DECRETOS

Decreto Nº 1019

Fecha de publicación
3 de agosto de 2026
Fecha de la norma
26 de mayo de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.647 · páginas 22–26
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1019 MENDOZA, 26 DE MAYO DE 2026 Visto el expediente EX-2023-07972172- -GDEMZA-CCC, en la cual Da. CAREN GISELLE FUNEZ ZAPATA interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución N° 769/23 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Dr. Humberto J. Notti”; y CONSIDERANDO: Que por la Resolución N° 769/23 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Dr. Humberto J. Notti” se rechazó el reclamo de la agente Funez Zapata referente al cambio de régimen salarial 27, por no resultar aplicable el Decreto N° 1807/20 ratificado por Ley N° 9302; Que la Resolución fue notificada a la agente con fecha 25/08/2023 (EX–2023-05178204-GDEMZA- HNOTTI#MSDSYD), y el recurso interpuesto con fecha 19/10/2023, según fecha del cargo, y se intenta contra la Resolución emitida por la Dirección Ejecutiva de un Hospital Descentralizado, habiendo transcurrido un (1) mes y veinticinco (25) días y por lo tanto fuera del plazo, resultando formalmente inadmisible; Que sin perjuicio de ello, la interesada interpone en subsidio Denuncia de Ilegitimidad, sin mayor alusión a la circunstancia del tiempo transcurrido entre la fecha de notificación y la de su presentación; Que es decir, no hay explicación alguna de su parte que permita soslayar el presumible abandono voluntario de su derecho; Que cabe considerar si la impugnación pretendida puede ser tratada como Denuncia de Ilegitimidad y en su caso, si se dan los requisitos de procedencia formal y sustancial que la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003 establece en su Art. 173 para ese instituto; Que en efecto la Ley Nº 9003 establece que “…vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, los interpuestos extemporáneamente serán declarados formalmente inadmisibles. Ello no obstará a que el órgano competente para su resolución deba calificar al recurso tardío como denuncia de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial ilegitimidad, siendo su deber tramitar y resolver, a menos que la denuncia sea improcedente en los términos del párrafo siguiente. Son impedimentos al progreso de la denuncia de ilegitimidad: a) Motivos de seguridad jurídica en el mantenimiento de la situación o relación jurídicas devenidas firmes, cuando su revisión pueda perjudicar la confianza legitima de terceros los intereses públicos gestionados por la administración b) Encontrarse excedidas razonables pautas temporales, que permitan presumir el abandono voluntario del derecho invocado por el denunciante. La desestimación de la denuncia, tanto formal como sustancial, deberá fundarse circunstanciadamente. En tal caso, la declaración en cuanto al fondo de la denuncia de ilegitimidad no es impugnable mediante los recursos que se regulan en esta Ley.”; Que la Denuncia de Ilegitimidad, es una figura que tiene un origen pretoriano de la mano de la Procuración del Tesoro de la Nación, la que luego fue reconocida en la Ley Nacional de Procedimiento administrativo (Art. 1°, inc. e ap. 6°.) Como se explica en la exposición de motivos de la Ley Nº 9003, la figura no fue incluida en el texto de la vieja Ley Nº 3909, pero fue receptada en su momento por la Corte Mendocina; Que no obstante, la figura no puede ser usada en desmedro del sistema recursivo ni de otros derechos o intereses dignos de protección, por lo que su admisibilidad tiene límites que la norma establece claramente: motivos de seguridad jurídica o haberse excedido razonables pautas temporales el legislador ha incorporado así pautas concretas que sin embargo dejan a criterio de la autoridad en cada caso la evaluación de la admisibilidad, sin establecer plazos específicos. En esa línea el máximo Tribunal Provincial ha puesto de resalto que "La denuncia por ilegitimidad debe ser planteada dentro de plazos razonables que no permitan destruir los mecanismos de impugnación contenidos en la Ley específica”. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que sería claramente irrazonable otorgar el mismo efecto a la denuncia de ilegitimidad -que no es más que una impugnación tardíamente interpuesta- que, a un recurso deducido en término, dado que ello implicaría colocar en pie de igualdad al particular que se comporta en forma negligente respecto de aquel que actúa con diligencia para proteger sus derechos (CSJN Fallos 322:73); Que de las circunstancias que surgen de lo actuado, los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados, y habiendo transcurrido un (1) mes y veinticinco (25) días entre la notificación de la resolución recurrida y la interposición del recurso, se considera que el plazo podría considerarse razonable para otorgar al mentado recurso tratamiento en calidad de Denuncia de Ilegitimidad, resultando ésta formalmente procedente en los términos previstos en el Art. 173º inc. b. de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003; Que cabe recordar que “El recurso de alzada, sólo procede contra decisiones de las entidades descentralizadas y no tiene otro objeto que el control de la legitimidad, de manera tal que el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, pero no modificarla, reformarla o sustituirla.”, tal como lo indica el Artículo 185 de la Ley N° 9003; Que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de acuerdo a al Artículo 29º de la Ley N° 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen, y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para determinar si tales críticas son suficientes para enervar la Resolución recurrida; Que al respecto, la Resolución venida en alzada tuvo por objeto resolver el reclamo administrativo referido a su cambio de régimen escalafonario; Que se advierte que la Resolución N° 769/23 al fundar la decisión sostuvo que el Acuerdo Paritario homologado por el Decreto N° 1807/20 ratificado por Ley N° 9302, estableció el cambio de régimen para los matriculados a diciembre de 2020, que estén en el régimen 15, cumpliendo funciones relativas al título de Licenciado en Enfermería, de manera que la reclamante no se encontraba alcanzada por tal norma convencional; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que efectivamente, a tenor de la Ley N° 9302, ratificatoria del Decreto N° 1807/21, que homologa las Actas Acuerdo suscriptas en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo por los representantes del Poder Ejecutivo y diversas entidades sindicales (A.T.E., U.P.C.N., A.P.O.C., Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza, A.M.PRO.S. y A.PE.L), la Administración se comprometió a “ajustar la situación de los agentes comprendidos en el Estatuto y escalafón de agentes de la Administración Pública Provincial y Obra Social de Empleados Públicos, que posean matrícula habilitante como Licenciados en Enfermería a diciembre de 2020, que se encuentren en el Régimen Salarial 15, “que estén cumpliendo funciones relativas a la incumbencia de su título y que continúen en la actualidad”, procediéndose al cambio al Régimen Salarial de los profesionales de la salud (CCT Ley 7759) (Régimen Salarial 27)”. Agrega el Acta que, para cumplir ese fin, los ajustes deberían ser realizados en el término de cuatro años, en forma proporcional cada año y siguiendo el criterio de mayor antigüedad. En dicha época la recurrente no tenía el título de Licenciado en Enfermería, ni era agente del Hospital descentralizado. Se hace notar que, es recién en el año 2023 que obtiene su matrícula profesional; Que respecto de la situación de una agente que desempeña funciones de enfermería y que obtuvo su matriculación como Licenciada en Enfermería posee derecho a que se ajuste su situación de revista dentro del escalafón agrupamiento y tramo en el que se encuentra incorporado, como agente de planta permanente del Estado, debiendo serle abonado, el título que ostenta, sin depender de una decisión discrecional de la Administración, puesto que dicha adecuación o pago del pertinente suplemento dentro del mismo escalafón constituye una actividad absolutamente reglada. Es decir, hecho el planteo por un agente de la Administración, que no quedó comprendido en el ámbito de vigencia de la Ley N° 8798 (matriculado post 01/01/2015), y que revista en el escalafón régimen 15 que regula la Ley N° 7897 (sea como auxiliar de enfermería, como enfermero profesional, o como licenciado en enfermería), al obtener el título de Licenciada en Enfermería, adquiere el derecho a que le sea abonado dicho título de conformidad con la Ley N° 7897 y/o si ejerce funciones de supervisión de ajustar su categoría dentro del tramo ejecución de la mencionada Ley N° 7897 puesto que así lo establece el citado cuerpo legal al reglar en el Artículo 48 la Subrogancia de una Clase de mayor nivel, para lo cual se requiere de la expresión de la voluntad estatal en dicho sentido. No existe en cabeza de los mismos un derecho absoluto de cambiar de escalafón y la Administración no está obligada a resolver su petición de cambio de escalafón en forma favorable. Ya no se trata aquí de actividad reglada para la Administración, sino de actividad discrecional basada en las necesidades del servicio, evaluada bajo los parámetros de oportunidad, merito o conveniencia; Que el cumplimiento efectivo de funciones vinculadas al título profesional es el que determina si corresponde o no el escalafonamiento. La exigencia de que la