DECRETOS
Decreto Nº 1010
- Fecha de publicación
- 10 de agosto de 2026
- Fecha de la norma
- 22 de mayo de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.652 · páginas 19–22
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1010
MENDOZA, 22 DE MAYO DE 2026
Visto el expediente EX-2023-07469133--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2022-04837987—GDEMZA-
ASTUNUYAN#MSDSYD en el cual la Odontóloga NOELIA ROMINA MICARI, interpone Recurso
Jerárquico en contra de la Resolución Nº 2344/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes,
actual Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo interpuesto por la Odont. Micari, referente
al reconocimiento de la antigüedad desde que comenzó a prestar servicios para el Estado provincial;
Que del cotejo de la notificación de la resolución recurrida y de la fecha de interposición del recurso se
observa que el mismo se ha deducido dentro de los plazos legales para formularlo por lo que resulta
formalmente procedente según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que en el expediente asociado EX-2022-04837987-GDEMZA-ASTUNUYAN#MSDSYD, consta que con
fecha 12/07/2022, la agente solicita se le reconozca su real antigüedad, puesto que prestó servicios para la
Administración como contratada mediante locación de servicios hasta que pasó a planta, a los fines del
cobro del adicional por antigüedad, licencias ordinarias, aportes previsionales, diferencias en el adicional
por antigüedad en forma retroactiva con intereses legales;
Que en el mencionado expediente consta que la Odont. Micari ingresó a la planta de personal en el Área
Sanitaria Tunuyán, conforme Resolución N° 751/21, del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, como Odontóloga;
Que la incorporación de la recurrente a la planta se produjo en el marco de la emergencia declarada ante
la pandemia de COVID-19, mediante una medida excepcional y voluntaria, en cuanto estuvo dirigido a
quienes optaran por el ingreso, bajo las condiciones establecidas entre las cuales se encontraba el
escalafonamiento en la clase inicial de cada Agrupamiento según el escalafón correspondiente y además
“No poseer reclamos pendientes de resolución contra la Administración por su situación contractual”;
Que de ello surge que, la norma especial que reguló el ingreso a la planta interina no previó el
reconocimiento por antigüedad en los servicios prestados bajo la modalidad de locación de servicios a
efectos del vínculo de empleo público, al que la recurrente se incorporó por opción voluntaria
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
expresamente ejercida. En cambio, estableció como requisito de admisión la inexistencia de reclamos
derivados de la contratación administrativa, evidenciando con ello que la mentada incorporación no implicó
reconocimiento alguno de situaciones anteriores y que la falta de previsión señalada no constituyó una
omisión involuntaria, sino por el contrario un elemento esencial del acuerdo individual arribado con cada
adherente;
Que tales condiciones de ingreso, específica y exclusivamente dispuestas para el Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, en razón del objeto de la norma, permiten sostener que el reconocimiento de
la antigüedad en la forma pretendida por la interesada no puede prosperar;
Que no modifica la conclusión el reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia, en la causa “BRITOS
RICARDO DANIEL Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ACCIÓN PROCESAL
ADMINISTRATIVA”, CUIJ: 13-05022405-2, en el cual, con voto mayoritario, consideró que el cómputo de
la antigüedad para el cálculo del adicional debe considerarse comprendido el tiempo de servicio cumplido
bajo la modalidad de contrato de locación o prestaciones personales, a los fines del adicional por
antigüedad, conforme al Artículo 53 de la Ley Nº 5126;
Que esto en virtud de que, como se ha indicado, la situación de hecho que tramita en la presente se sujetó
a una normativa especial que no contempló los años cumplidos bajo la modalidad de locación de servicios
para el ingreso a la planta interina, al cual la interesada adhirió optando voluntariamente;
Que la Ley Nº 9665, publicada en el Boletín Oficial el 6/10/2025, introdujo una modificación al Artículo 53
