO el expediente EX-2021-04293078- -GDEMZA-DAYC#MEIYE, en el cual obran emplazamientos y requerimientos formulados a COOPERATIVA DE TRABAJO "NEHUEN" LIMITADA, con domicilio en el Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza, y; CONSIDERANDO Que, mediante Resolución Nº 132 de fecha 9 de marzo de 2023, este organismo dispuso el retiro de la autorización para funcionar a la cooperativa referida, emplazando en la misma a realizar el proceso liquidatario, conforme lo establecido en el Capítulo X de la Ley Nacional Nº 20337; y ante el incumplimiento por parte de la entidad, se dio intervención a Fiscalía de Estado para que considerara la posibilidad de efectuar liquidación judicial. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que la Secretaría de Asuntos Jurídicos – Fiscalía de Estado en dictamen identificado como NO-2026- 05327854-GDEMZA-FISCESTADO, de fecha 7 de julio de 2026, compulsa las actuaciones presentes y concluye que la entidad no posee bienes registrables de posible interés fiscal en los términos de los artículos 95° y 101° in fine de la ley 20337, por lo que una liquidación judicial constituiría un desgaste jurisdiccional innecesario. Que, en consecuencia, conforme al dictamen de Asesoría Legal IF-2026-05601855-GDEMZA-DAYC#MEIYE de fecha 21 de julio de 2026, corresponde disponer se cancele la inscripción de la entidad en el Registro Provincial de Cooperativas. Que, obran constancias de envíos de notificación al domicilio denunciado por la entidad y no se manifiesta a la fecha el funcionamiento de esta; dispóngase notificar en términos del artículo 152° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003. Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Ley Provincial Nº 5.316 y Decretos Provinciales Nº 52/2024 y 207/2024. LA DIRECTORA DE EMPRENDEDORES Y COOPERATIVAS RESUELVE Artículo 1º.- Cancélese en el Registro Provincial de Cooperativas, la inscripción Nº 1458 T, a COOPERATIVA DE TRABAJO "NEHUEN" LIMITADA, con domicilio en el Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza. Artículo 2º.- Notifíquese; dese al Área Datos, tómese nota en el Registro Provincial, y archívese. LIC. ANDREA NALLÍM S/Cargo 22-23-24/09/2026   (3 Pub.) H.T.A. / H.C.A. - DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN Resolución N°: 327 MENDOZA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 VISTO: El Expediente N° EX-2022-08962093-GDEMZA-DGIRR Caratulado: “S/ Normas de Perfilaje- Resol 778/96 HTA” – Expediente Infogov N° 797.698; y CONSIDERANDO: Que estos autos vienen a consideración de este H. Tribunal Administrativo remitidos por Superintendencia mediante Orden N° 23 IF-2026-00108644-GDEMZA-DGIRR, con el objeto de considerar una propuesta de reforma de la Resol. N° 81/18 emanada de este H. Cuerpo, norma que reglamenta el control y monitoreo de los pozos inyectores de agua coproducida o de formación, activos e inactivos, en formaciones productivas o no productivas, utilizados como método de recuperación secundaria o método de disposición final, en la explotación petrolera que se realiza en el territorio provincial; Que se parte de la base de minutas de reunión e informes de UNCuyo, de lo que surge la necesidad de modificación de la Resol. N° 81/18 del H.T.A. para atender situaciones particulares y excepcionales; Que, asimismo, la presente modificación responde a la necesidad de actualizar y adecuar operativamente las disposiciones establecidas por la Resol. N° 81/18 del H.T.A., a partir de la experiencia recogida durante su aplicación, con el objeto de fortalecer y optimizar los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de los pozos inyectores, adecuándolos a las necesidades actuales de fiscalización y a los criterios técnicos y ambientales aplicables; Que dicha actualización procura precisar y armonizar los procedimientos, requisitos, criterios de clasificación, metodologías de monitoreo y mecanismos de control previstos en la normativa vigente, incorporando las adecuaciones que resultan necesarias para asegurar una aplicación más eficiente, uniforme y trazable del régimen, fortalecer la prevención y gestión del riesgo ambiental y garantizar la adecuada protección del recurso hídrico; Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que, en tal sentido, las modificaciones propuestas se sustentan en la necesidad de mejorar la operatividad del régimen vigente, sistematizar la información, fortalecer los mecanismos de seguimiento y control y adecuar las exigencias técnicas y administrativas a la experiencia derivada de su implementación, sin alterar los principios y objetivos sustanciales establecidos por la Resol. N° 81/18 del H.T.A.; Que se le dio vista a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA) y la Dirección de Hidrocarburos solicitando opinión técnica y legal del presente proyecto, por lo que dichas Direcciones