DECRETOS

Decreto Nº 745

Fecha de publicación
28 de mayo de 2026
Fecha de la norma
20 de abril de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.603 · páginas 39–44
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 745 MENDOZA, 20 DE ABRIL DE 2026 Visto el expediente EX-2023-06752804- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD, en el cual se tramita sumario administrativo al Lic. CRISTIAN ARROYO QUIROGA; y Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial CONSIDERANDO: Que en orden 12 la Jefa del Departamento de Inmunizaciones informa que el agente Cristian Arroyo Quiroga, presentó un certificado médico con membrete del Hospital “Alfredo Metraux” y con la firma y sello del Dr. Armando Bermejo; Que el Dr. Armando Bermejo se encuentra dado de baja por fallecimiento con fecha 24/02/2019; Que en orden 40 obra Resolución N° 1191/24 mediante la cual se instruyó sumario administrativo al Lic. Cristian Arroyo Quiroga, por presunta conducta reprochable conforme a los Arts. 69 y 70 de la Ley N° 7759; Que en orden 42 el Instructor Sumariante acepta el cargo y se avoca. En orden 43 rola notificación a AMPROS, que designa veedor conforme surge de orden 44; Que en orden 45 obra cédula de notificación de Audiencia Indagatoria diligenciada y en orden 48 rola Acta de Indagatoria, conforme a la cual el sumariado se abstiene de declarar, designa defensor y constituye domicilio legal y electrónico. En orden 49 el encartado constituye nuevo domicilio electrónico, opone caducidad de las actuaciones y presenta defensa; Que en orden 46 la instrucción califica la conducta como violación a lo preceptuado por Ley N° 7759, de los Profesionales de la Salud en sus Arts. 69 inc. 1 y 70 inc. 8, siendo de aplicación Arts. 76, 77, 78 y consecutivos de la normativa antes mencionada; Que en orden 51 la instrucción tiene por presentada en tiempo y forma la defensa, rechaza el planteo de caducidad y acepta la prueba instrumental; auto que se notifica como surge de orden 53; Que en orden 55 se notifica al agente para la presentación de alegatos en el domicilio legal constituido; Que en orden 56 obra el dictamen de cierre del Instructor Sumariante sugiriendo sanción de suspensión de treinta (30) días de acuerdo a lo normado por Ley N° 7759, Art. 69 inc. 1, Arts. 76, 77, 78 y consecutivos, y Art. 84 inc. 2; Que en órdenes 60 y 62 se agrega opinión del Consejo Deontológico y la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina de los Profesionales de la Salud, respectivamente, adhiriendo a la sanción sugerida por la Instrucción; Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Artículo 94 del Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud ratificado por Ley N° 7759, y se han respetado las garantías previstas en el Artículo 76 de la misma norma considerando que el profesional contó con defensor letrado; Que si bien se notificó al encartado para alegar con anterioridad a la incorporación del dictamen de clausura de la instrucción, desde la fecha de la notificación hasta la incorporación del mentado dictamen, el sumariado contó con tiempo suficiente para requerir la vista de tal dictamen, sin que lo hiciera y sin que presentara alegatos; Que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, oportunidad y con sujeción al orden jurídico; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho que “la responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública. Se hace efectiva a través de la potestad sancionatoria de la Administración Pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos”. La potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable de autoridad jerárquica autónoma; Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad pública; Que de tal forma que, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso debido, que impida la arbitrariedad, y respete los derechos constitucionales involucrados; Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos sancionatorios o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de la sanción aplicada; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “…en lo atinente a aquellos actos mediante los cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, este Tribunal ha afirmado que, en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores en juego; Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante y la Junta de Disciplina interviniente según el régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el procedimiento administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la exención de responsabilidad; como la actividad instructoría no es de esencia jurisdiccional, no puede afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor y “Los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en definitiva, aun cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”; Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra SCJM: “La naturaleza de la actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de Disciplina es la de dictaminar, aconsejando a la autoridad que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan calificarse como actos administrativos productores de efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de los empleados.”; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que nuestra Suprema Corte Provincial ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia sancionatoria; Que en el caso el sumario tramitado tiene su origen en la solicitud de la Jefa del Departamento de Inmunizaciones, quien informa que el agente Cristian Arroyo, presentó un certificado médico con membrete del Hospital Metraux y con la firma y sello del Dr. Armando Bermejo, Mat. Prof. 3748, Médico Endocrinólogo-Diabetes, de fecha 4 de septiembre de 2023. El Departamento de Matriculaciones y Certificación de Firmas eleva informe del cual surge que la Matrícula del Dr. Armando Bermejo (MP 3748), se encuentra dada de baja desde 25/02/2019 por fallecimiento con fecha 24/02/2019, según Libro 7752-Acta 343, según comunicado del Registro Civil de la Provincia; Que por su parte el Hospital “Alfredo Metraux”, informa que el Dr. Bermejo no pertenece a dicho nosocomio ni existen registros de que haya prestado funciones en el mismo; Que el sumariado al presentar descargo, sólo efectúa negativa de los hechos que se le imputaran sin prueba alguna que derribe la imputación efectuada y las constancias obrantes en el expediente. Con ello, el hecho comprobado es que el agente presentó un certificado médico de