LICITACIONES
Publicación
- Fecha de publicación
- 24 de septiembre de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.684 · páginas 2–80
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
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Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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DECRETOS
MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Decreto N°: 1762
MENDOZA, 26 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Nº EX-2026-05039325- -GDEMZA-GOBIERNO; y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones tramita una nota administrativa del Procurador General de la Suprema
Corte de Justicia de Mendoza, la cual se encuentra digitalizada en orden 02, dirigida al Sr. Asesor de
Gobierno de la Provincia, a fin de tramitar una exclusión de tutela contra el agente David Oscar Murcia
Moyano, D.N.I. Nº 32.901.906, foja de servicios Nº 5.808;
Que junto con la nota se acompaña copia de las actuaciones administrativas Nº 3974 caratuladas “TITULAR
UDAPIF DENUNCIA IRREGULARIDADES INFORME DE DOMINIO” donde el Procurador General de la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha dispuesto:
“I.- Disponer la cesantía del agente David Oscar Murcia Moyano, DNI Nº 32.901.906, foja de servicios Nº
5.808, por resultar su conducta violatoria de las prohibiciones previstas en el Artículo 14 incisos j), k), l), ll)
del Decreto Nº 560/73, conforme lo establecido en el Artículo 5 inciso b) del Anexo de la Ley Nº 9.103,
dejando prevista la conversión a exoneración a las resultas del juicio criminal, en caso de recaer sentencia
condenatoria como autor penalmente responsable por delito contra la Administración Pública en la causa P-
104714/22, conforme lo previsto en el Artículo 6 incisos a) y/o c del Anexo Ley Nº 9.103. “Año del 90º
Aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia”
II.- Disponer que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 de la Ley Nº 23.551 y siendo que el agente
cuenta con protección gremial, la aplicación de dicha sanción se encuentra condicionada al otorgamiento de
la resolución judicial que resuelva favorablemente la exclusión de tutela.
III.- Remitir copia de las presentes actuaciones a Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza para
que inicie, prosiga, y ejecute las acciones judiciales en los términos de la Ley Nº 23.551 a los efectos de
excluir la tutela sindical del agente David Oscar Ariel Murcia Moyano, quien reviste el cargo de categoría
Personal Técnico y Administrativo - OFICIAL DE TERCERA -Clase 13 - régimen 10 - Agrupamiento 003,
tramo 000, subtramo 004- carácter 01 - jurisdicción 02 - unidad organizativa 02.
IV.- Notificar la presente resolución al sumariado, haciéndole saber que atento a la condicionalidad de la
sanción dispuesta, el plazo para impugnarla comenzará a correr si se resuelve favorablemente la exclusión
de tutela sindical, circunstancia que se le hará saber conforme lo dispone el Art 150 de la Ley Nº 9.003.”;
Que de conformidad con el análisis jurídico del área competente, resulta necesaria la emisión de un decreto
del Poder Ejecutivo que instruya formalmente a la Asesoría de Gobierno para iniciar dicha acción judicial,
siendo el Señor Gobernador la autoridad competente para tales efectos;
Que la competencia administrativa es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida por quien la tiene
atribuida por el ordenamiento jurídico; y siendo que el Asesor de Gobierno tiene a su cargo la representación
en juicio de la Provincia por mandato directo del Poder Ejecutivo, le compete a este último impartir las
instrucciones para llevar adelante acciones judiciales;
Por ello y de conformidad con dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno,
Infraestructura y Desarrollo Territorial en orden 07;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Ratifíquese lo dispuesto mediante Resolución Nº 396/26 emitida por el Procurador General de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia en las actuaciones administrativas Nº 3974 titular “UDAPIF
DENUNCIA DE IRREGULARIDADES INFORMES DE DOMINIO”.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 2º - Instrúyase a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza,
inicie la acción judicial de exclusión de tutela sindical conforme Artículos 47 y 52 de la Ley N° 23.551 en
contra del agente: David Oscar Murcia Moyano, D.N.I. Nº 32.901.906, por los motivos expuestos en los
presentes considerandos.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1773
MENDOZA, 27 DE AGOSTO DE 2026
Debiendo ausentarse de la Provincia el Señor Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial,
Abg. NATALIO MEMA RODRIGUEZ,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Encárguese interinamente la Cartera del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo
Territorial, a partir del día 27 de agosto de 2026, mientras dure la ausencia de su titular, Abg. NATALIO
MEMA RODRIGUEZ, al señor Ministro de Hacienda y Finanzas, VICTOR FAYAD.
Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno, Infraestructura y
Desarrollo Territorial y de Hacienda y Finanzas.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
LIC. VICTOR FAYAD
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1951
MENDOZA, 16 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente N° EX-2021-07516843GDEMZA-MGTYJ; y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de referencia, se tramita el reclamo administrativo formulado por agentes del Poder
Judicial, mediante el cual solicitan el reconocimiento y pago de diferencias salariales derivadas de la
aplicación de la denominada Cláusula "C" del Acuerdo Paritario del Sector Judicial celebrado en el año 2013;
Que los reclamantes solicitan el reconocimiento de las diferencias salariales que, según sostienen, les
corresponderían en virtud de la denominada Cláusula "C" incorporada al Acuerdo Paritario del Sector
Judicial del año 2013;
Que manifiestan que dicha cláusula tenía por finalidad evitar el incremento de la brecha salarial existente
entre magistrados, funcionarios y empleados judiciales, sosteniendo que el incumplimiento de ese
compromiso produjo un perjuicio económico que debe ser reparado mediante el pago de las diferencias
salariales correspondientes, con más sus intereses;
Que asimismo, invocan la vulneración de derechos de raigambre constitucional, tales como el derecho de
propiedad, el principio de igualdad, la protección integral del salario y la progresividad de los derechos
laborales, formulando reserva del caso federal;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
entiende que el reclamo no puede prosperar, por cuanto una controversia sustancialmente análoga a la aquí
planteada, referida a la interpretación, alcance y efectos jurídicos de la denominada Cláusula "C" del
Acuerdo Paritario del Sector Judicial, ya ha sido objeto de expreso pronunciamiento por la Excma. Suprema
Corte de Justicia de Mendoza en los autos Nº CUIJ 13-04253828-5, caratulados "ASOCIACIÓN DE
FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", encontrándose dicho precedente firme tras la
denegación del Recurso Extraordinario Federal interpuesto contra la sentencia recaída en la causa;
Que el Máximo Tribunal Provincial analizó el contenido la cláusula invocada y concluyó que la misma no
reconoce un derecho subjetivo automático al reajuste de las remuneraciones ni genera, por sí sola, una
obligación exigible de equiparación salarial o de pago de diferencias retroactivas, sino que constituye un
compromiso cuyo tratamiento corresponde al ámbito propio de la negociación colectiva;
Que asimismo, surge de las constancias incorporadas que la decisión dictada por la Suprema Corte adquirió
firmeza al haberse denegado el Recurso Extraordinario Federal interpuesto contra dicho pronunciamiento,
quedando consolidado el criterio interpretativo fijado respecto del alcance jurídico de la referida cláusula;
Que la pretensión deducida en las presentes actuaciones resulta sustancialmente coincidente con aquella
que fuera objeto de análisis y resolución por el Máximo Tribunal Provincial;
Que corresponde señalar que la actuación administrativa debe ajustarse a los principios de juridicidad,
seguridad jurídica y razonabilidad, observando los criterios interpretativos establecidos por los órganos
jurisdiccionales competentes cuando éstos han resuelto definitivamente cuestiones de derecho como la aquí
planteada;
Que no corresponde reconocer administrativamente el derecho invocado por los reclamantes ni disponer el
pago de diferencias salariales fundadas en una interpretación de la Cláusula "C" que ha sido expresamente
descartada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza;
Que el Informe Técnico-Legal Nº 43/2026 de orden 12 concluye que la acción se encuentra alcanzada por el
instituto de la prescripción, en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 bis del Decreto Ley Nº 560/73 y el
artículo 186 inciso a) de la Ley N.º 9003, destacando que entre el último acto procedimental útil y la nueva
presentación del interesado transcurrió un lapso superior al plazo bienal previsto por la normativa, criterio
que resulta concordante con el precedente "Quintanilla" de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza;
Que corresponde rechazar el reclamo administrativo interpuesto por el Dr. Alejandro F. Jofré, tanto por
encontrarse la acción prescripta conforme al régimen legal aplicable, como por carecer los presentantes de
legitimación activa para reclamar la aplicación de los efectos de la sentencia dictada en la causa “Asociación
de Funcionarios Judiciales c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción Procesal Administrativa”, en
los términos y con los alcances expuestos en el Informe Técnico-Legal Nº 43/2026;
Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en orden 14,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Declárese prescripto el reclamo administrativo interpuesto por Alejandro Felipe Jofré, en nombre
y representación de los trabajadores judiciales reclamantes nucleados en la “ASOCIACIÓN DE
FUNCIONARIOS JUDICIALES” en el Expediente EX-2021-07516843--GDEMZA-MGTYJ y dispóngase su
archivo, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente norma.
Artículo 2º - Rechácese el reclamo efectuado por los trabajadores judiciales reclamantes nucleados en la
“ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES” que se detallan a continuación: CARLOS FABIAN
PERLA, D.N.I. Nº 17.513.858; FABIAN OSVALDO CANO, D.N.I. Nº 18.514.260; BRUNO ESTEBAN
ESCUDERO MARTIN, D.N.I. Nº 37.520.612; CARINA ANDREA MARTIN, D.N.I Nº 22.189.564; CLAUDIA
BEATRIZ SANCHEZ, D.N.I. Nº 18.391.343; ADRIAN EDGARDO HAIST, D.N.I. Nº 21.378.903; RUBEN
FRANCISCO SANCHEZ, D.N.I. Nº 13.716.718; ROXANA ELIZABETH ORDOVINI, D.N.I. Nº 24.207.817;
RUBEN RODRIGO CALATAYUD FENOGLIO, D.N.I. Nº 26.545.633; GABRIELA MARIA ROMERO, D.N.I. Nº
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
13.806.712; RODRIGO SEBASTIAN PREROVSKI, D.N.I. Nº 32.019.647; PABLO ENRIQUE GARCIA, D.N.I.
Nº 26.936.554; ALBERTO DANIEL POVES, D.N.I. Nº 23.840.162; ALEJANDRA BEATRIZ HERRERA, D.N.I.
Nº 23.180.681; HECTOR BERCICH, D.N.I. Nº 11.694.229; CARLOS ALBERTO OJEDA MARTIN, D.N.I. Nº
17.126.355; AMALIA FRANCISCA LILIANA MOYANO, D.N.I. Nº 23.849.604; LILIANA MONICA ALTAMIRA,
D.N.I. Nº 12.481.438; MARIA LAURA ARROYO, D.N.I. Nº 29.787.891; ROMINA MARIANA ASTUDILLO
QUEZADA, D.N.I. Nº 30.988.315; MARIA LUCIA BARRERA, D.N.I. Nº 12.852.235; NORA FABIANA
CALDERON, D.N.I. Nº 18.452.350; LAURA ELIZABETH DIACONDO, D.N.I. Nº 30.054.912; BEATRIZ
ELIZABETH FUNES SANCHEZ, D.N.I. Nº 17.640.024; MARIA GABRIELA FUNES, D.N.I. Nº 22.237.707;
MARIA CECILIA GODOY, D.N.I. Nº 24.996.425; LICIA PAOLA GUERRERO, D.N.I. Nº 23.949.378; DANIEL
HUMBERTO PAEZ, D.N.I. Nº 22.154.366; DIEGO GERMAN PEREA, D.N.I. Nº 29.327.173; CLARA SUSANA
PUEBLA, D.N.I. Nº 22.958.034; CESAR MIGUEL QUINTANA, D.N.I. Nº 14.065.251; ALDO GASTON
RIVIELLO SEGGIARO, D.N.I. Nº 31.028.929, por los motivos expuestos en los considerandos del presente
decreto.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1952
MENDOZA, 16 DE SETIEMBRE 2026
Visto el Expediente Nº EX-2026-06998420- -GDEMZA-HCD; y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de referencia se tramitan diversas notas presentadas por el Sr. Sebastián Amate, a
cargo de la Coordinación de Servicios Generales, Mantenimiento y Maestranza de la Honorable Cámara de
Diputados, en relación a las inasistencias del agente José Matías Úbeda Trípoli;
Que mediante Resolución Nro. 188-P.S.H.-2026 de la Honorable Cámara de Diputados de fecha 18 de
agosto de 2026, el Presidente resolvió instruir a Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza, a fin de
que se inicie el procedimiento de “Exclusión de la Tutela Gremial” del agente José Matías Úbeda Trípoli,
D.N.I. N° 28.341.318;
Que de conformidad con el análisis jurídico del área competente, resulta necesaria la emisión de un decreto
del Poder Ejecutivo que instruya formalmente a la Asesoría de Gobierno para iniciar dicha acción judicial,
siendo el Señor Gobernador la autoridad competente para tales efectos;
Que la competencia administrativa es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida por quien la tiene
atribuida por el ordenamiento jurídico; y siendo que el Asesor de Gobierno tiene a su cargo la representación
en juicio de la Provincia por mandato directo del Poder Ejecutivo, le compete a este último impartir las
instrucciones para llevar adelante acciones judiciales;
Que la medida solicitada encuentra su fundamento legal en los Artículos 47 y 52 de la Ley N° 23.551 de
Asociaciones Sindicales;
Por ello y de conformidad con dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno,
Infraestructura y Desarrollo Territorial en orden 08;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Instrúyase a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza,
inicie la acción judicial de exclusión de tutela sindical conforme Artículos 47 y 52 de la Ley N° 23.551 en
contra del agente a los efectos de excluir de la tutela sindical al agente JOSE MATIAS UBEDA TRIPOLI,
D.N.I. N° 28.341.318.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Decreto N°: 1258
MENDOZA, 29 DE JUNIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-03289412- -GDEMZA-DGSERP#MSEG, y su tramitación
conjunta N° EX-2025-02294994- -GDEMZA-DGSERP#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que las citadas actuaciones se inician con escrito del ex agente penitenciario Luís Mauricio Pelegrina
Martínez, quien solicita al Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza, se de curso al expediente
administrativo N° 1282-D-2015-00020;
Que en orden 10 obra copia digitalizada del expediente 1282-D-2015-00020 y sus actuaciones acumuladas,
de las cuales surge el iter procedimental iniciado por el entonces Oficial Adjutor S.C.S. Luís Mauricio
Pelegrina Martínez: En el marco del expediente N° 773-P-2013-00213 (Fs. 01, Pág. 48/49), el administrado
interpuso Recurso de Aclaratoria contra su calificación anual de fecha 06 de marzo de 2013, la cual fue
ratificada por unanimidad por la Comisión de Revisión de Calificaciones Anuales según Acta de fs. 22 (Pág.
84); posteriormente, el recurrente dedujo Recurso de Revocatoria contra la Revisión Anual de Calificación de
Conducta, el cual fue rechazado en lo sustancial por la Dirección General del Servicio Penitenciario
mediante Resolución N° 897/2013 (fs. 13, Pág. 120/121); ante dicha negativa, el Sr. Pelegrina Martínez
interpuso Recurso Jerárquico (Expte. N° 1854-P-2013-00108), el cual fue formalmente admitido y
sustancialmente rechazado por el entonces Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno a través de la
Resolución N° 627-T de fecha 30 de diciembre de 2014; bajo el expediente Nº 1282-D-2015-00020, el ex
agente interpuso un nuevo Recurso Jerárquico, esta vez en contra de la citada Resolución N° 627-T; no
obstante lo expuesto, a fs. 23 (Pág. 33) informa la Subdirección de Liquidaciones del Servicio Penitenciario
que el administrado fue cesanteado en el mes de marzo del año 2014 mediante Resolución N° 091-T/2014;
Que en virtud de la situación de revista del administrado, Asesoría de Gobierno dictaminó a fs. 25 (Pág. 37)
del expediente digitalizado obrante en orden 10, que el recurso deducido ha devenido en abstracto,
resultando innecesario un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión;
Que habiendo tomado vista el administrado de las presentes actuaciones (fs. 29 -Pág. 45 expediente
digitalizado orden 10), se procedió al archivo de las actuaciones administrativas;
Que en orden 18, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia realiza un análisis
jurídico y dictamina: “…según constancias del expediente principal 1282-D-2015, ámbito 00020, más allá de
que cualquier presentación y/o reclamo referidos al objeto del expediente principal 1282/D/25, ámbito 00020,
se encontrarían prescriptas en razón del tiempo transcurrido entre la presentación realizada por el recurrente
en fecha 28/06/2018 y su presentación de fecha 07/05/2024, la resolución del Recurso Jerárquico impetrado
ha devenido en abstracto, atento a lo informado a orden 23 del expediente principal. CONCLUSION: Atento
constancias del expediente, se sugiere se declare en abstracto la resolución del Recurso Jerárquico
impetrado, y prescriptas cualquier acción y/o solicitud referidas al objeto del expediente principal 1282/D/25,
ámbito 00020, en razón del tiempo transcurrido.”;
Que en orden 32, obra dictamen de Asesoría de Gobierno: “(…) En orden 10, obra digitalizado el expediente
N° 1282-D/2015-00020, en el cual a fs. 25, Asesoría de Gobierno emitió dictamen respecto del Recurso
Jerárquico interpuesto en esas actuaciones, expresando que el planteo formulado ha devenido en abstracto,
por lo que no corresponde expedirse nuevamente sobre el particular.”;
Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia
en orden 18, y por Asesoría de Gobierno en orden 32,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
DECRETA:
Artículo 1º - Declárese devenido en abstracto el Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Oficial Adjutor
S.C.S. Pelegrina Martínez, Luis Mauricio, D.N.I. Nº29.100.695, en el marco del expediente administrativo N°
1282-D-2015-00020 y en contra de la Resolución N° 627-T/14; por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2º - El acto administrativo que resuelve el presente Recurso Jerárquico, deberá ser notificado al
recurrente conforme a los recaudos previstos por el Art. 150 de la Ley N° 9003, y particularmente en relación
a las vías de impugnación del mismo, deberá informarse que resulta pertinente la Acción Procesal
Administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la
notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley N° 3918).
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1348
MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-09164867-GDEMZA-DGSERP#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Ministerio de Seguridad y Justicia tramita la no confirmación en el cargo
de diverso Personal Penitenciario, que fueron designados mediante Decreto N° 560 de fecha 21 de marzo
de 2024, Acompañado en orden 06;
Que el artículo 32º de la Ley N° 7493 y modificatoria, dispone que “Toda designación o incorporación a
cualquiera de los escalafones de la presente ley, se efectuará interinamente por el término de doce (12)
meses, al cabo del cual deberá confirmarse o no expresamente en el cargo. Esta confirmación se realizará
sobre la base del desempeño del personal, en las funciones asignadas por la superioridad y que hayan sido
cumplidas dentro del marco reglamentario; habiendo demostrado idoneidad adaptación, subordinación y
aptitud, la que será evaluada por un equipo técnico del Servicio Penitenciario. Si en el transcurso de los
doce (12) meses, mediara alguna circunstancia grave, se procederá a la desafectación en el cargo, sin
esperar el cumplimiento del período mencionado, mediante expresa norma emanada del Ministro a cargo y/o
Poder Ejecutivo, la que deberá ser notificada.”;
Que el Decreto Nº 2102/08, establece en su Art. 3º: “Transcurrido ocho (8) meses desde su designación la
Dirección General del Servicio Penitenciario a través de Departamento de Recursos Humanos dará inicio de
oficio a la pieza administrativa correspondiente para la confirmación o no del personal. En esa pieza se
deberá aportar el detalle de inasistencias, sanciones y felicitaciones del efectivo a confirmar, como toda otra
documentación de interés que sirva objetivamente al calificador. Con esta documentación la jefatura donde
revista el agente emitirá un concepto funcional fundado, el que será refrendado o complementado por el
Director del Complejo o Unidad del que dependa. En caso que los informes fueran positivos, se elevará
inmediatamente al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para su confirmación.”;
Que, asimismo, la Dirección General del Servicio Penitenciario dispuso aprobar a través de la Resolución Nº
253 de fecha 25 de marzo de 2009, Instructivo de Confirmación de toda designación o incorporación al
Servicio Penitenciario Provincial;
Que en orden 04 se acompaña grilla de calificaciones del Agente S.C.S CARMONA VALENCIA, DIEGO
BENJAMIN FRANCISCO, que en conceptos funcionales obtuvo una calificación de 3 (bueno) el primer
concepto y el segundo concepto con 5 (malo) motivo por el cual se realiza la Junta de Confirmación, para el
día 15 de enero del año 2026, sugiriendo por unanimidad la NO CONFIRMACIÓN;
Que en orden 05 se acompaña grilla de calificaciones del Agente S.C.S RIERA MORALES, IGNACIO
NICOLÁS, en los conceptos funcionales, obtuvo una calificación de 3 (bueno) el primer concepto y el
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
segundo concepto con 6 (muy malo) motivo por el cual se realiza la Junta de Confirmación, para el día 15 de
enero del año 2026, sugiriendo por unanimidad la NO CONFIRMACIÓN;
Que, asimismo, en órdenes 04 y 05 se acompañaron las respectivas Actas de la Junta de Confirmación de
Personal Subalterno 2026 de fecha 15/01/2026;
Que en orden 19 obra dictamen de la Dirección Legal y Técnica de la Dirección General del Servicio
Penitenciario Provincial dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia en cual se concluye: “…esta
Dirección Legal y Técnica entiende que en estas actuaciones se han dado todos los supuestos establecidos
en el Art. 32 in fine Ley N° 7493, el Decreto Nº 2102/08 y la Resolución Nº 253/09 por lo que se sugiere NO
CONFIRMAR a los Agentes S.C.S. Carmona Valencia, Diego Benjamín y Riera Morales, Ignacio Nicolás...”;
Que en órdenes 24 y 25 obra intervención de la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y
Justicia la cual expresa: “…Compartiendo criterio esgrimido por Dirección Legal y Técnica del servicio
penitenciario de orden 19, sin objeciones legales, en caso de compartir criterio, se sugiere pase para la
emisión de decreto del Poder Ejecutivo que ordene la NO confirmación de los Agente S.C.S. Agentes S.C.S.
Carmona Valencia, Diego Benjamín y Riera Morales, Ignacio Nicolás…”;
Por ello, atento a lo dictaminado por el Departamento Legal y Técnico de la Dirección General del Servicio
Penitenciario en orden 19, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia en en
órdenes 24 y 25, lo dispuesto por el Art. 32 de la Ley N° 7493, el Decreto Nº 2102/08 y la Resolución
D.G.S.P Nº 253/09;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Dispóngase la no confirmación en el cargo: Clase 001 - Régimen Salarial 07 – Agrupamiento 1 –
Tramo 01 – Subtramo 01 – U.G.C J99014 – U.G.G J91217 – del personal designado mediante Decreto N°
560 de fecha 21 de marzo de 2024, que se detalla a continuación:
Agente Servicio Cuerpo de Seguridad del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza,
CARMONA VALENCIA, DIEGO BENJAMIN FRANCISCO, D.N.I. N° 44.746.163.
Agente Servicio Cuerpo de Seguridad del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, RIERA
MORALES, IGNACIO NICOLAS, D.N.I. N° 39.767.479.
Artículo 2° - Notifíquese el presente decreto a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a fin de que proceda a tomar conocimiento y realizar la
correspondiente actualización de sus registros.
Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1351
MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-01250658- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Auxiliar –Personal Policial- NIEVAS HERRERA, FRANCA ELIZABETH,
interpone Recurso de Aclaratoria y Nulidad Administrativa en contra del Decreto N° 73/26, de fecha 19 de
enero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo EX-2024-07407052--GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG
(orden 46), se emitió el Decreto N° 73/26, mediante el cual se admitió desde el aspecto formal y se rechazó
desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por NIEVAS HERRERA contra la Resolución
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
N° 3274-SyJ/24, de fecha 16 de septiembre de 2024, y por la cual, el Ministerio de Seguridad y Justicia
rechazó sustancialmente el Recurso Jerárquico incoado por la administrada contra la Resolución de la Junta
de Disciplina N° P.M. 247/23, que a su vez confirmó la sanción de treinta y seis (36) días de suspensión
laboral a la Auxiliar P.P. NIEVAS HERRERA, por infracción al Régimen Disciplinario Policial;
Que en su escrito recursivo, la recurrente sostiene que el Decreto N° 73/26, debe cumplir estrictamente con
los requisitos estructurales previstos por el artículo 29 de la Ley N° 9003, que establece que el acto
administrativo debe satisfacer los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma, y producirse
con arreglo a las normas que regulan el procedimiento. Considera que el Decreto impugnado rechaza en lo
sustancial el recurso jerárquico, pero no desarrolla con claridad cuáles son los hechos concretos que se
tienen por acreditados, ni cuál es el razonamiento que conduce a mantener la sanción, y que no individualiza
con precisión qué pruebas resultan determinantes ni cómo se arriba a la conclusión de responsabilidad.
Agrega que el Decreto N° 73/26 no desarrolla un análisis sustancial de los agravios, no explica por qué se
descartan, ni ofrece un razonamiento propio que permita advertir que se ha producido una verdadera
revisión del acto sancionatorio, que no se desarrolla un análisis detallado de la prueba de cargo ni se expone
de qué manera esa prueba conduce razonablemente a la conclusión adoptada, y que tampoco se realiza un
tratamiento específico del sobreseimiento penal ni se explica por qué, pese a ello, se mantiene la
responsabilidad disciplinaria. Por último solicita se aclare cuáles son los hechos que se tienen por
acreditados, cuáles son las pruebas concretas valoradas, cuál es el razonamiento jurídico aplicado y por qué
se desestiman los agravios centrales formulados en el Recurso Jerárquico;
Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…
siguiendo lo dispuesto por el Art. 176 de la Ley N° 9003, es factible solicitar aclaratoria de los actos
impugnables, a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos
oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial. Por lo tanto, si el objeto del recurso consiste
en obtener una modificación esencial del acto, deberá calificarse y resolverse como Revocatoria. De la
simple lectura de la presentación efectuada, se observa que la pretensión expuesta no responde a los
requisitos dispuestos por la norma legal de aclarar algún error material, omisión o concepto oscuro, sino por
el contrario ataca el acto administrativo. El recurso no evidencia ningún error material, contradicción u
omisión en el Decreto N° 73/2026, el cual es claro y preciso en sus términos, no existiendo ambigüedades.
En consecuencia, por imperio de la ley, se debería reencauzar el Recurso de Aclaratoria como de
Revocatoria (último párrafo Art. 176). Examinado el recurso reconducido en Revocatoria, surge que el mismo
ha sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 177 de la Ley N° 9003, por lo que
corresponde su admisión formal….”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del Recurso en trato, dictamina y
concluye: “…la recurrente se agravia de los mismos argumentos vertidos en instancias anteriores, y de la
compulsa de las actuaciones traídas a revisión, surge que las resoluciones precedentemente dictadas no
resultan arbitrarias, ni viciadas, y se ajustan perfectamente a las previsiones legales del ordenamiento
jurídico que rige al personal policial; en especial el Art. 141 de la Ley 6722, que dispone que la
substanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden
administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho. Así, la substanciación
de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones
pertinentes en el orden administrativo, son independientes de la causa criminal. No se advierte en el dictado
del Decreto 73/26 cuestionado por esta vía, vicios o irregularidades que hagan procedente el remedio
deducido, por lo que corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del Recurso de Revocatoria en
trato….”;
Por ello, y conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Aclaratoria, reconducido en Revocatoria, interpuesto por la Auxiliar –Personal Policial- NIEVAS HERRERA,
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
FRANCA ELIZABETH, D.N.I. N° 28.733.919, en contra del Decreto N° 73/26, de fecha 19 de enero de 2026,
por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - Notifíquese a la recurrente, a fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley 9.003, que el acto
administrativo que resuelve este recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la
Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley Nº 3918, a interponerse en el plazo de treinta (30) días
corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado (Art. 20 de la Ley N°
3918).
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1431
MENDOZA, 22 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-00695724- -GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas
Nros. EX-2025-08822636- -GDEMZA-CCC y EX-2025-05554975- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el Auxiliar 2° -Personal Policial- RODRIGUEZ GONZALEZ, LEANDRO
JAVIER, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 221-SyJ/26, emitida por el Ministerio
de Seguridad y Justicia para fecha 21 de enero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-08822636- -GDEMZA-CCC (orden 16), tramitado
en forma conjunta con las presentes actuaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N°
221-SyJ/26, mediante la cual admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el
Recurso Jerárquico interpuesto por el efectivo policial Leandro Javier RODRIGUEZ GONZALEZ contra la
Resolución N° P.M. 915/25, de fecha 29 de septiembre de 2025;
Que en el expediente vinculado EX-2025-05554975- -GDEMZA-CCC, obra (orden 14) Resolución N° P.M.
915/25, por la cual la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia rechazó sustancialmente el
Recurso de Apelación incoado por RODRIGUEZ GONZALEZ contra la Resolución N° 07/25, confirmando la
sanción de cinco (05) días de suspensión laboral por infracción al Art. 102 Incs. 1) y 6), concordante con el
Art. 43 Incs. 3) y 7), con los agravantes del Art. 88 Incs. 11) y 12), todos de la Ley 6722 y modificatorias;
Que en orden 19, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…el
mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la
Ley N° 9003….”;
Que se agravia el recurrente al considerar que el acto administrativo que impugna adolece de vicios de falta
de motivación, arbitrariedad y violación al derecho de defensa, insiste en los argumentos esgrimidos con
anterioridad, que ya han sido analizados y valorados oportunamente por las instancias administrativas
anteriores;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e
inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas
incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos
para
producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del
agente sancionado. El acto administrativo en cuestión cumple acabadamente con la razonabilidad exigida
por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Con respecto al agravio de falta de
motivación, cabe recordar que conceptualmente la motivación es “una declaración de cuáles son las
circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está contenida dentro de lo
que usualmente se denomina ´los considerandos´” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley
de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
“Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de
contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en
actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras
disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad.
La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con
un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su
emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las
obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. Y en
consecuencia, no es sostenible el planteo del recurrente al respecto, ya que definitivamente la simple lectura
de la Resolución N° 221-SyJ/26 y las anteriores resoluciones dictadas por la autoridad administrativa, dan
cuenta de que se encuentran suficientemente motivadas, fáctica y jurídicamente. En virtud de lo expuesto,
corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial, el recurso intentado….”.
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 19,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el Auxiliar 2° -Personal Policial- RODRIGUEZ GONZALEZ, LEANDRO JAVIER,
D.N.I. N° 26.239.258, en contra de la Resolución N° 221-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y
Justicia para fecha 21 de enero de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de
la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1473
MENDOZA, 24 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02174702- -GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta N° EX-
2026-03137310- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, se tramita Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Agente S.C.S.
SILVESTRE DANIEL DAVILA GUZMÁN, en contra de la Resolución N° 979-SyJ/26, de fecha 09 de marzo
de 2026;
Que bajo el expediente N° EX-2026-03137310- -GDEMZA-CCC, tramitado en forma conjunta, el
administrado solicitó PRONTO DESPACHO de las presentes actuaciones, al amparo de lo dispuesto en los
Arts. 160 y 162 de la Ley N° 9003 de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2023-09347807- -GDEMZA-IGS#MSEG, el Ministerio
de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° 979-SyJ/26, mediante la cual aplicó al Agente S.C.S.
