LICITACIONES
Publicación
- Fecha de publicación
- 23 de septiembre de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.683 · páginas 2–25
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
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FE DE ERRATAS (edicto)
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Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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LEYES
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Ley N°: 9727
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°- Créase el régimen provincial de intervención preventiva administrativa, sobre inmuebles, con
fines de seguridad pública y ciudadana, destinado a permitir la adopción de medidas preventivas,
provisionales, temporales y proporcionales sobre bienes inmuebles, que, por su uso, ocupación o estado de
conservación, abandono o ruina, representen un riesgo para la seguridad pública, el orden o la convivencia
social.
Art. 2º- Son fines de esta Ley:
a) Evitar que los bienes comprendidos en el artículo 4º sean destinados, utilizados o reutilizados para la
comisión, facilitación u ocultamiento de actividades delictivas ;
b) Eliminar o reducir los riesgos ciertos, concretos y actuales que tales bienes representen para la seguridad
pública, la seguridad ciudadana y la convivencia de la comunidad, en especial de los vecinos y habitantes
del sector donde se encuentren ubicados, incluidos los riesgos de ruina o derrumbe;
c) Preservar los bienes alcanzados para su titular registral, protegiéndolos frente al deterioro material, la
utilización ilegítima o su aprovechamiento como soporte de actividades delictivas;
d) Evitar que dichos bienes funcionen como infraestructura, refugio, apoyo material o punto de resguardo
para actividades delictivas organizadas o sistemáticas, impidiendo la consolidación de circuitos criminales
que afecten a la comunidad y al entorno barrial;
e) Proteger especialmente la integridad, tranquilidad y seguridad de los vecinos, residentes, comerciantes,
instituciones y demás personas que desarrollen sus actividades en las inmediaciones del inmueble
intervenido; y
f) Recuperar, recomponer y remediar el entorno intervenido, previniendo nuevas situaciones de conflicto y
dinámicas delictivas y fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana.
Art. 3º- Será autoridad de aplicación de la presente Ley el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia
de Mendoza, o el organismo que en el futuro lo reemplace con iguales competencias.
Art. 4°- La autoridad de aplicación dispondrá, mediante resolución fundada, la intervención preventiva
administrativa de inmuebles que:
a) Hayan sido utilizados o estén siendo utilizados como centros de acopio, fraccionamiento, guarda o
comercialización de estupefacientes, o para la planificación o ejecución de delitos;
b) Estén relacionados de manera actual, anterior o reiterada a actividades delictivas;
c)Presenten un estado de deterioro, destrucción, abandono, acopio ilícito o ilegal, que afecte la seguridad
del entorno urbano o la convivencia ciudadana o presente riesgo para la producción y propagación de
incendios;
d)Generen riesgos ciertos o potenciales para la vida, integridad o bienes de las personas;
e)Cualquier otra situación que represente un riesgo para la seguridad pública, el orden o la convivencia
social.
Art. 5º- La intervención será administrativa y nunca en sentido sancionatorio y tendrá carácter
exclusivamente preventivo, provisional, temporal y proporcional. Podrá consistir, entre otras cosas, en:
a) Sellado o precinto de accesos, ventanas o aberturas, hasta tanto se garantice su seguridad estructural o
legal;
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b) Tapeo cerramiento o clausura parcial o total del inmueble;
c) Demolición total o parcial controlada o retiro de elementos en riesgo de colapso, cuando ello sea
necesario para evitar daños a terceros o a bienes públicos
Estas medidas están destinadas a proteger el inmueble a favor de quien tenga legal derecho sobre el mismo
y no interviene sobre el derecho dominial conforme a los artículos 14, 16 y 240 ss y ce del Código Civil y
Comercial de la Nación.
No procederá la intervención cuando el inmueble se encuentre ocupado con carácter de permanencia,
debiendo en su caso proceder judicialmente.
Art. 6º- El procedimiento se iniciará de oficio o por solicitud originada en la comunidad en general, los
municipios, organismos públicos o privados o a requerimiento judicial.
La autoridad de aplicación indicará canales válidos para la recepción de dicha comunicación.
Art. 7º- Recibida la solicitud por la autoridad de aplicación, se requerirán informes policiales de constatación,
donde se informe sobre la situación en general del lugar objeto de la solicitud, especialmente sobre la
afectación a la seguridad pública o ciudadana, el estado del inmueble y sus anexos vinculados, los
antecedentes de ocupación y habitación, la percepción de los vecinos colindantes, la individualización de las
personas que se encuentran en el inmueble, los antecedentes y todo otro dato relevante y atinente a los
fines de esta Ley.
Asimismo se requerirá informe a los municipios y/u otros organismos para indagar la situación dominial y los
datos referentes a la titularidad registral, antecedentes de ocupación y habitación, y cualquier otra
información relevante a los fines de esta Ley.
Art. 8º- El acto administrativo de intervención preventiva administrativa se dispondrá mediante resolución
fundada del Ministerio de Seguridad y Justicia, luego del análisis fundado del requerimiento y la demás
información acompañada en relación con lo dispuesto en el artículo anterior.
La resolución deberá contener los antecedentes del caso, los fundamentos de hecho y de derecho, la
descripción de la medida y su alcance temporal.
Art. 9º- Emitida la resolución disponiendo la necesidad de la intervención preventiva administrativa, se
procederá a la notificación y citación por cinco (5) días al propietario, titular registral y a todo aquel que se
considere con derecho sobre el inmueble, por el medio correspondiente o, en su defecto por edictos, a los
efectos de presentarse ante el Ministerio de Seguridad y Justicia para ejercer los derechos que estime
corresponder.
Vencido el plazo establecido en el punto anterior, se notificará la resolución y se solicitará al municipio del
lugar donde está situado el inmueble que determine en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, según su
entendimiento y en ejercicio de sus facultades propias, las medidas concretas de mejor proveer a adoptar
sobre el inmueble, en protección de la seguridad pública y ciudadana y salubridad pública, pudiendo al
efecto recabar asistencia técnica de la Dirección de Defensa Civil.
Art. 10- Recibido el informe municipal, el Ministerio de Seguridad y Justicia, procederá al dictado de una
segunda resolución que determine específicamente la medida concreta de intervención, la que será
notificada al titular registral, y a todo aquel que se considere con derecho sobre el inmueble. El propietario
podrá formular oposición fundada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde su notificación.
Vencido el plazo se ejecutará la medida contenida en esta segunda resolución.
Art. 11- En casos de riesgo grave o inminente para la seguridad pública y ciudadana, la integridad de las
personas, la convivencia de la comunidad o de los vecinos del lugar, o cuando exista peligro cierto de ruina,
derrumbe o riesgo de continuidad inmediata de utilización del bien para actividades delictivas, la autoridad
de aplicación podrá disponer y ejecutar, con carácter urgente, las medidas materiales estrictamente
necesarias para hacer cesar o neutralizar la situación.
La intervención preventiva administrativa de urgencia deberá fundarse en circunstancias objetivas y
verificables que no admitan demora y comprenderá las medidas indispensables para neutralizar el riesgo
constatado.
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En el acto de ejecución deberá labrarse un acta circunstanciada que contenga, como mínimo, la
individualización y ubicación del bien, la descripción concreta del riesgo o situación de urgencia constatada,
las razones por las cuales la demora propia del procedimiento ordinario habría podido agravar el riesgo o
frustrar la finalidad de la intervención, las medidas ejecutadas, la identificación de los agentes y organismos
intervinientes, el registro fotográfico, audiovisual, técnico o documental, y la identificación, cuando resulte
posible, de titulares, poseedores, tenedores, ocupantes o terceros vinculados al bien.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores al acto de ejecución, la autoridad de aplicación
deberá dictar una resolución de intervención preventiva administrativa de urgencia, debidamente fundada
con los antecedentes mencionados.
