DECRETOS
Decreto Nº 1397
- Fecha de publicación
- 27 de agosto de 2026
- Fecha de la norma
- 17 de julio de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.664 · páginas 49–52
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1397
MENDOZA, 17 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2024-06655161- -GDEMZA-CCC en el cual el agente JOSE LUIS AGUDO,
interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 105/2024 del Director Ejecutivo del Hospital
“Diego Paroissien” del Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se dispuso aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el
recurso de revocatoria presentado contra de la Resolución N° 062/2024, del Director Ejecutivo del Hospital
Diego Paroissien, que le aplicó al agente JOSE LUIS AGUDO, la sanción de suspensión de dos (02) días
por infracción al Art. 13 inc. c) del Decreto N° 560/73;
Que desde el punto de vista formal el recurso de alzada ha sido presentado en término por lo que debe ser
admitido conforme a lo establecido por el Art. 184 y concordantes de la Ley N° 9003;
Que a tenor de lo expuesto por el Art. 185 de la Ley N° 9003 corresponde al Poder Ejecutivo revocar o no
por ilegitimidad la declaración atacada pero no modificarla, reformarla o sustituirla. “A diferencia del resto
de los recursos, el alcance de la revisión de la autoridad se limita a la legalidad de lo resuelto, por lo que
resulta ajeno a su control todo aquello que haga al mérito, oportunidad o conveniencia de lo decidido por la
autoridad del ente;
Que en su escrito recursivo el recurrente reedita los argumentos planteados al interponer su recurso de
revocatoria, los que fueron adecuada y razonablemente tratados al resolver mediante el acto administrativo
que constituye el objeto de esta alzada;
Que con relación al objeto, los requisitos de la Ley N° 9003 son: que no esté prohibido por el orden
normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso
u oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser
considerado viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda. En tal
sentido, el artículo 52 inc. a) de la Ley 9003 señala que el vicio grave o grosero alcanza al objeto del acto
que “...transgrede una prohibición del orden jurídico o normas constitucionales, legales o sentencias
judiciales." En igual calificación cae el objeto que presenta discordancia entre la situación de hecho reglada
por la norma y la solución legal aplicable. Es decir, debe haber concordancia de modo que, dándose tal
hecho, debe aplicarse la consecuencia prevista en la norma y no otra. Por otra parte, el objeto no puede
ser impreciso u oscuro; sino que debe ser cierto, determinado o determinable y claro. Debe expresar de
qué especie de acto se trata, a qué personas afecta y en qué tiempo y lugar habrán de producirse sus
efectos jurídicos. Por ende, el objeto no puede ser absurdo o imposible fácticamente;
Que en el caso, la Resolución venida en alzada tuvo por objeto resolver el recurso de revocatoria, y lo
hace cumpliendo todos los extremos requeridos para considerar que no se encuentra viciada en su objeto.
Así, se ha resuelto en forma congruente la situación de hecho presentada, conforme a la normativa que
resulta aplicable;
Que en cuanto al elemento de la voluntad, la Ley N° 9003 determina que el acto debe provenir de agente
regularmente designado y en funciones al tiempo de dictarlo y deben cumplirse todos los trámites
sustanciales previstos expresa o implícitamente por el orden normativo;
Que para la Ley se consideran trámites sustanciales: a) El debido proceso o garantía de la defensa; b) El
dictamen o informe obligatorio en virtud de norma expresa, que se considera como tal cuando el acto
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pudiere afectar derechos o intereses jurídicamente protegidos de los administrados. c) El informe contable,
cuando el acto implique la disposición de fondos públicos;
Que el respeto al debido proceso o garantía de la defensa resulta imprescindible, siendo susceptible de ser
calificado de grosero el vicio en relación con la violación que pueda efectuar la Administración por algún
acto administrativo conculcando la tutela constitucional de estos derechos protegidos por el Art. 18 de la
Constitución Nacional, por el Art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica y por los Arts. 8°, 17, 18, 19,
21, 24, 25, 26 y 27 y cctes. de la Constitución de Mendoza. Este principio en general comprende el
derecho a ser oído, a ofrecer pruebas y a una decisión fundada. Ello requiere que el acto decisorio
considere los principales argumentos propuestos conducentes a la solución del caso.
Que respecto de los vicios relativos a la voluntad previo a la emisión del acto, la Ley N° 9003 determina
que es grosero el vicio del acto emanado de un usurpador (art. 59); es grave o grosero cuando se ha
dictado violando la garantía de la defensa, o se ha emitido omitiendo el cumplimiento previo de algún
trámite sustancial (art. 60); es leve si se ha dado oportunidad de defensa, pero en forma imperfecta (Art.
61); y es leve o muy leve si ha emanado de un funcionario de hecho Art. 62). En relación con los vicios de
la voluntad en la emisión del acto el vicio del acto es grave, si: a) es dictado sin haberse obtenido, en su
caso, la previa autorización del órgano pertinente; b) es ejecución de un acto no aprobado, siendo la
aprobación exigida; c) transgrede lo dispuesto en los artículos 38 o 39 de esta ley; d) ha sido dictado
mediando connivencia dolosa entre el agente estatal y el administrado (art. 63). El vicio del acto es leve o
grave - si ha sido dictado: a) por error esencial del agente; b) por dolo del administrado, previo al acto y
determinante; c) mediando dolo del agente; d) por violencia sobre el agente o el ad-ministrado (Art. 64). El
vicio es muy leve, si ha mediado error no esencial del agente o dolo no determinante del administrado (Art.