Silvestre Daniel Dávila Guzmán, la sanción expulsiva de cesantía prevista en el Art. 35 de la Ley N° 7493,
por la comisión de la falta contemplada en el Art. 8 Incs. a) y l), Art. 24 Inc. 4) y Art. 24 bis, todos de la Ley N°
7493, en función con los Arts. 1 (I) y 4 de la Resolución N° 143-T/15 (Reglamento Disciplinario para el
personal penitenciario), al no acreditar título de estudios secundarios finalizados o equivalente;
Que en su escrito recursivo, Dávila Guzmán plantea la nulidad de las actuaciones por supuesta violación al
debido proceso y al derecho de defensa, considerando que la imputación fue formulada de manera genérica
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y estandarizada y que la Resolución impugnada (Resolución N° 797-SyJ/26) carece de motivación
suficiente; sostiene que la acción disciplinaria se encuentra prescripta; expone violaciones a diversos
principios, por último considera que se violaron garantías específicas de la Ley N° 7493 (Estatuto del
Personal del Servicio Penitenciario) y de la Ley N° 8467; que se afectaron derechos esenciales y que se
causó un daño grave e irreparable;
Que en orden 20, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…la resolución
impugnada fue notificada en fecha 12/03/2026 (v. orden 86 EX-2023-09347807), y el recurso presentado el
día 20/03/2026 (según la fecha de creación del ticket de orden 03 EX-2026-02174702), por lo que a criterio
de esta Asesoría de Gobierno, se impone admitirlo formalmente, por haberse interpuesto dentro del término
previsto por el Art. 179 de la Ley 9003.”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…postula Dávila Guzmán, que la imputación fue formulada de manera genérica y estandarizada,
ya que la Resolución N° 922/23 de la IGS tuvo por objeto a un conjunto masivo de agentes que "adeudan
título de estudios secundarios", sin que en ningún momento se le informara con precisión el comportamiento
concreto atribuido, la fecha de su comisión, las pruebas existentes ni el encuadramiento normativo
específico.
Por nuestra parte, no advertimos cuál es el vicio o gravamen seguido del hecho de que hayan sido varios los
agentes penitenciarios sumariados por la misma causa. En tal sentido, resulta oportuno transcribir lo ya
expresado al respecto por el dictamen jurídico precedente (orden 15 EX-2026-02174702): “Que, la
circunstancia de que la Administración aborde situaciones análogas mediante criterios homogéneos o
decisiones de estructura similar, no configura, por sí misma, un vicio de ilegitimidad. Muy por el contrario, la
actuación administrativa frente a supuestos que presentan identidad sustancial en sus presupuestos fácticos
y jurídicos impone —en términos de igualdad, coherencia y racionalidad— la adopción de soluciones
también homogéneas, sin que ello implique desconocer la individualidad de cada caso
Que, por lo demás, sostener que la Administración no puede adoptar decisiones homogéneas frente a
situaciones equivalentes, implicaría desconocer los principios de igualdad ante la ley y de coherencia
administrativa, generando soluciones dispares frente a supuestos idénticos, lo cual sí podría configurar un
vicio por arbitrariedad”. Por otra parte, basta para refutar la queja de que no se le informó las circunstancias
precisas del comportamiento atribuido ni las pruebas existentes ni el encuadre legal, con observar que en el
Acta de Indagatoria (v. orden 12 EX-2023-09347807) el sumariado fue puesto en cabal conocimiento de los
hechos imputados, de su calificación legal y de las pruebas existentes en su contra. Afirma Dávila en otro
orden de ideas, que la resolución impugnada carece de motivación suficiente en los términos del Art. 45 de
la Ley N° 9003. Tampoco resulta sostenible este agravio.
Conceptualmente, la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho
que han llevado a la emanación del acto y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina -los
considerandos-.” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento Administrativo de
Mendoza Nº 3909, Pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que: “Deberán motivarse los actos que: a)
Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b)
Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o
del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o
de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación
de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los
antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que
habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se
impongan al administrado, individualizando su publicación…”. Definitivamente, la simple lectura de la
Resolución N° 979-SyJ/26, da cuenta que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y jurídicamente.
Invoca también el recurrente que la acción disciplinaria está prescripta. Al respecto comenzaremos
recordando que el Art. 81 de la Ley N° 7493 establece: “Todo sumario administrativo prescribirá en el término
de dos (2) años de iniciado el mismo.
El personal no podrá ser sumariado después de haber transcurrido dos (2) años de cometida la falta que se
le imputa…”. Señala Dávila que la Administración conocía o debía conocer su situación educativa desde su
ingreso al Servicio Penitenciario, y pese a ello el acto de apertura del sumario administrativo fue dictado
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recién en el año 2023, encontrándose a esa altura ya prescripta la acción para iniciar válidamente el
procedimiento. Pero tal razonamiento no repara en que la conducta reprochada no es un hecho aislado e
instantáneo que se consumó al vencimiento del plazo conferido para terminar el secundario, sino una
infracción continuada que se prolongó en el tiempo, hasta que en fecha 2023-08-03 (v. orden 5 EX-2023-
07429248- -GDEMZA-IGS#MSEG) se cursó el emplazamiento para acreditar la obtención del título
secundario. Y a continuación de ello, mediante la Res. N° 922/23 de fecha 28/11/2023, se dispuso la
instrucción de formal sumario administrativo, sin que en ningún momento transcurriera el plazo de 2 años
desde que se cometió la falta, previsto en el segundo supuesto del Art. 81 de la Ley 7493. Y tampoco puede
prosperar el agravio de que el sumario se encontraba prescripto al momento de dictarse el acto impugnado,
por haber superado su instrucción los dos (2) años de duración. Si bien el Régimen Penitenciario, Ley 7493,
no cuenta con una norma similar a la prevista por el Régimen Policial en el Art. 108 de la Ley 6722 que
dispone: "los actos del procedimiento disciplinario interrumpirán la prescripción de la acción. A tal efecto se
considerará acto del procedimiento disciplinario, a todo trámite encaminado a comprobar la existencia de
una falta y sancionar a su autor", no menos cierto es que siendo el fundamento de la institución, la
prescripción de toda acción sancionatoria, la inacción de Estado en su ejercicio -que trasuntaría la falta de
interés al respecto-, el término previsto en el primer párrafo del Art. 81 de la Ley 7493 no puede interpretarse
en términos que prescindan considerar la efectiva y continua tramitación impresa al procedimiento por parte
de la IGS. Las actuaciones disciplinarias EX-2023-09347807- -GDEMZA-IGS#MSEG se iniciaron con la Res.
922/23 de la IGS de fecha 28/11/2023 (orden 2). En fecha 14/3/2024 tuvo lugar la Indagatoria (orden 12).
El día 5/2/2025 se emitió la Conclusión del Sumario (orden 41), y finalmente en fecha 9/3/2026 se dictó la
resolución sancionatoria 979-SyJ (orden 82). Tomando como referencia los hitos procesales que interrumpen
la prescripción en nuestro Código Penal, su Art. 67 consagra como tales: “b) El primer llamado efectuado a
una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el
delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que
lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme”, es dable
considerar que en el presente procedimiento sumarial tanto la Indagatoria como la conclusión del Sumario
resultan interruptivas del curso de prescripción de la acción disciplinaria. Y por ende, teniendo en cuenta la
sinopsis cronológica efectuada en el párrafo anterior, se advierte que nunca transcurrió en la tramitación del
sumario, el plazo previsto en el primer enunciado del Art. 81 de la Ley 7493.
Aduce también el recurrente, que se ha violado el principio del non bis in ídem, consagrado por el Art. 14
PIDCP, Art. 8.4 CADH, Art. 75 Inc. 22) CN y por el Art. 81 in fine de la Ley 7493. En tal sentido, afirma que la
inhibición para el ascenso del personal que no haya finalizado sus estudios secundarios, introducida al
Régimen Penitenciario por el Art. 2 de la Ley 8255 y luego reemplazada por una similar en la Ley 8467,
constituye en sí misma una sanción de naturaleza punitiva por el mismo hecho que ahora se le aplica la
sanción de cesantía. Tal razonamiento es insostenible. El non bis in ídem prohíbe que una persona sea
sancionada dos veces por el mismo hecho, bajo idéntico fundamento y con la misma naturaleza punitiva.
Claramente, la inhibición para ascender sin contar con el título requerido es un requisito dentro del régimen
de carrera, que no guarda naturaleza sancionatoria. Resulta muy acertado al respecto el dictamen legal
precedente en cuanto señala: "La tesis del recurrente lleva, además, a una consecuencia inadmisible:
convertir una restricción parcial de carrera en un blindaje absoluto contra cualquier ulterior decisión estatal
vinculada con la idoneidad o permanencia, lo que desnaturalizaría por completo el régimen de empleo
público".
El recurrente asimismo plantea una violación al principio de legalidad disciplinaria, ya que la Ley 7493 y sus
modificatorias no tipifican expresamente la conducta atribuida al agente –no haber finalizado los estudios
secundarios- como una falta disciplinaria, ni establecen que la sanción aplicable para dicha situación sea la
cesantía. Y también invoca una violación al principio de la ley más benigna, por la falta de aplicación de la
Ley N° 8467 del año 2012. Daremos tratamiento conjunto a estos dos agravios, por la íntima relación entre
ellos. Dice Dávila que tanto el Art. 24 bis de la Ley N° 7493 en su versión original e incluso en la redacción
incorporada por la Ley N° 8255, regulaba la excepción al requisito de título secundario como condición
administrativa de ingreso y permanencia, no como una infracción disciplinaria autónoma.
Que la norma no establecía, ni establece, que el incumplimiento de dicho requisito habilite la instrucción de
un sumario disciplinario, ni la aplicación de la cesantía como consecuencia. Y agrega el recurrente que la
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Ley 8467 únicamente establece una inhibición para el ascenso.
Ahora bien, la sanción se aplicó con fundamento en el incumplimiento del Art. 8 de la Ley N° 7493: “son
deberes de los agentes penitenciarios, sin perjuicio de los que impongan las leyes y reglamentos
particulares de las distintas unidades y servicios: a) cumplir fielmente la Constitución Nacional, Provincial y
demás leyes y reglamentos, las disposiciones y órdenes de sus superiores jerárquicos, dados por estos
conforme a sus atribuciones y competencia…, l) conocer debidamente las leyes, reglamentos y
disposiciones permanentes del servicio en general y en particular las relacionadas con la función que
desempeña”. Y concretamente, la normativa incumplida por el administrado es el Art. 24 de la Ley N° 7493:
“Son requisitos de ingreso: …4) Tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente…”). Siendo un
requisito indispensable para el ejercicio del cargo, su incumplimiento lógicamente no puede acarrear otra
consecuencia que no sea la cesantía. Inequívocamente, la última parte del artículo 09 de la Ley 7878
establece: “Vencido dicho plazo sin que se hubiera cumplimentado la acreditación del título del ciclo
polimodal, secundario o equivalente, el agente penitenciario cesará en sus funciones”. (…) Por otra parte, en
materia penal -y por extensión en el ámbito disciplinario- la regla es que la ley aplicable es la vigente al
tiempo del hecho.
Este principio, basado en que la conducta sólo puede motivarse por una norma existente al momento de su
realización/omisión, determina la irretroactividad de la ley punitiva.
Pero reconoce como excepción, la aplicación retroactiva de la ley que resulte más benigna para el imputado.
Lo cierto, es que esto no guarda vinculación alguna con el caso que nos ocupa. Los Arts. 8, 9 y 24 de la Ley
N° 7493, han permanecido inalterados. La norma invocada como más benigna (Ley N° 8467, B.O.
31/10/2012) no suprimió el plexo de obligaciones que surgen de dicho articulado, sino que otorgó por única
vez, una prórroga para finalizar los estudios requeridos, modificando la ampliación de plazos previamente
dispuesta a tal efecto por la Ley 8255 (B.O. 14/02/2011). Todas las referidas ampliaciones y prórrogas se
encontraban vencidas al tiempo de ordenarse el sumario, pero aún ello resulta irrelevante: Dávila no plantea
que la razón por la cual no completó el secundario se vincule con los plazos dispuestos a tal efecto.
Por ello, es dable tener por verificada la infracción reprochada. Y lo dicho se vincula con el agravio relativo a
la supuesta violación al principio de igualdad y no discriminación. Advertimos que del relevamiento efectuado
en el marco del expediente EX-2023-07429248, surgió que entre los agentes penitenciarios que no habían
completado sus estudios secundarios, hay un grupo que se encuentra cursándolos de forma regular y
efectiva. Y en atención a ello, se dispuso a su respecto la suspensión del sumario por el lapso de dos años,
para posibilitarles regularizar su situación conforme las exigencias de la Ley 7493. Y ello no implica de
ningún modo una violación al principio de igualdad. La garantía consagrada por el Art. 16 de la Constitución
Nacional y el Art. 7 de la Constitución de Mendoza, no implica tratar a todos por igual en todas las
situaciones; por el contrario, justifica un trato diferente cuando las circunstancias son distintas, siempre que
sea razonable la distinción, como sucede en este caso. Con respecto al exceso de punición alegado como
agravio, en primer lugar tenemos por correcto el encuadre legal dado a la infracción consumada por la
conducta reprochada, esto es, un incumplimiento a la Ley 7493, Art. 8….
Ahora bien, siendo que la normativa incumplida (Art. 24 de la Ley 7493…) se refiere a una condición
indispensable para el ejercicio del cargo, la sanción lógicamente no puede ser otra que la cesantía.
Reiteramos que la última parte del artículo 9 de la Ley 7878 es clara: “Vencido dicho plazo sin que se
hubiera cumplimentado la acreditación del título del ciclo polimodal, secundario o equivalente, el agente
penitenciario cesará en sus funciones”.
También postula el recurrente que se ha violado el principio de confianza legítima y la doctrina de los actos
propios, ya que fue confirmado en el cargo a pesar de no haber presentado certificado de estudios
secundarios. Aduce que la Administración habilitó, convalidó y se benefició del servicio prestado, por lo que
no puede traicionar la confianza generada por sus propios actos.
Tampoco puede prosperar este agravio. Tal como da cuenta el legajo laboral de Dávila (obrante en orden 06
del EX-2023-09347807), su ingreso al Servicio Penitenciario se produjo el 01/03/2011, ya durante la vigencia
de la Ley 8255 (BO 14/2/2011) cuyo Art. 1 dispuso: “Incorpórese como artículo 24 bis de la Ley 7.493: ‘A los
efectos de lo dispuesto en el Inc. 4) del artículo 24 de la presente ley, los aspirantes podrán ingresar sin
tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente. Los aspirantes que hubieren ingresado sin tener
título de ciclo polimodal, secundario o equivalente, deberán realizar el cursado obligatorio de dichos estudios
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en el término de treinta y seis (36) meses desde el inicio del ciclo lectivo inmediato posterior al
nombramiento. Vencido el plazo anterior sin que el agente acredite la obtención del título, será dado de baja
definitivamente sin posibilidad de prórroga’.Dicho plazo fue prorrogado luego por imperio de la Ley 8467
(B.O. 31/10/2012). La tolerancia que permitió a quienes no obtuvieron el título continuar ejerciendo su cargo
luego del vencimiento de todos dichos términos, no genera ningún derecho ni deroga la obligación de
acreditar la obtención del título ni las consecuencias de su incumplimiento, previstas en la última parte del
artículo 9 de la Ley 7878….
Por último, entendemos que no corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada
por el recurrente, ya que no se configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley 9003: “La
interposición de recursos o denuncias de ilegitimidad, no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la
autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o a petición de parte, y
en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de los
siguientes casos: a) Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un
daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública. b) Cuando
se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. c) Cuando la autoridad constate
que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños a
terceros o al interés público…”. Conforme a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, los vicios que
acusa el recurrente no resultan verosímiles como lo requiere el dispositivo legal precitado. Y asimismo, cabe
tener presente el régimen legal de las impugnaciones de actos administrativos en sede judicial, que en el
caso de cesantías o exoneraciones de agentes estatales deniega expresamente la suspensión de su
ejecución (Art. 24 Inc. b de la Ley 3918). En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso
interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 20,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase en el aspecto formal y rechácese en el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico
interpuesto por el ex Agente S.C.S. DAVILA GUZMÁN, SILVESTRE DANIEL, D.N.I. N° 30.057.188, en contra
de la Resolución N° 979-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 09 de marzo de
2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de
la Ley
Nº 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación
del decreto que resuelva el planteo formulado.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARIA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1481
MENDOZA, 28 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-00409589-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex Suboficial Subayudante S.C.S. AHUMADA NIEVAS, HÉCTOR
EDUARDO, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 6706-SyJ/25, emitida por el
Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 19 de diciembre de 2025;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-05501156- -GDEMZA-CCC (orden 13), el
Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 6706-SyJ/25, mediante la cual admitió desde el
aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por AHUMADA
NIEVAS contra la Resolución N° 2447-SyJ/25 de fecha 13 de junio de 2025;
Que en el expediente N° EX-2024-08306253- -GDEMZA-CCC, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la
Resolución N° 2447-SyJ/25, por la cual rechazó sustancialmente la acción de nulidad incoada por el ex
agente penitenciario AHUMADA NIEVAS contra el procedimiento sumarial instruido en la pieza administrativa
N° 197-I-2006-00106, y que culminó con una sanción expulsiva de cesantía por infracción al Régimen
Disciplinario Penitenciario;
Que el recurrente se agravia postulando que en el sumario disciplinario se produjo prueba testimonial sin
que los testigos fueran previamente instruidos acerca de las consecuencias legales del falso testimonio (Art.
275 del Código Penal). Argumenta al respecto que: "la acción para impugnarlo es imprescriptible". Manifiesta
que la Resolución N° 6706-SyJ/25 incurre en un error sustancial, al fundar el rechazo del recurso en la
extemporaneidad del planteo, omitiendo analizar la naturaleza del vicio denunciado y su incidencia directa
sobre garantías constitucionales esenciales;
Que en orden 18, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…la
resolución impugnada fue notificada en fecha 09/01/2026 (v. orden 18 EX-2025-05501156), y el recurso
presentado el día 15/01/2026 (según la fecha de creación del ticket de orden 03), por lo que a criterio de
esta Asesoría de Gobierno se impone admitirlo formalmente, por haberse interpuesto dentro del término
previsto por el Art. 179 de la Ley N° 9003….”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el reclamo es ostensiblemente improcedente. En
primer lugar, la lectura del expediente sumarial 197-I-2006-00106 (digitalizado en los órdenes 25/29 del EX-
2024-08306253) da cuenta que en las actas de las audiencias testimoniales de Mariana Garzón (fs.
190/191), Héctor Ernesto Zucheti (fs. 292 y vta.) y Armando Federico Silva (193 y vta.), consta que la
persona declarante "es juramentada a tenor del Art. 275 del C.P., jurando decir la verdad". De igual modo
sucede en los testimonios de Lucas Cortez (fs. 451/452), Gabriel Casimiro González (fs. 453), Andrés Omar
Moreno (fs. 454 y vta.), José Germán Roca (fs. 455) y Ricardo David Aciar (fs. 456). Asimismo, en estas
últimas declaraciones estuvo presente el abogado defensor Dr. Tapia. En razón de lo cual, desde ya es
dable concluir que el vicio invocado es inexistente. Pero además de ello, la notificación de la sanción a
Ahumada se efectuó en el año 2006, y la nulidad es planteada en fecha 05/11/2024 (ticket orden 03 EX-
2024-08306253), desconociéndose así los más elementales principios preclusivos y la estabilidad de los
actos administrativos. La sanción se encuentra indiscutiblemente firme, erigiendo un límite temporal y formal
que cierra indefectiblemente el procedimiento disciplinario, e impide el análisis de supuestos vicios que lo
habrían afectado. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser
rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 18,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el ex Suboficial Subayudante S.C.S. AHUMADA NIEVAS, HÉCTOR EDUARDO,
D.N.I. N° 21.687.145, en contra de la Resolución N° 6706-SyJ/25, emitida por el Ministerio de Seguridad y
Justicia para fecha 19 de diciembre de 2025, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de
la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1521
MENDOZA, 30 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-00921968- -GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas Nros.
EX-2025-05188570- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG y EX-2026-01300404- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, Liliana Mariel FERREYRA SANCHEZ interpone Recurso de Revocatoria en
contra del Decreto Nº 87/26 de fecha 22 de enero de 2026;
Que en el expediente administrativo N° EX-2025-05188570- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG (orden
30), tramitado en forma conjunta con las presentes actuaciones, obra Decreto N° 87/26, mediante el cual se
dispuso la no confirmación y desafectación en el cargo, de la Auxiliar –Personal Policial- Liliana Mariel
FERREYRA SANCHEZ, de acuerdo con lo previsto por el Art. 47 de la Ley N° 6722 y sus modificatorias;
Que en orden 29, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previstas en el Art. 177 de la Ley
9.003….”;
Que en su escrito recursivo, FERREYRA SANCHEZ considera que el hecho que motivó la desafectación en
el cargo, fue su falta de experiencia. Manifiesta que del informe de División Sanidad Policial surge que no
posee ningún indicador psicopatológico que impida su confirmación; que sus antecedentes demuestran
idoneidad necesaria para ser confirmada en la Policía de Mendoza; que posee calificaciones y conceptos
funcionales positivos; que carece de sanciones disciplinarias, sumarios administrativos o antecedentes
penales; y que la Dirección General de Policía hace una descripción en abstracto de lo que esperan de un
policía en su función con la comunidad;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato y dictamina: “…
Adelantando la opinión de Asesoría de Gobierno, entiendo no asiste razón a la administrada, atento al texto
expreso del Art. 47 de la Ley 6722, que establece la designación en forma interina por el término de doce
meses, y lo previsto en el Art. 3 última parte del Decreto Reglamentario N° 955/16. En ese sentido es de
destacar que la norma requiere de un acto expreso de confirmación o de no confirmación, y habilita
inclusive, en caso de mediar circunstancias graves, a disponer la no confirmación y la desafectación antes
del plazo estipulado en la misma, por lo que el sólo transcurso del tiempo no modifica el carácter interino de
ésta, ni importa la confirmación tácita del cargo. En el caso traído a revisión, se configura el supuesto
previsto en el ordenamiento jurídico, que ha sido debidamente analizado y merituado por el equipo técnico,
según
consta
en
el
número
de
orden
20
del
expediente
EX-2025-05188570-
-GDEMZA
MESAENTGENERAL#MSEG, donde el mismo ha determinado que no existe adaptación al régimen de la
funcionaria policial, por lo que el Decreto cuestionado, se ajusta perfectamente a las previsiones legales. En
el acta del equipo técnico, se ha valorado que el accionar de la funcionaria fue equívoco y erróneo, violando
ética y moralmente el estado policial, considerando así la falta de adaptación de la efectivo al régimen
policial. Finalmente es de destacar, que no se acredita en el caso traído a dictamen, la violación a los
derechos constitucionales que alega la recurrente, toda vez que la decisión cuestionada aparece ajustada a
derecho y ha sido dictada dentro del ordenamiento jurídico aplicable. El acto administrativo cuestionado por
esta vía aparece debidamente fundado y motivado, tanto en los hechos como en el derecho, careciendo de
vicios o defectos que hagan admisible el remedio intentado. Por las razones expuestas, corresponde la
admisión formal y el rechazo sustancial, del recurso de reconsideración intentado….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 29;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Revocatoria interpuesto por la Sra. FERREYRA SANCHEZ, LILIANA MARIEL, D.N.I. N° 40.822.994, en
contra del Decreto Nº 87/26, de fecha 22 de enero de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2° - Hágase saber a la recurrente, que cuenta para la impugnación del Decreto que resuelve el
presente Recurso de Revocatoria, con la Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, la que
puede ser deducida dentro de los treinta (30) días corridos desde la notificación del mismo.
Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1543
MENDOZA, 31 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-04315055-GDEMZA-IGS#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones se instruye Sumario Administrativo iniciado por la Inspección General de
Seguridad al Comisario -Personal Policial de Apoyo- OCHOA MARTINEZ, MARCOS ESTEBAN;
Que en orden 21, obra Resolución N° 703/25, de fecha 05 de junio de 2025, mediante la cual, el Directorio
de la Inspección General de Seguridad resolvió: “Artículo 1º: ORDÉNESE INSTRUIR FORMAL SUMARIO
ADMINISTRATIVO en sede de esta Inspección, al efectivo policial identificado como COMISARIO P.A.
OCHOA MARTINEZ, MARCOS ESTEBAN, D.N.I. N° 26.185.583, por infringir “prima facie”, lo establecido en
el Art 100 Inc. 1), en función del Art. 8 primera parte; Art. 43 Incs. 1) y 3); sujeto a las previsiones del Art. 99
para el caso en el que recayera sentencia condenatoria firme por delito doloso en los Autos P-5066/25, todos
ellos de la Ley N° 6722/99 y su modificatoria; y Arts. 4 y 6 de la Ley N° 26.485….”;
Que en orden 41 obra escrito presentado por los abogados defensores del funcionario policial sumariado,
quienes solicitan la suspensión de plazos y procedimientos que estuvieran corriendo, hasta tanto se
resuelvan las actuaciones penales N° P-5066/25 y P-5934/25; niegan todos y cada uno de los hechos y
pruebas que obran en el Sumario Administrativo, y ofrecen prueba testimonial e informativa;
Que en orden 42, la Instrucción Sumaria de la Inspección General de Seguridad decreta: “ARTÍCULO 1:
Téngase por presentada la defensa del COMISARIO P.A. OCHOA MARTINEZ, MARCOS ESTEBAN, D.N.I
26.185.583. ARTÍCULO 2: Constitúyase como domicilio electrónico, a los fines de toda notificación que surja
de los presentes obrados, en marcoscarrizo515@gmail.com. ARTÍCULO 3: Incorpórese la presente defensa
en los presentes obrados. ARTÍCULO 4: Continúese la presente causa administrativa. ARTÍCULO 5:
Téngase por aceptada la prueba testimonial a cargo del peticionante. ARTÍCULO 6: Procédase a la
notificación formal del administrado.”;
Que en orden 48, la defensa administrativa del COMISARIO P.A. OCHOA MARTINEZ, interpone Recurso de
Reconsideración contra la Resolución de la Instrucción Sumaria de orden 42, alegando interpretación
errónea del Art. 141 de la Ley N° 6722 (independencia entre Sumario Administrativo y proceso penal);
omisión del Art. 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación, y riesgo de sentencias contradictorias y
afectación del principio de cosa juzgada;
Que en orden 55, obra Resolución N° 1294/25, de fecha 20 de noviembre de 2025, mediante la cual, el
Directorio de la Inspección General de Seguridad resolvió admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial, el
planteo recursivo articulado por el administrado contra la Resolución de la Instrucción Sumaria, debiendo
una vez transcurridos los plazos de ley, continuar la causa según su estado;
Que en orden 61, obra Recurso de Alzada interpuesto por el COMISARIO P.A. OCHOA MARTINEZ contra la
Resolución N° 1294/25, del Directorio de la Inspección General de Seguridad;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 75, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…habiendo sido
notificado el acto el 03/12/2025 (v. órdenes 57 y 58), y presentado el recurso en fecha 23/12/2025, según la
fecha de creación del ticket de orden 62, esta Asesoría entiende que debe admitírselo formalmente, por
haberse dado cumplimiento al término previsto por el Art. 184 de la Ley N° 9003.”;
Que el recurrente se agravia señalando que por prudencia, cautela y economía procesal, se deben
suspender las actuaciones administrativas. Postula que la prosecución del sumario antes de que se aclare
penalmente la existencia misma del hecho, implica un riesgo serio de contradicción con lo que resuelva el
juez penal, afectación al derecho de defensa y al principio de inocencia;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) En orden 21 obra Res. N° 703/25, del Directorio de la IGS, por la cual se ordenó instruir
formal sumario administrativo al Comisario OCHOA MARTINEZ, por infringir “prima facie”, lo establecido en
los Arts. 100 Incs. 1), 8 primera parte, 43 Incs. 1) y 3) de la Ley N° 6722, sujeto a las previsiones del Art. 99
de la misma ley, en caso de que recayera sentencia condenatoria firme por delito doloso. Ello en razón de la
denuncia efectuada en sede de la Oficina Fiscal Guaymallén N° 2…, dando cuenta de reiterados hechos de
violencia ejercidos por Marcos Ochoa…. Por estos hechos, se originó el expediente penal P-5066/25, donde
es señalado como autor el Comisario OCHOA MARTINEZ, quien también es denunciado como autor de
hechos donde la víctima sería una menor de edad, y por los cuales se instruyen las actuaciones penales P-
5934/25, tramitados ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Fiscalía de Instrucción N°
42. Ahora bien, resulta oportuno recordar que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la
eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el
previsto por Ley N° 6722). Y el procedimiento predispuesto a tal efecto, es independiente de las actuaciones
judiciales labradas para determinar si el accionar de Ochoa constituye asimismo los ilícitos investigados en
los autos P-5066/25 y P-5934/25. En tal sentido, la independencia de la responsabilidad administrativa con
las de otra naturaleza, es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM en reiterados fallos, de los
cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar
caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas, y los
propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público, y no
significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional
y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más
amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Tal
independencia tiene, en el caso del régimen policial, consagración legislativa expresa en el Art. 141 de la
Ley N° 6722. Puntualmente, respecto a la improcedencia de la prejudicialidad penal por sobre los procesos
seguidos por responsabilidad administrativa, sostiene nuestro Superior Tribunal: “Tal y como lo reconoce la
accionante, cabe recordar que resulta un criterio sostenido por este Tribunal en la materia, el del deslinde de
las diferentes órbitas de responsabilidad. Esto es, ‘la responsabilidad del funcionario público por su gestión,
reconoce varias áreas o facetas que no se superponen. Existe la responsabilidad política o institucional, una
responsabilidad administrativa o disciplinaria, una responsabilidad contable por el buen manejo de fondos y,
eventualmente, una responsabilidad penal…’. La responsabilidad administrativa o disciplinaria que emerge
del poder de investigación y aplicación de sanciones a los funcionarios o empleados públicos sometidos a un
procedimiento administrativo especial, es el sumario administrativo…. Exigir la culminación de todos los
procesos, podría generar un círculo vicioso de interdependencia del proceso disciplinario con el penal y con
el contable, y no terminaría ninguno en tiempo y forma consagrando un marco de impunidad….” (L.S. 299-
279)…En función de lo expuesto, es posible concluir que en la especie, en razón de lo supra argumentado,
no se da el presupuesto necesario para la suspensión del presente proceso sobre la base de considerar
como una cuestión de carácter previo, la resolución de la causa penal, ni entender que existe un necesario
condicionamiento entre lo que se decida en ambos procesos.” (SCJM, autos CUIJ: 13-04268232-7
caratulados “Bacciedoni Viviana Patricia c/ Gob. de la Pcia. de Mza. p/ APA, 19/2/20). Ello se vincula con lo
dicho en el presente caso por la Res. N° 1294/25: no resulta posible predecir el tiempo que insumirán los
procesos penales tramitados en las referidas causas P-5066/25 y P-5934/25 hasta su resolución. Por lo cual,
de hacerse lugar a la pretendida prejudicialidad y suspensión del procedimiento disciplinario, y teniendo en
cuenta la fecha de los hechos que lo motivan, se abre la muy posible eventualidad de que en esta sede
administrativa no se dé respuesta oportuna y eficaz a la investigación en curso. Por todo lo cual, no
habiendo ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el
presente recurso debe ser rechazado sustancialmente….”;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 75,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Alzada interpuesto por el Comisario -Personal Policial de Apoyo- OCHOA MARTINEZ, MARCOS ESTEBAN,
D.N.I. N° 26.185.583, en contra de la Resolución N° 1294/25, de fecha 20 de noviembre de 2025, emitida
por el Directorio de la Inspección General de Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2° - A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 150 de la Ley N° 9003, y particularmente
en relación a las vías de impugnación del presente Decreto, deberá informarse al administrado que resulta
pertinente la Acción Procesal Administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el
día siguiente al de la notificación de la presente decisión administrativa (Art. 20 de la Ley N° 3918).
