DECRETOS

Decreto Nº 1397

Fecha de publicación
27 de agosto de 2026
Fecha de la norma
17 de julio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.664 · páginas 49–52
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1397 MENDOZA, 17 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2024-06655161- -GDEMZA-CCC en el cual el agente JOSE LUIS AGUDO, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 105/2024 del Director Ejecutivo del Hospital “Diego Paroissien” del Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se dispuso aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso de revocatoria presentado contra de la Resolución N° 062/2024, del Director Ejecutivo del Hospital Diego Paroissien, que le aplicó al agente JOSE LUIS AGUDO, la sanción de suspensión de dos (02) días por infracción al Art. 13 inc. c) del Decreto N° 560/73; Que desde el punto de vista formal el recurso de alzada ha sido presentado en término por lo que debe ser admitido conforme a lo establecido por el Art. 184 y concordantes de la Ley N° 9003; Que a tenor de lo expuesto por el Art. 185 de la Ley N° 9003 corresponde al Poder Ejecutivo revocar o no por ilegitimidad la declaración atacada pero no modificarla, reformarla o sustituirla. “A diferencia del resto de los recursos, el alcance de la revisión de la autoridad se limita a la legalidad de lo resuelto, por lo que resulta ajeno a su control todo aquello que haga al mérito, oportunidad o conveniencia de lo decidido por la autoridad del ente; Que en su escrito recursivo el recurrente reedita los argumentos planteados al interponer su recurso de revocatoria, los que fueron adecuada y razonablemente tratados al resolver mediante el acto administrativo que constituye el objeto de esta alzada; Que con relación al objeto, los requisitos de la Ley N° 9003 son: que no esté prohibido por el orden normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso u oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser considerado viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda. En tal sentido, el artículo 52 inc. a) de la Ley 9003 señala que el vicio grave o grosero alcanza al objeto del acto que “...transgrede una prohibición del orden jurídico o normas constitucionales, legales o sentencias judiciales." En igual calificación cae el objeto que presenta discordancia entre la situación de hecho reglada por la norma y la solución legal aplicable. Es decir, debe haber concordancia de modo que, dándose tal hecho, debe aplicarse la consecuencia prevista en la norma y no otra. Por otra parte, el objeto no puede ser impreciso u oscuro; sino que debe ser cierto, determinado o determinable y claro. Debe expresar de qué especie de acto se trata, a qué personas afecta y en qué tiempo y lugar habrán de producirse sus efectos jurídicos. Por ende, el objeto no puede ser absurdo o imposible fácticamente; Que en el caso, la Resolución venida en alzada tuvo por objeto resolver el recurso de revocatoria, y lo hace cumpliendo todos los extremos requeridos para considerar que no se encuentra viciada en su objeto. Así, se ha resuelto en forma congruente la situación de hecho presentada, conforme a la normativa que resulta aplicable; Que en cuanto al elemento de la voluntad, la Ley N° 9003 determina que el acto debe provenir de agente regularmente designado y en funciones al tiempo de dictarlo y deben cumplirse todos los trámites sustanciales previstos expresa o implícitamente por el orden normativo; Que para la Ley se consideran trámites sustanciales: a) El debido proceso o garantía de la defensa; b) El dictamen o informe obligatorio en virtud de norma expresa, que se considera como tal cuando el acto Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial pudiere afectar derechos o intereses jurídicamente protegidos de los administrados. c) El informe contable, cuando el acto implique la disposición de fondos públicos; Que el respeto al debido proceso o garantía de la defensa resulta imprescindible, siendo susceptible de ser calificado de grosero el vicio en relación con la violación que pueda efectuar la Administración por algún acto administrativo conculcando la tutela constitucional de estos derechos protegidos por el Art. 18 de la Constitución Nacional, por el Art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica y por los Arts. 8°, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 y 27 y cctes. de la Constitución de Mendoza. Este principio en general comprende el derecho a ser oído, a ofrecer pruebas y a una decisión fundada. Ello requiere que el acto decisorio considere los principales argumentos propuestos conducentes a la solución del caso. Que respecto de los vicios relativos a la voluntad previo a la emisión del acto, la Ley N° 9003 determina que es grosero el vicio del acto emanado de un usurpador (art. 59); es grave o grosero cuando se ha dictado violando la garantía de la defensa, o se ha emitido omitiendo el cumplimiento previo de algún trámite sustancial (art. 60); es leve si se ha dado oportunidad de defensa, pero en forma imperfecta (Art. 61); y es leve o muy leve si ha emanado de un funcionario de hecho Art. 62). En relación con los vicios de la voluntad en la emisión del acto el vicio del acto es grave, si: a) es dictado sin haberse obtenido, en su caso, la previa autorización del órgano pertinente; b) es ejecución de un acto no aprobado, siendo la aprobación exigida; c) transgrede lo dispuesto en los artículos 38 o 39 de esta ley; d) ha sido dictado mediando connivencia dolosa entre el agente estatal y el