DECRETOS

Decreto Nº 1768

Fecha de publicación
24 de septiembre de 2026
Fecha de la norma
27 de agosto de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.684 · páginas 50–53
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1768 MENDOZA, 27 DE AGOSTO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-01389344-GDEMZA-ASCAPITAL#MSDSYD y sus asociados EX-2025- 05212913—GDEMZA-SEGE#MSDSYD y EX-2025-08675489—GDEMZA-SEGE#MSDSYD en el cual se tramitó sumario administrativo a la Dra. LORENA SILVANA GONZALEZ, por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones; y CONSIDERANDO: Que en orden 28 obra Resolución N° 1176/25 del Ministerio de Salud y Deportes mediante la cual se instruyó sumario administrativo a la Dra. González por encontrarse prima facie en trasgresión a lo establecido por loa Arts. 69 y 70 de la Ley Nº 7759; Que en orden 33 rola notificación a A.M.Pro.S.; Que en orden 35 obra cédula de notificación de Audiencia Indagatoria diligenciada y en orden 37 rola Acta de Indagatoria, conforme a la cual la sumariada se abstiene de declarar, constituye domicilio legal electrónico y solicita copia del expediente; Que en orden 44 obra dictamen de cierre del Instructor Sumariante sugiriendo aplicar a la Dra. González la sanción de CESANTÍA de acuerdo a lo normado por Artículo 85 inc. 2) de la Ley Nº 7759 por transgredir lo establecido en el Artículo 69 inc. a) del Convenio Colectivo de Trabajo ratificado por Ley Nº 7759; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en orden 46 consta notificación para presentación de Alegatos. En Orden 55 la sumariada presenta alegatos. En orden 62 se agrega opinión del Consejo Deontológico Médico que sugiere idéntica sanción y en orden 64 se expide la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina de los Profesionales de la Salud, que por unanimidad sugiere la sanción de SUSPENSIÓN por TREINTA (30) DÍAS. Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Artículo 94 del Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud ratificado por Ley Nº 7759 y se han respetado las garantías previstas en el Artículo 76 de la misma norma considerando que la profesional contó con defensor letrado; Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo sancionador radica en el interés de índole pública, cuya  gestión, se encomienda a la organización administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, oportunidad y con sujeción al orden jurídico; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “La responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública. Se hace efectiva a través de la potestad sancionatoria de la Administración Pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos”; Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable de autoridad jerárquica autónoma; Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad pública; Que de tal forma que, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados; Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de la sanción aplicada; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “…en lo atinente a aquellos actos mediante los cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que, en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores en juego.”; Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante y la Junta de Disciplina interviniente según el régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el procedimiento administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la exención de responsabilidad; como la actividad instructoria no es de esencia jurisdiccional, no puede afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor.” Y Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial “Los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en definitiva, aún cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”; Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra SCJM: “La naturaleza de la actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de Disciplina es la de dictaminar, aconsejando a la autoridad municipal que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan calificarse como actos administrativos productores de efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de los empleados.”; Que asimismo, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia sancionatoria; Que el sumario tramitado se origina en razón de la solicitud de la Jefa de Sección de Recursos Humanos del Aérea Sanitaria de Capital, respecto a controlar la veracidad en la confección y el estado de habilitación del profesional firmante respecto de dos (02) certificados presentados por la Dra. Lorena González los que constan en órdenes 3 y 4. En orden 06 obra informe del Departamento de Matriculaciones y Certificación de Firmas, dando cuenta de la inexistencia de similitud de las firmas insertas en los certificados de órdenes 3 y 4 y la obrante en registros. En orden 18 obra declaración testimonial de la profesional firmante, quien reconoce contenido y firma del certificado de fecha 13/1/2025 que obra en IF-2025-01393010-GDEMZA- ASCAPITAL#MSDSYD y no reconoce contenido ni firma del certificado del 3/2/2025; Que tanto la defensa como los alegatos fueron presentados mediante representante legal que no acreditó en debida forma la representación invocada a tenor del Artículo 120 de la Ley Nº 9003, sin perjuicio de haber sido emplazado al efecto, al igual que la sumariada; Que efectivamente se encuentra acreditado que la sumariada presentó un certificado médico apócrifo a fin de justificar su ausencia del 3/2/2025. Abreva tal afirmación la declaración de la médica firmante, la inexistencia de pruebas que sustenten lo alegado por la defensa de la sumariada y la circunstancia de que en ningún momento niega la encartada haber presentado tal certificado, sólo indica que no tuvo intención de falsificar o adulterar instrumento alguno; Que en el caso se endilga a la sumariada la presentación de certificado médico apócrifo, no su adulteración o falsificación. En tal sentido, el quebrantamiento del deber básico de obrar honestamente, en el que radica la confianza de la Administración respecto de su empleada, producido mediante la utilización de un certificado médico apócrifo supone una falta grave susceptible de sanción. En consecuencia, si la agente se encontraba en un estado que le impedía discernir, o carecía del libre ejercicio de su voluntad, no se advierte cómo pudo tener la conciencia de que el certificado adulterado debía utilizarlo para el 3/2/2025 en que se ausentó de su trabajo y no otro día; Por ello, en razón de lo expuesto precedentemente, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Aplíquese la sanción de Cesantía a la Dra. LORENA SILVANA GONZALEZ, DNI Nº 23.432.752, CUIL Nº 27-23432752-1, de acuerdo a lo establecido por el Art. 85 de la Ley Nº 7759, por haber transgredido con su conducta lo previsto en el Art. 69 inc. 1 de la Ley mencionada, de conformidad con lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.) @@GRPG_4@@