DECRETOS

Decreto Nº 920

Fecha de publicación
31 de julio de 2026
Fecha de la norma
13 de mayo de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.646 · páginas 17–20
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 920 MENDOZA, 13 DE MAYO DE 2026 Visto el expediente EX-2023-06125272--GDEMZA-CCC y su asociado expediente EX-2022-03047162--GDEMZA-HLASHERAS#MSDSYD en el cual el Lic. PATRICIO ANGEL JESUS BERDUCCI, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 1562/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo del Lic. Berducci referente al reconocimiento de la antigüedad desde que comenzó a prestar servicios para el Estado Provincial como contratado; Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que en el expediente EX-2021-00702533-GDEMZA-HLASHERAS#MSDSYD se tramitó la designación del recurrente a la planta de personal en aplicación del Decreto N° 987/20 y en orden 03 de esas actuaciones obra aceptación expresa al ingreso en Clase 1 y declaración del agente que no posee reclamos contra la Administración. Asimismo, en orden 4 de las mismas actuaciones el interesado presentó escrito en el cual expresamente renunció a cualquier procedimiento administrativo relacionado con su contrato/prestación, condicionando el pase a planta. Cumplidos los requisitos pertinentes se emitió la Resolución N° 2414 de fecha 19/8/2021; Que la incorporación a planta del recurrente se produjo en el marco de la emergencia declarada ante la pandemia de COVID-19, mediante una medida excepcional y voluntaria, en cuanto estuvo dirigida a quienes optaran por el ingreso, bajo las condiciones establecidas entre las cuales se encontraba el escalafonamiento en la clase inicial de cada agrupamiento según el escalafón correspondiente. Entre los requisitos se contempló además “No poseer reclamos pendientes de resolución contra la Administración por su situación contractual”; por lo que la mentada incorporación no implicó reconocimiento alguno de situaciones anteriores y que la falta de previsión señalada no constituyó una omisión involuntaria, sino por el contrario, un elemento esencial del acuerdo individual arribado con cada adherente; Que tales condiciones de ingreso, específica y exclusivamente dispuestas para el ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en razón del objeto de la norma, permiten sostener que el reconocimiento de la antigüedad en la forma pretendida por el interesado no puede prosperar; Que no modifica la conclusión el reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia, en la causa “BRITOS RICARDO DANIEL Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, CUIJ: 13-05022405-2, en el cual, con voto de la mayoría, consideró que el cómputo de antigüedad para el cálculo del adicional debe considerarse comprendido el tiempo de servicio cumplido bajo la modalidad de contrato de locación o prestaciones personales, a los fines del adicional por antigüedad, conforme al Artículo 53 de la Ley Nº 5126; Que esto en virtud de que la situación de hecho que tramita en la presente se sujetó a una normativa especial que no contempló los años cumplidos bajo la modalidad de locación de servicios para el ingreso a la planta interina, al cual el interesado adhirió optando voluntariamente, desistiendo de su reclamo anterior y consintiendo el acto administrativo que lo rechazara; Que la Ley Nº 9665, publicada en el Boletín Oficial el 6/10/2025, introdujo una modificación al Artículo 53 de la Ley Nº 5126, agregando el siguiente párrafo: “Los servicios computables para el cálculo de la antigüedad establecido en el presente artículo o en cualquier otra disposición similar de leyes especiales, estatutos, escalafones o regímenes de la función pública, sólo incluye los prestados bajo el régimen de carrera administrativa o cargos del escalafón específico aplicable, así como bajo otras modalidades de trabajo en relación de dependencia y sujetas a las correspondientes cargas previsionales y servicios de la seguridad social, con exclusión de aquellos trabajos realizados bajo otras figuras contractuales, sean locaciones de obras, de servicios u otras modalidades de prestaciones autónomas pagados contra la presentación de facturas por los servicios personales devengados en cumplimiento de esas contrataciones especiales…”. En concordancia con las modificaciones introducidas por la misma Ley a los Artículos 1° y 2° inc. d) del Decreto Ley Nº 560/73; Que el Artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la irretroactividad de una nueva Ley, es decir la nueva Ley no se aplica a las consecuencias ya producidas bajo la Ley anterior. Pero dispone la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial aplicación inmediata de la Ley a partir de su entrada en vigencia, de modo que la nueva norma se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes que no se hayan consumado al dicho momento; y una excepción conforme a la cual solo se excluyen de esta regla las normas supletorias aplicables a contratos en curso, lo que no es el caso, ya que la Ley Nº 9665 es imperativa en materia de empleo público; Que de ello se desprende que la nueva legislación no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya terminadas, ni sobre efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes, debiendo respetarse los efectos ya consumados, mientras