DECRETOS

Decreto Nº 1740

Fecha de publicación
24 de septiembre de 2026
Fecha de la norma
24 de agosto de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.684 · páginas 32–34
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1740 MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02261640-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, la Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° S.P. 0082/26, de fecha 05 de febrero de 2026, y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, fechada 13 de febrero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03390065- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 52), la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° S.P. 0082/26, mediante la cual aplicó a la agente penitenciaria Gisela Tania Janet FERIS FUENTES, la sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al determinarse que con su accionar, infringió el Régimen Disciplinario Penitenciario, Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88 y sus agravantes Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15; Que en orden 60 del expediente EX-2024-03390065- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, por la cual el Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza dispuso el pase a “Revista Pasiva” por el término de cincuenta (50) días de la administrada, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493. En orden 77 obra Resolución N° 1725-SyJ/26, de fecha 23 de abril de 2026, por la cual la Ministra de Seguridad y Justicia ratificó la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26; Que en orden 13, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…en virtud del informalismo a favor del administrado, asiste razón a lo expresado por la defensa técnica en el escrito de recurso, en cuanto debería haberse notificado la resolución impugnada a la casilla de correo basessolucioneslegales@gmail.com, constituido expresamente como domicilio electrónico desde la primera presentación en el sumario, y utilizado como canal oficial de notificaciones durante toda la instrucción, por lo Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que a criterio de esta Asesoría de Gobierno se impone admitirlo formalmente en los términos del Art. 179 de la Ley N° 9003.”; Que se agravia el recurrente sintéticamente, al considerar que el acto administrativo que impugna, viola derechos y garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio, como así también principios consagrados en la Ley N° 9003. Además, alega vicios de procedimiento, errónea valoración de la prueba y falta de motivación del acto, peticiona también la nulidad de la Resolución N° 0166/2026 del Director del Servicio Penitenciario, que dispuso su pase a Revista Pasiva; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina -los considerandos-” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, Pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003 dispone que: “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo de la recurrente, ya que de la simple lectura de la Resolución N° 0082/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión no parece una punición excesiva teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de adecuación de la sanción impuesta en cuanto provee la sujeción a la exoneración dependiendo de las resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar de la Suboficial Feris constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza, es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM en reiterados fallos, de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial, no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura del sumario administrativo para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la Dra. Andrea Díaz- Mat. 8180- guardia- Hospital Descentralizado, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma y sello por la profesional. Tal conducta se encuadró “prima facie” en el Art. 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88 de la Resolución N° 143-T, y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T. Entendemos en consecuencia, que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 0166/2026 del Director del Servicio Penitenciario que dispuso el pase a Revista Pasiva de la Suboficial Ayudante Gisela Tania Janet Feris, siendo esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Conforme a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, los vicios que acusa la recurrente no resultan verosímiles como lo requiere el dispositivo legal precitado. Y asimismo cabe tener presente el régimen legal de las impugnaciones de actos administrativos en sede judicial, que en el caso de cesantías o exoneraciones de agentes estatales deniega expresamente la suspensión de su ejecución (Art. 24 Inc. b) de la Ley N° 3918). En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por la Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, en contra de la Resolución N° S.P. 0082/26, de la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia y contra la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, del Director General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el el Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 0166/26, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el el Suboficial Subayudante S.C.S. FERIS FUENTES, GISELA TANIA JANET, D.N. I. N° 33.275.546, al no configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003. Artículo 4° -  Notifíquese a la recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa, prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 24/09/2026   (1 Pub.)