emitieron opinión y realizaron observaciones; Que mediante Orden N° 56 IF-2026-07039483-GDEMZA-DGIRR el Dpto. de Control de Hidrocarburos y Minería en respuesta a dichas observaciones informa que: La propuesta se apoya operativamente en la Práctica Recomendada del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), estándar de referencia para la industria. Entendiendo la realidad técnica de los yacimientos maduros de la provincia, la modificación adopta el concepto de barreras múltiples de aislación (tubing/packer, casing y cañería guía). Esto evita exigencias irrazonables o readecuaciones constructivas inviables en instalaciones antiguas. La modificación optimiza la redacción para resguardar la producción de hidrocarburos asociada a la inyección. En aquellos casos donde se constate una falta de hermeticidad o rotura en el casing (2.ª barrera), la norma no exige el paro automático e inmediato del pozo inyector. En su lugar, se otorga la opción técnica de continuar con la inyección de manera segura, siempre que se verifique mediante ensayos de trazadores/spinner, que la 1.ª barrera (tubing y packer) se encuentra íntegra y que la 3.ª barrera (cañería guía) cubre adecuadamente los acuíferos de interés. Esta modificación evita la paralización intempestiva de los proyectos de recuperación secundaria sin comprometer el ambiente. Por otra parte, la propuesta incorpora una mejora en el monitoreo sistemático de los pozos inactivos, una categoría que históricamente ha generado pasivos ambientales y focos de contaminación hídrica debido al deterioro progresivo por falta de seguimiento técnico. Con esta modificación, se establece un esquema de control periódico sobre el estado de integridad de los pozos inactivos para detectar tempranamente fugas o migración de fluidos que puedan comprometer los acuíferos, eliminando riesgos latentes para la provincia. Para evitar mayores costos y mejorar problemas operativos, se ajustará la frecuencia de presentación de perfiles de tránsito de fluido (PTF), se habilita formalmente el uso de la técnica de spinner; esta herramienta es significativamente más económica que los perfiles tradicionales y posee plena validez técnica para certificar la integridad del flujo. Por último, cabe aclarar que las empresas operadoras en la provincia son especialistas en yacimientos maduros y ejecutan de manera rutinaria estas pruebas de integridad. La aplicación de mediciones de presión/caudal y ensayos con spinner representan costos marginales dentro de la estructura operacional. Por ende, las medidas no atentan contra la viabilidad económica ni la competitividad de la actividad hidrocarburífera, garantizando la continuidad productiva en un marco de certeza de integridad ambiental; Que, por lo expuesto, analizados los objetivos, no habiendo objeciones legales que formular, en virtud de los avances tecnológicos imperantes, y las buenas prácticas ambientales utilizadas por esta Institución, se hace menester modificar la Resol. N° 81/18 de este H. Cuerpo a fin de lograr una preservación y protección adecuada de los acuíferos existentes, efectivizando la neutralización o minimización del riesgo de contaminación del recurso hídrico subterráneo y superficial, siendo una función inherente al Departamento General de Irrigación velar y preservar su calidad en todo el ámbito provincial, conforme el Art. 41 de la Constitución Provincial, Ley 25.675 Art. 4, el Art. 188 de la Constitución Provincial, Ley General de Aguas, Ley N° 9.589, Ley N° 4.035, Ley N° 4.036, Resol. N° 778/96, sus modificatorias, y su texto ordenado Resol. N° 52/20 todas del H.T.A., sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental en su carácter de Autoridad Ambiental en materia de control de la actividad petrolera, con quién se deberán coordinar las acciones respectivas en el marco de las competencias que corresponden a cada Organismo; Por ello en uso de sus facultades; EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION RESUELVE: 1. Modifíquese y amplíese tal y como a continuación se detalla el REGLAMENTO establecido por el Art. 1 de la Resol. 81/18 del H.T.A., para toda la Provincia de Mendoza, PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LOS Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial POZOS INYECTORES de agua coproducida o de formación, activos e inactivos, en formaciones productivas o no productivas, utilizados como método de recuperación secundaria o método de disposición final en la explotación petrolera. El presente reglamento modificado y ampliado debe considerarse parte integrante del Anexo V “NORMAS DE PERFILAJE PARA LAS EMPRESAS PETROLERAS” de la Resol. 778/96, y de su texto ordenado Resol. 52/20 ambas del H.T.A. 2. Modifíquese e incorpórese como párrafo segundo del Art. 2 - ALCANCE, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “…Empresas de servicios y normativa de control y régimen sancionatorio.”