DECRETOS

Decreto Nº 559

Fecha de publicación
27 de mayo de 2026
Fecha de la norma
20 de marzo de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.602 · páginas 24–28
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 559 MENDOZA, 20 DE MARZO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-09950529--GDEMZA-CCC y sus asociados EX-2025-05502655—GDEMZA- CCC y EX-2025-02826644—GDEMZA-CCC en el cual la Dra. MELISA CECILIA LEGUIZAMON, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 3839/25 del Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Dra. Leguizamón en contra de la Resolución N° 1332/25 por la cual se rechazó el reclamo relativo a a la adecuación de su asignación de clase en base al principio de igualdad y en correlación con los efectos salariales derivados del nuevo régimen instaurado por la Ley N° 9539, por entender que dicha Resolución se encuentra gravemente viciada; Que a tenor de lo dispuesto por los Arts. 179 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003, el recurso articulado debe ser admitido desde el punto de vista formal; Que de la lectura de la presentación se desprende que la recurrente reedita los mismos planteos efectuados al momento de deducir el recurso de revocatoria, los cuales fueron analizados y resueltos en la Resolución que hoy ataca; Que en su actual planteo recursivo invoca vicios que afectan la legalidad y la razonabilidad, además de incurrir en un trato desigual injustificado, en violación a principios constitucionales y convencionales, y que se disponga adecuar su asignación de clase, en paridad funcional con la base retributiva reconocida en favor de los profesionales médicos incorporados al régimen de la Ley 9539, pide el ajuste retroactivo a contar desde la fecha del reclamo administrativo y “el pago de las diferencias salariales resultantes”, y la “liquidación de intereses legales hasta el efectivo cumplimiento”. Relata los antecedentes del expediente administrativo que culminó con el dictado de la resolución recurrida. Critica el argumento del acto referido a que la Ley N° 9539 no contempla el concepto de clase como parámetro retributivo, por incurrir en una contradicción fáctica: manifiesta que los bonos de sueldo de los profesionales médicos sí contienen la referencia a la asignación de clase. Manifiesta que la Ley omite efectuar una valoración objetiva y razonable efectivamente desempeñado por quienes quedan fuera del régimen optativo, negando toda posibilidad de adecuación o compensación proporcional. Agrega que el acto no contiene una ponderación adecuada de la situación jurídica que se le presenta; Que invoca como vicios la falta de motivación suficiente, indicando que infringe el principio de razonabilidad y por no haber valorado la prueba ofrecida. Invoca también desviación de poder. Indica que viola principios de buena administración al constituir una conducta que frustra derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Concluye que “la resolución debe ser revocada por hallarse viciada tanto en su Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial voluntad, como en su motivación y objeto afectando su validez y legitimidad. Reitera el ofrecimiento de prueba; Que debe tenerse presente que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de acuerdo al Artículo 29 de la Ley N° 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen, y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.” siendo éste el punto de partida para determinar si las críticas planteadas en el recurso son suficientes para enervar la Resolución atacada. Que el recurso de marras procede tanto por razones de legitimidad como de oportunidad, y “dentro de la legitimidad se comprende no sólo el ejercicio de las facultades regladas, sino también una serie de límites jurídicos a la actividad discrecional: a) Límites concretos del orden jurídico; b) razonabilidad; c) desviación del poder; d) buena fe; e) equidad; f) corrección técnica. Desde luego, también por razones de oportunidad puede proceder el recurso y revocarse el acto impugnado”; Que comparando el libelo recursivo y los argumentos vertidos en el recurso de revocatoria deducido se desprende claramente que la parte recurrente ha reeditado los mismos fundamentos esgrimidos en contra de la resolución que rechazó el reclamo, no introduciendo ningún planteo novedoso; Que ello se corrobora si se tiene en cuenta que la Resolución que resolviera su reclamo concluyó que no existe