DECRETOS
Decreto Nº 1533
- Fecha de publicación
- 24 de septiembre de 2026
- Fecha de la norma
- 31 de julio de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.684 · páginas 47–50
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1533
MENDOZA, 31 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-07155921--GDEMZA-GOBIERNO y su asociados EX-2025-06422563-
GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD en el cual la agente STELLA MARIS SOTO interpone Recurso de
Alzada en contra de la Resolución Nº 813/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis. C. Lagomaggiore”;
y
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
CONSIDERANDO:
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según
lo establecido en el Art. 184 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que de las actuaciones surge que, con fecha 18/7/2024 la recurrente fue notificada de la baja de su Contrato
de Locación de Servicios, en razón del informe de desempeño efectuado por la Jefa de Sección de Clínica
Médica del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, señalando en el acto su disconformidad;
Que en su libelo recursivo la recurrente señala que fue contratada el 15 de abril de 2020 como enfermera en
el Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, desempeñándose en distintos servicios por un lapso de más de cuatro
años, sin queja alguna ni sanción. Sostiene que repentinamente, sin oportunidad de defensa alguna se
presenta un informe de fecha 4/7/2024, lapidario y falso, que le atribuye falta de destreza, dispersión, falta
de concentración y predisposición;
Que la Resolución impugnada consideró que la Jefa de Sección de Clínica Médica del Hospital “Luis C.
Lagomaggiore”, haciendo una valoración de desempeño de distintos ítems, concluyó que la recurrente no
cumple con las normativas del servicio a pesar de su larga estadía en Clínica Médica y que no da el perfil
para lo requerido, entorpeciendo el trabajo del equipo de salud. Estimó que si bien la notificación del
18/7/2024 se trató de un acto de mero trámite, resulta susceptible del recurso de revocatoria. Sostiene que,
ante el incumplimiento en la correcta prestación de servicios, por aplicación de las Resoluciones de
Directorio Nros. 27/05 y 533/11 del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, éste se encuentra facultado para no
renovar la contratación. Expresa además que la indemnización solicitada en base a la Ley Nº 25.164 no
resulta aplicable, no existiendo analogía en el ámbito provincial;
Que “El recurso de alzada, sólo procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro
objeto que el control de la legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la
declaración, pero no modificarla, reformarla o sustituirla.”, tal como lo indica el Art. 185 de la Ley Nº 9003;
Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada
por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de
acuerdo al Artículo 29 de la Ley Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos
relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con arreglo a las
normas que regulan el procedimiento administrativo.”;
Que la recurrente acusa vicio de la voluntad previa en la emisión del acto según Art. 60 inc. a) y b) y Art. 61
de la Ley Nº 9003, vicio en la forma por errónea valoración de las pruebas y falta de motivación y
arbitrariedad;
Que la situación planteada no se origina en un procedimiento sancionatorio sino en un informe de evaluación
de desempeño y capacitación, realizado por la Jefatura de Sección donde prestaba servicios la recurrente;
Que en la evaluación se tuvieron en cuenta distintos aspectos, recibiendo valoraciones positivas en algunos
de ellos y negativas en otros. Con base a tales valoraciones la Jefatura concluyó en que la prestadora no
cumplía con las normativas del servicio “a pesar de su larga estadía en Clínica Médica, no da el perfil para lo
requerido en el servicio, entorpeciendo el trabajo del equipo de salud, poniéndola a disposición para
salvaguardar la salud e integridad de los pacientes”, sugiriendo el cambio de servicio a uno de menor
complejidad;
Que sin perjuicio de que la evaluación de desempeño no se encuentra regulada para los prestadores de
servicio bajo la modalidad de locación o PPMI, su práctica corresponde al lógico ejercicio de la facultad de
dirección y organización de los servicios destinado a alinear el trabajo individual con las metas de la
organización. De tal forma que, no se inscribe en el marco de un procedimiento disciplinario, sino en la
valoración del rendimiento, a diferencia de éste último que se encamina a investigar una falta disciplinaria.
