DECRETOS
Decreto Nº 476
- Fecha de publicación
- 17 de abril de 2026
- Fecha de la norma
- 12 de marzo de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.576 · páginas 13–16
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 476
MENDOZA, 12 DE MARZO DE 2026
Visto el expediente N° EX-2025-09768559-GDEMZA-CCC, en el cual la señora Elodia Valeriana Millán de
Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº
239 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 26 de noviembre de 2025; y
Considerando:
Que por la citada resolución se rechazó en lo sustancial el Recurso interpuesto por la firma contra la
Resolución N° 291/25 de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, dependiente
del Ministerio de Producción;
Que en cuanto a los requisitos formales de procedencia del recurso en análisis han sido debidamente
observados, toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo
Nº 177 de la Ley de Procedimiento Administrativo, razón por la cual resulta admisible formalmente;
Que en el EX-2025-00519421-GDEMZA-DFYC#MEIYE que tramita en forma conjunta con el presente, se
resolvió la aplicación de Multa a la quejosa según Resolución N° 174-DFCYTA-25 confirmando la multa
impuesta por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial a la firma MILLAN S.A.;
Que la empresa incurrió en una infracción a la normativa vigente, según se desprende de Acta N° 003965
(EX-2025-00519421- -GDEMZA-DFYC#MEIYE), donde se constata la violación al Artículo Nº 11 del
Decreto N° 274/19, correspondiéndole en consecuencia una sanción en los términos del Artículo Nº 57
Inciso b) del decreto antes citado;
Que la infracción tipificada aplicada se corresponde a la “Diferencia de Precio Góndola - Caja”;
Que se acompañan al presente, los demás antecedentes que preceden a la interposición del Recurso
Jerárquico tratado en expediente EX-2025-08209312--GDEMZA-CCC, el que se encuentra asociado al
presente;
Que la recurrente en esta instancia reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de
interponer Recurso Jerárquico ante el Ministro de Producción. Reitera que, la Resolución dictada no logra
desvirtuar el planteo nulificatorio del acta de infracción oportunamente opuesto, que se funda en
argumentos arbitrarios e ilegítimos, como así también que la multa impuesta resulta exorbitante e
irracional, siendo la misma desproporcionada con la presunta infracción imputada. Asimismo, plantea la
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recurrente la suspensión de la ejecución del acto en los términos del Artículo Nº 83 de la Ley de
Procedimiento Administrativo;
Que de la actual impugnación, los argumentos principales esgrimidos por la recurrente, a efectos de
desvirtuar la imputación que recae sobre su accionar, no invalidan la existencia de diferencias entre los
precios exhibidos y los efectivamente cobrados, la normativa es clara en ese sentido y la recurrente no ha
aportado defensas válidas ni efectuado argumentación legal que permita desvirtuar el hecho punible,
haciendo el acta plena fe del hecho penado, siendo la conducta sancionada título habilitante de la sanción
impuesta;
Que no siendo objetable el acta y dado que en este tipo de causas sólo corresponde analizar si existió o
no infracción a las leyes que protegen al consumidor, razón por la cual al tratarse de infracciones formales
sólo es requisito acreditar la verificación de tales hechos, circunstancia ocurrida en autos, haciendo nacer
por sí la responsabilidad del infractor;
Que a su vez debe tenerse presente que se ha verificado las infracciones a la presente ley y normas
reglamentarias, como así también la sustanciación de las presentes actuaciones se ajusta al procedimiento
legalmente establecido;
Que no se advierten razones que permitan a la administración poner en duda el contenido del acta de
infracción, razón por la cual labrada la misma con las formalidades del caso y por un inspector de la
repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que existieran graves razones de las que se
pudiera inducir que ha habido falsedad y/u otra circunstancia que permita su impugnación, lo que en el
caso no se advierte, como así también los argumentos expuestos por la recurrente carecen de virtualidad
para invalidar el acto por ilegítimo;
Que el acta de infracción reúne los requisitos que exige el Decreto Nº 274/19, el que al efecto refiere:
“Procedimiento de oficio. Art. 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el
funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la
norma infringida. Se notificará al presunto infractor que, dentro de los diez días de notificado, deberá
presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su
presentación. La autoridad de aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado.
La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por
la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de
sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el art. 39 del presente
decreto en materia de prueba.”;
Que de la interpretación realizada del artículo precedente se desprende con claridad, la legitimidad del
actuar del inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer
toda la prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura;
Que como se ha reiterado en las anteriores presentaciones y como se interpreta del artículo, las actas
labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen
instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos;
Que el plexo normativo sanciona la publicidad engañosa prevista en el Artículo Nº 11 del Decreto Nº
274/19, al encontrarse prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión
respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso,
precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o
servicios;
Que la finalidad del Decreto Nº 274/19 y concordantes, es la protección del consumidor en su sentido más
amplio, lo cual implica asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones de
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los bienes y servicios que le son ofrecidos antes de efectuar su opción de compra, y que ella se
corresponda con lo realmente suministrado;
Que por otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas de
comercialización vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en las transacciones que se hacen
efectivas en el mercado; hecho que no vemos reflejado en las presentes actuaciones, provocando de esta
manera un claro engaño al consumidor;
Que en otro punto, indica la recurrente que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada,
dando sus fundamentos. Tema el cual ha sido tratado en los antecedentes;
Que sobre el particular, el Artículo Nº 57 del Decreto Nº 274/2019 dispone: Las personas humanas o
jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este Decreto y su reglamentación, serán pasibles de las
siguientes sanciones: … b) Multa por un monto equivalente a entre UNO (1) y DIEZ MILLONES
(10.000.000) de Unidades Móviles;
Que a los efectos del presente decreto, defínase a la “Unidad Móvil” como unidad de cuenta. El valor
inicial de la unidad móvil es el establecido en la Ley N° 27.442 y será actualizado automáticamente cada
UN (1) año utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en
el futuro;
Que la actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento
de su publicación por la Autoridad Nacional de la Competencia de dicha Ley en su página web;
Que la Resolución N° 48, de fecha 23 de enero de 2024, por medio de la cual la Secretaría de Comercio
Interior (“SCI”), actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la
Competencia (“LDC”) en AR$ 506.19 (PESOS QUINIENTOS SEIS CON 19/100). En consecuencia, la
sanción de multa prevista en el inciso b) del artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se
establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 506.19 hasta AR$
5.061.900.000;
Que por lo cual, la multa aplicada de $ 650.000,00 (PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON
00/100) se encuentra sustancialmente cercana al mínimo aplicable;
Que la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, plasmando en sus
considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso presentado contra la
misma;
Que no se observan en ella vicios en los términos de la Ley N° 9003 que permitan aconsejar la acogida
favorable del recurso en tratamiento;
Que el Artículo Nº 42 de nuestra Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base
en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la
libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en autos por la firma sumariada;
Que la presente tramitación administrativa cumple con los estándares constitucionales referidos al derecho
de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas
en el Artículo Nº 18 de la Carta Magna Nacional;
Que la sanción de multa impuesta, es justa en su monto, en relación a la infracción concreta que se intenta
sancionar con la misma, no resultando desproporcionada en su importe;
Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Asesoría Letrada de la Dirección de
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Producción y por Asesoría de Gobierno;
LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Elodia Valeriana Millán de
Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., contra la Resolución Nº 239 emitida por el Ministerio de
Producción en fecha 26 de noviembre de 2025, por lo que la misma queda confirmada en todos sus
términos.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DRA. HEBE CASADO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
17/04/2026 (1 Pub.)
