DECRETOS

Decreto Nº 1515

Fecha de publicación
8 de septiembre de 2026
Fecha de la norma
30 de julio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.672 · páginas 13–16
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1515 MENDOZA, 30 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2026-00356464-GDEMZA-CCC y su asociado EX-2024-05122817—GDEMZA- HSCARAVELLI#MSDSYD en el cual el Farmacéutico CARLOS ANTONIO SALINAS, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 266/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Antonio J. Scaravelli”; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el Farm. Salinas en contra de la Resolución Nº 201/24 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Antonio J. Scaravelli”, por la cual se declaró devenido en abstracto el reclamo, del profesional, referente a la inaplicabilidad de la Ley Nº 9540; Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido el Art. 184 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que manifiesta el recurrente que la eliminación del Adicional Bloqueo de Título, no resulta razonable, que ello afectaría derechos previamente reconocidos y consolidados; Que sostiene el recurrente que la Administración puede y debe garantizar el control de convencionalidad de los actos administrativos bajo su órbita y que la inaplicabilidad de la Ley Nº 9540, en su situación particular, es una medida acorde con las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina; Que alega además el recurrente que el acto impugnado no ha dado expreso tratamiento a los vicios alegados respecto de los actos recurridos previamente, los cuales se habrían visto agravados en la resolución ahora puesta en crisis; Que el organismo descentralizado ha rechazado el fondo de su planteo, dando argumentos suficientes en torno a que lo solicitado le está vedado a la Administración y mucho más a sus dependencias descentralizadas, en razón del principio constitucional de división de poderes. El fundamento central de la resolución impugnada es el rechazo a la pretensión de la parte recurrente, dado que el Poder Ejecutivo no debe ingresar a la zona de reserva del Poder Legislativo. Es decir, la resolución recurrida se motiva en el límite que le impone al Poder Ejecutivo, el principio de división de poderes. Con mayor razón, existe este mismo límite para sus dependencias descentralizadas. Además, la autoridad descentralizada, en el caso concreto, ha explicado por qué resulta inviable declarar inaplicable una ley a través de un examen de convencionalidad y/o constitucionalidad, ya que no existe una afectación concreta y actual de derecho alguno del impugnante; Que en el reclamo interpuesto primigeniamente, se solicita que la Administración reconozca la inaplicabilidad de la Ley Nº 9540, aun cuando no se verifica la afectación actual y concreta de un derecho del reclamante; Que en esta circunstancia acceder a lo solicitado implicaría que la Administración ingrese a la zona de reserva del Poder Legislativo, lo que le está vedado de acuerdo a la Constitución Nacional Arts. 1 y 5 y al Art. 12 y concordantes de la Constitución de Mendoza. En concreto, no puede actuarse en el sentido reclamado sin conculcar el sistema republicano de gobierno y el principio de división de poderes consustancial al mismo; Que así no resulta procedente intentar un control de convencionalidad y/o constitucionalidad en sede administrativa, por cuanto si bien está discutida la habilitación de la Administración para realizarlo, en todo caso, el mismo sólo procede en circunstancias excepcionales y por lo tanto, deben verificarse estrictamente las circunstancias y los requisitos establecidos al efecto; Que la pretensión del reclamante requiere que la Administración decida efectuar un expreso reconocimiento de derechos, en contra de lo previsto expresamente por la ley. En estos casos el criterio es aún más estricto debiéndose cumplir rigurosamente las pautas que Asesoría de Gobierno ha indicado en el Dictamen N° 620/91. En dicha oportunidad se manifestó favorablemente respecto de la posibilidad de no Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial aplicar una norma que ostente un grosero apartamiento de la ley fundamental, incluso ante la ausencia de decisión judicial al respecto, debiendo esta facultad ser ejercida con suma prudencia y con carácter excepcional. Dicho dictamen considera los requisitos que la doctrina ha indicado para facultar al Poder Ejecutivo a dejar de cumplir con una ley inconstitucional, siendo estos: a) que la inconstitucionalidad surja en forma razonablemente evidente, de modo que la conclusión exceda el maro de la mera opinabilidad o b) que la inconstitucionalidad haya sido declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación o resulte de una reiterada doctrina judicial, entre otros; Que tales pautas no se verifican en el presente caso, dado que no existe una transgresión manifiesta y evidente a las normas constitucionales aplicadas, ni su validez ha sido conmovida judicialmente; Que más allá de las argumentaciones que ha expresado el reclamante, la estabilidad en su cargo no necesariamente alcanza a los adicionales, sino que se limita esencialmente al salario básico y nivel escalafonario alcanzado; y por su lado, la prohibición de afectar la remuneración no es absoluta; Que nuestro máximo Tribunal ha dicho: “No se tiene derecho adquirido a mantener el Adicional por mayor dedicación, sino cuando necesidades del servicio así lo requiriesen, lo que no sólo se encuentra vinculado a su permanencia, sino también a otros factores como es la organización administrativa en que se inserta el mismo”. “El adicional por mayor dedicación que se percibe bajo el concepto de servicio efectivamente prestado y que no debe ser como un suplemento fijo, sino que es variable, en la medida que es la autoridad concedente quien decide otorgarlo o no por razones exclusivas de servicio, de allí la necesidad de integrar el adicional con la efectiva prestación del servicio. Al considerar la procedencia del adicional "incentivo por productividad", no resulta arbitrario presumir, que un agente bajo sumario no responde a las mejores pautas de productividad, sosteniéndose que no se violentan garantías constitucionales si la privación del adicional no es absoluta. La reducción de los adicionales siempre que no se afecte el sueldo básico o asignación de clase y que no resulten irrazonables o confiscatorias, precisando que el concepto de confiscatoriedad debe ser merituado en razón del monto de los ingresos y así se ha verificado que una proporción puede ser confiscatoria para sectores de bajos ingresos y razonable su afectación para sectores públicos mejor remunerados”; Que si bien los fallos referidos no tratan específicamente el Adicional por Bloqueo de Título, se analiza el régimen atinente a la remuneración de determinada circunstancia que la Administración pone en valor mientras se mantiene la necesidad de esa modalidad de servicio. En el caso de la mayor dedicación es en tanto se valora como necesaria una mayor carga horaria, mientras que en el bloqueo de título en tanto se considere necesario el desempeño profesional en forma exclusiva. Cuando cesa la necesidad de la prestación de servicios en determinadas condiciones, es posible prescindir de las mismas cesando la obligación de su remuneración específica (en la porción que corresponda), siempre que el marco normativo así lo permita; Que la sanción de la Ley Nº 9540 no prohíbe que el Estado requiera de la exclusividad aludida, sino que se limita a derogar la regla general consistente en que sobre todo farmacéutico pesaba esta prohibición de ejercer la profesión fuera de su cargo en el Estado Provincial. En algunos casos podría incluso implicar un beneficio manifiesto para los profesionales quienes podrían ejercer su profesión bajo la dependencia de otro empleador, o incluso, ejercer la profesión en forma autónoma lo que desde luego implica que su libertad en el ejercicio profesional se ejerza con mayor intensidad. Por otro lado, cabe recordar el conocido principio de que nadie tiene derecho a la inmutabilidad del régimen normativo que resulta aplicable, por lo que el cambio en la ley, como principio, no redunda en una afectación a supuestos derechos adquiridos del profesional interesado; Que en este sentido se ha dicho por parte de nuestro Tribunal Cimero: “Nadie tiene derecho a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico”; Que no existe una manifiesta colisión de la Ley Nº 9540 con los derechos constitucionales o convencionales que podría invocar aquel profesional farmacéutico que se desempeña en el Estado Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Provincial y en particular con los derechos del reclamante. Además, la parte interesada no ha sufrido ningún tipo de disminución salarial; Que en virtud de lo expresado, el acto recurrido se encuentra suficiente y adecuadamente fundado. La extensión del libelo recurrido de ninguna manera exige una mayor extensión del acto administrativo que se dicta en consecuencia, tal como sostiene el recurrente. Basta con que la autoridad administrativa funde adecuadamente su decisión en las razones que son medulares; Que por otra parte, la queja no demuestra que la resolución cuestionada se aparte del marco jurídico aplicable, ya que como se ha dicho, el acto se ha imbricado en normas constitucionales fundantes del sistema republicano que han sido debidamente invocadas; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente EX-2026-00356464--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por el Farmacéutico CARLOS ANTONIO SALINAS, DNI Nº 21.098.422, CUIL Nº 20-21098422-5, en contra de la Resolución Nº 266/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Antonio J. Scaravelli”, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 08/09/2026 (1 Pub.)