La resolución deberá ser notificada inmediatamente en la forma dispuesta en esta Ley.
Art. 12- Las medidas de intervención dispuestas y ejecutadas serán revisadas anualmente, pudiendo
levantarse o mantenerse.
Siempre será levantada de oficio a pedido del titular registral fundadamente y cuando cese la causa que la
motivó.
Art. 13- Cuando de la inspección o intervención surjan indicios de delitos tipificados en el Código Penal de la
Nación, el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá comunicar de inmediato al Ministerio Público Fiscal
Provincial o Federal, en caso de corresponder, sin perjuicio de continuar las acciones administrativas
preventivas.
Art. 14- Créase en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Registro Provincial de Inmuebles
Intervenidos con fines de seguridad pública y ciudadana, donde se inscribirán las resoluciones dictadas.
El registro tendrá carácter reservado y estará sujeto a las normas de protección de datos personales y a los
principios de publicidad y transparencia administrativa.
Art. 15- Los Municipios que firmen convenio con la autoridad de aplicación tendrán a cargo:
a) La ejecución material de las medidas de intervención, según lo que determine la resolución preventiva
administrativa concreta, en coordinación con la autoridad de aplicación y en concordancia con las facultades
municipales de policía en materia de higiene, salubridad, seguridad y moralidad pública.
b) La remediación, recuperación y recomposición de los entornos afectados en relación con la medida
dispuesta.
Los Municipios podrán reclamar al titular del inmueble los gastos llevados a cabo, según la intervención
realizada.
Art. 16- Cuando la intervención preventiva administrativa deba ejecutarse en un municipio que no hubiere
celebrado convenio para su implementación, la autoridad de aplicación podrá requerir asistencia,
colaboración o intervención de otros organismos públicos provinciales, nacionales o locales, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias.
Asimismo, podrá realizar las gestiones administrativas y contrataciones de bienes, servicios, obras, equipos,
maquinaria, asistencia técnica o apoyo logístico que resulten estrictamente necesarias para la ejecución de
las medidas dispuestas, de conformidad con la normativa aplicable en materia de contrataciones públicas.
Art. 17- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 18- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza, a los ocho días
el mes de septiembre del año dos mil veintiséis.
SDOR. MARTÍN KERCHNER TOMBA
LIC. PABLO ANDRÉS LOMBARDI
LIC. LUCAS ADRIÁN FAURE
DRA. MARÍA CAROLINA LETTRY
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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DECRETOS
MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Decreto N°: 1909
MENDOZA, 09 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Nº EX-2026-06973568- -GDEMZA-CONTABILIDAD#GOBIERNO, mediante el cual se
dictó el Decreto Nº 1882 de fecha 07 de septiembre de 2026; y
CONSIDERANDO:
Que se ha detectado un error involuntario consignado en el Decreto Nº 1882/2026 en lo que respecta a la
partida presupuestaria;
Por ello y conforme con lo dispuesto por el Artículo 77 inc. a) y concordantes de la Ley Nº 9003,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Rectifíquese el Artículo 3º del Decreto Nº 1882 de fecha 07 de septiembre del 2026, por los
motivos expuestos en los considerandos que preceden, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º- El gasto dispuesto por el presente decreto será atendido por la Tesorería General de la
Provincia, con cargo a la partida U.G.C G99006-43116-0, U.G.E. G10284 del Presupuesto vigente para el
año en curso."
Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Decreto N°: 1791
MENDOZA, 31 DE AGOSTO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX–2026-02953855-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones se tramita la aprobación del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA”, celebrado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, representado por su titular Mgter.
María Mercedes Rus y la Municipalidad de Guaymallén, representada por su intendente Ing. Marcos
Calvente, suscripto el día 10 de abril de 2026;
Que la suscripción del presente convenio se fundamenta en la necesidad señalada por la Sra. Ministra de
Seguridad y Justicia de fortalecer y protocolizar los mecanismos de cooperación entre el Ministerio y los
municipios para la intervención preventiva sobre inmuebles abandonados, desocupados o utilizados para
actividades ilícitas. En tal sentido, la experiencia recogida en actuaciones conjuntas previas ha evidenciado
resultados favorables en materia de seguridad pública, orden urbano y salubridad, poniendo de manifiesto la
importancia de establecer un marco de actuación coordinado que permita implementar medidas tales como
tapeados, cierres, demoliciones parciales u otras intervenciones preventivas, sin afectar la titularidad
registral de los inmuebles involucrados;
Que obra en orden 03 Resolución Nro. 5425-SyJ/25 y su anexo por la cual el Ministerio de Seguridad Y
Justicia de la Provincia de Mendoza aprobó el “Protocolo para la Intervención Preventiva Administrativa
sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana”, estableciendo un procedimiento de
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intervención preventiva administrativa sobre inmuebles que, por su uso, ocupación o estado, pudieran
representar riesgos para la seguridad pública, el orden o la convivencia social, mediante medidas de
carácter preventivo, provisional, temporal, proporcional y razonable;
Que dicho Protocolo prevé un esquema de actuación por etapas, determinando información mínima
necesaria, instancias de coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento para la determinación
y ejecución de medidas de resguardo y/o seguridad;
Que, conforme el Protocolo, las medidas contempladas se deciden previo informe municipal y se ejecutan a
través de las autoridades municipales competentes en ejercicio de sus facultades propias o, en su caso, por
el organismo en el que sean delegadas, resultando indispensable la articulación con los municipios para su
implementación efectiva;
Que, en ese marco, y en virtud de lo establecido en el Artículo 2º de la Resolución Nro. 5425-SyJ/25 y su
anexo, resulta conveniente formalizar un convenio específico de cooperación que formalice acciones
operativas mínimas a cargo de las partes, circuitos de intercambio de información y pautas de actuación
coordinada, a fin de optimizar la respuesta preventiva ante inmuebles utilizados como “aguantaderos” o con
afectación relevante a la seguridad ciudadana;
Que en orden 04 obra convenio suscripto por las partes, certificado por Escribanía de Gobierno;
Que en orden 07 Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia efectúa el análisis
jurídico y dictamina: “…El Código Penal Argentino, en su artículo 181, inciso 1, expresa: “será reprimido con
prisión de seis meses a tres años: el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o
clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del
ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble,
manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.” La Constitución de la Provincia de Mendoza, artículo
8º, establece que todos los habitantes de la provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y
tienen derecho perfecto de defender su vida, libertad reputación, seguridad y propiedad y de ser protegido
en estos goces. Que el artículo 128º dispone: El gobernador es el jefe del Poder Ejecutivo y tiene las
siguientes atribuciones y deberes: 1 - Tiene a su cargo la administración general de la Provincia. 16 - Toma
las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén
expresamente prohibidos por la Constitución y leyes vigentes. Además, la Ley N° 6721, establece en su
Artículo 2: serán principios fundamentales del sistema provincial de seguridad pública los siguientes: …2- la
seguridad pública es responsabilidad primaria e irrenunciable del estado provincial. Y su artículo 4 expresa:
