DECRETOS
Decreto Nº 464
- Fecha de publicación
- 11 de mayo de 2026
- Fecha de la norma
- 12 de marzo de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.591 · páginas 15–19
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 464
MENDOZA, 12 DE MARZO DE 2026
Visto el expediente EX-2022-07610235- -GDEMZA-CONI#MSDSYD, en el cual la Dra. VIVIANA YAMILE
ARAYA, DNI 16.241.163, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 2343/23 del ex Ministerio
de Salud, Desarrollo Social y Deportes actual Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2343/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes actual Ministerio
de Salud y Deportes se rechazó el reclamo efectuado por la Dra. Viviana Yamile Araya, referente al
reconocimiento de la antigüedad, desde que comenzó a prestar servicios para el Estado Provincial, a los
efectos remuneratorios, previsionales y de ascenso en la carrera;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la presentación efectuada por la Dra. Viviana Yamile Araya puede calificarse como Recurso
Jerárquico, el cual ha sido presentado dentro de los plazos legales, por lo que corresponde su admisión;
Que en cuanto al aspecto sustancial, la reclamante funda su petición en distintos antecedentes
jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia;
Que Asesoría de Gobierno ha instruido efectuar la revisión de las actuaciones en curso ante el fallo del
Supremo Tribunal Provincial en la causa N° CUIJ: 13-05022405-2 “BRITOS RICARDO DANIEL Y OTRO
C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, en el
cual, con voto de la mayoría, se resolvió que en el cómputo de antigüedad para el cálculo del adicional
debe considerarse comprendido el tiempo de servicio cumplido bajo la modalidad de contrato de locación o
prestaciones personales, a los fines del adicional por antigüedad, según al Artículo 53 de la Ley N° 5126 y
también considera que el derecho al adicional por antigüedad se adquiere desde la fecha del reclamo
administrativo, sin efectos retroactivos;
Que en el caso, es recién el 25/10/2022 que la interesada plantea su reclamo inicial, fundándolo en que
prestó servicios para la Administración como contratado/prestador hasta que pasó a planta permanente; en
orden 18 se certifica que la recurrente mantuvo Contrato Locación de Servicios desde el 29/01/1999 hasta
su pase a planta el 13/09/2005;
Que habiendo transcurrido aproximadamente diecisiete años desde su pase a planta, el reclamo se
encuentra prescripto. Ello a tenor del Artículo 38 bis del Decreto N° 560/73 y en los términos de los
dictámenes Nº 100 y N° 400/20, N° 114/21, N° 498/23, N° 5, N° 31, N° 32, N° 38, N° 110, N° 111, N°
327 y N° 402/24, entre muchos otros de la Asesoría de Gobierno, en los que se sostuvo: “En primer
término, se considera que el reclamo originario se encuentra prescripto, en los términos del Art. 38 bis del
Estatuto del Empleado Público (Decreto-Ley Nº 560/73, modificado por Ley Nº 6502), el que establece:
Prescriben a los dos (2) años los reclamos y acciones relativos a créditos provenientes de las relaciones
de empleo público, en todo el ámbito del sector público provincial, salvo norma especial en contrario
contenida en los respectivos regímenes aplicables, teniendo en cuenta la fecha de presentación de dicha
reclamación y las fechas informadas en las referidas certificaciones, siendo claro que transcurrieron más
de dos años desde el pase a planta de los reclamantes y la fecha de la reclamación indicada.” “La
prescripción es tanto respecto de la pretensión de diferencia salariales y adicionales, como también en
relación al reclamo referido al cómputo de la antigüedad por el período que refieren, dadas -insisto- las
fechas que surgen en las referidas certificaciones y la del reclamo administrativo originario, por lo cual lo
peticionado ha sido debidamente desestimado por el Instituto debiendo ser rechazado -por ende- el
recurso en trato.”;
Que considerando lo dispuesto en el CCCN Art. 2554, en cuanto establece que el comienzo de la
prescripción se computa a partir del momento en que la prestación debida es exigible. La fórmula
empleada por la norma para marcar el inicio del cómputo implica que el cómputo del plazo inicia desde el
día en que la acción puede ser ejercida judicialmente para reclamar el cumplimiento de la prestación
debida, o en su defecto, para lograr forzadamente la satisfacción del interés del acreedor;
Que con ello se quiere significar que la prescripción no corre si no está abierta y expedita la facultad de
