DECRETOS

Decreto Nº 1411

Fecha de publicación
27 de agosto de 2026
Fecha de la norma
20 de julio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.664 · páginas 55–58
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1411 MENDOZA, 20 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-00575932—GDEMZA-ASTUPUNGATO#MSDSYD, en el cual se tramitó sumario administrativo al agente ENZO NICOLAS GALLEGOS GUEVARA, por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones; y CONSIDERANDO: Que en orden 42 obra Resolución N° 1172/25 del Ministerio de Salud y Deportes mediante la cual se instruyó sumario administrativo al agente Gallegos Guevara por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones, contraviniendo los deberes dispuestos en el Art. 13 incs. a), b) y c) del Decreto Ley Nº 560/73; Que en orden 47 se designa instructor sumariante que se avoca en orden 49, en orden 52 rola notificación por cédula al domicilio real del sumariado recibida en forma personal por él mismo. En orden 55 consta Acta de Audiencia de Indagatoria de la que surge la comparencia del sumariado, quien se abstiene de declarar y constituye domicilio electrónico; se le otorga plazo para defensa. En orden 56 rola constancia de remisión del expediente. Vencido el plazo sin presentación de defensa en orden 58, la Instrucción dispone la Clausura, que se notifica conforme surge de orden 60; Que en orden 62 obra dictamen de cierre del Instructor sumariante sugiriendo la sanción de CESANTÍA, encuadrando la conducta del sumariado en la comisión de la falta prevista en el Artículo 5°, inc. a) del Anexo de la Ley Nº 9103, incumplimiento de las previsiones del Artículo 13 incs. a) y b) del Decreto-Ley Nº 560/73; Que en orden 64 consta notificación para alegar practicada al domicilio electrónico constituido. Vencido el plazo para presentar alegatos, sin que ello haya acontecido, en orden 67 se ordena el pase a la Junta de Disciplina, que en orden 68 se expide por unanimidad, aconsejando la sanción de CESANTÍA en consonancia con la Instrucción; Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Artículo 9° del Anexo de la Ley Nº 9103 y se han respetado las garantías previstas en el Artículo 2 de la misma norma; Que el sumariado fue debidamente notificado de la imputación formulada, compareció y se le dio traslado de las actuaciones, habiéndose garantizado plenamente su derecho de defensa. Asimismo, intervino Instructor Sumariante, emitió dictamen de cierre, se corrió vista para alegar y se recabó la opinión de la Junta de Disciplina; Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, oportunidad y con sujeción al orden jurídico; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “La responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública. Se hace efectiva a través de la potestad sancionatoria Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Administración Pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos”; Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable de autoridad jerárquica autónoma; Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad pública; Que de tal forma que, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados; Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de la sanción aplicada; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “…en lo atinente a aquellos actos mediante los cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que, en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores en juego.”; Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante y la Junta de Disciplina interviniente según el régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el procedimiento administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la exención de responsabilidad; como la actividad instructoria no es de esencia jurisdiccional, no puede afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor.” Y “Los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en definitiva, aún cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”; Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra SCJM: “La naturaleza de la actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de Disciplina es la de dictaminar, aconsejando a la autoridad que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan calificarse como actos administrativos productores de efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de los empleados.”; Que en el caso, las actuaciones se iniciaron en virtud de lo informado en orden 3 por el Área Sanitaria Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Tupungato, por presuntas inasistencias injustificadas del agente Enzo Nicolás Gallego Guevara. Se encuentra incorporada la Disposición Interna Nº 14/24 del Área Sanitaria Tupungato, el informe administrativo inicial, la certificación de servicios del agente, la declaración jurada de servicios y los reportes de asistencia, de los cuales surge que el sumariado debía cumplir funciones de lunes a viernes en horario de 07:00 a 15:00 horas; Que de dichas constancias se desprenden las siguientes inasistencias injustificadas correspondientes a los días 4, 5, 6, 23 y 27 de diciembre de 2024 y a los días 2, 15, 21 y 22 de mes de enero de 2025; Que asimismo, se advierte que, si bien la Disposición Interna N° 14/24 del Área Sanitaria Tupungato determinó la aplicación de la sanción de suspensión por cinco días, al agente Gallegos Guevara, con motivo de las inasistencias de los días 4, 5, 6, 23 y 27 de diciembre de 2024, ésta no se hizo efectiva; Que la circunstancia descripta descarta la invocación de la garantía del non bis in ídem respecto de las inasistencias de diciembre de 2024. Dicha garantía, recogida en el Artículo 1° del Código Procesal Penal de Mendoza y con jerarquía constitucional a partir del Artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíbe que una persona sea juzgada o sancionada más de una vez por el mismo hecho. Su aplicación en el ámbito disciplinario ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia, pero exige para su configuración la concurrencia de una sanción anterior firme, efectivamente impuesta y ejecutada. En el sub-lite, la Disposición N° 14/2024 no revistó tales caracteres: no se hizo efectiva — conforme surge del orden 73— y no fue incorporada al legajo del agente — conforme la Certificación de Servicios obrante en orden 7, de modo que la sanción de suspensión allí prevista jamás ejecutó sus efectos jurídicos. La garantía del non bis in ídem tutela frente a una doble punición efectiva, no frente a un acto administrativo incumplido que no ingresó a la esfera jurídica del agente ni produjo consecuencia alguna sobre su situación de revista. Así lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación al precisar que “el principio non bis in ídem es aplicable en el derecho disciplinario en tanto exista identidad de sujeto, hecho y fundamento y siempre que haya recaído una sanción firme y ejecutoriada”. Ausente el requisito de la sanción firme y ejecutada, no existe obstáculo constitucional ni legal para que las inasistencias de diciembre de 2024 sean comprendidas en el cómputo total que habilita la causal de cesantía prevista en el Artículo 5° inciso a) del Anexo de la Ley N° 9103; Que por su parte, el encartado a pesar de estar debidamente notificado y habiendo conocido la imputación efectuada, no presentó defensa, ni alegatos; Que de manera que ha quedado acreditada la conducta susceptible de sanción, habiendo incurrido el agente en nueve (9) inasistencias injustificadas dentro de un lapso de seis (6) meses, a saber, cinco (5) durante diciembre de 2024 y cuatro (4) durante enero de 2025, configurando la causal de cesantía prevista en el Artículo 5° inc. a) del Anexo de la Ley Nº 9103, e incumpliendo el Art. 13 inc. a) que impone el deber de prestar en forma personal el servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes; e inc. b) del Decreto- Ley N° 560/73, que impone al personal el deber de observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige; Que asimismo, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia sancionatoria”; Que en virtud de lo expresado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos comparte el criterio del Dictamen de Clausura y del dictamen de la Junta de Disciplina, respecto de la aplicación de una sanción de CESANTÍA al agente Enzo Nicolás Gallegos Guevara, en los términos del Art. 5 inc. a) de la Ley N° 9103; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Por ello, en razón de lo expuesto precedentemente, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Aplíquese la sanción de Cesantía al agente ENZO NICOLAS GALLEGOS GUEVARA, DNI Nº 36.961.577, CUIL Nº 20-36961577-8, de acuerdo a lo establecido por el Art. 5 inc. a) de la Ley N° 9103, por incumplimiento del deber previsto en el Art. 13 del Decreto Ley Nº 560/73, de conformidad con lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 27/08/2026 (1 Pub.)