entre ambos regímenes semejanza alguna en relación a la asignación de clase, ni en su estructura, ni en su conceptualización, ni en su aplicación; Que respecto de la pretensión de que se ajuste su asignación de clase conforme al Artículo 18 del Decreto N° 1782/24 reglamentario de la Ley N° 9539, la Resolución sostuvo que el Artículo 44 de la Ley, contempla la opción que pueden ejercer los profesionales médicos regidos por el CCT Ley N° 7759 de incorporarse voluntariamente al régimen de la Ley N° 9539, y que el Art. 18 del Decreto N° 1782/24 establece el procedimiento que deberá implementarse al efecto. Es contundente el Artículo al disponer que “El ejercicio o posesión de un cargo bajo el régimen del Convenio Colectivo ratificado por Ley N° 7759 es incompatible con el presente régimen.”, de manera que, el Artículo reglamentario del procedimiento aplicable respecto de quienes opten voluntariamente por incorporarse al régimen de la Ley N° 9539 no resulta aplicable al reclamante; Que, por la misma razón, la pretendida igualdad en la asignación de clase, antigüedad, especialidad y subespecialidad, solicitada por el interesado no puede prosperar; Que en cuanto a la formulación de equivalencias entre ambos regímenes (Ley N° 9539 y Ley N° 7759) para asegurar la progresión y no regresión de derechos, conforme al principio de igualdad y no discriminación, se advierte que la agente no proporciona elementos que fundamenten su petición, efectuada también en sentido genérico y sin señalar la afectación que se produciría en sus derechos atento a que su relación de empleo continúa regida por la Ley N° 7759 por su expresa voluntad y siendo el régimen de la Ley N° 9539 un régimen autónomo y voluntario; Que mediante Resolución Ministerial se rechazó el recurso de revocatoria, indicando que la Ley N° 9539 establece la incompatibilidad entre los cargos comprendidos en el CCT ratificado por Ley N° 7759 y el régimen de la Ley N° 9539, por lo que la reclamante —que optó por permanecer en el primero— no se encuentra alcanzado por el ámbito personal de aplicación definido en el Art. 5 de la Ley N° 9539. En consecuencia, no resultan aplicables ni el procedimiento ni las previsiones del nuevo régimen; Que el acto administrativo señaló que la igualdad pretendida en materia de clase, antigüedad, especialidad y subespecialidad no puede prosperar, pues dichos conceptos se rigen por las reglas propias de cada régimen. La antigüedad se traslada solo para quienes optan por ingresar al nuevo escalafón, y los adicionales de especialidad responden a la estructura salarial del régimen específico, no siendo Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial escindibles. Asimismo, la petición de “garantizar igualdad entre todos los profesionales de la salud” carece de identificación de un agravio concreto y no demuestra legitimación para actuar en nombre de terceros. La reclamante no acredita afectación personal derivada de la Ley N° 9539, máxime cuando su relación laboral continúa regida por la Ley N° 7759; Que la Ley N° 9539 constituye un régimen especial, autónomo y voluntario, destinado únicamente a profesionales médicos y diseñado conforme a objetivos de política sanitaria. No altera los derechos adquiridos bajo la Ley N° 7759, que permanece vigente y disponible para quienes deciden continuar en ella. Por lo que no es jurídicamente posible establecer equivalencias entre ambos regímenes ni aplicar al reclamante lo previsto para quienes optan por ingresar a la Ley N° 9539, dado que representan escalafones distintos y con ámbitos personales de aplicación excluyentes. Por ello, el recurso de revocatoria se consideró improcedente; Que el planteo deducido en las presentes actuaciones, evidencian solo falta de conformidad con lo resuelto, pero no una crítica razonada ni la fundamentación de la existencia de vicios en el acto atacado que puedan aparejar su revocación; Que la vía recursiva intentada se ha fundado en la interpretación personal de la interesada respecto del régimen de la Ley N° 9539, soslayando múltiples aspectos diferenciadores con el régimen en que ha decidido permanecer. Concretamente, la Ley N° 9539 determina su ámbito de aplicación personal mediante la combinación de dos artículos, el 4 y 5, que establecen se encuentran comprendidos en el régimen los profesionales con título universitario de médico reconocido y habilitado por la autoridad nacional y provincial de aplicación y que desarrollen servicios