integrarán el sistema provincial de seguridad pública los siguientes organismos que actuarán
permanentemente interrelacionados: 1. El Gobernador de la provincia. 2. El poder legislativo. 3. El poder
judicial. 4. El ministerio de seguridad y justicia. 5. La inspección general de seguridad. 6. El servicio
penitenciario provincial. 7. Defensa civil. 8. Policías de la provincia. 9. Instituciones relacionadas con la
protección de la niñez y adolescencia, Ley N° 9120 s.s. y cc. 10. Los municipios. 11. Mesas de coordinación
entre los poderes del estado y niveles de gobierno. 12. Los prestadores de seguridad privada, humana,
interna y tecnológica. 13. Las fuerzas de seguridad federales en los términos y alcance de la normativa
nacional. Como así también la Ley N° 6722, refiere: Artículo 1: La presente ley establece las normas
generales que reglan el funcionamiento, la organización y los recursos humanos de las Policías de la
Provincia de Mendoza. Artículo 2° - Las Policías de la Provincia serán instituciones civiles, armadas,
jerarquizadas y con carácter profesional, depositarias de la fuerza pública por delegación del Estado
Provincial. Integrarán el Sistema Provincial de Seguridad Pública con la finalidad esencial de brindar el
servicio público de seguridad consistente en: 1-Proteger los derechos de los habitantes de la Provincia de
Mendoza, asegurando su goce, mediante la actuación preventiva, disuasiva o con el uso efectivo de la
fuerza pública. 2-Mantener el orden público y la paz social conforme con los principios establecidos en esta
ley. 3-Asegurar la plena vigencia de la Constitución Nacional y Provincial, así como los poderes que de ellas
emanan. Artículo 19: Serán funciones esenciales de las Policías Distritales de Seguridad, además de las
comunes, las siguientes: 1- Prevenir la comisión de faltas y hechos delictivos. 5-Implementar mecanismos
disuasivos de conductas ilícitas vulneratorias de las condiciones de seguridad pública. 8-Adoptar otras
medidas no contempladas expresamente en los incisos anteriores, sustentadas en razones de seguridad
pública, y siempre que procuren prevenir conductas delictivas o contravencionales, de conformidad con la
normativa vigente. Artículo 43 - Serán deberes esenciales del personal policial, los siguientes: 1- Jurar
acatamiento a la Constitución Nacional y a la Constitución de la Provincia de Mendoza. 2- Defender la vida,
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Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
la libertad y la propiedad de las personas aún a riesgo de su propia vida e integridad psicofísica, adoptando
en todo momento los principios básicos de actuación policial para prevenir el delito o interrumpir su
ejecución y sus efectos, siempre que se encontrare prestando el servicio. Si se encontrare fuera de servicio
y voluntariamente interviniere en cumplimiento de este deber, los actos que realizare a tal fin serán
considerados actos de servicio. En el caso de portar armas y uniforme, y aun cuando no estuviere en
servicio, deberá cumplir con el deber establecido en el primer párrafo del presente inciso. Que la Ley 9501,
Ley de Ministerios, dispone: “…TÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS MINISTERIOS.
CAPÍTULO I. DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO. ART. 2 Son atribuciones y deberes de cada
Ministro: …i) Celebrar convenios y contratos en el ámbito de sus competencias específicas, sujetos a la
aprobación del Poder Ejecutivo. El contrato se considerará válido y producirá sus efectos a partir de la
aprobación por decreto.
Cuando del contrato deriven obligaciones que comprometan fondos públicos, deberá contar con partida
presupuestaria suficiente, lo cual deberá acreditarse en las actuaciones administrativas correspondientes, en
forma previa a la aprobación por decreto…”. También establece: “MINISTERIO DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA. ART. 12º Será competencia en general del Ministerio de Seguridad y Justicia, la planificación,
coordinación, organización, ejecución y control de la política de seguridad pública de la Provincia, en orden a
la protección de la vida, la libertad, los derechos y los bienes de los habitantes de la Provincia, y la
vinculación y las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial…” Conforme la
normativa señalada y de la lectura del convenio suscripto surge que, en el presente, no se derivarían
obligaciones que comprometan fondos públicos. Salvando lo antedicho no existen objeciones que formular a
la firma del presente, correspondiendo ser APROBADO por Decreto del Sr. Gobernador…”.
Por ello y atento a lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia
en orden 07 y de conformidad a los Arts. 02º inc. i) y 12 de la Ley de Ministerios N° 9501, C.P.A. Art. 181 inc.
1), Constitución Provincial Arts. 8 y 128, Ley N° 6721 Arts. 2 y 4, Ley N° 6722 Arts. 1, 2, 19 y 43, y
Resolución Nro. 5425-SyJ/25;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Apruébese el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”,
celebrado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, representado por su titular Mgter. María Mercedes Rus
y la Municipalidad de Guaymallén representada por su intendente Ing. Marcos Calvente, suscripto el día 10
de abril de 2026, que como Anexo (05 hojas) y en copia certificada forma parte integrante del presente
decreto.
Artículo 2° - El presente decreto será refrendado por la Sra. Ministra de Seguridad y Justicia y el Sr. Ministro
de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1961
MENDOZA, 18 DE SETIEMBRE DE 2026
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Visto el Expediente Nº EX-2026–07287694–GDEMZA–HCS, en el que en orden 02 obra nota de la H.
Cámara de Senadores de la Provincia, recepcionada por el Poder Ejecutivo con fecha 14 de septiembre de
2026, mediante la cual comunica la Sanción Nº 9727,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley de la Provincia la Sanción N° 9727.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1971
MENDOZA, 18 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Electrónico EX-2023-07436273- -GDEMZA MESAENTGENERAL#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones se gestiona la AMPLIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE RED TETRA, con destino
a atender necesidades del Ministerio de Seguridad y Justicia;
Que en orden 190 obra copia del Decreto N° 1831 de fecha 20 de septiembre de 2024, mediante el cual se
adjudicó la licitación pública N° 19/2024-116, a la Razón Social INTEMA COMUNICACIONES S.A., C.U.I.T.
N° 33-70859408-9, la contratación mencionada ut-supra, por el termino de veinticuatro (24) meses y por el
monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 (USD 2.967.624,00), lo que al tipo de cambio del dólar oficial
del BNA del día anterior a la apertura (29/04/2024) representa la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100
($ 2.657.507.292,00), resultante de multiplicar USD 2.967.624,00 x $ 895,50;
Que en orden 285 la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, dependiente del Ministerio de
Seguridad y Justicia solicita: “…gestionar la ampliación de la contratación de servicios, prevista en el artículo
22 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, del expediente de referencia en el marco de la
Orden de Compra N° 11606-0280-OC24.
Dicha ampliación debe ser tramitada antes de la finalización del término contractual, haciendo uso de las
facultades conferidas como órgano licitante de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Pliego referido
en concordancia con lo estipulado por la Ley de Administración Financiera N° 8706, artículo 132. El Art. 10
del Pliego de Condiciones particulares: Plazo de Contratación dice: “El adjudicatario deberá prestar el
servicio solicitado, por un plazo de 24 meses a partir de la fecha de inicio efectivo del mismo.” El contrato
inició el 01 de octubre de 2024 y termina el 30 de septiembre de 2026.
Orden de Compra 11606-0280-OC24, plazo 24 meses, importe mensual USD 123.651, cotización del dólar
oficial (B.N.A.) al tipo de cambio vendedor del día anterior a la apertura - (29/04/2024 - USD 1 = $ 895,50).
