DECRETOS

Decreto Nº 446

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

Fecha de publicación
5 de mayo de 2026
Fecha de la norma
9 de marzo de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.587 · páginas 7–10
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 446 MENDOZA, 09 DE MARZO DE 2026 Visto el expediente EX-2025-09490153-GDEMZA-CCC y sus asociados EX-2025-05069360--GDEMZA- Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial CCC y EX-2025-02399583--GDEMZA-GOBIERNO en el cual la Licenciada en Trabajo Social ERICA IVANA ESPEJO, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 3791/25 del Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Licenciada en Trabajo Social ERICA IVANA ESPEJO, en contra de la Resolución N° 1065/25 por la cual se rechazó el reclamo relativo a la adecuación de clase conforme al Artículo 18 del Decreto N° 1782/24, reglamentario de la Ley N° 9539; Que de la lectura del libelo se desprende que la recurrente reedita los mismos planteos efectuados al momento de deducir el recurso de revocatoria, los cuales fueron analizados y resueltos en la Resolución que hoy ataca; Que solicita la adecuación de su asignación de clase en base al principio de igualdad y en correlación con los efectos salariales derivados del nuevo régimen instaurado por la Ley N° 9539. Invoca vicios que afectan la legalidad y la razonabilidad, además de incurrir en un trato desigual injustificado, en violación a principios constitucionales y convencionales, requiere adecuar su asignación de clase, en paridad funcional con la base retributiva reconocida en favor de los profesionales médicos incorporados al régimen de la Ley N° 9539, pide el ajuste retroactivo a contar desde la fecha del reclamo administrativo y “el pago de las diferencias salariales resultantes”, y la “liquidación de intereses legales hasta el efectivo cumplimiento”; Que además critica el argumento del acto recurrido respecto a que la Ley N° 9539 no contempla el concepto de clase como parámetro retributivo, por incurrir en una contradicción fáctica: manifiesta que los bonos de sueldo de los profesionales médicos sí contienen la referencia a la asignación de clase. Considera que la ley omite efectuar una valoración objetiva y razonable efectivamente desempeñada por quienes quedan fuera del régimen optativo, negando toda posibilidad de adecuación o compensación proporcional y agrega que el acto no contiene una ponderación adecuada de la situación jurídica que se le presenta; Que invoca como vicios la falta de motivación suficiente, indicando que infringe el principio de razonabilidad y por no haber valorado la prueba ofrecida, desviación de poder que viola principios de buena administración al constituir una conducta que frustra derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y concluye que “la resolución debe ser revocada por hallarse viciada tanto en su voluntad, como en su motivación y objeto afectando su validez y legitimidad. Reitera el ofrecimiento de prueba; Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Artículo 179 de la Ley N° 9003 de Procedimiento Administrativo; Que a fin de determinar la regularidad del acto administrativo, cabe señalar que de acuerdo al Artículo 29 de la Ley N° 9003 “El acto administrativo deberá satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquí se establecen, y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.”, siendo éste el punto de partida para determinar si las críticas planteadas en el recurso son suficientes para enervar la Resolución atacada; Que del cotejo del libelo recursivo y su comparación con los argumentos vertidos en el recurso de revocatoria deducido se desprende claramente que la parte recurrente ha reeditado los mismos fundamentos esgrimidos en contra de la Resolución que rechazó el reclamo, no introduciendo ningún planteo novedoso; Que la Resolución Nº 3791/25 del Ministerio de Salud y Deportes que rechazó el recurso de revocatoria expresamente indicó que “el motivo del rechazo del reclamo es, sin duda, la aplicación de un régimen que Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial fue sancionado para un sector limitado de profesionales de la salud, al cual no pertenece la recurrente y cuya lógica no puede ser traspasada al régimen en el cual revista; Que el acto atacado aclara que la Ley N° 9539 fue sancionada a fin de establecer un régimen especial, autónomo y voluntario, para los profesionales médicos, con objetivos fijados en materia de política sanitaria, siendo ésta una potestad que detenta el Poder Legislativo en virtud de lo establecido en el Artículo 99 inciso 9 de la Constitución de la Provincia; Que con relación al principio de igualdad, el hecho de que el Convenio Colectivo ratificado por Ley N° 7759 nuclee a todos los profesionales de la salud con ley de carrera, no supone sin más que todos posean la misma calificación profesional, cumplan las mismas funciones, con las mismas responsabilidades y en idénticas condiciones. De hecho, se han suscripto acuerdos paritarios destinados a regular situaciones particulares de las distintas profesiones, así como de los distintos servicios, sin que ello suponga violentar tales principios. La Ley N° 9539, al establecer un régimen especial para los profesionales médicos, diseñado en base