DECRETOS
Decreto Nº 559
- Fecha de publicación
- 27 de mayo de 2026
- Fecha de la norma
- 20 de marzo de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.602 · páginas 24–28
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 559
MENDOZA, 20 DE MARZO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-09950529--GDEMZA-CCC y sus asociados EX-2025-05502655—GDEMZA-
CCC y EX-2025-02826644—GDEMZA-CCC en el cual la Dra. MELISA CECILIA LEGUIZAMON, interpone
Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 3839/25 del Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Dra.
Leguizamón en contra de la Resolución N° 1332/25 por la cual se rechazó el reclamo relativo a a la
adecuación de su asignación de clase en base al principio de igualdad y en correlación con los efectos
salariales derivados del nuevo régimen instaurado por la Ley N° 9539, por entender que dicha Resolución
se encuentra gravemente viciada;
Que a tenor de lo dispuesto por los Arts. 179 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003, el
recurso articulado debe ser admitido desde el punto de vista formal;
Que de la lectura de la presentación se desprende que la recurrente reedita los mismos planteos
efectuados al momento de deducir el recurso de revocatoria, los cuales fueron analizados y resueltos en la
Resolución que hoy ataca;
Que en su actual planteo recursivo invoca vicios que afectan la legalidad y la razonabilidad, además de
incurrir en un trato desigual injustificado, en violación a principios constitucionales y convencionales, y que
se disponga adecuar su asignación de clase, en paridad funcional con la base retributiva reconocida en
favor de los profesionales médicos incorporados al régimen de la Ley 9539, pide el ajuste retroactivo a
contar desde la fecha del reclamo administrativo y “el pago de las diferencias salariales resultantes”, y la
“liquidación de intereses legales hasta el efectivo cumplimiento”. Relata los antecedentes del expediente
administrativo que culminó con el dictado de la resolución recurrida. Critica el argumento del acto referido a
que la Ley N° 9539 no contempla el concepto de clase como parámetro retributivo, por incurrir en una
contradicción fáctica: manifiesta que los bonos de sueldo de los profesionales médicos sí contienen la
referencia a la asignación de clase. Manifiesta que la Ley omite efectuar una valoración objetiva y
razonable efectivamente desempeñado por quienes quedan fuera del régimen optativo, negando toda
posibilidad de adecuación o compensación proporcional. Agrega que el acto no contiene una ponderación
adecuada de la situación jurídica que se le presenta;
Que invoca como vicios la falta de motivación suficiente, indicando que infringe el principio de
razonabilidad y por no haber valorado la prueba ofrecida. Invoca también desviación de poder. Indica que
viola principios de buena administración al constituir una conducta que frustra derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico. Concluye que “la resolución debe ser revocada por hallarse viciada tanto en su
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
voluntad, como en su motivación y objeto afectando su validez y legitimidad. Reitera el ofrecimiento de
prueba;
Que debe tenerse presente que “El acto administrativo regular se presume legítimo mientras su posible
nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.” A fin de determinar la regularidad del acto
administrativo, cabe señalar que de acuerdo al Artículo 29 de la Ley N° 9003 “El acto administrativo
deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se
establecen, y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.” siendo
éste el punto de partida para determinar si las críticas planteadas en el recurso son suficientes para
enervar la Resolución atacada.