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1544
MENDOZA, 31 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-09049900- -GDEMZA-IGS#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones se instruye Sumario Administrativo iniciado por la Inspección General de
Seguridad al Auxiliar 2° –Personal Policial- Eduardo Gaspar SÁNCHEZ MARTÍNEZ, por infracción al
Régimen Disciplinario Policial;
Que en orden 32 obra Resolución N° 935/25, de fecha 07 de agosto de 2025, mediante la cual el Directorio
de la Inspección General de Seguridad dispuso instruir Sumario Administrativo al Auxiliar 2° P.P. Eduardo
Gaspar SÁNCHEZ MARTÍNEZ, por infracción “prima facie”, de lo dispuesto por el Art. 100 Inc. 1), en
concordancia con el Art. 8 primera parte, en función con el Art. 43 Incs. 2) y 3), sujeto al Art. 99, todos de la
Ley N° 6722/99 y sus modificatorias;
Que en orden 48, el abogado defensor del funcionario policial sumariado, interpone Nulidad Administrativa
contra la Resolución N° 935/25, alegando: “…de la simple lectura de sus considerandos, se advierte que el
órgano resolutor se limita a transcribir textualmente el informe elaborado por el instructor sumariante en la
información sumaria, sin incorporar un análisis ni valoración propios. Tal proceder importa una delegación
impropia de competencia, prohibida por los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley 9003 de Procedimientos
Administrativos, toda vez que el Directorio abdica de su función decisoria y se limita a reproducir la opinión
del instructor, privando al acto de motivación y de juicio técnico-jurídico propio….”;
Que en orden 57 obra Resolución N° 1271/25, de fecha 11 de noviembre de 2025, por la cual el Directorio
de la Inspección General de Seguridad resolvió rechazar la incidencia de nulidad planteada por la defensa
del Auxiliar 2° P.P. Eduardo Gaspar SÁNCHEZ MARTÍNEZ;
Que en orden 60 obra Recurso de Revocatoria interpuesto por el abogado defensor del efectivo policial
SÁNCHEZ MARTÍNEZ contra la Resolución N° 1271/25. En orden 70 obra Resolución N° 25/26, fechada 13
de enero de 2026, mediante la cual el Directorio de la Inspección General de Seguridad rechazó
sustancialmente el Recurso de Revocatoria articulado;
Que en orden 73, el Auxiliar 2° P.P. SANCHEZ MARTINEZ, EDUARDO GASPAR, interpone Recurso de
Alzada en contra de la Resolución Nº 25/26, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en su escrito recursivo, el administrado sostiene que la resolución recurrida adolece de vicios graves
en su motivación, al considerar que el órgano colegiado no ha efectuado una valoración autónoma e
independiente de los hechos ni del descargo presentado oportunamente, limitándose a reproducir los
argumentos del instructor sumariante, vulnerando el Art. 45 de la Ley 9003. Agrega que la ausencia de un
análisis propio por parte del Directorio, desnaturaliza la función del órgano colegiado, y afecta la validez del
acto administrativo dictado. Manifiesta que la instancia de información sumaria no puede transformarse en
una mera formalidad vacía de contenido jurídico, y que la apertura de un sumario administrativo requiere la
existencia de elementos mínimos que justifiquen razonablemente la imputación. Por último sostiene que la
Resolución impugnada prescinde del análisis del descargo presentado, omite ponderar el contexto fáctico
completo, reproduce sin crítica el informe instructor, y no acredita la necesidad ni proporcionalidad de la
apertura del sumario;
Que en orden 87, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…el
mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previstos en los Arts. 183 y
184 de la Ley N° 9003….”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…el recurrente da por reproducidos los argumentos vertidos al momento de la interposición del
recurso de revocatoria, aduciendo que la resolución recurrida adolece de vicios graves, y sostiene además la
necesidad de investigación preliminar al sumario. Adelantamos que el recurso no puede prosperar, toda vez
que el recurrente no logra acreditar la existencia de vicios o arbitrariedad que permitan a esta altura del
procedimiento, adoptar una decisión distinta a la tomada por la autoridad en el ejercicio propio de sus
competencias. Además por naturaleza, la información sumaria es una instancia eventual o contingente
destinada a verificar o descartar la existencia de mérito suficiente para iniciar un sumario disciplinario. Es
una etapa previa, en la cual se evalúa si los hechos en análisis justifican la apertura del sumario para el
deslinde de responsabilidades derivadas de la presunta comisión de una falta administrativa. Esta etapa no
es una instancia indispensable, sino meramente eventual del procedimiento disciplinario. Resulta
perfectamente válido prescindir de ella y disponer directamente la realización del sumario, sin que ello afecte
el derecho de defensa. En tal orden de ideas, es ilustrativo citar el régimen disciplinario general del
empleado público, Ley 9103 (BO 16/10/18), que en su Art. 13 dispone que “los jefes de departamento o
jerarquía similar o superior, podrán ordenar la instrucción de información sumaria, cuando sea necesaria una
investigación para determinar la existencia de motivo bastante de sospecha de la comisión de hechos que
pudieran constituir falta administrativa que requiera la posterior instrucción de sumario para su comprobación
fehaciente, y cuando se recibiera denuncia sobre este tipo de hechos”. Concretamente en el régimen
policial, la Ley N° 6722 en el capítulo respectivo a la Información Sumaria establece para la Administración,
la obligación de “oír al interesado, quien tendrá derecho a presentar descargo” (Art. 147), más no la de
producir prueba defensiva en esta etapa preliminar y contingente. Lo cual además no guardaría lógica
procedimental, siendo que la oportunidad para proponer prueba de descargo, aún una vez ya iniciado el
sumario propiamente dicho, es recién luego de los quince primeros días destinados a la acumulación de la
prueba de cargo y de la indagatoria (Arts. 118 y 120 Ley N° 6722). Es precisamente en el marco del sumario
y con las garantías que le son inherentes, donde corresponde desplegar la actividad probatoria en la cual se
fundamente la argumentación fáctica y jurídica tendiente a refutar la imputación formulada. En virtud de todo
lo expuesto, no asiste razón al recurrente, siendo ajustada a derecho las resoluciones cuestionadas por esta
vía, resultando inadmisible el remedio en trato. Los actos administrativos precedentes han sido debidamente
fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido por el Art. 45 de la Ley 9.003, careciendo de vicios o
errores que hagan procedente el recurso en estudio a esta altura de los procedimientos. Por las razones
expuestas, corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso de alzada….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 87,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Alzada interpuesto por el Auxiliar 2° P.P. SANCHEZ MARTINEZ, EDUARDO GASPAR, D.N.I. N° 30.203.033,
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
en contra de la Resolución N° 25/26, de fecha 13 de enero de 2026, emitida por el Directorio de la
Inspección General de Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que conforme a los recaudos previstos por el Art. 150 de la Ley 9003,
y particularmente en relación a las vías de impugnación del acto administrativo que resuelve el Recurso,
resulta pertinente la Acción Procesal Administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos
desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley 3918).
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1545
MENDOZA, 31 DE JULIO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-06163901- -GDEMZA-IGS#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, se instruye Sumario Administrativo iniciado por la Inspección General de
Seguridad a la Auxiliar –Personal Policial- Adriana Lorena ADARO CARABAJAL, por presunta infracción al
Régimen Disciplinario Policial;
Que en orden 02 obra Resolución N° 951/25, de fecha 12 de agosto de 2025, mediante la cual el Directorio
de la Inspección General de Seguridad dispuso el inicio de Sumario Administrativo a la Auxiliar P.P. Adriana
Lorena ADARO CARABAJAL, por haber trasgredido “prima facie”, lo dispuesto por el Art. 100 Inc. 01), en
función con el Art. 08 primera parte, en concordancia con el Art. 43 Inc. 03), y la aplicación de las
circunstancias agravantes del Art. 88 Incs. 1) y 11), todos de la Ley N° 6722 y sus modificatorias;
Que en orden 25 obra escrito del abogado defensor de la funcionaria policial ADARO CARABAJAL,
solicitando la suspensión del sumario a prueba, de acuerdo a las previsiones del artículo 119 apartado -
Solución de conflicto- inciso b) de la Ley N° 6722, en acuerdo con lo que prevé el artículo 30 del Código
Procesal Penal de la Provincia, considerando estar dadas las condiciones para dicho beneficio
Que en orden 35 obra Resolución N° 1250/25, de fecha 04 de noviembre de 2025, por la cual el Directorio
de la Inspección General de Seguridad rechazó la suspensión del sumario a prueba solicitada por la defensa
de la administrada;
Que en orden 38 obra Recurso de Aclaratoria interpuesto por el abogado defensor de la Auxiliar P.P. Adriana
Lorena ADARO CARABAJAL, contra la Resolución N° 1250/25, que rechazó la solicitud de suspensión del
sumario a prueba. En orden 47 obra Resolución N° 57/26, fechada 27 de enero de 2026, mediante la cual el
Directorio de la Inspección General de Seguridad resolvió admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial, el
Recurso de Aclaratoria, recalificado como Recurso de Reconsideración, presentado oportunamente por
ADARO CARABAJAL;
Que en orden 50 obra Recurso de Alzada interpuesto por la defensa de la Auxiliar P.P. ADARO CARABAJAL,
ADRIANA LORENA, en contra de la Resolución N° 57/26, del Directorio de la Inspección General de
Seguridad;
Que en su escrito recursivo, la recurrente solicita la aplicación de la “Reparación Integral”, prevista por el
artículo 59 inciso 6) del Código Penal, y que una vez efectuada la reparación integral, se disponga el
sobreseimiento, al ser una de las formas de extinción de la acción penal;
Que en orden 63, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…el
mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previstos en los Arts. 183 y
184 de la Ley N° 9003….”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…De la compulsa de las actuaciones traídas a revisión, se desprende que no asiste razón a la
recurrente, toda vez que la Ley N° 6722/99 dispone en el artículo 119 apartado b), que si se dispusiera la
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Suspensión del Sumario a Prueba, se seguirán en lo pertinente las disposiciones referidas del C.P.P. y
dispone además que las normas contenidas en los incisos a), b), c) y e), no serán de aplicación en aquellos
casos en los que “prima facie” requieran la instrucción de sumario administrativo por corresponder las
sanciones de cesantía y/o exoneración. A mayor abundamiento, el Código Procesal Penal de Mendoza
recepta el instituto en el Art. 30, estableciendo que: “No procederá la suspensión a prueba, cuando un
funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese sido el autor o partícipe en cualquier grado,
respecto al delito investigado…”. De las resoluciones atacadas por la recurrente en las diferentes instancias,
se desprende que la conducta reprochada fue cometida por la Auxiliar ADARO CARABAJAL revistiendo a
priori el carácter de dolosa (utilización de certificado adulterado o falso) y en principio como autora o
partícipe de la comisión del hecho endilgado. Por lo que la suspensión del sumario a prueba no procede, al
tratarse de un hecho doloso y de aplicación de sanción expulsiva de cesantía o exoneración. Para el
otorgamiento de este beneficio, debe tratarse de una causa en la que corresponda y/o sea procedente una
pena en suspenso; trasladado al régimen disciplinario implica un hecho por el cual resulte de aplicación una
sanción de suspensión y no expulsiva, como en el caso de marras. Por otro lado, las resoluciones
cuestionadas se encuentran debidamente fundadas y motivadas, lo que hace inadmisible el recurso en trato.
Por las razones expuestas corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso de alzada….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 63,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Alzada interpuesto por la Auxiliar -Personal Policial- ADARO CARABAJAL, ADRIANA LORENA, D.N.I. N°
30.848.059, en contra de la Resolución N° 57/26 del Directorio de la Inspección General de Seguridad, por
los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 150 de la Ley N° 9003, se deja
constancia que el Decreto que resuelve el presente, agota la vía administrativa, pero no causa estado a los
términos del Art. 5 de la Ley N° 3918, por lo que no resuelta cuestionable mediante la Acción Procesal
Administrativa prevista en dicho ordenamiento jurídico.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1680
MENDOZA, 18 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02254022-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones administrativas el Ministerio de Seguridad y Justicia tramita la exclusión de la
tutela sindical del Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, personal civil, clase 08, con el fin intimar al
mismo a iniciar el procedimiento tendiente a acogerse al beneficio previsional, contemplado en los Arts. 17 f)
y 34 bis de la Ley N° 24.241;
Que en orden 02 obra certificado N° 19/2026, de fecha 25 de marzo de 2026, mediante el cual la Dirección
de Capital Humano del Ministerio de Seguridad y Justicia certifica: “…el Señor GOMEZ DIAZ, ROBERTO
HORACIO, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 10.901.604, C.U.I.L. N° 20-10901604-8, fecha
nacimiento 01/04/1954, fue nombrado en este Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante Decreto N° 1299
de fecha 17-06-2011 - Clase 008 con 80% mayor dedicación. Luego designado en planta permanente por
RES. N° 3121 S de fecha 30-12-2014, destino Mesa General de Entradas y Notificaciones, conforme datos
obtenidos de los Registros obrantes en esta Dirección, al día de la fecha…”;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 03 obra nota mediante la cual la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Seguridad y
Justicia le solicitó al Sr. Gómez Diaz Roberto Horacio que gestionara ante la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) la emisión de su historia laboral actualizada (sábana de aportes), a fin de
presentarla ante la Oficina de Administración de Personal Civil;
Que en orden 05 obra nota de descargo, de fecha 17 de marzo de 2026, mediante la cual la Unión de
Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Mendoza, informa: “…el Sr. GOMEZ, ROBERTO HORACIO,
D.N.I. N° 10.901.604, se encuentra actualmente desempeñando funciones como secretario adjunto de esta
organización gremial. Asimismo, se hace constar que el mencionado agente se halla en pleno uso de su
licencia gremial, oportunamente otorgada y vigente a la fecha…”;
Que en orden 25 la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia expresa: “…Cabe
señalar que la tutela gremial no releva al Sr. Gómez Diaz, Roberto Horacio, del cumplimiento de sus deberes
como Agente Público, por lo que la Administración puede requerirle la documentación necesaria para la
gestión de su situación laboral o previsional. En consecuencia, deberá intimarse al Agente GOMEZ DIAZ,
ROBERTO HORACIO, D.N.I. N° 10.901.604, a presentar ante División de Administración de Personal Civil
de la Dirección de Capital Humano de este Ministerio de Seguridad y Justicia, dentro del plazo de diez días
hábiles de notificada la presente, la historia laboral emitida por ANSES, debiendo gestionar su obtención en
forma personal. Hágase saber que el incumplimiento injustificado de la presente intimación, podrá dar lugar
a la promoción de las actuaciones administrativas correspondientes y a la eventual aplicación de las
medidas disciplinarias previstas en la normativa vigente…”;
Que en orden 28 obra notificación de emplazamiento, de fecha 08 de junio de 2026, al Sr. GOMEZ DIAZ,
ROBERTO HORACIO, personal civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, clase 08 y en orden 29 se
acompaña la correspondiente respuesta de la notificación;
Que en orden 32 la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia luego del análisis
jurídico, dictamina: “…El artículo 34 bis de la Ley N° 24241 expresa: 1. Institúyese la prestación por edad
avanzada para trabajadores que presten servicios en relación de dependencia y para trabajadores
autónomos. 2. Tendrán derecho a esta prestación los afiliados que: a) Hubieran cumplido setenta (70) años,
cualquiera fuera su sexo; b) Acrediten diez (10) años de servicios con aportes computables en uno o más
regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, con una prestación de servicios de por lo
menos cinco (5) años durante el período de ocho (8) inmediatamente anteriores al cese en la actividad; c)
Los trabajadores autónomos deberán acreditar, además, una antigüedad en la afiliación no inferior a cinco
(5) años, en las condiciones que establezcan las normas reglamentarias. 3. El haber mensual de la
prestación por edad avanzada será equivalente al setenta por ciento (70 %) de la prestación establecida en
el inciso a) del artículo 17 de la presente ley, más la prestación compensatoria y la prestación adicional por
permanencia o jubilación ordinaria en su caso. El haber de la pensión por fallecimiento del beneficiario se
determinará según las pautas que establecen los artículos 28 y 98 de esta ley y su reglamentación. 4. El
goce de la prestación por edad avanzada es incompatible con la percepción de toda jubilación, pensión o
retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho del beneficiario a optar por
percibir únicamente la prestación mencionada en primer término. Percepción unificada Artículo 35.— Las
prestaciones previstas en el artículo 17 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias serán abonadas en forma
coordinada con el haber de la jubilación ordinaria o con alguna de las prestaciones del artículo 27 otorgadas
a través del Régimen de Capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos a fin de
procurar la inmediatez y simultaneidad de los pagos respectivos. (Artículo sustituido por Art. 11 de la Ley N°
26417 B.O. 16/10/2008. Vigencia: la reglamentación establecerá las fechas a partir de las cuales
comenzarán a regir las distintas normas incluidas en la presente ley). El Art. 32 de la Ley N° 6921 expresa:
De la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador - Intimación - Plazo de mantenimiento de
la relación. Todo agente de la Administración Pública Provincial, centralizada, descentralizada y autárquica,
que reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones del sistema previsional en
vigencia, deberá obligatoriamente iniciar los trámites pertinentes y la administración lo intimará a su
cumplimiento, extendiéndole a tal efecto los certificados de servicios y de remuneraciones y demás
documentación necesaria a esos fines, manteniéndose la vigencia de la relación de empleo público hasta
que el agente obtenga el beneficio previsional, por un plazo que no deberá exceder de seis (6) meses,
contados a partir de que se obtenga el turno por parte del Ente Previsional, el que deberá gestionarse en un
plazo no mayor de quince (15) días de notificado el agente. El agente deberá acreditar haber iniciado el
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
trámite mediante presentación escrita al área de recursos humanos donde preste servicios. El plazo de seis
(6) meses comenzará a correr vencidos los quince (15) días citados, en caso de que el agente no hubiere
gestionado el turno…”. CONCLUSION: En virtud de normativa citada precedentemente esta Asesoría
Letrada considera que el Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO se encuentra en condiciones de acogerse
al beneficio previsional en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 f) y 34 bis de la Ley N° 24241. Que a los
efectos de que la Administración lo intime a cumplir con los trámites administrativos pertinentes al efecto
indicado, deberá previamente iniciarse y obtenerse por vía jurisdiccional, resolución judicial que lo excluya
de la tutela sindical que detenta, a los términos de los Arts. 40, 48, 50 y 52 de la Ley N° 23551.
De compartirse el criterio vertido, deberá dictarse norma legal, Decreto del Poder Ejecutivo, que instruya al
Sr. Asesor de Gobierno de la Provincia a iniciar el procedimiento de exclusión de tutela gremial que goza el
Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, a los efectos de que se lo intime a iniciar el procedimiento
tendiente a acogerse al beneficio previsional contemplado en el Art. 17 f) y 34 bis de la Ley N° 24241…”.
Por ello y atento a lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia
en orden 32,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa repartición,
para que inicien, prosigan y ejecuten las acciones judiciales de los artículos 48 y 50 de la Ley N° 23.551 a
los efectos de excluir de la tutela gremial al Sr. GOMEZ DIAZ, ROBERTO HORACIO, D.N.I. N° 10.901.604,
personal civil, clase 08, del Ministerio de Seguridad y Justicia, a fin de intimarlo a iniciar el procedimiento
tendiente a acogerse al beneficio previsional contemplado en los Art. 17 f) y 34 bis de la Ley N° 24.241, por
los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1737
MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02222775-GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta N° EX-
2022-01514578-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que las citadas actuaciones se inician con escrito del Señor Diego Raúl Salgado, quien solicita al Ministerio
de Seguridad y Justicia, Pronto Despacho del expediente N° EX-2022-01514578- -GDEMZA
MESAENTGENERAL#MSEG, se tenga por desistido el pedido de producción de prueba realizado
oportunamente por haber perdido actualidad, y se dicte el acto administrativo correspondiente;
Que en orden 02 del expediente vinculado EX-2022-01514578- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG,
obra digitalización de la pieza administrativa 999-S-14-00107, caratulada: “I.G.S. INVESTIGA SITUACION
EN COLONIA PENAL GUSTAVO ANDRE S/ SALIDA TRANSITORIA DE VILLALBA QUIROGA CARLOS”, en
el marco de la cual se instruyó Sumario Administrativo (Resolución N° 169/14 de fecha 19 de junio del año
2014) al entonces efectivo penitenciario Subadjutor S.C.S. Diego Raúl Salgado Zapata, imputándole “prima
facie”, la transgresión del Art. 8 Incs. a), b), d) y e), en función del Art. 2, todos de la Ley N° 7493;
Que en la conclusión del Sumario Administrativo (páginas 180/186 del expediente digitalizado), el Instructor
Sumariante solicitó al Directorio de la Inspección General de Seguridad, la sanción expulsiva de Cesantía
del Oficial Subadjutor S.C.S. Diego Raúl Salgado Zapata;
Que la Junta de Disciplina del entonces Ministerio de Seguridad emitió para fecha 16/12/2016, dictamen N°
S.P. 422/16 (páginas 251/255 del expediente digitalizado), aconsejando aplicar al administrado, la sanción
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
expulsiva de Cesantía, correctivo previsto en el Art. 35 de la Ley N° 7493;
Que bajo el expediente administrativo 166-D-2017-00106, Diego Raúl Salgado planteó la prescripción del
Sumario Administrativo, conforme al Art. 81 de la Ley N° 7493. Que el entonces Ministerio de Seguridad
dictó la Resolución N° 760-S/17, de fecha 27 de marzo del año 2017 (páginas 278/280 del expediente
digitalizado), mediante la cual rechazó la prescripción planteada y aplicó al administrado, la sanción
expulsiva de Cesantía, por haber violado lo dispuesto por el Art. 8 Incs. a), b) y e) de la Ley N° 7493;
Que a través del expediente administrativo 3472-D-2017-20108, Salgado dedujo Recurso de Revocatoria en
contra de la Resolución N° 760-S/17. Que en páginas 315/319 del expediente digitalizado, obra Resolución
N° 2662-S/17, fechada 22 de agosto del año 2017, por la cual el entonces Ministerio de Seguridad admitió
en lo formal y rechazó en lo sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por Salgado contra la
Resolución N° 760-S/17;
Que en el expediente administrativo 8913-D-2018-20108 (páginas 368/375 del expediente digitalizado), el
administrado interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 2662-S/17; y en páginas 386/391,
planteó Denuncia de Ilegitimidad;
Que en orden 16, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “Analizado el
aspecto formal del remedio en trato, presentado en fecha 26/12/18, y nuevamente en fecha 26/08/2019,
según constancias del expediente EX-2019-04504381--GDEMZA-DGSERP#MSEG, y no existiendo
constancia de notificación de la Resolución cuestionada, a fin de garantizar el derecho de defensa del
administrado, el recurso presentado deberá ser admitido en lo formal.”;
Que en sus agravios, el recurrente niega los hechos imputados a su persona. Plantea la prescripción del
Sumario Administrativo, de acuerdo con el Art. 81 de la Ley N° 7493. Considera que la Resolución es
arbitraria, padece vicios en el objeto, ha lesionado garantías constitucionales y resulta nula;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) Compulsadas las actuaciones administrativas, en particular el sumario oportunamente
instruido y que luce digitalizado en orden 02, de las actuaciones en tramitación conjunta EX-2022-01514578-
-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, surge que el hecho acaeció en fecha 19/04/2014. Por Resolución
Nº 169/14, la Inspección General de Seguridad ordenó la instrucción de sumario administrativo. El
sumariado fue citado a prestar declaración indagatoria en fecha 23/11/14, se rindieron pruebas testimoniales
y finalmente en fecha 28/03/16, se dispuso la clausura del sumario, presentando el administrado nulidad que
fue resulta por Resolución Nº 304/16. Interpuso contra aquella resolución, Recurso de Revocatoria, que fue
admitido parcialmente mediante Resolución N° 412/16, de fecha 07 de junio de 2016. Finalmente, en fecha
17/10/16, presentó escrito de alegatos y se emitió dictamen de la Junta de Disciplina en fecha 16/12/16,
solicitando ese organismo, la aplicación de la sanción de cesantía. En fecha 27/03/17, se dictó la Resolución
N° 760-S/17 por parte del Sr. Ministro de Seguridad, y que impusiera finalmente la sanción expulsiva
cuestionada.
En virtud de ello, entiendo que no ha acaecido el plazo de prescripción del sumario administrativo, ya que se
han realizado los actos impulsorios necesarios a fin de investigar la conducta del administrado, y la autoridad
administrativa competente, se ha expedido dentro de un plazo razonable, por lo que no puede alegarse
violación alguna a los derechos constitucionales. Por otro lado, la falta administrativa cuestionada ha sido
debidamente individualizada, tanto en los hechos como fundada la sanción aplicada en las normas que rigen
al personal penitenciario, careciendo de sustento los agravios invocados. Asimismo, la sanción impuesta
aparece como justa y proporcionada, por lo que no se advierte irracionabilidad ni arbitrariedad que hagan
revisable a esta altura de los procedimientos, la decisión adoptada por la autoridad en ejercicio de su
competencia. En definitiva, no se advierte en el dictado de los actos administrativos cuestionados por esta
vía, vicios o irregularidades que hagan procedente el remedio deducido, por lo que corresponde la admisión
formal y el rechazo sustancial del recurso jerárquico impetrado….”;
Por ello y compartiendo lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 16,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el Sr. DIEGO RAÚL SALGADO, D.N.I. N° 24.033.055, en contra de la Resolución
N° 2622-S/17, emitida por el entonces Ministerio de Seguridad para fecha 22 de agosto de 2017, por los
motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de
la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1738
MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02234092-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el Sr. DAVID VIDELA GUAJARDO interpone Recurso Jerárquico en contra
de la Resolución N° 1043-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia el día 11 de marzo de
2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2026-00327945- -GDEMZA-CCC (orden 25), el
Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 1043-SyJ/26, mediante la cual admitió desde el
aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria articulado por VIDELA
GUAJARDO contra la Resolución N° 6288-SyJ/25, fechada 01 de diciembre de 2025, que a su vez rechazó
la Acción de Nulidad presentada por el administrado contra la Resolución N° 3603-S/23, emitida por el
entonces Ministerio de Seguridad para fecha 01 de noviembre del año 2013, y por la cual se aplicó al
recurrente, la sanción expulsiva de cesantía sujeta a exoneración por la comisión de la falta prevista en el
Art. 8 Incs. a), b), d), e), j) y l) de la Ley N° 7493; y Arts. 5, 62, 173, 183 y 184 de la Resolución N° 143-T/15
(Régimen Disciplinario Penitenciario), y sus agravantes Arts. 198 Incs. 3) y 8) de la referida Resolución;
Que la Resolución N° 3603-S/23 fue recurrida por VIDELA GUAJARDO mediante Recurso de Revocatoria
de fecha 09/11/2023, bajo el expediente EX-2023-08616217- -GDEMZA-CCC, y rechazado en su aspecto
sustancial por Resolución N° 3288-SyJ/24 de fecha 17/09/2024, siendo notificada el día 22 de mayo del
2025;
Que en su escrito recursivo, VIDELA GUAJARDO se agravia postulando que la resolución recurrida es
arbitraria e ilegítima, por cuanto sostiene que los vicios denunciados habrían quedado “saneados” con la
notificación de la Resolución N° 3603-S/23, y la interposición de un recurso posterior sobre el fondo. Afirma
que los vicios denunciados -omisión de una etapa esencial (alegatos) y restricción al control de la prueba-
configuran un supuesto de nulidad absoluta no susceptible de saneamiento;
Que en orden 08, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, realiza un análisis
jurídico del recurso incoado y dictamina: “…el recurrente no ha aportado nuevos elementos que puedan
hacer variar y/o desvirtuar la resolución que ataca, simplemente ha reproducido, en cuanto a sus
fundamentos, lo expresado en etapa recursiva anterior. El administrado, como ya expresó esta Asesoría
Letrada al momento de resolver el planteo de nulidad oportunamente incoado, fue notificado de la
Resolución 3603-S en fecha 02/11/2023, que ordenaba su cesantía sujeta a exoneración; y es ahí, que el
mismo, tomó conocimiento inequívoco e irrestricto de todas las actuaciones en forma completa. Que en esa
oportunidad y en fecha 09/11/2023, el Sr. David Videla Guajardo planteó Recurso de Revocatoria, realizando
un planteo sobre el fondo del asunto, más nada planteó respecto de la supuesta nulidad y sobre el perjuicio
concreto que la misma le generara, y/o de qué forma esta afectara su derecho de defensa y que luego
invocara, en forma posterior, mediante presentación de fecha 24/11/2023. Que al momento de recurrir la
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Resolución N° 3603-S pudo y debió plantear las nulidades del acto que consideró viciado, sin embargo nada
planteó respecto de ellas dentro del Recurso de Revocatoria que presentó en fecha 09/11/2023, donde el Sr.