demandar ante los organismos jurisdiccionales, esto es, cuando el acreedor estuvo en posibilidad jurídica
de ejercer su potestad. El concepto de prestación exigible importa que no exista un obstáculo jurídico
válido para que el interesado pueda reclamar su cumplimiento o una indemnización por su incumplimiento;
Que habida cuenta de lo mencionado, se considera que atento a la prescripción operada respecto del
reconocimiento de antigüedad, no resulta aplicable la doctrina del Fallo Britos;
Que se agrega que la Ley N° 9665, publicada en el Boletín Oficial el 06/10/2025, introdujo una
modificación al Artículo 53 de la Ley N° 5126, agregando el siguiente párrafo: “Los servicios computables
para el cálculo de la antigüedad establecido en el presente artículo o en cualquier otra disposición similar
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
de leyes especiales, estatutos, escalafones o regímenes de la función pública, sólo incluye los prestados
bajo el régimen de carrera administrativa o cargos del escalafón específico aplicable, así como bajo otras
modalidades de trabajo en relación de dependencia y sujetas a las correspondientes cargas previsionales
y servicios de la seguridad social, con exclusión de aquellos trabajos realizados bajo otras figuras
contractuales, sean locaciones de obras, de servicios u otras modalidades de prestaciones autónomas
pagados contra la presentación de facturas por los servicios personales devengados en cumplimiento de
esas contrataciones especiales..." En concordancia con las modificaciones introducidas por la misma Ley a
los Artículos 1° y 2° inciso d) del Decreto N° 560/73;
Que dispuso en su Artículo 6° que entraba en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial, con lo cual de conformidad al efecto inmediato de su aplicación (Art. 7° del CCCN), los sueldos
devengados, a liquidarse y pagarse desde su entrada en vigencia deben ajustarse a sus prescripciones;
Que cabe recordar que el Artículo 7° del Código Civil y Comercial de la Nación establece la irretroactividad
de una nueva Ley, es decir la nueva Ley no se aplica a las consecuencias ya producidas bajo la Ley
anterior. Pero dispone la aplicación inmediata de la Ley a partir de su entrada en vigencia, de modo que la
nueva norma se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes que no se hayan
consumado a dicho momento; y una excepción conforme a la cual solo se excluyen de esta regla las
normas supletorias aplicables a contratos en curso, lo que no es el caso, ya que la Ley N° 9665 es
imperativa en materia de empleo público;
Que de ello se desprende que la nueva legislación no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas
ya terminadas, ni sobre efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes, debiendo
respetarse los efectos ya consumados, mientras que los efectos futuros o no consumados quedan
sometidos inmediatamente a la ley vigente al momento en que deban producirse. A esos hechos en curso,
actos o créditos futuros no les resulta aplicable la doctrina del consumo jurídico, ni la de los derechos
adquiridos;
Que por ende, a partir de su entrada en vigencia las leyes deben aplicarse no sólo a los hechos y
relaciones futuras sino también a los que hayan nacido al amparo de la anterior Ley y se encuentran en
vigencia al dictarse la nueva legislación, es decir que rige para los hechos que están en curso de
desarrollo, al tiempo de su sanción. También están alcanzados por la nueva Ley lo que se denomina
derechos en expectativas que, en realidad, no son derechos sino posibilidades de serlo cuando se reúnan
los presupuestos legales correspondientes, de modo que requieren un evento futuro, no siendo
susceptibles de ejecución actual;
Que el Adicional por Antigüedad es de tracto sucesivo, de manera que se devenga mes a mes mientras la
relación de empleo público se encuentre vigente, por lo que cada mes se encuentra sometido a la Ley
vigente al momento de su devengamiento;
Que de tal forma que, aún si el reclamo original no estuviera prescripto, a tenor de lo señalado, los efectos
del reconocimiento solo podrían correr desde el 25/10/2022, fecha de la interposición del reclamo, de
manera que se regirían por la Ley anterior los períodos devengados entre el 25/10/2022 y el 05/10/2025;
Que a su vez, los períodos devengados a partir del 06/10/2025, deben liquidarse aplicando la Ley N°
9665, lo que implica que sólo se computan servicios prestados bajo relación de empleo público o
dependencia y con aportes previsionales y no se computan servicios prestados bajo locaciones,