Por razones de necesidad operativa se requiere ampliar la contratación actual en los siguientes porcentajes:
Cantidad de servicios mensuales que se requieren ampliar: 7 meses (29,17%)…”, contando con el visto
bueno de la Dirección de Logística, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia en orden 287;
Que en orden 291 obra Requerimiento N° 07436273/23, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE INFRAESTRUCTURA TETRA, por la cantidad de siete (07) meses, por el precio unitario de PESOS
CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON
50/100 ($ 110.729.470,50) y precio total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($ 775.106.293,50);
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 318 la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, efectúa el análisis
jurídico, dictamina y concluye: “…Que el artículo 22 del pliego de condiciones generales establece:
“AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES ADJUDICADAS”: En las contrataciones que tengan
por objeto la adquisición de bienes el Órgano Contratante podrá aumentar o disminuir hasta un treinta por
ciento (30%) las cantidades licitadas, por única vez en el momento de la adjudicación, al mismo precio y en
iguales condiciones, sin derecho del adjudicatario a reclamo alguno, salvo que el oferente limite
expresamente su oferta a determinada cantidad. Tratándose de servicios, se podrá ampliar o disminuir el
objeto del contrato hasta un treinta por ciento (30%) por única vez y antes de la finalización del término
contractual, en las condiciones y precios pactados, con la adecuación proporcional de los plazos respectivos
si correspondiese. Estas reglas no regirán en las licitaciones públicas de Convenio Marco, aplicándose en
las mismas las modalidades que en cada caso se establezcan a través de los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares”.
El artículo 132 de la Ley N° 8706 establece: “El órgano licitante tiene las facultades y obligaciones que se
establecen en la presente Ley, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en el reglamento, en los pliegos
de bases y condiciones o en la restante documentación contractual: a. Autorizar el llamado a licitación
pública o contratación directa no comprendidas en el artículo 131 inciso j) de la presente Ley, para el
suministro de bienes, la atención de servicios y la locación de inmuebles. b. Designar los miembros de la
Comisión de Preadjudicación de ofertas. c. Delegar el desarrollo y la coordinación de los aspectos técnicos
de las contrataciones en unidades técnicas especializadas. d. Adjudicar, fundado en informe técnico
emanado de la Comisión de Preadjudicación de ofertas, los bienes, servicios o locación de inmuebles, en
forma total o parcial, a uno o más oferentes; dejar sin efecto los procedimientos de adquisición por
inconveniencia económica o por otras causales fundadas, sin derecho a compensación alguna a favor de los
oferentes, salvo la devolución del costo de los pliegos de condiciones. e. Suscribir los contratos. f. La
facultad de aumentar o disminuir hasta un treinta por ciento (30%) del objeto del contrato, según lo que
determine al respecto la reglamentación a dictarse…”. A su vez el artículo 149 del Decreto N° 1000/15
establece en su parte pertinente: “Ampliación o Disminución de las Cantidades Adjudicadas: CUANDO SE
ADQUIERAN BIENES, el Órgano Licitante podrá aumentar o disminuir hasta un treinta por ciento (30%) las
cantidades licitadas, POR ÚNICA VEZ EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN, al mismo precio y en
iguales condiciones sin derecho del adjudicatario a reclamo alguno, salvo que el oferente limite
expresamente su oferta a determinada cantidad. TRATÁNDOSE DE SERVICIOS, se podrá ampliar o
disminuir el objeto del contrato hasta un treinta por ciento (30%) por única vez y ANTES DE LA
FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO CONTRACTUAL, en las condiciones y precios pactados, con la adecuación
proporcional de los plazos respectivos si correspondiese…”. En virtud de lo expresado en el presente
dictamen, este Servicio Jurídico entiende que tratándose de SERVICIOS, no tiene objeciones que formular
con relación a la AMPLIACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA TETRA, por la cantidad de 7 meses, valor
unitario $ 110.729.470,50, valor total en PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($ 775.106.293,50) por lo que deberá emitirse el
ACTO ADMINISTRATIVO DE AMPLIACION DE LA CONTRATACIÓN, ORDEN DE COMPRA 11606-0280-
OC24. Siendo el SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA la autoridad que deberá suscribir el acto, de
conformidad con las competencias establecidas en la Ley de Ministerio N° 9501 y atento a que el acto
administrativo de adjudicación fue Decreto. Téngase presente que deberá darse la correspondiente
intervención a la Contaduría General de la Provincia conforme lo establecido en la Disposición N° 18 de la
misma…”;
Que en orden 326 obra volante de imputación preventiva ajustado, comprobante N° 783/2026, por la suma
total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS ONCE CON 50/100 ($ 332.188.411,50), contando con el visto bueno de la Dirección de
Administración, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia en orden 328 y con la debida intervención
de los servicios administrativos de la Contaduría General de la Provincia en orden 337;
Que, en consonancia con lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada, del Ministerio de Seguridad y
Justicia en orden 318, en virtud de lo establecido en el Art. 22 del pliego de bases y condiciones generales y
Art. 149 del Decreto N° 1000/15.
Por ello,
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Autorícese la ampliación hasta un treinta por ciento (30%) de la CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE RED
TETRA, con destino a atender necesidades del Ministerio de Seguridad y Justicia, adjudicada mediante
Decreto N° 1831 de fecha 20 de septiembre de 2024, a la Razón Social “INTEMA COMUNICACIONES
S.A.”, C.U.I.T. N° 33-70859408-9, por un importe total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100(USD 865.557,00) equivalentes al
valor total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($ 775.106.293,50) lo que al tipo de cambio del dólar oficial del BNA del día
anterior a la apertura (29/04/2024) ($ 895,50 = USD 1,00) representa la suma de PESOS SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($
775.106.293,50) y por la cantidad de siete (07) meses, imputando al presente ejercicio la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE
CON 50/100 ($ 332.188.411,50).
Artículo 2° - El gasto que demande lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con cargo a la Cuenta
General: U.G.C.: J20072 Eco: 41301 Fin: 145 - U.G.G.: J00098 del presupuesto año 2026.
Artículo 3º - Autorícese a los servicios administrativos correspondientes a imputar y realizar los trámites
pertinentes para atender gastos en ejercicios futuros, de acuerdo a la excepción prevista en el artículo 100,
Inc. b) de la Ley N° 8706.
Artículo 4°- Autorícese a los servicios administrativos pertinentes a imputar, liquidar y pagar las diferencias
de cambio que surjan entre el tipo de cambio indicado en el artículo 1°, y la cotización tipo vendedor del
Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago.
Artículo 5° - Hágase saber que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley N° 9003, el plazo para
interponer RECURSO DE REVOCATORIA (Arts. 177 y 178 de la N° 9003) o RECURSO JERARQUICO
(Arts. 179, 180, 181 y 182 de la Ley Nº 9003) es de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de la
notificación. Asimismo, en caso de errores materiales, omisiones o conceptos oscuros, podrá interponer en
el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de la notificación un RECURSO DE ACLARATORIA
(Art. 176 de la Ley N° 9003).
