DECRETOS
Decreto Nº 1744
- Fecha de publicación
- 24 de septiembre de 2026
- Fecha de la norma
- 25 de agosto de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.684 · páginas 37–39
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1744
MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02268232-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. JORGE HÉCTOR RODRÍGUEZ
MARAVILLA, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución S.P. Nº 0051/26 de fecha 30 de enero
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0153/26 de fecha 06 de febrero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03381064- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 54),
caratulado: “SUMARIO”, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución S.P.
N° 0051/26, mediante la cual aplicó al recurrente, la sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral
sujeta a exoneración, al determinarse que con su accionar infringió el Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N°
7493, y los Arts. 10 y 88, y su agravante Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15;
Que en orden 61 del expediente EX-2024-03381064- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N°
0153/26, por la cual el Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a Revista
Pasiva por el término de cincuenta (50) días del SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. JORGE HÉCTOR
RODRÍGUEZ MARAVILLA, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493. En orden 84 obra
Resolución N° 1457-SyJ/26, de fecha 09 de abril de 2026, por la cual el Ministerio de Seguridad y Justicia
ratificó el pase a Revista Pasiva del administrado;
Que se agravia el recurrente, sintéticamente, al considerar que el acto administrativo que impugna, viola
derechos y garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio, como así también principios
consagrados en la Ley N° 9003. Además alega vicios de procedimiento, errónea valoración de la prueba y
falta de motivación del acto, peticiona también la nulidad de la Resolución N° 153/2026 del Director del
Servicio Penitenciario, que dispuso su pase a Revista Pasiva;
Que en orden 17, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley
9.003.”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente
la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a
la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´”.
(PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº
3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley 9003 dispone que “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre
intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias,
reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del
órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias
expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones
de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del
expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en
ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado,
individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo del recurrente, ya que de la simple
lectura de la Resolución N° 0051/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y
jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun
cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva,
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones
legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y
proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de
adecuación de la sanción impuesta, en cuanto prevé la sujeción a la exoneración dependiendo de las
resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por
objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo
(en el caso, el previsto por Ley 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las
actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar del agente penitenciario constituye también un
ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra
naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos
permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos
independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos
también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la
pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las
obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia
en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312- Fs.219).
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80
de la Ley 7493:
"La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden
administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o
absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante
procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura del sumario administrativo
para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al
servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la “Dra. Andrea Díaz- Mat.
8180- guardia- Hospital Descentralizado”, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma
y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el artículo 8 incisos a), c), e) y l) de la
Ley 7493; Art. 10) y 88) de la Resolución 143-T y sus agravantes, articulo 198, Inc. 1) de la Resolución 143-
T. Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no
contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las
pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo
resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos
investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión, cumple acabadamente
con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe
desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 153/2026 del Director del Servicio
Penitenciario, que dispuso el pase a Revista Pasiva del Suboficial Rodríguez Maravilla, siendo esta una
consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente
notificada. Por último, tampoco corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada
por el recurrente, ya que no se configuran ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley 9003.
En base a lo expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio de esta
Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en
consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 17,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S. RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE
HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, en contra de la Resolución Nº 0051/2026-SP de la Honorable Junta de
Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0153/2026 de la
Dirección General del Servicio Penitenciario, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el el SUBOFICIAL SUBAYUDANTE S.C.S.
RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, respecto de la Resolución D.G.S.P. N°
0153/2026, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza.
Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el el SUBOFICIAL
SUBAYUDANTE S.C.S. RODRÍGUEZ MARAVILLA, JORGE HÉCTOR, D.N.I. N° 32.122.783, al no
configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 4° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve el presente Recurso
Jerárquico, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa
prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día
siguiente al de la notificación de la decisión administrativa.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