. 3. Modifíquese y amplíese el párrafo primero del Art. 4.2 - CRITERIO DE DISEÑO (pozos a convertir), del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Todos los pozos que se conviertan a inyectores, deberán asegurar la hermeticidad de la instalación. Para lo cual deberán contar con un informe de clasificación ambiental solicitado por la autoridad competente…”. 4. Modifíquese y deróguese el párrafo tercero del Art. 4.3 - CONTROL DE POZOS INYECTORES INACTIVOS, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, quedando redactado de la siguiente manera: “Todo pozo inyector que no se encuentre inyectando y no tenga un programa de intervención inminente, deberá estar físicamente desvinculado de su línea de inyección. Todas las cañerías y/o accesorios que no estén conectados, deberán estar aislados con bridas ciegas o tapones. Se deberá monitorear periódicamente el estado de integridad de la boca de pozo reportando potenciales estados de corrosión en válvulas y accesorios, pérdidas u otras anormalidades detectadas. Asimismo, se deberá monitorear el estado de la locación y el área adyacente al pozo reportando cualquier anormalidad (humedad, limpieza, accesibilidad, etc.).” 5. Modifíquese el cuadro de CONTROL/FRECUENCIA/TIPO DE REGISTRO e incorpórese el párrafo segundo y tercero del Art. 4.4.1 - CONTROLES OPERATIVOS, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “… VER CUADRO CORRESPONDIENTE A ESTE ARTÍCULO EN EL ANEXO A). Las empresas operadoras, deberán presentar en carácter de declaración jurada un reporte según la tabla en Subanexo II (consolidado mensual), en donde se solicitarán datos actualizados de todos los pozos inyectores, tantos activos como inactivos y su volumen de inyección mensual.  El envío de información se realizará de manera mensual, siguiendo el esquema de presentación establecido en el Subanexo II (registro – Consolidado Mensual), enviando al correo: pozosinyectoresdgi@irrigación.gov.ar (este correo puede ir actualizando su dominio, por lo que la empresa deberá ponerse en conocimiento de las actualizaciones de las direcciones de correo actuales). Las empresas operadoras deberán declarar la totalidad de los pozos inyectores activos e inactivos que posean en su ámbito de aplicación, con la condición correspondiente.” 6. Modifíquese el párrafo primero y segundo del Art. 4.4.2 - PERFIL DE TRANSITO DE FLUIDOS, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera:                                                            “Esta herramienta deber contener al menos los siguientes datos: estanqueidad de fondo, hermeticidad de los packers, on-off y determinar caudal admitido por punzado y ubicación de los punzados. Para esta prueba se podrá utilizar spinner para el cálculo de caudales en los distintos tramos de pozo…” 7. Modifíquese y amplíese el párrafo primero del Art. 4.4.3. - PRUEBA DE HERMETICIDAD, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “La presión a alcanzar para validar la Prueba de Hermeticidad es 20 kg/cm2, durante 15 minutos…” Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 8. Modifíquese los párrafos décimo y onceavo e incorpórese el doceavo del Art. 4.4.3.1. - Procedimiento para realizar la prueba de hermeticidad, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “…Las empresas operadoras deberán contar con al menos una prueba de hermeticidad en todos los pozos inyectores activos dentro del ámbito provincial, dentro del último año vigente. En el caso de que la prueba realizada al pozo de negativa, el pozo perderá su categoría actual quedando el mismo en categoría 4. Se deberá ejecutar el paro de inyección y desvinculación del mismo. Debiendo ser informado inmediatamente al DGI. El pozo deberá categorizarse como inactivos y realizar mediciones según los requerimientos de los pozos inyector inactivos hasta su reparación. En caso que el pozo posea PH negativa y la empresa necesite continuar inyectando; la empresa podrá solicitar la inyección condicional mediante pedido escrito al DGI, presentando un Perfil de Transito de Fluidos con fecha posterior a la fecha de la PH negativa, con el fin de realizar un informe de evaluación de integridad que verifique la correcta inyección, y un cronograma de reparación que comprenda un tiempo máximo de 180 días corridos desde la fecha del PTF mencionado anteriormente. Siendo responsabilidad de la empresa informar el estado final del pozo, en un plazo de 10 días corridos desde la fecha de prueba de hermeticidad negativa,” 9. Modifíquese el Art. 4.4.3.2. - Registro de Prestadores de Servicios, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, quedando redactado de la siguiente manera: “Las empresas que provean servicios de todas las pruebas solicitadas para el proceso de clasificación ambiental deben inscribirse en el registro de