Artículo 6º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1977
MENDOZA, 21 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Nº EX-2026-07364396-GDEMZA-HCS, en el que en orden 02 obra la Resolución Nº 301
de fecha 15 de septiembre de 2026, mediante la cual la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia ha
prestado el Acuerdo pertinente para la designación en el cargo de Juez de la 5º Cámara Civil, Comercial,
Minas, de Paz y Tributaria, de la Primera Circunscripción Judicial y de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 174º de la Constitución de la Provincia de Mendoza,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Desígnese a partir de la fecha del presente decreto, al Dr. JUAN PABLO SANTIAGO CIVIT,
D.N.I. Nº 27.487.459, en el cargo de Juez de la 5º Cámara Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria, de la
Primera Circunscripción Judicial.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1978
MENDOZA, 21 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Nº EX-2026-07365215-GDEMZA-HCS, en el que en orden 02 obra la Resolución Nº 302
de fecha 15 de septiembre de 2026, mediante la cual la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia ha
prestado el Acuerdo pertinente para la designación en el cargo de Juez de la 2º Cámara Civil, Comercial,
Minas, de Paz y Tributaria, de la Primera Circunscripción Judicial y de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 174º de la Constitución de la Provincia de Mendoza,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Desígnese a partir de la fecha del presente decreto, a la Dra. MARCELA CECILIA RUIZ DIAZ,
D.N.I. Nº 22.973.442, en el cargo de Juez de la 2º Cámara Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria, de la
Primera Circunscripción Judicial.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
Decreto N°: 1979
MENDOZA, 21 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el Expediente Nº EX-2026-07366320-GDEMZA-HCS, en el que en orden 02 obra la Resolución Nº 303
de fecha 15 de septiembre de 2026, mediante la cual la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia ha
prestado el Acuerdo pertinente para la designación en el cargo de Juez de la 1º Cámara Civil, Comercial,
Minas, de Paz y Tributaria, de la Primera Circunscripción Judicial y de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 174º de la Constitución de la Provincia de Mendoza,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Desígnese a partir de la fecha del presente decreto, al Dr. MAURICIO JAVIER MARTINEZ
RIVAS RUZO, D.N.I. Nº 24.370.409, en el cargo de Juez de la 1º Cámara Civil, Comercial, Minas, de Paz y
Tributaria, de la Primera Circunscripción Judicial.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
Decreto N°: 1735
MENDOZA, 24 DE AGOSTO DE 2026
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Visto el expediente EX-2022-07836282--GDEMZA-CCC y sus asociados EX-2020-05806946—GDEMZA-
HSAPORITI#MSDSYD.
EX-2021-01187058—GDEMZA-HSAPORITI#MSDSYD
y
EX-2025-06879871—
GDEMZA-CCC en el cual la Tca. NATALIA ELIZABETH MERCADO interpone Recurso de Alzada en contra
de la Resolución Nº 80, de fecha 29 de abril de 2024, de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Dr. Carlos
Saporiti”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo de la agente Mercado referente al pago de
una indemnización por despido;
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según
lo establecido en el Art. 184 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que de las constancias de las presentes actuaciones surge que la recurrente se vinculó con el Hospital “Dr.
Carlos Saporiti” mediante sucesivos convenios prestacionales para desempeñarse como Técnica
Universitaria en Diagnóstico por Imágenes, a partir del 7 de diciembre de 2018 y hasta el 30 de noviembre
del año 2020, conforme su profesión de Técnica Universitaria en Diagnóstico por Imágenes y que, esas
labores se prestaban los días que fueran requeridos según necesidad del Servicio de Rayos del Hospital;
Que dichas contrataciones se efectuaron bajo el régimen de la Ley Nº 7557, que autoriza expresamente la
celebración de Convenios por Servicios Profesionales para Prestaciones Indispensables, destinados a cubrir
actividades asistenciales críticas y asegurar la normal prestación del servicio de salud;
Que mediante el dictado de la Resolución N° 132, de fecha 26 de noviembre de 2020, la Dirección del
Hospital “Dr. Carlos Saporiti” dispuso la prórroga de distintos convenios prestacionales, no incluyéndose el
convenio prestacional de la Téc. Mercado por lo que a partir del 01 de diciembre del 2020 no prestó más
servicios al Hospital atento al vencimiento del plazo de vigencia de su convenio - 30 de noviembre de 2020;
Que respecto al Recurso de Alzada el Poder Ejecutivo está limitado al control de legitimidad, no siendo
procedente por razones de oportunidad, mérito o conveniencia y que sólo podrá revocar el acto por
ilegitimidad, pero no modificarlo, reformarlo o sustituirlo (Art. 185 de la Ley de Procedimiento Administrativo).
Sobre las razones de ilegitimidad, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza fijó que comprenden “los vicios
de competencia, objeto, voluntad y forma del acto, la desviación y el abuso o exceso de poder, la
arbitrariedad y la violación de los principios generales del derecho.”;
Que la Resolución N° 80, de fecha 29 de abril de 2024, de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Dr. Carlos
Saporiti” ha sido dictada por autoridad competente, con la debida motivación y ajustada a la normativa
vigente, resultando un obrar administrativo legítimo dentro de la esfera de discrecionalidad que la ley otorga
a la institución;
Que de las constancias de las presentes actuaciones surge que: - La recurrente se encontraba vinculada al
Hospital “Dr. Carlos Saporiti” mediante contratación por servicios personales cuyo vencimiento operaba el 30
de noviembre del 2020. Por tanto, el vínculo no se extinguió por un "despido", sino por el cumplimiento del
plazo de vigencia establecido de antemano en el instrumento contractual, debidamente suscripto por la
recurrente, siendo el vencimiento del término el modo de conclusión natural del contrato, lo cual no genera
derecho a indemnización alguna;
Que así, la recurrente con su actitud compromete seriamente la teoría de los actos propios y la buena fe
contractual, pues, más allá del reclamo interpuesto seguidamente, no puede pretender una indemnización
cuando previo a ello prestó su conformidad a las características y extremos de la contratación;
Que tanto el texto del convenio –cláusula quinta– como la Resolución N° 113/20 – Art. 2°– determinaron
expresamente la posibilidad de ambas partes de rescindir sin expresión de causa y sin que ello genere
responsabilidad alguna y específicamente, de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Carlos Saporiti”, la facultad
de dejar sin efecto la prestación;
Que la recurrente no revistió en ningún momento el carácter de empleada pública con derecho a la
estabilidad, ya que su vínculo no emanó de un acto administrativo de designación en planta permanente. Se
trata de una contratación transitoria bajo la Ley Nº 7557, la cual exige plazos determinados y funciones
críticas. Los derechos a la estabilidad previstos en el Decreto Ley Nº 560/73 están reservados
exclusivamente para el personal permanente incorporado al escalafón mediante los mecanismos legales
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
correspondientes, situación que no acaeció en este caso. La agente se sometió voluntariamente a este
régimen de inestabilidad, por lo que pretender estabilidad a posteriori sería volver sobre sus propios actos,
atento a que el carácter de la contratación no se transforma por el mero paso del tiempo;
Que la Resolución N° 80, de fecha 29 de abril de 2024, de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Dr. Carlos
Saporiti”, atacada por este Recurso de Alzada no se encuentra viciada sino por el contrario se encuentra
debidamente fundamentada, emitida por autoridad competente y en cabal cumplimiento con la normativa
aplicable (Ley Nº 9003), resultando un acto administrativo legítimo y válido;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 62 y por Asesoría de Gobierno en orden 67 del expediente EX-
2022-07836282--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la Tca.