Videla tomó conocimiento inequívoco e irrestricto de todas las actuaciones, siendo en definitiva, rechazado
el mismo en su aspecto sustancial por Resolución N° 3288-SyJ de fecha 17/09/2024. Por lo expuesto es
que, con la notificación de la Resolución N° 3603-S, el 02/11/2023, el administrado tomó conocimiento de las
actuaciones, y con la presentación del Recurso de Revocatoria donde sólo se refiere al fondo del asunto en
cuestión, sin expresar ningún planteo de nulidad y sobre el perjuicio que esta le provocara, ha saneado la
supuesta nulidad aludida y/o consentido todas las actuaciones anteriores. (…) Por todo lo expresado, el
administrado, al momento de ser notificado de la Resolución que declaró su cesantía, tuvo conocimiento
pleno y tomó vista irrestricta de las actuaciones, por lo que de ninguna manera se ha visto afectado su
derecho de defensa, pudiendo, en esa oportunidad, ejercer efectiva y eficazmente su defensa material, de
conformidad con la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso. Por lo cual, la
supuesta falta de notificación de alegatos durante el trámite del sumario administrativo, ha sido saneada
cuando el administrado tomó conocimiento de las actuaciones mediante notificación de fecha 02/11/2023 de
la Resolución 3603-S, y ejerció su derecho de defensa presentando Recurso contra la misma, saneando de
esta manera la supuesta nulidad, sobre la que nada expresó en ese preciso momento, y consintiendo todas
las actuaciones anteriores. Por todo lo expuesto, es que esta instancia entiende que el Recurso Jerárquico
incoado debe ser aceptado en su aspecto formal y RECHAZADO en su aspecto sustancial….”;
Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “El recurso fue
presentado el día 20/03/2026 (según la fecha de creación del ticket de orden 03), y no constando en el
expediente Nro. EX-2026-00327945- -GDEMZA-CCC la fecha de notificación de la Resolución 1043-SyJ/26,
a criterio de esta Asesoría se impone admitir formalmente la impugnación como presentada dentro del
término previsto por el Art. 179 de la Ley N° 9003.”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el reclamo es improcedente. Luego de ser notificado de
la Resolución sancionatoria 3603-S/2023 (orden 81 EX-2022-05957215- -GDEMZA-IGS#MSEG), Videla
interpuso Recurso de Reconsideración que obra en orden 02 del expediente EX-2023-08616217--GDEMZA-
CCC. En dicha impugnación, el recurrente se agravió invocando el principio "pro homine", argumentando
que las actuaciones disciplinarias no pudieron establecer participación, roles ni acciones, y postulando
cuestionamientos respecto al mérito probatorio del sumario, que a su criterio implicaban que no se había
probado su responsabilidad administrativa. También proclamó en dicha oportunidad, que no existía
sentencia judicial firme determinando su responsabilidad penal sobre idénticos hechos a los investigados en
sede administrativa. Así las cosas, no podemos más que coincidir con el dictamen del servicio jurídico del
Ministerio de Seguridad y Justicia (orden 8)…. Y es que procedimentalmente, no cabe ahora el análisis de
planteos que no fueron interpuestos oportunamente contra la Resolución sancionatoria 3603-S/2023. Todo lo
que no fue cuestionado mediante la Revocatoria contra dicho acto, ha quedado firme, y por ende, es
irrevisable ahora. La instancia recursiva iniciada mediante la Revocatoria contra la Res. 3603-S/2023 quedó
definitivamente delimitada en su objeto a los cuestionamientos y agravios que en aquella oportunidad se
expresaron. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado
sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia
en orden 08, y por Asesoría de Gobierno en orden 13,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el Sr. DAVID VIDELA GUAJARDO, D.N.I. N° 31.184.683, en contra de la
Resolución N° 1043-SyJ/26, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 11 de marzo de
2026, por las razones de hecho y de derecho expuestas en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1739
MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-03146212-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Oficial Subayudante –Personal Policial- NINFA YAMILA MURATI
GONZÁLEZ, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución N° 188/26, emitida por el Directorio de
la Inspección General de Seguridad el día 26 de marzo de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2026-00775860-GDEMZA-CCC (orden 13), el
Directorio de la Inspección General de Seguridad emitió la Resolución N° 188/26, mediante la cual admitió
en lo formal y rechazó en lo sustancial, el Recurso de Apelación articulado por MURATI GONZÁLEZ contra
la calificación anual correspondiente al período comprendido entre el 01/01/2025 al 29/12/2025 (formulario
N° 264794);
Que en orden 16, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…la Resolución
cuestionada, fue notificada en fecha 07 de abril de 2026, -orden 20 del expediente EX-2026-00775860- -
GDEMZA-CCC-, y el recurso presentado en fecha 24 de abril de 2026, según constancias de orden 03 del
expediente EX-2026-03146212- -GDEMZA-CCC, por lo que ha sido presentado en el plazo y condiciones
previsto por los Arts. 183 y 184 de la Ley N° 9.003, y conforme lo normado por la Ley N° 7813.”;
Que en su escrito recursivo, MURATI GONZÁLEZ considera que la calificación impugnada es arbitraria,
manifestando que el calificador utilizó antecedentes correspondientes a períodos anteriores para evaluar el
año 2025, lo cual se encuentra prohibido por la Ley N° 6722. Sostiene que existe un error manifiesto en la
interpretación de los formularios de calificación por parte de la Administración, y que se ha vulnerado el
principio de inocencia, en tanto se utilizó un antecedente disciplinario no firme al momento de la calificación;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “(…) En el aspecto sustancial, el recurso no puede prosperar, toda vez que el mismo sólo se limita
a disentir de la calificación individual otorgada por la DELEGACIÓN POLICIA CIENTIFICA GUAYMALLEN-
LAS HERAS-LAVALLE, pero de ninguna manera logra acreditar la existencia de vicios o arbitrariedades que
permitan a esta altura de los procedimientos, adoptar una decisión distinta a la tomada por la autoridad en el
ejercicio propio de sus competencias. Los actos administrativos precedentes, han sido debidamente
fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido por el Art. 45 de la Ley 9.003, careciendo de vicios o
errores que haga procedente el recurso en estudio. La Ley N° 6722 ha otorgado al Poder Ejecutivo, la
atribución de producir las promociones necesarias para satisfacer las necesidades orgánicas de las
instituciones policiales de Mendoza, y para ello, ha establecido una serie de pautas, procedimientos y
órganos determinados que actúan imponiendo límites al ejercicio de dicha atribución. El otorgamiento de una
promoción por parte de la Administración, implica el ejercicio de una función que le es propia, y que se
encuentra parcialmente reglada, y reconoce a la vez, algún margen de discrecionalidad. Resulta
estrictamente reglado el procedimiento a seguir (convocatoria a realizar la autoproposición, Art. 182; revisión
de los requisitos previos para el tratamiento promocional, Art. 185; calificación de las Juntas, Arts. 191 a 194;
elaboración del orden de mérito, Art. 195; y finalmente el acto administrativo de promoción). También se
encuentra estrictamente reglado, la composición del puntaje que determine el orden de mérito, ya que se
establece el valor de cada uno de los ítems a considerar. En el caso que nos ocupa, la Administración ha
respetado plenamente lo reglado respecto a procedimientos, órganos y pautas para la calificación,
ejerciendo a la vez, su margen de discrecionalidad al evaluar los antecedentes y aptitud para el grado
superior en la forma y por los órganos a los que la ley otorga esta función. En virtud de ello, no se ha
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
demostrado la existencia de arbitrariedad alguna, ausencia de competencia o vicio en el procedimiento. En
definitiva, lo que la recurrente plantea, es su desacuerdo con la evaluación de mérito realizada, pero no logra
acreditar la existencia de vicios o irregularidades en los actos precedentes dispuestos por la autoridad en el
ejercicio propio de sus competencias, que permita a esta instancia, realizar una evaluación distinta a la ya
adoptada, y dentro del acotado margen de revisión a esta altura de los procedimientos, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 183 de la Ley 9.003. Por las razones expuestas, corresponde la admisión formal y el
rechazo sustancial del Recurso de Alzada….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 16,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso de
Alzada interpuesto por la Oficial Subayudante –Personal Policial- NINFA YAMILA MURATI GONZÁLEZ,
D.N.I. N° 37.138.235, en contra de la Resolución N° 188/26, emitida por el Directorio de la Inspección
General de Seguridad para fecha 26 de marzo de 2026.
Artículo 2° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de
la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1740
MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02261640-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET,
interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° S.P. 0082/26, de fecha 05 de febrero de 2026, y
contra la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, fechada 13 de febrero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03390065- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 52), la
Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° S.P. 0082/26, mediante la
cual aplicó a la agente penitenciaria Gisela Tania Janet FERIS FUENTES, la sanción de cincuenta (50) días
de suspensión laboral sujeta a exoneración, al determinarse que con su accionar, infringió el Régimen
Disciplinario Penitenciario, Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88 y sus agravantes Art. 198
Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15;
Que en orden 60 del expediente EX-2024-03390065- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N°
0166/26, por la cual el Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a “Revista
Pasiva” por el término de cincuenta (50) días de la administrada, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3)
de la Ley N° 7493. En orden 77 obra Resolución N° 1725-SyJ/26, de fecha 23 de abril de 2026, por la cual la
Ministra de Seguridad y Justicia ratificó la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26;
Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…en virtud del
informalismo a favor del administrado, asiste razón a lo expresado por la defensa técnica en el escrito de
recurso, en cuanto debería haberse notificado la resolución impugnada a la casilla de correo
basessolucioneslegales@gmail.com, constituido expresamente como domicilio electrónico desde la primera
presentación en el sumario, y utilizado como canal oficial de notificaciones durante toda la instrucción, por lo
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
que a criterio de esta Asesoría de Gobierno se impone admitirlo formalmente en los términos del Art. 179 de
la Ley N° 9003.”;
Que se agravia el recurrente sintéticamente, al considerar que el acto administrativo que impugna, viola
derechos y garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio, como así también principios
consagrados en la Ley N° 9003. Además, alega vicios de procedimiento, errónea valoración de la prueba y
falta de motivación del acto, peticiona también la nulidad de la Resolución N° 0166/2026 del Director del
Servicio Penitenciario, que dispuso su pase a Revista Pasiva;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente
la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a
la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina -los considerandos-”
(PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº
3909, Pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que: “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan
sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan
denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del
dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de
exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de
las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes
relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la
competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al
administrado, individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo de la recurrente, ya
que de la simple lectura de la Resolución N° 0082/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente
motivada, fáctica y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la
sanción. Aun cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición
excesiva teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las
previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta
comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad,
razonabilidad y falta de adecuación de la sanción impuesta en cuanto provee la sujeción a la exoneración
dependiendo de las resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario
administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al
régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a
tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de la
Suboficial Feris constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la
responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza, es reconocida por uniforme jurisprudencia de la
SCJM en reiterados fallos, de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y
judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las
finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad
del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de
responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este
principio requiere una percepción más amplia en cuanto juzgar el cumplimiento o no de los deberes
asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración
legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La sustanciación de los sumarios administrativos y la
aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal
iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial, no impedirá la aplicación de
la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso
la apertura del sumario administrativo para investigar la presunta presentación de un certificado médico
apócrifo para justificar inasistencias al servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido
expedido por la Dra. Andrea Díaz- Mat. 8180- guardia- Hospital Descentralizado, y fue expresamente
desconocido en cuanto a su contenido, firma y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima
facie” en el Art. 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88 de la Resolución N° 143-T, y sus
agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T. Entendemos en consecuencia, que la resolución
adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y
conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante,
verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto
administrativo en cuestión cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N°
9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la
Resolución N° 0166/2026 del Director del Servicio Penitenciario que dispuso el pase a Revista Pasiva de la
Suboficial Ayudante Gisela Tania Janet Feris, siendo esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se
encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Conforme a lo desarrollado en los párrafos
que anteceden, los vicios que acusa la recurrente no resultan verosímiles como lo requiere el dispositivo
legal precitado. Y asimismo cabe tener presente el régimen legal de las impugnaciones de actos
administrativos en sede judicial, que en el caso de cesantías o exoneraciones de agentes estatales deniega
expresamente la suspensión de su ejecución (Art. 24 Inc. b) de la Ley N° 3918). En síntesis, a criterio de
esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en
consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N.
I. N° 33.275.546, en contra de la Resolución N° S.P. 0082/26, de la Junta de Disciplina del Ministerio de
Seguridad y Justicia y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, del Director General del Servicio
Penitenciario de Mendoza.
Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el el Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS
FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, de
la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza.
Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el el Suboficial
Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, al no configurarse
ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 4° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa, prevista en el Art. 20 de
la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1743
MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02219847-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. SILVIA PATRICIA DIAZ, interpone
Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 0045/2026-SP emitida por la Junta de Disciplina del
Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 28 de enero de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N°
0171/26, dictada por la Dirección General del Servicio Penitenciario el día 18 de febrero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03391626- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 49),
caratulado: “IGS C/ DIAZ, SILVIA PATRICIA – SUMARIO-”, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad
y Justicia dictó la Resolución N° 0045/2026-SP, mediante la cual aplicó a la agente penitenciaria Silvia
Patricia DIAZ, una sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
determinarse que con su accionar infringió el Régimen Disciplinario Penitenciario -Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de
la Ley N° 7493, Arts. 10, 88, y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1), de la Resolución N° 143-T/15-;
Que en orden 57 del expediente EX-2024-03391626- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N°
0171/26, por la cual el Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a Revista Pasiva por el término de
cincuenta (50) días, de la Suboficial Subayudante S.C.S. Silvia Patricia DIAZ, conforme lo establecido en el
Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493;
Que la recurrente se agravia alegando la omisión de notificación a la defensa técnica. Sostiene la
vulneración del principio de legalidad, bajo el argumento de que la sanción de exoneración no se encuentra
prevista en el Art. 35 de la Ley N° 7493, sumado a la falta de correspondencia entre la sanción y las faltas
imputadas. Asimismo, manifiesta la violación de los principios de verdad material, pro homine e in dubio pro
administrado, destacando la inexistencia de dolo. Refiere, además, la transgresión a los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, congruencia, defensa en juicio e igualdad. Finalmente, expone la
configuración de un grave defecto de motivación, desviación de poder y exceso en la discrecionalidad
sancionatoria, peticionando la nulidad de la Resolución N° 0171/2026 que dispuso su pase a Revista Pasiva;
Que en orden 09, la Asesoría Legal de la Dirección General del Servicio Penitenciario realiza un análisis
jurídico del recurso incoado y dictamina: “(…) 1. Supuestos vicios del procedimiento – nulidad- El planteo
carece de sustento. La doctrina administrativa es uniforme, no existe nulidad sin perjuicio concreto, actual y
acreditado. En autos el procedimiento fue regularmente instruido, intervino autoridad competente, se
garantizó el derecho de defensa, se produjo prueba suficiente. No se verifica vicio esencial alguno. El
agravio se limita a una mera discrepancia con el resultado del procedimiento. 2. Errónea valoración de la
prueba. Se intenta cuestionar la apreciación administrativa. Sin embargo la valoración de la prueba goza de
presunción de legitimidad y razonabilidad, y sólo cede ante error manifiesto o arbitrariedad. (Mairal: control
limitado a supuestos de irracionalidad evidente). En el caso: la inconsistencia del certificado médico, el
desconocimiento de su autoría, y la concordancia de informes administrativos, configuran un plexo
probatorio sólido. El recurso no aporta prueba nueva ni logra desvirtuar las conclusiones alcanzadas. 3.
Inexistencia de responsabilidad – invocación de buena fe. La alegación de buena fe resulta insuficiente. La
doctrina sostiene que la responsabilidad administrativa no se excluye por la sola invocación subjetiva de
buena fe, cuando existe infracción objetiva al deber funcional. Debe recordarse que el personal penitenciario
se encuentra sometido a un estándar de conducta reforzado. La irregularidad verificada es objetiva, fue
acreditada, y no ha sido eficazmente controvertida. 4. Desproporción de la sanción. El agravio no prospera.
La sanción se encuentra prevista normativamente, guarda relación con la gravedad del hecho y responde al
impacto institucional de la conducta. Gordillo señala que el control de proporcionalidad no habilita a sustituir
el criterio administrativo salvo manifiesta irracionabilidad. En el caso, la medida es adecuada, necesaria y
razonable. 5. Violación de garantías constitucionales. El planteo es meramente declarativo. No se verifica
indefensión material, ausencia de prueba, ni arbitrariedad. Por el contrario el procedimiento respetó el
debido proceso, la decisión se encuentra fundada y la prueba es consistente. No existe vulneración de
garantías. 6. Cuestionamiento del pase a revista pasiva. La medida constituye consecuencia directa del acto
disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Su existencia fue
corroborada mediante Sistema ABM, módulos institucionales, notificación electrónica oficial. No presenta
vicio alguno. IV. MOTIVACIÓN SUFICIENTE DEL ACTO. Los actos impugnados cumplen plenamente con el
estándar de motivación suficiente. Esto implica exposición clara de los hechos, valoración razonada de la
prueba, encuadre normativo adecuado, decisión fundada. La motivación permite comprender el
razonamiento administrativo y excluye toda tacha de arbitrariedad. V. AUTOTUTELA Y PRESUNCIÓN DE
LEGITIMIDAD. La Administración ha actuado dentro de su competencia, en ejercicio de potestades propias,
con presunción de legitimidad. (Mairal: el acto administrativo se presume válido hasta prueba en contrario).
La recurrente no logra desvirtuar dicha presunción. VI. LÍMITES DEL CONTROL Y PRECLUSIÓN. Ni el
recurso jerárquico ni un eventual control ulterior habilitan la revisión integral del mérito, sustitución del criterio
administrativo, ni reapertura irrestricta de la prueba. Asimismo, la carga de demostrar la invalidez del acto
recae en quien lo impugna. En el caso, dicha carga no ha sido cumplida. VII. CONSIDERACIONES
FINALES SOBRE LA EJECUTORIEDAD DEL ACTO. Debe dejarse expresamente establecido que el acto
administrativo impugnado goza de ejecutoriedad propia, responde a un interés público específico vinculado
al orden y disciplina del servicio y se encuentra sustentado en un procedimiento regular y en prueba
suficiente. En este marco no se advierte la configuración de circunstancias excepcionales que justifiquen
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alterar su ejecución. No se verifica perjuicio irreparable, ilegitimidad manifiesta ni verosimilitud suficiente en
el derecho invocado. La pretensión recursiva no supera el estándar mínimo requerido para enervar los
efectos del acto. VIII. CONCLUSIÓN. El recurso no introduce elementos nuevos relevantes, no desvirtúa la
prueba, no acredita vicio alguno y no demuestra ilegitimidad. Se trata de una mera disconformidad subjetiva
con el resultado del procedimiento. DICTAMEN Por todo lo expuesto, esta Dirección Legal y Técnica: I. Tiene
por formalmente admisible el recurso jerárquico interpuesto. II. Aconseja su RECHAZO TOTAL desde la faz
sustancial en todos sus términos. III. Propicia la confirmación íntegra de la Resolución N° 0045/2026-SP y la
Resolución D.G.S.P. N° 0171/2026.- IV. Deja expresa constancia de la suficiencia de motivación del acto, la
regularidad del procedimiento, la razonabilidad de la sanción, la validez de las notificaciones (incluida la
electrónica institucional) y la inexistencia de vicios invalidantes, todo ello a los fines de su eventual revisión
en sede judicial…”;
Que en orden 20, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N°
9003…”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente
la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a
la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´”
(PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº
3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003, dispone “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre
intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias,
reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del
órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias
expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones
de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del
expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en
ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado,
individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo de la recurrente, ya que de la
simple lectura de la Resolución N° 0045/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica
y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun
cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva,
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones
legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y
proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de
adecuación de la sanción impuesta, en cuanto provee la sujeción a la exoneración dependiendo de las
resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por
objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo
(en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de
las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de la suboficial Díaz constituye también un
ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra
naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos
permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos
independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos
también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la
pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las
obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia
en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene,
en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La
sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden
administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o
absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante
procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura de sumario administrativo
para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al
servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la “Dra. Andrea Díaz -Mat.
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8180- guardia- Hospital Descentralizado”, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma
y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el Art. 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N°
7493; Arts. 10) y 88) de la Resolución N° 143-T y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T.
Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no
contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las
pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo
resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos
investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión, cumple acabadamente
con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe
desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 171/2026 del Director del Servicio
Penitenciario, que dispuso el pase a Revista Pasiva de la Suboficial Ayudante Díaz Silvia Patricia. Siendo
esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente
notificada. Por último, tampoco corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada,
ya que no se configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003. En base a lo
expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio de esta Asesoría de
Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el
acto recurrido…”;
Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección Legal y Técnica del Servicio Penitenciario de Mendoza en
orden 09, y por Asesoría de Gobierno en orden 20,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777,
en contra de la Resolución N° 0045/2026-SP emitida por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y
Justicia, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, dictada por la Dirección General del Servicio
Penitenciario, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA
PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, de la Dirección General del
Servicio Penitenciario de Mendoza.
Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el Suboficial
Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, al no configurarse ninguna de las
causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 4° - Notifíquese a la recurrente, a fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley N° 9003, que el
acto administrativo que resuelve este recurso, agota la instancia administrativa, y cuenta para su
impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, a interponer en el plazo de
treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el presente recurso.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1744
MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02268232-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. JORGE HÉCTOR RODRÍGUEZ
MARAVILLA, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución S.P. Nº 0051/26 de fecha 30 de enero
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0153/26 de fecha 06 de febrero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03381064- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 54),
caratulado: “SUMARIO”, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución S.P.
N° 0051/26, mediante la cual aplicó al recurrente, la sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral
sujeta a exoneración, al determinarse que con su accionar infringió el Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N°
7493, y los Arts. 10 y 88, y su agravante Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15;
Que en orden 61 del expediente EX-2024-03381064- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N°
0153/26, por la cual el Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a Revista
Pasiva por el término de cincuenta (50) días del SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. JORGE HÉCTOR
RODRÍGUEZ MARAVILLA, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493. En orden 84 obra
Resolución N° 1457-SyJ/26, de fecha 09 de abril de 2026, por la cual el Ministerio de Seguridad y Justicia
ratificó el pase a Revista Pasiva del administrado;
Que se agravia el recurrente, sintéticamente, al considerar que el acto administrativo que impugna, viola
derechos y garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio, como así también principios
consagrados en la Ley N° 9003. Además alega vicios de procedimiento, errónea valoración de la prueba y
falta de motivación del acto, peticiona también la nulidad de la Resolución N° 153/2026 del Director del
Servicio Penitenciario, que dispuso su pase a Revista Pasiva;
Que en orden 17, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley
9.003.”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente
la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a
la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´”.
(PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº
3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley 9003 dispone que “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre
intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias,
reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del
órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias
expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones
de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del
expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en
ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado,
individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo del recurrente, ya que de la simple
lectura de la Resolución N° 0051/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y
jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun
cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva,
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones
legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y
proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de
adecuación de la sanción impuesta, en cuanto prevé la sujeción a la exoneración dependiendo de las
resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por
objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo
(en el caso, el previsto por Ley 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las
actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar del agente penitenciario constituye también un
ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra
naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos
permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos
independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos
también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la
pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las
obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia
en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312- Fs.219).
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80
de la Ley 7493:
"La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden
administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o
absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante
procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura del sumario administrativo
para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al
servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la “Dra. Andrea Díaz- Mat.
8180- guardia- Hospital Descentralizado”, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma
y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el artículo 8 incisos a), c), e) y l) de la
Ley 7493; Art. 10) y 88) de la Resolución 143-T y sus agravantes, articulo 198, Inc. 1) de la Resolución 143-
T. Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no
contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las
pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo
resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos
investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión, cumple acabadamente
con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe
desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 153/2026 del Director del Servicio
Penitenciario, que dispuso el pase a Revista Pasiva del Suboficial Rodríguez Maravilla, siendo esta una
consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente
notificada. Por último, tampoco corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada
por el recurrente, ya que no se configuran ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley 9003.
En base a lo expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio de esta
Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en
consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 17,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE
HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, en contra de la Resolución Nº 0051/2026-SP de la Honorable Junta de
Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0153/2026 de la
Dirección General del Servicio Penitenciario, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S.
RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, respecto de la Resolución D.G.S.P. N°
0153/2026, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza.
Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el el SUBOFICIAL
SUBAYUDANTE S.C.S. RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, al no
configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 4° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve el presente Recurso
Jerárquico, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa
prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día
siguiente al de la notificación de la decisión administrativa.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Decreto N°: 1745
MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-01257890-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex Auxiliar -Personal Policial- GABRIEL FRANCO SEGUEL AGUILERA,
interpone nulidad administrativa contra el Decreto N° 138/26, de fecha 29 de enero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo EX-2021-07275263- -GDEMZA-IGS#MSEG, caratulado:
“SUMARIO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° 839/2021”, el entonces Ministerio de Seguridad emitió la
Resolución N° 2614-S/22, de fecha 17 de agosto del año 2022, mediante la cual aplicó al ex funcionario
policial SEGUEL AGUILERA, la sanción expulsiva de cesantía sujeta a exoneración, por la comisión de la
falta prevista en el Art. 100 Inc. 1), en función con los Arts. 8 primera parte y 43 Inc. 3), agravado por el Art.
88 Incs. 3), 8), 11) y 12) de la Ley N° 6722 y sus modificatorias;
Que el administrado presentó Recurso de Revocatoria en contra de la Resolución N° 2614-S/22, el cual fue
rechazado sustancialmente mediante Resolución N° 2061-SyJ/24 del Ministerio de Seguridad y Justicia,
dictada el día 02 de julio del año 2024;
Que bajo el expediente N° EX-2025-02879755- -GDEMZA-CCC, el administrado dedujo Recurso Jerárquico
contra la Resolución N° 2061-SyJ/24. Que en orden 32 de las referidas actuaciones, obra Decreto N°
138/26, por el cual se admitió desde el aspecto formal y se rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por SEGUEL AGUILERA contra la Resolución N° 2061-SyJ/24;
Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis jurídico del escrito presentado y dictamina: “…De
la compulsa de las actuaciones administrativas EX-2021-07275263- -GDEMZA-IGS#MSEG, EX-2022-
06364451- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG y EX-2025-02879755- -GDEMZA-CCC, surge que el
Decreto cuestionado, fue notificado en fecha 04/02/2026, informando al recurrente, que el Decreto N° 138/26
cierra la etapa administrativa, pudiendo ser impugnado mediante la Acción Procesal Administrativa (Art. 20
de la Ley N° 3918). Por lo que la vía administrativa se encuentra agotada, y los actos administrativos
precedentes han quedado firmes. Pretender la revisión de actos administrativos firmes, resulta inadmisible.
Por las razones expuestas, corresponde desestimar formalmente el planteo de nulidad….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Desestímese formalmente, el planteo de nulidad interpuesto por el ex Auxiliar -Personal Policial-
SEGUEL AGUILERA, GABRIEL FRANCO, D.N.I. N° 35.513.656, en contra del Decreto N° 138/26, de fecha
29 de enero de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - A fin de dar cumplimiento con el artículo 150 de la Ley N° 9003, se hace constar que habiendo
sido desestimados los recursos precedentes y la nulidad en trato, el acto por esta vía cuestionado, se
encuentra firme, por lo que el acto que resuelve la presente, no resulta impugnable ni cuestionable por el
procedimiento establecido en la Ley N° 3918.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
Decreto N°: 1362
MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2026
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Visto el expediente EX-2026-01591494--GDEMZA-SEGE#MSDSYD, en el cual se solicita la exclusión de la
tutela sindical del agente MARIO ALDO CORTEZ; y
CONSIDERANDO:
Que atento a las constancias de la presente pieza administrativa, se observa que el agente Cortez cumple
con los requisitos legales para acceder a la jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24.241
y Art. 32 de la Ley Nº 6921 y su modificatoria Ley Nº 8880;
Que conforme surge de la certificación de servicios obrante en orden 6, el agente Cortez registra fecha
de ingreso desde el día 10/05/1988, continuando en funciones hasta la actualidad, contando al 31/12/2025
con una antigüedad total en el Ministerio de Salud y Deportes de 37 años, 7 meses y 21 días. Asimismo, de
la referida certificación surge la fecha de nacimiento del agente 21/02/1961, por lo que reúne los requisitos
legales de edad y años de servicios exigidos para acceder al beneficio jubilatorio. Por otra parte, se informa
que no registra antecedentes disciplinarios ni instrucción sumarial pendiente. Sin perjuicio de ello, se
advierte que el agente ostenta representación gremial, revistiendo el carácter de: Congresal Titular FATSA y
Delegado Regional La Paz ATSA – período 2015/2019. • Delegado Regional ATSA – período 2023/2027;
Que la calidad de representante gremial, no obsta a que el agente se encuentre comprendido en la
obligación establecida en el Art. 32 de la Ley Nº 6921, pues se trata de una disposición de carácter general
que de ninguna manera obstaculiza el libre ejercicio de la función sindical;
Que de la misma manera lo ha entendido la jurisprudencia, al expedirse sobre la operatividad del Art. 252 de
la Ley de Contrato de Trabajo, que resulta ser completamente análoga a la previamente reseñada: “…la
existencia de representación sindical no implica la derogatoria del Artículo 252 de la L.C.T. Ello es
así, porque aunque el trabajador goce de tutela sindical, no implica que le confiera al contrato de trabajo
ultractividad, fundamentalmente porque el modo normal de culminación de la relación es el ingreso a
la pasividad, como lo especifica el Art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo”;
Que la jurisprudencia ha establecido que es necesario, previo a realizar la intimación prevista en la norma
citada, obtener sentencia judicial que disponga la exclusión de la tutela sindical en los términos de la Ley Nº
23.551, Art. 52. Así se ha dicho que: “…en razón de lo expuesto, previo al envío de la intimación efectuada,
debió deducirse la acción de exclusión de tutela sindical, con anterioridad a su incorporación en el Anexo II
de la Disposición Nº 700/05 GRH, notificada por telegrama Nº 36.808, el 23 de setiembre de 2005. Si bien la
empleadora puede peticionar la exclusión de tutela sindical para promover el acceso a la pasividad de un
trabajador con tutela sindical, debe obtener la autorización judicial para implementar todo el sistema desde la
intimación misma”;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 14 del expediente de referencia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa repartición,
para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley Nº 23.551, a los
efectos de excluir de la tutela sindical al agente que a continuación se menciona, quien revista en el cargo
que se indica, con funciones en la dependencia del Ministerio de Salud y Deportes que se consigna:
Dn. MARIO ALDO CORTEZ, DNI Nº 14.395.953, CUIL Nº 20-14395953-9, Clase 013 – Cód. Esc. 15-1-03-06
- Carácter 1 – Jurisdicción 08 - Unidad Organizativa 18 – Hospital Arturo Illia.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Decreto N°: 1455
MENDOZA, 24 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-08903595- -GDEMZA-CCC en tramitación conjunta con expediente EX-2025-
02451986—GDEMZA-HELSAUCE#MSDSYD en el cual la Lic. ANDREA CELESTE IVANI, interpone
Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 244/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de
Salud Mental “El Sauce”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Lic. Ivani en
contra de la Resolución N° 210/25, del mismo ente emisor, mediante la cual se aplicó a la mencionada
profesional la sanción de suspensión por reiterados incumplimientos en sus deberes y obligaciones;
Que de las actuaciones obrantes en el EX-2025-02451986—GDEMZA-HELSAUCE#MSDSYD surge que en
orden 16 rola Disposición Interna N° 1/25 mediante el cual el Comité de Docencia e Investigación dispuso
aplicar a la Lic. Ivani 30 días de suspensión por incumplimientos de horario y ausencia sin justificación a una
guardia programada. Dicho acto fue recurrido por la profesional y resuelto según la Resolución N° 196/25
del Director Ejecutivo del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, estableciendo 07 días de suspensión
y descuento de haberes. En orden 44 se sugiere subsanación de la Resolución N° 196/25 por adolecer de
errores materiales. Obra en orden 47 la Resolución N° 210/25 que dispone dejar sin efecto la Resolución N°
196/25 y rechazar el recurso interpuesto por la profesional. En orden 51 la recurrente interpone recurso de
revocatoria en contra de la Resolución N° 196/25 argumentando que posee vicio grosero y no establece de
forma clara a partir de cuándo se aplica la suspensión y en orden 52 presenta recurso en contra de la
Resolución N° 210/25 exponiendo que la misma se basa en una serie de presupuestos que carecen de
validez. El recurso es rechazado mediante Resolución N° 244/25, dando origen al recurso de alzada en
tratamiento;
Que si bien la Ley de Residencias N° 7857 establece que la Dirección del Hospital es la última instancia
administrativa, el acto impugnado mencionó erróneamente el Recurso de Alzada como vía disponible. Por lo
tanto, en virtud del principio de informalismo y para no perjudicar a la administrada por un error de la
Administración, el recurso de referencia debe ser admitido formalmente;
Que según el Artículo 185 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003 el recurso de alzada sólo
procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro objeto que el control de la
legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, pero no
modificarla, reformarla o sustituirla;
Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada
por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de
acuerdo a al Artículo 29 de la Ley Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos
relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con arreglo a las
normas que regulan el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para determinar si
tales críticas son suficientes para enervar la Resolución recurrida;
Que la recurrente manifiesta la existencia de vicios de nulidad en la notificación de la sanción aplicada,
violación al principio de legalidad y al derecho de defensa, además plantea la falta de motivación suficiente;
Que con relación al objeto, los requisitos de la Ley Nº 9003 son: que no esté prohibido por el orden
normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso u
oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser considerado
viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda;
Que en igual calificación cae el objeto que presenta discordancia entre la situación de hecho reglada por la
norma y la solución legal aplicable. Es decir, debe haber concordancia de modo que, dándose tal hecho,
debe aplicarse la consecuencia prevista en la norma y no otra. Por otra parte, el objeto no puede ser
impreciso u oscuro; sino que debe ser cierto, determinado o determinable y claro. Debe expresar de qué
especie de acto se trata, a qué personas afecta y en qué tiempo y lugar habrán de producirse sus efectos
jurídicos. Por ende, el objeto no puede ser absurdo o imposible fácticamente;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben
documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de
quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo
que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente
protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe
comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto
resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la
norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las obligaciones o
deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir
en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad
en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente”;
Que en este contexto, los Arts. 38 y 39 de la Ley Nº 9003, con fundamento en el Art. 28 de la Constitución
Nacional, refieren al vicio de arbitrariedad administrativa, recordando que “la arbitrariedad tiene su antítesis
en la razonabilidad, que tiene su base en el Art. 28 de la Constitución Nacional. Toda la actividad del Estado,
también la administrativa, debe ser razonable y lo no razonable excede lo justo. Toda la actividad de la
Administración debe ser razonable y sólo así producirá efectos jurídicos válidos” y que “La arbitrariedad en el
acto administrativo se presenta cuando el decisorio se halla desprovisto de todo apoyo legal y fundado tan
sólo en la voluntad de los que resuelven, o cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo
expresamente dispuesto por la ley respecto del caso y cuando se prescinde de prueba fehaciente
regularmente traída al juicio se hace remisión a las que no constan en él”;
Que se advierte que la Resolución N° 244/25 fue emitida por el Director del Hospital Escuela de Salud
Mental “El Sauce” en ejercicio de la competencia que por Ley N° 7857 le corresponde, por lo tanto no se
controvierte en el caso la competencia del órgano para resolver el reclamo, de manera que el acto
administrativo es válido y legítimo;
Que en cuanto al planteo de nulidad de la notificación que rola en órdenes 17 y 22 del expediente asociado
se observa que se dio a conocer a la Lic. Ivani lo resuelto por el Comité, en reunión que fue documentada
mediante Acta del 3/04/25, en la cual se manifiesta expresamente que se notifica a la residente y se le
otorga el plazo para ejercer su defensa;
Que aún cuando la notificación no cumpla estrictamente con los recaudos del Artículo 150 de la Ley N°
9003, la consecuencia no es su nulidad, ya que cualquier defecto formal quedó saneado al efectuar el
descargo que obra en orden 10 de fecha 9/04/25. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 153 de la
misma normativa en caso de notificación irregular, si del expediente resultare que la parte interesada ha
tenido conocimiento del acto que la motivó, la notificación surtirá efectos desde entonces. En el caso al
momento de presentar el descargo y deducir recurso la Licenciada tomó conocimiento del contenido del acto
impugnado;
Que por lo tanto se observa que no se ha configurado vulneración del derecho de defensa, toda vez que en
cada instancia se le concedió vista y plazos para la presentación de descargos y recursos, los cuales fueron
oportunamente ejercidos y suscriptos por la profesional interviniente;
Que en cuanto a la motivación que sustenta el rechazo de la pretensión, la misma se encuentra
debidamente fundada en las circunstancias de hecho y la legislación que determina la aplicación de
sanciones ante las inconductas de los residentes (Art. 48 y cc Ley N° 7857), habiendo consignado
adecuadamente, dentro de los considerandos, todos los antecedentes en los que se funda la sanción;
Que en consecuencia, al no verificarse vicios en el objeto, la causa o la motivación, y habiéndose respetado
el régimen disciplinario de la Ley N° 7857, tanto el acto administrativo que dispuso la aplicación de la
sanción de suspensión, como la resolución que rechazó el recurso de revocatoria, resultan legítimos;
Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y
Deportes en orden 11 y por Asesoría de Gobierno en orden 16 del expediente EX-2025-08903595- -
GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
DECRETA:
Artículo 1º- Aceptar formalmente y rechazar sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la Lic.
