DECRETOS
Decreto Nº 578
- Fecha de publicación
- 5 de junio de 2026
- Fecha de la norma
- 20 de marzo de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.609 · páginas 15–19
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 578
MENDOZA, 20 DE MARZO DE 2026
Visto el expediente EX-2024-09054267--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2023-09823230—GDEMZA-CCC
en el cual la Lic. MARIA GISELLA GUAJARDO, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución
Nº 1984/24 del Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto en contra de la
Resolución Nº 3307/23, del mismo ente emisor, por la cual se aceptó parcialmente el reclamo de la Lic.
Guajardo, referente a la conversión del Acuerdo de Servicios Personales para Prestaciones Indispensable
en Adicional por Mayor Dedicación y desestimó la solicitud de reconocimiento de antigüedad y de licencias
ordinarias;
Que en orden 2 de las presentes actuaciones rola recurso jerárquico en contra de la Resolución N°
1984/24 mediante el cual la agente solicita que se dé cumplimiento al Art. 12 de la Ley N° 7759 y
acuerdos paritarios ratificados por Ley y como consecuencia se le abonen las diferencias salariales
generadas, entre el Contrato y/o Prestación por Mayor Dedicación Profesional con el cargo de mayor
dedicación que hubiera correspondido, desde la fecha en que comenzó a prestar funciones con horas
adicionales al cargo en el año 2022 con los intereses legales devengados, y aportes jubilatorios
correspondientes con más los intereses legales. Solicita también que se le abone el Adicional por
Antigüedad por los servicios prestados bajo el régimen de locación de servicios desde el inicio del ejercicio
profesional en el Hospital Perrupato, Oficina PLAN SUMAR, comprendido entre los periodos del mes de
abril de 2019 hasta el mes de febrero de 2022 fecha que fue designada en planta permanente, abonando
el pago por las diferencias salariales y previsionales resultantes, con más intereses legales hasta el
efectivo cumplimiento de la regularización de su situación laboral;
Que del cotejo de la notificación de la resolución recurrida y de la fecha de interposición del recurso se
advierte que el mismo fue presentado en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 179 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, por lo cual resulta formalmente admisible;
Que con relación a la solicitud de retroactivos y atendiendo a los argumentos en los que la recurrente
funda su reclamo es oportuno señalar que las Actas Acuerdo suscriptas días: 30/08/2021, 15/03/2022,
10/08/2022, 09/10/2022 y 04/11/2022 fueron oportunamente cumplidas por el Gobierno Provincial y no
resultan aplicables al caso;
Que por su parte, el Acta Acuerdo suscripta en fecha 22 de marzo de 2023 en el ámbito de la
Subsecretaría de Trabajo y Empleo por los representantes del Poder Ejecutivo y la entidad sindical
A.M.Pro.S., homologada por Decreto N° 1095 de fecha 01 de junio de 2023 y ratificada por Ley Nº 9471
(B.O. 14.07.2023), se acordó en su punto 4 como cláusula compromiso que “el Poder Ejecutivo se
compromete a realizar los actos útiles correspondientes a fin de cumplimentar lo acordado respecto de los
cambios de regímenes salariales; doble cargo, sustitución de prestación y/o contrato por adicional mayor
dedicación (aun cuando el personal con cargo tenga contrato y/o prestación que se cumplan en distintos
organismos sean estos centralizados y/o descentralizados y/o autárquicos), antes del 30/11/2023”;
Que en el caso particular, la transformación del Acuerdo de Servicios Personales para Prestaciones
Indispensables en Adicional por Mayor Dedicación operó el 7/11/2023 mediante la Resolución N° 3307/23,
de manera que el Gobierno de la Provincia, cumplió cabalmente con la obligación asumida en el ámbito de
la negociación colectiva del sector invocada por la actora;
Que al respecto, la Suprema Corte Provincial al resolver acerca de la transformación de Contrato de
Locación en Adicional por Mayor Dedicación que no había sido efectivizado por la Administración con
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
posterioridad al mentado acuerdo paritario, sostuvo: “El reconocimiento pretendido y receptado por el
referido acuerdo y la consecuente ilegitimidad del obrar administrativo, debe operar temporalmente a partir
del 30/11/2023 dado que el Acuerdo Paritario de marzo de 2023 estableció que la obligación asumida por
el Estado debía cumplirse antes del 30/11/2023. La conclusión antedicha, se basamenta en que los
términos de los acuerdos paritarios en cuestión no posibilitan desprender un reconocimiento retroactivo
con relación a la materia aquí analizada, la cual se reitera, al amparo de la normativa de origen legal en la
cual el actor encuadró su reclamo y pretensión originaria, no viabilizaban un reconocimiento como el
peticionado, el que sólo resulta receptable desde la vigencia de aquello acordado en paritarias”;
Que con tales premisas, no se advierte que al resolver el acto administrativo se haya apartado de la
normativa legal y convencional aplicable en torno al rechazo de los conceptos retroactivos peticionados;
Que respecto al reconocimiento de la antigüedad, en su reclamo inicial la recurrente peticiona que éste
opere desde que comenzó a prestar servicios como contratada “por mayor dedicación”, pretensión que
aclara recién al interponer el presente recurso jerárquico, haciendo alusión al tiempo en que se
