DECRETOS
Decreto Nº 1514
- Fecha de publicación
- 31 de agosto de 2026
- Fecha de la norma
- 30 de julio de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.666 · páginas 17–20
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1514
MENDOZA, 30 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2021-08047125- -GDEMZA-MGTYJ en el cual la Lic. MARCELA ELIZABETH
FERNANDEZ, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº3855/21 del ex Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo interpuesto por la Lic. Férnandez,
referente a la conversión del Acuerdo de Servicios Personales para Prestaciones Indispensables en
Adicional por Mayor Dedicación;
Que la recurrente argumenta que el acto que rechazó su reclamo realizo una interpretación incorrecta de la
normativa, invocando el marco legal sostenido en su reclamo y el principio protectorio, además alega que
existió discriminación, doctrina de los actos propios y vicio de arbitrariedad;
Que la agente considera que existió una errónea interpretación del Art. 12 de la Ley N° 7759, porque se
distinguen dos situaciones cuando la Ley no lo hace, agrega que la "interpretación" que se haga de la
norma nunca debe ser restrictiva de derechos que la misma reconoce en forma amplia y sin condición o
limitación alguna;
Que en orden 12 de la presente pieza administrativa se indica que la recurrente posee en la Administración
Pública una antigüedad de 6 años y 4 meses, contados desde su ingreso acaecido el 01/09/2016 en el
cargo de Licenciada en Trabajo Social en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Desarrollo
Social y Deportes. Además ha prestado simultáneamente servicios mediante contrato en distintos
efectores de salud (Guardia Provincial DINAF, OAL Guaymallén, Hospital Central y posteriormente CPAA
Lavalle). Actualmente su cargo de planta radica en el Hospital Sícoli y cumple funciones como
Coordinadora del Centro Preventivo Asistencial en Adicciones de Lavalle desde marzo de 2025, según se
establece en orden 24;
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma en
virtud de lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
declarada por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe
señalar que de acuerdo a al Artículo 29 de la Ley Nº 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos
los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen y producirse con
arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para
determinar si tales críticas son suficientes para enervar la Resolución recurrida;
Que la recurrente alega arbitrariedad en la decisión y ello se encuentra vinculado al objeto del acto
administrativo previsto por Ley Nº 9003 del cual se extrae que aquél no esté prohibido por el orden
normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso
u oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser
considerado viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda;
Que en igual calificación cae el objeto que presenta discordancia entre la situación de hecho reglada por la
norma y la solución legal aplicable. Es decir, debe haber concordancia de modo que, dándose tal hecho,
debe aplicarse la consecuencia prevista en la norma y no otra. Por otra parte, el objeto no puede ser
impreciso u oscuro; sino que debe ser cierto, determinado o determinable y claro. Debe expresar de qué
especie de acto se trata, a qué personas afecta y en qué tiempo y lugar habrán de producirse sus efectos
jurídicos. Por ende, el objeto no puede ser absurdo o imposible fácticamente;
Que en relación con la forma, el Art. 41 de la Ley Nº 9003 dispone que los actos administrativos deben
documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de
quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo
que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente
protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación
debe comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un
sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su
emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y en su caso, la que establece las
obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación
no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor
grado de discrecionalidad en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo
suficientemente”;
Que en este contexto, los Arts. 38 y 39 de la Ley Nº 9003, con fundamento en el Art. 28 de la Constitución
Nacional, refieren al vicio de arbitrariedad administrativa, recordando que “la arbitrariedad tiene su
antítesis en la razonabilidad, que tiene su base en el Art. 28 de la Constitución Nacional. Toda la actividad
del Estado, también la administrativa, debe ser razonable y lo no razonable excede lo justo. Toda la
actividad de la Administración debe ser razonable y sólo así producirá efectos jurídicos válidos” y que “La
arbitrariedad en el acto administrativo se presenta cuando el decisorio se halla desprovisto de todo apoyo
legal y fundado tan sólo en la voluntad de los que resuelven, o cuando se resuelve contra o con
prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso y cuando se prescinde de prueba
fehaciente regularmente traída al juicio se hace remisión a las que no constan en él”;
Que la resolución recurrida se ha fundamentado correctamente en el derecho aplicable al momento de su
dictado en el año 2021, no existiendo ninguna interpretación de la normativa citada que haya violado los
derechos de la recurrente ni los principios de derecho aplicables como afirma genéricamente;
Que el Artículo 11 de la Ley N° 7557 contempla la sustitución de contratos por extensión horaria mediante
