DECRETOS

Decreto Nº 1360

Fecha de publicación
27 de agosto de 2026
Fecha de la norma
8 de julio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.664 · páginas 46–49
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1360 MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-03607342--GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD en tramitación conjunta con expediente EX-2025-03729779—GDEMZA#MSDSYD en el cual se solicita ratificar la Resolución Nº 283/26 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti”; y CONSIDERANDO: Que en orden 65 obra Resolución N° 283/26 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti” mediante la cual se impuso la sanción de cesantía al agente Carlos David Navarro, por encuadrarse su conducta dentro de las causales establecidas por el Art. 13 incs. a), b) y m) del Decreto Ley Nº 560/73, en concordancia con lo establecido por los Arts. 2 inc. c) y Art. 5 inc. a) de la Ley Nº 9103; Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Art. 9 del Anexo de la Ley Nº 9103 y se han respetado las garantías previstas en el Art. 2 de la misma norma; Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, oportunidad y con sujeción al orden jurídico; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “la responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos.”; Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable de autoridad jerárquica autónoma; Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad; Que de tal forma, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados; Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de la sanción aplicada; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene: “…en lo atinente a aquellos actos mediante los cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que, en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores en juego; Que en el caso, las actuaciones se iniciaron a partir del informe del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti” atinente a la conducta del agente Navarro, incurso en tardanzas, ausencias sin aviso, faltas a guardias programadas y el malestar generado en su entorno de trabajo, e adjuntan las marcaciones del mes de marzo del 2025, donde registra 4 faltas sin aviso. En orden 6 se hace referencia al expediente EX-2025-03729779--GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD, del mes de mayo, donde se informa el ausentismo del agente; Que en orden 10 se agrega situación de revista según la cual el sumariado ingresa al nosocomio en fecha 01/09/2014 (según Resolución N° 2214/14), revista en el cargo 15-05-01-02- Clase 6 y cumple funciones en Servicios Generales como Auxiliar Camillero – Sección Lavandería Turno Mañana, con una carga horaria de cuarenta (40) horas semanales. En orden 12 obran planillas de marcación horaria, correspondientes a los meses de abril y mayo del 2025, donde se observan 9 y 2 faltas respectivamente. En orden 16 se informa la tramitación conjunta del expediente EX-2025-03729779—GDEMZA#MSDSYD con el expediente EX-2025-03607342--GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD, en virtud de que el objeto es idéntico. En orden 33 obra informe expedido por la Sección Control Horario donde se comunica que en los meses abril, mayo y junio de 2025, el agente sumariado registra doce (12) faltas injustificadas en total. En orden 34 y 35 obra reporte de los meses de julio y agosto 2025, en las que se registran veintiún (21) faltas injustificadas en total. En orden 43 se observan las planillas de marcación horaria en las que se advierten: 8 faltas injustificadas en el mes de septiembre y 1 falta injustificada en el mes de octubre, además constata incumplimiento constante del horario laboral por parte del agente sumariado; Que en torno a las notificaciones cursadas en el trámite del sumario, cabe referir que la instrucción realizó las medidas pertinentes destinadas a notificar al sumariado, que suscribió con su firma las cédulas cursadas a su domicilio laboral. Se puede afirmar en consecuencia que se ha respetado el debido proceso, y respetado el derecho de defensa que el sumariado no ejerció; Que efectivamente, el sumariado no concurrió a indagatoria, ni presentó alegatos, debiendo tenerse por acreditada la conducta en infracción a los deberes de dispuesto en el Artículo 13 del Decreto Nº 560/73, que dispone en lo pertinente: “a) La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes”; y “n) Cumplir íntegramente y en forma regular el horario de labor establecido”; en concordancia con lo establecido por el Artículo 5º inc. a) de la Ley Nº 9103 que establece como causal de cesantía: “a) Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término de seis (6) meses; Que en torno a la sanción, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Administrador en materia sancionatoria; Que sin perjuicio de ello, a tenor del Art. 128 inc. 10 de la Constitución de la Provincia, el Sr. Gobernador “Remueve los funcionarios y empleados de la administración cuyo nombramiento o remoción no están acordados a otro poder con arreglo a esta Constitución y a la ley.” De la interpretación armónica de las normas citadas surge que la potestad disciplinaria del ente descentralizado no es una facultad final y autónoma, sino una competencia que encuentra su límite y control último en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del Poder Ejecutivo debe ser convalidada por el titular de Poder Ejecutivo; Que en tal sentido, a diferencia de los Poderes Legislativo y Judicial, que tienen su propio régimen de remoción y a los que se refiere la cláusula de excepción del inc. 10 transcripto, los entes descentralizados forman parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del Poder Ejecutivo debe, en última instancia, ser convalidada por el titular de ese poder; Que sin perjuicio de la facultad de instrucción y aplicación de la sanción del ente descentralizado, el control de legalidad sigue residiendo en la órbita del Gobernador como Jefe de la Administración, puesto que la potestad disciplinaria es una atribución inherente a la función de administrar, cuya titularidad última recae en el Poder Ejecutivo (Art. 128 inc. 1 Const. Mendoza); Que en consecuencia, si bien la cesantía dispuesta por el efector es legítima, el Poder Ejecutivo Provincial es el titular último de la potestad de remoción de los empleados públicos de la Administración Provincial, conforme al Artículo 128 inciso 10, de la Constitución de Mendoza, resultando pertinente y procedente la ratificación de la Resolución N° 283/26 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti”; Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Ratifíquese la Resolución Nº 283/26 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti”, por la cual el mencionado nosocomio aplicó la sanción de Cesantía al agente CARLOS DAVID NAVARRO, DNI Nº 31.106.536, CUIL Nº 20-31106536-0, según lo establecido en el Art.13 incs. a) b) y m) del Decreto Ley Nº 560/73, en concordancia con lo establecido por los Arts. 2 inc. c) y 5 inc. a) de la Ley Nº 9103, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto. Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza. Artículo 3º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza www.boletinoficial.mendoza.gov.ar S/Cargo Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 27/08/2026 (1 Pub.)