ANDREA CELESTE IVANI, DNI Nº 31.734.362, CUIL Nº 27-31734362-6, en contra de la Resolución Nº
244/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, conforme lo expuesto en
los considerandos del presente decreto.
Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1463
MENDOZA,24 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-07694630--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2025-04869999-GDEMZA-CCC
en el cual el Lic. CRISTIAN JAIME ARROYO QUIROGA interpone Recurso Jerárquico en contra de la
Resolución Nº 2739/25 del Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el Lic. Arroyo
Quiroga en contra del dictamen de la Instrucción Sumarial (orden 51 del expediente EX-2023-06752804-
GDEMZASEGE#MSDSYD) que consideró improcedente el planteo de caducidad de las actuaciones
disciplinarias interpuesto por el agente en el orden 49 del mencionado expediente;
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según
lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que la Resolución Nº 2739/25 del Ministerio de Salud y Deportes que rechazó la Revocatoria en contra del
dictamen de la Instrucción por tratarse éste de un acto de carácter preparatorio, lo cual se ajusta a la
expresa previsión del Art. 95 del Convenio Colectivo de Trabajo de los Profesionales de la Salud
homologado por Ley Nº 7759, que restringe la procedencia del recurso de Revocatoria sólo al objeto de
impugnar el acto administrativo sancionatorio. Es decir, no resulta viable tal vía recursiva contra las
consideraciones efectuadas por el Instructor en el marco del sumario, en forma previa al acto administrativo
sancionatorio dictado por la autoridad competente a tal fin. En tal sentido, la impugnación contra lo actuado
por el Instructor resulta improcedente en sí misma, desde que sus conclusiones y dictámenes no son actos
administrativos y su naturaleza jurídica es netamente consultiva, es decir actividad administrativa dirigida a
ilustrar con sus pareceres, opiniones e interpretaciones a los órganos activos sobre actos que deben dictar
en ejercicio de sus funciones;
Que al respecto se sostiene: “En rigor, los dictámenes jurídicos no son actos administrativos, sino actos
internos de la Administración, en la medida que no producen efectos jurídicos directos a los particulares,
siendo opiniones no vinculantes que colaboran para que el funcionario pertinente decida conforme a
derecho. Tal actividad consultiva, que se materializa por medio de la producción de dictámenes, importa una
actividad preparatoria interna de la Administración, en cuya labor no entra en relación con terceros… Por tal
motivo, los dictámenes no son objeto de impugnación, ni aún aquéllos que fueren notificados al particular,
salvo en el caso de que conformen el acto decisorio y a tal fin sean adjuntados. Pero en definitiva, allí se
estaría impugnando el acto administrativo que hace suyo al dictamen, y decide la cuestión remitiéndose a
sus fundamentos”;
Que más allá de ello, resulta dirimente advertir que el planteo de caducidad incoado resulta ostensiblemente
improcedente por cuanto no convergen los presupuestos de tal instituto;
Que el Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud (homologado por Decreto N° 1630/07 y
ratificado por Ley Nº 7759) establece en su Art. 94: “Los sumarios administrativos previstos en el presente
convenio caducarán cuando transcurran seis meses sin que se produzca acto útil, conforme lo establece el
Art. 25 del Decreto Nº 821/85”. Por su parte, el Art. 25 Decreto Nº 821/85 dispone: “Los sumarios
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
administrativos previstos en el Artículo 34° de la Ley N° 4872, caducarán cuando transcurran seis (6) meses
sin que se produzca acto útil”;
Que el procedimiento disciplinario que nos ocupa no ha sufrido ningún período de inactividad útil que se
prolongue a seis meses. A los fines de fundamentar tal conclusión, es necesario efectuar una síntesis
cronológica de las actuaciones sumariales EX-2023-06752804-GDEMZASEGE#MSDSYD: En el orden 40
glosa la Resolución Nº 1191 de fecha 17/7/2024, por la cual se ordenó la instrucción de sumario
disciplinario a fin de determinar la posible responsabilidad del Lic. Arroyo Quiroga, quien presentó en fecha 4
de Septiembre de 2023 un certificado médico con membrete del Hospital “Alfredo Metraux” indicando reposo
por 24 hs. por lumbociatalgía, firmado y sellado por el Dr. Armando Bermejo, Mat. Prof. N° 3748, Médico
Endocrinólogo – Diabetes. Que dicho profesional falleció en Febrero de 2019 y nunca cumplió funciones en
el citado hospital, y que en consecuencia el Lic. Arroyo Quiroga habría incurrido prima facie en una conducta
reprochable según las previsiones de los Arts. 69 y 70 de la Ley Nº 7759. En fecha 10/10/2024 se notificó la
iniciación del sumario a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) (orden 43), que
en fecha 14/10/2024 designó veedor (orden 44). El día 27/3/2025 se citó al sumariado para indagatoria
(orden 46), audiencia que se llevó a cabo el 10/4/2025 (orden 48) y en la cual se le notificó en forma precisa,
detallada y circunstanciada la plataforma fáctica endilgada como así también su subsunción jurídica (orden
47). En el orden 49 el sumariado plantea la caducidad del sumario y en subsidio presenta descargo. En el
orden 51 y con fecha 13/6/2025 la Instructora considera “que dicho planteo debe ser rechazado desde que,
en primer lugar debe hacerse la aclaración de que el plazo de caducidad al que hace referencia el Art. 94 de
la Ley Nº 7759, es dentro de la instrucción del sumario administrativo, es decir desde la Resolución por
medio de la cual se instruye sumario administrativo, en este caso desde la Resolución N° 1191/24 del
Ministerio de Salud y Deportes; luego de dicha Resolución se efectúan actos útiles tendientes a garantizar el
debido proceso y el derecho de defensa del sumariado, entre ellas avoque de la instrucción, notificaciones
pertinentes, imputación e indagatoria, no habiéndose excedido entre dichos actos de aquel plazo procesal”;
Que efectuada la precedente síntesis, en cuanto a la caducidad de instancia, Asesoría de Gobierno coincide
plenamente con lo expresado por la Instructora en el orden 51. Dicha forma de terminación anormal y
excepcional del sumario prevista por el Art. 94 de la Ley Nº 7759 se verifica ante la inactividad procedimental
por un término de seis (6) meses, situación que no aconteció en el proceso disciplinario en análisis,
conforme se constata con la simple observación de la sintética cronología efectuada ut supra;
Que se advierte que el Lic. Arroyo Quiroga argumenta que el sumario se ordenó el 17/7/2024 por un
supuesto hecho ocurrido el 4/9/2023, habiendo transcurrido más de 10 meses desde el supuesto hecho.
Pero claramente y tal como lo señaló la Instructora, el plazo de caducidad al que hace referencia el Art. 94
de la Ley Nº 7759 sólo puede comenzar a computarse desde el acto administrativo, en el caso, la
Resolución Nº 1191/24 del Ministerio de Salud y Deportes que dispuso la instrucción del sumario
administrativo;
Que conceptualmente, la finalización anómala del procedimiento disciplinario por caducidad sólo puede
acaecer desde el inicio del sumario mediante la resolución que ordena su instrucción, hasta su culminación
natural por acto administrativo que disponga una sanción o el sobreseimiento. La pretensión del Lic. Arroyo
Quiroga de computar el tiempo transcurrido entre el hecho investigado y la resolución que dispuso la
instrucción de sumario es inadmisible, en tanto confunde el concepto de caducidad del sumario con el de
prescripción de la acción disciplinaria;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 9 y por Asesoría de Gobierno en orden 14 del expediente EX-2025-
07694630--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por el Lic.
CRISTIAN JAIME ARROYO QUIROGA, DNI Nº 33.972.931, CUIL Nº 20-33972931-0, en contra de la
Resolución Nº 2739/25 del Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del
presente decreto.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1464
MENDOZA, 24 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2023-01546246--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2022-05639073—GDEMZA-CCC
en el cual el Dr. JOSE ALEJANDRO LAROCCA interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº
70/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el Dr. Larocca
en contra de la Resolución Nº 1347/22, del mismo ente emisor, por la cual se lo suspendió en el ejercicio de
la profesión por el término de seis (6) meses;
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según
lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que se agravia el recurrente postulando que tanto el acto administrativo originario mediante el cual se aplicó
la sanción (Resolución Nº 1347/22 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio
de Salud y Deportes), como el acto que rechazó la Revocatoria (Resolución Nº 70/23 del ex Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes) se encuentran viciados. En tal
sentido, postula esencialmente la arbitrariedad (Art. 39 Ley Nº 9003) de lo resuelto, por falta de acreditación
de su responsabilidad en el hecho. Por último, invoca que hay en la sanción impuesta un exceso de
punición, puntualmente por falta de valoración la inexistencia de antecedentes disciplinarios en su legajo.
Asimismo, solicita la suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido, de conformidad con lo
previsto en los Arts. 83 y 186 inc. b) de la Ley Nº 9003;
Que los primeros agravios evidentemente implican una discrepancia con la valoración probatoria efectuada y
los hechos tenidos por ciertos como fundamento de la sanción. Pero esta mera discrepancia no determina
que la resolución recurrida se encuentre viciada por falencias o carencias en orden a la derivación jurídica
lógica de las conclusiones a las que arriba partiendo de las pruebas colectadas;
Que A fs. 7/8 del expediente 6016-D-2017-77770 digitalizado en orden 12 del expediente asociado la
Instructora Sumariante, tuvo presente los antecedentes constantes en el expediente 5879-D-2016-77770
caratulado "Sobre Investigación Clínica Santa Clara" en los cuales la Dirección de Maternidad e Infancia de
la Provincia de Mendoza denunció irregularidades en dicha clínica, por el incumplimiento de la Resolución Nº
1843/04 cuyo Art. 8 determina que deberá informarse a la Dirección Provincial Materno Infantil de todo caso
de muerte materna o caso grave producido en el ámbito de su dependencia, dentro del plazo de cuarenta y
ocho (48) horas. Analizando las actuaciones se concluyó que ha quedado acreditado que el profesional
médico Alejandro Larocca transgredió lo normado por la Ley Nº 2636. Sugiriendo la sanción de Suspensión
por dos años en el ejercicio profesional;
Que en consecuencia la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e
inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que se derivan de las pruebas incorporadas en forma
concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir
razonablemente un convencimiento cierto de la responsabilidad profesional que le cabe al Dr. Larocca;
Que en cuanto a la desproporcionalidad de la sanción o exceso de punición invocado por el recurrente,
corresponde tener presente que la sanción se enmarca en la escala prevista por la normativa regulatoria
aplicable (Ley Nº 2636, Art. 35) y que una vez acreditada la falta es potestad de la autoridad competente
valorar su gravedad a fin de graduar la sanción, dentro de la escala punitiva legal;
Que en el presente caso, la determinación de la sanción se efectuó en consideración de la gravedad de la
falta, consecuente de la reprochabilidad derivada de la importancia del deber cuyo cumplimiento omitió el Dr.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Larocca. Cabe agregar que la Instructora sumarial sugirió la sanción de dos (2) años de Suspensión, y la
autoridad administrativa finalmente resolvió reducirla a seis (6) meses de Suspensión;
Que el recurrente solicita suspensión del acto administrativo que impugna, al respecto la Ley Nº 9003 en su
Artículo 83 reza: “La interposición de recursos o denuncias de ilegitimidad no suspende la ejecución del acto
impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o
a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto,
en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible
reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía
a la entidad pública. b) Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. c)
Cuando la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda
acarrear iguales o mayores daños a terceros o al interés público. La ejecución del acto impugnado se
entenderá suspendida a los sesenta (60) días corridos de presentada la solicitud de suspensión, si la
Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma no hubiere notificado resolución
expresa al respecto. Si, excepcionalmente fuere necesario producir prueba o recabar informes para resolver,
la suspensión tácita operará una vez diligenciados y desde el vencimiento del plazo previsto en el Artículo
160 para el dictado de resoluciones incidentales;
Que en función de lo expuesto, el planteo de suspensión de la ejecución del acto administrativo ha devenido
en abstracto, más allá de que en el presente caso no se configura ninguna de las causales previstas por el
Art. 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo para proceder a dicha suspensión;
Que la sanción impuesta, al Dr. Larocca, por Resolución Nº 1347/22 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes ya se hizo efectiva. En tal orden de ideas, de
acuerdo a lo informado por el Departamento de Matriculaciones y Certificación de Firmas en orden 15: "Se
registra
comunicación
de
SANCIÓN ADMINISTRATIVA
DE
SUSPENSIÓN
DE
HABILITACIÓN
PROFESIONAL por 6 (seis) meses DESDE 05/08/2022 HASTA 05/02/2023. La notificación de la
mencionada Resolución se materializa en fecha 05/08/2022 mediante E-6016-D-17-77770";
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 21 y por Asesoría de Gobierno en orden 28 del expediente EX-
2023-01546246--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por el Dr.
JOSE ALEJANDRO LAROCCA, DNI Nº 22.688.689, CUIL Nº 20-22688689-4, en contra de la Resolución Nº
70/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en
virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Articulo 2º- Rechácese el pedido de suspensión de la ejecución del acto, por haber devenido en abstracto,
en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 3º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1533
MENDOZA, 31 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-07155921--GDEMZA-GOBIERNO y su asociados EX-2025-06422563-
GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD en el cual la agente STELLA MARIS SOTO interpone Recurso de
Alzada en contra de la Resolución Nº 813/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis. C. Lagomaggiore”;
y
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
CONSIDERANDO:
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según
lo establecido en el Art. 184 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que de las actuaciones surge que, con fecha 18/7/2024 la recurrente fue notificada de la baja de su Contrato
de Locación de Servicios, en razón del informe de desempeño efectuado por la Jefa de Sección de Clínica
Médica del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, señalando en el acto su disconformidad;
Que en su libelo recursivo la recurrente señala que fue contratada el 15 de abril de 2020 como enfermera en
el Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, desempeñándose en distintos servicios por un lapso de más de cuatro
años, sin queja alguna ni sanción. Sostiene que repentinamente, sin oportunidad de defensa alguna se
presenta un informe de fecha 4/7/2024, lapidario y falso, que le atribuye falta de destreza, dispersión, falta
de concentración y predisposición;
Que la Resolución impugnada consideró que la Jefa de Sección de Clínica Médica del Hospital “Luis C.
Lagomaggiore”, haciendo una valoración de desempeño de distintos ítems, concluyó que la recurrente no
cumple con las normativas del servicio a pesar de su larga estadía en Clínica Médica y que no da el perfil
para lo requerido, entorpeciendo el trabajo del equipo de salud. Estimó que si bien la notificación del
18/7/2024 se trató de un acto de mero trámite, resulta susceptible del recurso de revocatoria. Sostiene que,
ante el incumplimiento en la correcta prestación de servicios, por aplicación de las Resoluciones de
Directorio Nros. 27/05 y 533/11 del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, éste se encuentra facultado para no
renovar la contratación. Expresa además que la indemnización solicitada en base a la Ley Nº 25.164 no
resulta aplicable, no existiendo analogía en el ámbito provincial;
Que “El recurso de alzada, sólo procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro
objeto que el control de la legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la
declaración, pero no modificarla, reformarla o sustituirla.”, tal como lo indica el Art. 185 de la Ley Nº 9003;
Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada
por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de
acuerdo al Artículo 29 de la Ley Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos
relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con arreglo a las
normas que regulan el procedimiento administrativo.”;
Que la recurrente acusa vicio de la voluntad previa en la emisión del acto según Art. 60 inc. a) y b) y Art. 61
de la Ley Nº 9003, vicio en la forma por errónea valoración de las pruebas y falta de motivación y
arbitrariedad;
Que la situación planteada no se origina en un procedimiento sancionatorio sino en un informe de evaluación
de desempeño y capacitación, realizado por la Jefatura de Sección donde prestaba servicios la recurrente;
Que en la evaluación se tuvieron en cuenta distintos aspectos, recibiendo valoraciones positivas en algunos
de ellos y negativas en otros. Con base a tales valoraciones la Jefatura concluyó en que la prestadora no
cumplía con las normativas del servicio “a pesar de su larga estadía en Clínica Médica, no da el perfil para lo
requerido en el servicio, entorpeciendo el trabajo del equipo de salud, poniéndola a disposición para
salvaguardar la salud e integridad de los pacientes”, sugiriendo el cambio de servicio a uno de menor
complejidad;
Que sin perjuicio de que la evaluación de desempeño no se encuentra regulada para los prestadores de
servicio bajo la modalidad de locación o PPMI, su práctica corresponde al lógico ejercicio de la facultad de
dirección y organización de los servicios destinado a alinear el trabajo individual con las metas de la
organización. De tal forma que, no se inscribe en el marco de un procedimiento disciplinario, sino en la
valoración del rendimiento, a diferencia de éste último que se encamina a investigar una falta disciplinaria.
Es en definitiva una herramienta de gestión. En tal contexto, el informe desfavorable no implica la imputación
de una falta susceptible de sanción;
Que aclarado ello, es menester recordar que a diferencia de la relación de empleo público sujeta al régimen
de la Ley Nº 7897, que comprende al personal de planta, la contratación mediante locación de servicios,
incluidas las denominadas Prestaciones Indispensables, no otorga derecho a la estabilidad al prestador,
pudiendo extinguirse la contratación por rescisión contractual o por vencimiento del término del contrato.
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Tales condiciones son puestas en conocimiento del contratante y aceptadas por éste en su oportunidad,
junto a las cláusulas que componen las reglas aplicables a la relación;
Que es decir que, si en ejercicio de la facultad de dirección y organización, el efector realizó una evaluación
de desempeño que arrojó resultados desfavorables para la contratada, efectuados los análisis pertinentes
pudo resolver rescindir la contratación. Dicho proceso no es análogo al disciplinario como pretende la
interesada, por lo que no requiere la presentación de defensa y alegatos, sin perjuicio de su derecho a
reclamar como lo ha hecho mediante el recurso de revocatoria por no consentir la causa invocada para la
baja dispuesta;
Que asimismo, debe considerarse que, en ocasión de tramitarse el mentado recurso, la recurrente tuvo
oportunidad de ejercer su derecho de defensa y aportar pruebas, las cuales se sustanciaron conforme a la
diligencia que la misma desplegó para su producción. Así, se advierte que propuso dos testigos, habiéndose
reprogramado una de las audiencias a solicitud del letrado de la recurrente y fracasando la segunda de ellas
ante la incomparencia de la testigo y de la interesada, sin que se hubiera solicitado nueva fecha ni invocado
causa alguna de la circunstancia;
Que se hace notar que el recurso de revocatoria fue presentado un año después de producida la extinción
de la relación contractual, sin perjuicio de lo cual el efector le dio trámite y con ello oportunidad a la
recurrente de esgrimir sus argumentos;
Que en definitiva, no se advierte que exista en la Resolución impugnada vicio en la voluntad al momento de
emitir el acto ni en forma previa a ello;
Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben
documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de
quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo
que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente
protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe
comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto
resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la
norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las obligaciones o
deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir
en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad
en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente.”;
Que el agravio de la recurrente respecto al error en la valoración de la prueba y la falta de motivación, en
definitiva, se traduce en una discrepancia con la valoración efectuada que no invalida la decisión adoptada.
El acto recurrido ha efectuado la merituación de los extremos sujetos a su consideración y valorándolos se
ha pronunciado, dando fundamento a la decisión como se desprende de los argumentos vertidos en su
motivación. En virtud de ello, no se evidencia falta de motivación o motivación insuficiente como pretende la
recurrente;
Que finalmente, respecto del rechazo de la indemnización peticionada en subsidio con sustento en el Art. 11
de la Ley Nacional Nº 25.164, acertadamente la Resolución impugnada expresa que ésta sólo es aplicable
en el ámbito de la Administración Pública Nacional, no existiendo norma análoga en el ámbito Provincial;
Que en el fallo “Ramos”, se recordó que en el precedente "Gil", la CSJN sostuvo que el voluntario
sometimiento a un régimen, sin reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la
improcedencia de su impugnación ulterior y se dijo que la procedencia de la demanda no se fundaba
primordialmente “en el cuestionamiento del régimen aprobado por el Decreto Nº 4381/73, sino en el
incumplimiento de los límites temporales en él establecidos y la consiguiente obligación de responder que
cabe al trasgresor, en el caso, el Estado Nacional.” Debe recordarse que en “Ramos”, el actor llevaba 21
años bajo la modalidad de locación de servicios y que el decreto mencionado establecía un máximo de cinco
años para tal tipo de contrataciones;
Que es oportuno decir que la locación de servicios no otorga un derecho a la incorporación a la planta de
personal, puesto que el principio general en materia de empleo público es que el ingreso a la planta del
Estado requiere la realización de un concurso de selección, a fin de cumplir con la manda constitucional que
requiere la idoneidad como requisito para tal desempeño. Dicho recaudo, se encuentra previsto tanto en el
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
escalafón general como en los particulares y ha sido también reconocido en los distintos Convenios
Colectivos celebrados desde la vigencia del Decreto N° 955/04. La Ley N° 5465, no es la excepción y así al
dar tratamiento a cada Agrupamiento determina tal condición de ingreso;
Que idéntico criterio mantiene el CCT del sector ratificado por Ley N° 7897;
Que a su vez, no existe norma vigente que reconozca indemnización por extinción del contrato de locación o
Prestación Indispensable, encontrándose la Administración constreñida a resolver conforme a las leyes
aplicables, con lo cual, el acto administrativo cuestionado resulta ajustado a derecho respecto de la
pretendida indemnización;
Que habida cuenta de lo analizado, la Resolución impugnada ha sido dictada por la autoridad legalmente
designada en ejercicio y de acuerdo con las constancias de las actuaciones, la interesada ha tenido
oportunidad de presentar su pretensión. Con relación a la prueba, se han incorporado aquellas pertinentes y
conducentes a la resolución del caso; ha ponderado todos los extremos dirigidos a la decisión con sustento
en los hechos presentados, los informes incorporados, la normativa aplicable y los antecedentes legales que
resultan pertinentes, con lo cual no se advierte irrazonabilidad, ni desviación de poder que permita calificarla
de arbitraria, ni viciada;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 20 y por Asesoría de Gobierno en orden 24 del expediente EX-
2025-07155921--GDEMZA-GOBIERNO,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la
agente STELLA MARIS SOTO, DNI Nº 16.389.521, CUIL Nº 27-16389521-3, en contra de la Resolución Nº
813/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis. C. Lagomaggiore”, en virtud de lo expuesto en los
considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1768
MENDOZA, 27 DE AGOSTO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-01389344-GDEMZA-ASCAPITAL#MSDSYD y sus asociados EX-2025-
05212913—GDEMZA-SEGE#MSDSYD y EX-2025-08675489—GDEMZA-SEGE#MSDSYD en el cual se
tramitó sumario administrativo a la Dra. LORENA SILVANA GONZALEZ, por presuntas irregularidades
cometidas en el desempeño de sus funciones; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 28 obra Resolución N° 1176/25 del Ministerio de Salud y Deportes mediante la cual se
instruyó sumario administrativo a la Dra. González por encontrarse prima facie en trasgresión a lo
establecido por loa Arts. 69 y 70 de la Ley Nº 7759;
Que en orden 33 rola notificación a A.M.Pro.S.;
Que en orden 35 obra cédula de notificación de Audiencia Indagatoria diligenciada y en orden 37 rola Acta
de Indagatoria, conforme a la cual la sumariada se abstiene de declarar, constituye domicilio legal
electrónico y solicita copia del expediente;
Que en orden 44 obra dictamen de cierre del Instructor Sumariante sugiriendo aplicar a la Dra. González la
sanción de CESANTÍA de acuerdo a lo normado por Artículo 85 inc. 2) de la Ley Nº 7759 por transgredir lo
establecido en el Artículo 69 inc. a) del Convenio Colectivo de Trabajo ratificado por Ley Nº 7759;
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 46 consta notificación para presentación de Alegatos. En Orden 55 la sumariada presenta
alegatos. En orden 62 se agrega opinión del Consejo Deontológico Médico que sugiere idéntica sanción y en
orden 64 se expide la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina de los Profesionales de la Salud, que por
unanimidad sugiere la sanción de SUSPENSIÓN por TREINTA (30) DÍAS.
Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Artículo 94 del Convenio
Colectivo de los Profesionales de la Salud ratificado por Ley Nº 7759 y se han respetado las garantías
previstas en el Artículo 76 de la misma norma considerando que la profesional contó con defensor letrado;
Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de
gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante
la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo
sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización
administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia
organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
oportunidad y con sujeción al orden jurídico;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “La responsabilidad administrativa, que
se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio,
transgrediendo reglas propias de la función pública. Se hace efectiva a través de la potestad sancionatoria
de la Administración Pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos”;
Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable
de autoridad jerárquica autónoma;
Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena
marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus
deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen de
valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el
momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad pública;
Que de tal forma que, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de
tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las
normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la
sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso
debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados;
Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de
la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe
que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria. Por
lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas quedan reservados
a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos sancionatorios, o en
sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de la sanción aplicada;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “…en lo atinente a aquellos actos mediante los
cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que,
en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores
sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida aplicación de
las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de esas
facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en
la apreciación de los distintos factores en juego.”;
Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a la
sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante y la Junta de Disciplina interviniente según el régimen
estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el
procedimiento administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus
funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los
resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la
exención de responsabilidad; como la actividad instructoria no es de esencia jurisdiccional, no puede
afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor.” Y
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
“Los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en
definitiva, aún cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede
apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”;
Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra SCJM: “La naturaleza de la
actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de Disciplina es la de dictaminar,
aconsejando a la autoridad municipal que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no se
trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan
calificarse como actos administrativos productores de efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de
los empleados.”;
Que asimismo, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La
magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en
el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio) el
control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control
jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data
una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia sancionatoria;
Que el sumario tramitado se origina en razón de la solicitud de la Jefa de Sección de Recursos Humanos del
Aérea Sanitaria de Capital, respecto a controlar la veracidad en la confección y el estado de habilitación del
profesional firmante respecto de dos (02) certificados presentados por la Dra. Lorena González los que
constan en órdenes 3 y 4. En orden 06 obra informe del Departamento de Matriculaciones y Certificación de
Firmas, dando cuenta de la inexistencia de similitud de las firmas insertas en los certificados de órdenes 3 y
4 y la obrante en registros. En orden 18 obra declaración testimonial de la profesional firmante, quien
reconoce contenido y firma del certificado de fecha 13/1/2025 que obra en IF-2025-01393010-GDEMZA-
ASCAPITAL#MSDSYD y no reconoce contenido ni firma del certificado del 3/2/2025;
Que tanto la defensa como los alegatos fueron presentados mediante representante legal que no acreditó en
debida forma la representación invocada a tenor del Artículo 120 de la Ley Nº 9003, sin perjuicio de haber
sido emplazado al efecto, al igual que la sumariada;
Que efectivamente se encuentra acreditado que la sumariada presentó un certificado médico apócrifo a fin
de justificar su ausencia del 3/2/2025. Abreva tal afirmación la declaración de la médica firmante, la
inexistencia de pruebas que sustenten lo alegado por la defensa de la sumariada y la circunstancia de que
en ningún momento niega la encartada haber presentado tal certificado, sólo indica que no tuvo intención de
falsificar o adulterar instrumento alguno;
Que en el caso se endilga a la sumariada la presentación de certificado médico apócrifo, no su adulteración
o falsificación. En tal sentido, el quebrantamiento del deber básico de obrar honestamente, en el que radica
la confianza de la Administración respecto de su empleada, producido mediante la utilización de un
certificado médico apócrifo supone una falta grave susceptible de sanción. En consecuencia, si la agente se
encontraba en un estado que le impedía discernir, o carecía del libre ejercicio de su voluntad, no se advierte
cómo pudo tener la conciencia de que el certificado adulterado debía utilizarlo para el 3/2/2025 en que se
ausentó de su trabajo y no otro día;
Por ello, en razón de lo expuesto precedentemente,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Aplíquese la sanción de Cesantía a la Dra. LORENA SILVANA GONZALEZ, DNI Nº 23.432.752,
CUIL Nº 27-23432752-1, de acuerdo a lo establecido por el Art. 85 de la Ley Nº 7759, por haber transgredido
con su conducta lo previsto en el Art. 69 inc. 1 de la Ley mencionada, de conformidad con lo expuesto en los
considerandos del presente decreto.
Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones
Administrativas y Ética Pública de Mendoza.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
@@GRPG_4@@
RESOLUCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Resolución N°: 645
MENDOZA, 05 DE MARZO DE 2026
VISTO el EX-2024-07927945-GDEMZA-MESA#DGE, en el que se tramita la Situación Laboral del señor
Fabricio Javier Adarme; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 2 rola detalle de novedades del agente Fabricio Javier Adarme, DNI N° 33464120, del que
surgen las inasistencias advertidas como así también las tardanzas, en el periodo desde 01 de enero de
2019 hasta el 23 de octubre de 2024;
Que en orden 4 se incorpora situación de revista del agente Fabricio Javier Adarme;
Que en orden 8 se adjunta detalle de novedades actualizado del agente del que surgen nuevas
inasistencias;
Que en orden 9 rola dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Escuelas de fecha 24 de diciembre de 2024;
Que en orden 14 se inserta RESOL-2024-6718-E-GDEMZA-DGE de fecha 30 de diciembre de 2024, en
cuyo Artículo 1ro, expresa: “Instrúyase Sumario Administrativo en la persona del Señor ADARME, FABRICIO
JAVIER, DNI 33464120, celador titular de la Escuela Nº 1-536 "Fuerte San Carlos" del Departamento de San
Carlos, dependiente de la Dirección de Educación Primaria, de conformidad a lo expresado en los
considerandos de la presente norma legal”;
Que en orden 37 se acompaña acta de indagatoria del agente Adarme;
Que en orden 41 obra Dictamen de Clausura Nª 506 de la Oficina General de Sumarios de fecha 16 de
diciembre de 2025, mediante el cual se sugiere la clausura el sumario del agente Adarme y la aplicación de
la sanción de Cesantía del señor Adarme, conforme presupuesto legal del el art 5 inc. a) del anexo I de la
Ley N° 9103;
Que en orden 45 se agrega Dictamen de Clausura Nº80/2026 de la Junta de Disciplina NO docente de fecha
09 de febrero de 2026;
Que en orden 51 rola renuncia definitiva del señor Adarme en fecha 28 de julio de 2025;
Que en orden 54 se adjunta Dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de fecha 19 de febrero
de 2026, que coincide con la conclusión de la Oficina General de Sumarios y Junta de Disciplina no docente,
sugiriendo la emisión de la norma legal de clausura de sumario y la aplicación de la sanción de cesantía e
inhabilitación especial por el término del cinco (5) años del señor Fabricio Javier Adarme DNI N° 33464120;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Artículo 1ro.- Clausúrese el sumario administrativo ordenado contra el agente FABRICIO JAVIER ADARME,
CUIL N° 20-33464120-2, dispuesto por RESOL-2024-6718-E-GDEMZA-DGE en fecha 30 de diciembre del
2024.
Artículo 2do.- Aplíquese la sanción de CESANTÍA E INAHABILITACION POR EL TERMINO DE 5 AÑOS
PARA OCUPAR CARGOS PUBLICOS, de acuerdo a la Ley N° 9103 artículo 5 inciso A), al señor FABRICIO
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
JAVIER ADARME CUIL N° 20-33464120-2, Ordenanza Celador titular de la Escuela Nº 1-536 "Fuerte San
Carlos" del Departamento de San Carlos, por resultar responsable de más de SEIS (6) faltas injustificadas
durante los periodos de 02 de julio de 2024 y el 26 de diciembre de 2024 precisamente 26, infringiendo los
deberes impuestos por el Art. 5 inc. a) del Decreto Nº 3.843 y el Art. 13 inc. a) del Decreto Nº 560/73, que
establecen que el agente debe “desempeñar digna y eficazmente las funciones inherentes a su cargo” “con
eficiencia, capacidad y diligencia, y en el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las
disposiciones reglamentarias”.
Artículo 3ro.- Notifíquese la presente resolución en el domicilio electrónico en la dirección de correo
fabricioadarme@gmail.com, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 150 de la Ley N° 9003 de Procedimiento
Administrativo, y haciendo referencia al artículo 179 de la misma ley.
Artículo 4to.- Remítase la presente Resolución a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética
Pública, en los términos de lo dispuesto por el Art. 27 inc. 7 de la Ley N° 8.993 y Art. 17 del anexo de la Ley
N° 9.103.
Artículo 5to.- Dispóngase la presente Resolución a la Dirección de Capital Humano de la Dirección General
de Escuelas a los efectos de tomar la debida intervención ante la Subdirección de Liquidaciones y
Subdirección de Personal.
Artículo 6to.- Ordénese la presente Resolución a la Junta De Disciplina No Docente; a la Dirección de
Educación Inicial y Primaria; y Escuela N° 1-536 "Fuerte San Carlos" del departamento San Carlos,
dependiente de la Dirección de Educación Primaria.
Artículo 7mo.- Comuníquese a quienes corresponda.
LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Resolución N°: 6479
MENDOZA, 22 DE SETIEMBRE DE 2026
VISTO el EX-2026-07306896- -GDEMZA-MESA#DGE, caratulado Pos título en Enfermería Clínico-
Quirúrgica del Instituto de Educación Superior PT N°172 Instituto de Docencia Investigación y Capacitación
Laboral de la Sanidad IDICSA;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, define a la Formación Profesional como ámbito
específico de la Modalidad de Educación Técnico Profesional. Incluye dentro del ámbito de la Formación
Profesional (FP) a las ofertas formativas de Acreditación de competencias, Actualización y pos titulaciones
técnicas, en su variante de Especialización, profundizando las capacidades que sostiene la Educación
Técnica (ET) Secundaria y la Educación Técnica (ET) Superior. Por otra parte, faculta a las instituciones de
Educación Técnico-Profesional (ETP) Superior a implementar programas de Formación Profesional Continua
(FPC) en su campo de actualización y especialización;
Que el ámbito de la Formación Profesional se organiza en su interior según, el tipo de propósito formativo y
la forma de acceso, en: Capacitación laboral; Formación profesional inicial organizada a su vez en tres
niveles de certificación; y en la Formación Profesional Continua. Entendiendo a la Formación Profesional
como el conjunto de acciones que tienen como propósito la formación socio-laboral para y en el trabajo,
orientada tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores,
permitiendo compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía
nacional, regional y local y contemplando la especialización y la actualización de conocimientos y
capacidades, tanto de las distintas trayectorias de la ETP como de los niveles superiores de la educación
formal;
Que la Resolución N° 13-CFE-07, sostiene que los Certificados de Formación Continua en el ámbito de la
Educación Técnica, incluye a las certificaciones que avalan la culminación de cursos de actualización,
especialización o perfeccionamiento de técnicos, graduados tanto en el nivel de educación superior no
universitaria y universitaria. Estos cursos se relacionan con un perfil profesional y su trayectoria formativa,
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
para la cual se ha emitido un título de Educación Técnica y se desarrollan en términos de complementación,
por lo que el nivel de certificación se corresponde con su mismo título;
Que según la Resolución 288-CFE-16 la Formación Profesional Continua puede orientarse y clasificarse en
dos variantes posibles: Actualización y Especialización;
Que la Resolución N° 287-CFE-16 sostiene que la Formación Profesional, procura dar respuesta a una serie
de necesidades, entre ellas mejorar los procesos de acreditación y reconocimiento de los aprendizajes de
los estudiantes, así como también las certificaciones profesionales de los egresados de la formación
profesional entre las distintas jurisdicciones. Se propone, además que, por fuera de estas acciones del nivel
nacional, es necesario incorporar iniciativas provinciales de propuestas curriculares de formación profesional
que estén en conexión con las necesidades socioproductivas locales o regionales, reconocidas por los
actores del sector socioproductivo y del mundo del trabajo, y que requieren una respuesta formativa
sistemática en los términos que la LNETP define para la formación profesional;
Que desde la Jurisdicción se impulsa un proceso de planificación, diseño y desarrollo de propuestas
curriculares e institucionales de Formación Profesional Continua, desarrollando nuevas ofertas en los
establecimientos educativos de Educación Superior, que dinamicen su vínculo con las competencias que
ponen en juego un conjunto integrado de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes y necesidades del
sector socio productivo para mejorar la dinámica de la ETP como modalidad que atiende la formación
continua y permanente de los sujetos en relación a su inserción y permanencia en el mundo del trabajo;
Que es voluntad de la Dirección de Educación Superior dinamizar la diversificación y complejización de las
trayectorias de Formación Profesional Continua en su articulación con los ámbitos de la modalidad de ETP
inicial y con el resto de las modalidades y niveles del sistema educativo;
Que la RIT- 2634-DGE-19 aprueba y establece los criterios para la implementación de cursos y trayectos de
Formación Profesional Continua en el ámbito de los Institutos de Educación Superior;
Que la RESOL-2024-4516-GDEMZA-DGE establece que para la Jurisdicción las especializaciones revisten
la categoría de Postítulos;
Que el Instituto de Educación Superior PT N°172 Instituto de Docencia Investigación y Capacitación Laboral
de la Sanidad IDICSA se encuentra acreditado como Instituto de Educación Técnica y registrado e inscripto
en el registro federal de INET, posee experiencia en el diseño e implementación de este tipo de formación
respondiendo de modo pertinente a las demandas del medio socioproductivo y del contexto en el que se
inserta;
Que la presente oferta de Postítulo en Enfermería Clínico-Quirúrgica, evidencia correspondencia entre la
propuesta de formación y los recursos institucionales disponibles;
Que el proyecto posee sustentabilidad epistemológica, coherencia interna y pertinencia pedagógico-
didáctica; prevé adecuada transferencia al ejercicio profesional, y cumple con los objetivos específicos de la
formación profesional continua, constituyendo una propuesta académica de calidad;
Que la propuesta ofrece una formación posterior al título que promueve Postítulo en Enfermería Clínico-
Quirúrgica;
Que el proceso de evaluación de la propuesta ha concluido y garantiza la calidad del proyecto;
Que en orden 4 la Subsecretaria de Educación da el visto bueno para la continuidad del trámite;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Artículo 1ro.- Apruébese el Diseño Curricular de la Formación Profesional Continua: Postítulo en Enfermería
Clínico-Quirúrgica que obra en el Anexo de la presente resolución (archivo embebido).
Artículo 2do.- Aplíquese en lo concerniente al “Régimen de Cursado y/o Académico” del postítulo de
referencia, lo especificado en la Res. 1286-DGE-2024 en cuanto al tiempo previsto para la culminación del
mismo (parte IV Conclusión de Estudios)
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 3ro.- Autorícese al Instituto de Educación Superior PT N°172 Instituto de Docencia Investigación y
Capacitación Laboral de la Sanidad IDICSA a implementar la presente Formación Profesional Continua, a
término por dos cohortes, a partir del ciclo lectivo 2026 y sujeto a su viabilidad presupuestaria y financiera o
con acciones de autogestión institucional.
Artículo 4to.- Comuníquese a quienes corresponda.
LIC. TADEO GARCIA ZALAZAR
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Resolución N°: 631
MENDOZA, 23 DE JUNIO DE 2026
VISTO:
El Expediente EX-2025-06530830-GDEMZA-DGP#MSDSYD caratulado: “SELTZER, FEDERICO ARIEL.-
SITUACION LABORAL” y;
CONSIDERANDO:
Que a Orden N° 14 rola Resolución DNFRE-2025-1097-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD de fecha 14 de Octubre
de 2025, la que en su art. 1° expresa: “Elevar a SUMARIO ADMINISTRATIVO al agente SELTZER,
FEDERICO ARIEL, CUIL N° 20-30536155-1, por haber incurrido en las inasistencias injustificadas
constatadas, desde el día 09/06/2025 haciendo un total de 22 días del mes de junio del 2025, 31 días del
mes de julio del 2025 y 22 días del mes de agosto del 2025, en virtud de que habría incumplido con los
deberes establecidos en el Decreto N° 560/73 articulo 13 inc. A y N, y conforme lo dispuesto en la Ley 9.103
Art. 5° inc. a) y 4° inc. b), teniendo en cuenta lo informado por la Dirección de Protección y Restitución de
Derechos, de acuerdo a lo dictaminado por el Departamento de Asesoría Letrada cuyos fundamentos
integran la presente y demás actuado en autos.”;
Que el Departamento de Personal pone en conocimiento la tramitación de autos a la Oficina de Ética Pública
y por su intermedio a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda,
todo ello en virtud de lo dispuesto en los art 17 de la Ley 9103 y el art 10 del Decreto N° 218/19;
Que la Oficina General de Sumarios designa como Instructora Sumariante a la Dra. Marianela Bustos
Nogerol y como Secretario de Actuaciones al Dr. Luciano Sconfienza;
Que la Instructora Sumariante adjunta avoque, resuelve encauzar provisoriamente la conducta atribuida al
agente Seltzer, en lo dispuesto por el artículo 13 incisos a) y n) del Decreto N° 560/73, resultando pasible, en
su caso, de la sanción de Cesantía, conforme lo prescripto por el artículo 5° inciso a) del Anexo I de la Ley
N°9.103, ordena citar a audiencia de declaración indagatoria al agente y correrle vista de todo lo actuado por
el término de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la audiencia indagatoria, para la
presentación de descargo y pruebas en su defensa y notificar a la Oficina de Investigaciones Administrativas
y Ética Pública la apertura del sumario administrativo;
Que la Secretaría de Actuaciones remite al Departamento de Personal a efectos de cumplimentar la citación
a la audiencia de declaración indagatoria; Que el Departamento de Personal adjunta copia de la recepción
de la cédula de notificación; Que a Orden N°35 se obra el Acta de fracaso de audiencia indagatoria por
incomparecencia del agente;
Que la Instructora Sumariante resuelve: “ Tener por acreditada la responsabilidad administrativa del agente
SELTZER, FEDERICO ARIEL, CUIL N° 20-30536155-1, por haber incurrido en inasistencias injustificadas en
número superior al previsto en el art. 5 inc. a) de la Ley N° 9.103. 2°) Considerar configurada la causal de
cesantía prevista en el art. 5 inc. a) de la Ley N° 9.103, en concordancia con el art. 13 inc. a) del Decreto Ley
N° 560/73 y normativa reglamentaria aplicable. 3°) Recomendar a la autoridad competente la aplicación de
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
la sanción de CESANTÍA al agente mencionado, conforme lo dispuesto por el régimen estatutario vigente.
4°) Elevar las presentes actuaciones a la superioridad para su consideración y resolución definitiva”;
Que a Orden N° 43 se adjunta constancia de notificación en el domicilio real del agente;
Que habiendo vencido el plazo de 10 días previsto por el art. 31º del anexo de la Ley 9103, sin que el
sumariado haya presentado alegatos, la Oficina General de Sumarios remite a la Honorable Junta de
Disciplina de la Dirección General de Protección de Derechos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
para que se pronuncie dentro del plazo de 10 días, computados desde su recepción;
Que la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 en forma unánime expresa que comparte los argumentos
vertidos y la sanción de Cesantía sugerida por la Instructora Sumariante;
Que Dirección General remite a Secretaría Legal y Técnica a su conocimiento y emisión de Resolución de
Cesantía del agente Seltzer, Federico Ariel, CUIL N° 20-30536155-1, conforme los Dictámenes coincidentes
de la Oficina General de Sumarios y la Honorable Junta de Disciplina;
POR ELLO:
LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
RESUELVE:
Art.1°) Aplicar la sanción de CESANTÍA al Sr. SELTZER, FEDERICO ARIEL, CUIL N° 20-30536155-1 y
realizar la Baja Administrativa correspondiente a la modalidad de Planta Permanente por considerar
acreditadas las inasistencias injustificadas registradas desde el 09 al 30/06/2025; del 01 al 31/07/2025 y del
01 al /29/08/2025 , de acuerdo a lo dispuesto por el inc. a) del art. 5 del Anexo I de la Ley N°9.103 en
concordancia con el art. 13 inc. a) del Decreto Ley N° 560/73 y normativa reglamentaria aplicable, conforme
a lo expresado por la Oficina General de Sumarios y la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 y demás
actuado en autos.
Art 2°) Hágase saber al agente Seltzer que podrá interponer los recursos administrativos que estime
corresponder dentro del plazo de quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación
de la presente resolución, de conformidad con lo establecido por la Ley N.º 9003, art 177 y concordantes.
Vencido dicho plazo sin que se hubieren deducido recursos, procédase al archivo de las presentes
actuaciones
Art.3°) Déjese copia de la presente Resolución en el Legajo personal del Sr. Seltzer.
Art.4°) Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Ética Pública de conformidad con
lo establecido en el art. 33 del Anexo de la Ley 9.103 y el inc. 6) del artículo 27 de la Ley 8.993
Art.5°) Comuníquese la presente Resolución a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda conforme a la Ley Nº 9501 Decreto 777/25, de conformidad con lo establecido en
el artículo 10 del Decreto 218/19, reglamentario de la Ley 9.103.
Art.6 °) Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Sumarios.
Art.7°) Notifíquese, Comuníquese y Regístrese en el Libro de Resoluciones.
MARIA BELEN GARCIA LUCERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Resolución N°: 650
MENDOZA, 23 DE JUNIO DE 2026
VISTO:
El Expediente EX-2024-09639924- -GDEMZA-DGP#MSDSYD caratulado “AGUILAR, JOSÉ LEANDRO -
SITUACION LABORAL”
y;
CONSIDERANDO:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que a Orden N°18 obra Resolución DNFRE-2025-546-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 18 de Junio de
2025, la cual en su Art. 1° ordena: “Elevar a SUMARIO ADMINISTRATIVO al agente Sr. AGUILAR JOSÉ
LEANDRO, DNI N° 35.616.305, en virtud de las inasistencias injustificadas incurridas los días 25 y 26 de
Febrero de 2025, 05, 06 y 07 de Marzo de 2025, y del 10 de Marzo de 2025 al 11 de Abril de 2025, ya que
prima facie habría incumplido con lo establecido en los incs. a) y n) del art. 13 del Decreto Nº 560/1973 e inc.
b) del art. 4° y a) del art. 5 de la Ley N° 9.103, según los reportes de asistencia, conforme lo informado por el
Departamento de Personal, de acuerdo a lo dictaminado por el Departamento de Asesoría Letrada cuyos
fundamentos integran la presente y demás actuado en autos.”;
Que el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios a su conocimiento y efectos que
estime corresponder;
Que la Oficina General de Sumarios remite nuevamente las actuaciones a fin de dar cumplimiento con lo
previsto por Ley 9103 art. 17 y en el art 10 del Decreto 218/19, y se proceda a comunicar la Resolución
DNFRE-2025-546-GDEMZA- DGP#MSDSYD a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública;
Que, habiéndose cumplido las comunicaciones solicitadas, el Departamento de Personal remite a la Oficina
General de Sumarios a su conocimiento y continuidad del trámite;
Que la Oficina General de Sumarios designa como Instructora Sumariante a la Dra. Jésica Caylá y como
secretario de Actuaciones al Dr. Luciano Sconfienza quienes deberán aceptar el cargo en su primera
intervención;
Que la Instructora Sumariante adjunta Avoque, resuelve encuadrar provisoriamente la conducta del agente
en las prescripciones del Decreto-Ley Nº 560/73 en sus Artículo 13 incisos a) pudiendo ser pasible de las
sanciones impuestas por la Ley 9103, Artículo 5 inciso a); ordena citar a audiencia de declaración
indagatoria administrativa al agente Aguilar y correrle vista de todo lo actuado por el término de 10 días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la audiencia indagatoria para la presentación de
descargo y pruebas en su defensa;
Que la Secretaría de Actuaciones comunica a la Dirección Provincial de Recursos Humanos del Ministerio
de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la apertura del sumario administrativo; asimismo se
adjunta como anexo a Orden N ° 38 toda la documentación relevante al caso.
Que la Secretaría de Actuaciones remite al Departamento de Personal a efectos de citar a audiencia de
declaración indagatoria administrativa al agente Aguilar;
Que el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios la cédula de notificación al
agente Aguilar;
Que se adjunta constancia de incomparecencia del Sr. Aguilar a la audiencia de declaración indagatoria
administrativa;
Que el Instructor Sumariante concluye su labor expresando: “… Por ello, en virtud de lo expuesto y de las
consideraciones formuladas, podemos afirmar objetivamente que, la grave sanción de CESANTIA se
corresponde con la falta cometida por el agente AGUILAR quien se ausento sin justificar: los días - 25 y 26
de Febrero de 2025; - 05, 06 y 07 de Marzo de 2025, y del 10 de Marzo de 2025 al 11 de Abril de 2025. Que
al momento de colegir e individualizar la sanción a sugerir, se tiene en cuenta la gravedad de las
infracciones, los antecedentes del agente y el perjuicio que se puede haber ocasionado a la Administración,
entendiendo esta Instrucción que es viable la aplicación al agente Sr. AGUILAR JOSÉ LEANDRO, DNI N°
35.616.305 la sanción de CESANTIA, encuadrando su conducta como violatoria de lo prescripto por el
Decreto Ley 560/73: “…Art. 13. - Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes,
decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a) La prestación personal del servicio, con
eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las
disposiciones reglamentarias correspondientes …”. Habiendo valorado razonablemente la premisa fáctica en
la que se sustenta una sanción extrema como lo es la cesantía, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo
Ley 9103, “…art. 5 que reza: “…Son Causas para la Cesantía: … a) Inasistencias injustificadas superiores a
seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término de seis (6) meses…”; y su Decreto
Reglamentario Nº218/19 …”;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que el sumariado es notificado debidamente del auto en cuestión conforme constancias de Orden N° 47;
Que no habiendo el sumariado presentados alegatos, la Oficina General de Sumarios remite a la Honorable
Junta de Disciplina Régimen 15 de la Dirección General de Protección de Derechos de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes para que se pronuncie dentro del plazo de 10 días, computados desde su recepción;
Que la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15, en decisión unánime, acompañan el dictamen de la
Instrucción, por considerar que están acreditadas las inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días,
por lo se sugiere la aplicación de la sanción de CESANTIA;
Que Dirección General toma conocimiento y remite las presentes actuaciones al Departamento de Asesoría
Letrada;
Que el Departamento de Asesoría Letrada remite a Dirección General expresando: “Que por el presente
viene a poner en su conocimiento que atento a lo dictaminado por esta Asesoría en orden N° 06, dictamen
de clausura de la Oficina General de Sumarios de orden N° 42, y opinión legal vertida por la Junta de
Disciplina obrante en orden N° 50, es que comparte la sanción de cesantía sugerida, debiendo dictar norma
legal en tal sentido, de compartir criterio.”;
Que Dirección General toma conocimiento y remite a Secretaría Legal y Técnica para la confección de
Resolución de CESANTIA;
POR ELLO:
LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
RESUELVE:
Art.1°) Aplicar la sanción de CESANTÍA al agente Sr. AGUILAR JOSÉ LEANDRO, DNI N° 35.616.305 y
realizar la Baja Administrativa correspondiente a la modalidad de Planta Permanente, por considerar que se
encuentran comprobadas inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas y discontinuas, en
el término de seis (6) meses, en los días - 25 y 26 de Febrero de 2025; - 05, 06 y 07 de Marzo de 2025, y del
10 de Marzo de 2025 al 11 de Abril de 2025, encuadrándose dicha conducta en el Art. 5° Inc. a) del Decreto
N° 560/1973, según documentación obrante, conforme a lo expresado por la Oficina General de Sumarios ,
la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 y demás actuados en autos.-
Art.2°) Déjese copia de la presente Resolución en el Legajo personal del Sr. Aguilar.-
Art.3°) Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Ética Pública de conformidad con
lo establecido en el art. 33 del Anexo de la Ley 9.103 y el inc. 6) del artículo 27 de la Ley 8.993.-
Art.4°) Comuníquese la presente Resolución a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10
del Decreto 218/19, reglamentario de la Ley 9.103.-
Art.5°) Notifíquese, Comuníquese y Regístrese en el Libro de Resoluciones.
MARÍA BELÉN GARCIA LUCERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Resolución N°: 652
MENDOZA, 23 DE JUNIO DE 2026
VISTO:
El Expediente EX-2024-03571681- -GDEMZA-DGP#MSDSYD caratulado “ROCHA, DORA BEATRIZ -
SITUACION LABORAL” y;
CONSIDERANDO:
Que a Orden N°20 rola Resolución DNFRE-2025-362-GDEMZA-DGP#MSDSYD, de fecha 15 de Abril de
2025, la cual en su Art. 1° ordena: “Elevar a sumario administrativo a la agente Sra. ROCHA DORA
BEATRIZ, CUIL N° 23-22755945-4, con motivo de las inasistencias desde el día 17 de Marzo de 2023 y
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
hasta el 30 de Noviembre de 2023, por lo que habría incumplido con lo establecido en art. 67 inc. c) del
Decreto N° 560/73 modificado por el art. 5 de la Ley 9103, conforme documentación agregada, lo informado
por el Departamento de Personal, según lo dictaminado por el Departamento de Asesoría Letrada cuyos
fundamentos integran la presente y demás actuado en autos.”;
Que el Departamento de Personal remite a la Oficina General de Sumarios a su conocimiento y efectos que
estime corresponder;
Que la Oficina General de Sumarios remite nuevamente las actuaciones a fin de dar cumplimiento con lo
previsto por Ley 9103 art. 17 y en el art 10 del Decreto 218/19, y se proceda a comunicar la Resolución
DNFRE-2025-546-GDEMZA DGP#MSDSYD a la Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública; Que,
habiéndose cumplido las comunicaciones solicitadas, el Departamento de Personal remite a la Oficina
General de Sumarios a su conocimiento y continuidad del trámite;
Que la Oficina General de Sumarios designa como Instructora Sumariante a la Dra. Jésica Caylá y como
secretario de Actuaciones al Dr. Luciano Sconfienza quienes deberán aceptar el cargo en su primera
intervención;
Que la Instructora Sumariante adjunta Avoque, resuelve encuadrar provisoriamente la conducta de la agente
Rocha en las prescripciones del Decreto-Ley Nº 560/73 en sus Artículo 13 inciso a), pudiendo ser pasible de
las sanciones impuestas por la Ley 9103, Artículo 5 inciso a); ordena citar a audiencia de declaración
indagatoria administrativa a la agente Rocha y correrle vista de todo lo actuado por el término de 10 días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la audiencia indagatoria para la presentación de
descargo y pruebas en su defensa;
Que la Secretaría de Actuaciones comunica a la Dirección Provincial de Recursos Humanos del Ministerio
de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la apertura del sumario administrativo;
Que la Secretaría de Actuaciones remite al Departamento de Personal a efectos de citar a audiencia de
declaración indagatoria administrativa a la agente Rocha; Que el Departamento de Personal remite a la
Oficina General de Sumarios la cédula de notificación a la agente Rocha; Que se adjunta constancia de
incomparecencia de la agente Rocha a la audiencia de declaración indagatoria administrativa;
Que la Instructora Sumariante concluye su labor expresando: “… Por ello, en virtud de lo expuesto y de las
consideraciones formuladas, podemos afirmar objetivamente que, la grave sanción de CESANTIA se
corresponde con la falta cometida por la agente ROCHA quien se ausentó sin justificar de su lugar de trabajo
a partir de que terminara su licencia anual ordinaria (16/03/2023): desde el 17 de marzo de 2023 al 30 de
noviembre de 2023. Que al momento de colegir e individualizar la sanción a sugerir, teniendo en cuenta la
gravedad de las infracciones, los antecedentes del agente y el perjuicio que le ha ocasionado a la
Administración, entiende esta Instrucción que es viable la aplicación a al agente Sra. ROCHA DORA
BEATRIZ, CUIL N° 23-22755945-4, la sanción de CESANTIA, encuadrando su conducta como violatoria de
lo prescripto por el Decreto Ley 560/73: “…Art. 13. - Sin perjuicio de los deberes que particularmente
impongan las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a) La prestación personal
del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que
determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes …”. Habiendo valorado razonablemente la
premisa fáctica en la que se sustenta una sanción extrema como lo es la cesantía, de conformidad con lo
dispuesto en el Anexo Ley 9103, “…art. 5 que reza: “…Son Causas para la Cesantía:… a) Inasistencias
injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término de seis (6) meses…”; y su
Decreto Reglamentario Nº218/19 Del presente el dictamen de clausura vertido por esta Instrucción Sumaria,
correspondería DAR VISTA de la Clausura del Sumario a la agente ROCHA DORA BEATRIZ, CUIL N° 23-
22755945-4, para alegar por el plazo de diez (10) días de conformidad con los términos del art.31 de la Ley
Nª 9103, lo que debe ser notificado por Secretaría de Actuaciones “
Que la sumariada es notificada debidamente del auto en cuestión conforme constancias de Orden N° 54;
Que no habiendo la sumariada presentado alegatos, la Oficina General de Sumarios remite a la Honorable
Junta de Disciplina Régimen 15 de la Dirección General de Protección de Derechos de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes para que se pronuncie dentro del plazo de 10 días, computados desde su recepción;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15, en decisión unánime, acompañan el dictamen de la
Instrucción, por considerar que están acreditadas las inasistencias injustificadas, por lo se sugiere la
aplicación de la sanción de CESANTIA;
Que Dirección General toma conocimiento y remite las presentes actuaciones al Departamento de Asesoría
Letrada;
Que el Departamento de Asesoría Letrada remite a Dirección General expresando: “Que por el presente
viene a poner en su conocimiento que atento a lo dictaminado por esta Asesoría en orden N° 06, dictamen
de clausura de la Oficina General de Sumarios de orden N° 49, y opinión legal vertida por la Junta de
Disciplina obrante en orden N° 61, es que comparte la sanción de cesantía sugerida, debiendo dictar norma
legal en tal sentido, de compartir criterio..”;
Que Dirección General toma conocimiento y remite a Secretaría Legal y Técnica para la confección de
Resolución de CESANTIA;
POR ELLO:
LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
RESUELVE:
Art. 1°) Aplicar la sanción de CESANTÍA a la agente ROCHA DORA BEATRIZ, CUIL N° 23-22755945-4, y
realizar la Baja Administrativa correspondiente a la modalidad de Planta Permanente, por considerar que se
encuentran comprobadas inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas y discontinuas, en
el término de seis (6) meses, desde el 17 de marzo de 2023 al 30 de noviembre de 2023, encuadrándose
dicha conducta en el Art. 5° Inc. a) del Decreto N° 560/1973, según documentación obrante, conforme a lo
expresado por la Oficina General de Sumarios , la Honorable Junta de Disciplina Régimen 15 y demás
actuado en autos.
