DECRETOS
Decreto Nº 1743
- Fecha de publicación
- 24 de septiembre de 2026
- Fecha de la norma
- 25 de agosto de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.684 · páginas 34–37
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1743
MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02219847-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. SILVIA PATRICIA DIAZ, interpone
Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 0045/2026-SP emitida por la Junta de Disciplina del
Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 28 de enero de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N°
0171/26, dictada por la Dirección General del Servicio Penitenciario el día 18 de febrero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03391626- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 49),
caratulado: “IGS C/ DIAZ, SILVIA PATRICIA – SUMARIO-”, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad
y Justicia dictó la Resolución N° 0045/2026-SP, mediante la cual aplicó a la agente penitenciaria Silvia
Patricia DIAZ, una sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
determinarse que con su accionar infringió el Régimen Disciplinario Penitenciario -Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de
la Ley N° 7493, Arts. 10, 88, y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1), de la Resolución N° 143-T/15-;
Que en orden 57 del expediente EX-2024-03391626- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N°
0171/26, por la cual el Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a Revista Pasiva por el término de
cincuenta (50) días, de la Suboficial Subayudante S.C.S. Silvia Patricia DIAZ, conforme lo establecido en el
Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493;
Que la recurrente se agravia alegando la omisión de notificación a la defensa técnica. Sostiene la
vulneración del principio de legalidad, bajo el argumento de que la sanción de exoneración no se encuentra
prevista en el Art. 35 de la Ley N° 7493, sumado a la falta de correspondencia entre la sanción y las faltas
imputadas. Asimismo, manifiesta la violación de los principios de verdad material, pro homine e in dubio pro
administrado, destacando la inexistencia de dolo. Refiere, además, la transgresión a los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, congruencia, defensa en juicio e igualdad. Finalmente, expone la
configuración de un grave defecto de motivación, desviación de poder y exceso en la discrecionalidad
sancionatoria, peticionando la nulidad de la Resolución N° 0171/2026 que dispuso su pase a Revista Pasiva;
Que en orden 09, la Asesoría Legal de la Dirección General del Servicio Penitenciario realiza un análisis
jurídico del recurso incoado y dictamina: “(…) 1. Supuestos vicios del procedimiento – nulidad- El planteo
carece de sustento. La doctrina administrativa es uniforme, no existe nulidad sin perjuicio concreto, actual y
acreditado. En autos el procedimiento fue regularmente instruido, intervino autoridad competente, se
garantizó el derecho de defensa, se produjo prueba suficiente. No se verifica vicio esencial alguno. El
agravio se limita a una mera discrepancia con el resultado del procedimiento. 2. Errónea valoración de la
prueba. Se intenta cuestionar la apreciación administrativa. Sin embargo la valoración de la prueba goza de
presunción de legitimidad y razonabilidad, y sólo cede ante error manifiesto o arbitrariedad. (Mairal: control
limitado a supuestos de irracionalidad evidente). En el caso: la inconsistencia del certificado médico, el
desconocimiento de su autoría, y la concordancia de informes administrativos, configuran un plexo
probatorio sólido. El recurso no aporta prueba nueva ni logra desvirtuar las conclusiones alcanzadas. 3.
Inexistencia de responsabilidad – invocación de buena fe. La alegación de buena fe resulta insuficiente. La
doctrina sostiene que la responsabilidad administrativa no se excluye por la sola invocación subjetiva de
buena fe, cuando existe infracción objetiva al deber funcional. Debe recordarse que el personal penitenciario
se encuentra sometido a un estándar de conducta reforzado. La irregularidad verificada es objetiva, fue
acreditada, y no ha sido eficazmente controvertida. 4. Desproporción de la sanción. El agravio no prospera.
La sanción se encuentra prevista normativamente, guarda relación con la gravedad del hecho y responde al
impacto institucional de la conducta. Gordillo señala que el control de proporcionalidad no habilita a sustituir
el criterio administrativo salvo manifiesta irracionabilidad. En el caso, la medida es adecuada, necesaria y
razonable. 5. Violación de garantías constitucionales. El planteo es meramente declarativo. No se verifica
indefensión material, ausencia de prueba, ni arbitrariedad. Por el contrario el procedimiento respetó el
debido proceso, la decisión se encuentra fundada y la prueba es consistente. No existe vulneración de
garantías. 6. Cuestionamiento del pase a revista pasiva. La medida constituye consecuencia directa del acto
disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Su existencia fue
corroborada mediante Sistema ABM, módulos institucionales, notificación electrónica oficial. No presenta
vicio alguno. IV. MOTIVACIÓN SUFICIENTE DEL ACTO. Los actos impugnados cumplen plenamente con el
estándar de motivación suficiente. Esto implica exposición clara de los hechos, valoración razonada de la
prueba, encuadre normativo adecuado, decisión fundada. La motivación permite comprender el
razonamiento administrativo y excluye toda tacha de arbitrariedad. V. AUTOTUTELA Y PRESUNCIÓN DE
LEGITIMIDAD. La Administración ha actuado dentro de su competencia, en ejercicio de potestades propias,
con presunción de legitimidad. (Mairal: el acto administrativo se presume válido hasta prueba en contrario).
