DECRETOS

Decreto Nº 526

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Fecha de publicación
30 de marzo de 2026
Fecha de la norma
18 de marzo de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.564 · páginas 11–12
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 526 MENDOZA, 18 DE MARZO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-10514595- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, se tramita Recurso Jerárquico interpuesto por la Comisario Inspector –Personal Policial (R)- DOMINGUEZ GONZALEZ, JAQUELINA SILVANA, en contra de la Resolución N° 6486-SyJ/25, de fecha 10 de diciembre de 2025; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2025-06238646- -GDEMZA-CCC, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° 6486-SyJ/25, mediante la cual se rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto por DOMINGUEZ GONZALEZ en contra de la Resolución N° 2803-SyJ, por resultar formalmente improcedente; Que en expediente administrativo N° EX-2022-01449861- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, obra Resolución N° 2803-SyJ/25, de fecha 07 de julio de 2025, por la cual la Ministra de Seguridad y Justica declaró la Resolución N° 3865-S/21 (pago título de Técnico en Odontología), lesiva a los intereses públicos por razones de ilegitimidad, por estar fundada en una norma que fuera dictada con exceso de la facultad reglamentaria; Que en orden 13, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis jurídico del recurso en trato y dictamina: “…Analizado el aspecto formal del remedio en trato resulta que el mismo es improcedente. La resolución de lesividad cuya revocación se pretende, no es un acto administrativo a la luz del Art. 28 de la Ley 9.003, en Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial cuanto no tiene la virtualidad de producir efectos jurídicos en forma directa. Se trata sólo de la declaración administrativa previa al inicio de la acción de lesividad prevista en el Art. 3 de la Ley 3918, es decir un presupuesto procesal para instar la Acción Jurisdiccional. En ese sentido se ha expedido nuestro Máximo Tribunal en los Autos N° 13-04018315-3, caratulados: “P. DE M. C/ F. S. M. Y OTROS S/ACCIÓN DE LESIVIDAD” al sostener: "En este contrapunto que nos regresa al instituto de la declaración administrativa de lesividad y sus efectos jurídicos, coincidimos con Hutchinson en cuanto señala que la misma constituye un presupuesto procesal, pues es la que habilita a iniciar el proceso, así como en que el acto que declara la lesividad no revoca el acto administrativo anterior, por lo tanto, no produce ningún efecto sobre la situación jurídica existente, pues sólo expresa una decisión por la cual un órgano administrativo declara lesivo a los intereses públicos, un acto anterior dictado por el mismo órgano u otro inferior del mismo ente…. Como sostiene dicho autor, si la declaración administrativa de lesividad reúne los requisitos señalados, produce sus efectos normales, que son bien limitados, consecuencia de su naturaleza jurídica. Al ser un presupuesto procesal, no tiene más valor que el de autorizar la admisión y tramitación del proceso. El trámite administrativo que finaliza con la declaración de lesividad, es el que determina que debe peticionarse la invalidez del acto, pero es el órgano jurisdiccional competente el que tendrá que declarar si, efectivamente, existe ilegitimidad y lesión." Por lo expuesto, el recurso intentado resulta formalmente improcedente, conforme lo previsto con el Art. 174 de la Ley 9.003….”; Por ello, conforme lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 13, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Rechácese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Comisario Inspector P.P. (R) DOMINGUEZ GONZALEZ, JAQUELINA SILVANA, D.N.I. N° 22.903.405, en contra de la Resolución N° 6486-SyJ/2025, de fecha 10 de diciembre de 2025, por resultar formalmente improcedente. Artículo 2° - De acuerdo con lo establecido por el Art. 150 de la Ley 9003, se hace constar que siendo formalmente improcedente el remedio en trato, el Decreto que resuelve el presente, no resuelta cuestionable mediante la Acción Procesal Administrativa, prevista en la Ley 3918, en virtud de lo dispuesto por el Art. 5 del mismo ordenamiento jurídico. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 30/03/2026 (1 Pub.) MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS