DECRETOS

Decreto Nº 1010

Fecha de publicación
10 de agosto de 2026
Fecha de la norma
22 de mayo de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.652 · páginas 19–22
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1010 MENDOZA, 22 DE MAYO DE 2026 Visto el expediente EX-2023-07469133--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2022-04837987—GDEMZA- ASTUNUYAN#MSDSYD en el cual la Odontóloga NOELIA ROMINA MICARI, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 2344/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo interpuesto por la Odont. Micari, referente al reconocimiento de la antigüedad desde que comenzó a prestar servicios para el Estado provincial; Que del cotejo de la notificación de la resolución recurrida y de la fecha de interposición del recurso se observa que el mismo se ha deducido dentro de los plazos legales para formularlo por lo que resulta formalmente procedente según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que en el expediente asociado EX-2022-04837987-GDEMZA-ASTUNUYAN#MSDSYD, consta que con fecha 12/07/2022, la agente solicita se le reconozca su real antigüedad, puesto que prestó servicios para la Administración como contratada mediante locación de servicios hasta que pasó a planta, a los fines del cobro del adicional por antigüedad, licencias ordinarias, aportes previsionales, diferencias en el adicional por antigüedad en forma retroactiva con intereses legales; Que en el mencionado expediente consta que la Odont. Micari ingresó a la planta de personal en el Área Sanitaria Tunuyán, conforme Resolución N° 751/21, del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, como Odontóloga; Que la incorporación de la recurrente a la planta se produjo en el marco de la emergencia declarada ante la pandemia de COVID-19, mediante una medida excepcional y voluntaria, en cuanto estuvo dirigido a quienes optaran por el ingreso, bajo las condiciones establecidas entre las cuales se encontraba el escalafonamiento en la clase inicial de cada Agrupamiento según el escalafón correspondiente y además “No poseer reclamos pendientes de resolución contra la Administración por su situación contractual”; Que de ello surge que, la norma especial que reguló el ingreso a la planta interina no previó el reconocimiento por antigüedad en los servicios prestados bajo la modalidad de locación de servicios a efectos del vínculo de empleo público, al que la recurrente se incorporó por opción voluntaria Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial expresamente ejercida. En cambio, estableció como requisito de admisión la inexistencia de reclamos derivados de la contratación administrativa, evidenciando con ello que la mentada incorporación no implicó reconocimiento alguno de situaciones anteriores y que la falta de previsión señalada no constituyó una omisión involuntaria, sino por el contrario un elemento esencial del acuerdo individual arribado con cada adherente; Que tales condiciones de ingreso, específica y exclusivamente dispuestas para el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en razón del objeto de la norma, permiten sostener que el reconocimiento de la antigüedad en la forma pretendida por la interesada no puede prosperar; Que no modifica la conclusión el reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia, en la causa “BRITOS RICARDO DANIEL Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, CUIJ: 13-05022405-2, en el cual, con voto mayoritario, consideró que el cómputo de la antigüedad para el cálculo del adicional debe considerarse comprendido el tiempo de servicio cumplido bajo la modalidad de contrato de locación o prestaciones personales, a los fines del adicional por antigüedad, conforme al Artículo 53 de la Ley Nº 5126; Que esto en virtud de que, como se ha indicado, la situación de hecho que tramita en la presente se sujetó a una normativa especial que no contempló los años cumplidos bajo la modalidad de locación de servicios para el ingreso a la planta interina, al cual la interesada adhirió optando voluntariamente; Que la Ley Nº 9665, publicada en el Boletín Oficial el 6/10/2025, introdujo una modificación al Artículo 53 de la Ley Nº 5126, agregando el siguiente párrafo: “Los servicios computables para el cálculo de la antigüedad establecido en el presente artículo o en cualquier otra disposición similar de leyes especiales, estatutos, escalafones o regímenes de la función pública, sólo incluye los prestados bajo el régimen de carrera administrativa o cargos del escalafón específico aplicable, así como bajo otras modalidades de trabajo en relación de dependencia y sujetas a las correspondientes cargas previsionales y servicios de la seguridad social, con exclusión de aquellos trabajos realizados bajo otras figuras contractuales, sean locaciones de obras, de servicios u otras modalidades de prestaciones autónomas pagados contra la presentación de facturas por los servicios personales devengados en cumplimiento de esas contrataciones especiales…”. En concordancia con las modificaciones introducidas por la misma Ley a los Artículos 1 y 2 inc. d) del Decreto Ley Nº 560/73; se dispuso en su Artículo 6° que entraba en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, con lo cual de conformidad al efecto inmediato de su aplicación (Art. 7 del CCCN), los sueldos devengados, a liquidarse y pagarse desde su entrada en vigencia deben ajustarse a sus prescripciones; Que cabe recordar que el Artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la irretroactividad de una nueva ley, es decir la nueva ley no se aplica a las consecuencias ya producidas bajo la ley anterior. Pero dispone la aplicación inmediata de la ley a partir de su entrada en vigencia, de modo que la nueva norma se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes que no se hayan consumado al dicho momento; y una excepción conforme a la cual solo se excluyen de esta regla las normas supletorias aplicables a contratos en curso, lo que no es el caso, ya que la Ley Nº 9665 es imperativa en materia de empleo público; Que de ello se desprende que la nueva legislación no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya terminadas, ni sobre efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes, debiendo respetarse los efectos ya consumados, mientras que los efectos futuros o no consumados quedan sometidos