Es en definitiva una herramienta de gestión. En tal contexto, el informe desfavorable no implica la imputación
de una falta susceptible de sanción;
Que aclarado ello, es menester recordar que a diferencia de la relación de empleo público sujeta al régimen
de la Ley Nº 7897, que comprende al personal de planta, la contratación mediante locación de servicios,
incluidas las denominadas Prestaciones Indispensables, no otorga derecho a la estabilidad al prestador,
pudiendo extinguirse la contratación por rescisión contractual o por vencimiento del término del contrato.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Tales condiciones son puestas en conocimiento del contratante y aceptadas por éste en su oportunidad,
junto a las cláusulas que componen las reglas aplicables a la relación;
Que es decir que, si en ejercicio de la facultad de dirección y organización, el efector realizó una evaluación
de desempeño que arrojó resultados desfavorables para la contratada, efectuados los análisis pertinentes
pudo resolver rescindir la contratación. Dicho proceso no es análogo al disciplinario como pretende la
interesada, por lo que no requiere la presentación de defensa y alegatos, sin perjuicio de su derecho a
reclamar como lo ha hecho mediante el recurso de revocatoria por no consentir la causa invocada para la
baja dispuesta;
Que asimismo, debe considerarse que, en ocasión de tramitarse el mentado recurso, la recurrente tuvo
oportunidad de ejercer su derecho de defensa y aportar pruebas, las cuales se sustanciaron conforme a la
diligencia que la misma desplegó para su producción. Así, se advierte que propuso dos testigos, habiéndose
reprogramado una de las audiencias a solicitud del letrado de la recurrente y fracasando la segunda de ellas
ante la incomparencia de la testigo y de la interesada, sin que se hubiera solicitado nueva fecha ni invocado
causa alguna de la circunstancia;
Que se hace notar que el recurso de revocatoria fue presentado un año después de producida la extinción
de la relación contractual, sin perjuicio de lo cual el efector le dio trámite y con ello oportunidad a la
recurrente de esgrimir sus argumentos;
Que en definitiva, no se advierte que exista en la Resolución impugnada vicio en la voluntad al momento de
emitir el acto ni en forma previa a ello;
Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben
documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de
quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo
que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente
protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe
comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto
resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la
norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las obligaciones o
deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir
en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad
en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente.”;
Que el agravio de la recurrente respecto al error en la valoración de la prueba y la falta de motivación, en
definitiva, se traduce en una discrepancia con la valoración efectuada que no invalida la decisión adoptada.
El acto recurrido ha efectuado la merituación de los extremos sujetos a su consideración y valorándolos se
ha pronunciado, dando fundamento a la decisión como se desprende de los argumentos vertidos en su
motivación. En virtud de ello, no se evidencia falta de motivación o motivación insuficiente como pretende la
recurrente;
Que finalmente, respecto del rechazo de la indemnización peticionada en subsidio con sustento en el Art. 11
de la Ley Nacional Nº 25.164, acertadamente la Resolución impugnada expresa que ésta sólo es aplicable
en el ámbito de la Administración Pública Nacional, no existiendo norma análoga en el ámbito Provincial;
Que en el fallo “Ramos”, se recordó que en el precedente "Gil", la CSJN sostuvo que el voluntario
sometimiento a un régimen, sin reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la
improcedencia de su impugnación ulterior y se dijo que la procedencia de la demanda no se fundaba
primordialmente “en el cuestionamiento del régimen aprobado por el Decreto Nº 4381/73, sino en el
incumplimiento de los límites temporales en él establecidos y la consiguiente obligación de responder que
cabe al trasgresor, en el caso, el Estado Nacional.” Debe recordarse que en “Ramos”, el actor llevaba 21
años bajo la modalidad de locación de servicios y que el decreto mencionado establecía un máximo de cinco
años para tal tipo de contrataciones;
Que es oportuno decir que la locación de servicios no otorga un derecho a la incorporación a la planta de
personal, puesto que el principio general en materia de empleo público es que el ingreso a la planta del
Estado requiere la realización de un concurso de selección, a fin de cumplir con la manda constitucional que
requiere la idoneidad como requisito para tal desempeño. Dicho recaudo, se encuentra previsto tanto en el
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
escalafón general como en los particulares y ha sido también reconocido en los distintos Convenios
Colectivos celebrados desde la vigencia del Decreto N° 955/04. La Ley N° 5465, no es la excepción y así al
dar tratamiento a cada Agrupamiento determina tal condición de ingreso;
Que idéntico criterio mantiene el CCT del sector ratificado por Ley N° 7897;
Que a su vez, no existe norma vigente que reconozca indemnización por extinción del contrato de locación o
Prestación Indispensable, encontrándose la Administración constreñida a resolver conforme a las leyes
aplicables, con lo cual, el acto administrativo cuestionado resulta ajustado a derecho respecto de la
pretendida indemnización;
Que habida cuenta de lo analizado, la Resolución impugnada ha sido dictada por la autoridad legalmente
designada en ejercicio y de acuerdo con las constancias de las actuaciones, la interesada ha tenido
oportunidad de presentar su pretensión. Con relación a la prueba, se han incorporado aquellas pertinentes y
conducentes a la resolución del caso; ha ponderado todos los extremos dirigidos a la decisión con sustento
en los hechos presentados, los informes incorporados, la normativa aplicable y los antecedentes legales que
resultan pertinentes, con lo cual no se advierte irrazonabilidad, ni desviación de poder que permita calificarla
de arbitraria, ni viciada;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 20 y por Asesoría de Gobierno en orden 24 del expediente EX-
2025-07155921--GDEMZA-GOBIERNO,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la
agente STELLA MARIS SOTO, DNI Nº 16.389.521, CUIL Nº 27-16389521-3, en contra de la Resolución Nº
813/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis. C. Lagomaggiore”, en virtud de lo expuesto en los
considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