La recurrente no logra desvirtuar dicha presunción. VI. LÍMITES DEL CONTROL Y PRECLUSIÓN. Ni el
recurso jerárquico ni un eventual control ulterior habilitan la revisión integral del mérito, sustitución del criterio
administrativo, ni reapertura irrestricta de la prueba. Asimismo, la carga de demostrar la invalidez del acto
recae en quien lo impugna. En el caso, dicha carga no ha sido cumplida. VII. CONSIDERACIONES
FINALES SOBRE LA EJECUTORIEDAD DEL ACTO. Debe dejarse expresamente establecido que el acto
administrativo impugnado goza de ejecutoriedad propia, responde a un interés público específico vinculado
al orden y disciplina del servicio y se encuentra sustentado en un procedimiento regular y en prueba
suficiente. En este marco no se advierte la configuración de circunstancias excepcionales que justifiquen
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
alterar su ejecución. No se verifica perjuicio irreparable, ilegitimidad manifiesta ni verosimilitud suficiente en
el derecho invocado. La pretensión recursiva no supera el estándar mínimo requerido para enervar los
efectos del acto. VIII. CONCLUSIÓN. El recurso no introduce elementos nuevos relevantes, no desvirtúa la
prueba, no acredita vicio alguno y no demuestra ilegitimidad. Se trata de una mera disconformidad subjetiva
con el resultado del procedimiento. DICTAMEN Por todo lo expuesto, esta Dirección Legal y Técnica: I. Tiene
por formalmente admisible el recurso jerárquico interpuesto. II. Aconseja su RECHAZO TOTAL desde la faz
sustancial en todos sus términos. III. Propicia la confirmación íntegra de la Resolución N° 0045/2026-SP y la
Resolución D.G.S.P. N° 0171/2026.- IV. Deja expresa constancia de la suficiencia de motivación del acto, la
regularidad del procedimiento, la razonabilidad de la sanción, la validez de las notificaciones (incluida la
electrónica institucional) y la inexistencia de vicios invalidantes, todo ello a los fines de su eventual revisión
en sede judicial…”;
Que en orden 20, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo
resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley N°
9003…”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente
la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a
la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´”
(PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº
3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003, dispone “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre
intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias,
reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del
órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias
expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones
de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del
expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en
ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado,
individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo de la recurrente, ya que de la
simple lectura de la Resolución N° 0045/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica
y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun
cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva,
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones
legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y
proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de
adecuación de la sanción impuesta, en cuanto provee la sujeción a la exoneración dependiendo de las
resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por
objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo
(en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de
las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de la suboficial Díaz constituye también un
ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra
naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos
permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos
independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos
también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la
pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las
obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia
en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene,
en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La
sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden
administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o
absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante
procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura de sumario administrativo
para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al
servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la “Dra. Andrea Díaz -Mat.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
8180- guardia- Hospital Descentralizado”, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma
y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el Art. 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N°
7493; Arts. 10) y 88) de la Resolución N° 143-T y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T.
Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no
contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las
pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo
resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos
investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión, cumple acabadamente
con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe
desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 171/2026 del Director del Servicio
Penitenciario, que dispuso el pase a Revista Pasiva de la Suboficial Ayudante Díaz Silvia Patricia. Siendo
esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente
notificada. Por último, tampoco corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada,
ya que no se configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003. En base a lo
expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio de esta Asesoría de
Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el
acto recurrido…”;
Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección Legal y Técnica del Servicio Penitenciario de Mendoza en
orden 09, y por Asesoría de Gobierno en orden 20,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777,
en contra de la Resolución N° 0045/2026-SP emitida por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y
Justicia, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, dictada por la Dirección General del Servicio
Penitenciario, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el Suboficial Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA
PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0171/26, de la Dirección General del
Servicio Penitenciario de Mendoza.
Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el Suboficial
Subayudante S.C.S. DIAZ, SILVIA PATRICIA, D.N.I. N° 26.423.777, al no configurarse ninguna de las
causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 4° - Notifíquese a la recurrente, a fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley N° 9003, que el
acto administrativo que resuelve este recurso, agota la instancia administrativa, y cuenta para su
impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, a interponer en el plazo de
treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el presente recurso.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
