DECRETOS
Decreto Nº 1740
- Fecha de publicación
- 24 de septiembre de 2026
- Fecha de la norma
- 24 de agosto de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.684 · páginas 32–34
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1740
MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02261640-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET,
interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° S.P. 0082/26, de fecha 05 de febrero de 2026, y
contra la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, fechada 13 de febrero de 2026;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03390065- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 52), la
Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° S.P. 0082/26, mediante la
cual aplicó a la agente penitenciaria Gisela Tania Janet FERIS FUENTES, la sanción de cincuenta (50) días
de suspensión laboral sujeta a exoneración, al determinarse que con su accionar, infringió el Régimen
Disciplinario Penitenciario, Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88 y sus agravantes Art. 198
Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15;
Que en orden 60 del expediente EX-2024-03390065- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N°
0166/26, por la cual el Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a “Revista
Pasiva” por el término de cincuenta (50) días de la administrada, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3)
de la Ley N° 7493. En orden 77 obra Resolución N° 1725-SyJ/26, de fecha 23 de abril de 2026, por la cual la
Ministra de Seguridad y Justicia ratificó la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26;
Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…en virtud del
informalismo a favor del administrado, asiste razón a lo expresado por la defensa técnica en el escrito de
recurso, en cuanto debería haberse notificado la resolución impugnada a la casilla de correo
basessolucioneslegales@gmail.com, constituido expresamente como domicilio electrónico desde la primera
presentación en el sumario, y utilizado como canal oficial de notificaciones durante toda la instrucción, por lo
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
que a criterio de esta Asesoría de Gobierno se impone admitirlo formalmente en los términos del Art. 179 de
la Ley N° 9003.”;
Que se agravia el recurrente sintéticamente, al considerar que el acto administrativo que impugna, viola
derechos y garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio, como así también principios
consagrados en la Ley N° 9003. Además, alega vicios de procedimiento, errónea valoración de la prueba y
falta de motivación del acto, peticiona también la nulidad de la Resolución N° 0166/2026 del Director del
Servicio Penitenciario, que dispuso su pase a Revista Pasiva;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y
concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente
la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a
la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina -los considerandos-”
(PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº
3909, Pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que: “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan
sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan
denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del
dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de
exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de
las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes
relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la
competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al
administrado, individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo de la recurrente, ya
que de la simple lectura de la Resolución N° 0082/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente
motivada, fáctica y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la
sanción. Aun cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición
excesiva teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las
previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta
comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad,
razonabilidad y falta de adecuación de la sanción impuesta en cuanto provee la sujeción a la exoneración
dependiendo de las resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario
administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al
régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a
tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de la
Suboficial Feris constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la
responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza, es reconocida por uniforme jurisprudencia de la
SCJM en reiterados fallos, de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y
judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las
finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad
del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de
responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este
principio requiere una percepción más amplia en cuanto juzgar el cumplimiento o no de los deberes
asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración
legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La sustanciación de los sumarios administrativos y la
aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal
iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial, no impedirá la aplicación de
la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso
la apertura del sumario administrativo para investigar la presunta presentación de un certificado médico
apócrifo para justificar inasistencias al servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido
expedido por la Dra. Andrea Díaz- Mat. 8180- guardia- Hospital Descentralizado, y fue expresamente
desconocido en cuanto a su contenido, firma y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima
facie” en el Art. 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88 de la Resolución N° 143-T, y sus
agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T. Entendemos en consecuencia, que la resolución
adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y
conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante,
verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto
administrativo en cuestión cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N°
9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la
Resolución N° 0166/2026 del Director del Servicio Penitenciario que dispuso el pase a Revista Pasiva de la
Suboficial Ayudante Gisela Tania Janet Feris, siendo esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se
encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Conforme a lo desarrollado en los párrafos
que anteceden, los vicios que acusa la recurrente no resultan verosímiles como lo requiere el dispositivo
legal precitado. Y asimismo cabe tener presente el régimen legal de las impugnaciones de actos
administrativos en sede judicial, que en el caso de cesantías o exoneraciones de agentes estatales deniega
expresamente la suspensión de su ejecución (Art. 24 Inc. b) de la Ley N° 3918). En síntesis, a criterio de
esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en
consecuencia el acto recurrido….”;
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N.
I. N° 33.275.546, en contra de la Resolución N° S.P. 0082/26, de la Junta de Disciplina del Ministerio de
Seguridad y Justicia y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, del Director General del Servicio
Penitenciario de Mendoza.
Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el el Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS
FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, de
la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza.
Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el el Suboficial
Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, al no configurarse
ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003.
Artículo 4° - Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa, prevista en el Art. 20 de
la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
24/09/2026 (1 Pub.)
