DECRETOS

Decreto Nº 1514

Fecha de publicación
31 de agosto de 2026
Fecha de la norma
30 de julio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.666 · páginas 17–20
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1514 MENDOZA, 30 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2021-08047125- -GDEMZA-MGTYJ en el cual la Lic. MARCELA ELIZABETH FERNANDEZ, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº3855/21 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo interpuesto por la Lic. Férnandez, referente a la conversión del Acuerdo de Servicios Personales para Prestaciones Indispensables en Adicional por Mayor Dedicación; Que la recurrente argumenta que el acto que rechazó su reclamo realizo una interpretación incorrecta de la normativa, invocando el marco legal sostenido en su reclamo y el principio protectorio, además alega que existió discriminación, doctrina de los actos propios y vicio de arbitrariedad; Que la agente considera que existió una errónea interpretación del Art. 12 de la Ley N° 7759, porque se distinguen dos situaciones cuando la Ley no lo hace, agrega que la "interpretación" que se haga de la norma nunca debe ser restrictiva de derechos que la misma reconoce en forma amplia y sin condición o limitación alguna; Que en orden 12 de la presente pieza administrativa se indica que la recurrente posee en la Administración Pública una antigüedad de 6 años y 4 meses, contados desde su ingreso acaecido el 01/09/2016 en el cargo de Licenciada en Trabajo Social en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes. Además ha prestado simultáneamente servicios mediante contrato en distintos efectores de salud (Guardia Provincial DINAF, OAL Guaymallén, Hospital Central y posteriormente CPAA Lavalle). Actualmente su cargo de planta radica en el Hospital Sícoli y cumple funciones como Coordinadora del Centro Preventivo Asistencial en Adicciones de Lavalle desde marzo de 2025, según se establece en orden 24; Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma en virtud de lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial declarada por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de acuerdo a al Artículo 29 de la Ley Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para determinar si tales críticas son suficientes para enervar la Resolución recurrida; Que la recurrente alega arbitrariedad en la decisión y ello se encuentra vinculado al objeto del acto administrativo previsto por Ley Nº 9003 del cual se extrae que aquél no esté prohibido por el orden normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso u oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser considerado viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda; Que en igual calificación cae el objeto que presenta discordancia entre la situación de hecho reglada por la norma y la solución legal aplicable. Es decir, debe haber concordancia de modo que, dándose tal hecho, debe aplicarse la consecuencia prevista en la norma y no otra. Por otra parte, el objeto no puede ser impreciso u oscuro; sino que debe ser cierto, determinado o determinable y claro. Debe expresar de qué especie de acto se trata, a qué personas afecta y en qué tiempo y lugar habrán de producirse sus efectos jurídicos. Por ende, el objeto no puede ser absurdo o imposible fácticamente; Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente”; Que en este contexto, los Arts. 38 y 39 de la Ley Nº 9003, con fundamento en el Art. 28 de la Constitución Nacional, refieren al vicio de arbitrariedad administrativa, recordando que “la arbitrariedad tiene su antítesis en la razonabilidad, que tiene su base en el Art. 28 de la Constitución Nacional. Toda la actividad del Estado, también la administrativa, debe ser razonable y lo no razonable excede lo justo. Toda la actividad de la Administración debe ser razonable y sólo así producirá efectos jurídicos válidos” y que “La arbitrariedad en el acto administrativo se presenta cuando el decisorio se halla desprovisto de todo apoyo legal y fundado tan sólo en la voluntad de los que resuelven, o cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso y cuando se prescinde de prueba fehaciente regularmente traída al juicio se hace remisión a las que no constan en él”; Que la resolución recurrida se ha fundamentado correctamente en el derecho aplicable al momento de su dictado en el año 2021, no existiendo ninguna interpretación de la normativa citada que haya violado los derechos de la recurrente ni los principios de derecho aplicables como afirma genéricamente; Que el Artículo 11 de la Ley N° 7557 contempla la sustitución de contratos por extensión horaria mediante Adicional por Mayor Dedicación y por otra parte el Articulo 12 de la Ley N° 7759 regula la remuneración de horas adicionales cuando el agente cumpla tareas adicionales al régimen normal del mismo cargo. En el caso se evidencia que las funciones que la profesional desempeñaba eran distintas según los efectores donde cumple su actividad con misiones, funciones y finalidades especiales y particulares dentro del Sistema de Salud Provincial. En la actualidad tampoco se verifica que se cumpla con lo