empresas de servicios. Ver Formulario de inscripción (SubAnexo III). Condiciones necesarias para prestar servicios: Las empresas deberán acreditar experiencia en el rubro, contar con equipamiento adecuado para la realización de cada prueba y personal con calificación para realizar dichas pruebas. Se presentará la información respaldatoria en la inscripción en el DGI. La empresa deberá contar con un domicilio legal electrónico y/o real en la provincia de Mendoza y proveer un domicilio fiscal electrónico de forma obligatoria. La empresa deberá presenta antecedentes de trabajos en la industria específica. Para ser habilitadas las empresas deber cumplir con los siguientes requisitos: -  Presentaciones obligatorias: nota con solicitud de inscripción en el listado de empresas de servicios petroleros. - Formulario de DDJJ con documentos que avalen la información declarada. Presentaciones: una vez habilitada la empresa de servicios podrá realizar pruebas a las empresas operadoras, los cuales deberán ser presentadas al DGI mediante correo electrónico (pozosinyectoresdgi@irrigación.gov.ar) con un plazo máximo de 7 días hábiles desde su realización. El incumplimiento de este requisito puede derivar en sanciones y hasta inhabilitación temporal o permanente de la autorización por parte del DGI, siendo la empresa operadora solidariamente responsable.” 10. Modifíquese e incorpórese el párrafo tercero al Art. 4.4.4. - CONTROL DE PRESIÓN EN ESPACIO ANULAR (PEC), del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “…Todo pozo que posea PEC distinto de 0 (cero), pasará automáticamente a la categoría 3 de la clasificación ambiental. En este caso, quedará a postead del Departamento General de Irrigación la solicitud de cierre del pozo (hasta estar intervenido y reparado) en función de la sensibilidad ambiental de la zona.” 11. Modifíquese y amplíese la sección Proceso de Clasificación Ambiental. Atributos. del Subanexo I, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, quedando redactada de la siguiente manera: “Para determinar la clasificación ambiental, es necesario valorizar cada uno de los atributos que se describen a continuación, en función del estado en que se encuentran en cada uno de los pozos inyectores. Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Con el fin de identificar aquellos pozos inyectores que eventualmente puedan afectar el acuífero de interés, se definen los siguientes atributos que se consideran representativos del riesgo ambiental: a) Cementación de la cañería guía o 1º barrera: de ahora en más “Guía”, se toma en consideración en este punto la calidad de la cementación de la cañería, a partir de la evaluación del perfil de cemento. b)Hermeticidad del casing o 2º barrera: de ahora en más casing, se refiere a una prueba de presión cuyo fin es verificar la integridad del casing. El resultado de esta prueba permitirá alertar rápidamente sobre posibles fallas en la instalación. c)Integridad de la instalación de inyección o 3º barrera: de ahora en más “Tubing/Packer”, consiste en determinar su integridad por medio del perfil de tránsito de fluidos (marcación con trazador  y/o medidor de flujo a hélice “spiner”) con el fin de detectar pérdidas por el tubing o por el packer. Desde el punto de vista ambiental, los datos que se consideran relevantes son el estado del tubing desde boca de pozo hasta el packer de la instalación. d)Punzados cementados o roturas cementadas por encima del packer superior: Este atributo considera la pérdida de integridad mecánica del casing por rotura o perforación. e) Aislación desde el techo del último punzado hasta la cañería guía entre el casing y la formación: Este atributo se evalúa a partir del perfil de cemento. f)  Corrosión severa con agujeros por encima del packer superior: Este atributo considera la pérdida de integridad mecánica del casing por corrosión. g) Presentaciones de perfiles actualizados: este atributo permitirá establecer una clasificación adecuada con datos actualizado de los pozos.” 12. Modifíquese los cuadros Matriz de CLASIFICACIÓN AMBIENTAL POZOS INYECTORES de la sección de Determinación de la Clasificación Ambiental del Subanexo I, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “… VER LOS CUADROS CORRESPONDIENTES A ESTE ARTÍCULO EN EL ANEXO B). 13. Modifíquese la tabla de la sección de Métodos de monitoreo y control del Subanexo I, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, la que quedará redactada de la siguiente manera: “…Pozos Categoría 1: • Mediciones de Tránsito de fluido/Spiner: Mínimo 1 vez cada 2 años. • Pruebas de Hermeticidad: Mínimo 1 vez por año. Pozos Categoría 2: • Mediciones de Tránsito de fluido/Spiner: Mínimo 1 vez por año. • Pruebas de Hermeticidad: Mínimo 1 vez por año. Pozos Categoría 3: • Mediciones de Tránsito de fluido/Spiner: Mínimo 1 vez cada 6 meses. • Pruebas de Hermeticidad: Mínimo 1 vez cada 4 meses. Pozos Categoría 4: Parada de pozo inmediata y reparación urgente. Pozos tubingless: Un PTF por año.” 14. Incorpórese el Art. 5 - PERFIL DE CEMENTACIÓN, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Se realizará la evaluación del anillo de cemento, que debe existir, entre la cañería guía y ell primer punzado.” Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 15. Incorpórese el Art. 6 - PERFIL DE CORROSIÓN, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Las empresas deberán presentar un perfil de corrosión a partir de los 5 años de perforados y con una periodicidad de, al menos, 3 años. Considerando la necesidad de intervención del pozo.” 16. Incorpórese el Art. 7 - POZOS TUBINGLESS al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES el que quedará redactado de la siguiente manera: “Son pozos que carecen de tubing o el mismo ha sido cementado por entre columna tubing/packer, en ambos casos no puede realizarse la prueba de hermeticidad, por tanto, en estos pozos la prueba de tránsito de fluidos o spinner deberá realizarse en forma anual.” 17. Incorpórese el Art. 8 - POZOS CON INYECCIÓN DE POLÍMEROS, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Estos son pozos de recuperación terciaria, que inyectan junto con el agua polímeros, estos pozos tendrán el mismo tratamiento que un pozo inyector convencional.” 18. Incorpórese el Art. 9 - TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: ·“Pozos nuevos: son todos aquellos pozos perforados nuevos, ya sea para, explotación, avanzada, desarrollo, sumideros o inyectores. Estos deberán cementar la cañería guía en su totalidad (desde el zapato hasta superficie) con la longitud adecuada o mediante punzado auxiliar y cementación a presión asegurando la correcta aislación de los acuíferos. (ver Anexo) · Pozos inyector activos: Es aquél pozo que está siendo utilizado para la inyección de agua en proyectos de recuperación secundaria y/o Asistida (Polímeros, Geles, otros)  y que es utilizado en actividades en actividades relacionadas a la inyección y/o sumidero, con agregado o no de polímeros. Inclusive cuando temporariamente pudiera encontrarse fuera de actividad en razón de la realización de tareas de mantenimiento u otras vinculadas a la continuidad de su utilización. ·  Pozos inactivos: considérese como aquellos pozos que, en sus distintos estados: En Estudio (ES), A Abandonar (AA), Parado Transitoriamente (PT), En Reparación (ER), En Espera de Reparación (EER), En Reserva de Gas (ERG), en Reserva Para Recuperación Secundaria (RRSA), Mantenimiento de Presión (MP) y otras Situación Inactivo (OCI,) en los que la producción o inyección no ha comenzado o ha cesado por razones comerciales, técnicas u operativas por un lapso de 12 meses. ·  Pozos Tubing less: considérese aquellos pozos los cuales fueron construidos o convertidos que no presentan espacio anular entre casing y tubing. · Pozos a convertir: son todos aquello pozos que pasarán a realizar inyección o como pozo sumidero. El mismo deberá asegurar la hermeticidad de la instalación. Todos los pozos deberán contar con tubing, casing y guía para el monitoreo de presiones. Para aquellos pozos con diseño “tubing less” sólo se instalará manómetro en casing y guía. · Clasificación Ambiental: evalúa la integridad del pozo inyector en función de los perfiles actualizados de cada pozo.” 19. Incorpórese el Art. 10 - REPARACIONES DE POZOS, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Si un pozo inyector, ya sea activo o inactivo, requiere una intervención o reparación; la empresa operadora deberá comunicar al DGI (Departamento General de Irrigación) mediante la presentación de un plan de intervención y un cronograma detallado. Asimismo, una vez culminadas las reparaciones, la empresa deberá realizar las pruebas necesarias para verificar la integridad de las barreras del pozo y asegurar su correcto funcionamiento y su posterior aviso formal al DGI para la re categorización del pozo. El DGI, tras verificar la integridad de las barreras del pozo, procederá a emitir autorización de inyección del pozo.” Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 20. Modifíquese los párrafos del quinto y sexto, derogando párrafos séptimo a décimo de la Documentación requerida para la Evaluación Ambiental del Subanexo I, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “…La empresa operadora será responsable de presentar toda la documentación necesaria para mantener actualizado las clasificaciones ambientales de los pozos inyectores, según se establezca en base de datos del DGI. Siendo solidariamente responsable de las presentaciones de PH, PTF y mediciones de niveles. Toda la información puede ser remitida por mesa de entrada a través de sus canales de comunicación o por correo electrónico a pozosinyectoresdgi@irrigación.gov.ar.” 