DECRETOS

Decreto Nº 1123

Fecha de publicación
30 de julio de 2026
Fecha de la norma
5 de junio de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.645 · páginas 17–20
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1123 MENDOZA, 05 DE JUNIO DE 2026 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Visto el Expediente Electrónico N° EX-2026-00016049- -GDEMZA-CCC, y su tramitación conjunta N° EX-2026-01568491- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el ex Auxiliar 1° -Personal Policial- SANCHEZ MARTINEZ, RAMON JESUS, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 4686-SyJ/25, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 17 de septiembre de 2025, y contra la Resolución N° 6680-SyJ/25, de fecha 17 de diciembre de 2025; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-09298136- -GDEMZA-JDISC#MSEG (orden 22), el Ministerio de Seguridad y Justicia dictó la Resolución N° 4686-SyJ/25, mediante la cual aplicó al funcionario policial SANCHEZ MARTINEZ, RAMON JESUS, la sanción expulsiva de exoneración, conforme a lo estipulado en el Art. 99 Inc. 1) (condena judicial por comisión de delitos dolosos), de la Ley N° 6722 y sus modificatorias; Que en orden 19 del expediente administrativo EX-2025-07903052- -GDEMZA-CCC, obra Resolución N° 6680-SyJ/25, por la cual el Ministerio de Seguridad y Justicia admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por SANCHEZ MARTINEZ contra la Resolución N° 4686-SyJ/25; Que en orden 21, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso presentado: “…debe admitirse el recurso presentado el día 30 de diciembre del 2025 (según la fecha de creación del ticket de orden 03), ya que habiendo sido notificada la resolución atacada en fecha 19/12/2025 (tal como consta en el orden 22 del EX-2025-07903052), se ha dado cumplimiento al término previsto por el Art. 179 de la Ley N° 9003….”; Que se agravia el recurrente postulando la falta de criterio, razonabilidad y proporcionalidad del sancionador, evidenciado al no tener en cuenta el Art. 103 de la Ley N° 6722. Solicita que se tenga presente el tipo de condena penal en suspenso, su excelente legajo y los principios pro homine previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; y se le aplique una sanción menor que permita su continuidad laboral. Plantea una violación al principio del plazo razonable establecido en el Art. 1 de la Ley N° 9003, manifestando que fue condenado por sentencia de fecha 13/06/2018, y la exoneración fue aplicada en fecha 17/09/2025. Por último, invoca el precedente tramitado en el expediente administrativo EX-2024-07799325--GDEMZA-CCC, en el cual se redujo la sanción en un caso que considera análogo; Que, asimismo, Asesoría de Gobierno realiza un análisis sustancial del recurso incoado, dictamina y concluye: “…en el orden del EX-2024-09298136, obran digitalizadas las actuaciones 2162-D-2014-00107, en las que tramitó el sumario administrativo contra el recurrente, iniciado con nota de Comisaría 53° -Potrerillos- seguida por una denuncia formulada por una agente policial…. En dicha denuncia se detalla lo sucedido el día 24/09/2014 alrededor de las veintidós horas, cuando salió a patrullar junto al Auxiliar 1° P.P. Ramón Jesús Sánchez Martínez en el móvil 2126. Por dicho hecho se instruyeron asimismo las actuaciones penales P-102502/14, donde el recurrente fue imputado y, conforme consta en el orden 05 del EX-2024-09298136, finalmente condenado por Sentencia N° 27 de fecha 13/06/2018, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, como autor responsable del delito de ABUSO SEXUAL SIMPLE (Art. 119 primer párrafo del Código Penal). Así las cosas, luce como evidente que la sanción de Exoneración aplicada es la expresamente prevista por el régimen disciplinario aplicable ante la configuración de la hipótesis verificada en el caso. El Art. 99 de la Ley N° 6722 dispone que: “Será causa de exoneración: 1- Condena judicial por comisión de delitos dolosos”. Y Sánchez Martínez fue condenado por sentencia firme como autor de un delito doloso. Ahora bien, el recurrente peticiona se aplique al caso la previsión del Art. 103 de la referida norma legal, que dispone que “el órgano competente podrá apartarse fundadamente de las sanciones establecidas