médicos, con carácter permanente, excluyendo, expresamente, “a los profesionales comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de los profesionales de la salud ratificado por Ley N° 7759 que no estén expresamente incluidos en la presente Ley mediante el ejercicio de la opción respectiva”; Que no existe duda que habilite una interpretación más allá de la literal, lo cual excluye otorgar a las palabras una exégesis diferente para eludir o ampliar su aplicación. En este sentido se ha dicho que cuando una norma es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación. En este punto, y tal como lo viene recordando Asesoría de Gobierno en sus dictámenes, “no es ocioso recordar que "La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos, 302:973 -La Ley, 1980-D, 397-) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos, 299:167)", las que "deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean, sin violentar su significado específico (Fallos, 295:376) máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente, para todo lo cual se debe computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el plexo jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos, 312,21, consid.8º), evitando darles sentido que ponga en pugna a las disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto (Fallos, 3297,consid.3º)”; Que la parte recurrente pretende que la Administración efectúe una interpretación contraria a la letra de la Ley N° 9539, tal como si la misma fuera inconstitucional, lo cual, además de ser incorrecto, se encuentra vedado al Poder Ejecutivo. En este sentido la más autorizada doctrina ha dejado aclarado que el Poder Ejecutivo no puede ni derogar las leyes ni declarar su inconstitucionalidad. (C.N., arts. 1.º, 31 y 86, inc. 2°, 94, 95, 100 y correlativos.) y que éste se encuentra obligado a ejecutarlas y cumplirlas (C.N., arts. 1.º, 31 y 86, inc. 2°); Que sin perjuicio de ello, a efectos de evaluar la legitimidad del acto cuestionado, corresponde dar tratamiento a las cuestiones planteadas atento a los vicios señalados por el recurrente; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en relación con el agravio fundado en la presunta vulneración del principio de igualdad ante la ley, corresponde señalar que el planteo de la recurrente parte de una premisa equivocada, consistente en suponer que todos los profesionales médicos del sistema público de salud deben recibir idéntica remuneración, con independencia del marco normativo al que voluntariamente se adhieran y de las condiciones objetivas que dicho régimen establece. Tal razonamiento desconoce que la igualdad consagrada en el Art. 16 de la Constitución Nacional no implica uniformidad absoluta, sino la prohibición de diferencias arbitrarias, permitiendo tratamientos diferenciados cuando existen fundamentos objetivos y razonables para ello; Que la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley a todos los casos iguales y en no aplicarla a los casos distintos”, de modo que la diferenciación normativa es legítima cuando responde a fines públicos y no constituye discriminación irrazonable. En el caso sub examine, la diferencia retributiva que el recurrente impugna se apoya en la existencia de dos regímenes jurídicos distintos, con lógicas, estructuras y finalidades diversas, cuya coexistencia ha sido expresamente prevista por el legislador; Que en efecto, la Ley N° 9539 configura un régimen especial, autónomo y voluntario, destinado exclusivamente a los profesionales médicos que desarrollan servicios médicos permanentes, con un sistema salarial estructurado en torno a Agrupamientos, Unidades Sanitarias y Grados. Por su parte, el régimen del CCT ratificado por Ley N° 7759 —al cual el recurrente decidió permanecer adscripto— se organiza en clases escalafonarias, regímenes horarios y antigüedad institucional. La mera comparación funcional entre profesionales no habilita a exigir equivalencias retributivas entre regímenes no equiparables, diseñados con parámetros y finalidades diferentes. El eventual impacto retributivo derivado de dicha opción voluntaria no constituye discriminación, sino consecuencia propia del marco legal aplicable a cada grupo; Que la Corte Suprema ha reconocido reiteradamente que el legislador puede establecer regímenes estatutarios diferenciados cuando existan razones objetivas que los justifiquen, sin que ello implique violación del principio de igualdad (Fallos: 320:1966; 323:1566; 