Art. 2°) Déjese copia de la presente Resolución en el Legajo personal de la Sra. Rocha.
Art. 3°) Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Ética Pública de conformidad con
lo establecido en el art. 33 del Anexo de la Ley 9.103 y el inc. 6) del artículo 27 de la Ley 8.993.
Art. 4°) Comuníquese la presente Resolución a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 218/19, reglamentario de la Ley 9.103.
Art. 5°) Notifíquese, Comuníquese y Regístrese en el Libro de Resoluciones.
MARIA BELEN GARCIA LUCERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
Resolución N°: 1586
MENDOZA, 23 DE SETIEMBRE DE 2026
VISTO el EX-2026-07388438- -GDEMZA-MESA#DGE en el que se tramita la convocatoria al Concurso de
Traslado y Ascenso a la Jerarquía Directiva de Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos-CEBJA; y
CONSIDERANDO:
Que es prioridad del Gobierno Escolar garantizar la cobertura de los cargos jerárquicos titulares en los
distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial;
Que resulta necesario instrumentar los procedimientos de traslado, ascenso e ingreso a la jerarquía directiva
conforme a lo establecido en el Estatuto del Docente, Ley Nº 4934/84, su Decreto Reglamentario Nº 313/85
y normativa concordante;
Que por RESOL-2026-6430-E-GDEMZA-DGE el DGE convoca a Concurso de Traslado, Ascenso e Ingreso
a la Jerarquía Directiva para Nivel Inicial, Nivel Primario, Modalidad de Educación Especial y Modalidad de
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos CEBJA;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que conforme a lo dispuesto por el Art. 36 del Estatuto del Docente y su concordante Art. 83 del Decreto
Reglamentario Nº 313/85, previo al Concurso para Ingreso a la Jerarquía Directiva en las vacantes
existentes debe convocarse a Concurso de Traslado y Ascenso a la Jerarquía Directiva a Directores y
Vicedirectores titulares;
Que el Art. 27 de la Ley Nº 4934 y sus concordantes del Decreto Reglamentario Nº 313/85 establece que
"Los Ascensos serán por grados dentro de una sola jerarquía, en cada nivel y modalidad de la enseñanza";
Que la titularización de los cargos directivos favorece la consolidación de los proyectos institucionales, la
continuidad de las políticas educativas públicas y el ejercicio pleno de la conducción escolar en condiciones
de estabilidad;
Que, excepcionalmente y con el objeto de facilitar la cobertura de cargos vacantes, se dispone la suspensión
excepcional del requisito de dos (2) años de antigüedad en el cargo de origen para acceder al traslado,
durante el presente concurso, en concordancia con lo acordado en el Acta Técnica del 01 de julio de 2026;
Que los postulantes deberán encontrarse encuadrados en lo establecido por el Art. 3° inc. A) del Estatuto del
Docente;
Que los procesos de modernización del Estado y de digitalización creciente permiten la realización de
concursos con modalidad virtual sincrónica;
Que rola dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°: Convóquese en el marco de la RESOL-2026-6430-E-GDEMZA-DGE al Concurso de Traslado y
Ascenso a la Jerarquía Directiva de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 2027 en
los cargos de Director y Vicedirector de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA).
Artículo 2°: Dispóngase que en el presente concurso se ofrecerán los cargos vacantes de Director y
Vicedirector de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos de gestión estatal, dependientes de
la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, dependientes de la Dirección General de
Escuelas.
Artículo 3°: Dispóngase la realización de los concursos en forma virtual sincrónica, en línea con los
procedimientos que se vienen realizando en concursos anteriores.
Artículo 4°: Dispóngase que los Directores y Vicedirectores titulares que deseen participar del concurso
deben realizar su inscripción a partir del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2026, por GEI-PAD en el
Evento 2027-CEBJA-MTAJD- Movimiento de Traslado y Ascenso a la Jerarquía Directiva, donde se cargará
la documentación para su tabulación según lo dispuesto en el ANEXO I, que forma parte de la presente
norma legal.
Artículo 5°: Determínese que la Junta Calificadora de Méritos de Jóvenes y Adultos deberá recepcionar la
documentación pertinente de los aspirantes dentro de los plazos establecidos en el cronograma que se
determine a tal fin.
Artículo 6°: Dispóngase que las vacantes ofrecidas serán aquellas producidas hasta el 31 de agosto de
2026, las cuales serán relevadas por la Secretaría Técnica de la Junta Calificadora de Méritos. Las vacantes
podrán ser actualizadas hasta el inicio del concurso, siendo válido el último listado de vacantes publicado.
Artículo 7°: Establézcase que, excepcionalmente y por única vez para el presente concurso, de acuerdo a lo
establecido en el Acta Técnica Paritaria del 01 de julio de 2026, no se requerirá el requisito de dos (2) años
de antigüedad en el cargo de origen para inscribirse al concurso de traslado o ascenso. El orden de méritos
diferenciará a directores y vicedirectores titulares con 2 (dos) años de antigüedad en el cargo jerárquico de
origen de directores y vicedirectores sin el requisito de dos (2) años de antigüedad en el cargo jerárquico de
origen.
Artículo 8°: Dispóngase que los postulantes al concurso deberán:
1.- Encontrarse en situación activa.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
2- Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado. Los extranjeros que acrediten fehacientemente haber
iniciado, al momento de la inscripción, los trámites de nacionalización, dispondrán del plazo de un año para
presentar la finalización del trámite. Superado ese plazo, si el agente no presenta la documentación que
acredite su nacionalización, se dará de baja al movimiento. La DGE podrá determinar la prórroga del plazo
de un año para la presentación de la documentación de finalización del trámite, mediante resolución del
Director General de Escuelas.
3- Presentar al momento de ejercer su opción la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
b) Certificado Psicofísico Apto en vigencia que acredite Aptitud para el cargo al que el aspirante optare (No
se aceptan hojas de ruta, efector público, provisorios, en proceso, turnos ni Certificados vencidos) RESOL-
2024-6641-E-GDEMZA-DGE emitido y validado por la unidad de Control y Gestión de Salud Laboral, siendo
su decisión vinculante (Certificado Complementario de Contexto de Encierro en el caso de optar por Centros
Educativos de Privación de Libertad).
c) Declaración Jurada de cargos, RIT-2019-1107-GDEMZA-DGE, según lo dispuesto en los artículos 9º y 12º
de la Ley Nº 6929, su Decreto Reglamentario Nº 285/2002, Ley Nº 9598 y su Decreto Reglamentario Nº
328/2025.
d) Constancia de emisión de voto en las distintas elecciones realizadas en nuestro país desde el año 2021 a
la fecha. Además, debe enviarse como mínimo un troquel comprobante de la votación, NO ser Infractor a la
Ley Electoral;
e) Certificado de antecedentes penales vigente (en caso del que el certificado posea antecedentes, la
confirmación de lo optado quedará suspendida por 48 hs, hasta tanto se constate si el agente tiene
antecedentes contra la integridad sexual, de ser así se dará de baja al movimiento).
Artículo 9°: Apruébense las disposiciones específicas para llevar a cabo el concurso convocado por el
Artículo 1°, las cuales se encuentran contenidas en los ANEXOS que obran como archivos embebidos y son
parte integrante de la presente resolución:
ANEXO I “DISPOSICIONES GENERALES PARA TABULACIÓN CONCURSO DE TRASLADO Y
ASCENSO DE JERARQUÍA DIRECTIVA CEBJA 2027”
ANEXO II “DECLARACIÓN JURADA Y GRILLA DE TABULACIÓN CONCURSO JERARQUÍA
DIRECTIVA CEBJA 2027”
ANEXO III “AUTORIZACIÓN A TERCERO INTERVINIENTE CONCURSO DE JERARQUÍA
DIRECTIVA CEBJA 2027”
Artículo 10°: Establézcase que la toma de posesión efectiva del Cargo Jerárquico optado será el 01 de
febrero de 2027.
Artículo 11°: Facúltese a la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y/o Secretaría Técnica
de la Junta Calificadora de Méritos a dictar las disposiciones complementarias necesarias para la
implementación de la presente resolución: cronograma específico, publicación de orden de méritos,
publicación de vacantes y aclaraciones que resulten necesarias para la realización del concurso.
Artículo 12°: Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a quienes corresponda.
CLAUDIA BEATRIZ FERRARI
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
A.T.M. - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA
Resolución N°: 143
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
MENDOZA, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VISTO:
El Expte. N° EX-2024-01163995-GDEMZA-ATM y las Resoluciones Internas A.T.M. N° 187/2024 y 102/2025,
y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de referencia, conforme la auditoría llevada a cabo en la Delegación Zona Sur de la
Dirección General de Rentas, se solicita al Departamento de Matriculaciones y Certificación de Firmas del
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, la verificación de las firmas insertas en los Certificados
Médicos presentados por los agentes Gisela Evelyn Lucero, D.N.I. N° 35.622.705; Fernando Gabriel
Savarino, D.N.I. N° 35.664.181, y Ana Virginia Vermes, D.N.I. N° 37.296.605, correspondientes al día
09/02/2024.
Que en NO-2024-02312779-GDEMZA-DMYCF#MSDSYD e IF-2024-06404900-GDEMZA-ATM, se agregan
los informes emitidos por el Departamento antes mencionado, en el cual se indica la inexistencia de similitud
entre las firmas insertas en los certificados de fecha 09/02/2024, y la registrada en el legajo obrante en esa
dependencia.
Que en virtud de ello, mediante la Resolución Interna A.T.M. N° 187/2024, de fecha 22/11/2024, se ordena la
instrucción de información sumaria, de conformidad con lo previsto por el Artículo 13 y concordantes del
Anexo de la Ley N° 9103, a fin de determinar la existencia de la comisión de hechos, denunciados por el
Director General de Rentas.
Que se ordenó girarse en el mismo acto, las actuaciones a la oficina de Sumarios e Investigaciones
dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, en razón del convenio ratificado por el Decreto N°
1660/2020.
Que en IF-2025-04792239-GDEMZA-SUMARIOS, mediante resolución del Jefe de la Oficina General de
Sumarios de fecha 06/06/2025, se designó como instructor sumariante al Dr. Juan Manuel Rodríguez
Guilino, y como Secretaria de Actuaciones a la Dra. Marianela Bustos Noguerol, quienes aceptan el cargo.
Que a través de IF-2025-05292561-GDEMZA-SUMARIOS y IF-2025-05404367-GDEMZA-SUMARIOS, el
Instructor incorpora en la investigación, las pruebas reunidas que estimó necesario, y procede a emitir su
dictamen final.
Que a través de IF-2025-05548593-GDEMZA-SUMARIOS, el Instructor Sumariante emite su dictamen final y
expresa que, producida toda la prueba, practicadas todas las averiguaciones y tramitaciones conducentes al
esclarecimiento del hecho investigado, incorporados en estos obrados, considera encuadrar la conducta
como violatoria al Artículo 13, incisos a) y b), y al Artículo 14, inciso f) del Decreto-Ley N° 560/73.
Que del cotejo de los informes y de las declaraciones testimoniales, surge responsabilidad de los agentes
Lucero, Savarino y Vermes de los hechos venidos a investigación por lo que ha quedado acreditado y
determinada la existencia de motivo suficiente de sospecha de la comisión de los hechos que pudieran
constituir falta administrativa, precisamente la de presentar un certificado médico aparentemente falso.
Que en consecuencia, mediante la Resolución Interna A.T.M. N° 102/2025, se tuvo por finalizada la
investigación administrativa ordenada a través de la Resolución Interna A.T.M. N° 187/2024, y se instruyó un
sumario administrativo a los agentes Gisela Evelyn Lucero, D.N.I. N° 35.622.705; Fernando Gabriel
Savarino, D.N.I. N° 35.664.181, y Ana Virginia Vermes, D.N.I. N° 37.296.605, de conformidad con lo previsto
por la Ley N° 9103.
Que en virtud del acto que ordena la instrucción del sumario administrativo, y en los términos del Decreto N°
1660/2020, toma intervención la Oficina General de Sumarios en IF-2025-08328497-GDEMZA-SUMARIOS,
designando al Dr. Juan Manuel Rodriguez Gulino como Instructor Sumariante, y como Secretario de
Actuaciones, a la Sra. Romina Sosa.
Que mediante IF-2025-09645939-GDEMZA-SUMARIOS, el Instructor sumariante se da expresamente por
notificado de su designación y dispone su avoque, para esclarecer y clarificar los hechos denunciados.
Que en IF-2025-09818090-GDEMZA-SUMARIOS e IF-2026-00982981- GDEMZA-SUMARIOS, el Instructor
procede a encuadrar provisoriamente la conducta de los agentes en las prescripciones de los Artículo 13,
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
inciso a) y b), y Artículo 14, inciso f) del Decreto-Ley N° 560/73, siendo pasibles de la sanción prevista en el
Artículo 5°, inc. b) de la Ley N° 9103, citando en consecuencia a los agentes imputados a fin de que presten
declaración indagatoria, haciéndoles saber que para el caso de no concurrir, el trámite administrativo
continuará sin sus participaciones.
Que asimismo, le corre vista a los sumariados de todo lo actuado, por el término de diez (10) días hábiles,
los que serán computados desde el día hábil siguiente a la fecha de la audiencia indagatoria; en dicho plazo
podrá efectuar su descargo y proponer las medidas de prueba que hagan a su defensa.
Que mediante NO-2026-01267161-GDEMZA-ATM, NO-2026-01266878- GDEMZA-ATM y NO-2026-
01266514-GDEMZA-ATM se acompañan las cédulas de notificación citando a los agente Lucero, Savarino y
Vermes, a la audiencia indagatoria, el día 23/02/2026.
Que en IF-2026-01437174-GDEMZA-SUMARIOS, IF-2026-01437463- GDEMZA-SUMARIOS e IF-2026-
01438236-GDEMZA-SUMARIOS, se visualizan las Actas de Audiencia de Indagatoria, en las cuales los
agentes Vermes, Savarino y Lucero comparecieron en forma virtual y ejercieron su derecho de abstenerse a
declarar.
Que a través de IF-2026-01764787-GDEMZA-SUMARIOS se agrega el descargo presentado por la agente
Gisela Evelyn Lucero, con patrocinio letrado, mediante el cual ejerce su derecho de defensa respecto de la
imputación formulada.
Que se incorpora en IF-2026-01764948-GDEMZA-SUMARIOS el descargo presentado por el agente
Fernando Gabriel Savarino, con patrocinio letrado, mediante el cual contesta la imputación formulada y
expone los argumentos defensivos que estima pertinentes.
Que en IF-2026-01765149-GDEMZA-SUMARIOS obra el descargo presentado por la agente Ana Virginia
Vermes, con patrocinio letrado, mediante el cual ejerce su derecho de defensa, controvierte la imputación
efectuada y solicita se valoren los argumentos allí expuestos.
Que el Instructor Sumariante emite su dictamen de clausura en IF-2026-03363919-GDEMZA-SUMARIOS
donde expresa que, de la lectura de los descargos presentados por los agentes sumariados, surge que los
mismos son sustancialmente coincidentes en su estructura y contenido argumental.
Que asimismo, los sumariados no ofrecieron ni acompañaron prueba de descargo alguna tendiente a
acreditar la autenticidad de los certificados médicos cuestionados, la efectiva atención por parte de los
profesionales invocados, la existencia de historia clínica, constancia de turno, receta, comprobante médico,
comunicación, testigo u otro elemento objetivo que permita sostener una plataforma fáctica alternativa a la
que surge de la prueba de cargo incorporada en autos.
Que los sumariados plantean la nulidad de la prueba testimonial y pedido de exclusión probatoria; la
insuficiencia probatoria y ausencia de pericia caligráfica; la autoría material de los certificados; la defensa
meramente técnica y ausencia de plataforma fáctica alternativa; la presunción de inocencia, dolo y
culpabilidad; que en los autos no se presume la responsabilidad de los agentes por su sola condición de
empleados públicos, sino a partir de elementos objetivos; la tipicidad y calificación legal provisoria; la
proporcionalidad y ausencia de antecedentes disciplinarios, y el tratamiento individual de la responsabilidad
disciplinaria.
Que el instructor sumariante expresa que, ninguno de los planteos defensivos articulados logra desvirtuar la
prueba de cargo reunida en autos, por lo que no corresponde declarar la nulidad ni la exclusión de las
testimoniales médicas; la ausencia de pericia caligráfica no invalida el cuadro probatorio; la falta de
acreditación de autoría material de la falsificación no neutraliza el reproche administrativo por la
presentación de los certificados; los descargos no aportan versión fáctica alternativa ni prueba de
autenticidad; y la calificación legal provisoria ha respetado los principios de legalidad, tipicidad, debido
proceso e irretroactividad de la ley sancionatoria más gravosa.
Que en el dictamen emitido por el Instructor Sumariante, el mismo concluye que, ponderadas las pautas de
graduación señaladas, la gravedad institucional de la conducta, la afectación de la confianza funcional, la
regularidad del régimen de licencias, la inexistencia de prueba de descargo idónea y la ausencia de
circunstancias diferenciales relevantes entre los agentes, procede a clausurar el sumario conforme lo
prescribe el Artículo 28 y siguientes, del Anexo I de la Ley N° 9103; y da por demostrada la conducta de los
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
agentes, consistente en haber presentado ante la Administración Tributaria Mendoza certificados médicos de
fecha 09/02/2024, tenidos por falsos o apócrifos conforme la prueba técnica y testimonial obrante en autos,
con la finalidad de justificar inasistencias al servicio; por lo que aconseja se aplique a los mencionados
agentes la sanción de CESANTÍA, conforme lo establecido por el Artículo 5, inc. b) del Anexo I de la Ley
9103, en concordancia con el Artículo 13, incisos a) y b), y el Artículo 14, inciso f) del Decreto-Ley N° 560/73.
Que asimismo, le corre vista a los agentes sumariados, por el término de diez (10) días a los efectos de la
presentación de su alegato conforme Artículo 31 del Anexo I de la Ley N° 9103.
Que se incorporan en IF-2026-03921358-GDEMZA-SUMARIOS, IF-2026- 03921267-GDEMZA-SUMARIOS
e IF-2026-03921154-GDEMZA-SUMARIOS los alegatos presentados por los agentes Vermes, Savarino y
Lucero, respectivamente. Que en dichos alegatos, todos análogos en cuanto a su contenido y argumentos,
los sumariados mediante su representante legal solicitan que se rechacen íntegramente las conclusiones
arribadas por la instrucción sumariante y se disponga el cierre del presente sumario, dictándose resolución
absolutoria en razón de la manifiesta insuficiencia probatoria, la defectuosa valoración de la prueba
incorporada y la ausencia absoluta de acreditación concreta de responsabilidad disciplinaria.
Que solicitan en subsidio que, para el hipotético e improbable supuesto de considerarse configurada alguna
irregularidad administrativa, se descarte cualquier sanción expulsiva por resultar manifiestamente
desproporcionada, arbitraria y contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el
derecho administrativo sancionador.
Que la Junta de Disciplina de esta Administración Tributaria Mendoza en IF-2026-05454304-GDEMZA-ATM
dictamina que, se estima necesario analizar cada uno de los alegatos y expresa que, respecto a la necesaria
certeza en materia sancionatoria, en el expediente ha quedo debidamente acreditada la autoría de los
hechos endilgados a los agentes, que es la presentación de certificados médicos apócrifos para justificar
una inasistencia, y evitar de esa manera descuento alguno por la falta de prestación del servicio, y que
dichos certificados médicos no fueron escritos ni firmados por los profesionales médicos que supuestamente
los emitieron.
Que no obstante a no haber demostrado esta Administración la autoría material de los certificados por parte
de los agentes, estos en ningún momento han intentado siquiera demostrar que concurrieron a un
profesional médico y que el mismo les indicó reposo, ni situación alguna que desvirtúe la imputación
realizada. No aportaron ni pidieron producir ninguna prueba que acredite que la condición de enfermedad y
reposo fuese real.
Que lo que se imputa no es la autoría material de la falsificación de los certificados sino el hecho de que
dichos certificados se utilizaron para justificar una inasistencia, todo lo cual queda acabada e
indudablemente probado con el legajo de los agentes obrante en el Departamento de Gestión Administrativa,
cuya compulsa dio inicio a la investigación sumarial y posterior inicio de sumario que aquí se resuelve.
Que en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba testimonial, cabe destacar que lo importante no es si
el médico recuerda o no haber atendido al agente en tal fecha, sino que lo conducente es el
desconocimiento de contenido, letra y firma de los certificados médicos exhibidos a los profesionales. El
eventual error material en la mención de la fecha no afecta la sustancia probatoria del acto, desde que el
testigo declaró sobre el documento que le fue exhibido y no sobre una hipótesis abstracta o ajena al
expediente.
Que respecto a la inexistencia de prueba técnica concluyente, la citada Junta entiende que la falta de
coincidencias entre las firmas plasmadas en los certificados y las registradas en la oficina de
matriculaciones, sumado al desconocimiento expreso realizado por ambos profesionales de los certificados
médicos exhibidos, hace innecesaria la producción de prueba técnica, bastando estos extremos para
acreditar la falsedad de los certificados.
Que en cuanto a la ausencia absoluta de acreditación de dolo o culpa, ha quedado demostrado que los
agentes utilizaron los certificados para justificar la inasistencia y evitar descuento de haberes.
Que ante el planteo de improcedente asimilación de los agentes con funcionarios públicos y por ende en la
imposibilidad de afectación institucional grave capaz de destruir definitivamente el vínculo de empleo
público, la Junta de Disciplina entiende que a pesar de no revestir la calidad de funcionarios públicos, los
agentes han defraudado la confianza depositada en ellos por esta Administración, afectando la prestación
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
del servicio, el registro de asistencias, la liquidación de haberes y por consiguiente la liquidación del
adicional por Fondo Estimulo que se distribuye entre todos los empleados de la Administración Tributaria
Mendoza, los que se vieron perjudicados por la maniobra.
Que en consecuencia, la Junta de Disciplina sugiere que se aplique la sanción de cesantía, conforme lo
establecido en el inciso b) del Artículo 5° del Anexo de la Ley N° 9103, toda vez que los agentes Gisela
Evelyn Lucero, D.N.I. N° 35.622.705; Fernando Gabriel Savarino, D.N.I. N° 35.664.181, y Ana Virginia
Vermes, D.N.I. N° 37.296.605, han quebrantado con su conducta la prohibición dispuesta en el inciso f) del
Artículo 14 del Decreto-Ley N° 560/73.
Por ello, de acuerdo con la Resolución emitida por el Instructor Sumariante en IF-2026-03363919-GDEMZA-
SUMARIOS, lo dictaminado por la Junta de Disciplina de esta Administración en IF-2026-05454304-
GDEMZA-ATM, y las facultades atribuidas por la Ley N° 8521,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1° - Aplíquese a los agentes: Lucero, Gisela Evelyn, C.U.I.L. N° 27-35622705-6, Cargo Clase 03,
Administrativo Técnico Personal de Ejecución, Código Escalafonario 05-1-02-00; Savarino, Fernando
Gabriel, C.U.I.L. N° 20-35664181-8, Clase 03, Administrativo Técnico Personal de Ejecución, Código
Escalafonario 05-1-02-00, y Vermes, Ana Virginia, C.U.I.L. N° 27-37296605-5, Clase 03, Administrativo
Técnico Personal de Ejecución, Código Escalafonario 05-1-02-00, de la planta de personal de esta
Administración Tributaria Mendoza, la sanción de CESANTÍA de conformidad con lo establecido por el
Artículo 5°, inciso b) del Anexo de la Ley N° 9103, por quebrantar la prohibición dispuesta en el Artículo 14,
inciso f) del Decreto-Ley N° 560/73.
Artículo 2° - Hágase saber a los agente Lucero, Savarino y Vermes que tienen derecho a impugnar el
presente acto administrativo interponiendo Recurso de Alzada ante el Poder Ejecutivo, conforme a las
disposiciones del Artículo 183 de la Ley N° 9003, dentro de los quince (15) días de su notificación.
Artículo 3º - Notifíquese a los agentes mediante la plataforma Mendoza X Mi (MxM); a la agente Lucero, en
el domicilio de calle Butini N° 167, San Rafael, Mendoza; y a los agentes Savarino y Vermes, en el domicilio
de calle Las Heras N° 543, San Rafael, Mendoza. Comuníquese a la Oficina de Investigaciones
Administrativas y Ética Pública, dependiente de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de
Mendoza, a la Oficina General de Sumarios y a la Dirección General de Recursos Humanos, dependientes
del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Tómese conocimiento por la Dirección
General de Rentas, la Dirección de Administración, el Departamento de Seguridad Informática y el
Departamento de Gestión Administrativa. Cumplido, con constancias, archívese.
CONT. ALEJANDRO LUIS DONATI
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES Y COOPERATIVAS
Resolución N°: 125
MENDOZA, 15 DE SETIEMBRE DE 2026
VISTO el expediente EX-2021-04293078- -GDEMZA-DAYC#MEIYE, en el cual obran emplazamientos y
requerimientos formulados a COOPERATIVA DE TRABAJO "NEHUEN" LIMITADA, con domicilio en el
Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza, y;
CONSIDERANDO
Que, mediante Resolución Nº 132 de fecha 9 de marzo de 2023, este organismo dispuso el retiro de la
autorización para funcionar a la cooperativa referida, emplazando en la misma a realizar el proceso
liquidatario, conforme lo establecido en el Capítulo X de la Ley Nacional Nº 20337; y ante el incumplimiento
por parte de la entidad, se dio intervención a Fiscalía de Estado para que considerara la posibilidad de
efectuar liquidación judicial.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la Secretaría de Asuntos Jurídicos – Fiscalía de Estado en dictamen identificado como NO-2026-
05327854-GDEMZA-FISCESTADO, de fecha 7 de julio de 2026, compulsa las actuaciones presentes y
concluye que la entidad no posee bienes registrables de posible interés fiscal en los términos de los artículos
95° y 101° in fine de la ley 20337, por lo que una liquidación judicial constituiría un desgaste jurisdiccional
innecesario.
Que, en consecuencia, conforme al dictamen de Asesoría Legal IF-2026-05601855-GDEMZA-DAYC#MEIYE
de fecha 21 de julio de 2026, corresponde disponer se cancele la inscripción de la entidad en el Registro
Provincial de Cooperativas.
Que, obran constancias de envíos de notificación al domicilio denunciado por la entidad y no se manifiesta a
la fecha el funcionamiento de esta; dispóngase notificar en términos del artículo 152° de la Ley de
Procedimiento Administrativo N° 9003.
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Ley Provincial Nº 5.316 y Decretos Provinciales Nº
52/2024 y 207/2024.
LA
DIRECTORA DE EMPRENDEDORES Y COOPERATIVAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Cancélese en el Registro Provincial de Cooperativas, la inscripción Nº 1458 T, a COOPERATIVA
DE TRABAJO "NEHUEN" LIMITADA, con domicilio en el Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza.
Artículo 2º.- Notifíquese; dese al Área Datos, tómese nota en el Registro Provincial, y archívese.
LIC. ANDREA NALLÍM
S/Cargo
22-23-24/09/2026 (3 Pub.)
H.T.A. / H.C.A. - DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN
Resolución N°: 327
MENDOZA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VISTO: El Expediente N° EX-2022-08962093-GDEMZA-DGIRR Caratulado: “S/ Normas de Perfilaje- Resol
778/96 HTA” – Expediente Infogov N° 797.698; y
CONSIDERANDO:
Que estos autos vienen a consideración de este H. Tribunal Administrativo remitidos por Superintendencia
mediante Orden N° 23 IF-2026-00108644-GDEMZA-DGIRR, con el objeto de considerar una propuesta de
reforma de la Resol. N° 81/18 emanada de este H. Cuerpo, norma que reglamenta el control y monitoreo de
los pozos inyectores de agua coproducida o de formación, activos e inactivos, en formaciones productivas o
no productivas, utilizados como método de recuperación secundaria o método de disposición final, en la
explotación petrolera que se realiza en el territorio provincial;
Que se parte de la base de minutas de reunión e informes de UNCuyo, de lo que surge la necesidad de
modificación de la Resol. N° 81/18 del H.T.A. para atender situaciones particulares y excepcionales;
Que, asimismo, la presente modificación responde a la necesidad de actualizar y adecuar operativamente
las disposiciones establecidas por la Resol. N° 81/18 del H.T.A., a partir de la experiencia recogida durante
su aplicación, con el objeto de fortalecer y optimizar los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de
los pozos inyectores, adecuándolos a las necesidades actuales de fiscalización y a los criterios técnicos y
ambientales aplicables;
Que dicha actualización procura precisar y armonizar los procedimientos, requisitos, criterios de
clasificación, metodologías de monitoreo y mecanismos de control previstos en la normativa vigente,
incorporando las adecuaciones que resultan necesarias para asegurar una aplicación más eficiente,
uniforme y trazable del régimen, fortalecer la prevención y gestión del riesgo ambiental y garantizar la
adecuada protección del recurso hídrico;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que, en tal sentido, las modificaciones propuestas se sustentan en la necesidad de mejorar la operatividad
del régimen vigente, sistematizar la información, fortalecer los mecanismos de seguimiento y control y
adecuar las exigencias técnicas y administrativas a la experiencia derivada de su implementación, sin alterar
los principios y objetivos sustanciales establecidos por la Resol. N° 81/18 del H.T.A.;
Que se le dio vista a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA) y la Dirección de
Hidrocarburos solicitando opinión técnica y legal del presente proyecto, por lo que dichas Direcciones
emitieron opinión y realizaron observaciones;
Que mediante Orden N° 56 IF-2026-07039483-GDEMZA-DGIRR el Dpto. de Control de Hidrocarburos y
Minería en respuesta a dichas observaciones informa que: La propuesta se apoya operativamente en la
Práctica Recomendada del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), estándar de referencia para la
industria. Entendiendo la realidad técnica de los yacimientos maduros de la provincia, la modificación adopta
el concepto de barreras múltiples de aislación (tubing/packer, casing y cañería guía). Esto evita exigencias
irrazonables o readecuaciones constructivas inviables en instalaciones antiguas. La modificación optimiza la
redacción para resguardar la producción de hidrocarburos asociada a la inyección. En aquellos casos donde
se constate una falta de hermeticidad o rotura en el casing (2.ª barrera), la norma no exige el paro
automático e inmediato del pozo inyector. En su lugar, se otorga la opción técnica de continuar con la
inyección de manera segura, siempre que se verifique mediante ensayos de trazadores/spinner, que la 1.ª
barrera (tubing y packer) se encuentra íntegra y que la 3.ª barrera (cañería guía) cubre adecuadamente los
acuíferos de interés. Esta modificación evita la paralización intempestiva de los proyectos de recuperación
secundaria sin comprometer el ambiente. Por otra parte, la propuesta incorpora una mejora en el monitoreo
sistemático de los pozos inactivos, una categoría que históricamente ha generado pasivos ambientales y
focos de contaminación hídrica debido al deterioro progresivo por falta de seguimiento técnico. Con esta
modificación, se establece un esquema de control periódico sobre el estado de integridad de los pozos
inactivos para detectar tempranamente fugas o migración de fluidos que puedan comprometer los acuíferos,
eliminando riesgos latentes para la provincia. Para evitar mayores costos y mejorar problemas operativos, se
ajustará la frecuencia de presentación de perfiles de tránsito de fluido (PTF), se habilita formalmente el uso
de la técnica de spinner; esta herramienta es significativamente más económica que los perfiles tradicionales
y posee plena validez técnica para certificar la integridad del flujo. Por último, cabe aclarar que las empresas
operadoras en la provincia son especialistas en yacimientos maduros y ejecutan de manera rutinaria estas
pruebas de integridad. La aplicación de mediciones de presión/caudal y ensayos con spinner representan
costos marginales dentro de la estructura operacional. Por ende, las medidas no atentan contra la viabilidad
económica ni la competitividad de la actividad hidrocarburífera, garantizando la continuidad productiva en un
marco de certeza de integridad ambiental;
Que, por lo expuesto, analizados los objetivos, no habiendo objeciones legales que formular, en virtud de los
avances tecnológicos imperantes, y las buenas prácticas ambientales utilizadas por esta Institución, se hace
menester modificar la Resol. N° 81/18 de este H. Cuerpo a fin de lograr una preservación y protección
adecuada de los acuíferos existentes, efectivizando la neutralización o minimización del riesgo de
contaminación del recurso hídrico subterráneo y superficial, siendo una función inherente al Departamento
General de Irrigación velar y preservar su calidad en todo el ámbito provincial, conforme el Art. 41 de la
Constitución Provincial, Ley 25.675 Art. 4, el Art. 188 de la Constitución Provincial, Ley General de Aguas,
Ley N° 9.589, Ley N° 4.035, Ley N° 4.036, Resol. N° 778/96, sus modificatorias, y su texto ordenado Resol.