que los efectos futuros o no consumados quedan sometidos inmediatamente a la ley vigente al momento en que deban producirse. A esos hechos en curso, actos o créditos futuros no les resulta aplicable la doctrina del consumo jurídico, ni la de los derechos adquiridos; Que es decir, distinto a la retroactividad de la ley es el efecto inmediato de la nueva legislación cuando modifica, acrece o disminuye los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, conforme al primer párrafo del Art. 7° del CCCN; Que por ende, a partir de su entrada en vigencia las leyes deben aplicarse no sólo a los hechos y relaciones futuras sino también a los que hayan nacidos al amparo de la anterior ley y se encuentran en vigencia al dictarse la nueva legislación, es decir que rige para los hechos que están en curso de desarrollo, al tiempo de su sanción. También están alcanzados por la nueva ley lo que se denomina derechos en expectativas que, en realidad, no son derechos sino posibilidades de serlo cuando se reúnan los presupuestos legales correspondientes, de modo que requieren un evento futuro, no siendo susceptibles de ejecución actual; Que el Adicional por Antigüedad es de tracto sucesivo, de manera que se devenga mes a mes mientras la relación de empleo público se encuentre vigente, por lo que cada mes se encuentra sometido a la ley vigente al momento de su devengamiento; Que de tal forma, en el caso, los efectos del reconocimiento solo podrían correr desde el 6/5/2022, fecha de la interposición del reclamo, de manera que se regirían por la ley anterior los períodos devengados entre el 6/5/2022 y el 05/10/2025; Que a su vez, los períodos devengados a partir del 06/10/2025, deben liquidarse aplicando Ley Nº 9665, lo que implica que solo se computan servicios prestados bajo relación de empleo público o dependencia y con aportes previsionales y no se computan servicios prestados bajo locaciones, facturaciones o modalidades autónomas; Que sin embargo, a la fecha de interposición del reclamo, no existía un acto de reconocimiento, liquidación o pago anterior a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9665, puesto que no había un acto administrativo firme, ni reconocimiento del cómputo pretendido, ni liquidación, por el contrario éste había sido desistido y rechazado. Lo cual implica que el supuesto derecho invocado por la agente no estaba consolidado, ni constituía un efecto consumado amparado por el principio de irretroactividad de la ley dispuesto en el Artículo 7 del CCCN; Que en consecuencia, siendo que la antigüedad pretendida no estaba consolidada antes del 06/10/2025, la Ley Nº 9665 se aplica íntegra y obligatoriamente al momento de resolver el presente recurso. Se extrae de ello que, estando la nueva norma vigente al tiempo en que habría de liquidarse y pagarse el adicional en la forma reclamada, deberá estarse a su aplicación respecto a los servicios computables para el cálculo de la antigüedad remunerable; Que con lo que, correspondería rechazar el recurso de la agente en cuanto pretende el cómputo de servicios autónomos anteriores al año 2020, por resultar jurídicamente improcedente bajo el régimen vigente, sin que ello constituya retroactividad de la ley, sino aplicación inmediata de la ley nueva, conforme Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 7 del CCCN. De modo que la antigüedad reclamada, no puede reconocerse para pagar un adicional por períodos devengados y pagaderos bajo la vigencia de una ley que la excluye expresamente, lo cual resulta coherente con lo pactado y ejecutado durante el tiempo en que medió la locación de servicios hasta el pase a planta de personal, sin reserva o reclamo durante más de una década (doctrina de los propios actos). “Ello descarta la aplicación del precedente “Britos” dictado bajo la ley anterior, a las consecuencias o efectos posteriores a su derogación, que quedan sujetos al efecto inmediato de la nueva. “El art. 7º del Código Civil y Comercial de la Nación no consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata, aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ello significa que la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior, pues allí juega la idea de consumo jurídico Que en conclusión, a los contratos que la nueva ley excluye para el cómputo del adicional en trato, no les resulta aplicable la doctrina mayoritaria, sino la aclaración introducida por la nueva ley, en línea con la interpretación disidente del fallo Britos y los concordantes dictámenes de la Asesoría de Gobierno (Nº 100/20 y 498/23). Puesto que ha fijado un nuevo criterio de interpretación, consagrando la solución sentada en los precedentes de nuestro máximo Tribunal; Que no se advierte vicio alguno en la resolución atacada con el presente Recurso Jerárquico, la que mantiene su legitimidad, advirtiéndose desde ya que la misma no se encuentra suspendida, gozando de plena ejecutividad; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente EX-2023-06125272--GDEMZA-CCC, LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por el Lic. PATRICIO ANGEL JESUS BERDUCCI, DNI Nº 35.036.726, CUIL Nº 20-35036726-9, en contra de la Resolución Nº 1562/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DRA. HEBE CASADO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 31/07/2026 (1 Pub.)