Que el recurso de marras procede tanto por razones de legitimidad como de oportunidad, y “dentro de la
legitimidad se comprende no sólo el ejercicio de las facultades regladas, sino también una serie de límites
jurídicos a la actividad discrecional: a) Límites concretos del orden jurídico; b) razonabilidad; c) desviación
del poder; d) buena fe; e) equidad; f) corrección técnica. Desde luego, también por razones de oportunidad
puede proceder el recurso y revocarse el acto impugnado”;
Que comparando el libelo recursivo y los argumentos vertidos en el recurso de revocatoria deducido se
desprende claramente que la parte recurrente ha reeditado los mismos fundamentos esgrimidos en contra
de la resolución que rechazó el reclamo, no introduciendo ningún planteo novedoso;
Que ello se corrobora si se tiene en cuenta que la Resolución que resolviera su reclamo concluyó que no
existe entre ambos regímenes semejanza alguna en relación a la asignación de clase, ni en su estructura,
ni en su conceptualización, ni en su aplicación;
Que respecto de la pretensión de que se ajuste su asignación de clase conforme al Artículo 18 del Decreto
N° 1782/24 reglamentario de la Ley N° 9539, la Resolución sostuvo que el Artículo 44 de la Ley,
contempla la opción que pueden ejercer los profesionales médicos regidos por el CCT Ley N° 7759 de
incorporarse voluntariamente al régimen de la Ley N° 9539, y que el Art. 18 del Decreto N° 1782/24
establece el procedimiento que deberá implementarse al efecto. Es contundente el Artículo al disponer que
“El ejercicio o posesión de un cargo bajo el régimen del Convenio Colectivo ratificado por Ley N° 7759 es
incompatible con el presente régimen.”, de manera que, el Artículo reglamentario del procedimiento
aplicable respecto de quienes opten voluntariamente por incorporarse al régimen de la Ley N° 9539 no
resulta aplicable al reclamante;
Que, por la misma razón, la pretendida igualdad en la asignación de clase, antigüedad, especialidad y
subespecialidad, solicitada por el interesado no puede prosperar;
Que en cuanto a la formulación de equivalencias entre ambos regímenes (Ley N° 9539 y Ley N° 7759)
para asegurar la progresión y no regresión de derechos, conforme al principio de igualdad y no
discriminación, se advierte que la agente no proporciona elementos que fundamenten su petición,
efectuada también en sentido genérico y sin señalar la afectación que se produciría en sus derechos
atento a que su relación de empleo continúa regida por la Ley N° 7759 por su expresa voluntad y siendo el
régimen de la Ley N° 9539 un régimen autónomo y voluntario;
Que mediante Resolución Ministerial se rechazó el recurso de revocatoria, indicando que la Ley N° 9539
establece la incompatibilidad entre los cargos comprendidos en el CCT ratificado por Ley N° 7759 y el
régimen de la Ley N° 9539, por lo que la reclamante —que optó por permanecer en el primero— no se
encuentra alcanzado por el ámbito personal de aplicación definido en el Art. 5 de la Ley N° 9539. En
consecuencia, no resultan aplicables ni el procedimiento ni las previsiones del nuevo régimen;
Que el acto administrativo señaló que la igualdad pretendida en materia de clase, antigüedad, especialidad
y subespecialidad no puede prosperar, pues dichos conceptos se rigen por las reglas propias de cada
régimen. La antigüedad se traslada solo para quienes optan por ingresar al nuevo escalafón, y los
adicionales de especialidad responden a la estructura salarial del régimen específico, no siendo
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
escindibles. Asimismo, la petición de “garantizar igualdad entre todos los profesionales de la salud” carece
de identificación de un agravio concreto y no demuestra legitimación para actuar en nombre de terceros.
La reclamante no acredita afectación personal derivada de la Ley N° 9539, máxime cuando su relación
laboral continúa regida por la Ley N° 7759;
Que la Ley N° 9539 constituye un régimen especial, autónomo y voluntario, destinado únicamente a
profesionales médicos y diseñado conforme a objetivos de política sanitaria. No altera los derechos
adquiridos bajo la Ley N° 7759, que permanece vigente y disponible para quienes deciden continuar en
ella. Por lo que no es jurídicamente posible establecer equivalencias entre ambos regímenes ni aplicar al
reclamante lo previsto para quienes optan por ingresar a la Ley N° 9539, dado que representan
escalafones distintos y con ámbitos personales de aplicación excluyentes. Por ello, el recurso de
revocatoria se consideró improcedente;
Que el planteo deducido en las presentes actuaciones, evidencian solo falta de conformidad con lo
resuelto, pero no una crítica razonada ni la fundamentación de la existencia de vicios en el acto atacado
que puedan aparejar su revocación;
