DECRETOS
Decreto Nº 1455
- Fecha de publicación
- 24 de septiembre de 2026
- Fecha de la norma
- 24 de julio de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.684 · páginas 42–44
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1455
MENDOZA, 24 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-08903595- -GDEMZA-CCC en tramitación conjunta con expediente EX-2025-
02451986—GDEMZA-HELSAUCE#MSDSYD en el cual la Lic. ANDREA CELESTE IVANI, interpone
Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 244/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de
Salud Mental “El Sauce”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Lic. Ivani en
contra de la Resolución N° 210/25, del mismo ente emisor, mediante la cual se aplicó a la mencionada
profesional la sanción de suspensión por reiterados incumplimientos en sus deberes y obligaciones;
Que de las actuaciones obrantes en el EX-2025-02451986—GDEMZA-HELSAUCE#MSDSYD surge que en
orden 16 rola Disposición Interna N° 1/25 mediante el cual el Comité de Docencia e Investigación dispuso
aplicar a la Lic. Ivani 30 días de suspensión por incumplimientos de horario y ausencia sin justificación a una
guardia programada. Dicho acto fue recurrido por la profesional y resuelto según la Resolución N° 196/25
del Director Ejecutivo del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, estableciendo 07 días de suspensión
y descuento de haberes. En orden 44 se sugiere subsanación de la Resolución N° 196/25 por adolecer de
errores materiales. Obra en orden 47 la Resolución N° 210/25 que dispone dejar sin efecto la Resolución N°
196/25 y rechazar el recurso interpuesto por la profesional. En orden 51 la recurrente interpone recurso de
revocatoria en contra de la Resolución N° 196/25 argumentando que posee vicio grosero y no establece de
forma clara a partir de cuándo se aplica la suspensión y en orden 52 presenta recurso en contra de la
Resolución N° 210/25 exponiendo que la misma se basa en una serie de presupuestos que carecen de
validez. El recurso es rechazado mediante Resolución N° 244/25, dando origen al recurso de alzada en
tratamiento;
Que si bien la Ley de Residencias N° 7857 establece que la Dirección del Hospital es la última instancia
administrativa, el acto impugnado mencionó erróneamente el Recurso de Alzada como vía disponible. Por lo
tanto, en virtud del principio de informalismo y para no perjudicar a la administrada por un error de la
Administración, el recurso de referencia debe ser admitido formalmente;
Que según el Artículo 185 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003 el recurso de alzada sólo
procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro objeto que el control de la
legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, pero no
modificarla, reformarla o sustituirla;
Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada
por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de
acuerdo a al Artículo 29 de la Ley Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos
relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con arreglo a las
normas que regulan el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para determinar si
tales críticas son suficientes para enervar la Resolución recurrida;
Que la recurrente manifiesta la existencia de vicios de nulidad en la notificación de la sanción aplicada,
violación al principio de legalidad y al derecho de defensa, además plantea la falta de motivación suficiente;
Que con relación al objeto, los requisitos de la Ley Nº 9003 son: que no esté prohibido por el orden
normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso u
oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser considerado
viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda;
Que en igual calificación cae el objeto que presenta discordancia entre la situación de hecho reglada por la
norma y la solución legal aplicable. Es decir, debe haber concordancia de modo que, dándose tal hecho,
debe aplicarse la consecuencia prevista en la norma y no otra. Por otra parte, el objeto no puede ser
impreciso u oscuro; sino que debe ser cierto, determinado o determinable y claro. Debe expresar de qué
especie de acto se trata, a qué personas afecta y en qué tiempo y lugar habrán de producirse sus efectos
jurídicos. Por ende, el objeto no puede ser absurdo o imposible fácticamente;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben
documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de
quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo
que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente
protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe
comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto
resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la
norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las obligaciones o
deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir
en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad
en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente”;
Que en este contexto, los Arts. 38 y 39 de la Ley Nº 9003, con fundamento en el Art. 28 de la Constitución
Nacional, refieren al vicio de arbitrariedad administrativa, recordando que “la arbitrariedad tiene su antítesis
en la razonabilidad, que tiene su base en el Art. 28 de la Constitución Nacional. Toda la actividad del Estado,
también la administrativa, debe ser razonable y lo no razonable excede lo justo. Toda la actividad de la
Administración debe ser razonable y sólo así producirá efectos jurídicos válidos” y que “La arbitrariedad en el
acto administrativo se presenta cuando el decisorio se halla desprovisto de todo apoyo legal y fundado tan
sólo en la voluntad de los que resuelven, o cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo
expresamente dispuesto por la ley respecto del caso y cuando se prescinde de prueba fehaciente
regularmente traída al juicio se hace remisión a las que no constan en él”;
Que se advierte que la Resolución N° 244/25 fue emitida por el Director del Hospital Escuela de Salud
Mental “El Sauce” en ejercicio de la competencia que por Ley N° 7857 le corresponde, por lo tanto no se
controvierte en el caso la competencia del órgano para resolver el reclamo, de manera que el acto
administrativo es válido y legítimo;
Que en cuanto al planteo de nulidad de la notificación que rola en órdenes 17 y 22 del expediente asociado
se observa que se dio a conocer a la Lic. Ivani lo resuelto por el Comité, en reunión que fue documentada
mediante Acta del 3/04/25, en la cual se manifiesta expresamente que se notifica a la residente y se le
otorga el plazo para ejercer su defensa;
Que aún cuando la notificación no cumpla estrictamente con los recaudos del Artículo 150 de la Ley N°
9003, la consecuencia no es su nulidad, ya que cualquier defecto formal quedó saneado al efectuar el
descargo que obra en orden 10 de fecha 9/04/25. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 153 de la
misma normativa en caso de notificación irregular, si del expediente resultare que la parte interesada ha
tenido conocimiento del acto que la motivó, la notificación surtirá efectos desde entonces. En el caso al
momento de presentar el descargo y deducir recurso la Licenciada tomó conocimiento del contenido del acto
impugnado;
Que por lo tanto se observa que no se ha configurado vulneración del derecho de defensa, toda vez que en
cada instancia se le concedió vista y plazos para la presentación de descargos y recursos, los cuales fueron
oportunamente ejercidos y suscriptos por la profesional interviniente;
Que en cuanto a la motivación que sustenta el rechazo de la pretensión, la misma se encuentra
debidamente fundada en las circunstancias de hecho y la legislación que determina la aplicación de
sanciones ante las inconductas de los residentes (Art. 48 y cc Ley N° 7857), habiendo consignado
adecuadamente, dentro de los considerandos, todos los antecedentes en los que se funda la sanción;
Que en consecuencia, al no verificarse vicios en el objeto, la causa o la motivación, y habiéndose respetado
el régimen disciplinario de la Ley N° 7857, tanto el acto administrativo que dispuso la aplicación de la
sanción de suspensión, como la resolución que rechazó el recurso de revocatoria, resultan legítimos;
Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y
Deportes en orden 11 y por Asesoría de Gobierno en orden 16 del expediente EX-2025-08903595- -
GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
DECRETA:
Artículo 1º- Aceptar formalmente y rechazar sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la Lic.
ANDREA CELESTE IVANI, DNI Nº 31.734.362, CUIL Nº 27-31734362-6, en contra de la Resolución Nº
244/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Escuela de Salud Mental “El Sauce”, conforme lo expuesto en
los considerandos del presente decreto.
Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