al ejercicio específico de tal profesión dentro del ámbito de los servicios de salud pública y, con un esquema que contempla particularmente dichos servicios, tiene por objeto fortalecer y mejorar el sistema de salud pública provincial tal como expresamente lo determina su Artículo 1°, con sustento en criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que fueron efectivamente ponderados al momento de sancionarse la Ley; Que la Resolución Nº 3791/25 del Ministerio de Salud y Deportes cita copiosa y trascendente jurisprudencia en apoyo de la decisión adoptada, considerando que “…el reclamo deviene improcedente por resultarle inaplicable la Ley N° 9539, por no resultar analogable en modo alguno la asignación de clase del CCT Ley N° 7759 con el sueldo básico de la Ley N° 9539 y por no ser aplicable el Artículo 18 del Decreto N° 1782/24, destinado a reglamentar un procedimiento en particular conforme a la delegación legislativa efectuada”; Que no reviste ninguna novedad el planteo deducido en las presentes actuaciones, evidenciando solo una falta de conformidad con lo resuelto, pero no una crítica razonada ni la fundamentación de la existencia de vicios en el acto atacado que puedan aparejar su revocación; Que en la revocatoria deducida expresamente se indicó que, teniendo en consideración la profesión y actividad de la recurrente, que determina el régimen aplicable de la Ley N° 7759, no resulta jurídica ni fácticamente posible la aplicación de la normativa pretendida, por cuanto la Ley N° 9539 claramente delimita su ámbito personal de aplicación, constituyendo actividad reglada a la Administración; Que concretamente, la Ley N° 9539 determina su ámbito de aplicación personal mediante la combinación de dos Artículos, el 4 y 5, estableciendo que se encuentran comprendidos en el régimen los profesionales con título universitario de médico reconocido y habilitado por la autoridad nacional y provincial de aplicación y que desarrollen servicios médicos, con carácter permanente, excluyendo, expresamente, al resto de los profesionales comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de los profesionales de la salud ratificado por Ley N° 7759; Que no existe duda que habilite una interpretación más allá de la literal, lo cual excluye otorgar a las palabras una exégesis diferente para eludir o ampliar su aplicación; Que en este sentido se ha dicho que cuando una norma es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación; Que en este punto, y tal como lo considera Asesoría de Gobierno en sus dictámenes, “…no es ocioso recordar que "La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos, 302:973 -La Ley, 1980- D, 397-) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos, 299:167)", las que "deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean, sin violentar su significado específico (Fallos, 295:376) máxime cuando aquél concuerda con Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente, para todo lo cual se debe computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el plexo jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos, 312,21, consid. 8º), evitando darles sentido que ponga en pugna a las disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto (Fallos, 3297, consid. 3º); Que la recurrente pretende que la Administración efectúe una interpretación contraria a la letra de la Ley N° 9539, tal como si la misma fuera inconstitucional, lo cual, además de ser incorrecto, se encuentra vedado al Poder Ejecutivo; Que en este sentido la más autorizada doctrina ha dejado aclarado que el Poder Ejecutivo no puede ni derogar las leyes ni declarar su inconstitucionalidad. (C.N. Arts. 1, 31 y 86, inc. 2, 94, 95, 100 y correlativos.) Y que éste se encuentra obligado a ejecutarlas y cumplirlas (C.N. Arts. 1, 31 y 86, inc. 2°.); Que en relación al ofrecimiento de la prueba, se analizó su pertinencia en oportunidad de resolver el recurso de revocatoria, habiéndose referido en la Resolución recurrida que “de la lectura de las pruebas ofrecidas por la presentante, se advierte que las mismas tienen por objeto la comparación entre las funciones de los profesionales médicos y las funciones del resto de los profesionales de la salud no médicos, su carga horaria, similitud y diferencia en remuneraciones, etc., lo cual no guarda relación con el objeto del reclamo. Es decir, la prueba ofrecida es notoriamente impertinente, e inconducente, entendiendo que la pertinencia de la prueba “es la adecuación entre los datos que ésta tiende a proporcionar y los hechos sobre los que versa el objeto probatorio”, por lo que se impuso su rechazo; Que al respecto, tampoco obra en el libelo recursivo fundamentos adicionales para cuestionar la validez de la decisión adoptada, por lo que el acto atacado no presenta vicio alguno que justifique su revocación; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente EX-2025-09490153--GDEMZA-CCC, LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA Artículo 1°- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la Licenciada en Trabajo Social ERICA IVANA ESPEJO, DNI N° 28.917.010, en contra de la Resolución Nº 3791/25 del Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DRA. HEBE CASADO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 05/05/2026 (1 Pub.)