NATALIA ELIZABETH MERCADO, DNI Nº 30.446.604, CUIL Nº 27-30446604-4, en contra de la Resolución
Nº 80, de fecha 29 de abril de 2024, de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Dr. Carlos Saporiti”, en virtud de
lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
@@GRPG_4@@
RESOLUCIONES
MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS
Resolución N°: 208
MENDOZA, 16 DE SETIEMBRE DE 2026
Visto el EX-2026-06988795-GDEMZA-DGPRES#MHYF, donde se tramita la distribución a favor de las
Municipalidades de la Provincia, de los fondos correspondientes al Canon Extraordinario de Producción y al
Canon por Renta Extraordinaria establecidos en los incisos 2º y 12º del artículo 13º Anexo I del Decreto Nº
1547/10 y en los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 3089/10, respectivamente; y
CONSIDERANDO:
Que la citada normativa dispone que dichos conceptos serán distribuidos entre las Municipalidades de la
Provincia en un doce por ciento (12%) de lo efectivamente percibido, aplicando el índice dispuesto en el
artículo 2º de la Ley Nº 6396 y sus modificatorias;
Que el artículo 1º del Decreto Nº 2054/11, ratificado por la Ley Nº 8393, establece que dicha distribución se
realice en carácter de aporte no reintegrable mediante decreto del Poder Ejecutivo;
Que el Decreto Nº 2973/25, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 32517, con fecha 16 de enero
de 2026, delega en el Ministerio de Hacienda y Finanzas la facultad de disponer la distribución y
transferencia del Canon Extraordinario de Producción, el Canon por Renta Extraordinaria y el Fondo de
Inversión en Infraestructura Social, en los términos y con los alcances previstos en el Decreto N° 2054/11,
ratificado por Ley N° 8393 y asimismo, dispone que los actos administrativos que se dicten en el marco de
esta delegación de facultades deberán consignar expresamente la norma habilitante y su fecha de
publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 9003 de Procedimiento
Administrativo;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la recaudación del Canon Extraordinario de Producción y del Canon por Renta Extraordinaria, del mes
de agosto de 2026, correspondiente al porcentaje destinado a los municipios, ha sido certificada por
Contaduría General de la Provincia y asciende a la suma de $84.127.802,56 y de $26.173.119,85,
respectivamente; asimismo informa que no presenta recaudación en el mes aludido el Fondo de Inversión en
Infraestructura Social;
Que el índice aplicado a los efectos de la distribución del Canon Extraordinario de Producción y del Canon
por Renta Extraordinaria, es el correspondiente al ejercicio 2026, fijado mediante la Resolución Nº 161-HyF-
26;
Que la recaudación de Canon por Renta Extraordinaria, certificada por la Contaduría General de la
Provincia, ha superado a la prevista en el Presupuesto 2026 en $26.173.119,85, por lo que resulta necesario
incrementar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Erogaciones vigente, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 11, inciso d) de la Ley Nº 9681 y artículos 5, 24 y 26 del Decreto Acuerdo Nº 369/26.
Por ello,
EL
MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º - Modifíquese el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial del ejercicio
vigente, incrementándose en la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
CIENTO DIECINUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($26.173.119,85.-), tanto en el Cálculo de
Recursos como en el Presupuesto de Erogaciones, del modo que se indica en la Planilla Anexa I que forma
parte integrante de esta resolución, correspondiente al carácter 1.
Artículo 2º - Autorícese a Contaduría General de la Provincia a liquidar a favor de las Municipalidades que se
detallan y por los montos que se indican en la Planilla Anexa II, que forma parte de la presente resolución,
en concepto de aporte no reintegrable correspondiente al mes de agosto de 2026, del 12% Canon
Extraordinario de Producción, previsto en el inciso 2º del artículo 13º Anexo I del Decreto Nº 1547/10, en el
artículo 3º del Decreto Nº 3089/10 y en el artículo 1º del Decreto Nº 2054/11, ratificado por Ley Nº 8393, por
la suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($84.127.802,56.-).
Artículo 3º - El importe previsto en el artículo anterior se liquidará con cargo a la partida: H-20010-431-17-
000 “Otros Aportes a Municipios” y unidades de gestión de gasto respectivas del Presupuesto de
Erogaciones vigente, detalladas en la Planilla Anexa II, que forma parte de la presente resolución.
Artículo 4º - Autorícese a Contaduría General de la Provincia a liquidar a favor de las Municipalidades que se
detallan y por los montos que se indican en la Planilla Anexa III, que forma parte de la presente resolución,
en concepto de aporte no reintegrable correspondiente al mes de agosto de 2026, del 12% Canon por Renta
Extraordinaria, previsto en el inciso 12º del artículo 13º Anexo I del Decreto Nº 1547/10, en el artículo 4º del
Decreto Nº 3089/10 y en el artículo 1º del Decreto Nº 2054/11, ratificado por Ley Nº 8393, por la suma total
de PESOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($26.173.119,85.-)
Artículo 5º - El importe previsto en el artículo anterior se liquidará con cargo a la partida: H-20011-431-17-
000 “Otros Aportes a Municipios” y unidades de gestión de gasto respectivas del Presupuesto de
Erogaciones vigente, detalladas en la Planilla Anexa III, que forma parte de la presente resolución.
Artículo 6º - Las Municipalidades indicadas en las Planillas Anexas II y III de la presente resolución deberán
efectuar la rendición de los fondos recibidos ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, de
acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 7º - Comuníquese la presente resolución a la Contaduría General de la Provincia para su
registración.
Artículo 8º - Comuníquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.
LIC. VICTOR FAYAD
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES Y COOPERATIVAS
Resolución N°: 125
MENDOZA, 15 DE SETIEMBRE DE 2026
VISTO el expediente EX-2021-04293078- -GDEMZA-DAYC#MEIYE, en el cual obran emplazamientos y
requerimientos formulados a COOPERATIVA DE TRABAJO "NEHUEN" LIMITADA, con domicilio en el
Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza, y;
CONSIDERANDO
Que, mediante Resolución Nº 132 de fecha 9 de marzo de 2023, este organismo dispuso el retiro de la
autorización para funcionar a la cooperativa referida, emplazando en la misma a realizar el proceso
liquidatario, conforme lo establecido en el Capítulo X de la Ley Nacional Nº 20337; y ante el incumplimiento
por parte de la entidad, se dio intervención a Fiscalía de Estado para que considerara la posibilidad de
efectuar liquidación judicial.
Que la Secretaría de Asuntos Jurídicos – Fiscalía de Estado en dictamen identificado como NO-2026-
05327854-GDEMZA-FISCESTADO, de fecha 7 de julio de 2026, compulsa las actuaciones presentes y
concluye que la entidad no posee bienes registrables de posible interés fiscal en los términos de los artículos
95° y 101° in fine de la ley 20337, por lo que una liquidación judicial constituiría un desgaste jurisdiccional
innecesario.
Que, en consecuencia, conforme al dictamen de Asesoría Legal IF-2026-05601855-GDEMZA-DAYC#MEIYE
de fecha 21 de julio de 2026, corresponde disponer se cancele la inscripción de la entidad en el Registro
Provincial de Cooperativas.
Que, obran constancias de envíos de notificación al domicilio denunciado por la entidad y no se manifiesta a
la fecha el funcionamiento de esta; dispóngase notificar en términos del artículo 152° de la Ley de
Procedimiento Administrativo N° 9003.
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Ley Provincial Nº 5.316 y Decretos Provinciales Nº
52/2024 y 207/2024.
LA
DIRECTORA DE EMPRENDEDORES Y COOPERATIVAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Cancélese en el Registro Provincial de Cooperativas, la inscripción Nº 1458 T, a COOPERATIVA
DE TRABAJO "NEHUEN" LIMITADA, con domicilio en el Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza.
Artículo 2º.- Notifíquese; dese al Área Datos, tómese nota en el Registro Provincial, y archívese.
LIC. ANDREA NALLÍM
S/Cargo
22-23-24/09/2026 (3 Pub.)
