DECRETOS
Decreto Nº 1123
- Fecha de publicación
- 30 de julio de 2026
- Fecha de la norma
- 5 de junio de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.645 · páginas 17–20
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1123
MENDOZA, 05 DE JUNIO DE 2026
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-00016049- -GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta N°
EX-2026-01568491- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el ex Auxiliar 1° -Personal Policial- SANCHEZ MARTINEZ, RAMON
JESUS, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 4686-SyJ/25, emitida por el
Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 17 de septiembre de 2025, y contra la Resolución N°
6680-SyJ/25, de fecha 17 de diciembre de 2025;
Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-09298136- -GDEMZA-JDISC#MSEG (orden
22), el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 4686-SyJ/25, mediante la cual aplicó al
funcionario policial SANCHEZ MARTINEZ, RAMON JESUS, la sanción expulsiva de exoneración,
conforme a lo estipulado en el Art. 99 Inc. 1) (condena judicial por comisión de delitos dolosos), de la Ley
N° 6722 y sus modificatorias;
Que en orden 19 del expediente administrativo EX-2025-07903052- -GDEMZA-CCC, obra Resolución N°
6680-SyJ/25, por la cual el Ministerio de Seguridad y Justicia admitió desde el aspecto formal y rechazó
desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por SANCHEZ MARTINEZ contra la
Resolución N° 4686-SyJ/25;
Que en orden 21, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…debe
admitirse el recurso presentado el día 30 de diciembre del 2025 (según la fecha de creación del ticket de
orden 03), ya que habiendo sido notificada la resolución atacada en fecha 19/12/2025 (tal como consta en
el orden 22 del EX-2025-07903052), se ha dado cumplimiento al término previsto por el Art. 179 de la Ley
N° 9003….”;
Que se agravia el recurrente postulando la falta de criterio, razonabilidad y proporcionalidad del
sancionador, evidenciado al no tener en cuenta el Art. 103 de la Ley N° 6722. Solicita que se tenga
presente el tipo de condena penal en suspenso, su excelente legajo y los principios pro homine previstos
en la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; y se le aplique una sanción menor que permita su
continuidad laboral. Plantea una violación al principio del plazo razonable establecido en el Art. 1 de la Ley
N° 9003, manifestando que fue condenado por sentencia de fecha 13/06/2018, y la exoneración fue
aplicada en fecha 17/09/2025. Por último, invoca el precedente tramitado en el expediente administrativo
EX-2024-07799325--GDEMZA-CCC, en el cual se redujo la sanción en un caso que considera análogo;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso incoado, dictamina y
concluye:
“…en
el
orden
del
EX-2024-09298136,
obran
digitalizadas
las
actuaciones
2162-D-2014-00107, en las que tramitó el sumario administrativo contra el recurrente, iniciado con nota de
Comisaría 53° -Potrerillos- seguida por una denuncia formulada por una agente policial…. En dicha
denuncia se detalla lo sucedido el día 24/09/2014 alrededor de las veintidós horas, cuando salió a patrullar
junto al Auxiliar 1° P.P. Ramón Jesús Sánchez Martínez en el móvil 2126. Por dicho hecho se instruyeron
asimismo las actuaciones penales P-102502/14, donde el recurrente fue imputado y, conforme consta en
el orden 05 del EX-2024-09298136, finalmente condenado por Sentencia N° 27 de fecha 13/06/2018, a la
pena de dos años de prisión de ejecución condicional, como autor responsable del delito de ABUSO
SEXUAL SIMPLE (Art. 119 primer párrafo del Código Penal). Así las cosas, luce como evidente que la
sanción de Exoneración aplicada es la expresamente prevista por el régimen disciplinario aplicable ante la
configuración de la hipótesis verificada en el caso. El Art. 99 de la Ley N° 6722 dispone que: “Será causa
de exoneración: 1- Condena judicial por comisión de delitos dolosos”. Y Sánchez Martínez fue condenado
por sentencia firme como autor de un delito doloso. Ahora bien, el recurrente peticiona se aplique al caso
la previsión del Art. 103 de la referida norma legal, que dispone que “el órgano competente podrá
apartarse fundadamente de las sanciones establecidas en los artículos precedentes, aplicando otra menor,