21. Incorpórese el Subanexo I.1 de POZOS INACTIVOS, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Clasificación ambiental. Atributos. Con el fin de identificar aquellos pozos inyectores inactivos que eventualmente puedan afectar el acuífero de interés, se definen y describen los siguientes atributos que se consideran representativos del riesgo ambiental: a) Cementación de la cañería guía o 1º barrera: de ahora en más “Guía”, se toma en consideración en este punto la calidad de la cementación de la cañería, a partir de la evaluación del perfil de cemento. b) Punzados cementados o roturas cementadas por encima del packer superior: Este atributo considera la pérdida de integridad mecánica del casing por rotura o perforación. c) Aislación desde el techo del último punzado hasta la cañería guía entre el casing y la formación: Este atributo se evalúa a partir del perfil de cemento. d)  Corrosión severa con agujeros por encima del packer superior: Este atributo considera la pérdida de integridad mecánica del casing por corrosión. e) Variaciones del nivel del pozo respecto a la acuífera: Este atributo tiene en cuenta la capacidad del pozo de llegar a zona de acuíferas, se evalúa el nivel estático del pozo a través de ecometría. en el caso de que no se conozca la profundidad del acuífero se tomará como parámetro una profundidad 200 mbbp. Tabla de clasificación ambiental de pozos inyectores inactivos y categorías Para determinar la clasificación ambiental, es necesario valorizar cada uno de los atributos antes descriptos, en función del estado en que se encuentran en cada uno de los pozos inyectores, de acuerdo a la siguiente ponderación. VER LOS CUADROS CORRESPONDIENTES A ESTE ARTÍCULO EN EL ANEXO C). Monitoreo y control de pozos inyectores inactivos En función de la clasificación ambiental es necesario realizar el monitoreo y control de los pozos inactivos de acuerdo al riesgo potencial a afectación del acuífero. Cada clasificación tiene asociado un método de monitoreo y control que se resumen en la siguiente tabla: Pozos Categoría 1: • Mediciones de nivel: Mínimo 1 vez por año. Pozos Categoría 2: • Mediciones de nivel: Mínimo 1 vez cada 6 meses. Quedando a potestad del DGI solicitar el cegado definitivo del pozo por riesgo de afectación ambiental.”. 22. Modifíquese y amplíese el Art. 4 de la Resol. 81/18 del H.T.A., el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los incumplimientos que se detecten a la presente serán objeto de las sanciones previstas en la Resol. 778/96, modificatorias, y en su texto ordenado Resol. 52/20 todas del H.T.A. A los fines de la constatación de los hechos, se tendrán por válidas las Actas de Inspección labradas por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental o por personal del DGI, en forma conjunta o indistinta. En todos los casos se Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial otorgará oportunidad de descargo y se dará cumplimiento, en lo pertinente, al procedimiento de fiscalización previsto en la Resol. 778/96 HTA, modificatorias, y en su texto ordenado Resol. 52/20 todas del H.T.A”. 23. Aprobar el texto ordenado del Anexo V de la Resol. 52/20 del H.T.A. el que forma parte integrante de la presente como Anexo. 24. Toda referencia a la Dirección de Protección Ambiental debe entenderse realizada a la actual Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, o bien al organismo que la reemplace en el futuro. 25. Déjese expresamente establecido que la documentación e información requerida por la presente no exime a las empresas de presentar la documentación e información que sea solicitada por las autoridades competentes. 26. Invitar al Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de las Direcciones respectivas, a integrar una mesa de trabajo conjunta con la Dirección de Gestión Ambiental de éste D.G.I., con el objetivo de coordinar las acciones respectivas en el marco de las competencias que corresponden a cada Organismo. 27. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Organismo. Hecho pase a Superintendencia para su toma de razón y cumplimiento, por sus áreas específicas notifíquese a las empresas operadoras y/o concesionarias, a las empresas prestadoras de servicio de la Provincia de Mendoza, a la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial y a la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo, a sus efectos. Fdo: Victor Omar Sorroche, consejero Río Tunuyán Superior H.C.A. y H.T.A., presidente H.C.A. y H.T.A; Lic. Gustavo Andrés Ruiz, consejero Río Diamante H.C.A. y H.T.A.; Ing. Agr. Alejandro Gennari, consejero Río Mendoza H.C.A. y H.T.A.; Sr. Leonardo O. Viñolo, consejero Río Atuel H.C.A. y H.T.A.; Sr. Eloy Guerrero, consejero Río Tunuyán Inferior H.C.A. y H.T.A.; Ing. Agrim. Sergio L. Marinelli, Superintendente General de Irrigación; Dr. Leonardo Ruben Muzzino, secretario del H.C.A. y H.T.A. NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza www.boletinoficial.mendoza.gov.ar S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) @@GRPG_7@@ ORDENANZAS MUNICIPALIDAD LAS HERAS Ordenanza N°: 34 VISTO: Que la Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo, Límites, Mercosur Trasandino y Cooperación Regional, ha considerado el Expediente Electrónico EE-1440-2026, referente aceptación de donación sin cargo, iniciado por la Señora Liliana Gladys de Piccolo, la superficie de terreno correspondiente ensanche de Calle Domingo Matheu y.