329:385). El sistema remunerativo puede variar según la naturaleza del servicio, la organización del trabajo y los fines públicos comprometidos; Que tampoco resulta atendible el argumento referido a una supuesta “coacción económica” que convertiría en involuntaria la opción prevista por la ley. La mejora salarial que pudiera derivarse del nuevo régimen no afecta derechos adquiridos por quienes deciden permanecer en el régimen convencional, ni introduce regresividad alguna, puesto que el régimen de la Ley N° 7759 se mantiene plenamente vigente, sin modificación alguna en detrimento de sus beneficiarios. La jurisprudencia ha sido uniforme al establecer que ningún administrado posee derecho a la inmutabilidad del orden jurídico, menos aún frente a la creación de un régimen alternativo que no altera su situación previa ni impone cargas nuevas; Que asimismo, debe descartarse el argumento relativo a la utilización contable del ítem “Asignación de Clase” en los recibos de haberes de profesionales optantes de la Ley N° 9539. Tal denominación obedece exclusivamente a razones de estandarización del sistema general de liquidación de haberes operado por la Contaduría General, no pudiendo derivarse de ello equivalencia conceptual alguna. La estructura remunerativa de la Ley N° 9539 se encuentra regulada en sus propios Artículos y responde a parámetros completamente distintos de los previstos en el régimen escalafonario del Decreto N° 142/90. La homogeneidad en la nomenclatura presupuestaria no altera la esencia jurídica de los conceptos remunerativos ni habilita la extrapolación pretendida por la recurrente; Que en consecuencia no se verifica vulneración alguna del principio de igualdad ante la ley, ni del derecho a una retribución justa, ni de los principios de razonabilidad y buena administración invocados; Que cabe señalar que la motivación del acto recurrido satisface los estándares exigidos por los Arts. 3, 29, 30 y 34 de la Ley N° 9003, toda vez que contiene una exposición clara de los hechos del caso, identifica expresamente las normas aplicables, fundamenta la razón jurídica por la cual el régimen de la Ley N° Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 9539 no resulta aplicable al recurrente y explica la estructura técnica que diferencia ambos escalafones. La decisión se encuentra, por tanto, debidamente fundada, descartándose toda alegación de motivación aparente o arbitraria; Que por último, en relación al ofrecimiento de la prueba, se analizó su pertinencia en oportunidad de resolver el recurso de revocatoria, expresando en la Resolución recurrida que “de la lectura de las pruebas ofrecidas por el presentante, se advierte que las mismas tienen por objeto la comparación entre las funciones de los profesionales médicos en el régimen 27 y en el régimen 38, su carga horaria, similitud y diferencia en remuneraciones, etc., lo cual no guarda relación con el objeto del reclamo. Es decir, la prueba ofrecida es notoriamente impertinente, e inconducente, entendiendo que la pertinencia de la prueba “es la adecuación entre los datos que ésta tiende a proporcionar y los hechos sobre los que versa el objeto probatorio”, por lo que se impuso su rechazo. Al respecto, tampoco obra en el libelo recursivo fundamentos adicionales para cuestionar la validez de la decisión adoptada; Que la Resolución recurrida supera el control de razonabilidad exigido por el ordenamiento jurídico. La diferenciación retributiva entre ambos regímenes responde a finalidades legítimas vinculadas a la organización del servicio de salud, no impone cargas excesivas ni sacrifica derechos adquiridos del recurrente y armoniza adecuadamente el interés particular con el interés público comprometido. En virtud de ello, no puede calificarse como arbitraria, desproporcionada o irrazonable, sino como una decisión congruente con la estructura legal vigente y con los límites propios de la potestad reglada que rige la materia; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente EX-2025-09950529--GDEMZA-CCC, LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA Artículo 1°- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la Dra. MELISA CECILIA LEGUIZAMON, DNI N° 33.429.960, en contra de la Resolución Nº 3839/25 del Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DRA. HEBE CASADO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 27/05/2026 (1 Pub.) MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS (D.G.E.)