función del agente sea necesaria para el Servicio constituye un requisito relevante a considerar. La organización administrativa del Estado, que abarca servicios diversos destinados a la ciudadanía, está regulada por numerosas normas orientadas a alcanzar los objetivos que fundamentan su existencia, promoviendo eficiencia y un uso adecuado de los recursos públicos; Que asimismo, dado que el empleo público otorga estabilidad a los agentes, en grados y condiciones establecidos por el régimen correspondiente, es posible que durante su desempeño se modifique su calificación profesional, como ocurre con la obtención de títulos de grado y matrículas. Sin embargo, esta situación no implica cambios en la estructura organizativa del Servicio, cuyo fin es atender los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, para resolver el conflicto en cuestión, es necesario analizar si la calificación profesional resulta requerida para el funcionamiento del Servicio y si las tareas asignadas a la agente corresponden a su formación profesional; Que estos aspectos deben ser evaluados cuidadosamente para adoptar una decisión razonable y justificada. En tal sentido, la Ley N° 24.185, a la que adhirió la Provincia de Mendoza por Ley N° 6656, en su Artículo 8° determina: “La negociación colectiva regulada por la presente Ley será comprensiva de todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, a excepción de las siguientes: a) La estructura orgánica de la Administración Pública Nacional; b) Las facultades de dirección del Estado; c) El principio de idoneidad Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa….”. En concordancia, la Ley N° 8729, en su Artículo 82, replica el texto y lo amplía. “La elección de la función a desempeñar no es un derecho del agente ya que la asignación de funciones depende del criterio de sus superiores y no existe norma que le conceda el derecho a exigir una determinada función, más allá de su capacitación.”; Que en tal contexto, la obtención del título profesional de la agente no supone el cambio automático de su situación escalafonaria, la cual se encuentra inmersa en la estructura de la organización, sujeta a la dirección de la autoridad de la institución, a las posibilidades presupuestarias y a las normas legales aplicables; Que en el caso, la recurrente ingresó para prestar servicios dentro del régimen 15, tal fue el objeto de su contratación e ingreso, cuando aparentemente ya tenía título de Licenciada en Enfermería y así lo consintió. La obtención de su matrícula profesional no modificó su situación escalafonaria, siendo pertinente en tal sentido tener en cuenta las funciones que cumplía y las necesidades de servicio; Que se agrega el hecho de que, si bien los Licenciados en Enfermería están comprendidos en el CCT Ley N° 7759 (Art. 2), también lo están en el CCT Ley N° 7897 (Art. 10 inc. d), de manera que su titulación encuentra marco jurídico en ambos regímenes; Que por lo cual, la decisión que fue adoptada con sustento en tales antecedentes y criterios resultó adecuada y legítima según las constancias de las actuaciones al resolver el reclamo; Que se advierte que con posterioridad la Ley N° 9553, vigente desde su promulgación el 12/6/2024, estableció las funciones específicas de los Licenciados en Enfermería, determinando como tales: a) Gerenciar Servicios de Enfermería en los diferentes niveles del sistema de salud garantizando una atención de Enfermería personalizada y libre de riesgos. b) Planificar, Implementar y Evaluar proyectos y programas de salud dentro del Servicio en el que desempeñan sus funciones. c) Ejercer funciones de dirección y gestión en instituciones de salud, docencia e investigación. d) Asumir los Cuidados de Enfermería de las personas en Servicios cerrados y de mayor complejidad; Que conforme a ello, y atendiendo a la certificación adjunta en orden 25, deberá el efector oportunamente merituar si, en la actualidad y con efectos a futuro corresponde el cambio de escalafón conforme a las necesidades de servicio manifestadas, debiendo a tal efecto gestionar el trámite pertinente; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 32 y por Asesoría de Gobierno en orden 36 del expediente EX-2023-07972172- -GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°- Rechácese formalmente el Recurso de Alzada interpuesto por la Lic. CAREN GISELLE FUNEZ ZAPATA, DNI 33.274.270, CUIL N° 27-33274270-7, en contra de la Resolución N° 769/23 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Dr. Humberto J. Notti”. Artículo 2°- Rechácese en lo sustancial la presentación efectuada como Denuncia de Ilegitimidad, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 3°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 03/08/2026 (1 Pub.)