DECRETOS

Decreto Nº 917

Fecha de publicación
21 de julio de 2026
Fecha de la norma
13 de mayo de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.638 · páginas 22–26
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 917 MENDOZA, 13 DE MAYO DE 2026 Visto el expediente EX-2026-00609041-GDEMZA-CCC y su asociado EX-2025-07150306-GDEMZA-CCC en el cual la agente SOFIA ELEONORA ZAVALLA ALCALA, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 4120/25 del Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que la presentación cumple acabadamente con los recaudos exigidos en los Arts. 174, 175 y 179 de la Ley Nº 9003, por lo que corresponde sea admitida formalmente; Que la agente manifiesta ser Licenciada en Enfermería y que se encuentra afiliada a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud AMPROS. Señala que, ante la práctica de descuentos compulsivos en concepto de “cuota solidaria” a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, entidad sindical que – según afirma - no la representa, inició reclamo administrativo con dos objetivos: i. Lograr el cese de los mencionados descuentos y ii. Obtener la devolución de los montos descontados en el mes de diciembre del 2024 y enero del 2025; Que la Resolución Nº 2143/25 MSDSYD rechazó su reclamo administrativo, por lo que interpuso Recurso de Revocatoria contra esta última, el que fuera denegado en lo sustancial por la Resolución Nº 4120/25 que, a su vez, es objeto del presente Recurso Jerárquico; Que entre sus argumentos menciona que dicha Resolución se encontraría viciada en tanto omite el tratamiento del planteo central de la queja sobra la falta de representatividad de ATE sobre los trabajadores alcanzados por el régimen 27, lo cual constituye un defecto esencial en la motivación del acto. También alude a un vicio por la ausencia de razonabilidad del acto al que considera que presume la legalidad de las actas acuerdo referenciadas y la aplicación generalizada de las cuotas solidarias a todos los empleados públicos sin realizar un adecuado análisis jurídico del marco normativo alegado, esto es el CCT Ley Nº 7759; Que alega una afectación a su libertad sindical, en tanto sostiene que se vería inducida a afiliarse compulsivamente a ATE para evitar una mayor carga económica; Que en primer lugar la “contribución solidaria” se diferencia de la cuota sindical propiamente dicha, que es Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial aquella que pagan los agentes por estar afiliados a las distintas entidades sindicales; Que la “contribución solidaria” “son las que se pactan en las convenciones colectivas con motivo de la celebración o renovación y en relación a los incrementos salariales que en ellas se acuerdan, quedan consolidadas con su homologación y publicación y son válidas y exigibles respecto de los trabajadores afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención de que se trata”. (STREGA, Enrique, Ley comentada Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2013); Que en segundo lugar, la legalidad de las contribuciones solidarias surge de lo establecido por el Art. 9 de la Ley N° 14.250, como por los Arts. 37 y 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551. Por otra parte, dichas contribuciones han sido declaradas constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en numerosos fallos (LS 438-185; LS 380-164; LS 675-210, entre otros) y también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo 282:269 "Potenze, Pablo Luciano c/ Federación de Empleados de Comercio"); Que los requisitos para su validez, y a fin de no afectar la libertad sindical, son: a) dichos aportes tienen carácter restrictivo, b) deben ser limitados en el tiempo y c) debe resulta proporcionalmente menor al establecido para las cuotas sindicales que pagan los afiliados; Que para que las mismas puedan ser retenidas se deben cumplir una serie de requisitos, tales como: i) que hayan sido establecidas por un Convenio Colectivo; ii) que su modalidad se haya pactado mediante Asambleas instrumentadas luego en Actas Acuerdo (Art. 20 LAS), y iii) que estas últimas hayan sido homologadas por la autoridad de aplicación (Art. 38, 2° párrafo LAS); Que su existencia se justifica por los beneficios obtenidos –aumentos salariales, mejoras en las condiciones laborales y otros- por todos los trabajadores y que han sido logrados por la Asociación Sindical interviniente en la negociación colectiva cuya actividad supone estudios previos, gestiones y numerosos esfuerzos. Resulta razonable, entonces, exigir una compensación económica a fin de evitar una situación de desigualdad entre los afiliados aportantes a las actividades sindicales y los no afiliados, que igualmente se ven beneficiados de la actividad de la asociación sindical sin hacer aportes a la misma, precisamente ello explica que la contribución “de solidaridad” sea fijada sobre los agentes no afiliados a las entidades sindicales firmantes. (Fallo Plenario n° 305 - CNAT Cap. Fed.- “Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c. Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.”, Publicado en: LA LEY 31/10/2003, 5 - DJ 2003-3, 667 - DT 2003-B, 1674 - IMP 2003-B, 2608); Que las “contribuciones de solidaridad” han sido receptadas por la legislación argentina en forma expresa, contemplando la posibilidad de exigir pagos -a favor de la asociación de trabajadores- a trabajadores no afiliados, comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma colectiva (v. Art. 9, Ley Nº 14.250 y Art. 37, inciso “a”, Ley Nº 23.551). De ese modo, previa resolución administrativa que las homologue (Art. 38, 2° párrafo, Ley Nº 23.551), integran el patrimonio de las asociaciones sindicales (Art. 37, inc. a, Ley Nº 23.551); Que cabe agregar que la validez de las contribuciones solidarias se encuentra condicionada al cumplimiento de determinadas pautas normativas, tales como límites temporales, criterios de proporcionalidad respecto de la cuota sindical y exigencias de razonabilidad, extremos que son posteriormente refrendados y ratificados mediante la homologación de las actas acuerdo; Que en la situación planteada, el Art. 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales establece la obligación del empleador de actuar como “Agente de Retención” tanto de cuotas sindicales como de contribuciones solidarias o cualquier otro aporte que sea convencionalmente establecido. Esta figura, extraída del derecho fiscal, lo que pretende es agilizar, garantizar y asegurar la recaudación, ya que es el empleador el que realiza la retención de parte del salario, y luego en el plazo legal lo deposita a la orden del sindicato firmante del convenio. Incluso, es muy severa la ley en cuanto al incumplimiento de esta obligación, transformándolo en deudor directo de los montos dejados de retener o bien, no depositados, con una mora Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que se produce “de pleno derecho”; Que en consecuencia, el acto administrativo de homologación - que otorga validez y vigencia a los acuerdos - impone al empleador la obligación de efectuar las retenciones conforme a lo previsto en la cláusula convencional, resultando evidente que el empleador es ajeno a la relación jurídica existente entre el trabajador y las entidades sindicales; Que la recurrente esboza que la Resolución atacada ha omitido el tratamiento de la cuestión central consistente en la falta de legitimidad de ATE para negociar, representar o suscribir acuerdos aplicables a los Licenciados en Enfermería comprendidos en el Régimen 27 – Ley Nº 7759, así como para percibir de ellos cualquier tipo de cuota solidaria; Que al respecto corresponde señalar que el Art. 3 del Decreto Nº 955/2004 establece la reglamentación necesaria para determinar la representación ejercida a favor de los empleados públicos, siendo la o las entidades sindicales las que deben acreditar un mínimo del 10% de afiliados cotizantes considerando el total del ámbito sectorial de negociación. En cumplimiento de esta normativa, con las planillas de personal afiliado y cotizante del sub régimen agregadas en el orden y de la pieza EX-2024-03134848-GDEMZA-GOBIERNO, ATE logró demostrar poseer la mayor cantidad de Licenciados en Enfermería como afiliados a su entidad. El mismo Artículo contempla la solución para el caso de que las entidades sindicales con derecho a negociar no puedan ponerse de acuerdo en la conformación de la voluntad del sector, disponiendo que será la Subsecretaría de Trabajo y Empleo la que deberá definir la cuestión según el porcentaje de votos que corresponde a cada parte; Que lo anterior otorga razonabilidad a lo actuado, toda vez que existiendo Ley, la misma debe ser cumplida, radicando ahí en última instancia el fundamento legal de lo obrado por la Administración; Que tal sistema implica que pueden existir sindicatos que no se sienten a negociar, lo que claramente no implicaría que sus afiliados estén exentos del pago de la cuota solidaria respecto de aquellos sindicatos, que en la mesa paritaria, logren la suscripción de convenios que beneficien a la totalidad de los empleados, dada la pretensión de generalidad que estos tienen; Que la agente en forma personal, no posee legitimidad para cuestionar la representatividad ni la legalidad de las negociaciones llevadas a cabo por ATE (ni por otro sindicato), ya que no se encuentra en condiciones de afirmar o negar cuestiones que corresponden exclusivamente a las entidades sindicales y a la autoridad de aplicación que, en el caso es, la Subsecretaría de Trabajo y Empleo; Que del cotejo de la documentación obrante en esta pieza administrativa surge que los descuentos efectuados en el bono de sueldo de la reclamante encuentran sustento en acuerdos paritarios suscriptos por ATE en el año 2024, que han seguido el procedimiento establecido por ley para su homologación y aprobación, resultando en consecuencia plenamente legítimos y aplicables; Que es el Acuerdo Paritario, homologado por el Decreto Nº 2797/24 de fecha 26 de diciembre de 2024 (Anexo XI), el que