DECRETOS

Decreto Nº 1319

Fecha de publicación
27 de agosto de 2026
Fecha de la norma
1 de julio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.664 · páginas 26–28
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1319 MENDOZA, 01 DE JULIO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-02210919- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el Agente S.C.S. CERDA, LUCIANO URIEL, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución D.G.S.P. N° 182/26, de fecha 23 de febrero de 2026, y contra la Resolución N° S.P. 0080/26, de fecha 05 de febrero de 2026; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03507687- -GDEMZA-IGS#MSEG (orden 49), la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° S.P. 0080/26, mediante la cual aplicó al recurrente, la sanción de cincuenta (50) días de suspensión laboral sujeta a exoneración, al determinarse que con su accionar infringió el Régimen Disciplinario Penitenciario, en el Art. 8 Incs. a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; Arts. 10 y 88, y sus agravantes, Art. 198 Inc. 1) de la Resolución N° 143-T/15; Que en orden 57 del expediente EX-2024-03507687- -GDEMZA-IGS#MSEG, obra Resolución D.G.S.P. N° 182/26, por la cual la Dirección General del Servicio Penitenciario dispuso el pase a Revista Pasiva por el término de cincuenta (50) días, del Agente S.C.S Luciano Ariel Cerda, conforme lo establecido en el Art. 46 Inc. 3) de la Ley N° 7493. Que por Resolución N° 1590-SyJ/26, de fecha 17 de abril de 2026, la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Ministra de Seguridad y Justicia ratificó la Resolución D.G.S.P. N° 182/26; Que en orden 21, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…el mismo resulta procedente, al haber sido presentado en el plazo y condiciones previsto en el Art. 179 de la Ley 9.003….”; Que el recurrente se agravia al considerar que el acto administrativo que impugna, viola derechos y garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio como así también principios consagrados en la Ley N° 9003. Además, alega vicios de procedimiento, errónea valoración de la prueba y falta de motivación del acto, peticiona también la nulidad de la Resolución D.G.S.P. N° 182/26 del Servicio Penitenciario, que dispuso su pase a Revista Pasiva; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso en trato, dictamina y concluye: “…Comenzando con el planteo de falta de motivación, corresponde recordar que conceptualmente la motivación es “una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina ´los considerandos´” (PETRA RECABARREN y SARMIENTO GARCÍA, Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 3909, pág. 66). El Art. 45 de la Ley N° 9003, dispone: “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación…”. No es sostenible el respectivo planteo del recurrente, ya que de la simple lectura de la Resolución N° 0080/2026-SP, surge que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y jurídicamente. Tampoco puede tener acogida el agravio relativo a la desproporción de la sanción. Aun cuando no podemos dejar de mencionar que 50 días de suspensión, no parece una punición excesiva teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. La sanción aplicada resulta ser ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Es adecuada a la tipicidad de la conducta comprobada, y proporcional a la gravedad del hecho. En relación a la falta de proporcionalidad, razonabilidad y falta de adecuación de la sanción impuesta en cuanto prevé la sujeción a la exoneración dependiendo de las resultas del proceso penal; entendemos oportuno tener presente que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 7493), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar constituye también un ilícito penal. En tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza, es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público, y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs. 219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen penitenciario, consagración legislativa expresa en el Art. 80 de la Ley N° 7493: "La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". En las presentes actuaciones, se dispuso la apertura del sumario administrativo para investigar la presunta presentación de un certificado médico apócrifo para justificar inasistencias al servicio. Concretamente, el documento consignaba haber sido expedido por la “Dra. Andrea Díaz- Mat. 8180- guardia- Hospital Descentralizado”, y fue expresamente desconocido en cuanto a su contenido, firma y sello por la profesional. Tal conducta se Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial encuadró “prima facie” en el artículo 8 incisos a), c), e) y l) de la Ley N° 7493; artículos 10 y 88 de la Resolución N° 143-T y sus agravantes, artículo 198, Inc. 1) de la Resolución 143- T. Entendemos en consecuencia que la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las que derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material de los hechos investigados y la autoría del agente sancionado. El acto administrativo en cuestión cumple acabadamente con la razonabilidad exigida por el Art. 39 de la LPA N° 9003, y resulta absolutamente legítimo. Debe desestimarse también el pedido de nulidad respecto de la Resolución N° 182/2026 de la Dirección General del Servicio Penitenciario, que dispuso el pase a Revista Pasiva del Agente Cerda Luciano Ariel, siendo esta una consecuencia directa del acto disciplinario, se encuentra legalmente prevista y ha sido válidamente notificada. Por último, tampoco corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto solicitada por el recurrente, ya que no se configuran ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley N° 9003. En base a lo expuesto, la resolución adoptada es absolutamente legítima y razonable, y a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 21, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Agente S.C.S. CERDA, LUCIANO URIEL, D.N.I. N° 41.794.048, en contra de la Resolución D.G.S.P. N° 182/26, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza, y contra la Resolución N° S.P. 0080/26, de la Junta de Disciplina de Ministerio de Seguridad y Justicia, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º - Desestímese el pedido de nulidad realizado por el Agente S.C.S. CERDA, LUCIANO URIEL, D.N.I. N° 41.794.048, respecto de la Resolución D.G.S.P. N° 182/26, de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Artículo 3º - Rechácese la solicitud de suspensión de la ejecución del acto realizada por el Agente S.C.S. CERDA, LUCIANO URIEL, D.N.I. N° 41.794.048, al no configurarse ninguna de las causales previstas en el Art. 83 de la Ley N° 9003. Artículo 4° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 27/08/2026 (1 Pub.)