N° 52/20 todas del H.T.A., sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Dirección de Gestión y
Fiscalización Ambiental en su carácter de Autoridad Ambiental en materia de control de la actividad
petrolera, con quién se deberán coordinar las acciones respectivas en el marco de las competencias que
corresponden a cada Organismo;
Por ello en uso de sus facultades;
EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
RESUELVE:
1. Modifíquese y amplíese tal y como a continuación se detalla el REGLAMENTO establecido por el Art. 1 de
la Resol. 81/18 del H.T.A., para toda la Provincia de Mendoza, PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LOS
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
POZOS INYECTORES de agua coproducida o de formación, activos e inactivos, en formaciones productivas
o no productivas, utilizados como método de recuperación secundaria o método de disposición final en la
explotación petrolera. El presente reglamento modificado y ampliado debe considerarse parte integrante del
Anexo V “NORMAS DE PERFILAJE PARA LAS EMPRESAS PETROLERAS” de la Resol. 778/96, y de su
texto ordenado Resol. 52/20 ambas del H.T.A.
2. Modifíquese e incorpórese como párrafo segundo del Art. 2 - ALCANCE, del REGLAMENTO DE
CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“…Empresas de servicios y normativa de control y régimen sancionatorio.”.
3. Modifíquese y amplíese el párrafo primero del Art. 4.2 - CRITERIO DE DISEÑO (pozos a convertir), del
REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Todos los pozos que se conviertan a inyectores, deberán asegurar la hermeticidad de la instalación. Para lo
cual deberán contar con un informe de clasificación ambiental solicitado por la autoridad competente…”.
4. Modifíquese y deróguese el párrafo tercero del Art. 4.3 - CONTROL DE POZOS INYECTORES
INACTIVOS, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, quedando
redactado de la siguiente manera:
“Todo pozo inyector que no se encuentre inyectando y no tenga un programa de intervención inminente,
deberá estar físicamente desvinculado de su línea de inyección. Todas las cañerías y/o accesorios que no
estén conectados, deberán estar aislados con bridas ciegas o tapones.
Se deberá monitorear periódicamente el estado de integridad de la boca de pozo reportando potenciales
estados de corrosión en válvulas y accesorios, pérdidas u otras anormalidades detectadas. Asimismo, se
deberá monitorear el estado de la locación y el área adyacente al pozo reportando cualquier anormalidad
(humedad, limpieza, accesibilidad, etc.).”
5. Modifíquese el cuadro de CONTROL/FRECUENCIA/TIPO DE REGISTRO e incorpórese el párrafo
segundo y tercero del Art. 4.4.1 - CONTROLES OPERATIVOS, del REGLAMENTO DE CONTROL Y
MONITOREO DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“…
VER CUADRO CORRESPONDIENTE A ESTE ARTÍCULO EN EL ANEXO A).
Las empresas operadoras, deberán presentar en carácter de declaración jurada un reporte según la tabla en
Subanexo II (consolidado mensual), en donde se solicitarán datos actualizados de todos los pozos
inyectores, tantos activos como inactivos y su volumen de inyección mensual. El envío de información se
realizará de manera mensual, siguiendo el esquema de presentación establecido en el Subanexo II (registro
– Consolidado Mensual), enviando al correo: pozosinyectoresdgi@irrigación.gov.ar (este correo puede ir
actualizando su dominio, por lo que la empresa deberá ponerse en conocimiento de las actualizaciones de
las direcciones de correo actuales).
Las empresas operadoras deberán declarar la totalidad de los pozos inyectores activos e inactivos que
posean en su ámbito de aplicación, con la condición correspondiente.”
6. Modifíquese el párrafo primero y segundo del Art. 4.4.2 - PERFIL DE TRANSITO DE FLUIDOS, del
REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de
la siguiente manera:
“Esta herramienta deber contener al menos los siguientes datos: estanqueidad de fondo, hermeticidad de los
packers, on-off y determinar caudal admitido por punzado y ubicación de los punzados.
Para esta prueba se podrá utilizar spinner para el cálculo de caudales en los distintos tramos de pozo…”
7. Modifíquese y amplíese el párrafo primero del Art. 4.4.3. - PRUEBA DE HERMETICIDAD, del
REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“La presión a alcanzar para validar la Prueba de Hermeticidad es 20 kg/cm2, durante 15 minutos…”
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
8. Modifíquese los párrafos décimo y onceavo e incorpórese el doceavo del Art. 4.4.3.1. - Procedimiento
para realizar la prueba de hermeticidad, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS
INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“…Las empresas operadoras deberán contar con al menos una prueba de hermeticidad en todos los pozos
inyectores activos dentro del ámbito provincial, dentro del último año vigente.
En el caso de que la prueba realizada al pozo de negativa, el pozo perderá su categoría actual quedando el
mismo en categoría 4. Se deberá ejecutar el paro de inyección y desvinculación del mismo. Debiendo ser
informado inmediatamente al DGI. El pozo deberá categorizarse como inactivos y realizar mediciones según
los requerimientos de los pozos inyector inactivos hasta su reparación.
En caso que el pozo posea PH negativa y la empresa necesite continuar inyectando; la empresa podrá
solicitar la inyección condicional mediante pedido escrito al DGI, presentando un Perfil de Transito de Fluidos
con fecha posterior a la fecha de la PH negativa, con el fin de realizar un informe de evaluación de integridad
que verifique la correcta inyección, y un cronograma de reparación que comprenda un tiempo máximo de
180 días corridos desde la fecha del PTF mencionado anteriormente. Siendo responsabilidad de la empresa
informar el estado final del pozo, en un plazo de 10 días corridos desde la fecha de prueba de hermeticidad
negativa,”
9. Modifíquese el Art. 4.4.3.2. - Registro de Prestadores de Servicios, del REGLAMENTO DE CONTROL Y
MONITOREO DE POZOS INYECTORES, quedando redactado de la siguiente manera:
“Las empresas que provean servicios de todas las pruebas solicitadas para el proceso de clasificación
ambiental deben inscribirse en el registro de empresas de servicios. Ver Formulario de inscripción
(SubAnexo III).
Condiciones necesarias para prestar servicios:
Las empresas deberán acreditar experiencia en el rubro, contar con equipamiento adecuado para la
realización de cada prueba y personal con calificación para realizar dichas pruebas. Se presentará la
información respaldatoria en la inscripción en el DGI.
La empresa deberá contar con un domicilio legal electrónico y/o real en la provincia de Mendoza y proveer
un domicilio fiscal electrónico de forma obligatoria.
La empresa deberá presenta antecedentes de trabajos en la industria específica.
Para ser habilitadas las empresas deber cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentaciones obligatorias: nota con solicitud de inscripción en el listado de empresas de servicios
petroleros.
- Formulario de DDJJ con documentos que avalen la información declarada.
Presentaciones: una vez habilitada la empresa de servicios podrá realizar pruebas a las empresas
operadoras,
los
cuales
deberán
ser
presentadas
al
DGI
mediante
correo
electrónico
(pozosinyectoresdgi@irrigación.gov.ar) con un plazo máximo de 7 días hábiles desde su realización. El
incumplimiento de este requisito puede derivar en sanciones y hasta inhabilitación temporal o permanente
de la autorización por parte del DGI, siendo la empresa operadora solidariamente responsable.”
10. Modifíquese e incorpórese el párrafo tercero al Art. 4.4.4. - CONTROL DE PRESIÓN EN ESPACIO
ANULAR (PEC), del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“…Todo pozo que posea PEC distinto de 0 (cero), pasará automáticamente a la categoría 3 de la
clasificación ambiental. En este caso, quedará a postead del Departamento General de Irrigación la solicitud
de cierre del pozo (hasta estar intervenido y reparado) en función de la sensibilidad ambiental de la zona.”
11. Modifíquese y amplíese la sección Proceso de Clasificación Ambiental. Atributos. del Subanexo I, del
REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, quedando redactada de la
siguiente manera:
“Para determinar la clasificación ambiental, es necesario valorizar cada uno de los atributos que se
describen a continuación, en función del estado en que se encuentran en cada uno de los pozos inyectores.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Con el fin de identificar aquellos pozos inyectores que eventualmente puedan afectar el acuífero de interés,
se definen los siguientes atributos que se consideran representativos del riesgo ambiental:
a) Cementación de la cañería guía o 1º barrera: de ahora en más “Guía”, se toma en consideración en este
punto la calidad de la cementación de la cañería, a partir de la evaluación del perfil de cemento.
b)Hermeticidad del casing o 2º barrera: de ahora en más casing, se refiere a una prueba de presión cuyo fin
es verificar la integridad del casing. El resultado de esta prueba permitirá alertar rápidamente sobre posibles
fallas en la instalación.
c)Integridad de la instalación de inyección o 3º barrera: de ahora en más “Tubing/Packer”, consiste en
determinar su integridad por medio del perfil de tránsito de fluidos (marcación con trazador y/o medidor de
flujo a hélice “spiner”) con el fin de detectar pérdidas por el tubing o por el packer. Desde el punto de vista
ambiental, los datos que se consideran relevantes son el estado del tubing desde boca de pozo hasta el
packer de la instalación.
d)Punzados cementados o roturas cementadas por encima del packer superior: Este atributo considera la
pérdida de integridad mecánica del casing por rotura o perforación.
e) Aislación desde el techo del último punzado hasta la cañería guía entre el casing y la formación: Este
atributo se evalúa a partir del perfil de cemento.
f) Corrosión severa con agujeros por encima del packer superior: Este atributo considera la pérdida de
integridad mecánica del casing por corrosión.
g) Presentaciones de perfiles actualizados: este atributo permitirá establecer una clasificación adecuada con
datos actualizado de los pozos.”
12. Modifíquese los cuadros Matriz de CLASIFICACIÓN AMBIENTAL POZOS INYECTORES de la sección
de Determinación de la Clasificación Ambiental del Subanexo I, del REGLAMENTO DE CONTROL Y
MONITOREO DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“…
VER LOS CUADROS CORRESPONDIENTES A ESTE ARTÍCULO EN EL ANEXO B).
13. Modifíquese la tabla de la sección de Métodos de monitoreo y control del Subanexo I, del
REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, la que quedará redactada de la
siguiente manera:
“…Pozos Categoría 1:
• Mediciones de Tránsito de fluido/Spiner: Mínimo 1 vez cada 2 años.
• Pruebas de Hermeticidad: Mínimo 1 vez por año.
Pozos Categoría 2:
• Mediciones de Tránsito de fluido/Spiner: Mínimo 1 vez por año.
• Pruebas de Hermeticidad: Mínimo 1 vez por año.
Pozos Categoría 3:
• Mediciones de Tránsito de fluido/Spiner: Mínimo 1 vez cada 6 meses.
• Pruebas de Hermeticidad: Mínimo 1 vez cada 4 meses.
Pozos Categoría 4:
Parada de pozo inmediata y reparación urgente.
Pozos tubingless:
Un PTF por año.”
14. Incorpórese el Art. 5 - PERFIL DE CEMENTACIÓN, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO
DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Se realizará la evaluación del anillo de cemento, que debe existir, entre la cañería guía y ell primer
punzado.”
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15. Incorpórese el Art. 6 - PERFIL DE CORROSIÓN, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE
POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Las empresas deberán presentar un perfil de corrosión a partir de los 5 años de perforados y con una
periodicidad de, al menos, 3 años. Considerando la necesidad de intervención del pozo.”
16. Incorpórese el Art. 7 - POZOS TUBINGLESS al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO DE
POZOS INYECTORES el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Son pozos que carecen de tubing o el mismo ha sido cementado por entre columna tubing/packer, en
ambos casos no puede realizarse la prueba de hermeticidad, por tanto, en estos pozos la prueba de tránsito
de fluidos o spinner deberá realizarse en forma anual.”
17. Incorpórese el Art. 8 - POZOS CON INYECCIÓN DE POLÍMEROS, al REGLAMENTO DE CONTROL Y
MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Estos son pozos de recuperación terciaria, que inyectan junto con el agua polímeros, estos pozos tendrán el
mismo tratamiento que un pozo inyector convencional.”
18. Incorpórese el Art. 9 - TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES, al REGLAMENTO DE
CONTROL Y MONITOREO DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera:
·“Pozos nuevos: son todos aquellos pozos perforados nuevos, ya sea para, explotación, avanzada,
desarrollo, sumideros o inyectores. Estos deberán cementar la cañería guía en su totalidad (desde el zapato
hasta superficie) con la longitud adecuada o mediante punzado auxiliar y cementación a presión asegurando
la correcta aislación de los acuíferos. (ver Anexo)
· Pozos inyector activos: Es aquél pozo que está siendo utilizado para la inyección de agua en proyectos de
recuperación secundaria y/o Asistida (Polímeros, Geles, otros) y que es utilizado en actividades en
actividades relacionadas a la inyección y/o sumidero, con agregado o no de polímeros. Inclusive cuando
temporariamente pudiera encontrarse fuera de actividad en razón de la realización de tareas de
mantenimiento u otras vinculadas a la continuidad de su utilización.
· Pozos inactivos: considérese como aquellos pozos que, en sus distintos estados: En Estudio (ES), A
Abandonar (AA), Parado Transitoriamente (PT), En Reparación (ER), En Espera de Reparación (EER), En
Reserva de Gas (ERG), en Reserva Para Recuperación Secundaria (RRSA), Mantenimiento de Presión
(MP) y otras Situación Inactivo (OCI,) en los que la producción o inyección no ha comenzado o ha cesado
por razones comerciales, técnicas u operativas por un lapso de 12 meses.
· Pozos Tubing less: considérese aquellos pozos los cuales fueron construidos o convertidos que no
presentan espacio anular entre casing y tubing.
· Pozos a convertir: son todos aquello pozos que pasarán a realizar inyección o como pozo sumidero. El
mismo deberá asegurar la hermeticidad de la instalación. Todos los pozos deberán contar con tubing, casing
y guía para el monitoreo de presiones. Para aquellos pozos con diseño “tubing less” sólo se instalará
manómetro en casing y guía.
· Clasificación Ambiental: evalúa la integridad del pozo inyector en función de los perfiles actualizados de
cada pozo.”
19. Incorpórese el Art. 10 - REPARACIONES DE POZOS, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO
DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Si un pozo inyector, ya sea activo o inactivo, requiere una intervención o reparación; la empresa operadora
deberá comunicar al DGI (Departamento General de Irrigación) mediante la presentación de un plan de
intervención y un cronograma detallado.
Asimismo, una vez culminadas las reparaciones, la empresa deberá realizar las pruebas necesarias para
verificar la integridad de las barreras del pozo y asegurar su correcto funcionamiento y su posterior aviso
formal al DGI para la re categorización del pozo.
El DGI, tras verificar la integridad de las barreras del pozo, procederá a emitir autorización de inyección del
pozo.”
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20. Modifíquese los párrafos del quinto y sexto, derogando párrafos séptimo a décimo de la Documentación
requerida para la Evaluación Ambiental del Subanexo I, del REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO
DE POZOS INYECTORES, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“…La empresa operadora será responsable de presentar toda la documentación necesaria para mantener
actualizado las clasificaciones ambientales de los pozos inyectores, según se establezca en base de datos
del DGI. Siendo solidariamente responsable de las presentaciones de PH, PTF y mediciones de niveles.
Toda la información puede ser remitida por mesa de entrada a través de sus canales de comunicación o por
correo electrónico a pozosinyectoresdgi@irrigación.gov.ar.”
21. Incorpórese el Subanexo I.1 de POZOS INACTIVOS, al REGLAMENTO DE CONTROL Y MONITOREO
DE POZOS INYECTORES, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Clasificación ambiental. Atributos.
Con el fin de identificar aquellos pozos inyectores inactivos que eventualmente puedan afectar el acuífero de
interés, se definen y describen los siguientes atributos que se consideran representativos del riesgo
ambiental:
a) Cementación de la cañería guía o 1º barrera: de ahora en más “Guía”, se toma en consideración en este
punto la calidad de la cementación de la cañería, a partir de la evaluación del perfil de cemento.
b) Punzados cementados o roturas cementadas por encima del packer superior: Este atributo considera la
pérdida de integridad mecánica del casing por rotura o perforación.
c) Aislación desde el techo del último punzado hasta la cañería guía entre el casing y la formación: Este
atributo se evalúa a partir del perfil de cemento.
d) Corrosión severa con agujeros por encima del packer superior: Este atributo considera la pérdida de
integridad mecánica del casing por corrosión.
e) Variaciones del nivel del pozo respecto a la acuífera: Este atributo tiene en cuenta la capacidad del pozo
de llegar a zona de acuíferas, se evalúa el nivel estático del pozo a través de ecometría. en el caso de que
no se conozca la profundidad del acuífero se tomará como parámetro una profundidad 200 mbbp.
Tabla de clasificación ambiental de pozos inyectores inactivos y categorías
Para determinar la clasificación ambiental, es necesario valorizar cada uno de los atributos antes descriptos,
en función del estado en que se encuentran en cada uno de los pozos inyectores, de acuerdo a la siguiente
ponderación.
VER LOS CUADROS CORRESPONDIENTES A ESTE ARTÍCULO EN EL ANEXO C).
Monitoreo y control de pozos inyectores inactivos
En función de la clasificación ambiental es necesario realizar el monitoreo y control de los pozos inactivos de
acuerdo al riesgo potencial a afectación del acuífero.
Cada clasificación tiene asociado un método de monitoreo y control que se resumen en la siguiente tabla:
Pozos Categoría 1:
• Mediciones de nivel: Mínimo 1 vez por año.
Pozos Categoría 2:
• Mediciones de nivel: Mínimo 1 vez cada 6 meses.
Quedando a potestad del DGI solicitar el cegado definitivo del pozo por riesgo de afectación ambiental.”.
22. Modifíquese y amplíese el Art. 4 de la Resol. 81/18 del H.T.A., el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Los incumplimientos que se detecten a la presente serán objeto de las sanciones previstas en la Resol.
778/96, modificatorias, y en su texto ordenado Resol. 52/20 todas del H.T.A. A los fines de la constatación de
los hechos, se tendrán por válidas las Actas de Inspección labradas por la Dirección de Gestión y
Fiscalización Ambiental o por personal del DGI, en forma conjunta o indistinta. En todos los casos se
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otorgará oportunidad de descargo y se dará cumplimiento, en lo pertinente, al procedimiento de fiscalización
previsto en la Resol. 778/96 HTA, modificatorias, y en su texto ordenado Resol. 52/20 todas del H.T.A”.
23. Aprobar el texto ordenado del Anexo V de la Resol. 52/20 del H.T.A. el que forma parte integrante de la
presente como Anexo.
24. Toda referencia a la Dirección de Protección Ambiental debe entenderse realizada a la actual Dirección
de Gestión y Fiscalización Ambiental, o bien al organismo que la reemplace en el futuro.
25. Déjese expresamente establecido que la documentación e información requerida por la presente no
exime a las empresas de presentar la documentación e información que sea solicitada por las autoridades
competentes.
26. Invitar al Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de las Direcciones respectivas, a
integrar una mesa de trabajo conjunta con la Dirección de Gestión Ambiental de éste D.G.I., con el objetivo
de coordinar las acciones respectivas en el marco de las competencias que corresponden a cada
Organismo.
27. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Organismo. Hecho pase a
Superintendencia para su toma de razón y cumplimiento, por sus áreas específicas notifíquese a las
empresas operadoras y/o concesionarias, a las empresas prestadoras de servicio de la Provincia de
Mendoza, a la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial y a
la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo, a sus efectos.
Fdo: Victor Omar Sorroche, consejero Río Tunuyán Superior H.C.A. y H.T.A., presidente H.C.A. y
H.T.A; Lic. Gustavo Andrés Ruiz, consejero Río Diamante H.C.A. y H.T.A.; Ing. Agr. Alejandro Gennari,
consejero Río Mendoza H.C.A. y H.T.A.; Sr. Leonardo O. Viñolo, consejero Río Atuel H.C.A. y H.T.A.;
Sr. Eloy Guerrero, consejero Río Tunuyán Inferior H.C.A. y H.T.A.; Ing. Agrim. Sergio L. Marinelli,
Superintendente General de Irrigación; Dr. Leonardo Ruben Muzzino, secretario del H.C.A. y H.T.A.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
@@GRPG_7@@
ORDENANZAS
MUNICIPALIDAD LAS HERAS
Ordenanza N°: 34
VISTO:
Que la Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo, Límites, Mercosur Trasandino y Cooperación
Regional, ha considerado el Expediente Electrónico EE-1440-2026, referente aceptación de donación sin
cargo, iniciado por la Señora Liliana Gladys de Piccolo, la superficie de terreno correspondiente ensanche de
Calle Domingo Matheu y.-
CONSIDERANDO:
Que evaluadas las circunstancias de la pieza administrativa, resulta:
Que la Señora Liliana Gladys de Piccolo, titular del dominio, D.N.I:16.102.708, CUIL/T: 27-16.102.708-7,
viene a realizar el ofrecimiento de donación de terreno sin cargo a favor de la Municipalidad de Las Heras.-
Que el inmueble se encuentra ubicado en la Provincia de Mendoza, Departamento de Las Heras, Distrito El
Resguardo, con frente a calle Domingo Matheu Nº 846, y comprende una superficie afectada al ensanche de
dicha calle.-
Que la superficie, según mensura, es de Doscientos Doce Metros Con Veintitrés Decímetros Cuadrados
212,23 m² y, según título, de Doscientos Quince Metros Con Dieciséis Decímetros Cuadrados 215,16 m².-
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que el inmueble se encuentra identificado con Nomenclatura Catastral N.º 032516679636826300002,
Padrón Territorial N.º 03-7933969 y Padrón Municipal N.º 205962.-
Que la inscripción de dominio corresponde al Folio Real, Matrícula N.º 67845/3, Matrícula N.º 030067845,
Asiento A-1, Departamento de Las Heras, con fecha de inscripción 21/03/1989 y fecha de escritura
02/03/1989.-
Que en el orden 6 obra la Escritura N.º 67, correspondiente al estado de división de condominio y
adjudicación de dominio.-
Que asimismo, en el orden 14, la Dirección de Catastro detalla las medidas perimetrales, superficie y
linderos del inmueble.-
Que en el orden 16 obra el ofrecimiento de donación efectuado por la oferente, debidamente certificado por
escribana pública.-
Que por otra parte, en el orden 21, el Registro de la Propiedad Raíz y Archivo Judicial de la Provincia de
Mendoza emite el informe correspondiente, del cual surge que la señora Del Piccolo no se encuentra
inhibida y que el inmueble no posee gravamen alguno.-
Que en virtud de la documentación obrante en el expediente de referencia, y habiéndose cumplido con los
requisitos exigidos por la Ordenanza N.º 100/12, conforme a las facultades conferidas por el artículo 71.º de
la Ley N.º 1079, este Órgano Legislativo procede a dictar la norma legal correspondiente.-
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HERAS
ORDENA
ARTICULO 1º: Aceptar la donación sin cargo efectuada por la señora Liliana Gladys de Piccolo, titular del
dominio, D.N.I:16.102.708, CUIL/T: 27-16.102.708-7, a favor de la Municipalidad de Las Heras,
correspondiente a un inmueble ubicado en la Provincia de Mendoza, Departamento de Las Heras, Distrito El
Resguardo, con frente a calle Domingo Matheu N.º 846, destinado al ensanche de dicha calle, el inmueble
posee una superficie, según mensura, de Doscientos Doce Metros Con Veintitrés Decímetros Cuadrados
212,23 m² y, según título, de Doscientos Quince Metros Con Dieciséis Decímetros Cuadrados 215,16 m².
Asimismo, se encuentra identificado con Nomenclatura Catastral Nº032516679636826300002, Padrón
Territorial Nº 03-7933969 y Padrón Municipal Nº 205962, con inscripción de Dominio en Folio Real, Matrícula
Nº 67845/3, Matrícula Nº 030067845, Asiento A-1, Departamento de Las Heras, con fecha de inscripción
21/03/1989 y fecha de escritura 02/03/1989. De conformidad con las medidas perimetrales, superficies y
linderos informados por la Dirección de Catastro, el inmueble presenta el siguiente detalle:
Ensanche de calle Domingo Matheu: Superficie según mensura (S/M): 212,23 m². Superficie según título
(S/T): 215,16 m².-
Ancho de calle: 20,00 m.
Límites:
Norte: con más terrenos del donante, fracción, en 48,34 m.
Sur: con calle Domingo Matheu, en 48,28 m.
Este: con calle Domingo Matheu, en 4,79 m.
Oeste: con calle Domingo Matheu, en 4,00 m.
TOTAL, SUPERFICIES OFRECIDAS EN DONACIÓN S/M S/T
TOTAL : 212,23m2 215,16m2
ARTÍCULO 2º: La Escribana Municipal deberá gestionar la correspondiente inscripción del dominio ante el
Registro de la Propiedad y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza, conforme a lo establecido por el
artículo 1552 del Código Civil.-
ARTÍCULO 3º: Notifíquese la presente Ordenanza a la Señora Liliana Gladys de Piccolo, en su Domicilio
real en calle Domingo Matheu N.º 846, haciendo entrega de una copia de la misma.-
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
ARTÍCULO 4º: Tomen conocimiento de la presente Ordenanza la Intendencia, la Asesoría Técnica y Legal, la
Dirección de Asuntos Legales, la Dirección de Obras Privadas y demás reparticiones que correspondan.-
ARTICULO 5º: Comuníquese, dese al Departamento Ejecutivo, al libro de Ordenanzas y Archívese.-
DADA EN LA SALA CULTURAL MALVINAS ARGENTINAS, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
2026
NOELIA DELPIR
Presidenta
PAULA ZELAYA
Secretaria
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
@@GRPG_8@@
DECRETOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD LAS HERAS
Decreto Municipal N°: 1162
CIUDAD DE LAS HERAS, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VISTO:
EE 1440-2026 y la Ordenanza Municipal N° 34/2026 del H.C.D., y
CONSIDERANDO:
Que, por la misma, el Honorable Concejo Deliberante ordena aceptar la donación sin cargo efectuada por la
señora Liliana Gladys de Piccolo, titular del dominio, D.N.I:16.102.708, CUIL/T: 27-16.102.708-7, a favor de
la Municipalidad de Las Heras, correspondiente a un inmueble ubicado en la Provincia de Mendoza,
Departamento de Las Heras, Distrito El Resguardo, con frente a calle Domingo Matheu N.º 846, destinado al
ensanche de dicha calle, el inmueble posee una superficie, según mensura, de Doscientos Doce Metros Con
Veintitrés Decímetros Cuadrados 212,23 m² y, según título, de Doscientos Quince Metros Con Dieciséis
Decímetros Cuadrados 215,16 m². Asimismo, se encuentra identificado con Nomenclatura Catastral
Nº032516679636826300002, Padrón Territorial Nº 03-7933969 y Padrón Municipal Nº 205962, con
inscripción de Dominio en Folio Real, Matrícula Nº 67845/3, Matrícula Nº 030067845, Asiento A-1,
Departamento de Las Heras, con fecha de inscripción 21/03/1989 y fecha de escritura 02/03/1989. De
conformidad con las medidas perimetrales, superficies y linderos informados por la Dirección de Catastro.
Que luego de analizado el particular, corresponde promulgar la Ordenanza N° 34/26, emitida en fecha 03 de
septiembre de 2026.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º.- Promúlguese la Ordenanza Nº 34/26, emitida por el Honorable Concejo Deliberante, en fecha 03
de septiembre de 2026.-
Artículo 2º.- El presente decreto será firmado por el Intendente Municipal y refrendado por el señor
Secretario Legal y Técnico, conforme al Art. 102 de la Ley 1079.-
Artículo 3º.- El presente decreto es controlado formalmente por el Secretario Legal y Técnico.
Artículo 4º.- Tomen conocimiento Intendencia Municipal, Secretaría de Hacienda, Secretaria Legal y Técnica,
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Catastro, Escribanía Municipal.
Artículo 5º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
FRANCISCO LO PRESTI
Intendente
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
DR. MAURO HOMAN
Secretario Legal y Técnico
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
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RESOLUCIONES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD LAVALLE
Resolución Municipal N°: 1129
LAVALLE, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VISTO:
Que es necesario realizar un movimiento entre Partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
en vigencia, a los fines de continuar con el trámite administrativo adecuado a la prestación de los servicios
efectuados por el Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que se estima un incremento en la recaudación en la partida Recursos Corrientes - De Otras Jurisdicciones
- Participaciones, de $ 260.000.000,00 (pesos: doscientos sesenta millones con 00/100).
Que en el Presupuesto Municipal para el año 2.026, Ordenanza Nº 1283/2026; Decreto Municipal Nº 5/26),
faculta al Departamento Ejecutivo a disponer las reestructuraciones y modificaciones que consideren
necesarias, dentro de una misma Jurisdicción, siempre que no se altere el total del Presupuesto de Gastos;
Que en consecuencia corresponde incorporar las partidas de ingresos y egresos pertinentes del
Presupuesto Municipal;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ART.1º) - Increméntese la partida: RECURSOS CORRIENTES – DE OTRAS JURISDICCIONES –
PARTICIPACIONES, en la suma $ 260.000.000,00 (pesos: doscientos sesenta millones con 00/100).
ART. 2º) – Increméntese la partida: EROGACIONES CORRIENTES - OPERACIONES – SERVICIOS, en la
suma de $ 260.000.000,00 (pesos: doscientos sesenta millones con 00/100).
ART. 3 º) - Por la Dirección de Coordinación de Comunicación Pública efectúese la publicación de estilo y
por Dirección de Hacienda tómese conocimiento a los efectos de su implementación.
ART. 4 º) - Notifíquese al Concejo Deliberante de Lavalle, conforme imperio de la Ordenanza 1.283/2.026 y
Decreto 5/26.-
ART.5º) - Cúmplase y dése al Digesto Municipal.
EDGARDO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL
SEBASTIAN ORIBE
SECRETARIO DE HACIENDA
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 24 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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