desempeñó antes de su ingreso a planta. Se observa que no obra en las actuaciones prueba alguna que
certifique la antigüedad pretendida. Por lo tanto, no es posible validar la fecha de inicio alegada (2019), ni
acompaña prueba documental que lo respalde, sin perjuicio de que el informe de Orden 5 del
EX-2023-01560372--GDEMZA-HPERRUPATO#MSDSYD donde tramitó el reclamo originario, indica que
desde junio de 2021 se desempeñó como prestadora y que ingresó a planta el 1/1/2022;
Que el instrumento legal para el ingreso a la planta del Estado, no está constituido por una contratación
como la locación de servicios, sino por el acto emitido por autoridad competente, habiéndose cumplido
previamente los procedimientos legalmente establecidos (tales como los recaudos presupuestarios, los
procesos de selección, concursos, etc.); y excepcionalmente por imperativo legal, ya sea que éste surja del
ámbito estrictamente legislativo o como consecuencia de la ratificación de una norma de índole
convencional (CCT);
Que por su parte, la modalidad contractual mediante la cual se vinculó la actora con la Administración fue
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 7557, que permite al Ministerio de Salud realizar contrataciones
mediante el sistema de locación de servicios “solo cuando se requiera atender actividades en las que
resulta necesaria la disponibilidad horaria total, se deba o sea necesario prestar servicios distintos a los
habituales, o en las que el recurso humano sea escaso por la especialidad o por el lugar geográfico en que
se presta el servicio…”, debiendo tenerse presente que el Artículo 1º de la Ley citada ha sido puesto en
vigencia año a año por las leyes presupuestarias que habilitan expresamente al Ejecutivo a contratar
mediante locaciones de servicios hasta la fecha y sin solución de continuidad;
Que asimismo, de acuerdo al Art. 1° del Decreto-Ley Nº 560/73, están comprendidas en su ámbito de
aplicación “todas las personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
presten servicios remunerados en los tres poderes del Estado, Tribunal de Cuentas de la Provincia,
Municipalidades y Entes Autárquicos”;
Que a su turno, conforme al Art. 4° del mismo plexo legal: “Todo nombramiento de carácter permanente
origina la incorporación del agente a la carrera, la cual está dada por el progreso del mismo dentro de los
niveles escalafonarios.” Habida cuenta de ello, como principio general la incorporación a la planta del
Estado requiere acto administrativo de nombramiento, el mismo implica que el designado ingresa a la
“carrera”, y en el caso de los profesionales universitarios de la salud con “Ley de Carrera” (que son los
mencionados en el artículo 2 del CCT aplicable), la “carrera administrativa” o de empleo público está
regulada por el CCT ratificado por Ley Nº 7759, conforme surge de su Art. 1°;
Que de tal manera que, la antigüedad para los profesionales de la salud comienza a computarse a partir
del ingreso al régimen dentro del ámbito de los distintos organismos que enumera. Encontrándose la
actora bajo la modalidad de la locación de servicios, el régimen de carrera del CCT Ley N° 7759 no le fue
aplicable, de modo que tales servicios no podrían computarse a los fines del cálculo de su antigüedad;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en el caso, la agente es designada el 1 de enero de 2022, siendo ésta la fecha en la que ingresa al
régimen de empleo público, momento a partir del cual comienza el cómputo de la antigüedad pretendida;
Que en tal sentido, la Suprema Corte ha dicho: “El reconocimiento de la antigüedad en la prestación del
servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de
la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar
adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias
del régimen respectivo.” “El derecho a "igual remuneración por igual tarea" no es absoluto, sino que en el
ámbito del empleo público está modulado por el régimen estatutario donde, para el ámbito del personal de
la salud, el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al
personal con estabilidad, no a los contratados.” “Resulta legítimo el obrar administrativo que rechazó el
reclamo de la actora relativo al reconocimiento de la antigüedad, computada desde que comenzó a prestar
servicios a través del contrato de locación, a los fines de su recomposición salarial, realización de aportes
y/o contribuciones previsionales, cómputo de licencia ordinaria anual y pago de diferencias salariales por
tal concepto…”;
Que en efecto, el acto que dispone el ingreso y la ubicación escalafonaria inicial es el que determina el
origen de la antigüedad en la carrera profesional del régimen de la Ley N° 7759 y no viceversa. De tal
manera que el tiempo cumplido bajo la modalidad de locación de servicios o prestación indispensable, no
puede en modo alguno computarse para el cálculo del adicional de antigüedad, ni para las licencias, la
asignación de clases o los aportes previsionales;
Que en el caso, no surge que el Estado haya asumido el pago de aportes previsionales, así como tampoco
que le haya formulado descuentos para ser integrados al sistema de seguridad social. Por lo que no
correspondería el pago de dichos aportes, mucho menos con intereses;
Que, sin embargo, recientemente la Suprema Corte ha emitido Sentencia en Pleno en el caso “BRITOS