en los artículos precedentes, aplicando otra menor, cuando su aplicación resultare irrazonable y desproporcionada, de acuerdo con las circunstancias del caso y conforme con el principio de equidad”. Por nuestra parte, coincidimos plenamente con el excelente Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial dictamen del servicio jurídico del Ministerio de Seguridad y Justicia (orden 15) en cuanto “la sanción aplicada responde a una previsión expresa del régimen disciplinario policial, el cual establece de manera clara la consecuencia jurídica derivada de la condena penal por delito doloso. En tal sentido, el hecho de que la pena impuesta en sede penal haya sido de ejecución condicional, no altera la naturaleza dolosa del delito, ni neutraliza los efectos disciplinarios que el ordenamiento administrativo prevé para tales supuestos. Por otra parte, las circunstancias personales invocadas por el recurrente, tales como su antigüedad en la fuerza, su concepto funcional o su situación familiar, no resultan suficientes para desplazar la aplicación de la causal legal de exoneración, en tanto el legislador ha considerado que la condena por delito doloso constituye una infracción de gravedad tal que resulta incompatible con la permanencia en la función policial, atendiendo a la naturaleza de las responsabilidades inherentes al servicio de seguridad pública, más aun teniendo en cuenta la naturaleza del delito. En consecuencia, no se advierte en el caso que la aplicación de la sanción prevista en el artículo 99 inciso 1° de la Ley Nº 6722 resulte irrazonable o desproporcionada en los términos que habilitarían la aplicación excepcional del artículo 103 del mismo cuerpo normativo”. A lo cual nos permitimos agregar que en el caso se trata de un delito doloso cometido en oportunidad de ejercerse funciones policiales y con evidente perturbación del servicio de seguridad. Tampoco resulta procedente el agravio relativo a la violación al principio del plazo razonable. Tal como señala el dictamen legal precedente “el régimen disciplinario aplicable al personal policial establece de manera expresa los plazos de prescripción de la acción disciplinaria. Así, el artículo 105 inciso 3 de la Ley N° 6722 dispone que la acción disciplinaria prescribirá a los diez (10) años cuando correspondiere la aplicación de las sanciones de cesantía o exoneración. En el presente caso, la causal disciplinaria se vincula con la sentencia penal condenatoria dictada con fecha 13 de junio de 2018, mientras que la Resolución Nº 4686-SyJ, mediante la cual se dispuso la sanción de exoneración, fue dictada el 17 de septiembre de 2025, es decir dentro del plazo de prescripción legalmente previsto por la normativa aplicable”. Y a ello podemos agregar que los plazos que ha insumido el presente sumario son por demás inferiores a los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado irrazonables en los fallos "Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA” -26/7/12- (15 años), y “Bonder Aaron” (10 años). Por último, y en cuanto al precedente tramitado en el expediente EX-2024-07799325- GDEMZA-CCC, que fue finalmente resuelto mediante Decreto N° 1594 de fecha 28/07/2025 en el expediente EX-2024-09627918- -GDEMZA-CCC, en primer lugar corresponde dejar sentado que no resulta de ningún modo vinculante para la resolución en iguales términos del presente planteo. Y ello fundamentalmente por cuanto las circunstancias particulares que fueron ponderadas al resolver en aquel caso la reducción de la sanción, no son las mismas ni se asemejan a las del presente, fundamentalmente por la adecuación entre la gravedad de la infracción cometida y la sanción aplicada. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido….”. Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 21, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Auxiliar 1° -Personal Policial- SANCHEZ MARTINEZ, RAMON JESUS, D.N.I. N° 27.449.772, en contra de la Resolución N° 6680-SyJ/25, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fecha 17 de diciembre de 2025, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este Recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa, prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 30/07/2026 (1 Pub.)