Adicional por Mayor Dedicación y por otra parte el Articulo 12 de la Ley N° 7759 regula la remuneración de
horas adicionales cuando el agente cumpla tareas adicionales al régimen normal del mismo cargo. En el
caso se evidencia que las funciones que la profesional desempeñaba eran distintas según los efectores
donde cumple su actividad con misiones, funciones y finalidades especiales y particulares dentro del
Sistema de Salud Provincial. En la actualidad tampoco se verifica que se cumpla con lo requerido por la
normativa, en tanto que el contrato de la agente en el Centro Preventivo Asistencial en Adicciones de
Lavalle si bien depende de la Dirección de Salud Mental, la función encomendada es de Coordinadora;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en base al plexo convencional, la Excma. Suprema Corte de Mendoza estableció que: “la situación de
la actora se encuentra abarcada en lo pactado, conteniendo una obligación específica asumida por el
Estado, en dirección a sustituir la prestación o contrato de los profesionales del RégimenSalarial 27 -entre
los cuales se encuentra la accionante- por el Adicional por Mayor Dedicación a su cargo de planta, aun
cuando la prestación o el contrato que poseyeran los agentes se cumplan en un organismo distinto sea
centralizado, descentralizado y/o autárquicos, como es el caso de la reclamante que posee cargo en un
Hospital Descentralizado y contrato en la Administración Central, o como bien sostuvo la accionante,
independiente del lugar donde cumpla los servicios.”;
Que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza expuso en la causa “Negri” (LS 475-223) que el régimen
de incompatibilidad vigente en nuestro ordenamiento público local, posee una finalidad que da cuenta de la
razonabilidad y la justicia de su establecimiento, que encuentra fundamento en la necesidad de garantizar
la igualdad en el acceso al empleo público y en la distribución de cargos. Por su parte en el fallo de
“Aguilar Camacho” (sentencia del 31/05/2019 CUIJ 13-04046291-5 -Sala 1-) sostuvo que nadie puede
acumular dos o más cargos en la Administración Pública, salvo las excepciones legales;
Que la existencia de una locación de servicios no cambia el resultado, toda vez que el constituyente fija la
regla, nosolamente en cuanto a los cargos, sino que refiere, con previsión a la prohibiciónde prestar
también “funciones públicas rentadas”, lo que excede al concepto técnico de un cargo, y extiende sus
efectos a cualquier contratación por la que, de manera rentada, se le asignen funciones públicas a una
persona (SELEZINKA);
Que de tal manera tras el análisis de la evolución de la normativa aplicable, surge que los Acuerdos
Paritarios homologados y ratificados legislativamente antes mencionados cierran la controversia suscitada
en el caso “operando para futuro y en los casos especiales consignados en las mismas, sin tener un
efecto derogatorio respecto del régimen estatutario reseñado anteriormente”;
Que con posterioridad nuestra Suprema Corte Provincial, en el caso Ibáñez, expresó que la Ley Nº 7759
en su Artículo 12 regula dos supuestos, uno el de la mayor dedicación, estableciendo que “cuando el
agente comprendido en elrégimen de trabajo común de 24 horas semanales cumpla horas adicionales, las
mismas serán remuneradas a través del adicional por mayor dedicación profesional en función de las
necesidades del servicio otorgado por resolución de la autoridad ministerial, se trate de organismos
centralizados o descentralizados”. El segundo supuesto, regula un tope legal de acumulación de horas,
precisando que “se podrá contratar por horas adicionales, aunque el cargo de revista permanezca a otro
organismo, siempre que no exista incompatibilidad horaria y que la contratación no sea mayor de 55 horas
semanales”. Afirma la sentencia que,la misma norma, deja claro que estamos ante dos supuestos, cuando
reglamenta, en el capítulo de los componentes salariales, solo el de mayor dedicación en el Artículo 23;
Que sostiene la Corte: “Como puede verse, el esquema legal citado preveía (y prevé hoy) que el
profesional de la salud se encuentra limitado por la prohibición genérica de ejercer solo un cargo público,
estándole permitido no obstante, ser contratado en otro cargo mediante la modalidad de contratos de
prestaciones o servicios (ajenos al sistema de empleo público estatutario), en casos especiales y
claramente estipulados, pudiendo también serle asignada una carga horaria mayor a la de su cargo,
mediante el sistema de adicionales por mayor dedicación, en ambos supuestos, con un límite total de
horas a acumular”;
Que analiza el fallo que, cuando la situación del profesional no configura una extensión de la carga horaria
de los servicios prestados en el cargo estatutario, el caso no cae bajo el amparo del Artículo 11 de la Ley
Nº 7557, ni del Artículo 12 primer párrafo de la Ley Nº 7759, sin generar el deber del empleador de
compensarlos a través del Adicional por Mayor Dedicación;
Que por lo tanto, al no verificarse el supuesto fáctico exigido por la norma, la negativa a convertir el
contrato en Adicional por Mayor Dedicación constituye una aplicación razonable y sistemática del plexo
normativo vigente;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en orden 38 y por
Asesoría de Gobierno en orden 43 del expediente EX-2021-08047125- -GDEMZA-MGTYJ,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Lic. MARCELA ELIZABETH FERNANDEZ, DNI Nº23.387.900, CUIL Nº27-23387900-8, en contra de la
Resolución Nº3855/21 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud
y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
31/08/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS (D.G.E.)
