DECRETOS

Decreto Nº 1743

Fecha de publicación
24 de septiembre de 2026
Fecha de la norma
25 de agosto de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.684 · páginas 34–37
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1743 MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02219847-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. SILVIA PATRICIA DIAZ, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 0045/2026-SP emitida por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 28 de enero de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, dictada por la Dirección General del Servicio Penitenciario el día 18 de febrero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03391626- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 49), caratulado: “IGS C/ DIAZ, SILVIA PATRICIA – SUMARIO-”, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 0045/2026-SP, mediante la cual aplicó a la agente penitenciaria Silvia Patricia DIAZ, una sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial determinarse que con su accionar infringió el Régimen Disciplinario Penitenciario -Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493, Arts. 10, 88, y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1), de la Resolución N° 143-T/15-; Que en orden 57 del expediente EX-2024-03391626- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, por la cual el Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a Revista Pasiva por el término de cincuenta (50) días, de la Suboficial Subayudante S.C.S. Silvia Patricia DIAZ, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493; Que la recurrente se agravia alegando la omisión de notificación a la defensa técnica. Sostiene la vulneración del principio de legalidad, bajo el argumento de que la sanción de exoneración no se encuentra prevista en el Art. 35 de la Ley N° 7493, sumado a la falta de correspondencia entre la sanción y las faltas imputadas. Asimismo, manifiesta la violación de los principios de verdad material, pro homine e in dubio pro administrado, destacando la inexistencia de dolo. Refiere, además, la transgresión a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, congruencia, defensa en juicio e igualdad. Finalmente, expone la configuración de un grave defecto de motivación, desviación de poder y exceso en la discrecionalidad sancionatoria, peticionando la nulidad de la Resolución N° 0171/2026 que dispuso su pase a Revista Pasiva; Que en orden 09, la Asesoría Legal de la Dirección General del Servicio Penitenciario realiza un análisis jurídico del recurso incoado y dictamina: “(…) 1. Supuestos vicios del procedimiento – nulidad- El planteo carece de sustento. La doctrina administrativa es uniforme, no existe nulidad sin perjuicio concreto, actual y acreditado. En autos el procedimiento fue regularmente instruido, intervino autoridad competente, se garantizó el derecho de defensa, se produjo prueba suficiente. No se verifica vicio esencial alguno. El agravio se limita a una mera discrepancia con el resultado del procedimiento. 2. Errónea valoración de la prueba. Se intenta cuestionar la apreciación administrativa. Sin embargo la valoración de la prueba goza de presunción de legitimidad y razonabilidad, y sólo cede ante error manifiesto o arbitrariedad. (Mairal: control limitado a supuestos de irracionalidad evidente). En el caso: la inconsistencia del certificado médico, el desconocimiento de su autoría, y la concordancia de informes administrativos, configuran un plexo probatorio sólido. El recurso no aporta prueba nueva ni logra desvirtuar las conclusiones alcanzadas. 3. Inexistencia de responsabilidad – invocación de buena fe. La alegación de buena fe resulta insuficiente. La doctrina sostiene que la responsabilidad administrativa no se excluye por la sola invocación subjetiva de buena fe, cuando existe infracción objetiva al deber funcional. Debe recordarse que el personal penitenciario se encuentra sometido a un estándar de conducta reforzado. La irregularidad verificada es objetiva, fue acreditada, y no ha sido eficazmente controvertida. 4. Desproporción de la sanción. El agravio no prospera. La sanción se encuentra prevista normativamente, guarda relación con la gravedad del hecho y responde al impacto institucional de la conducta. Gordillo señala que el control de proporcionalidad no habilita a sustituir el criterio administrativo salvo manifiesta irracionabilidad. En el caso, la medida es adecuada, necesaria y razonable. 5. Violación de garantías constitucionales. El planteo es meramente declarativo. No se verifica indefensión material, ausencia de prueba, ni arbitrariedad. Por el contrario el procedimiento respetó el debido proceso, la decisión se encuentra fundada y la prueba es consistente. No existe vulneración de garantías. 