65).
Que la Resolución impugnada ha sido dictada por la autoridad legalmente designada en ejercicio, y de
acuerdo con las constancias de las actuaciones desde el inicio de las actuaciones que dieran origen a la
Resolución que dispuso aplicar la sanción, incluyendo posteriormente el recurso de revocatoria, el
interesado ha tenido oportunidad de presentar su defensa, ofrecer prueba y presentar recursos;
Que en este contexto, los Arts. 38 y 39 de la Ley N° 9003, que con fundamento en el Art. 28 de la
Constitución Nacional, refieren al vicio de arbitrariedad administrativa, recordando que “la arbitrariedad
tiene su antítesis en la razonabilidad, que tiene su base en el art. 28 de la Constitución Nacional. Toda la
actividad del Estado, también la administrativa, debe ser razonable, y lo no razonable excede lo justo.
Toda la actividad de la Administración debe ser razonable, y sólo así producirá efectos jurídicos válidos” 4
, y que “La arbitrariedad en el acto administrativo se presenta cuando el decisorio se halla desprovisto de
todo apoyo legal y fundado tan sólo en la voluntad de los que resuelven, o cuando se resuelve contra o
con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso y cuando se prescinde de
prueba fehaciente regularmente traída al juicio se hace remisión a las que no constan en él.”;
Que en el caso, la Resolución recurrida ha ponderado todos los extremos conducentes a la decisión con
sustento en los hechos presentados, los informes incorporados, la normativa aplicable y los antecedentes
legales que resultan pertinentes, con lo cual no se advierte irrazonabilidad, ni desviación de poder que
permita calificarla de arbitraria si se atiende a los antecedentes incorporadas en las actuaciones en la que
tramitara;
Que finalmente, en relación con la forma, el Artículo 41 de la Ley N° 9003 dispone que los actos
administrativos deben documentarse por escrito, conteniendo a) Lugar y fecha de emisión, b) Mención del
órgano o entidad de quien emanan y c) Determinación y firma del agente interviniente. Asimismo, el
Artículo 45 establece, en lo que resulta pertinente al caso, que deben motivarse los actos que decidan
sobre intereses jurídicamente protegidos y los que resuelvan denuncias, reclamos o recursos. Según el
mismo artículo, la motivación debe comprender “la explicación de las razones de hecho y de derecho que
fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad
pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la
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que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su
publicación. La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o
resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, más específica será la
exigencia de motivarlo suficientemente.";
Que cabe señalar al respecto algunos conceptos que permiten contextualizar este requisito, entre ellos:
“La forma constituye un elemento de certeza del acto y al mismo tiempo una garantía para los
particulares.” “La fundamentación o motivación del acto administrativo se relaciona, íntimamente, con
otros elementos del acto, y con los principios del derecho, como la causa del acto, el principio de legalidad
y con la “razonabilidad” que presupone la exclusión de la arbitrariedad”. “La fundamentación también se
conecta, íntimamente, con la razonabilidad (Art. 28 C.N.). En este aspecto ha señalado HUTCHINSON
que: la motivación para nosotros es indudable que constituye un requisito referido a la razonabilidad, tiene
por objeto poner de manifiesto los motivos que determinan el acto y su causa. (...) es fundamental para
apreciar la legitimidad del pronunciamiento, y sirve para determinar si ha existido o no desviación de poder.
De manera pues que, dentro de nuestro ordenamiento positivo no cabe la discusión acerca de que si los
actos deben ser motivados o no. Este requisito tiene una mayor importancia en los actos realizados en
ejercicio de actividades discrecionales, pues solamente la motivación de estos actos permite al juez
determinar si son o no irrazonables. La discrecionalidad no es arbitrariedad”;
Que la Suprema Corte de Justicia Provincial ha dicho: “La motivación del acto administrativo se erige
como una condición de validez del mismo, toda vez que se inserta en uno de sus elementos, y obliga -en
su acepción amplia- a la explicación de las razones de hecho y derecho y de la finalidad perseguida por la
Administración al momento del dictado del acto. Esta obligación, es la contracara del derecho que tiene el
administrado a obtener una respuesta fundada a sus peticiones, cuestión que se enraíza con el derecho
mismo al debido proceso (Fallos: 310:1797, F 312:1042) o a la llamada tutela administrativa efectiva (F
327:4185)”;
Que respecto a este elemento de la Resolución recurrida el acto administrativo ha efectuado
razonablemente el análisis de las razones de hecho y derecho que llevan a la decisión adoptada;
Que por todo lo expuesto debe rechazarse el recurso de alzada en lo sustancial, toda vez que el acto
atacado no presenta vicios que lo invaliden (Ley N° 9003);
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud
y Deportes en órdenes 24 y 26 y por Asesoría de Gobierno en orden 30 del expediente
EX-2024-06655161- -GDEMZA-CCC,
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA
Artículo 1°- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por el
agente JOSE LUIS AGUDO, DNI N° 23.217.068, CUIL N° 23-23217068-9, en contra de la Resolución Nº
105/2024 del Director Ejecutivo del Hospital “Diego Paroissien” del Ministerio de Salud y Deportes, en
virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DRA. HEBE CASADO
LIC. RODOLFO MONTERO
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
S/Cargo
27/08/2026 (1 Pub.)
