DECRETOS
Decreto Nº 920
- Fecha de publicación
- 31 de julio de 2026
- Fecha de la norma
- 13 de mayo de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.646 · páginas 17–20
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 920
MENDOZA, 13 DE MAYO DE 2026
Visto
el
expediente
EX-2023-06125272--GDEMZA-CCC
y
su
asociado
expediente
EX-2022-03047162--GDEMZA-HLASHERAS#MSDSYD en el cual el Lic. PATRICIO ANGEL JESUS
BERDUCCI, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 1562/23 del ex Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo del Lic. Berducci referente al
reconocimiento de la antigüedad desde que comenzó a prestar servicios para el Estado Provincial como
contratado;
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma
según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que en el expediente EX-2021-00702533-GDEMZA-HLASHERAS#MSDSYD se tramitó la designación del
recurrente a la planta de personal en aplicación del Decreto N° 987/20 y en orden 03 de esas actuaciones
obra aceptación expresa al ingreso en Clase 1 y declaración del agente que no posee reclamos contra la
Administración. Asimismo, en orden 4 de las mismas actuaciones el interesado presentó escrito en el cual
expresamente renunció a cualquier procedimiento administrativo relacionado con su contrato/prestación,
condicionando el pase a planta. Cumplidos los requisitos pertinentes se emitió la Resolución N° 2414 de
fecha 19/8/2021;
Que la incorporación a planta del recurrente se produjo en el marco de la emergencia declarada ante la
pandemia de COVID-19, mediante una medida excepcional y voluntaria, en cuanto estuvo dirigida a
quienes optaran por el ingreso, bajo las condiciones establecidas entre las cuales se encontraba el
escalafonamiento en la clase inicial de cada agrupamiento según el escalafón correspondiente. Entre los
requisitos se contempló además “No poseer reclamos pendientes de resolución contra la Administración
por su situación contractual”; por lo que la mentada incorporación no implicó reconocimiento alguno de
situaciones anteriores y que la falta de previsión señalada no constituyó una omisión involuntaria, sino por
el contrario, un elemento esencial del acuerdo individual arribado con cada adherente;
Que tales condiciones de ingreso, específica y exclusivamente dispuestas para el ex Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, en razón del objeto de la norma, permiten sostener que el reconocimiento de
la antigüedad en la forma pretendida por el interesado no puede prosperar;
Que no modifica la conclusión el reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia, en la causa “BRITOS
RICARDO DANIEL Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL
ADMINISTRATIVA”, CUIJ: 13-05022405-2, en el cual, con voto de la mayoría, consideró que el cómputo
de antigüedad para el cálculo del adicional debe considerarse comprendido el tiempo de servicio cumplido
bajo la modalidad de contrato de locación o prestaciones personales, a los fines del adicional por
antigüedad, conforme al Artículo 53 de la Ley Nº 5126;
Que esto en virtud de que la situación de hecho que tramita en la presente se sujetó a una normativa
especial que no contempló los años cumplidos bajo la modalidad de locación de servicios para el ingreso a
la planta interina, al cual el interesado adhirió optando voluntariamente, desistiendo de su reclamo anterior
y consintiendo el acto administrativo que lo rechazara;
Que la Ley Nº 9665, publicada en el Boletín Oficial el 6/10/2025, introdujo una modificación al Artículo 53
de la Ley Nº 5126, agregando el siguiente párrafo: “Los servicios computables para el cálculo de la
antigüedad establecido en el presente artículo o en cualquier otra disposición similar de leyes especiales,
estatutos, escalafones o regímenes de la función pública, sólo incluye los prestados bajo el régimen de
carrera administrativa o cargos del escalafón específico aplicable, así como bajo otras modalidades de
trabajo en relación de dependencia y sujetas a las correspondientes cargas previsionales y servicios de la
seguridad social, con exclusión de aquellos trabajos realizados bajo otras figuras contractuales, sean
locaciones de obras, de servicios u otras modalidades de prestaciones autónomas pagados contra la
presentación de facturas por los servicios personales devengados en cumplimiento de esas contrataciones
especiales…”. En concordancia con las modificaciones introducidas por la misma Ley a los Artículos 1° y
2° inc. d) del Decreto Ley Nº 560/73;
Que el Artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la irretroactividad de una nueva Ley,
es decir la nueva Ley no se aplica a las consecuencias ya producidas bajo la Ley anterior. Pero dispone la
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
aplicación inmediata de la Ley a partir de su entrada en vigencia, de modo que la nueva norma se aplica a
las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes que no se hayan consumado al dicho momento; y
una excepción conforme a la cual solo se excluyen de esta regla las normas supletorias aplicables a
contratos en curso, lo que no es el caso, ya que la Ley Nº 9665 es imperativa en materia de empleo
público;
Que de ello se desprende que la nueva legislación no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas
ya terminadas, ni sobre efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes, debiendo
respetarse los efectos ya consumados, mientras que los efectos futuros o no consumados quedan