de la Ley Nº 5126, agregando el siguiente párrafo: “Los servicios computables para el cálculo de la
antigüedad establecido en el presente artículo o en cualquier otra disposición similar de leyes especiales,
estatutos, escalafones o regímenes de la función pública, sólo incluye los prestados bajo el régimen de
carrera administrativa o cargos del escalafón específico aplicable, así como bajo otras modalidades de
trabajo en relación de dependencia y sujetas a las correspondientes cargas previsionales y servicios de la
seguridad social, con exclusión de aquellos trabajos realizados bajo otras figuras contractuales, sean
locaciones de obras, de servicios u otras modalidades de prestaciones autónomas pagados contra la
presentación de facturas por los servicios personales devengados en cumplimiento de esas contrataciones
especiales…”. En concordancia con las modificaciones introducidas por la misma Ley a los Artículos 1 y 2
inc. d) del Decreto Ley Nº 560/73; se dispuso en su Artículo 6° que entraba en vigencia a partir del día de
su publicación en el Boletín Oficial, con lo cual de conformidad al efecto inmediato de su aplicación (Art. 7
del CCCN), los sueldos devengados, a liquidarse y pagarse desde su entrada en vigencia deben ajustarse
a sus prescripciones;
Que cabe recordar que el Artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la irretroactividad
de una nueva ley, es decir la nueva ley no se aplica a las consecuencias ya producidas bajo la ley anterior.
Pero dispone la aplicación inmediata de la ley a partir de su entrada en vigencia, de modo que la nueva
norma se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes que no se hayan consumado al
dicho momento; y una excepción conforme a la cual solo se excluyen de esta regla las normas supletorias
aplicables a contratos en curso, lo que no es el caso, ya que la Ley Nº 9665 es imperativa en materia de
empleo público;
Que de ello se desprende que la nueva legislación no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas
ya terminadas, ni sobre efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes, debiendo
respetarse los efectos ya consumados, mientras que los efectos futuros o no consumados quedan
sometidos inmediatamente a la ley vigente al momento en que deban producirse. A esos hechos en curso,
actos o créditos futuros no les resulta aplicable la doctrina del consumo jurídico, ni la de los derechos
adquiridos;
Que es decir, distinto a la retroactividad de la ley es el efecto inmediato de la nueva legislación cuando
modifica, acrece o disminuye los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas existentes,
conforme al primer párrafo del Art. 7° del CCCN;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que por ende, a partir de su entrada en vigencia las leyes deben aplicarse no sólo a los hechos y
relaciones futuras sino también a los que hayan nacidos al amparo de la anterior ley y se encuentran en
vigencia al dictarse la nueva legislación, es decir que rige para los hechos que están en curso de
desarrollo, al tiempo de su sanción. También están alcanzados por la nueva ley lo que se denomina
derechos en expectativas que, en realidad, no son derechos sino posibilidades de serlo cuando se reúnan
los presupuestos legales correspondientes, de modo que requieren un evento futuro, no siendo
susceptibles de ejecución actual;
Que el adicional por antigüedad es de tracto sucesivo, de manera que se devenga mes a mes mientras la
relación de empleo público se encuentre vigente, por lo que cada mes se encuentra sometido a la ley
vigente al momento de su devengamiento;
Que de tal forma, en el caso, los efectos del reconocimiento solo podrían correr desde el 12/07/2022, fecha
de la interposición del reclamo. Sin embargo, a la fecha de interposición del reclamo, no existía un acto de
reconocimiento, liquidación o pago anterior a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9665, puesto que no
había un acto administrativo firme, ni reconocimiento del cómputo pretendido, ni liquidación, por el
contrario, éste había sido desistido y rechazado. Lo cual implica que el supuesto derecho invocado por la
agente no estaba consolidado, ni constituía un efecto consumado amparado por el principio de
irretroactividad de la ley dispuesto en el Artículo 7 del CCCN;
Que, en consecuencia, la Ley Nº 9665 se aplica íntegra y obligatoriamente al momento de resolver el
