DECRETOS

Decreto Nº 619

Fecha de publicación
28 de mayo de 2026
Fecha de la norma
26 de marzo de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.603 · páginas 33–37
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 619 MENDOZA, 26 DE MARZO DE 2026 Visto el expediente EX-2023-08227510-GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD y sus asociados EX-2024-0355294—GDEMZA-OSEP#MSDSYD y EX-2024-04049639—GDEMZA-CCC en el cual se solicita ratificar la Resolución Nº 118/25 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”; y CONSIDERANDO: Que en orden 54 obra Resolución N° 118/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis C. Lagomaggiore” mediante la cual se impuso la sanción de cesantía a la agente Karen Janet González, por encuadrarse su conducta dentro de las causales establecidas por el Art. 13 incs. a) y n) y Art. l4 inc. l) del Decreto Ley Nº 560/73, en concordancia con lo establecido por el Art. 5 incs. b) y d) de la Ley Nº 9103, sujetando su aplicación al resultado del proceso por exclusión de tutela sindical; Que en orden 58 se incorpora sentencia recaída en autos N° 168139, caratulados "HOSPITAL LUIS C LAGOMAGGIORE C/ GONZALEZ KAREN JANET P/EXCLUSION TUTELA SINDICAL p/”, originarios de la Segunda Cámara del Trabajo, que dispuso admitir la demanda, haciendo lugar a la exclusión de tutela sindical; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en 60 obra cédula de notificación cursada a la agente González, notificando la sanción de cesantía. En orden 64 se agrega Resolución N° 838/25 de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, la cual subsana un error material de la Resolución N° 118/25, del mismo emisor; Que el procedimiento sumarial se ha realizado en tiempo y forma, a tenor del Art. 9 del Anexo de la Ley Nº 9103 y se han respetado las garantías previstas en el Art. 2 de la misma norma; Que cabe señalar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, oportunidad y con sujeción al orden jurídico; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dicho: “la responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública y tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos.”; Que la potestad sancionatoria es inherente a la Administración Pública y apareja un mínimo indispensable de autoridad jerárquica autónoma; Que en tal sentido, la norma disciplinaria tiene un fin instrumental, cuyo objeto final es preservar la buena marcha de la Administración Pública persiguiendo que los servidores públicos cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza de la autoridad, sin perjuicio de lo cual, deberán precisarse en el momento de su aplicación o concreción singular por la autoridad; Que de tal forma, en el derecho administrativo disciplinario, por su propia especialidad, el principio de tipicidad no tiene la misma connotación que en el derecho penal, ello en atención a la naturaleza de las normas, el tipo de conductas que se reprimen, los bienes objeto de protección jurídica, la finalidad de la sanción, entre otros. En todo caso, lo que se exige en la actuación administrativa es que exista un proceso debido, que impida la arbitrariedad y respete los derechos constitucionales involucrados; Que en consecuencia, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria. Por lo que, mientras los elementos estructurales de las conductas consideradas como faltas quedan reservados a la ley disciplinaria, será la motivación explícita contenida en los actos administrativos sancionatorios, o en sus antecedentes inmediatos con los que se integra, la que determine la legalidad de la sanción aplicada; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene: “…en lo atinente a aquellos actos mediante los cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, el Tribunal ha afirmado que, en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con la que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria. En el ejercicio de esas facultades disciplinarias debe reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores en juego”; Que en el caso, las actuaciones se iniciaron a partir del informe elaborado por la Sección de Medicina Laboral, de fecha 09 de octubre de 2023, mediante nota informando presunta adulteración, falsificación y discrepancias, en contenido material de múltiples solicitudes de licencia por enfermedad Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial presentados en el periodo 2021,2023, por la agente Gonzalez. Concretamente la agente presentó solicitudes de licencia por enfermedad de fechas: 16/06/2022, 23/07/2022, 14/08/2022, 03/10/2022, 18 y 29 de abril 2023, 31/05/2023, 16/06/2023, 19/07/2023, 18 y 21 de agosto 2023 y 03/10/2023 de diversos profesionales, que luego desconocieron su contenido, firma y sello; Que dada la gravedad de los hechos y lo confirmado por los médicos, que categóricamente desconocen la letra, firma y sello, pudiendo configurar delito, se formaliza la correspondiente de denuncia, el día 09 de noviembre de 2023 ante el Ministerio Publico Fiscal; Que efectivamente de la prueba que rola en las actuaciones surge que, en su escrito de defensa, la sumariada alega que no puede saber si los certificados médicos son apócrifos o adulterados, reconociendo que los presentó, es decir reconoce que ella presentó la documentación apócrifa, tratando de desvirtuar la contundencia de las manifestaciones de los profesionales; asimismo se constató que el contenido, firma y sello de los certificados presentados por la agente no fueron reconocidos por los profesionales médicos; Que el quebrantamiento del deber básico de obrar honestamente, en el que radica la confianza de la Administración respecto de su empleada, producido mediante la utilización de certificados médicos apócrifos supone una falta grave susceptible de sanción; Que debido a la envergadura de la conducta, ésta fue incluida en la modificación que introdujo la Ley Nº 9550 al Art. 5 del Anexo de la Ley Nº 9103, incorporando el inc. g) en los siguientes términos: “La presentación con cualquier finalidad de un certificado médico falso, ya sea que la falsedad, debidamente constatada, sea material o ideológica…”; Que la reseña permite sostener que, si bien la disposición legal precedentemente