- CONSIDERANDO: Que evaluadas las circunstancias de la pieza administrativa, resulta: Que la Señora Liliana Gladys de Piccolo, titular del dominio, D.N.I:16.102.708, CUIL/T: 27-16.102.708-7, viene a realizar el ofrecimiento de donación de terreno sin cargo a favor de la Municipalidad de Las Heras.- Que el inmueble se encuentra ubicado en la Provincia de Mendoza, Departamento de Las Heras, Distrito El Resguardo, con frente a calle Domingo Matheu Nº 846, y comprende una superficie afectada al ensanche de dicha calle.- Que la superficie, según mensura, es de Doscientos Doce Metros Con Veintitrés Decímetros Cuadrados 212,23 m² y, según título, de Doscientos Quince Metros Con Dieciséis Decímetros Cuadrados 215,16 m².- Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que el inmueble se encuentra identificado con Nomenclatura Catastral N.º 032516679636826300002, Padrón Territorial N.º 03-7933969 y Padrón Municipal N.º 205962.- Que la inscripción de dominio corresponde al Folio Real, Matrícula N.º 67845/3, Matrícula N.º 030067845, Asiento A-1, Departamento de Las Heras, con fecha de inscripción 21/03/1989 y fecha de escritura 02/03/1989.- Que en el orden 6 obra la Escritura N.º 67, correspondiente al estado de división de condominio y adjudicación de dominio.- Que asimismo, en el orden 14, la Dirección de Catastro detalla las medidas perimetrales, superficie y linderos del inmueble.- Que en el orden 16 obra el ofrecimiento de donación efectuado por la oferente, debidamente certificado por escribana pública.- Que por otra parte, en el orden 21, el Registro de la Propiedad Raíz y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza emite el informe correspondiente, del cual surge que la señora Del Piccolo no se encuentra inhibida y que el inmueble no posee gravamen alguno.- Que en virtud de la documentación obrante en el expediente de referencia, y habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por la Ordenanza N.º 100/12, conforme a las facultades conferidas por el artículo 71.º de la Ley N.º 1079, este Órgano Legislativo procede a dictar la norma legal correspondiente.- POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS ORDENA ARTICULO 1º: Aceptar la donación sin cargo efectuada por la señora Liliana Gladys de Piccolo, titular del dominio, D.N.I:16.102.708, CUIL/T: 27-16.102.708-7, a favor de la Municipalidad de Las Heras, correspondiente a un inmueble ubicado en la Provincia de Mendoza, Departamento de Las Heras, Distrito El Resguardo, con frente a calle Domingo Matheu N.º 846, destinado al ensanche de dicha calle, el inmueble posee una superficie, según mensura, de Doscientos Doce Metros Con Veintitrés Decímetros Cuadrados 212,23 m² y, según título, de Doscientos Quince Metros Con Dieciséis Decímetros Cuadrados 215,16 m². Asimismo, se encuentra identificado con Nomenclatura Catastral Nº032516679636826300002, Padrón Territorial Nº 03-7933969 y Padrón Municipal Nº 205962, con inscripción de Dominio en Folio Real, Matrícula Nº 67845/3, Matrícula Nº 030067845, Asiento A-1, Departamento de Las Heras, con fecha de inscripción 21/03/1989 y fecha de escritura 02/03/1989. De conformidad con las medidas perimetrales, superficies y linderos informados por la Dirección de Catastro, el inmueble presenta el siguiente detalle: Ensanche de calle Domingo Matheu: Superficie según mensura (S/M): 212,23 m². Superficie según título (S/T): 215,16 m².- Ancho de calle: 20,00 m. Límites: Norte: con más terrenos del donante, fracción, en 48,34 m. Sur: con calle Domingo Matheu, en 48,28 m. Este: con calle Domingo Matheu, en 4,79 m. Oeste: con calle Domingo Matheu, en 4,00 m. TOTAL, SUPERFICIES OFRECIDAS EN DONACIÓN S/M S/T TOTAL : 212,23m2 215,16m2 ARTÍCULO 2º: La Escribana Municipal deberá gestionar la correspondiente inscripción del dominio ante el Registro de la Propiedad y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza, conforme a lo establecido por el artículo 1552 del Código Civil.- ARTÍCULO 3º: Notifíquese la presente Ordenanza a la Señora Liliana Gladys de Piccolo, en su Domicilio real en calle Domingo Matheu N.º 846, haciendo entrega de una copia de la misma.- Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial ARTÍCULO 4º: Tomen conocimiento de la presente Ordenanza la Intendencia, la Asesoría Técnica y Legal, la Dirección de Asuntos Legales, la Dirección de Obras Privadas y demás reparticiones que correspondan.