administrado (art. 63). El vicio del acto es leve o grave - si ha sido dictado: a) por error esencial del agente; b) por dolo del administrado, previo al acto y determinante; c) mediando dolo del agente; d) por violencia sobre el agente o el ad-ministrado (Art. 64). El vicio es muy leve, si ha mediado error no esencial del agente o dolo no determinante del administrado (Art. 65). Que la Resolución impugnada ha sido dictada por la autoridad legalmente designada en ejercicio, y de acuerdo con las constancias de las actuaciones desde el inicio de las actuaciones que dieran origen a la Resolución que dispuso aplicar la sanción, incluyendo posteriormente el recurso de revocatoria, el interesado ha tenido oportunidad de presentar su defensa, ofrecer prueba y presentar recursos; Que en este contexto, los Arts. 38 y 39 de la Ley N° 9003, que con fundamento en el Art. 28 de la Constitución Nacional, refieren al vicio de arbitrariedad administrativa, recordando que “la arbitrariedad tiene su antítesis en la razonabilidad, que tiene su base en el art. 28 de la Constitución Nacional. Toda la actividad del Estado, también la administrativa, debe ser razonable, y lo no razonable excede lo justo. Toda la actividad de la Administración debe ser razonable, y sólo así producirá efectos jurídicos válidos” 4 , y que “La arbitrariedad en el acto administrativo se presenta cuando el decisorio se halla desprovisto de todo apoyo legal y fundado tan sólo en la voluntad de los que resuelven, o cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso y cuando se prescinde de prueba fehaciente regularmente traída al juicio se hace remisión a las que no constan en él.”; Que en el caso, la Resolución recurrida ha ponderado todos los extremos conducentes a la decisión con sustento en los hechos presentados, los informes incorporados, la normativa aplicable y los antecedentes legales que resultan pertinentes, con lo cual no se advierte irrazonabilidad, ni desviación de poder que permita calificarla de arbitraria si se atiende a los antecedentes incorporadas en las actuaciones en la que tramitara; Que finalmente, en relación con la forma, el Artículo 41 de la Ley N° 9003 dispone que los actos administrativos deben documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del órgano o entidad de quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el Artículo 45 establece, en lo que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan sobre intereses jurídicamente protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el mismo artículo, la motivación debe comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente."; Que cabe señalar al respecto algunos conceptos que permiten contextualizar este requisito, entre ellos: “La forma constituye un elemento de certeza del acto y al mismo tiempo una garantía para los particulares.” “La fundamentación o motivación del acto administrativo se relaciona, íntimamente, con otros elementos del acto, y con los principios del derecho, como la causa del acto, el principio de legalidad y con la “razonabilidad” que presupone la exclusión de la arbitrariedad”. “La fundamentación también se conecta, íntimamente, con la razonabilidad (Art. 28 C.N.). En este aspecto ha señalado HUTCHINSON que: la motivación para nosotros es indudable que constituye un requisito referido a la razonabilidad, tiene por objeto poner de manifiesto los motivos que determinan el acto y su causa. (...) es fundamental para apreciar la legitimidad del pronunciamiento, y sirve para determinar si ha existido o no desviación de poder. De manera pues que, dentro de nuestro ordenamiento positivo no cabe la discusión acerca de que si los actos deben ser motivados o no. Este requisito tiene una mayor importancia en los actos realizados en ejercicio de actividades discrecionales, pues solamente la motivación de estos actos permite al juez determinar si son o no irrazonables. La discrecionalidad no es arbitrariedad”; Que la Suprema Corte de Justicia Provincial ha dicho: “La motivación del acto administrativo se erige como una condición de validez del mismo, toda vez que se inserta en uno de sus elementos, y obliga -en su acepción amplia- a la explicación de las razones de hecho y derecho y de la finalidad perseguida por la Administración al momento del dictado del acto. Esta obligación, es la contracara del derecho que tiene el administrado a obtener una respuesta fundada a sus peticiones, cuestión que se enraíza con el derecho mismo al debido proceso (Fallos: 310:1797, F 312:1042) o a la llamada tutela administrativa efectiva (F 327:4185)”; Que respecto a este elemento de la Resolución recurrida el acto administrativo ha efectuado razonablemente el análisis de las razones de hecho y derecho que llevan a la decisión adoptada; Que por todo lo expuesto debe rechazarse el recurso de alzada en lo sustancial, toda vez que el acto atacado no presenta vicios que lo invaliden (Ley N° 9003); Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en órdenes 24 y 26 y por Asesoría de Gobierno en orden 30 del expediente EX-2024-06655161- -GDEMZA-CCC, LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA Artículo 1°- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por el agente JOSE LUIS AGUDO, DNI N° 23.217.068, CUIL N° 23-23217068-9, en contra de la Resolución Nº 105/2024 del Director Ejecutivo del Hospital “Diego Paroissien” del Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DRA. HEBE CASADO LIC. RODOLFO MONTERO Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial S/Cargo 27/08/2026 (1 Pub.)