cuando su aplicación resultare irrazonable y desproporcionada, de acuerdo con las circunstancias del caso
y conforme con el principio de equidad”. Por nuestra parte, coincidimos plenamente con el excelente
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
dictamen del servicio jurídico del Ministerio de Seguridad y Justicia (orden 15) en cuanto “la sanción
aplicada responde a una previsión expresa del régimen disciplinario policial, el cual establece de manera
clara la consecuencia jurídica derivada de la condena penal por delito doloso. En tal sentido, el hecho de
que la pena impuesta en sede penal haya sido de ejecución condicional, no altera la naturaleza dolosa del
delito, ni neutraliza los efectos disciplinarios que el ordenamiento administrativo prevé para tales
supuestos. Por otra parte, las circunstancias personales invocadas por el recurrente, tales como su
antigüedad en la fuerza, su concepto funcional o su situación familiar, no resultan suficientes para
desplazar la aplicación de la causal legal de exoneración, en tanto el legislador ha considerado que la
condena por delito doloso constituye una infracción de gravedad tal que resulta incompatible con la
permanencia en la función policial, atendiendo a la naturaleza de las responsabilidades inherentes al
servicio de seguridad pública, más aun teniendo en cuenta la naturaleza del delito. En consecuencia, no se
advierte en el caso que la aplicación de la sanción prevista en el artículo 99 inciso 1° de la Ley Nº 6722
resulte irrazonable o desproporcionada en los términos que habilitarían la aplicación excepcional del
artículo 103 del mismo cuerpo normativo”.
A lo cual nos permitimos agregar que en el caso se trata de un delito doloso cometido en oportunidad de
ejercerse funciones policiales y con evidente perturbación del servicio de seguridad. Tampoco resulta
procedente el agravio relativo a la violación al principio del plazo razonable. Tal como señala el dictamen
legal precedente “el régimen disciplinario aplicable al personal policial establece de manera expresa los
plazos de prescripción de la acción disciplinaria. Así, el artículo 105 inciso 3 de la Ley N° 6722 dispone
que la acción disciplinaria prescribirá a los diez (10) años cuando correspondiere la aplicación de las
sanciones de cesantía o exoneración. En el presente caso, la causal disciplinaria se vincula con la
sentencia penal condenatoria dictada con fecha 13 de junio de 2018, mientras que la Resolución Nº
4686-SyJ, mediante la cual se dispuso la sanción de exoneración, fue dictada el 17 de septiembre de
2025, es decir dentro del plazo de prescripción legalmente previsto por la normativa aplicable”. Y a ello
podemos agregar que los plazos que ha insumido el presente sumario son por demás inferiores a los que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado irrazonables en los fallos "Losicer, Jorge Alberto
y otros c/ BCRA” -26/7/12- (15 años), y “Bonder Aaron” (10 años). Por último, y en cuanto al precedente
tramitado en el expediente EX-2024-07799325- GDEMZA-CCC, que fue finalmente resuelto mediante
Decreto N° 1594 de fecha 28/07/2025 en el expediente EX-2024-09627918- -GDEMZA-CCC, en primer
lugar corresponde dejar sentado que no resulta de ningún modo vinculante para la resolución en iguales
términos del presente planteo. Y ello fundamentalmente por cuanto las circunstancias particulares que
fueron ponderadas al resolver en aquel caso la reducción de la sanción, no son las mismas ni se asemejan
a las del presente, fundamentalmente por la adecuación entre la gravedad de la infracción cometida y la
sanción aplicada. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser
rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”.
Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 21,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el ex Auxiliar 1° -Personal Policial- SANCHEZ MARTINEZ, RAMON JESUS,
D.N.I. N° 27.449.772, en contra de la Resolución N° 6680-SyJ/25, emitida por el Ministerio de Seguridad y
Justicia para fecha 17 de diciembre de 2025, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía
administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa, prevista en el Art. 20
de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la
notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
30/07/2026 (1 Pub.)
