DECRETOS
Decreto Nº 1360
- Fecha de publicación
- 27 de agosto de 2026
- Fecha de la norma
- 8 de julio de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.664 · páginas 46–49
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1360
MENDOZA, 08 DE JULIO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-03607342--GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD en tramitación conjunta con
expediente EX-2025-03729779—GDEMZA#MSDSYD en el cual se solicita ratificar la Resolución Nº
283/26 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti”; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 65 obra Resolución N° 283/26 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Dr.
Humberto J. Notti” mediante la cual se impuso la sanción de cesantía al agente Carlos David Navarro, por
encuadrarse su conducta dentro de las causales establecidas por el Art. 13 incs. a), b) y m) del Decreto
Ley Nº 560/73, en concordancia con lo establecido por los Arts. 2 inc. c) y Art. 5 inc. a) de la Ley Nº 9103;
Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Art. 9 del Anexo de la Ley Nº
9103 y se han respetado las garantías previstas en el Art. 2 de la misma norma;
Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de
gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante
la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo
sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización
administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia
organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
oportunidad y con sujeción al orden jurídico;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “la responsabilidad administrativa, que
se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio,
transgrediendo reglas propias de la función pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los
servicios administrativos.”;
Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable
de autoridad jerárquica autónoma;
Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena
marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus
deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen
de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el
momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad;
Que de tal forma, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de
tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las
normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad
de la sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un
proceso debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados;
Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática
de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica
prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
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disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas
quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos
sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de
la sanción aplicada;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene: “…en lo atinente a aquellos actos mediante los
cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que,
en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus
superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida
aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de
esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de
criterio en la apreciación de los distintos factores en juego;
Que en el caso, las actuaciones se iniciaron a partir del informe del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J.
Notti” atinente a la conducta del agente Navarro, incurso en tardanzas, ausencias sin aviso, faltas a
guardias programadas y el malestar generado en su entorno de trabajo, e adjuntan las marcaciones del
mes de marzo del 2025, donde registra 4 faltas sin aviso. En orden 6 se hace referencia al expediente
EX-2025-03729779--GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD, del mes de mayo, donde se informa el ausentismo del
agente;
Que en orden 10 se agrega situación de revista según la cual el sumariado ingresa al nosocomio en fecha
01/09/2014 (según Resolución N° 2214/14), revista en el cargo 15-05-01-02- Clase 6 y cumple funciones
en Servicios Generales como Auxiliar Camillero – Sección Lavandería Turno Mañana, con una carga
horaria de cuarenta (40) horas semanales. En orden 12 obran planillas de marcación horaria,
correspondientes a los meses de abril y mayo del 2025, donde se observan 9 y 2 faltas respectivamente.
En orden 16 se informa la tramitación conjunta del expediente EX-2025-03729779—GDEMZA#MSDSYD
con el expediente EX-2025-03607342--GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD, en virtud de que el objeto es
idéntico. En orden 33 obra informe expedido por la Sección Control Horario donde se comunica que en los
meses abril, mayo y junio de 2025, el agente sumariado registra doce (12) faltas injustificadas en total. En
orden 34 y 35 obra reporte de los meses de julio y agosto 2025, en las que se registran veintiún (21) faltas
injustificadas en total. En orden 43 se observan las planillas de marcación horaria en las que se advierten:
8 faltas injustificadas en el mes de septiembre y 1 falta injustificada en el mes de octubre, además constata
incumplimiento constante del horario laboral por parte del agente sumariado;
Que en torno a las notificaciones cursadas en el trámite del sumario, cabe referir que la instrucción realizó
las medidas pertinentes destinadas a notificar al sumariado, que suscribió con su firma las cédulas
cursadas a su domicilio laboral. Se puede afirmar en consecuencia que se ha respetado el debido proceso,
y respetado el derecho de defensa que el sumariado no ejerció;
Que efectivamente, el sumariado no concurrió a indagatoria, ni presentó alegatos, debiendo tenerse por
acreditada la conducta en infracción a los deberes de dispuesto en el Artículo 13 del Decreto Nº 560/73,
que dispone en lo pertinente: “a) La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia,
en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias
correspondientes”; y “n) Cumplir íntegramente y en forma regular el horario de labor establecido”; en
concordancia con lo establecido por el Artículo 5º inc. a) de la Ley Nº 9103 que establece como causal de
cesantía: “a) Inasistencias injustificadas superiores a seis (6) días, continuas o discontinuas, en el término
de seis (6) meses;
Que en torno a la sanción, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha
dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que
interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende
(en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al
alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene
establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder
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Administrador en materia sancionatoria;
Que sin perjuicio de ello, a tenor del Art. 128 inc. 10 de la Constitución de la Provincia, el Sr. Gobernador
“Remueve los funcionarios y empleados de la administración cuyo nombramiento o remoción no están
acordados a otro poder con arreglo a esta Constitución y a la ley.” De la interpretación armónica de las
normas citadas surge que la potestad disciplinaria del ente descentralizado no es una facultad final y
autónoma, sino una competencia que encuentra su límite y control último en el Poder Ejecutivo. Por lo
tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del Poder Ejecutivo debe ser convalidada por el
titular de Poder Ejecutivo;
Que en tal sentido, a diferencia de los Poderes Legislativo y Judicial, que tienen su propio régimen de
remoción y a los que se refiere la cláusula de excepción del inc. 10 transcripto, los entes descentralizados
forman parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del
Poder Ejecutivo debe, en última instancia, ser convalidada por el titular de ese poder;
Que sin perjuicio de la facultad de instrucción y aplicación de la sanción del ente descentralizado, el control
de legalidad sigue residiendo en la órbita del Gobernador como Jefe de la Administración, puesto que la
potestad disciplinaria es una atribución inherente a la función de administrar, cuya titularidad última recae
en el Poder Ejecutivo (Art. 128 inc. 1 Const. Mendoza);
Que en consecuencia, si bien la cesantía dispuesta por el efector es legítima, el Poder Ejecutivo Provincial
es el titular último de la potestad de remoción de los empleados públicos de la Administración Provincial,
conforme al Artículo 128 inciso 10, de la Constitución de Mendoza, resultando pertinente y procedente la
ratificación de la Resolución N° 283/26 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J.
Notti”;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Ratifíquese la Resolución Nº 283/26 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico
“Dr. Humberto J. Notti”, por la cual el mencionado nosocomio aplicó la sanción de Cesantía al agente
CARLOS DAVID NAVARRO, DNI Nº 31.106.536, CUIL Nº 20-31106536-0, según lo establecido en el
Art.13 incs. a) b) y m) del Decreto Ley Nº 560/73, en concordancia con lo establecido por los Arts. 2 inc. c)
y 5 inc. a) de la Ley Nº 9103, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones
Administrativas y Ética Pública de Mendoza.
Artículo 3º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
27/08/2026 (1 Pub.)