facturaciones o modalidades autónomas;
Que sin embargo, a la fecha de interposición del reclamo, no existía un acto de reconocimiento, liquidación
o pago anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 9665, puesto que no había un acto administrativo
firme, ni reconocimiento del cómputo pretendido, ni liquidación. Lo cual implica que el supuesto derecho
invocado por la agente no estaba consolidado, ni constituía un efecto consumado amparado por el
principio de irretroactividad de la Ley dispuesto en el Artículo 7 del CCCN;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en consecuencia, siendo que la antigüedad pretendida no estaba consolidada antes del 06/10/2025,
la Ley N° 9665 se aplica íntegra y obligatoriamente al momento de resolver el presente recurso. Se extrae
de ello que, estando la nueva norma vigente al tiempo en que habría de liquidarse y pagarse el adicional
en la forma reclamada, deberá estarse a su aplicación respecto a los servicios computables para el cálculo
de la antigüedad remunerable;
Que sin perjuicio de la prescripción operada, correspondería rechazar el recurso de la agente en cuanto
pretende el cómputo de servicios autónomos anteriores al año 2005, por resultar jurídicamente
improcedente bajo el régimen vigente, sin que ello constituya retroactividad de la Ley, sino aplicación
inmediata de la Ley nueva, conforme a Artículo 7 del CCCN. De modo que la antigüedad reclamada, no
puede reconocerse para pagar un adicional por períodos devengados y pagaderos bajo la vigencia de una
Ley que la excluye expresamente, lo cual resulta coherente con lo pactado y ejecutado durante el tiempo
en que medió la locación de servicios hasta el pase a planta de personal, sin reserva o reclamo durante
más de una década (doctrina de los propios actos);
Que ello descarta la aplicación del precedente “Britos” dictado bajo la Ley anterior, a las consecuencias o
efectos posteriores a su derogación, que quedan sujetos al efecto inmediato de la nueva Ley. “El Art. 7 del
Código Civil y Comercial de la Nación no consagra la aplicación retroactiva de la nueva Ley sino su
aplicación inmediata, aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ello
significa que la nueva Ley rige para los hechos que están in fieri o en su curso de desarrollo al tiempo de
su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior,
pues allí juega la idea de consumo jurídico” (CSJ, 12/02/2019, 185/2013, Recurso de hecho, Entidad
Binacional Yacyretá c/Panza, Rodolfo Aníbal y otros/demanda ordinaria de repetición, considerando 8, Id
SAIJ: FA19000010);
Que en conclusión, a los contratos que la nueva Ley excluye para el cómputo del Adicional en trato, no les
resulta aplicable la doctrina mayoritaria, sino la aclaración introducida por la nueva Ley, en línea con la
interpretación disidente del fallo Britos y los concordantes dictámenes de esta Asesoría (Nº 100/20 y N°
498/23). Puesto que ha fijado un nuevo criterio de interpretación, consagrando la solución sentada en los
precedentes de nuestro máximo Tribunal en CUIJ: 13-05079047-3, Müller María Laura c/Hospital Escuela
de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra s/A.P.A., sentencia del 5/10/2023, con votos concurrentes de los
jueces Day, Llorente y Gómez; CUIJ 13-02139844-0/1, Sara, María de los Ángeles c/Gobierno de la
Provincia s/A.P.A., del 22/12/2016; del 12/3/2018, en la causa 13-03816090-1, Segura, Marcela c/
Gobierno de la Prov. Mendoza s/ A.P.A.; del mismo mes y año en la causa 13-03816092-8, Del Campo,
Guillermina c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ A.P.A; en “Zaffaroni” (L.S. 460-237) y Perelman
(CUIJ 13-02859528-4), también autos 13-05086671-2, Salinas Tosi y ots. c/Gobierno de la Provincia de
Mendoza p/Acción Procesal Administrativa; todos los cuales se remontan hasta el caso Caramello c/
Gobierno de Mendoza s/APA, así como otros, citados en sus disidencias en la causa Britos por los Dres.
Day y Valerio.”;
Por ello, en razón de lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 71 y por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos en orden 77,
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Dra. VIVIANA YAMILE ARAYA, DNI 16.241.163, CUIL N° 27-16241163-8, en contra la Resolución N°
2343/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes actual Ministerio de Salud y Deportes, por
lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DRA. HEBE CASADO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
11/05/2026 (1 Pub.)