inmediatamente a la ley vigente al momento en que deban producirse. A esos hechos en curso, actos o créditos futuros no les resulta aplicable la doctrina del consumo jurídico, ni la de los derechos adquiridos; Que es decir, distinto a la retroactividad de la ley es el efecto inmediato de la nueva legislación cuando modifica, acrece o disminuye los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, conforme al primer párrafo del Art. 7° del CCCN; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que por ende, a partir de su entrada en vigencia las leyes deben aplicarse no sólo a los hechos y relaciones futuras sino también a los que hayan nacidos al amparo de la anterior ley y se encuentran en vigencia al dictarse la nueva legislación, es decir que rige para los hechos que están en curso de desarrollo, al tiempo de su sanción. También están alcanzados por la nueva ley lo que se denomina derechos en expectativas que, en realidad, no son derechos sino posibilidades de serlo cuando se reúnan los presupuestos legales correspondientes, de modo que requieren un evento futuro, no siendo susceptibles de ejecución actual; Que el adicional por antigüedad es de tracto sucesivo, de manera que se devenga mes a mes mientras la relación de empleo público se encuentre vigente, por lo que cada mes se encuentra sometido a la ley vigente al momento de su devengamiento; Que de tal forma, en el caso, los efectos del reconocimiento solo podrían correr desde el 12/07/2022, fecha de la interposición del reclamo. Sin embargo, a la fecha de interposición del reclamo, no existía un acto de reconocimiento, liquidación o pago anterior a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9665, puesto que no había un acto administrativo firme, ni reconocimiento del cómputo pretendido, ni liquidación, por el contrario, éste había sido desistido y rechazado. Lo cual implica que el supuesto derecho invocado por la agente no estaba consolidado, ni constituía un efecto consumado amparado por el principio de irretroactividad de la ley dispuesto en el Artículo 7 del CCCN; Que, en consecuencia, la Ley Nº 9665 se aplica íntegra y obligatoriamente al momento de resolver el presente recurso; Que se extrae de ello que, estando la nueva norma vigente al tiempo en que habría de liquidarse y pagarse el adicional en la forma reclamada, deberá estarse a su aplicación respecto a los servicios computables para el cálculo de la antigüedad remunerable; Que corresponde rechazar el recurso de la Odont. Micari en cuanto pretende el cómputo de servicios autónomos anteriores al año 2021, por resultar jurídicamente improcedente bajo el régimen vigente, sin que ello constituya retroactividad de la ley, sino aplicación inmediata de la ley nueva, conforme Artículo 7° del CCCN. De modo que la antigüedad reclamada, no puede reconocerse para pagar un adicional por períodos devengados y pagaderos bajo la vigencia de una ley que la excluye expresamente, lo cual resulta coherente con lo pactado y ejecutado durante el tiempo en que medió la locación de servicios hasta el pase a planta de personal, sin reserva o reclamo (doctrina de los propios actos). “Ello descarta la aplicación del precedente “Britos” dictado bajo la ley anterior, a las consecuencias o efectos posteriores a su derogación, que quedan sujetos al efecto inmediatQue en conclusión, a los contratos que la nueva ley excluye para el cómputo del adicional en trato, no les resulta aplicable la doctrina mayoritaria, sino la aclaración introducida por la nueva ley, en línea con la interpretación disidente del fallo Britos y los concordantes dictámenes de Asesoría de Gobierno (Nº 100/20 y 498/23). Puesto que ha fijado un nuevo criterio de interpretación, consagrando la solución sentada en los precedentes de nuestro máximo Tribunal; Que respecto a la motivación del Acto Administrativo, el mismo se encuentra debidamente motivado, tal como lo exige el Art. 45 de la ley N° 9003 para los actos que deciden sobre derechos subjetivos. “La motivación de los actos administrativos constituye uno de los requisitos esenciales cuando los mismos deciden sobre derechos subjetivos o recursos. Tal motivación debe incluir la expresión concreta de las razones que inducen a emitir el acto y de los recaudos referentes a los hechos y antecedentes que le sirven de causa, con el derecho aplicable”; Que en el caso de marras, la legalidad del acto está debidamente motivada y sustentada. Dicho acto administrativo se encuentra legalmente fundado en los hechos y derechos aplicables, sin incurrir en violación de la normativa y principios contenidos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial, Legislación y Jurisprudencia correspondientes; Analizados los fundamentos del acto administrativo recurrido, no se encuentra falta de razonabilidad ni Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial arbitrariedad en su dictado, como tampoco vicio en el objeto ni falta de motivación, ya que no se ha apartado de los hechos acreditados en autos, ni se funda en pruebas inexistentes, habiendo sido dictada en base a lo establecido en la normativa vigente en la materia. Es decir que, en la resolución recurrida, se ha realizado una correcta valoración de la prueba incorporada, siendo también correcto el encuadre jurídico efectuado, siendo así la resolución recurrida, suficientemente motivada conforme a lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley Nº 9003; Que de las constancias de autos, surge que tampoco se ha configurado en el caso de marras vicio de la voluntad, habiéndose respetado en todo momento el derecho de defensa. En la pieza analizada, surge una total correlación entre las circunstancias de hecho y el derecho aplicable al caso; Que por lo tanto, el acto atacado no se encuentra viciado, sino que, por el contrario, se trata de un acto administrativo regular que reúne todos los requisitos impuestos por la legislación vigente, correspondiendo consecuentemente rechazar en el aspecto sustancial el planteo efectuado por la recurrente; Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 44 y por Asesoría de Gobierno en orden 49 del expediente EX-2023-07469133--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la Odontóloga NOELIA ROMINA MICARI, DNI Nº 31.021.446, CUIL Nº 27-31021446-4, eNº 2344/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 10/08/2026 (1 Pub.)