Que la vía recursiva intentada se ha fundado en la interpretación personal de la interesada respecto del
régimen de la Ley N° 9539, soslayando múltiples aspectos diferenciadores con el régimen en que ha
decidido permanecer. Concretamente, la Ley N° 9539 determina su ámbito de aplicación personal
mediante la combinación de dos artículos, el 4 y 5, que establecen se encuentran comprendidos en el
régimen los profesionales
con título universitario de médico reconocido y habilitado por la autoridad nacional y provincial de
aplicación y que desarrollen servicios médicos, con carácter permanente, excluyendo, expresamente, “a
los profesionales comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de los profesionales de la salud
ratificado por Ley N° 7759 que no estén expresamente incluidos en la presente Ley mediante el ejercicio
de la opción respectiva”;
Que no existe duda que habilite una interpretación más allá de la literal, lo cual excluye otorgar a las
palabras una exégesis diferente para eludir o ampliar su aplicación. En este sentido se ha dicho que
cuando una norma es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación. En
este punto, y tal como lo viene recordando Asesoría de Gobierno en sus dictámenes, “no es ocioso
recordar que "La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del
legislador (Fallos, 302:973 -La Ley, 1980-D, 397-) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la
letra de la ley (Fallos, 299:167)", las que "deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras
que emplean, sin violentar su significado específico (Fallos, 295:376) máxime cuando aquél concuerda con
la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico
vigente, para todo lo cual se debe computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el
plexo jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos, 312,21,
consid.8º), evitando darles sentido que ponga en pugna a las disposiciones, destruyendo las unas por las
otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto (Fallos,
3297,consid.3º)”;
Que la parte recurrente pretende que la Administración efectúe una interpretación contraria a la letra de la
Ley N° 9539, tal como si la misma fuera inconstitucional, lo cual, además de ser incorrecto, se encuentra
vedado al Poder Ejecutivo. En este sentido la más autorizada doctrina ha dejado aclarado que el Poder
Ejecutivo no puede ni derogar las leyes ni declarar su inconstitucionalidad. (C.N., arts. 1.º, 31 y 86, inc. 2°,
94, 95, 100 y correlativos.) y que éste se encuentra obligado a ejecutarlas y cumplirlas (C.N., arts. 1.º, 31 y
86, inc. 2°);
Que sin perjuicio de ello, a efectos de evaluar la legitimidad del acto cuestionado, corresponde dar
tratamiento a las cuestiones planteadas atento a los vicios señalados por el recurrente;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en relación con el agravio fundado en la presunta vulneración del principio de igualdad ante la ley,
corresponde señalar que el planteo de la recurrente parte de una premisa equivocada, consistente en
suponer que todos los profesionales médicos del sistema público de salud deben recibir idéntica
remuneración, con independencia del marco normativo al que voluntariamente se adhieran y de las
condiciones objetivas que dicho régimen establece. Tal razonamiento desconoce que la igualdad
consagrada en el Art. 16 de la Constitución Nacional no implica uniformidad absoluta, sino la prohibición de
diferencias arbitrarias, permitiendo tratamientos diferenciados cuando existen fundamentos objetivos y
razonables para ello;
Que la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley a
todos los casos iguales y en no aplicarla a los casos distintos”, de modo que la diferenciación normativa es
legítima cuando responde a fines públicos y no constituye discriminación irrazonable. En el caso sub
examine, la diferencia retributiva que el recurrente impugna se apoya en la existencia de dos regímenes
jurídicos distintos, con lógicas, estructuras y finalidades diversas, cuya coexistencia ha sido expresamente
prevista por el legislador;
Que en efecto, la Ley N° 9539 configura un régimen especial, autónomo y voluntario, destinado
exclusivamente a los profesionales médicos que desarrollan servicios médicos permanentes, con un
sistema salarial estructurado en torno a Agrupamientos, Unidades Sanitarias y Grados. Por su parte, el
régimen del CCT ratificado por Ley N° 7759 —al cual el recurrente decidió permanecer adscripto— se
organiza en clases escalafonarias, regímenes horarios y antigüedad institucional. La mera comparación
funcional entre profesionales no habilita a exigir equivalencias retributivas entre regímenes no
equiparables, diseñados con parámetros y finalidades diferentes. El eventual impacto retributivo derivado
de dicha opción voluntaria no constituye discriminación, sino consecuencia propia del marco legal aplicable
