DECRETOS

Decreto Nº 1455

Fecha de publicación
24 de septiembre de 2026
Fecha de la norma
24 de julio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.684 · páginas 42–44
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1455 MENDOZA, 24 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-08903595- -GDEMZA-CCC en tramitación conjunta con expediente EX-2025- 02451986—GDEMZA-HELSAUCE#MSDSYD en el cual la Lic. ANDREA CELESTE IVANI, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 244/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Lic. Ivani en contra de la Resolución N° 210/25, del mismo ente emisor, mediante la cual se aplicó a la mencionada profesional la sanción de suspensión por reiterados incumplimientos en sus deberes y obligaciones; Que de las actuaciones obrantes en el EX-2025-02451986—GDEMZA-HELSAUCE#MSDSYD surge que en orden 16 rola Disposición Interna N° 1/25 mediante el cual el Comité de Docencia e Investigación dispuso aplicar a la Lic. Ivani 30 días de suspensión por incumplimientos de horario y ausencia sin justificación a una guardia programada. Dicho acto fue recurrido por la profesional y resuelto  según  la  Resolución  N° 196/25 del Director Ejecutivo del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, estableciendo 07 días de suspensión y descuento de haberes. En orden 44 se sugiere subsanación de la Resolución N° 196/25 por adolecer de errores materiales. Obra en orden 47 la Resolución N° 210/25 que dispone dejar sin efecto la Resolución N° 196/25 y rechazar el recurso interpuesto por la profesional. En orden 51 la recurrente interpone recurso de revocatoria en contra de la Resolución N° 196/25 argumentando que posee vicio grosero y no establece de forma clara a partir de cuándo se aplica la suspensión y en orden 52 presenta recurso en contra de la Resolución N° 210/25 exponiendo que la misma se basa en una serie de presupuestos que carecen de validez. El  recurso es rechazado   mediante   Resolución  N° 244/25, dando origen al recurso de alzada en tratamiento; Que si bien la Ley de Residencias N° 7857 establece que la Dirección del Hospital es la última instancia administrativa, el acto impugnado mencionó erróneamente el Recurso de Alzada como vía disponible. Por lo tanto, en virtud del principio de informalismo y para no perjudicar a la administrada por un error de la Administración, el recurso de referencia debe ser admitido formalmente; Que según el Artículo 185 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003 el recurso de alzada sólo procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro objeto que el control de la legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, pero no modificarla, reformarla o sustituirla; Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de acuerdo a al Artículo 29 de la Ley Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para determinar si tales críticas son suficientes para enervar la Resolución recurrida; Que la recurrente manifiesta la existencia de vicios de nulidad en la notificación de la sanción aplicada, violación al principio de legalidad y al derecho de defensa, además plantea la falta de motivación suficiente; Que con relación al objeto, los requisitos de la Ley Nº 9003 son: que no esté prohibido por el orden normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso u oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser considerado viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda; Que en igual calificación cae el objeto que presenta discordancia entre la situación de hecho reglada por la norma y la solución legal aplicable. Es decir, debe haber concordancia de modo que, dándose tal hecho, debe aplicarse la consecuencia prevista en la norma y no otra. Por otra parte, el objeto no puede ser impreciso u oscuro; sino que debe ser cierto, determinado o determinable y claro. Debe expresar de qué especie de acto se trata, a qué personas afecta y en qué tiempo y lugar habrán de producirse sus efectos jurídicos. Por ende, el objeto no puede ser absurdo o imposible fácticamente; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en  el  dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente”; Que en este contexto, los Arts. 38 y 39 de la Ley Nº 9003, con fundamento en el Art. 28 de la Constitución Nacional, refieren al vicio de arbitrariedad administrativa, recordando que “la arbitrariedad tiene su antítesis en la razonabilidad, que tiene su base en el Art. 28 de la Constitución Nacional. Toda la actividad del Estado, también la administrativa, debe ser razonable y lo no razonable excede lo justo. Toda la actividad de la Administración debe ser razonable y sólo así producirá efectos jurídicos válidos” y que “La arbitrariedad en el acto administrativo se presenta cuando el decisorio se halla desprovisto de todo apoyo legal y fundado tan sólo en la voluntad de los que resuelven, o cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso y cuando se prescinde de prueba fehaciente regularmente traída al juicio se hace remisión a las que no constan en él”; Que  se  advierte  que  la Resolución    N° 244/25 fue emitida por el Director del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce” en ejercicio de la competencia que por Ley N° 7857 le corresponde, por lo tanto no se controvierte en el caso la competencia del órgano para resolver el reclamo, de manera que el acto administrativo es válido y legítimo; Que en cuanto al planteo de nulidad de la notificación que rola en órdenes 17 y 22 del expediente asociado se observa que se dio a conocer a la Lic. Ivani lo resuelto por el Comité, en reunión que fue documentada mediante Acta del 3/04/25, en la cual se manifiesta expresamente que se notifica a la residente y se le otorga el plazo para ejercer su defensa; Que aún cuando la notificación no cumpla estrictamente con los recaudos del Artículo 150 de la Ley N° 9003, la consecuencia no es su nulidad, ya que cualquier defecto formal quedó saneado al efectuar el descargo que obra en orden 10 de fecha 9/04/25. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 153 de la misma normativa en caso de notificación irregular, si del expediente resultare que la parte interesada ha tenido conocimiento del acto que la motivó, la notificación surtirá efectos desde entonces. En el caso al momento de presentar el descargo y deducir recurso la Licenciada tomó conocimiento del contenido del acto impugnado; Que por lo tanto se observa que no se ha configurado vulneración del derecho de defensa, toda vez que en cada instancia se le concedió vista y plazos para la presentación de descargos y recursos, los cuales fueron oportunamente ejercidos y suscriptos por la profesional interviniente; Que en cuanto a la motivación que sustenta el rechazo de la pretensión, la misma se encuentra debidamente fundada en las circunstancias de hecho y la legislación que determina la aplicación de sanciones ante las inconductas de los residentes (Art. 48 y cc Ley N° 7857), habiendo consignado adecuadamente, dentro de los considerandos, todos los antecedentes en los que se funda la sanción; Que en consecuencia, al no verificarse vicios en el objeto, la causa o la motivación, y habiéndose respetado el régimen disciplinario de la Ley N° 7857, tanto el acto administrativo que dispuso la aplicación de la sanción de suspensión, como la resolución que rechazó el recurso de revocatoria, resultan legítimos; Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 11 y por Asesoría de Gobierno en orden 16 del expediente EX-2025-08903595- - GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial DECRETA: Artículo 1º- Aceptar formalmente y rechazar sustancialmente el Recurso  de  Alzada  interpuesto  por  la  Lic. ANDREA CELESTE IVANI,  DNI Nº 31.734.362, CUIL Nº 27-31734362-6, en  contra de  la  Resolución  Nº 244/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, conforme lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.)