presente recurso;
Que se extrae de ello que, estando la nueva norma vigente al tiempo en que habría de liquidarse y pagarse
el adicional en la forma reclamada, deberá estarse a su aplicación respecto a los servicios computables
para el cálculo de la antigüedad remunerable;
Que corresponde rechazar el recurso de la Odont. Micari en cuanto pretende el cómputo de servicios
autónomos anteriores al año 2021, por resultar jurídicamente improcedente bajo el régimen vigente, sin
que ello constituya retroactividad de la ley, sino aplicación inmediata de la ley nueva, conforme Artículo 7°
del CCCN. De modo que la antigüedad reclamada, no puede reconocerse para pagar un adicional por
períodos devengados y pagaderos bajo la vigencia de una ley que la excluye expresamente, lo cual resulta
coherente con lo pactado y ejecutado durante el tiempo en que medió la locación de servicios hasta el
pase a planta de personal, sin reserva o reclamo (doctrina de los propios actos). “Ello descarta la
aplicación del precedente “Britos” dictado bajo la ley anterior, a las consecuencias o efectos posteriores a
su derogación, que quedan sujetos al efecto inmediatQue en conclusión, a los contratos que la nueva ley
excluye para el cómputo del adicional en trato, no les resulta aplicable la doctrina mayoritaria, sino la
aclaración introducida por la nueva ley, en línea con la interpretación disidente del fallo Britos y los
concordantes dictámenes de Asesoría de Gobierno (Nº 100/20 y 498/23). Puesto que ha fijado un nuevo
criterio de interpretación, consagrando la solución sentada en los precedentes de nuestro máximo Tribunal;
Que respecto a la motivación del Acto Administrativo, el mismo se encuentra debidamente motivado, tal
como lo exige el Art. 45 de la ley N° 9003 para los actos que deciden sobre derechos subjetivos. “La
motivación de los actos administrativos constituye uno de los requisitos esenciales cuando los mismos
deciden sobre derechos subjetivos o recursos. Tal motivación debe incluir la expresión concreta de las
razones que inducen a emitir el acto y de los recaudos referentes a los hechos y antecedentes que le
sirven de causa, con el derecho aplicable”;
Que en el caso de marras, la legalidad del acto está debidamente motivada y sustentada. Dicho acto
administrativo se encuentra legalmente fundado en los hechos y derechos aplicables, sin incurrir en
violación de la normativa y principios contenidos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales,
Constitución Provincial, Legislación y Jurisprudencia correspondientes;
Analizados los fundamentos del acto administrativo recurrido, no se encuentra falta de razonabilidad ni
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arbitrariedad en su dictado, como tampoco vicio en el objeto ni falta de motivación, ya que no se ha
apartado de los hechos acreditados en autos, ni se funda en pruebas inexistentes, habiendo sido dictada
en base a lo establecido en la normativa vigente en la materia. Es decir que, en la resolución recurrida, se
ha realizado una correcta valoración de la prueba incorporada, siendo también correcto el encuadre
jurídico efectuado, siendo así la resolución recurrida, suficientemente motivada conforme a lo dispuesto en
el Art. 45 de la Ley Nº 9003;
Que de las constancias de autos, surge que tampoco se ha configurado en el caso de marras vicio de la
voluntad, habiéndose respetado en todo momento el derecho de defensa. En la pieza analizada, surge una
total correlación entre las circunstancias de hecho y el derecho aplicable al caso;
Que por lo tanto, el acto atacado no se encuentra viciado, sino que, por el contrario, se trata de un acto
administrativo regular que reúne todos los requisitos impuestos por la legislación vigente, correspondiendo
consecuentemente rechazar en el aspecto sustancial el planteo efectuado por la recurrente;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en orden 44 y por Asesoría de Gobierno en orden 49 del expediente
EX-2023-07469133--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Odontóloga NOELIA ROMINA MICARI, DNI Nº 31.021.446, CUIL Nº 27-31021446-4, eNº 2344/23 del ex
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo
expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
10/08/2026 (1 Pub.)