a cada grupo;
Que la Corte Suprema ha reconocido reiteradamente que el legislador puede establecer regímenes
estatutarios diferenciados cuando existan razones objetivas que los justifiquen, sin que ello implique
violación del principio de igualdad (Fallos: 320:1966; 323:1566; 329:385). El sistema remunerativo puede
variar según la naturaleza del servicio, la organización del trabajo y los fines públicos comprometidos;
Que tampoco resulta atendible el argumento referido a una supuesta “coacción económica” que
convertiría en involuntaria la opción prevista por la ley. La mejora salarial que pudiera derivarse del nuevo
régimen no afecta derechos adquiridos por quienes deciden permanecer en el régimen convencional, ni
introduce regresividad alguna, puesto que el régimen de la Ley N° 7759 se mantiene plenamente vigente,
sin modificación alguna en detrimento de sus beneficiarios. La jurisprudencia ha sido uniforme al
establecer que ningún administrado posee derecho a la inmutabilidad del orden jurídico, menos aún frente
a la creación de un régimen alternativo que no altera su situación previa ni impone cargas nuevas;
Que asimismo, debe descartarse el argumento relativo a la utilización contable del ítem “Asignación de
Clase” en los recibos de haberes de profesionales optantes de la Ley N° 9539. Tal denominación obedece
exclusivamente a razones de estandarización del sistema general de liquidación de haberes operado por la
Contaduría General, no pudiendo derivarse de ello equivalencia conceptual alguna. La estructura
remunerativa de la Ley N° 9539 se encuentra regulada en sus propios Artículos y responde a parámetros
completamente distintos de los previstos en el régimen escalafonario del Decreto N° 142/90. La
homogeneidad en la nomenclatura presupuestaria no altera la esencia jurídica de los conceptos
remunerativos ni habilita la extrapolación pretendida por la recurrente;
Que en consecuencia no se verifica vulneración alguna del principio de igualdad ante la ley, ni del derecho
a una retribución justa, ni de los principios de razonabilidad y buena administración invocados;
Que cabe señalar que la motivación del acto recurrido satisface los estándares exigidos por los Arts. 3, 29,
30 y 34 de la Ley N° 9003, toda vez que contiene una exposición clara de los hechos del caso, identifica
expresamente las normas aplicables, fundamenta la razón jurídica por la cual el régimen de la Ley N°
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
9539 no resulta aplicable al recurrente y explica la estructura técnica que diferencia ambos escalafones. La
decisión se encuentra, por tanto, debidamente fundada, descartándose toda alegación de motivación
aparente o arbitraria;
Que por último, en relación al ofrecimiento de la prueba, se analizó su pertinencia en oportunidad de
resolver el recurso de revocatoria, expresando en la Resolución recurrida que “de la lectura de las pruebas
ofrecidas por el presentante, se advierte que las mismas tienen por objeto la comparación entre las
funciones de los profesionales médicos en el régimen 27 y en el régimen 38, su carga horaria, similitud y
diferencia en remuneraciones, etc., lo cual no guarda relación con el objeto del reclamo. Es decir, la
prueba ofrecida es notoriamente impertinente, e inconducente, entendiendo que la pertinencia de la prueba
“es la adecuación entre los datos que ésta tiende a proporcionar y los hechos sobre los que versa el objeto
probatorio”, por lo que se impuso su rechazo. Al respecto, tampoco obra en el libelo recursivo
fundamentos adicionales para cuestionar la validez de la decisión adoptada;
Que la Resolución recurrida supera el control de razonabilidad exigido por el ordenamiento jurídico. La
diferenciación retributiva entre ambos regímenes responde a finalidades legítimas vinculadas a la
organización del servicio de salud, no impone cargas excesivas ni sacrifica derechos adquiridos del
recurrente y armoniza adecuadamente el interés particular con el interés público comprometido. En virtud
de ello, no puede calificarse como arbitraria, desproporcionada o irrazonable, sino como una decisión
congruente con la estructura legal vigente y con los límites propios de la potestad reglada que rige la
materia;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud
y
Deportes
en
orden
y
por
Asesoría
de
Gobierno
en
orden
del
expediente
EX-2025-09950529--GDEMZA-CCC,
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA
Artículo 1°- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Dra. MELISA CECILIA LEGUIZAMON, DNI N° 33.429.960, en contra de la Resolución Nº 3839/25 del
Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DRA. HEBE CASADO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
27/05/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS (D.G.E.)