6. Cuestionamiento del pase a revista pasiva. La medida constituye consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Su existencia fue corroborada mediante Sistema ABM, módulos institucionales, notificación electrónica oficial. No presenta vicio alguno. IV. MOTIVACIÓN SUFICIENTE DEL ACTO. Los actos impugnados cumplen plenamente con el estándar de motivación suficiente. Esto implica exposición clara de los hechos, valoración razonada de la prueba, encuadre normativo adecuado, decisión fundada. La motivación permite comprender el razonamiento administrativo y excluye toda tacha de arbitrariedad. V. AUTOTUTELA Y PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD. La Administración ha actuado dentro de su competencia, en ejercicio de potestades propias, con presunción de legitimidad. (Mairal: el acto administrativo se presume válido hasta prueba en contrario). La recurrente no logra desvirtuar dicha presunción. VI. LÍMITES DEL CONTROL Y PRECLUSIÓN. Ni el recurso jerárquico ni un eventual control ulterior habilitan la revisión integral del mérito, sustitución del criterio administrativo, ni reapertura irrestricta de la prueba. Asimismo, la carga de demostrar la invalidez del acto recae en quien lo impugna. En el caso, dicha carga no ha sido cumplida. VII. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA EJECUTORIEDAD DEL ACTO. Debe dejarse expresamente establecido que el acto administrativo impugnado goza de ejecutoriedad propia, responde a un interés público específico vinculado al orden y disciplina del servicio y se encuentra sustentado en un procedimiento regular y en prueba suficiente. En este marco no se advierte la configuración de circunstancias excepcionales que justifiquen Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial alterar su ejecución. No se verifica perjuicio irreparable, ilegitimidad manifiesta ni verosimilitud suficiente en el derecho invocado. La pretensión recursiva no supera el estándar mínimo requerido para enervar los efectos del acto. VIII. CONCLUSIÓN. El recurso no introduce elementos nuevos relevantes, no desvirtúa la prueba, no acredita vicio alguno y no demuestra ilegitimidad. Se trata de una mera disconformidad subjetiva con el resultado del procedimiento. DICTAMEN Por todo lo expuesto, esta Dirección Legal y Técnica: I. Tiene por formalmente admisible el recurso jerárquico interpuesto. II. Aconseja su RECHAZO TOTAL desde la faz sustancial en todos sus términos. III. Propicia la confirmación íntegra de la Resolución N° 0045/2026-SP y la Resolución D.G.S.P. N° 0171/2026.- IV. Deja expresa constancia de la suficiencia de motivación del acto, la regularidad del procedimiento, la razonabilidad de la sanción, la validez de las notificaciones (incluida la electrónica institucional) y la inexistencia de vicios invalidantes, todo ello a los fines de su eventual revisión en sede judicial…”; Que en orden 20, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N° 9003…”; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003, dispone “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo de la recurrente, ya que de la simple lectura de la Resolución  N° 0045/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de adecuación de la sanción impuesta, en cuanto provee la sujeción a la exoneración dependiendo de las resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de la suboficial Díaz constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura de sumario administrativo para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la “Dra. Andrea Díaz -Mat. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 8180- guardia- Hospital Descentralizado”, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el Art. 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10) y 88) de la Resolución N° 143-T y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T. Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta  coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión, cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 171/2026 del Director del Servicio Penitenciario, que dispuso el pase a Revista Pasiva de la Suboficial Ayudante Díaz Silvia Patricia. Siendo esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Por último, tampoco corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada, ya que no se configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003. En base a lo expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido…”; Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección Legal y Técnica del Servicio Penitenciario de Mendoza en orden 09, y por Asesoría de Gobierno en orden 20, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, en contra de la Resolución N° 0045/2026-SP emitida por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, dictada por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por los motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, al no configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003. Artículo 4° -  Notifíquese a la recurrente, a fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley N° 9003, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la instancia administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, a interponer en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el presente recurso. Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.)