DECRETOS

Decreto Nº 1434

Fecha de publicación
1 de septiembre de 2026
Fecha de la norma
23 de julio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.667 · páginas 27–30
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1434 MENDOZA, 23 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2023-05738168-GDEMZA-CCC y su asociado EX-2022-02897521—GDEMZA- HPERRUPATO#MSDSYD en el cual la Lic. ERICA IVANA ESPEJO, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 324/23 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Alfredo I. Perrupato”; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo de la Lic. Espejo referente al reconocimiento de la antigüedad por el período que se desempeñó como contratada; Que en cuanto a los requisitos formales de procedencia del recurso articulado, los mismos han sido cumplimentados, toda vez que ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por los Arts. 179 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003; Que en orden 2 del expediente asociado consta que con fecha 29 de abril de 2022, la Lic. Espejo solicita se le reconozca su real antigüedad, puesto que prestó servicios para la Administración como contratada mediante Acuerdo de Servicios Personales para Prestaciones Indispensables hasta que pasó a planta, a los fines del cobro del adicional por antigüedad, licencias ordinarias, aportes previsionales, diferencias en el adicional por antigüedad en forma retroactiva con intereses legales. En orden 5 obra Situación de Revista la cual indica que la Lic. Espejo ingresó a la planta del Hospital “Alfredo I. Perrupato” el 1/11/2021 como Licenciada en Trabajo Social. En orden 8 se agrega constancia de SIDICO de la que surge que la Lic. Espejo fue contratada mediante Acuerdo de Servicios Personales para Prestaciones Indispensables desde el 1/6/2015 al 30/09/2021; Que en orden 29 de las presentes actuaciones se incorpora la norma de designación de la recurrente, de la que surge que en el EX-2021-03900221--GDEMZA-HPERRUPATO#MSDSYD, iniciado el 22/7/2021, se tramitó la incorporación de la recurrente a la planta de personal en aplicación del Decreto Nº 987/20. De dichas actuaciones surge que, la agente suscribió su aceptación expresa de ingreso a la Clase 1 y declaró que poseía reclamos pendientes de resolución contra la Administración en EX-2020-03285611-GDEMZA- HPERRUPATO#MSDSYD. Sin embargo, rola también informe de Asesoría Letrada del Efector indicando que la agente desistió del reclamo mediante nota cursada a la Jefa de Departamento de Recursos Humanos, certificando además que no constan otros reclamos pendientes, encontrándose constancia en el último expediente, iniciado el 22/7/2020, del cual surge que el reclamo fue rechazado mediante Resolución N° 679/21 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes notificada el 15/4/2021; Que la incorporación a la planta se produjo en el marco de la emergencia declarada ante la pandemia de COVID-19, mediante una medida excepcional y voluntaria, en cuanto estuvo dirigida a quienes optaran por el ingreso, bajo las condiciones establecidas entre las cuales se encontraba el escalafonamiento en la clase inicial de cada agrupamiento según el escalafón correspondiente. Entre los requisitos se contempló además “No poseer reclamos pendientes de resolución contra la Administración por su situación contractual”; por lo que la mentada incorporación no implicó reconocimiento alguno de situaciones anteriores y que la falta de previsión señalada no constituyó una omisión involuntaria, sino por el contrario, un elemento esencial del acuerdo individual arribado con cada adherente; Que tales condiciones de ingreso, específica y exclusivamente dispuestas para el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en razón del objeto de la norma, permiten sostener que el reconocimiento de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la antigüedad en la forma pretendida por la interesada no puede prosperar Que no modifica la conclusión el reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia, en la causa “BRITOS RICARDO DANIEL Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, CUIJ: 13-05022405-2, en el cual, con voto de la mayoría, consideró que el cómputo de antigüedad para el cálculo del adicional debe considerarse comprendido el tiempo de servicio cumplido bajo la modalidad de contrato de locación o prestaciones personales, a los fines del adicional por antigüedad, conforme al Artículo 53 de la Ley Nº 5126; Que esto en virtud de que, como se ha indicado, la situación de hecho que tramita en la presente se sujetó a una normativa especial que no contempló los años cumplidos bajo la modalidad de locación de servicios para el ingreso a la planta interina, al cual la interesada adhirió optando voluntariamente, desistiendo de su reclamo anterior y consintiendo el acto administrativo que lo rechazara; Que la Ley Nº 9665, publicada en el Boletín Oficial el 6/10/2025, introdujo una modificación al Artículo 53 de la Ley Nº 5126, agregando el siguiente párrafo: “Los servicios computables para el cálculo de la antigüedad establecido en el presente artículo o en cualquier otra disposición similar de leyes especiales, estatutos, escalafones o regímenes de la función pública, sólo incluye los prestados bajo el régimen de carrera administrativa o cargos del escalafón específico aplicable, así como bajo otras modalidades de trabajo en relación de dependencia y sujetas a las correspondientes cargas previsionales y servicios de la seguridad social, con exclusión de aquellos trabajos realizados bajo otras figuras contractuales, sean locaciones de obras, de servicios u otras modalidades de prestaciones autónomas pagados contra la presentación de facturas por los servicios personales devengados en cumplimiento de esas contrataciones especiales…”. En concordancia con las modificaciones introducidas por la misma Ley a los Artículos 1° y 2° inc. d) del Decreto Ley Nº 560/73; Que el Artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la irretroactividad de una nueva ley, es decir la nueva ley no se aplica a las