- ARTICULO 5º: Comuníquese, dese al Departamento Ejecutivo, al libro de Ordenanzas y Archívese.- DADA EN LA SALA CULTURAL MALVINAS ARGENTINAS, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 NOELIA DELPIR Presidenta PAULA ZELAYA Secretaria S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) @@GRPG_8@@ DECRETOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD LAS HERAS Decreto Municipal N°: 1162 CIUDAD DE LAS HERAS, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 VISTO: EE 1440-2026 y la Ordenanza Municipal N° 34/2026 del H.C.D., y CONSIDERANDO: Que, por la misma, el Honorable Concejo Deliberante ordena aceptar la donación sin cargo efectuada por la señora Liliana Gladys de Piccolo, titular del dominio, D.N.I:16.102.708, CUIL/T: 27-16.102.708-7, a favor de la Municipalidad de Las Heras, correspondiente a un inmueble ubicado en la Provincia de Mendoza, Departamento de Las Heras, Distrito El Resguardo, con frente a calle Domingo Matheu N.º 846, destinado al ensanche de dicha calle, el inmueble posee una superficie, según mensura, de Doscientos Doce Metros Con Veintitrés Decímetros Cuadrados 212,23 m² y, según título, de Doscientos Quince Metros Con Dieciséis Decímetros Cuadrados 215,16 m². Asimismo, se encuentra identificado con Nomenclatura Catastral Nº032516679636826300002, Padrón Territorial Nº 03-7933969 y Padrón Municipal Nº 205962, con inscripción de Dominio en Folio Real, Matrícula Nº 67845/3, Matrícula Nº 030067845, Asiento A-1, Departamento de Las Heras, con fecha de inscripción 21/03/1989 y fecha de escritura 02/03/1989. De conformidad con las medidas perimetrales, superficies y linderos informados por la Dirección de Catastro. Que luego de analizado el particular, corresponde promulgar la Ordenanza N° 34/26, emitida en fecha 03 de septiembre de 2026. Por ello; EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA Artículo 1º.- Promúlguese la Ordenanza Nº 34/26, emitida por el Honorable Concejo Deliberante, en fecha 03 de septiembre de 2026.- Artículo 2º.- El presente decreto será firmado por el Intendente Municipal y refrendado por el señor Secretario Legal y Técnico, conforme al Art. 102 de la Ley 1079.- Artículo 3º.- El presente decreto es controlado formalmente por el Secretario Legal y Técnico. Artículo 4º.- Tomen conocimiento Intendencia Municipal, Secretaría de Hacienda, Secretaria Legal y Técnica, Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Catastro, Escribanía Municipal. Artículo 5º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- FRANCISCO LO PRESTI Intendente Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial DR. MAURO HOMAN Secretario Legal y Técnico S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) @@GRPG_9@@ RESOLUCIONES MUNICIPALES MUNICIPALIDAD LAVALLE Resolución Municipal N°: 1129 LAVALLE, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 VISTO: Que es necesario realizar un movimiento entre Partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos en vigencia, a los fines de continuar con el trámite administrativo adecuado a la prestación de los servicios efectuados por el Municipio; y CONSIDERANDO: Que se estima un incremento en la recaudación en la partida Recursos Corrientes - De Otras Jurisdicciones - Participaciones, de $ 260.000.000,00 (pesos: doscientos sesenta millones con 00/100). Que en el Presupuesto Municipal para el año 2.026, Ordenanza Nº 1283/2026; Decreto Municipal Nº 5/26), faculta al Departamento Ejecutivo a disponer las reestructuraciones y modificaciones que consideren necesarias, dentro de una misma Jurisdicción, siempre que no se altere el total del Presupuesto de Gastos; Que en consecuencia corresponde incorporar las partidas de ingresos y egresos pertinentes del Presupuesto Municipal; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL RESUELVE: ART.1º) - Increméntese la partida: RECURSOS CORRIENTES – DE OTRAS JURISDICCIONES – PARTICIPACIONES, en la suma $ 260.000.000,00 (pesos: doscientos sesenta millones con 00/100). ART. 2º) – Increméntese la partida: EROGACIONES CORRIENTES - OPERACIONES – SERVICIOS, en la suma de $ 260.000.000,00 (pesos: doscientos sesenta millones con 00/100). ART. 3 º) - Por la Dirección de Coordinación de Comunicación Pública efectúese la publicación de estilo y por Dirección de Hacienda tómese conocimiento a los efectos de su implementación. ART. 4 º) - Notifíquese al Concejo Deliberante de Lavalle, conforme imperio de la Ordenanza 1.283/2.026 y Decreto 5/26.- ART.5º) - Cúmplase y dése al Digesto Municipal. EDGARDO GONZALEZ INTENDENTE MUNICIPAL SEBASTIAN ORIBE SECRETARIO DE HACIENDA S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial @@SEC_PARTICULAR@@ Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial @@GRPP_11@@