fija una cuota solidaria del 3% sobre los haberes brutos de los trabajadores no afiliados a la entidad signataria del acuerdo; dividida el 1,5% con los haberes de diciembre de 2024 y el 1,5% con los haberes del mes de enero de 2025 y aclara expresamente: “a ser descontada a todos los no afiliados a la entidad sindical ATE, así como también a los afiliados a otras entidades sindicales que no rubricaron el presente acuerdo”, por lo que se entiende que la retención era legalmente aplicable es recurrente. En este sentido, la Ley N° 9613 ratificó el Decreto Nº 2797/24, por lo cual las Actas Acuerdo tienen, además, fuerza de Ley; Que conforme a las constancias del expediente EX-2024-03134848-GDEMZA-GOBIERNO, el gremio AMPROS fue debidamente notificado de la convocatoria a las negociaciones paritarias del año 2024 pero no compareció a la audiencia, dejándose constancia de ello en el orden 27 de esos obrados. En el caso que nos ocupa, AMPROS no participó de las paritarias ni suscribió las actas del acuerdo lo que implica Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que, sus afiliados quedan comprendidos entre los trabajadores que se encuentran afiliados a otras entidades sindicales que no rubricaron el referido acuerdo, correspondiéndole el pago de la cuota solidaria; Que la Resolución impugnada no aplica “automáticamente” los efectos de un acuerdo colectivo, sino que lo hace en ejercicio de competencias legalmente atribuidas, reconociendo la eficacia de un instrumento celebrado por una asociación sindical que ostenta personería gremial vigente y actuación representativa dentro del ámbito funcional y territorial correspondiente, extremo que goza de presunción de legitimidad y no ha sido desvirtuado por la actora; Que la norma legal de homologación –Decreto Nº 2797/2024 - ni la de ratificación Ley N° 9613 (ambas normas publicadas en el Boletín Oficial) no han sido atacadas por el recurrente en su faz constitucional, y que habiendo vencido sobradamente el plazo para iniciar dicha acción, gozan de plena legitimidad y vigencia para ser aplicadas; Que no puede soslayarse que las actas paritarias atacadas cumplen con los requisitos de temporalidad, ya que las contribuciones solidarias fueron realizadas solamente en dos oportunidades, como el mismo agente lo reconoce, en los meses de diciembre 2024 y enero 2025. Además, el porcentaje dispuesto para dichas contribuciones es proporcionalmente menor a la cuota sindical que mensualmente se les descuenta a los afiliados al sindicato en cuestión; Que a la –supuesta- lesión a la libertad sindical, corresponde reiterar que la Administración actúa exclusivamente como agente de retención, sin inmiscuirse en la relación jurídica existente entre las entidades sindicales y los trabajadores. No es el empleador quien impone el descuento, sino que se limita a cumplir con la obligación legal establecida en el Art. 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales, reteniendo los montos convencionalmente fijados; Que del acta acuerdo surge que el Poder Ejecutivo deja constancia de haber tomado conocimiento de la contribución solidaria fijada por la entidad sindical y que comunicará lo manifestado al organismo correspondiente para su retención. Asimismo, se aclara expresamente que, siendo su única función la de actuar como agente de retención, “se deslinda de cualquier responsabilidad frente a eventuales reclamos de los empleados”; Que el Poder Ejecutivo actúa en estricto cumplimiento de la obligación legal que le impone la normativa vigente; Que respecto de la falta de valoración de la prueba alegada, cabe señalar que la Resolución N° 4120/25 dedica numerosos considerandos al análisis de la pertinencia y admisibilidad de la prueba ofrecida en el procedimiento administrativo, concluyendo fundadamente en su rechazo por no considerarla oportuna ni pertinente. En consecuencia, la alegada falta de motivación constituye una mera afirmación dogmática, toda vez que la resolución expresa de manera suficiente las razones jurídicas y fácticas que sustentan la decisión adoptada, siendo doctrina reiterada que no se exige una motivación exhaustiva o sacramental, sino la exteriorización clara de los fundamentos esenciales que permiten comprender el iter lógico seguido por la Administración; Que por lo expuesto la Resolución atacada pondera adecuadamente los antecedentes relevantes, se encuentra debidamente fundada y ajustada al marco normativo aplicable, no habiendo aportado lo recurrente en esta instancia argumentos de entidad que autoricen a apartarse de lo resuelto anteriormente; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente EX-2026-00609041--GDEMZA-CCC, LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA Artículo 1°- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente SOFIA ELEONORA ZAVALLA ALCALA, DNI N° 36.164.601 en contra de la Resolución Nº 4120/25 del Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DRA. HEBE CASADO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 21/07/2026 (1 Pub.)