DIRECCION PROVINCIAL DE GANADERIA SEDE CENTRAL
Resolución N°: 152
GENERAL ALVEAR, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VISTO: El expediente EX–2026-07456049-GDEMZA-DPG#MEIYE, que contiene las causas existentes a
este momento, por animales en infracción a Ley 6773 en el corral que ubica en el Departamento de San
Rafael, (Ley Provincial de Ganadería art. 53 al 59. Actuaciones Sumariales N° 1442/26: equino macho,
pelaje zaino colorado calzado medio en pata del lado del lazo, con lucero en la frente; Causa N° 1433/26:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
equino macho, pelaje zaino colorado, con lista blanca en la frente, calzado medio en ambas patas, calzado
medio en mano del lado de montar; Causa N° 1094/26: caprino hembra, pelaje osco; Causa N° 1431/26:
bovino hembra, categoría ternera, pelaje negro; y
CONSIDERANDO: Que es objetivo de esta Dirección dar cumplimiento a la Ley 6773 de Ganadería en todos
sus aspectos, y habiéndose cumplido los actos y plazos estipulados por dicha ley, en lo que respecta a los
artículos, mencionados, y teniendo presente que el plazo de estadía de la hacienda desde su ingreso al
corral, establecido en el artículo 59, ha sido superado, y a los fines de evitar su permanencia en el corral, se
realizara la venta en remate público, efectuándose la publicación en el Boletín Oficial.
Que los postores, deberán dar cumplimiento a los requisitos que se mencionan en la parte resolutiva, al
momento de efectuarse el remate.
Por ello,
EL
DIRECTOR PROVINCIAL DE GANADERIA
RESUELVE:
Artículo 1° - Llévese a subasta pública con base, al mejor postor, en dinero efectivo y/o transferencia
inmediata, los siguientes animales: Causa N° 1442/26: equino macho, pelaje zaino colorado calzado medio
en pata del lado del lazo, con lucero en la frente; Causa N° 1433/26: equino macho, pelaje zaino colorado,
con lista blanca en la frente, calzado medio en ambas patas, calzado medio en mano del lado de montar;
Causa N° 1094/26: caprino hembra, pelaje osco; Causa N° 1431/26: bovino hembra, categoría ternera,
pelaje negro.
Las ofertas serán por causa, con base y al mejor postor, en caso de no existir propuestas de compra, se
efectuará una segunda oferta, si no existen postores para la misma, se declarará desierta la oferta de dicha
causa. Una vez finalizada la oferta en forma individual de las causas, sobre las que queden desiertas, se
recibirán propuestas de compra por el lote restante.
Artículo 2° - Fíjese fecha de exhibición el día 24 de septiembre de 2026 en el corral privado habilitado, sito
en Ruta Nacional 146 esquina Maza, Colonia Elena, San Rafael, Mendoza, en horario de 10 a 12.
Artículo 3° - Fíjese fecha de remate el día 25 de septiembre de 2026, a las 10:30 hs. en sede del corral
privado habilitado, oportunamente citado.
Artículo 4° - Desígnese a la Martillera Pública Patricia Andrea Montivero, matricula N° 3370, para actuar en
el presente remate, conforme a las constancias del Registro de Martilleros.
Artículo 5° - En dicho día, finalizado el remate, el comprador deberá pagar en efectivo y/o en transferencia
inmediata, el valor de la hacienda adquirida, comisión del martillero y gastos sanitarios, la suma restante,
una vez cancelada la comisión del martillero y gastos sanitarios, se aplicará a gastos y manutención del
animal, flete si lo hubiere, conforme ley impositiva, de existir saldo, será depositado, en un código 148 y ser
adjuntado al expediente.
Artículo 6° - El comprador dispone de 2 días corridos para cumplimentar todos los requisitos necesarios para
obtener la autorización para retirar la hacienda. Los mencionados requisitos son: marca, libreta sanitaria o
certificado sanitario, RENSPA, boleta de corral y código 148, en caso de corresponder.
Artículo 7° - Superados los 2 (dos) días corridos sin haberse cumplimentado los requisitos mencionados, los
costos por guarda y manutención estarán a cargo del comprador por la cantidad de días que exceda.
Superados los 10 días corridos desde el día de la subasta sin cumplimentar los requisitos mencionados, la
subasta quedará sin efecto y la hacienda será rematada nuevamente.
Artículo 8° - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
ROBERTO FRANCISCO RÍOS
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
@@GRPG_7@@
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
ORDENANZAS
MUNICIPALIDAD LAVALLE
Ordenanza N°: 1274
LAVALLE, 02 DE SETIEMBRE DE 2026
VISTO:
El Expediente N° 11491/2025-0 caratulado: “Dirección de Catastro, E/ Nota E/ Proyecto de Ordenanza
Donación IPV (B° Jarilleros II).”, y;
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente Nº 11876/24 la Dirección de Vivienda plantea la necesidad de contar con terreno
urbanizado para ser destinado al programa “Mendoza Construye”, del IPV;
Que, existe disponibilidad de terreno, título de la Municipalidad de Lavalle, en el Barrio Jarilleros II, y que el
Departamento de Planeamiento y Catastro Territorial, ha proyectado un fraccionamiento de 7 lotes con
urbanización completa;
Que, este proyecto de fraccionamiento se ha realizado en un rasgo de terreno perteneciente a la Fracción
ER5, del plano aprobado por Catastro de la Provincia, bajo el N.º16055;
Que, este rasgo de terreno será donado al I.P.V., con el cargo de la construcción de viviendas, destinadas a
familias del Departamento, priorizadas por la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Lavalle, dentro
del marco del “Programa MENDOZA CONSTRUYE”, Línea 1 y/o cualquier programa habitacional que surja
posteriormente;
Que, este rasgo de terreno tiene una superficie de 3,335m2 aproximadamente, cuyos límites son los
siguientes: Norte: Calle Pública Nº 2, en 81,00 m aprox., Sur: Juana E. Bastias y Otro, en 80,52 m aprox.
Este: Terreno municipal en 40,36 m aprox. y al Oeste: Terreno municipal (calle Proyectada) en 40,36 m
aprox.;
Que, conforme a las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades 1079, Art. 73, Inc. 3 y
por la Ley de Contabilidad de la Provincia Nº 3799, Art. 29, punto b, Inc. 2, es facultad del H.C.D. disponer
sobre los bienes de propiedad Municipal de conformidad con la normativa vigente;
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LAVALLE
ORDENA:
ARTÍCULO 1°: Dónese con cargo al Instituto Provincial de la Vivienda, a los fines de que este Organismo
proceda a ejecutar el “Programa MENDOZA CONSTRUYE”, Línea 1 y/o cualquier programa habitacional
que surja posteriormente, una porción de terreno constante de una superficie aprox. de 3.335 m2, propiedad
de la Municipalidad de Lavalle, ubicado en Calle Pública N.º 2 del Barrio Jarrilleros II, como parte de mayor
superficie de la Fracción ER5, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Mendoza
en la Matrícula N.º180327, Asiento A-1, de Lavalle, Padrón de Rentas 13-161785-6, Nomenclatura Catastral
N°13-2532946 6380188-0000-1, Padrón Municipal N.º 12911, Fracción ER5 del plano N.º 13- 16055,
aprobado por Catastro de la Provincia.
ARTÍCULO 2°: El cargo consistirá en la construcción de vivienda, destinado a familias del Departamento,
priorizadas por la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Lavalle, dentro del “Programa MENDOZA
CONSTRUYE”, Línea 1 y/o cualquier programa habitacional que surja posteriormente y la consiguiente
escrituración en un término no superior a un año desde la finalización de la ejecución de la obra.
ARTÍCULO 3°: Realícese por la Oficina de Catastro de la Municipalidad de Lavalle el plano de mensura y
fraccionamiento correspondiente.