consecuencias ya producidas bajo la ley anterior. Pero dispone la aplicación inmediata de la ley a partir de su entrada en vigencia, de modo que la nueva norma se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes que no se hayan consumado al dicho momento; y una excepción conforme a la cual solo se excluyen de esta regla las normas supletorias aplicables a contratos en curso, lo que no es el caso, ya que la Ley Nº 9665 es imperativa en materia de empleo público; Que de ello se desprende que la nueva legislación no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya terminadas, ni sobre efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes, debiendo respetarse los efectos ya consumados, mientras que los efectos futuros o no consumados quedan sometidos inmediatamente a la ley vigente al momento en que deban producirse. A esos hechos en curso, actos o créditos futuros no les resulta aplicable la doctrina del consumo jurídico, ni la de los derechos adquiridos; Que es decir, distinto a la retroactividad de la ley es el efecto inmediato de la nueva legislación cuando modifica, acrece o disminuye los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, conforme al primer párrafo del Art. 7° del CCCN; Que por ende, a partir de su entrada en vigencia las leyes deben aplicarse no sólo a los hechos y relaciones futuras sino también a los que hayan nacidos al amparo de la anterior ley y se encuentran en vigencia al dictarse la nueva legislación, es decir que rige para los hechos que están en curso de desarrollo, al tiempo de su sanción. También están alcanzados por la nueva ley lo que se denomina derechos en expectativas que, en realidad, no son derechos sino posibilidades de serlo cuando se reúnan los presupuestos legales correspondientes, de modo que requieren un evento futuro, no siendo susceptibles de ejecución actual; Que el adicional por antigüedad es de tracto sucesivo, de manera que se devenga mes a mes mientras la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial relación de empleo público se encuentre vigente, por lo que cada mes se encuentra sometido a la ley vigente al momento de su devengamiento; Que de tal forma, en el caso, los efectos del reconocimiento solo podrían correr desde el 29/04/2022, fecha de la interposición del reclamo, de manera que se regirían por la ley anterior los períodos devengados entre el 29/04/2022 y el 05/10/2025; Que a su vez, los períodos devengados a partir del 06/10/2025, deben liquidarse aplicando Ley Nº 9665, lo que implica que solo se computan servicios prestados bajo relación de empleo público o dependencia y con aportes previsionales y no se computan servicios prestados bajo locaciones, facturaciones o modalidades autónomas; Que sin embargo, a la fecha de interposición del reclamo, no existía un acto de reconocimiento, liquidación o pago anterior a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9665, puesto que no había un acto administrativo firme, ni reconocimiento del cómputo pretendido, ni liquidación, por el contrario éste había sido desistido y rechazado. Lo cual implica que el supuesto derecho invocado por la agente no estaba consolidado, ni constituía un efecto consumado amparado por el principio de irretroactividad de la ley dispuesto en el Artículo 7 del CCCN; Que en consecuencia, siendo que la antigüedad pretendida no estaba consolidada antes del 06/10/2025, la Ley Nº 9665 se aplica íntegra y obligatoriamente al momento de resolver el presente recurso. Se extrae de ello que, estando la nueva norma vigente al tiempo en que habría de liquidarse y pagarse el adicional en la forma reclamada, deberá estarse a su aplicación respecto a los servicios computables para el cálculo de la antigüedad remunerable; Que con lo que, correspondería rechazar el recurso de la agente en cuanto pretende el cómputo de servicios autónomos anteriores al año 2021, por resultar jurídicamente improcedente bajo el régimen vigente, sin que ello constituya retroactividad de la ley, sino aplicación inmediata de la ley nueva, conforme Artículo 7 del CCCN. De modo que la antigüedad reclamada, no puede reconocerse para pagar un adicional por períodos devengados y pagaderos bajo la vigencia de una ley que la excluye expresamente, lo cual resulta coherente con lo pactado y ejecutado durante el tiempo en que medió la locación de servicios hasta el pase a planta de personal, sin reserva o reclamo durante más de una década (doctrina de los propios actos). “Ello descarta la aplicación del precedente “Britos” dictado bajo la ley anterior, a las consecuencias o efectos posteriores a su derogación, que quedan sujetos al efecto inmediato de la nueva. “El art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación no consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata, aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ello significa que la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior, pues allí juega la idea de consumo jurídico”; Que en conclusión, a los contratos que la nueva ley excluye para el cómputo del adicional en trato, no les resulta aplicable la doctrina mayoritaria, sino la aclaración introducida por la nueva ley, en línea con la interpretación disidente del fallo Britos y los concordantes dictámenes de Asesoría de Gobierno (Nº 100/20 y 498/23). Puesto que ha fijado un nuevo criterio de interpretación, consagrando la solución sentada en los precedentes de nuestro máximo Tribunal; Que no se advierte vicio alguno en la resolución atacada con el presente Recurso de Alzada, la que mantiene su legitimidad, advirtiéndose desde ya que la misma no se encuentra suspendida, gozando de plena ejecutividad; Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 31 y por Asesoría de Gobierno en orden 35 del expediente EX-2023-05738168--GDEMZA-CCC, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la Lic. ERICA IVANA ESPEJO, DNI Nº 28.917.010, CUIL Nº 27-28917010-9, en contra de la Resolución Nº 324/23 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Alfredo I. Perrupato”, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 01/09/2026 (1 Pub.)