requerido por la normativa, en tanto que el contrato de la agente en el Centro Preventivo Asistencial en Adicciones de Lavalle si bien depende de la Dirección de Salud Mental, la función encomendada es de Coordinadora; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en base al plexo convencional, la Excma. Suprema Corte de Mendoza estableció que: “la situación de la actora se encuentra abarcada en lo pactado, conteniendo una obligación específica asumida por el Estado, en dirección a sustituir la prestación o contrato de los profesionales del RégimenSalarial 27 -entre los cuales se encuentra la accionante- por el Adicional por Mayor Dedicación a su cargo de planta, aun cuando la prestación o el contrato que poseyeran los agentes se cumplan en un organismo distinto sea centralizado, descentralizado y/o autárquicos, como es el caso de la reclamante que posee cargo en un Hospital Descentralizado y contrato en la Administración Central, o como bien sostuvo la accionante, independiente del lugar donde cumpla los servicios.”; Que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza expuso en la causa “Negri” (LS 475-223) que el régimen de incompatibilidad vigente en nuestro ordenamiento público local, posee una finalidad que da cuenta de la razonabilidad y la justicia de su establecimiento, que encuentra fundamento en la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso al empleo público y en la distribución de cargos. Por su parte en el fallo de “Aguilar Camacho” (sentencia del 31/05/2019 CUIJ 13-04046291-5 -Sala 1-) sostuvo que nadie puede acumular dos o más cargos en la Administración Pública, salvo las excepciones legales; Que la existencia de una locación de servicios no cambia el resultado, toda vez que el constituyente fija la regla, nosolamente en cuanto a los cargos, sino que refiere, con previsión a la prohibiciónde prestar también “funciones públicas rentadas”, lo que excede al concepto técnico de un cargo, y extiende sus efectos a cualquier contratación por la que, de manera rentada, se le asignen funciones públicas a una persona (SELEZINKA); Que de tal manera tras el análisis de la evolución de la normativa aplicable, surge que los Acuerdos Paritarios homologados y ratificados legislativamente antes mencionados cierran la controversia suscitada en el caso “operando para futuro y en los casos especiales consignados en las mismas, sin tener un efecto derogatorio respecto del régimen estatutario reseñado anteriormente”; Que con posterioridad nuestra Suprema Corte Provincial, en el caso Ibáñez, expresó que la Ley Nº 7759 en su Artículo 12 regula dos supuestos, uno el de la mayor dedicación, estableciendo que “cuando el agente comprendido en elrégimen de trabajo común de 24 horas semanales cumpla horas adicionales, las mismas serán remuneradas a través del adicional por mayor dedicación profesional en función de las necesidades del servicio otorgado por resolución de la autoridad ministerial, se trate de organismos centralizados o descentralizados”. El segundo supuesto, regula un tope legal de acumulación de horas, precisando que “se podrá contratar por horas adicionales, aunque el cargo de revista permanezca a otro organismo, siempre que no exista incompatibilidad horaria y que la contratación no sea mayor de 55 horas semanales”. Afirma la sentencia que,la misma norma, deja claro que estamos ante dos supuestos, cuando reglamenta, en el capítulo de los componentes salariales, solo el de mayor dedicación en el Artículo 23; Que sostiene la Corte: “Como puede verse, el esquema legal citado preveía (y prevé hoy) que el profesional de la salud se encuentra limitado por la prohibición genérica de ejercer solo un cargo público, estándole permitido no obstante, ser contratado en otro cargo mediante la modalidad de contratos de prestaciones o servicios (ajenos al sistema de empleo público estatutario), en casos especiales y claramente estipulados, pudiendo también serle asignada una carga horaria mayor a la de su cargo, mediante el sistema de adicionales por mayor dedicación, en ambos supuestos, con un límite total de horas a acumular”; Que analiza el fallo que, cuando la situación del profesional no configura una extensión de la carga horaria de los servicios prestados en el cargo estatutario, el caso no cae bajo el amparo del Artículo 11 de la Ley Nº 7557, ni del Artículo 12 primer párrafo de la Ley Nº 7759, sin generar el deber del empleador de compensarlos a través del Adicional por Mayor Dedicación; Que por lo tanto, al no verificarse el supuesto fáctico exigido por la norma, la negativa a convertir el contrato en Adicional por Mayor Dedicación constituye una aplicación razonable y sistemática del plexo normativo vigente; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en orden 38 y por Asesoría de Gobierno en orden 43 del expediente EX-2021-08047125- -GDEMZA-MGTYJ, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la Lic. MARCELA ELIZABETH FERNANDEZ, DNI Nº23.387.900, CUIL Nº27-23387900-8, en contra de la Resolución Nº3855/21 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 31/08/2026 (1 Pub.) MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS (D.G.E.)