DECRETOS
Decreto Nº 446
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
- Fecha de publicación
- 5 de mayo de 2026
- Fecha de la norma
- 9 de marzo de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.587 · páginas 7–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 446
MENDOZA, 09 DE MARZO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-09490153-GDEMZA-CCC y sus asociados EX-2025-05069360--GDEMZA-
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
CCC y EX-2025-02399583--GDEMZA-GOBIERNO en el cual la Licenciada en Trabajo Social ERICA
IVANA ESPEJO, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 3791/25 del Ministerio de
Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la
Licenciada en Trabajo Social ERICA IVANA ESPEJO, en contra de la Resolución N° 1065/25 por la cual
se rechazó el reclamo relativo a la adecuación de clase conforme al Artículo 18 del Decreto N° 1782/24,
reglamentario de la Ley N° 9539;
Que de la lectura del libelo se desprende que la recurrente reedita los mismos planteos efectuados al
momento de deducir el recurso de revocatoria, los cuales fueron analizados y resueltos en la Resolución
que hoy ataca;
Que solicita la adecuación de su asignación de clase en base al principio de igualdad y en correlación con
los efectos salariales derivados del nuevo régimen instaurado por la Ley N° 9539. Invoca vicios que
afectan la legalidad y la razonabilidad, además de incurrir en un trato desigual injustificado, en violación a
principios constitucionales y convencionales, requiere adecuar su asignación de clase, en paridad
funcional con la base retributiva reconocida en favor de los profesionales médicos incorporados al régimen
de la Ley N° 9539, pide el ajuste retroactivo a contar desde la fecha del reclamo administrativo y “el pago
de las diferencias salariales resultantes”, y la “liquidación de intereses legales hasta el efectivo
cumplimiento”;
Que además critica el argumento del acto recurrido respecto a que la Ley N° 9539 no contempla el
concepto de clase como parámetro retributivo, por incurrir en una contradicción fáctica: manifiesta que los
bonos de sueldo de los profesionales médicos sí contienen la referencia a la asignación de clase.
Considera que la ley omite efectuar una valoración objetiva y razonable efectivamente desempeñada por
quienes quedan fuera del régimen optativo, negando toda posibilidad de adecuación o compensación
proporcional y agrega que el acto no contiene una ponderación adecuada de la situación jurídica que se le
presenta;
Que invoca como vicios la falta de motivación suficiente, indicando que infringe el principio de
razonabilidad y por no haber valorado la prueba ofrecida, desviación de poder que viola principios de
buena administración al constituir una conducta que frustra derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico y concluye que “la resolución debe ser revocada por hallarse viciada tanto en su voluntad, como
en su motivación y objeto afectando su validez y legitimidad. Reitera el ofrecimiento de prueba;
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma
según lo establecido en el Artículo 179 de la Ley N° 9003 de Procedimiento Administrativo;
Que a fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de acuerdo al Artículo 29
de la Ley N° 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto,
competencia, voluntad y forma que aquí se establecen, y producirse con arreglo a las normas que regulan
el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para determinar si las críticas planteadas
en el recurso son suficientes para enervar la Resolución atacada;
Que del cotejo del libelo recursivo y su comparación con los argumentos vertidos en el recurso de
revocatoria deducido se desprende claramente que la parte recurrente ha reeditado los mismos
fundamentos esgrimidos en contra de la Resolución que rechazó el reclamo, no introduciendo ningún
planteo novedoso;
Que la Resolución Nº 3791/25 del Ministerio de Salud y Deportes que rechazó el recurso de revocatoria
expresamente indicó que “el motivo del rechazo del reclamo es, sin duda, la aplicación de un régimen que
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
fue sancionado para un sector limitado de profesionales de la salud, al cual no pertenece la recurrente y
cuya lógica no puede ser traspasada al régimen en el cual revista;
Que el acto atacado aclara que la Ley N° 9539 fue sancionada a fin de establecer un régimen especial,
autónomo y voluntario, para los profesionales médicos, con objetivos fijados en materia de política
sanitaria, siendo ésta una potestad que detenta el Poder Legislativo en virtud de lo establecido en el
Artículo 99 inciso 9 de la Constitución de la Provincia;
Que con relación al principio de igualdad, el hecho de que el Convenio Colectivo ratificado por Ley N°
7759 nuclee a todos los profesionales de la salud con ley de carrera, no supone sin más que todos posean
la misma calificación profesional, cumplan las mismas funciones, con las mismas responsabilidades y en
idénticas condiciones. De hecho, se han suscripto acuerdos paritarios destinados a regular situaciones
particulares de las distintas profesiones, así como de los distintos servicios, sin que ello suponga violentar
tales principios. La Ley N° 9539, al establecer un régimen especial para los profesionales médicos,
diseñado en base al ejercicio específico de tal profesión dentro del ámbito de los servicios de salud pública