fecha 4 de septiembre de 2023, el que indicó reposo por 24 hs., siendo que el profesional que firma dicho certificado ha fallecido el día 24/02/2019 y que el certificado tiene membrete del Hospital “Alfredo Metraux”, nosocomio en el que dicho profesional tampoco prestó funciones; Que la instrucción consideró en consecuencia que la conducta contravino los Arts. 69 inc. 19 y 84 inc. 210 de la Ley N° 7759, susceptible de suspensión, criterio compartido por el Consejo Deontológico y la Junta de Disciplina interviniente; Que de las constancias de las actuaciones que el mismo sumariado ofreció como prueba surge que el certificado médico que éste presentara, fechado 4/9/2023, resulta apócrifo. La utilización de dicho instrumento a fin de justificar la inasistencia constituye un hecho de suma gravedad, al punto que la misma Instrucción sugiere que el hecho podría configurar delito penal de acuerdo a lo normado por nuestro Código Penal Argentino en el Título Delitos contra la Fe Pública, Capítulo III; Que si bien en el caso, no se ha acreditado que el agente participara en el hecho de falsificación del certificado médico, no es menos cierto que se valió de dicho instrumento a sabiendas de su falsedad, para intentar justificar su ausencia. Es decir, no puede atribuirse responsabilidad por la emisión del documento apócrifo, pero su utilización no le resulta ajena; Que en relación con la falsificación del documento y su uso del Artículo 296 del Código Penal Argentino fija la tipicidad de la conducta antijurídica disponiendo que "El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuera autor de la falsedad", remitiendo a la figura principal del Artículo 292, como delito contra la Fe Pública. Se trata de la posible comisión de un delito común, ya que el tipo penal no demanda cualidad especial alguna en el sujeto pasivo, es decir, no es necesario que su autor o autora, sea empleado público, en lo que a este caso respecta. La presentación de documentación personal ante el Ministerio es a su propio riesgo y cargo, asumiendo responsabilidad por la veracidad y autenticidad de esta. Más aún cuando se refiere a presentaciones hechas en su propio interés y beneficio y sobre todo cuando refieren a hechos que requieren certificación por parte de un tercero, como es el caso de los certificados médicos; Que la acción típica punible desde lo penal y desde lo administrativo sancionatorio, se identifica con el uso del instrumento falso o adulterado. Debe requerirse al autor, como se ha cumplido en el caso de marras, su introducción en el tráfico jurídico; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que la jurisprudencia ha sostenido pacíficamente que "comete este delito el que presentó certificados médicos apócrifos, con finalidad de justificar su ausencia ante la empleadora, para que no se le practicaran los descuentos que autoriza la Ley laboral"; Que en la construcción de certeza, debe determinarse el tipo subjetivo, que en el caso requiere dolo directo, es decir, que el usuario del documento conozca la falsedad del instrumento y es aquí donde radica principalmente la responsabilidad disciplinaria del agente, la que resulta, desde un primer momento, de una presunción en su contra, consolidada a lo largo de la causa, por la existencia de indicios varios (multiplicidad), anteriores, concomitantes y posteriores al hecho, concordantes, relacionados con el hecho principal (el otorgamiento del certificado apócrifo), conducentes, jurídicamente eficaces y concurrentes a formar la misma conclusión, lo que hace plena prueba de su responsabilidad; Que tal calificación se asienta en el hecho de que, con su proceder el agente ha vulnerado la confianza que el Estado ha depositado en su persona con sustento en su relación de empleo público, que supone una especial atención y diligencia en lo atinente a los documentos e instrumentos que gestiona en dicho ámbito; Que respecto del planteo de caducidad del procedimiento invocado por el agente al ejercer su defensa, la instrucción rechazó tal proposición, notificándose la decisión que quedó consentida (orden 53); Que al momento de resolver deberán valorarse las circunstancias del caso, acotando que la graduación de la sanción conforme a las disposiciones CCT Ley N° 7759, los antecedentes disciplinarios y los efectos que la conducta del sumariado pueda ocasionar, debiendo emitirse norma legal que deberá notificarse conforme al Art. 150 de la Ley N° 9003; Que en orden 70 se agrega certificación de servicios del agente Arroyo Quiroga donde consta que es Congresal Provincial de la entidad sindical ATE por el periodo 2025-2026; Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden 64 del expediente EX-2023-06752804- -GDEMZA- SEGE#MSDSYD, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°- Dispóngase la sanción de Cesantía al Lic. CRISTIAN ARROYO QUIROGA, DNI N° 33.972.931, CUIL N° 20-33972931-0, de conformidad con lo expuesto en el Artículo 85 inc. 2) de la Ley N° 7759, por haber transgredido con su conducta lo dispuesto en los Artículos 69 inc. 1 y 70 inc. 8 de la Ley N° 7759. Que conforme a lo dispuesto por el Art. 52 de la Ley N° 23.551 y siendo que el agente cuenta con protección gremial, la aplicación de dicha sanción se encuentra condicionada al otorgamiento de la resolución judicial que resuelva favorablemente la exclusión de tutela y/o se concluya este juicio. Artículo 2°- Instrúyase al Asesor de Gobierno y/o a cualquiera de los abogados auxiliares de esa repartición, para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales de los Arts. 48 y 50 de la Ley N° 23.551, a los efectos de excluir de la tutela sindical al profesional que a continuación se menciona: Lic. CRISTIAN ARROYO QUIROGA, DNI N° 33.972.931, CUIL N° 20-33972931-0, Clase 002 – Cód. 27-3-04-21, Carácter 1 – Jurisdicción 08 - U.O.75 Subsecretaria de Gestión de Salud, con funciones en el Programa Provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Deportes. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 3°- Notifíquese el presente decreto al sumariado, haciéndole saber que atento a la condicionalidad de la sanción dispuesta, el plazo para impugnarla comenzará a correr una vez que se resuelva favorablemente la exclusión de tutela y/o se concluya este juicio, circunstancia ésta que se le hará conocer conforme lo dispone el Artículo 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003. Artículo 4°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 28/05/2026 (1 Pub.)