RICARDO DANIEL Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL
ADMINISTRATIVA”, CUIJ:13-05022405-2 que, con voto de la mayoría, se resolvió que en el cómputo de
antigüedad para el cálculo del adicional debe considerarse comprendido el tiempo de servicio cumplido
bajo la modalidad de contrato de locación o prestaciones personales, a los fines del Adicional por
Antigüedad, según al Artículo 53 de la Ley N° 5126. También dijo que el derecho al Adicional por
Antigüedad se adquiere desde la fecha del reclamo administrativo, sin efectos retroactivos;
Que en el caso debe tenerse presente que en orden 7 del EX-2021-05193224- -GDEMZA-
HPERRUPATO#MSDSYD, donde se tramitó la incorporación de la recurrente a la planta de personal en
aplicación del Decreto N° 987/20, consta que la Lic. Guajardo expresamente desistió del reclamo que
tramitaba en EX 2020-03267604-GDEMZA-HPERRUPATO#MSDSYD, de idéntico tenor al presentado en
el EX-2023-01560372- -GDEMZA-HPERRUPATO#MSDSYD, que motivó al recurso de revocatoria y en
consecuencia el presente recurso jerárquico. Con lo cual se dio por cumplido el requisito del Art. 4 inc. h)
del Decreto N° 987/20. Es decir, la incorporación a la planta se produjo en el marco de la emergencia
declarada ante la pandemia de COVID-19, mediante una medida excepcional y voluntaria, en cuanto
estuvo dirigido a quienes optaran por el ingreso, bajo las condiciones establecidas entre las cuales se
encontraba el escalafonamiento en la clase inicial de cada agrupamiento según el escalafón
correspondiente. Entre los requisitos se contempló además “No poseer reclamos pendientes de resolución
contrala Administración por su situación contractual”;
Que en consecuencia la norma especial que reguló el ingreso a la planta interina no previó el
reconocimiento por antigüedad en los servicios prestados bajo la modalidad de locación de servicios, ya
que no producen los efectos propios del vínculo de empleo público al que la recurrente se incorporó por
opción voluntaria expresamente ejercida. En cambio, estableció como requisito de admisión la inexistencia
de reclamos derivados de la contratación administrativa, evidenciando con ello que la mentada
incorporación no implicó reconocimiento alguno de situaciones anteriores, y que la falta de previsión
señalada no constituyó una omisión involuntaria, sino por el contrario un elemento esencial del acuerdo
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
individual arribado con cada adherente;
Que tales condiciones de ingreso, específica y exclusivamente dispuestas para el ex Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, en razón del objeto de la norma, permiten sostener que el reconocimiento de
la antigüedad en la forma pretendida por la interesada no puede prosperar;
Que debe considerarse que la recurrente inició un nuevo reclamo el 3/03/2023, haciendo caso omiso del
procedimiento de designación, de la Resolución que la dispusiera y de que la inexistencia de reclamo era
requisito de ingreso a la planta de personal, pretendiendo eludir la norma excepcional de incorporación a la
planta estatal. Más aún, soslaya el hecho de que expresamente renunció a todo reclamo que tuviera
relación con su contrato de locación y/o prestación;
Que en consecuencia, la pretensión de la recurrente relativa al cómputo de antigüedad no puede
prosperar;
Que se advierte que la resolución respecto de la pretensión, tal como fue dispuesto en la Resolución N°
3307/23 se ajustó a derecho. Sin embargo, en la motivación de la Resolución N° 1984/24 se advierte un
error material, indicado por la interesada, que, si bien es subsanable, produce un razonamiento equívoco al
dar tratamiento al retroactivo reclamado;
Que, por esta razón, aunque la decisión de rechazar el recurso es jurídicamente correcta, el acto
administrativo impugnado requiere ser modificado;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en órdenes 17 y 34 y
por Asesoría de Gobierno en orden 21 del expediente EX-2024-09054267- - GDEMZA-CCC,
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA
EN EJERCICICO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formal y sustancialmente el recurso jerárquico interpuesto por la Lic. MARIA
GISELLA GUAJARDO, DNI N° 31.331.557, CUIL N° 27-31331557-1, contra la Resolución N° 1984/24 del
Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Rectifíquese el primer considerando de la Resolución N° 1984/24, a fin de corregir el error
material, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “…dictada en las actuaciones
EX-2023-01560372- -GDEMZA-HPERRUPATO#MSDSYD…”.
Artículo 3º - Amplíense los considerandos de la Resolución N° 1984/24, incorporando en último término el
siguiente texto: “Que la situación de hecho que se tramita en la presente se sujetó a una normativa
especial que no contempló los años cumplidos bajo la modalidad de locación de servicios para el ingreso a
la planta interina, al cual la interesada adhirió optando voluntariamente y aceptando las condiciones
impuestas a tal fin, por lo tanto el reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia, en la causa “BRITOS
RICARDO DANIEL Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL
ADMINISTRATIVA”, CUIJ: 13-05022405-2” no modifica la conclusión a la cual se arribó”.
Artículo 4º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DRA. HEBE CASADO
LIC. RODOLFO MONTERO
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
S/Cargo
05/06/2026 (1 Pub.)