sometidos inmediatamente a la ley vigente al momento en que deban producirse. A esos hechos en curso,
actos o créditos futuros no les resulta aplicable la doctrina del consumo jurídico, ni la de los derechos
adquiridos;
Que es decir, distinto a la retroactividad de la ley es el efecto inmediato de la nueva legislación cuando
modifica, acrece o disminuye los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas existentes,
conforme al primer párrafo del Art. 7° del CCCN;
Que por ende, a partir de su entrada en vigencia las leyes deben aplicarse no sólo a los hechos y
relaciones futuras sino también a los que hayan nacidos al amparo de la anterior ley y se encuentran en
vigencia al dictarse la nueva legislación, es decir que rige para los hechos que están en curso de
desarrollo, al tiempo de su sanción. También están alcanzados por la nueva ley lo que se denomina
derechos en expectativas que, en realidad, no son derechos sino posibilidades de serlo cuando se reúnan
los presupuestos legales correspondientes, de modo que requieren un evento futuro, no siendo
susceptibles de ejecución actual;
Que el Adicional por Antigüedad es de tracto sucesivo, de manera que se devenga mes a mes mientras la
relación de empleo público se encuentre vigente, por lo que cada mes se encuentra sometido a la ley
vigente al momento de su devengamiento;
Que de tal forma, en el caso, los efectos del reconocimiento solo podrían correr desde el 6/5/2022, fecha
de la interposición del reclamo, de manera que se regirían por la ley anterior los períodos devengados
entre el 6/5/2022 y el 05/10/2025;
Que a su vez, los períodos devengados a partir del 06/10/2025, deben liquidarse aplicando Ley Nº 9665, lo
que implica que solo se computan servicios prestados bajo relación de empleo público o dependencia y
con aportes previsionales y no se computan servicios prestados bajo locaciones, facturaciones o
modalidades autónomas;
Que sin embargo, a la fecha de interposición del reclamo, no existía un acto de reconocimiento, liquidación
o pago anterior a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9665, puesto que no había un acto administrativo
firme, ni reconocimiento del cómputo pretendido, ni liquidación, por el contrario éste había sido desistido y
rechazado. Lo cual implica que el supuesto derecho invocado por la agente no estaba consolidado, ni
constituía un efecto consumado amparado por el principio de irretroactividad de la ley dispuesto en el
Artículo 7 del CCCN;
Que en consecuencia, siendo que la antigüedad pretendida no estaba consolidada antes del 06/10/2025,
la Ley Nº 9665 se aplica íntegra y obligatoriamente al momento de resolver el presente recurso. Se extrae
de ello que, estando la nueva norma vigente al tiempo en que habría de liquidarse y pagarse el adicional
en la forma reclamada, deberá estarse a su aplicación respecto a los servicios computables para el cálculo
de la antigüedad remunerable;
Que con lo que, correspondería rechazar el recurso de la agente en cuanto pretende el cómputo de
servicios autónomos anteriores al año 2020, por resultar jurídicamente improcedente bajo el régimen
vigente, sin que ello constituya retroactividad de la ley, sino aplicación inmediata de la ley nueva, conforme
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 7 del CCCN. De modo que la antigüedad reclamada, no puede reconocerse para pagar un
adicional por períodos devengados y pagaderos bajo la vigencia de una ley que la excluye expresamente,
lo cual resulta coherente con lo pactado y ejecutado durante el tiempo en que medió la locación de
servicios hasta el pase a planta de personal, sin reserva o reclamo durante más de una década (doctrina
de los propios actos). “Ello descarta la aplicación del precedente “Britos” dictado bajo la ley anterior, a las
consecuencias o efectos posteriores a su derogación, que quedan sujetos al efecto inmediato de la nueva.
“El art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación no consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley
sino su aplicación inmediata, aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes,
ello significa que la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en su curso de desarrollo al tiempo
de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior,
pues allí juega la idea de consumo jurídico
Que en conclusión, a los contratos que la nueva ley excluye para el cómputo del adicional en trato, no les
resulta aplicable la doctrina mayoritaria, sino la aclaración introducida por la nueva ley, en línea con la
interpretación disidente del fallo Britos y los concordantes dictámenes de la Asesoría de Gobierno (Nº
100/20 y 498/23). Puesto que ha fijado un nuevo criterio de interpretación, consagrando la solución
sentada en los precedentes de nuestro máximo Tribunal;
Que no se advierte vicio alguno en la resolución atacada con el presente Recurso Jerárquico, la que
mantiene su legitimidad, advirtiéndose desde ya que la misma no se encuentra suspendida, gozando de
plena ejecutividad;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud
y
Deportes
en
orden
y
por
Asesoría
de
Gobierno
en
orden
del
expediente
EX-2023-06125272--GDEMZA-CCC,
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por el
Lic. PATRICIO ANGEL JESUS BERDUCCI, DNI Nº 35.036.726, CUIL Nº 20-35036726-9, en contra de la
Resolución Nº 1562/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud
y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DRA. HEBE CASADO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
31/07/2026 (1 Pub.)