descripta no resulta aplicable al caso en virtud del principio de irretroactividad de la ley, puesto que el hecho se produjo con anterioridad a su vigencia, el proceder de la agente González resulta susceptible de cesantía ante el gravísimo incumplimiento de su deber de mantener una conducta digna de confianza, que comprende el de abstenerse de utilizar certificados médicos falsos; Que asimismo y en consecuencia, los días en que la agente sumariada no asistió y pretendió justificar mediante los certificados médicos falsos, incurrió en incumplimiento de su deber de prestar personalmente el servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma; Que de tal forma la conducta de la sumariada encuadra en el incumplimiento de los deberes previstos en el Art l3º incs. a), b) y p) y Art. 14º incs. f) y j), del Decreto Ley Nº 560/73, que establecen la obligación de prestar el servicio con eficiencia, capacidad y diligencia que determinan las disposiciones legales vigentes, observando una conducta digna de consideración y confianza que su estado exige, velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio del Estado, realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres, utilizar con fines particulares los elementos de transporte y útiles de trabajo destinados al servicio oficial, constituyendo faltas graves en el desempeño del Servicio, en concordancia con lo establecido por el Art. 5º incs. b) y d), de la Ley Nº 9103 que establecen causales de cesantía: b) quebrantamiento de las prohibiciones especificadas en el Art. 14 del Decreto Ley Nº 560/73, graduado conforme a la naturaleza y gravedad de la falta, d) falta grave respecto al superior en la oficia o en actos de servicios; Que en la causa judicial de exclusión de tutela la sumariada se allanó a la demanda, argumentando que había renunciado a su trabajo, dicho allanamiento no fue admitido por la actora, quien también se opuso legalmente a su renuncia, conforme a los argumentos que válidamente esgrimió (Art. 58 Decreto Nº 560/73); Que en torno a la sanción, resulta orientadora la opinión del nuestra Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial (en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia sancionatoria. Se precisaron los siguientes puntos: Los jueces, en principio, no pueden, sin correr el riesgo de interferir inconstitucionalmente controlar cualquier sanción impuesta. La magnitud de las sanciones está, en principio, reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa, salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta. Por lo que cabe apartarse de las sanciones impuestas por un tribunal administrativo si del examen de los hechos concretos surge que las mismas no guardan proporción con la falta imputada, o si los hechos no han sido probados. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, se ha establecido que la graduación de la sanción debe realizarse mediante la aplicación de criterios de proporcionalidad valorados en relación con el caso concreto, resultando razonable que la sanción se gradúe, entre otras pautas, en función de: (i) La perturbación del servicio. (ii) La reiteración de los hechos. (iii) La jerarquía alcanzada y el posible abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. El derecho de defensa: Las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observación en todo tipo de actuaciones inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria y las mismas demandan la posibilidad de que el requerido haya tenido conocimiento de la acusación en su contra, de ser oído y de que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa.”; Que a tenor del Art. 7 del Anexo de la Ley Nº 9103, la autoridad superior en caso de entes descentralizados será quien aplique todas las sanciones contempladas en la norma, de manera que la medida dispuesta por la Resolución N° 118/25 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis C. Lagomaggiore” resulta legítima; Que sin perjuicio de ello, a tenor del Art. 128 inc. 10 de la Constitución de la Provincia, el Sr. Gobernador “Remueve los funcionarios y empleados de la administración cuyo nombramiento o remoción no están acordados a otro poder con arreglo a esta Constitución y a la ley.” De la interpretación armónica de las normas citadas surge que la potestad disciplinaria del ente descentralizado no es una facultad final y autónoma, sino una competencia que encuentra su límite y control último en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la remoción final y definitiva de un agente del ámbito del Poder Ejecutivo debe ser convalidada por el titular de Poder Ejecutivo; Que sin perjuicio de la facultad de instrucción y aplicación de la sanción del ente descentralizado, el control de legalidad sigue residiendo en la órbita del Sr. Gobernador como Jefe de la Administración, puesto que la potestad disciplinaria es una atribución inherente a la función de administrar, cuya titularidad última recae en el Poder Ejecutivo (Art. 128 inc. 1 Constitución de Mendoza); Que en consecuencia, si bien la cesantía dispuesta por el efector es legítima, el Poder Ejecutivo Provincial es el titular último de la potestad de remoción de los empleados públicos de la Administración Provincial, conforme al Art. 128 inciso 10, de la Constitución de Mendoza, resultando pertinente y procedente la ratificación de la Resolución N° 118/25 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”; Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Ratifíquese la Resolución Nº 118/25 emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, rectificada por Resolución Nº 838/25, del mismo ente emisor, por la cual el mencionado nosocomio aplicó la sanción de Cesantía a la agente KAREN JANET GONZÁLEZ, DNI Nº 36.666.645, CUIL Nº 27-36666645-7, según lo establecido en el Art. 13 incs. a) y b) y Art. 14 inc. c) del Decreto Ley Nº Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 560/73, en concordancia con lo establecido por el Art. 5 incs. b) y d) de la Ley Nº 9103, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto. Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza. Artículo 3º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza www.boletinoficial.mendoza.gov.ar S/Cargo 28/05/2026 (1 Pub.)