ARTÍCULO 4°: Cúmplase, publíquese, comuníquese al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de
Lavalle y dese al Libro de Resoluciones del Concejo Deliberante.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTICINCO
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Guadalupe Parés Martino
Presidenta
Prof. Ana Ramo
Secretaria
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
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DECRETOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD LAVALLE
Decreto Municipal N°: 26
LAVALLE, 10 DE AGOSTO DE 2026
VISTO:
La Ordenanza Nº 1274/25, dictada por el Concejo Deliberante de Lavalle, obrante a Fs. 15/16, del
Expediente Nº 11491/25, a través de la cual se dona con cargo al Instituto Provincial de la Vivienda, a los
fines de que éste organismo proceda a ejecutar el “Programa Mendoza Construye”, Linea 1 y/o cualquier
programa habitacional que surja posteriormente, una porción de terreno constante de una superficie
aproximada de 3.335 m² propiedad de la Municipalidad de Lavalle, ubicado en calle Pública 2 del Barrio
Jarilleros II, como parte de mayor superficie de la fracción ER5, inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Mendoza, en la Matrícula Nº 180327, Asiento A-1, de Lavalle, Padrón de Rentas
13-161785-6, Nomenclatura Catastral Nº 13-2532946 6380188-0000-1, Padrón Municipal Nº 12911, Fracción
ER5 del plano Nº 13-16055, aprobado por Catastro de la Provincia;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ART. 1º) – Promúlguese y téngase por Ordenanza Municipal, la sancionada por el Concejo Deliberante de
Lavalle con el Nº 1274/25, que obra a Fs. 15/16, del Expediente Nº 11491/25.
ART. 2º) - Por Dirección de Coordinación de Comunicación Pública efectúese la publicación de estilo y por el
Departamento de Planeamiento y Catastro Territorial y Dirección de Vivienda impleméntese los dispuesto por
la referida Ordenanza.
ART. 3º) - Cúmplase y dese al Digesto Municipal.
EDGARDO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL
SEBASTIAN ORIBE
SECRETARIO DE HACIENDA
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
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RESOLUCIONES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD LAVALLE
Resolución Municipal N°: 8286
LAVALLE, 05 DE MAYO DE 2026.
VISTO:
El Expte. 6955/2026-0 Caratulado: Concejo Deliberante E/ Nómina de autoridades del Concejo Deliberante,
y;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido por las disposiciones de la Ley Nº 1079 y sus modificatorias, en dicha Sesión
se procedió a la elección de autoridades para el Periodo 2026;
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LAVALLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lavalle, y a todos los
Concejos Deliberantes de la provincia de Mendoza, la Nómina de Autoridades del Concejo Deliberante de
Lavalle, la que quedará conformada de la siguiente manera:
● Presidenta: Srta. Guadalupe, Parés Martino. (P.J.)
● Vicepresidente Primero:Prof. Walter Gonzalez(Cambia Mendoza-UCR)
● Vicepresidenta Segunda: Tec. María Belén Quiroga (P.J.)
BLOQUE JUSTICIALISTA MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN:
■ Tec. Diego Sifuente. (Presidente de Bloque)
■ Srta. Guadalupe Parés Martino.
■ Srta. Sabrina Baeza.
■ Sr. Juan Jaime.
BLOQUE JUSTICIALISTA CARLOS MASOERO:
● Tec. María Belén Quiroga. (Presidente de Bloque)
BLOQUE CAMBIA MENDOZA-UCR:
● Lic. Verónica Natalia Castro. (Presidente de Bloque)
● Prof. Walter Javier González.
BLOQUE LIBRES DEL SUR:
● Sra. Carolina Estefania Del Castillo. (Presidente de Bloque)
BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA:
● Sr. Carlos Groselj. (Presidente de Bloque)
BLOQUE PROVINCIAS UNIDAS-DEFENDAMOS LAVALLE:
● Sr. Alberto David Fiore. (Presidente de Bloque)
▪ Secretaria Legislativa C.D.: Prof. Ana Florentina Ramo.
▪ Pro-Secretaria Legislativa C.D.: Sra. Cintia Sacconi.
ARTÍCULO 2°: Cúmplase, notifíquese, publíquese y comuníquese al Departamento Ejecutivo de la
Municipalidad de Lavalle y dese al Libro de Resoluciones del Concejo Deliberante.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EL DÍA CINCO DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTISÉIS.
GUADALUPE PARÉS MARTINO
Presidenta
PROF. ANA RAMO
Secretaria Legislativa
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
Resolución Municipal N°: 8336
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
LAVALLE, 23 DE JUNIO DE 2026
VISTO:
El Expediente Nº 8728/2026-0, Caratulado “Concejal Juan Jaime E/ Proyecto (Digital) ref. a Sesiones
Descentralizadas del Concejo Deliberante", y;
CONSIDERANDO:
Que la necesidad de acercar el funcionamiento de este Cuerpo Legislativo a la totalidad del territorio
departamental, garantizando la participación ciudadana y la descentralización institucional, lo normado por la
Ley Orgánica de Municipalidades N° 1.079 de la Provincia de Mendoza, y el Artículo 13° párrafo 2º del
Reglamento Interno de este Concejo Deliberante;
Que, es función primordial de este Concejo Deliberante de Lavalle dictar normas orientadas al bien común y
propiciar mecanismos que fortalezcan la institucionalidad democrática en el plano local;
Que, la geografía de nuestro Departamento cuenta con Distritos alejados de la ciudad Tulumaya, cuyos
habitantes sufren dificultades de conectividad o transporte para asistir a las sesiones ordinarias celebradas
en el recinto habitual;
Que, el Artículo 13° párrafo 2º del Reglamento Interno faculta expresamente a este Cuerpo a sesionar de
manera válida fuera de su sede habitual, previo establecimiento de un calendario o por resolución especial
de los ediles;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1.079 fomenta la descentralización, la publicidad de los actos
de gobierno y faculta al Concejo a dictar las medidas necesarias para asegurar la representatividad
territorial;
Que, federalizar el debate legislativo en los Distritos permite recoger de primera mano las inquietudes,
problemáticas y proyectos de cada comunidad;
Que, fijar un calendario previsible desde el próximo mes de julio hasta la finalización del presente período de
sesiones ordinarias otorga orden administrativo a la institución y previsibilidad de participación para los
vecinos;
Que, el éxito de la descentralización legislativa radica en la escucha activa de las comunidades, por lo que
resulta indispensable dotar a las sesiones de herramientas formales de participación ciudadana directa,
permitiendo que la voz del vecino ocupe un lugar central y ordenado mediante el uso de la Banca del Pueblo
en su propio territorio.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LAVALLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: ESTABLÉZCASE el Cronograma de Sesiones Ordinarias Itinerantes del Concejo Deliberante
de Lavalle, el cual se desarrollará a partir del mes de julio y hasta la finalización del período de sesiones
ordinarias del corriente año legislativo, de conformidad con el Art. 13° párrafo 2º del Reglamento Interno.
ARTÍCULO 2º: FACÚLTASE a la Presidencia del Cuerpo a coordinar con las delegaciones municipales
correspondientes, uniones vecinales, consejo comunitario, escuelas o centros comunitarios de cada Distrito,
la adecuación edilicia y técnica indispensable para garantizar las condiciones operativas y el resguardo de
las actas de sesión.
ARTÍCULO 3º: DISPÓNGASE la amplia difusión del cronograma aprobado a través de los canales de prensa
institucionales del Concejo Deliberante, el municipio y los medios locales, notificando formalmente a las
fuerzas vivas y organizaciones intermedias de cada jurisdicción con un mínimo de quince (15) días de
antelación a cada sesión.
ARTÍCULO 4º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Resolución serán imputados a las
partidas presupuestarias correspondientes a este Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 5º: Envíese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
ARTÍCULO 6º: Cúmplase, comuníquese al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lavalle y dese al
Libro de Resoluciones del Concejo Deliberante.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.
Guadalupe Parés Martino
Presidenta
Prof. Ana Ramo
Secretaria Legislativa
S/Cargo
23/09/2026 (1 Pub.)
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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