y, con un esquema que contempla particularmente dichos servicios, tiene por objeto fortalecer y mejorar el
sistema de salud pública provincial tal como expresamente lo determina su Artículo 1°, con sustento en
criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que fueron efectivamente ponderados al momento de
sancionarse la Ley;
Que la Resolución Nº 3791/25 del Ministerio de Salud y Deportes cita copiosa y trascendente
jurisprudencia en apoyo de la decisión adoptada, considerando que “…el reclamo deviene improcedente
por resultarle inaplicable la Ley N° 9539, por no resultar analogable en modo alguno la asignación de
clase del CCT Ley N° 7759 con el sueldo básico de la Ley N° 9539 y por no ser aplicable el Artículo 18 del
Decreto N° 1782/24, destinado a reglamentar un procedimiento en particular conforme a la delegación
legislativa efectuada”;
Que no reviste ninguna novedad el planteo deducido en las presentes actuaciones, evidenciando solo una
falta de conformidad con lo resuelto, pero no una crítica razonada ni la fundamentación de la existencia de
vicios en el acto atacado que puedan aparejar su revocación;
Que en la revocatoria deducida expresamente se indicó que, teniendo en consideración la profesión y
actividad de la recurrente, que determina el régimen aplicable de la Ley N° 7759, no resulta jurídica ni
fácticamente posible la aplicación de la normativa pretendida, por cuanto la Ley N° 9539 claramente
delimita su ámbito personal de aplicación, constituyendo actividad reglada a la Administración;
Que concretamente, la Ley N° 9539 determina su ámbito de aplicación personal mediante la combinación
de dos Artículos, el 4 y 5, estableciendo que se encuentran comprendidos en el régimen los profesionales
con título universitario de médico reconocido y habilitado por la autoridad nacional y provincial de
aplicación y que desarrollen servicios médicos, con carácter permanente, excluyendo, expresamente, al
resto de los profesionales comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de los profesionales de la
salud ratificado por Ley N° 7759;
Que no existe duda que habilite una interpretación más allá de la literal, lo cual excluye otorgar a las
palabras una exégesis diferente para eludir o ampliar su aplicación;
Que en este sentido se ha dicho que cuando una norma es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo
no cabe sino su directa aplicación;
Que en este punto, y tal como lo considera Asesoría de Gobierno en sus dictámenes, “…no es ocioso
recordar que "La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del
legislador (Fallos, 302:973 -La Ley, 1980- D, 397-) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la
letra de la ley (Fallos, 299:167)", las que "deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras
que emplean, sin violentar su significado específico (Fallos, 295:376) máxime cuando aquél concuerda con
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico
vigente, para todo lo cual se debe computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el
plexo jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos, 312,21, consid.
8º), evitando darles sentido que ponga en pugna a las disposiciones, destruyendo las unas por las otras y
adoptando, como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto (Fallos, 3297, consid. 3º);
Que la recurrente pretende que la Administración efectúe una interpretación contraria a la letra de la Ley
N° 9539, tal como si la misma fuera inconstitucional, lo cual, además de ser incorrecto, se encuentra
vedado al Poder Ejecutivo;
Que en este sentido la más autorizada doctrina ha dejado aclarado que el Poder Ejecutivo no puede ni
derogar las leyes ni declarar su inconstitucionalidad. (C.N. Arts. 1, 31 y 86, inc. 2, 94, 95, 100 y
correlativos.) Y que éste se encuentra obligado a ejecutarlas y cumplirlas (C.N. Arts. 1, 31 y 86, inc. 2°.);
Que en relación al ofrecimiento de la prueba, se analizó su pertinencia en oportunidad de resolver el
recurso de revocatoria, habiéndose referido en la Resolución recurrida que “de la lectura de las pruebas
ofrecidas por la presentante, se advierte que las mismas tienen por objeto la comparación entre las
funciones de los profesionales médicos y las funciones del resto de los profesionales de la salud no
médicos, su carga horaria, similitud y diferencia en remuneraciones, etc., lo cual no guarda relación con el
objeto del reclamo. Es decir, la prueba ofrecida es notoriamente impertinente, e inconducente, entendiendo
que la pertinencia de la prueba “es la adecuación entre los datos que ésta tiende a proporcionar y los
hechos sobre los que versa el objeto probatorio”, por lo que se impuso su rechazo;
Que al respecto, tampoco obra en el libelo recursivo fundamentos adicionales para cuestionar la validez de
la decisión adoptada, por lo que el acto atacado no presenta vicio alguno que justifique su revocación;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud
y
Deportes
en
orden
y
por
Asesoría
de
Gobierno
en
orden
del
expediente
EX-2025-09490153--GDEMZA-CCC,
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA
Artículo 1°- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Licenciada en Trabajo Social ERICA IVANA ESPEJO, DNI N° 28.917.010, en contra de la Resolución Nº
3791/25 del Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente
decreto.
Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DRA. HEBE CASADO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
05/05/2026 (1 Pub.)
